Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00795-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00795-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2019-00795-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
12 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción especial de revisión
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00795-00 (5907-2019)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Demandado: Nancy Aydee Arteaga de Hoyos, como sucesora procesal de
Jesús Alfaro Hoyos Flor2
Tema: Causales de revisión de los literales a) y b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003
Sentencia de única instancia
_________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala la acción especial de revisión interpuesta por la Ugpp contra la
sentencia proferida el 7 de octubre de 2014 por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, Sala de Descongestión Laboral, que confirmó la decisión emitida el 14
de diciembre de 2012 por el Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito de Cali
que accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho presentada por Jesús Alfaro Hoyos Flor contra esa entidad.
1. Antecedentes
1.1. La acción especial de revisión
1.1.1. Las pretensiones
1. En ejercicio de la acción prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la Ugpp
solicitó la revisión de la sentencia proferida el 7 de octubre de 2014 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca en la que confirmó la de primera instancia del 14
de diciembre de 2012 dictada por el Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito
de Cali dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 76001-33-31-016-2010-00010-00/01 que accedió a las pretensiones de la
demanda presentada por Jesús Alfaro Hoyos Flor con la que pretendía que se
reliquidara la pensión de vejez que le fue concedida, en el sentido de incluir en el
ingreso base de liquidación3 todos los factores salariales percibidos durante el
último año de servicio.
1 En adelante Ugpp.
2 En atención a lo decidido en auto del 20 de octubre de 2023 con ocasión del fallecimiento de Jesús
Alfaro Hoyos Flor. Documento 22 en el índice 23 del expediente digital en Samai.
3 En adelante IBL.
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Demandante: Ugpp
2. Como consecuencia de lo anterior solicitó i) que se infirmara la sentencia del 7 de
octubre de 2014; ii) la declaratoria de que a Jesús Alfaro Hoyos Flor no le asistía el
derecho a que la pensión de vejez que le fue concedida se reliquidara con la
totalidad de los factores de salario devengados en el último año de servicio; y iii) la
declaratoria de que la mesada pensional debía calcularse de conformidad con lo
dispuesto en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de
1994.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes4:
3.1. Jesús Alfaro Hoyos Flor nació el 25 de septiembre de 1946, laboró en el
Ministerio de Transporte «por más de 20 años» y el último empleo desempeñado fue
el de operador de máquina pesada.
3.2. Cumplió con los requisitos para adquirir una pensión mensual vitalicia de vejez
el 26 de septiembre de 2001 y la Caja Nacional de Previsión Social5 le reconoció el
citado derecho de manera retroactiva por medio de la Resolución 31593 del 7 de
noviembre de 2002 a partir de la fecha de adquisición del estatus.
3.3. Solicitó la reliquidación de la pensión de vejez en el sentido de que se calculara
en cuantía del 75% del promedio de todos los factores salariales percibidos durante
el último año de servicio. Cajanal negó lo pedido por medio de la Resolución 53198
del 28 de octubre de 2008 y confirmó tal decisión por conducto de la Resolución
16252 del 22 de abril de 2009.
3.4. Como consecuencia de lo anterior, promovió el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Ugpp, como sucesora de Cajanal, en
la que solicitó la reliquidación de la mesada pensional en iguales términos pedidos
en sede administrativa. La demanda se identificó con el radicado 76001-33-31-016-
2010-00010-00/01, fue fallada en primera instancia por el Juzgado Dieciséis
Administrativo del Circuito de Cali en sentencia del 14 de diciembre de 2012, que
accedió a las pretensiones de la demanda y en segunda instancia por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca el 7 de octubre de 2014, que la confirmó.
1.1.3. Sentencia objeto de revisión
4. En sentencia del 7 de octubre de 2014, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, Sala de Descongestión Laboral, confirmó la decisión del 14 de diciembre de
2012 emitida por el Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito de Cali que
accedió a las pretensiones de la demanda y dispuso lo siguiente6:
4Folio 6 del documento «ED-Revisiónsentencia-1-
Cuaderno2PrincipalRevisiònSentenciaFolios201al298.pdf.pdf» del expediente digital en Samai.
5 En adelante Cajanal.
6 Folios 275 al 289 del expediente digitalizado del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
en la carpeta «ED-C1Demanda-1-cd1-DemandaCuadernoPrincipal.zip» del expediente digital en
Samai.
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«1. DECLÁRANSE NO PROBADA la excepción de Cobro de lo no Debido propuesta por
la entidad demandada.
2. DECLARAR PROBADA la excepción de Prescripción propuesta por la entidad
demandada.
3. DECLÁRASE la nulidad de la Resolución #53198 del 28 de octubre de 2008, por medio
de la cual la Caja Nacional de Previsión Social EICE – CAJANAL, negó la reliquidación
de la pensión del demandante sin incluir todos los factores salariales que debía incluir,
conforme a la normatividad aplicable al actor.
