Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00856-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00856-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2020-00856-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
6 de febrero de 2025
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00856-00 (2597-2020)
Demandante: FONCEP
Demandado: Bernabé Sánchez Cortés
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D.C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00856-00 (2597-2020)
Demandante: Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones
(FONCEP)
Demandado: Bernabé Sánchez Cortés
Asunto: Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003
Tema: causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 248 a 255 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), se procede
a dictar sentencia en el marco de la acción especial de revisión1 prevista en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003, contra la sentencia del 24 de enero de 2018, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C2, que
confirmó parcialmente la providencia del 4 de abril de 2016, dictada por el Juzgado
Once Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, que concedió las pretensiones
de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (en adelante FONCEP)
solicita que se infirme la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca antes
mencionada, porque considera que incurrió en las causales previstas en los literales
a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Lo anterior, porque en su criterio, Bernabé
Sánchez Cortés no tiene derecho a la reliquidación de la pensión de vejez con la
inclusión en el ingreso base de liquidación de todos los factores salariales devengados
durante el último año de servicio, puesto que este debe establecerse según el inciso 3
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
II. ANTECEDENTES
2.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
1. Bernabé Sánchez Cortés, en ejercicio del medio de control previsto en el artículo
138 del CPACA, presentó demanda contra el FONCEP con el fin de que se declarara
la nulidad del oficio 2014EE5615 del 28 de abril de 2014, por medio del cual se le negó
1 Así la ha denominado la jurisprudencia de esta Corporación, entre otras decisiones: Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, providencia de 27 de marzo de 2014, radicación: 11001-03-25-000-2012-00561-
00(2129-12) REV, MP. Gerardo Arenas Monsalve y Sala Novena Especial de Decisión, sentencia de 25 de febrero
de 2022, radicación: 11001-03-15-000-2019- 04468-00 REV, MP. Gabriel Valbuena Hernández.
2 M.P. Samuel José Ramírez Poveda. Rad. núm. 11001-33-35-011-2015-00239-01.
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Radicación: 11001-03-25-000-2020-00856-00 (2597-2020)
Demandante: FONCEP
Demandado: Bernabé Sánchez Cortés
la reliquidación de su pensión de jubilación. A título de restablecimiento del derecho,
solicitó que se le ordenara a la parte demandada reliquidar la referida prestación con
la inclusión de todos los factores salariales devengados de conformidad con la Ley 33
de 1985.
2.2. Sentencia de primera instancia3
2. El Juzgado Once Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, en sentencia
del 4 de abril de 2016, resolvió lo siguiente:
«PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de prescripción de las mesadas
causadas propuesta por la entidad, con anterioridad al 09 de enero de 2011, por las
razones expuestas y negar las demás excepciones […].
SEGUNDO: DECLARESE la nulidad del [o]ficio [núm.] 2014EE5615 del 28 de abril de
2014 […], en cuanto no incluyó la totalidad de los factores devengados, conforme a la
parte motiva.
TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad y a título de
restablecimiento del derecho, CONDENAR al FONDO DE PRESTACIONES
ECONÓMICAS CESANTÍAS Y PENSIONES — FONCEP, a efectuar la reliquidación de
la pensión de jubilación [del] señor BERNABÉ SÁNCHEZ CORTÉS […], [en una cuantía]
equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante el último año,
incluyendo como factores salariales en forma proporcional, además de la asignación
básica, [la] prima de antigüedad, [el] auxilio de alimentación, el subsidio de transporte,
[la] prima de riesgo, [los] recargos festivos 200%, [los[ recargos festivos nocturnos 235%,
[la] prima semestral, [la] prima de navidad y [el] quinquenio, considerados en el
certificados de salarios para el periodo comprendido en el 1 de abril de 1989 al 31 de
marzo de 1990, a partir del 11 de junio de 1998. […].»
3. La referida autoridad judicial adujo que el señor Sánchez Cortés era beneficiario del
régimen de transición establecido en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985, en la medida en
que, al momento de entrada en vigencia de dicha ley, contaba con más de 15 años de
servicio. En ese orden, indicó que para la liquidación de la pensión, se debía remitir a
los artículos 27 del Decreto 3135 de 1968, 73 del Decreto 1848 de 1969 y 45 del Decreto
1045 de 1978, por ser el régimen anterior.
2.3. Sentencia de segunda instancia4
4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C
confirmó parcialmente el fallo de primera instancia. Al sustentar su decisión, expuso que
el señor Sánchez Cortés era beneficiario del régimen de transición previsto en el
artículo 1 de la Ley 33 de 1985, por cuanto a la entrada en vigencia de dicha ley, había
cumplido con más de 15 años continuos de servicio como empleado oficial. Por esta
razón, indicó que tenía derecho a que se le aplicaran las disposiciones que regían el
reconocimiento de esa prestación con anterioridad a la Ley 33 de 1985, respecto de la
edad, el tiempo de servicio, el monto y los factores de liquidación. Así, indicó que el
régimen anterior aplicable al caso concreto era el establecido en el artículo 27 del
Decreto 3135 de 1968, modificado por el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978. Al
respecto, precisó que esa normativa debía aplicarse en su totalidad, en virtud de los
3 Samai, índice 3, archivo «DemandaWeb-Demanda-ANEXOS(.pdf) NroActua 3», páginas 37 a 54.
4 Samai, índice 3, archivo «DemandaWeb-Demanda-ANEXOS(.pdf) NroActua 3», páginas 55 a 73.
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Demandante: FONCEP
Demandado: Bernabé Sánchez Cortés
principios de inescindibilidad y favorabilidad, con inclusión de los factores que fueron
devengados de forma habitual o periódica como contraprestación de sus servicios, y
con la deducción de los aportes que no hubiesen sido efectuados por la entidad. Lo
anterior, de conformidad con la sentencia de unificación de la Sección Segunda del
Consejo de Estado del 4 de agosto de 2010.
5. En ese orden, concluyó que la pensión del señor Sánchez Cortés debía ser
liquidada en una cuantía equivalente al 75% del promedio mensual de los factores
salariales devengados en el último año de servicio, es decir, del 1 de abril de 1989 al
31 de marzo 1990. Para ello, precisó que se debían tener en cuenta los factores de
asignación básica, prima de antigüedad, recargos nocturnos, dominicales y festivos,
auxilio de alimentación, subsidio de transporte, la prima de riesgo, y las doceavas
partes de la prima de navidad y la prima semestral. Sin embargo, excluyó el quinquenio
reconocido en primera instancia, en la medida en que no constituía un factor salarial.
6. Finalmente, adujo, por un lado, que las mesadas pensionales causadas con
anterioridad al 9 de enero de 2011 habían prescrito, tal y como lo había indicado el
juez de primera instancia. Por otro, que no había lugar a la imposición de condena en
costas.
III. ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
3.1. Demanda5
7. El FONCEP, a través de apoderado, presentó demanda en ejercicio de la acción
especial de revisión contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
antes descrita, por la presunta configuración de las causales a) y b) del artículo 20 de
la Ley 797 de 20036 y formuló las siguientes pretensiones:
(i) Que se revoque la sentencia objeto de revisión.
(ii) Que se declare que Bernabé Sánchez Cortés no tiene derecho a la reliquidación de
la pensión con la totalidad de los factores salariales devengados en el último año de
servicios.
(iii) Que se ordene efectuar la reliquidación y pago de la pensión de Bernabé Sánchez
Cortés, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 36 o de acuerdo con
el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, con la inclusión de los factores salariales
expresamente indicados en el Decreto 1158 de 1994, y con una tasa de reemplazo del
75%.
5 Samai, índice 3, archivo «DemandaWeb-Demanda-(.pdf) NroActua 3».
6 Ley 797 de 2003, artículo 20. «Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de
fondos de naturaleza pública. <apartes tachados inexequibles> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo
hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la
obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el
Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por
conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor
General de la República o del Procurador General de la Nación. // La revisión también procede cuando el
reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial. // La revisión se tramitará
por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse
en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además: // a) Cuando el
reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y // b) Cuando la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
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Demandante: FONCEP
Demandado: Bernabé Sánchez Cortés
8. En relación con la causal a), la entidad afirmó que la decisión cuestionada vulneró
su derecho al debido proceso, por cuanto no tuvo en cuenta lo dispuesto en los
artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, la jurisprudencia constitucional y la sentencia
de unificación dictada por esta corporación el 28 de agosto de 2018. Explicó que en el
fallo objeto de revisión se ordenó la reliquidación de la pensión, a partir de una
interpretación errada del régimen de transición establecido en la Ley 100, y en omisión
de lo que había sido probado en el proceso ordinario. Agregó que se desconocieron
los artículos 1, 2, 6, 29, 48, 121, 123 (inciso 2) y 124 de la Constitución.
9. Frente a la causal b), el FONCEP indicó que la cuantía del derecho reconocido
excedía lo debido de acuerdo con la ley, comoquiera que al demandado no le asistía
derecho a la reliquidación de la pensión de vejez con la totalidad de los factores
salariales devengados en el último año de servicio. Lo anterior, en la medida en que el
IBL debía calcularse de conformidad con el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de
1993, es decir, teniendo en cuenta el 75% del promedio de los factores salariales
establecidos en el Decreto 1158 de 1994.
Resaltó, que la decisión cuestionada desconoció el precedente establecido en los
fallos C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU- 210 de
2017, SU- 395 de 2017, SU- 631 de 2017 y T-039 de 2018, y en los autos 326 de 2014
y 229 de 2017 de la Corte Constitucional, y en la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 20187 dictada por la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo del
Consejo de Estado.