4. DECLÁRASE la nulidad absoluta de la Resolución #16252 del 22 de abril de 2009,
por medio de la cual la Caja Nacional de Previsión Social EICE – CAJANAL, resolvió
negativamente el recurso de reposición interpuesto.
5. DECLÁRASE que JESÚS ALFARO HOYOS FLOR […] tiene derecho a que la CAJA
NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL EICE – CAJANAL le reliquide la pensión mensual
de jubilación vitalicia reconocida a través de la Resolución No. 31593 del 7 de noviembre
de 2002, de acuerdo a lo dispuesto en las leyes 33 y 62 de 1985, el 75% sobre el salario
promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio,
incluyendo además de las Horas Extras ya reconocidas, todos los factores tales como
Auxilio de Alimentación; Prima Semestral, Prima de Vacaciones y Prima de Navidad, y
aplicarla los incrementos porcentuales de conformidad al IPC.
6. ORDÉNASE a CAJANAL EICE, reconocer y pagar en favor del señor JESÚS ALFARO
HOYOS FLOR, las diferencias que resulten entre la pensión ya reconocida y la que se
produzca en el momento en que se practique la correspondiente reliquidación, para lo
cual deberán tenerse en cuenta los aumentos que se hubieren producido durante ese
lapso, al igual que las mesadas adicionales de junio y diciembre, si a ello, hubiere lugar.
Igualmente se indica que los valores reconocidos en esta decisión tienen efecto fiscal
desde el 8 de marzo de 2004, por prescripción trienal.
[…] [sic]».
5. Para confirmar la anterior decisión el tribunal se pronunció en los siguientes
términos7:
5.1. De acuerdo con la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 4 de
agosto de 20108, la Ley 33 de 1985 no indica de manera taxativa los factores
salariales que deben hacer parte de la base de liquidación de las pensiones, sino
que lo hace de manera enunciativa, razón por la que en el IBL deben incluirse todos
los conceptos percibidos por el trabajador a título de salario, es decir toda aquella
contraprestación habitual que tenga como propósito remunerar los servicios
personales.
5.2. Al liquidar la mesada pensional de Jesús Alfaro Hoyos se omitió incluir todos los
factores salariales devengados durante el último año de servicio, razón por la que
7 Folios 299 al 309 del expediente digitalizado del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
en la carpeta «ED-C1Demanda-1-cd1-DemandaCuadernoPrincipal.zip» del expediente digital en
Samai.
8 Radicado interno 0112-09 M.P. Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
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debe confirmarse la sentencia de primera instancia que así lo ordenó 9.
1.2. La causal de revisión invocada
6. La entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y expuso los siguientes argumentos10:
6.1. La decisión objeto de revisión violó el debido proceso porque no tuvo en cuenta
las disposiciones contenidas en los artículos 21 y 36, inciso 3, de la Ley 100 de 1993
en relación con la conformación del IBL pensional, lo cual desconoce el Estado
social de derecho y sus fines esenciales.
6.2. La orden impartida en el proceso ordinario dispuso la reliquidación de la pensión
de vejez del demandado para que se concediera en cuantía del 75% del promedio
de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicio,
postura que era contraria a lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y, en consecuencia,
excedió lo debido de acuerdo con la ley.
6.3. A Jesús Alfaro Hoyos Flor le correspondía una mesada pensional equivalente al
75% del promedio del salario que sirvió de base para realizar los aportes durante
los 10 años anteriores a la adquisición del derecho o el tiempo que le hiciera falta
para ello desde la entrada en vigencia del sistema general de seguridad social, pues
esas son las condiciones desarrolladas en las sentencias C-258 de 2013, SU-230
de 2015 y SU-395 de 2017 de la Corte Constitucional.
.
1.3. Contestación a la acción especial de revisión
7. A pesar de haber sido debidamente notificada11, Nancy Aydee Arteaga de Hoyos,
reconocida como sucesora de Jesús Alfaro Hoyos Flor a través de auto del 20 de
octubre de 202312, guardó silencio13.
1.4. Concepto del Ministerio Público
8. El procurador delegado ante esta Corporación no emitió pronunciamiento14.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
9. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión
en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1, de la Ley 797 de 2003 y 249,
9 No se realizó estudio relacionado con el periodo, pero se aplicó íntegramente la postura fijada en
la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010.
10 Folios 9 al 22 del documento «ED-Revisionsentencia-1-
Cuaderno2PrincipalRevisiònSentenciaFolios201al298.pdf.pdf» del expediente digital en Samai
11 Constancia en el índice 17 de Samai.
12 Índice 23 de Samai.
13 Según se observa en la constancia secretarial visible en el índice 47 de Samai.
14 Según se observa en la constancia secretarial en el índice 47 de Samai.
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inciso 2, del CPACA15.
10. Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
201916, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es
competente para conocer de la acción especial de revisión.
2.2. Oportunidad
11. Al tenor de lo previsto en el artículo 251 del CPACA, la acción de revisión del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 debe instaurarse dentro de los 5 años contados a
partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial o a partir del
perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.
12. En el sub judice la sentencia objeto de revisión quedó ejecutoriada el 27 de
octubre de 201417 y la presente acción fue radicada el 23 de octubre de 201918, lo
que permite concluir que su presentación fue oportuna.
2.3. Los problemas jurídicos
13. Se circunscriben a establecer lo siguiente: i) ¿si la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Descongestión Laboral, se
expidió con vulneración del debido proceso y en consecuencia está inmersa en la
causal de revisión establecida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?
y ii) ¿si la cuantía del derecho reconocido excedió lo debido de acuerdo con la ley,
al haberse concedido la reliquidación de la pensión de jubilación en contravía de lo
dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por lo tanto se configuran los
supuestos del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?
2.4. Marco normativo
2.4.1. Sobre la acción especial de revisión
14. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 19 las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con
15 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias
ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y
subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces
administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.
Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer de
la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el
artículo de la Ley 797 de 2003». [Resalta la Sala].
16 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
17 De acuerdo con el edicto número 2919 fijado durante los días 20, 21 y 22 de octubre de 2014, por
lo que la ejecutoria ocurrió el día 27 de ese mes y año, es decir, a los 3 días de ocurrida la notificación.
Folio 165 del expediente digitalizado en la carpeta «ED-CD-2-1-CD2Cuaderno1Principal.zip» del
expediente digital en Samai.
18 Sello de recibido en el reverso del folio 10 del expediente físico.
19 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales».
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sus competencias.
15. En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que
reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con
violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.
16. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal de
revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura
cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso», así las
cosas, la Sala precisa que es necesario que se exponga la vulneración del derecho
al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen20.
17. Respecto de la causal prevista en el literal b), esto es, «cuando la cuantía del
derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto, o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables», se presenta cuando la sentencia
reconoce una prestación por un monto que no corresponde a lo legal o
convencionalmente establecido.
18. La finalidad de dicha causal, en esencia, es que las entidades públicas
legitimadas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 puedan accionar contra una
sentencia judicial ya ejecutoriada y que ha hecho tránsito a cosa juzgada, para
corregirla, en tanto ha reconocido una prestación periódica cuyo monto o cuantía
excede lo legalmente previsto, con lo cual se pretende restablecer el propósito y la
sostenibilidad del sistema pensional, bajo los principios de solidaridad y equilibrio
financiero.
19. Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indica
que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento
señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 1437 de
2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan». En tal sentido, se han
definido los siguientes21:
«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo
de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas
pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean
consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.
ii) Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las
entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.
iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en
20 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado
11001 03 15 000 2018 01884 00.
21 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio
de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733-2018), M.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001-03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P.
William Hernández Gómez.
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contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la
prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados
del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social,
así como el principio de universalidad que lo inspira.
iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los
aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de
aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o
en un valor mayor al que corresponde.
v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con
las normas que rigen la materia.
Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión
con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos
mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin
legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al
debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley».
20. Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es que «las
entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una
herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se
encuadren en dichas causales»22.
21. En efecto, las Salas Especiales de Decisión de esta corporación 23 han admitido
expresamente que el Foncep está legitimada para promover la revisión de
providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones. Además, la Corte
Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 definió la siguiente regla:
«(a) El Foncep está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de
Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20
de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las
cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de
caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del
12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los
asuntos que tenía a cargo Cajanal».
22. Como corolario, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en
incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio
de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten
perjuicios de carácter patrimonial al erario»24.
2.3.2. En torno a la liquidación de la pensión de los beneficiarios del régimen
de transición de la Ley 33 de 1985
22 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017,
radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
23 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicado 11001-
03-15-000-2017-00744-00, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado
11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, entre otras.
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23. La Ley 33 de 1985 reguló el régimen pensional de los «empleados oficiales», es
decir, empleados públicos y trabajadores oficiales. Al efecto, señaló que quienes
acumularan 20 años de servicio y contaran con 55 años de edad, podrían acceder
a la pensión de jubilación equivalente al 75 % del promedio percibido el último año
de servicio.
24. En relación con la base de liquidación, el artículo 3 de la citada ley (modificado
por el artículo 1 de la Ley 62 de 1985) dispuso que estaría constituida por los
siguientes factores: «asignación básica; gastos de representación; primas de antigüedad,
técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación
por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día
de descanso obligatorio». Agregó que, en todo caso «las pensiones de los empleados
oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan
servido de base para calcular los aportes».