Por otro lado, afirmó que el mencionado fallo afectó la sostenibilidad financiera del
sistema pensional, porque generó un aumento del 112.2% de la mesada pensional del
señor Sánchez Cortés sin justificación alguna. Destacó, que dicha situación configuró
un abuso palmario del derecho, como consecuencia de la equivocada interpretación
de los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, y del desconocimiento del precedente
vinculante de la Corte Constitucional sobre la forma de calcular el IBL de las pensiones
de los beneficiarios del régimen de transición.
3.2. Actuaciones procesales relevantes
10. Esta corporación, mediante auto del 30 de septiembre de 20218, admitió la acción
especial de revisión interpuesta por el FONCEP y ordenó notificar personalmente a
Bernabé Sánchez Cortés y al Ministerio Público.
11. El Ministerio Público, por medio del procurador tercero delegado el Consejo de
Estado, rindió el Concepto número 207-20229, en el que manifestó que la acción
especial de revisión bajo estudio no tenía vocación de prosperidad y que se debía
declarar infundada. En relación con la causal a), afirmó que los argumentos que la
sustentaban no lograban demostrar su configuración, en la medida en que estaban
dirigidos a exponer yerros relacionados con la interpretación de las normas aplicables al
caso. Frente a la causal b), precisó que en el fallo cuestionado se ordenó la reliquidación
de la pensión de conformidad con el régimen de transición establecido en la Ley 33 de
1985, que remitía a la aplicación de los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1989. Por lo
7 Expediente 52001-23-33-000-2012-00143-01.
8 Samai, índice 5, archivo «13_QUEADMITE(.DOCX) NroActua 5».
9 Samai, índice 11, archivo «MemorialWebCGP_16CONCEPTO_CONCEPTODELMINISTERIOPUBLICO
207202220200085601NI25972020(.pdf) NroActua 11».
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Demandante: FONCEP
Demandado: Bernabé Sánchez Cortés
anterior, solicitó que la acción especial de revisión bajo análisis fuera declarada
infundada.
12. Bernabé Sánchez Cortés, por medio de apoderado, se opuso a las pretensiones de
la acción especial de revisión presentada por el FONCEP10. En síntesis, manifestó que
la demanda no cumplió con la carga argumentativa para demostrar la configuración de
las causales invocadas, y que en esa medida había sido presentada para que se
surtiera una tercera instancia. Al respecto, afirmó que la causal a) no fue formulada en
los términos de la vulneración del debido proceso. Por otro lado, indicó que la
jurisprudencia constitucional invocada por el FONCEP no podía aplicarse a la
liquidación de su pensión, toda vez que no estaba relacionada con el régimen de
transición establecido en la Ley 33 de 1985. Por lo anterior, solicitó que se
desestimaran las pretensiones de la demanda.
13. Esta Corporación, en auto del 28 de agosto de 202411, abrió el proceso a pruebas de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 254 del CPACA y tuvo como tales los
documentos que fueron aportados al expediente. Así mismo, corrió el traslado
correspondiente de conformidad con el artículo 110 del Código General del Proceso
(CGP) y ordenó su notificación en los términos del artículo 205 del CPACA.
14. La Secretaría General de la Sección Segunda de esta corporación corrió traslado de
las pruebas aportadas al expediente, el 21 de octubre de 2024, por el término de 3
días12. Cumplida esta actuación, el expediente pasó al despacho de la magistrada
ponente para fallo13.
IV. CONSIDERACIONES
4.1. Competencia
15. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión en
virtud de lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y en el inciso
2 del artículo 249 del CPACA14. A su vez, la Sección Segunda del Consejo de Estado
es competente para conocer de la acción especial de revisión, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 15, por tratarse de
un asunto de carácter laboral.
4.2. Oportunidad
16. El último inciso del artículo 251 del CPACA establece que «[e]n los casos previstos
en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los
cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de
10 Samai, índice 13, archivo «18_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO
_CES2SECRCONSEJODEES (.pdf) NroActua 13».
11 Samai, índice 19, archivo «26Autoquecorre_25972020ABREPERIODOP(.pdf) NroActua 19».
12 Samai, índice 25, archivo «30ALDESPACHOPAR_2597pdf(.pdf) NroActua 25».
13 Samai, índice 25, archivo «30ALDESPACHOPAR_2597pdf(.pdf) NroActua 25».
14 CPACA, artículo 249. «Competencia. […] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas
proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según
la materia. // De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por Los jueces
administrativos conocerán los Tribunales Administrativos. // Las reglas de competencia previstas en los incisos
anteriores también se aplicarán para conocer de la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en
esta jurisdicción, regulada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003».