25. Ahora bien, la norma aludida previó un régimen de transición, en los siguientes
términos:
«Artículo 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o
discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la
respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base
para los aportes durante el último año de servicio.
No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en
actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado
expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones.
En todo caso, a partir de la fecha de vigencia de esta Ley, ningún empleado oficial, podrá
ser obligado, sin su consentimiento expreso y escrito, a jubilarse antes de la edad de
sesenta años (60), salvo las excepciones que, por vía general, establezca el Gobierno.
(…)
PARÁGRAFO 2º. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan
cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán
aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con
anterioridad a la presente Ley» [Resalta la Sala].
26. De lo anterior se advierte que los empleados públicos o trabajadores oficiales
que para el 13 de febrero de 1985 tuvieran 15 años de servicio prestados de manera
continua o no, podrían regirse, en cuanto a la edad de jubilación, por las normas
que estaban vigentes antes de ese momento; empero, en caso de no completarlos,
tendrían que acumular los 20 años de servicio y contar con 55 años de edad para
acceder a la pensión.
27. En línea con lo dicho, la norma anterior a la Ley 33 de 1985 era el Decreto Ley
3135 de 1968; sin embargo, el artículo 25 de la Ley 33 del 1985 lo derogó. En
consecuencia, esta corporación acudió a las disposiciones contenidas en la Ley 6a
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de 194525, que permitía el acceso a la prestación con 50 años de edad, así como a
las del derogado Decreto 3135, con fundamento en que «[a] pesar de que la Ley 33
de 1985 no señaló nada en cuanto a la liquidación, […] en este aspecto se debe aplicar
también el régimen anterior, porque resulta más favorable»26; este último exigía 55 años
de edad «si es varón, o 50 si es mujer»27.
28. Con posterioridad, en sentencia del 6 de agosto de 2020 28, esta corporación29
señaló que si el servidor era de orden nacional se aplicaría el Decreto Ley 3135 de
1968 y si es del orden territorial se acudiría a la Ley 6 a de 1945, ello en cuanto a la
edad de jubilación. Así se indicó:
«Ahora bien, en principio la Ley 6ª de 194530 se aplicó para efectos de las prestaciones
sociales de los empleados de los sectores público nacional y privado, así como a
los servidores públicos del nivel territorial […].
[…]
El mencionado Decreto 3135 de 1968 fue derogado por la Ley 33 de 1985, por la cual se
dictaron disposiciones respecto de las cajas de previsión y las prestaciones para el sector
público, que estableció como exigencia para acceder a la pensión ordinaria de jubilación
que el empleado oficial hubiera servido 20 años continuos o discontinuos y tuviera 55
años de edad. Sin embargo, en el artículo 1º (parágrafo 2º) de la aludida Ley 33 consagró
un régimen de transición consistente en que los empleados oficiales que a la fecha de
su entrada en vigor (13 de febrero de 1985) «[…] hayan cumplido quince (15) años
continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre
edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente ley» (se destaca), que
para el caso de los servidores públicos del orden nacional era el Decreto 3135 de
1968, y frente a los del orden territorial, la Ley 6ª de 1945» [Se resalta].
29. Ahora bien, se advierte que ni la Ley 6ª de 1945 ni el Decreto 3135 de 1968
previeron los factores a tener en cuenta para efectos de determinar la base de
liquidación de la pensión de jubilación, por esto, la jurisprudencia de la corporación
acudió a lo dispuesto en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, norma posterior y
de carácter general, que enuncia los factores salariales que deberán incluirse al
momento de liquidar las pensiones. Así se señaló entre otras, en las sentencias del
19 de noviembre de 200931 y del 16 de diciembre de 200932, en las que se indicó lo
siguiente:
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de agosto de 2008, radicado
25000-23-25-000-2002-12846-01 (0640-08), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2010,
radicación: 25000-23-25-000-2001-2014-01 (1183-07), demandante: Jaime Severo Torres Morales
27 Artículo 27.
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de agosto de 2020, radicado
47001-23-33-000-2015-00314-01 (3049-2017), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
29 En igual sentido puede verse: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
24 de marzo de 2022, expediente 11001-03-25-000-2019-00699-00 (5398-2019), M.P. Gabriel
Valbuena Hernández.
30 «Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones
profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial del trabajo».
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de noviembre de 2009,
radicación: 25000-23-25-000-2004-01634-01 (1028-07), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 16 de diciembre de 2009, radicación:
250002325000200200474 01(1754-06).