15 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
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Demandante: FONCEP
Demandado: Bernabé Sánchez Cortés
que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del
perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio».
17. En el presente asunto, la sentencia del 24 de enero de 2018 dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca quedó ejecutoriada el 30 del mismo mes y año, y la
acción especial de revisión fue presentada el 26 de agosto de 202016, es decir, dentro
del término previsto en la norma citada.
4.3. Legitimación
18. De acuerdo con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la acción especial de revisión
procede a solicitud «del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la
República o del Procurador General de la Nación». Sin embargo, también se ha
considerado que este mecanismo excepcional puede ejercerse por las
administradoras de pensiones encargadas del pago de las prestaciones periódicas
reconocidas presuntamente de manera irregular, como lo indicó, por ejemplo, la Corte
Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016:
«Ahora, frente a la legitimación para interponer el recurso de revisión por la configuración
de un abuso del derecho, comoquiera que la Constitución no reguló la titularidad para
interponerlo, debe entenderse que recae, además de los sujetos establecidos en la Ley
797 de 2003, en cabeza de las administradoras de pensiones encargadas del pago de
las prestaciones periódicas reconocidas de manera irregular, pues son las primeras
instituciones llamadas dentro del sistema pensional a velar por su buen funcionamiento
financiero»17.
19. En ese orden de ideas, y en atención a que el FONCEP es la entidad administradora
encargada de reconocer y pagar las cesantías y las obligaciones pensionales a cargo
del Distrito Capital18, esta corporación, en varias oportunidades, ha considerado que
también está legitimado para ejercer la acción especial de revisión19. Además, en el
presente asunto el FONCEP fue la parte vencida dentro del proceso en el que se
profirió la sentencia cuya revocatoria pretende, lo que corrobora su legitimación en la
causa por activa.
20. Por su parte, Bernabé Sánchez Cortés está legitimado en la causa por pasiva, dada
su condición de demandante del proceso de nulidad y restablecimiento en el que se
dictó la providencia cuya revisión fue solicitada.
4.4. Problema jurídico
21. De acuerdo con los planteamientos expuestos en la demanda de revisión formulada
por el FONCEP, corresponde a la Sala determinar si ¿la reliquidación de la pensión de
jubilación reconocida a Bernabé Sánchez Cortés fue obtenida con violación del debido
proceso y en una cuantía superior a la prevista en la ley? Lo anterior, porque a juicio
de la entidad recurrente, la referida prestación no fue liquidada de conformidad con el
16 Samai, índice 3, archivo «DemandaWeb-Demanda-ANEXOS(.pdf) NroActua 3», página 244.
17 Cfr. Sentencias T-363 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz, y T-300 de 2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
18 Acuerdo 257 de 2006 del Concejo de Bogotá, artículo 65.
19 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de septiembre de 2024,
Rad. 11-001-03-25-000-2020-00036-00 (0037-2020) (REV), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves. Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1 de agosto de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2020-00892-00 (2698-
2020), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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Demandante: FONCEP
Demandado: Bernabé Sánchez Cortés
inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 y con la interpretación que sobre esta norma han
hecho la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.
22. Para resolver el problema planteado, la Sala analizará las generalidades de la
acción especial de revisión, además de las causales previstas en los literales a) y b)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Luego, resolverá el caso concreto.
4.5. Generalidades sobre la acción especial de revisión y las causales previstas
en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Reiteración de
jurisprudencia20
23. El recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación contra las
sentencias ejecutoriadas, que constituye una excepción al principio de cosa juzgada.
Su regulación se encuentra establecida en los artículos 248 y siguientes del CPACA,
y su ámbito de acción está restringido a las causales taxativas previstas por el
legislador, las cuales no admiten interpretaciones extensivas21.
24. Ahora bien, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció una «acción especial» 22,
en la que se facultó a determinadas entidades para pedir la revisión de las providencias
judiciales, transacciones o conciliaciones que hubiesen ordenado el reconocimiento de
sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. La
norma en cita estableció expresamente las causales de procedencia, así:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso.
b) La cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley,
pacto o convención colectiva que legalmente son aplicables.
25. La acción especial de revisión de debe tramitar a través del procedimiento señalado
para el recurso extraordinario de revisión; con todo, presenta elementos que lo
caracterizan según la jurisprudencia del Consejo de Estado23 y de la Corte
20 Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia del 2 de junio de 2022, Rad. 11001-03-15-
000-2020-02983-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
21 Sobre las generalidades del recurso extraordinario de revisión pueden consultarse, entre otras sentencias:
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 2 de marzo de 2010, Rad. REV-
2001-00091; 6 de abril de 2010, Rad. REV-2003-00678; 12 de julio de 2005, Rad. REV-1997-00143-02; 14 de
marzo de 1995, Rad. REV-078; 16 de febrero de 1995, Rad. REV-070; 20 de abril de 1993, Rad. REV-045; y 11 de
febrero de 1993, Rad. REV-037.