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Demandante: Ugpp
«El artículo 1º, parágrafo 2, ibidem, estableció un régimen de transición consistente en
que los empleados que llevaran un tiempo de servicio de 15 años a la fecha de
expedición de la ley, podían pensionarse con los requisitos del régimen anterior de
pensiones contenido en la Ley 6 de 1945 […]
Encontrándose demostrado que el régimen pensional aplicable al actor es el
contemplado en la Ley 6 de 1945, para efectos de determinar la base de liquidación de
la pensión de jubilación se acudirá a lo preceptuado en el artículo 45 del Decreto 1045
de 1978, norma posterior de carácter general que determina los factores salariales que
deben tenerse en cuenta para efectos de liquidar la cesantía y la pensión de jubilación
[…]
Las normas transcritas señalan unos factores que deben ser entendidos como principio
general, pues no pueden tomarse como una relación taxativa de factores, que de hacerlo
así, se correrá el riesgo de que quedaren por fuera otros que por su naturaleza se pueden
tomar para poder establecer la base de liquidación […]
Es del caso aclarar que por encontrase el actor dentro del régimen de transición de la
Ley 33 de 1985 la liquidación de la pensión debe realizarse conforme a lo dispuesto
en el Decreto 1045 de 1978, por ser la norma anterior aplicable pues aplicar dos normas
legales diferentes para efectos del reconocimiento y liquidación de una misma pensión,
como lo hizo el A quo, implicaría la violación del principio de “inescindibilidad de la ley”
que prohíbe la aplicación parcial de las normas legales. […]» [Se resalta].
30. El anterior antecedente evidencia que en relación con el IBL de las pensiones
reconocidas por virtud de los regímenes de transición, la jurisprudencia del Consejo
de Estado fue pacífica en considerar que se debían «garantizar los principios de
igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en materia
laboral», y que «la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que
conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente
enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador
durante el último año de prestación de servicios»33.
2.3.3. Efectos de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018,
proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado
31. La Sala Plena del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 201834 fijó la siguiente regla jurisprudencial sobre el ingreso base de
liquidación (IBL) en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
para los beneficiarios de la Ley 33 de 1985:
«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que
se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general
de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».
32. La razón jurídica que sustenta la regla de interpretación y aplicación del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 a los beneficiarios del régimen de transición, es que «una
lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite concluir que en el régimen de transición
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicado 25000-23-25-
000-2006-07509-01, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
34 Expediente 4403-2013, con ponencia del magistrado César Palomino Cortés.
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el IBL que debe tenerse en cuenta para liquidar el monto pensional es el previsto en el
inciso 3 de dicha norma».
33. En efecto, a juicio de la sala plena, el régimen de transición prorrogó la vigencia
de todos los regímenes pensionales anteriores a la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993 y otorgó efectos ultractivos a algunos elementos constitutivos de estos
para sus afiliados y que estaban próximos a adquirir el derecho pensional «[t]ales
elementos son la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión». Esto señaló
la Sala:
«87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este caso de la Ley 100 de
1993, en desarrollo de su libertad de configuración, fijó un elemento, el IBL, que cumpliría
con la finalidad no solo de unificar la base de la pensión para todos aquellos que estaban
próximos a pensionarse, sino como manifestación de los principios de solidaridad,
universalidad y sostenibilidad financiera para garantizar la viabilidad futura del Sistema
General de Pensiones; máxime teniendo en cuenta que el periodo de transición
abarcaría varias décadas.
(…) 91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y
condiciones para que las personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir
su pensión de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la
tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36,
inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador
en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del
ingreso base de liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior a
dicha ley. El reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad por
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 constituye un verdadero beneficio para este grupo
poblacional, porque frente a los mismos requisitos que están consagrados para el
Sistema General de Pensiones, indudablemente, le son más favorables (…)».
34. Además, la corporación estableció dos subreglas: la primera se refiere al
periodo para liquidar las pensiones de los servidores públicos que adquieran el
derecho conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de
reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:
«- Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE».
35. La segunda subregla es «que los factores salariales que se deben incluir en el
IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición
son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o
cotizaciones al Sistema de Pensiones». Esta subregla se sustentó en los siguientes
argumentos:
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«99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es
aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985,
solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización pueden
incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional.
100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo
48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo
de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se
tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones (…)».
36. De acuerdo con la regla y subreglas del precedente analizado, el ingreso base
de liquidación (IBL) para quienes son beneficiarios de la transición es el previsto en
el inciso tercero del artículo 36 o el del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según
corresponda. Estas personas se pensionan con los requisitos de «edad, tiempo y tasa
de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».
37. Así las cosas, el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, como instrumento
de garantía de expectativas legítimas de quienes se encontraban próximos a
pensionarse al momento de su entrada en vigencia, solo protegió de la norma
anterior los requisitos de edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas, y tasa de
retorno; pues, el IBL en sus componentes periodo y factores, son definidos a partir
de las disposiciones de aquella normativa y sus reglamentos.