22 Cita original, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, providencia del 27
de marzo de 2014, Rad. 11001-03-25-000-2012-00561-00 (2129-12), M.P. Gerardo Arenas Monsalve en la que se
indicó: « […] En este orden, precisa la Sala que aunque se le haya asignado para su trámite el procedimiento del
recurso extraordinario de revisión, esto no quiere decir que sea equiparable a éste, esto en tanto, es claro que las
particularidades de la “acción especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una
entidad propia, que se refleja principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a
los mecanismos de control –Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión, quienes eran terceros en el
proceso ordinario cuya revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el
patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]» (subrayas de la Sala).
Cfr., Consejo de Estado, Sala Novena Especial de Decisión, sentencia de 25 de febrero de 2022, Rad. 11001-03-
15-000-2019-04468-00 REV, M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Consejo de Estado, Sala Novena Especial de
Decisión, sentencia de 22 de noviembre de 2021, Rad. 11001-03-15- 000-2019-01749-00, M.P. Gabriel Valbuena
Hernández. Consejo de Estado, Sala Veinticinco Especial de Decisión, sentencia de 21 de agosto de 2020, Rad.
11001-03-15-000-2019-03846-00 REV, M.P. Martha Nubia Velásquez Rico. Consejo de Estado, Sala Veinticinco
Especial de Decisión, sentencia de 8 de noviembre de 2021, Rad. 11001-03-15-000-2020-04141-00 REV., M.P.
Martha Nubia Velásquez Rico.
23 Entre muchas otras, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Salas Especial de Decisión
Diecinueve, sentencia del 18 de agosto de 2021, Rad. 11001-03-15-000-2020-03549-00. M.P. William Hernández
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Demandante: FONCEP
Demandado: Bernabé Sánchez Cortés
Constitucional, a saber:
(i) Tiene por objeto controvertir las sentencias o conciliaciones que reconocen sumas
periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza pagadas con cargo al tesoro
público y contrarrestar los casos de corrupción en la materia24.
(ii) La legitimación en la causa por activa es limitada porque para ejercerla se requiere de
un solicitante calificado25.
(iii) No se extiende a reabrir el debate probatorio, sino a revisar el valor de las pensiones
reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el
equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los
recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema
de Seguridad Social26.
(iv) No es una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una
prestación, pues se contrae a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del
derecho (literal a) cuando se concedió con vulneración del debido proceso; y a la
liquidación (literal b) en un valor mayor al que corresponde27.
26. A partir de los antecedentes históricos, la acción especial de revisión originada en
el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 es un mecanismo que hace parte de la reforma
pensional establecida en la citada ley, con el fin de reducir el déficit fiscal para así
hacer viable financieramente el sistema pensional, conforme a la exposición de
motivos. De modo que, sobre «[…] la revisión de providencias judiciales,
transacciones, conciliaciones judiciales o extrajudiciales que reconocieron sumas
periódicas o pensiones, se indicó que permite “afrontar los graves casos de corrupción
en esta materia y evitar los graves perjuicios que pueda sufrir la Nación”»28.
27. Ahora bien, respecto a las causales establecidas en los literales a) y b) del artículo
20 de la Ley 797 de 200329, se tiene que, según la primera de ellas, la acción especial
de revisión es procedente en el evento en que la sentencia recurrida reconoce una
pensión con cargo al tesoro público o los fondos de naturaleza pública con violación al
debido proceso. Así, resulta necesario que la parte actora allegue los elementos sobre
los que sustenta su petición y acredite que el reconocimiento pensional se efectuó con
desconocimiento de las garantías constitucionales que constituyen el derecho al
debido proceso, conforme lo prevé el artículo 29 superior, esto es, (i) el derecho al juez
Gómez. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Salas Especial de Decisión Nueve,
sentencia de sentencia del 22 de noviembre de 2021, Rad. 11001-03-15-000-2019-01749-00, M.P. Gabriel
Valbuena Hernández.
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección A, providencia de 10
de agosto de 2017, Rad. 25000-23-25-000-2002-05275-01, M.P. William Hernández Gómez.
25 Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.
26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia
del 1 de agosto de 2017, Rad. 11001-03-15-000-2016-02022-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez.
27 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión,
sentencia de 18 de agosto de 2021, Rad. 11001-03-15-000-2020-03549-00, M.P. William Hernández Gómez.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, auto de 27 de marzo de 2014,
Rad. 11001-03-25-000-2011-00561-00 (2129-2012), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
29 Ley 797, artículo 20. «Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos
de naturaleza pública. […] La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en
el mismo código y además: // a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y // b)
Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva
que le eran legalmente aplicables».
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natural o funcionario competente; (ii) el derecho a ser juzgado según las formas de
cada juicio o procedimiento; y (iii) las garantías de audiencia y defensa 30.
28. En cuanto a la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
esta corporación ha explicado lo siguiente:
«[…] El literal b) de la Ley 797 de 2003 prevé que las pensiones con cargo al erario
deben ser revisadas “Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables”.
De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto que condujo a la expedición de la
Ley 797 de 2003, la causal obedeció a la necesidad “[…] de construir esquemas sociales
solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos
los ciudadanos […]”.
En efecto, uno de los principales propósitos de esta Ley y, en particular, del artículo 20
Ibidem, era el de reducir el déficit fiscal y hacer del sistema pensional un sistema posible,
realizable, en términos económicos, de tal forma que fuera posible la revisión, entre
otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía excediera lo debido de acuerdo
con las normas vigentes. En ese orden de ideas, las causales de procedencia de la acción
de revisión deben interpretarse de conformidad con la teleología a la que responde dicho
instrumento procesal.
En sentido similar, esta Corporación explicó que la causal se erige como una herramienta
legal útil, que persigue fortalecer el principio de la moralidad administrativa y que permite
corregir los reconocimientos pensionales que se han efectuado en exceso y que afectan
los principios que orientan el Sistema General de Pensiones, en especial, el principio de
solidaridad y equilibrio financiero.
A lo anterior se suma que el sistema pensional debe ser sostenible fiscalmente, de tal
forma que garantice la estabilidad a largo plazo de las finanzas públicas y se procure el
cumplimiento de los principios de rentabilidad, sostenibilidad y conveniencia, en cuanto
a la determinación del gasto, de tal forma que prevalezca el interés general sobre el
particular»31.
29. En este orden de ideas, la acción de revisión no permite plantear nuevamente el
debate de la instancia ni subsanar falencias en la actuación, sino que su finalidad
consiste en la revisión de los reconocimientos pensionales o de prestaciones
periódicas que afectan la sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones.
30. Se destaca que la causal b) al señalar que la acción especial de revisión procede
«cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido según la ley, pacto, o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables», permite que se verifique la
suma de la prestación otorgada, más no que se determine si procede o no el
reconocimiento del derecho.
4.6. Análisis del caso concreto
31. Según lo expuesto en la demanda de revisión, el problema jurídico propuesto se
formuló con el objeto de definir si la reliquidación de la pensión de vejez reconocida al
30 Al respecto puede verse, entre otras decisiones: Consejo de Estado, Sala Novena Especial de Decisión,
sentencia del 22 de noviembre de 2021, Rad. 11001-03-15-000-2019-01749-00, M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
31 Consejo de Estado, Sala Novena Especial de Decisión, sentencia del 22 de noviembre de 2021, Rad. 11001-03-
15-000-2019-01749-00, M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
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demandado se obtuvo con violación al debido proceso y en una cuantía superior a la
prevista por la ley. Lo anterior, porque a juicio de la entidad recurrente, la pensión no
se liquidó de conformidad con el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y con
la interpretación que sobre esta norma han hecho la Corte Constitucional y el Consejo
de Estado.
32. Ahora bien, con el objeto de resolver el interrogante planteado, en el caso concreto
se encuentran acreditados los siguientes hechos:
(i) Bernabé Sánchez Cortés nació el 11 de junio de 194832 y prestó sus servicios
para la Secretaría de Gobierno Distrital de Bogotá, en el Cuerpo Oficial de
Bomberos como cabo IVB, código 110, entre el 1 de octubre de 1969 y el 1 de
abril de 1990. El último año de servicios devengó los siguientes factores
salariales: asignación básica, auxilio de alimentación, subsidio de transporte, las
primas de antigüedad, riesgo, navidad, vacaciones y servicios, recargos y
festivos, y quinquenios33.
(iii) El Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital, en Resolución 015 del 12 de enero
de 200134, reconoció a favor del señor Sánchez Cortés una pensión de jubilación
en una cuantía de $448.991,87, a partir del 11 de junio de 1998, fecha en la que
cumplió 50 años de edad y adquirió el derecho.
(iv) Posteriormente, el señor Sánchez Cortés solicitó la reliquidación de su
pensión en peticiones radicadas el 29 de marzo de 2001 y el 3 de septiembre de
2004, las cuales fueron atendidas a través de la Resolución 00526 del 21 de abril
de 2009, en el sentido de reliquidar la pensión.
(v) Sin embargo, el 9 de enero de 2014 pidió nuevamente la reliquidación de su
pensión, con el fin de que fueran incluidos todos los factores salariales
devengados en el último año de servicio. Esa solicitud fue negada por el FONCEP
mediante Oficio 2014EE5615 del 28 de abril de 2014.