38. Las reglas señaladas en esta decisión se constituyen en un precedente
vinculante y obligatorio35 en la resolución de «todos los casos pendientes de solución
tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los
casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad
jurídica, resultan inmodificables» tal y como se dispuso en la decisión.
2.4. Caso concreto
39. La Sala encuentra acreditado lo siguiente:
39.1. Jesús Alfaro Hoyos Flor nació el 26 de septiembre de 194636.
35 La Corte Constitucional en sentencia C-816 de 2011 en la que estudió la constitucionalidad del
artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, sobre la fuerza vinculante de la jurisprudencia del Consejo de
Estado, precisó: «(…) sólo a la jurisprudencia de las altas corporaciones judiciales, en cuanto
órganos de cierre de las jurisdicciones - constitucional, ordinaria, contenciosa administrativa y
jurisdiccional disciplinaria-, se le asigna fuerza vinculante; y en virtud de ella, las autoridades
judiciales deben acudir al precedente jurisprudencial para la solución de casos fáctica y jurídicamente
iguales. Pero dicha limitación de la potestad interpretativa de jueces y magistrados no conduce a la
negación completa del margen de autonomía e independencia que la Constitución les reconoce en
el ejercicio de su función judicial. Por eso, como lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, las autoridades judiciales cuentan con la facultad de abstenerse de aplicar el
precedente judicial emanado de las cortes jurisdiccionales de cierre, previo cumplimiento de
determinadas condiciones (…)».
36 Registro civil de nacimiento en el documento 4 del expediente administrativo en la carpeta del
expediente digital de nulidad y restablecimiento del derecho en Samai.
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39.2. Laboró para el Ministerio de Transporte desde el 25 de noviembre de 1971
hasta el 31 de octubre de 1993 como operador de máquina pesada 37. Durante el
último año de servicio, esto es entre noviembre de 1992 y octubre de 1993, percibió
los siguientes factores salariales: asignación básica, auxilio de alimentación, horas
extras y las primas de vacaciones, de navidad y semestral 38.
39.3. Por medio de la Resolución 31593 del 7 de noviembre de 2002, Cajanal le
reconoció una pensión vitalicia de vejez en cuantía del 75% del promedio del salario
devengado «entre el 1 de noviembre de 1992 y el 31 de octubre de 1993» con un IBL
conformado por la asignación básica y las horas extras, con efectos fiscales a partir
del 26 de septiembre de 200139.
39.4. El 8 de marzo de 2007 solicitó a Cajanal la reliquidación de la pensión de vejez
que le fue concedida en el sentido de liquidarla con base en el 75% del promedio
de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicio 40. La
anterior petición fue negada a través de la Resolución AMB 53198 del 28 de octubre
de 2008 en la que se indicó que los factores salariales incluidos en el IBL
correspondían estrictamente a los señalados en el Decreto 1158 de 199441.
39.5. El 17 de diciembre de 2008 presentó recurso de reposición y en subsidio
apelación contra la anterior decisión42. El primero fue desatado por conducto de la
Resolución 16252 del 22 de abril de 2009 en la que se confirmó la decisión recurrida
al estimar que el modo en que se liquidó la pensión de vejez en la Resolución 31593
del 7 de noviembre de 2002 era correcta43, mientras que no se encontró prueba de
que la alzada haya sido resuelta.
39.6. Con ocasión de lo anterior, Jesús Alfaro Hoyos Flor presentó demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho identificada con el radicado 76001-33-31-
016-2010-00010-00/01 fallada en primera y segunda instancia por el Juzgado
Dieciséis Administrativo de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
Sala de Descongestión Laboral, en sentencias del 14 de diciembre de 2012 y 7 de
octubre de 2014, respectivamente, en las que se accedió a la reliquidación pedida
por el entonces demandante en aplicación de la posición fijada por el Consejo de
Estado en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 201044.
39.7. Jesús Alfaro Hoyos Flor falleció el 7 de febrero de 202145 por lo que la pensión
de vejez de la que era titular le fue sustituida a Nancy Aydee Arteaga de Hoyos en
37 Certificado laboral en el documento 5 del expediente administrativo en la carpeta del expediente
digital de nulidad y restablecimiento del derecho en Samai.
38 Certificado en el documento 6 del expediente administrativo en la carpeta del expediente digital de
nulidad y restablecimiento del derecho en Samai.
39 Documento 16 del expediente administrativo en la carpeta del expediente digital de nulidad y
restablecimiento del derecho en Samai.
40 Petición en el documento 20 del expediente administrativo en la carpeta del expediente digital de
nulidad y restablecimiento del derecho en Samai.
41 Documento 24 del expediente administrativo en la carpeta del expediente digital de nulidad y
restablecimiento del derecho en Samai.