(vi) El anterior acto administrativo fue declarado nulo por la sentencia cuya
revisión se solicita en este trámite. En esta decisión se concluyó que el señor
Sánchez Cortés era beneficiario del régimen de transición de la Ley 33, y que, en
ese orden, su pensión debía ser liquidada en aplicación del régimen anterior, a
saber, el establecido en el Decreto 3135 de 1968. Por esta razón, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca consideró que no era de recibo que el FONCEP
argumentara que los factores salariales aplicables a la liquidación de la pensión
eran aquellos dispuestos en la Ley 100 de 1993 y en el Decreto 1158 de 1994.
33. La entidad demandante consideró que, con ocasión de tales consideraciones, la
sentencia cuestionada incurrió en las causales de revisión establecidas en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003. A su juicio, en virtud de la interpretación autorizada por la
Corte Constitucional del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, los únicos
requisitos que se rigen por las normas anteriores, para efectos del reconocimiento y
32 Cédula de ciudadanía de Bernabé Sánchez Cortes, visible en: Samai, índice 3, archivo «DemandaWeb-
Demanda-ANEXOS(.pdf) NroActua 3», página 110.
33 Certificado para trámites de pensión, expedido por la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá,
visible en: Samai, índice 3, archivo «DemandaWeb-Demanda-ANEXOS(.pdf) NroActua 3», página 118.
34 Samai, índice 3, archivo «DemandaWeb-Demanda-ANEXOS(.pdf) NroActua 3», páginas 196 a 202.
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pago de las pensiones, son la edad, el tiempo de servicio y la tasa de reemplazo,
mientras que al IBL le aplican las normas establecidas en la Ley 100.
• Respecto a la causal establecida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003 – violación al debido proceso
34. En el caso bajo análisis, el FONCEP manifestó que se configuró la causal
establecida en el literal a) porque la decisión judicial acusada es contraria a la ley y a
la jurisprudencia, en la medida en que otorgó un aumento de la mesada pensional sin
fundamento constitucional o legal alguno, por cuanto desconocieron los artículos 21 y
36 de la Ley 100 de 1993, y el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994.
35. De acuerdo con lo expuesto en el acápite del marco normativo de esta providencia,
la acción especial de revisión no constituye una tercera instancia para reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación, en tanto se limita a revisar los aspectos en los que
fue reconocida. En particular, la causal contenida en el literal a) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003 fue prevista para analizar si el reconocimiento de aquella se dio con
vulneración al debido proceso. En ese sentido, la parte demandante tiene la carga de
demostrar los elementos sobre los cuales sustenta su petición y de acreditar que el
reconocimiento pensional se efectuó con desconocimiento del referido derecho
constitucional.
36. Así, revisada la demanda presentada por el FONCEP se advierte que no cumplió
con la carga argumentativa que le correspondía respecto de la violación del derecho
al debido proceso, comoquiera que no hizo referencia a elemento alguno que la Sala
deba revisar, en atención al desconocimiento de las garantías constitucionales que se
debían atender, a saber: (i) que el medio de control hubiese sido decidido por un juez
sin competencia; (ii) que se hubiese desconocido el procedimiento propio del asunto;
o (iii) que no hubiese tenido oportunidad de ejercer sus derechos de defensa y
contradicción en el trámite procesal.
37. Lo anterior obedece a que, en lugar de dar cuenta de una situación constitutiva de
una violación al debido proceso, lo que se reprocha es una presunta omisión del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca en aplicar las normas y la jurisprudencia que
prevén los criterios que se deben tener en cuenta para liquidar la pensión, lo que
corresponde a un aspecto del fondo del asunto, que por cierto, fue ampliamente
debatido y decidido en el proceso ordinario, y que no está llamado a reabrirse por vía
de la acción especial de revisión, pues se insiste que no es una tercera instancia.
38. Por ende, en la medida en que los fundamentos antes analizados no tienen relación
con la naturaleza del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, se declarará que
no se configura la mencionada causal de revisión.
• Sobre la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 –
la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley
39. El FONCEP formuló la causal prevista en el literal b), por los mismos argumentos
expuestos al sustentar la causal a), a saber, que la sentencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca no tuvo en cuenta que el IBL de los beneficiarios del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993 están regidos por los artículos 21 y 36
ibidem y por el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994, respecto de los factores salariales.
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Agregó, que existió un abuso palmario del derecho, por cuanto la reliquidación de la
pensión fue irregular y concedió ventajas irrazonables al señor Sánchez Cortés, en la
medida en que generó un incremento del 112.2% de su mesada pensional.