42 Documento 26 del expediente administrativo en la carpeta del expediente digital de nulidad y
restablecimiento del derecho en Samai.
43 Documento 30 del expediente administrativo en la carpeta del expediente digital de nulidad y
restablecimiento del derecho en Samai.
44 Radicado 25000 23 25 000 2006 07509 01 (0112-09).
45 Registro civil de defunción en el índice 17 de Samai.
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calidad de compañera permanente del causante por medio de la Resolución RDP
15034 del 17 de junio de 202146.
40. Pues bien, en relación con la causal de revisión establecida en el literal a) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es cuando «el reconocimiento se haya obtenido
con violación al debido proceso» la Sala reitera que es necesario que se exponga la
vulneración a este derecho en relación con los núcleos esenciales que lo componen.
41. Así se indicó en la sentencia proferida el 5 de febrero de 2019 por la Sala 22
Especial de Decisión según la cual, de conformidad con lo previsto en el artículo 29
de la Constitución Política, el derecho fundamental aludido comprende los
siguientes tres elementos: «i) (e)l derecho al juez natural o funcionario competente; ii)
(e)l derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es,
conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa; y iii) (l)as garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el
derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho
a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se
produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis
in ídem».
42. En tal sentido, se advierte que los argumentos del recurrente se dirigen a
cuestionar la conformación del IBL a partir del cual se reconoció la mesada
pensional comentada, sin hacer manifestación alguna en relación con la vulneración
de los elementos que componen el derecho fundamental al debido proceso; por lo
tanto, el examen del recurso se debe realizar en el marco de la causal prevista en
el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
43. En relación con la causal de revisión del literal b) de la norma en que se funda la
acción, la Sala encuentra que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala
de Descongestión Laboral, profirió la decisión objeto de revisión con sustento en la
posición jurisprudencial de la Sección Segunda del Consejo de Estado imperante
para ese momento47 según la cual la expresión «monto», contenida en el artículo 36
de la Ley 100 de 1993, comprendía «aquellas sumas que percibe el trabajador de
manera habitual y periódica, como contraprestación directa por sus servicios,
independientemente de la denominación que se les dé».
44. Al respecto, el ente de previsión recurrente sostuvo que la Corte Constitucional
de tiempo atrás ha fijado reglas según las cuales el IBL no hace parte del régimen
de transición. En efecto, dicha regla fue decantada por la Corte Constitucional a
partir del año 2013 con la sentencia C-258 de manera específica para el caso de las
pensiones de los congresistas y altos dignatarios del Estado.
45. Empero, si bien el Consejo de Estado y la Corte Constitucional realizaron
interpretaciones diferentes del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en punto del IBL
aplicable a las personas beneficiarias del régimen de transición allí previsto, la Sala
considera que la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca del 7 de
octubre de 2014 no fue caprichosa y, por el contrario, respetó los derroteros
46 Índice 17 de Samai.
47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia de 4 de agosto de 2010, radicado 25000 23 25 000 2006 07509 01 (0112-09).
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jurisprudenciales que para la época había trazado el Consejo de Estado como
máximo tribunal de lo Contencioso Administrativo y órgano de cierre de la
jurisdicción.
46. Lo anterior es así, toda vez que para concluir que el IBL también hacía parte del
régimen de transición se fundamentó en la referida sentencia del 4 de agosto de
2010 que señaló que «cuando se aplica el régimen de transición es preciso recurrir a la
normatividad correspondiente en su integridad, sin desconocer ninguno de los aspectos
inherentes al reconocimiento y goce efectivo del derecho», especialmente, cuando ello
resulta más favorable para el beneficiario de la prestación; de manera que fue
respetuosa de la tesis jurisprudencial que había decantado la Sección Segunda del
Consejo de Estado para la época.
47. En efecto, el criterio del Consejo de Estado sólo se modificó con la expedición
de la sentencia de unificación del año 2018, por lo que es claro que para la época
en que se profirió la sentencia recurrida (7 de octubre de 2014), la posición era que
las pensiones de los servidores públicos debían liquidarse teniendo en cuenta todos
los factores constitutivos de salario, bajo la consideración de que la aplicación del
régimen de transición debía respetar el principio de la inescindibilidad de la norma.
48. Ahora bien, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca confirmó la decisión
que ordenó que la pensión de vejez que le fue reconocida a Jesús Alfaro Hoyos
Flor se reliquidara con la inclusión de los siguientes factores: i) asignación básica;
ii) horas extras; iii) auxilio de alimentación; iv) prima semestral; v) prima de
vacaciones; y vi) prima de navidad.
49. En relación con lo anterior, se advierte que el tribunal siguió la línea
jurisprudencial fijada en la aludida sentencia del 4 de agosto de 2010, que en lo
particular dispuso:
«De acuerdo con el anterior marco interpretativo y en aras de garantizar los principios de
igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en
materia laboral, la Sala, previos debates surtidos con apoyo en antecedentes históricos,
normativos y jurisprudenciales, a través de la presente sentencia de unificación arriba a
la conclusión que la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales
que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente
enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador
durante el último año de prestación de servicios.
[…]
Ahora bien, en consonancia con la normatividad vigente y las directrices
jurisprudenciales trazadas en torno a la cuantía de las pensiones de los servidores
públicos, es válido tener en cuenta todos los factores que constituyen salario, es decir
aquellas sumas que percibe el trabajador de manera habitual y periódica, como
contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la denominación que
se les dé, tales como, asignación básica, gastos de representación, prima técnica,
dominicales y festivos, horas extras, auxilios de transporte y alimentación, bonificación
por servicios prestados, prima de servicios, incrementos por antigüedad, quinquenios,
entre otros, solo para señalar algunos factores de salario, a más de aquellos que reciba
el empleado y cuya denominación difiera de los enunciados que solo se señalaron a
título ilustrativo, pero que se cancelen de manera habitual como retribución directa del
servicio. Se excluyen aquellas sumas que cubren los riesgos o infortunios a los que el
trabajador se puede ver enfrentando.» [Negrillas del original].
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50. Así entonces, contrario a lo alegado por el recurrente, el juez de conocimiento
aplicó el criterio jurisprudencial adecuado y desarrollado por el Consejo de Estado,
máximo órgano de lo Contencioso-Administrativo, luego de considerar la
obligatoriedad del precedente vertical y la sujeción al superior funcional, preceptos
allí contenidos que se acompasaban en mayor medida con los principios de igualdad
material, primacía de la realidad sobre las formas, inescindibilidad normativa y
favorabilidad en materia de derechos laborales. Por lo tanto, no se advierte una
actuación caprichosa, arbitraria o contraria a derecho, por el contrario, se encuentra
razonablemente sustentada y fundamentada.
51. En consecuencia, la liquidación de la pensión no excedió lo debido de acuerdo
con la ley, pues se demostró que el trabajador i) era beneficiario del régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; ii) prestó sus servicios
por más de 20 años en el Ministerio de Transporte; y iii) durante el último año de
servicio percibió los factores respecto de los cuales se ordenó la reliquidación de la
prestación. Lo anterior se armoniza con la tesis jurisprudencial del 4 de agosto de
2010, vigente para ese momento48.
52. Finalmente, valga precisar que en la sentencia del 28 de agosto de 201849 la Sala
Plena del Consejo de Estado precisó que las referidas reglas de unificación serían
obligatorias para los casos en discusión en sede administrativa y judicial, por lo que
resultan inmodificables aquellas decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada,
en garantía del principio de seguridad jurídica, pues «[n]o puede entenderse, en
principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las pensiones que han sido
reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que
sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o
fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer un recurso extraordinario de
revisión contra una sentencia que haya reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez,
en cada caso, el que defina la prosperidad o no de la causal invocada».
53. Bajo tal panorama, la Sala concluye que la sentencia del 7 de octubre de 2014
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Descongestión
Laboral, no incurrió en las causales de revisión previstas en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y por tanto se declarará infundada la acción de
revisión interpuesta por la Ugpp.
2.6. Costas
54. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA no se dispondrá sobre
la condena en costas por la naturaleza del asunto, lo cual releva de hacer el estudio
de los demás presupuestos establecidos en tal artículo.
48 Sobre el respeto por las situaciones definidas con arreglo a los criterios jurisprudenciales vigentes
para la época en la que fueron dictadas las sentencias, entre otras providencias, se pueden ver:
Consejo de Estado, Sala Seis Especial de Decisión, sentencia del 5 de febrero de 2019, radicación:
11001-03-15-000-2018-01943-00(REV), demandante: Ugpp; Sala Diecisiete Especial de Decisión,
sentencia del 6 de agosto de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-02097-00(REV),
demandante: Cajanal EICE en Liquidación; Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de
noviembre de 2019, radicación: 11001-03-25-000-2016-00681-00(2861-2016), demandante: Ugpp.
49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018,
expediente 52001 23 33 000 2012 00143 01 (IJ).
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00795-00 (5907-2019)
Demandante: Ugpp
3. Conclusión
55. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que no se acreditó la
configuración de las causales invocadas, esto es, las señaladas en los literales a) y
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso –
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Declarar infundada la acción especial de revisión que la Ugpp presentó
contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala
de Descongestión Laboral, el 7 de octubre de 2014, por las razones expuestas en
la parte motiva de la providencia.
Segundo. No condenar en costas.
Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
MLBC
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