40. Ahora bien, de acuerdo con lo expuesto en los antecedentes de esta providencia,
la sentencia cuestionada en este trámite confirmó la decisión de conceder las
pretensiones de la demanda luego de considerar que al señor Sánchez Cortés le era
aplicable el régimen de transición establecido en el parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley
33 de 1985, y que en esa medida, su pensión debía liquidarse de conformidad con lo
dispuesto en los decretos 3135 de 1968 y 1045 de 1978.
41. En el proceso ordinario se llegó a esa conclusión luego de que se verificara que al
momento de la entrada en vigor de la Ley 33 de 1985, el entonces demandante había
cumplido con más de 15 años de servicio continuos como empleado oficial. En ese
orden, se consideró que, en aplicación del régimen anterior, es decir, el establecido en
los decretos antedichos, la pensión debía liquidarse con el 75% del promedio mensual
de lo devengado en el último año de servicio —del 1 de abril de 1989 al 31 de marzo
de 1990—, con inclusión de la asignación básica, los incrementos por antigüedad, los
recargos nocturnos, dominicales y festivos, el auxilio de alimentación, el subsidio de
transporte, la prima de riesgo y las doceavas partes de las primas de navidad y
semestral.
42. En este orden de ideas, para la Sala resulta claro que el objeto de discusión
planteado por el FONCEP no es el derecho a la reliquidación de la pensión de Bernabé
Sánchez Cortés, por haber excedido la cuantía de acuerdo con lo previsto por la ley,
en los términos en los que fue reconocida en la sentencia del 24 de enero de
2018 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Por el contrario, los argumentos
formulados en la acción especial de revisión están dirigidos a cuestionar la
reliquidación de la pensión, por la inobservancia de lo dispuesto en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, pese a que en la referida decisión se concluyó que era beneficiario
del régimen de transición establecido en la Ley 33 de 1985, en la medida en que
cumplió con los requisitos para que su derecho pensional fuera reconocido de esa
manera.
43. Así las cosas, el FONCEP presentó la acción especial de revisión con fundamento
en supuestos de hecho y de derecho distintos a los que fueron analizados en el
proceso ordinario, y pasó por alto que en este caso las autoridades judiciales
finalmente aplicaron el régimen de transición de la Ley 33 de 1985, no el de la Ley 100
de 1993.
44. Por lo anterior, la entidad recurrente no cumplió con la carga argumentativa para
sustentar la configuración de la causal establecida en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, pues, como se explicó, no existe correspondencia entre la demanda
y los fundamentos de la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Esta
situación impide a la Sala considerar a partir de las razones desarrolladas en aquella,
que la pensión del señor Sánchez Cortés se reconoció en cuantía superior a la
establecida en la ley.
45. En consecuencia, la Subsección declarará infundada la acción especial de revisión
bajo examen, en la medida en que la causal bajo análisis tampoco se encuentra
configurada.
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4.7. Costas
46. El artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo prevé que «salvo en los procesos en que se ventile un interés público,
la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil», remisión que se entiende
al Código General del Proceso.
47. Por su parte, la Ley 2080 de 2021, en el artículo 47, adicionó un segundo inciso en
el sentido que «en todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas
cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de
fundamento legal».
48. En este orden de ideas, en atención al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, no se
condenará en costas por la naturaleza del asunto. Por un lado, en la medida que se
trata de una acción en la que se ventila un asunto de interés público, pues la entidad
legitimada pretende la salvaguarda del equilibrio y sostenibilidad financiera del sistema
general de pensiones, propósito que motivó al legislador de 2003 para estatuir ese
mecanismo especial de revisión contra sentencias que ordenan un reconocimiento
pensional en detrimento del erario35. Por otro, porque no se advierte que la demanda
se haya presentado con manifiesta carencia de fundamento legal.
4.8. Conclusión
49. En consideración a lo expuesto, la Sala declarará infundada la acción especial de
revisión, porque no se configuraron las causales previstas en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión presentada por
el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones, contra la sentencia del
24 de enero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C, que confirmó parcialmente la providencia del 4 de
abril de 2016, dictada por el Juzgado Once Administrativo de Oralidad del Circuito de
Bogotá, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-33-35-011-
2015-00239-01.
SEGUNDO. Sin condena en costas.
TERCERO. Archivar el expediente de la acción especial de revisión, previas las
anotaciones en el aplicativo Samai.
35 Consejo de Estado, Sala Novena Especial de Decisión, sentencia del 22 de noviembre de 2021, Rad. 11001-03-
15-000-2019-01749-00, M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de
Decisión, sentencia del 2 de junio de 2022, Rad. 11001-03-15-000-2020-02983-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
Consejo de Estado, Sala Diecisiete Especial de Decisión, sentencia del 5 de junio de 2023, Rad. 11001-03-15-000-
2021-06622-00, M.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
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Demandante: FONCEP
Demandado: Bernabé Sánchez Cortés
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
MMOG/JCBB
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