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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00571-00

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2022-00571-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

26 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-25-000-2022-00571-00 (5100-2022)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP
Demandado: Carmen Efigenia Pérez Pinzón
Asunto: Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003

Tema: causal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Subtema 1: procedencia de
la acción de revisión contra providencias que reconozcan sumas periódicas a cargo
del tesoro público o fondos de naturaleza pública.

Sentencia de única instancia

De conformidad con los artículos 248 a 255 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo (en adelante CPACA), se procede
a dictar sentencia en el marco de la acción especial de revisión1 prevista en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, contra la sentencia del 6 de diciembre de 2018,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, y su aclaración del 16 de septiembre de 2019, que revocó la
providencia del 16 de febrero de 2015 dictada por el Juzgado Tercero Administrativo
de Descongestión del Circuito de Girardot, que accedió a las pretensiones de la
demanda.

1. Síntesis del caso

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (en adelante, UGPP) solicita que se revoque la
sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y su providencia aclaratoria,
por cuanto considera que se incurrió en la causal del literal a) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, en consideración a que al resolverse el recurso de apelación
presuntamente se desconoció el principio de congruencia. En el presente asunto se
declarará la improcedencia de la acción, dado que no se controvierte una decisión
que haya reconocido sumas que revistan el carácter de periódicas a cargo del tesoro
público o fondos de naturaleza pública.

1 Así la ha denominado la jurisprudencia de esta corporación, entre otras decisiones: Sala de lo Contencioso-

Administrativo, Sección Segunda, providencia de 27 de marzo de 2014, exp. 11001-03-25-000-2012-00561-
00(2129-12) REV, M.P. Gerardo Arenas Monsalve y Sala Novena Especial de Decisión, sentencia de 25 de
febrero de 2022, exp. 11001-03-15-000-2019- 04468-00 REV, M.P. Gabriel Valbuena Hernández.

Radicación: 11001-03-25-000-2022-00571-00 (5100-2022)
Demandante: UGPP
Demandado: Carmen Efigenia Pérez Pinzón

2. Antecedentes

2.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

1. El señor Rafael Gómez Puerto, en ejercicio del medio de control previsto en el
artículo 138 del CPACA, presentó demanda contra la UGPP, con el fin de que se
declarara la nulidad parcial de la Resolución núm. RDP 24284 del 28 de mayo de
2013. En consecuencia, solicitó a título de restablecimiento, que se ordene a la
entidad demandada reliquidar la citada prestación con el 75 % de los factores
salariales percibidos durante el último año de servicios, incluyendo además de los
factores ya reconocidos, las primas de servicios, técnica, de vacaciones y de
navidad, con efectividad desde el 12 de agosto de 2004.

2. Asimismo, pidió que se reconozca al señor Rafael Gómez Puerto, de acuerdo con
las funciones desempeñadas, la calidad de directivo docente para efectos del
reconocimiento de la pensión, y como consecuencia de lo anterior, se pague la
acreencia pensional a partir del 12 de agosto de 2004, sin condicionamiento del retiro,
y por ello, el pago de las mesadas adeudadas desde la anterior fecha, con la
respectiva indexación e intereses moratorios2.

2.2. Sentencia de primera instancia

3. Para verificar los argumentos en contra de la sentencia objeto de revisión, dado
que dicha providencia resolvió la alzada interpuesta contra la decisión de primera
instancia, resulta pertinente destacar lo decidido en esta última.

4.En ese sentido, se observa que el Juzgado Tercero Administrativo de
Descongestión del Circuito de Girardot, en sentencia proferida en audiencia inicial del
16 de febrero de 20153, resolvió lo siguiente:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de la Resolución No. RDP 024284 del 28 de
mayo de 2013, expedida por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
– UGPP.

SEGUNDO: ORDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
– UGPP, a reliquidar la pensión de jubilación reconocida a RAFAEL GÓMEZ PUERTO,
teniendo en cuenta el 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes
durante el último año de servicio, e incluyendo además de los factores ya reconocidos,
bonificación de servicios, prima de servicios, prima técnica, prima de vacaciones y
prima de navidad, desde que se hizo efectiva, 12 de agosto de 2004.

2 Samai, índice 54, expediente digital, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento

«56RECIBEMEMORIAL_CD1rar(.rar) NroActua 54», archivo «DEMANDA GOMEZ PUERTO RAFAEL.PDF».
3 Samai, índice 54, expediente digital, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento

«58RECIBEMEMORIAL_ExpedienteDigitalPar(.pdf) NroActua 54», folio 77.
2

Radicación: 11001-03-25-000-2022-00571-00 (5100-2022)
Demandante: UGPP
Demandado: Carmen Efigenia Pérez Pinzón

TERCERO: ORDENAR el pago de la pensión de jubilación desde la fecha que adquirió
el estatus de pensionado, sin condicionamiento a su retiro del servicio.

CUARTO: NEGAR las excepciones propuestas por la Entidad demandada.

QUINTO: CONDÉNESE al pago de costas y agencias en derecho a LA PARTE
DEMANDADA, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.
Liquídense por Secretaría las costas del proceso.

SEXTO: DESE cumplimiento a la sentencia de conformidad con los artículos 187, 192
y 195 del C.P.A.C.A.4(Sic para la cita).

5. El juzgado fundamentó su decisión en que la Ley 33 de 1985 enumera ciertos
factores que integran la base de liquidación pensional, pero que dicha enumeración
no es taxativa. Por ello, pueden incluirse otros conceptos salariales efectivamente
devengados por el trabajador durante el último año de servicios, siempre que tengan
naturaleza salarial.

6. Sostuvo que en el caso en concreto el actor devengó diversos factores salariales
entre 2003 y 2012, incluyendo la asignación básica, la prima de servicios, la
bonificación de servicios, y las primas técnica, de navidad y vacacional, los cuales
no fueron considerados por la entidad al liquidar la pensión, pese a que esta
reconoció que el demandante adquirió el estatus de pensionado desde agosto de
2004. Así, concluyó que tiene derecho a la reliquidación de su mesada pensional
con inclusión de todos los factores salariales percibidos en ese periodo.

7. En lo que respecta a la fecha en que debía reconocerse la acreencia pensional
en la sentencia se indicó5 que aunque la resolución demandada fijó el estatus
pensional del actor desde el 12 de agosto de 2004, condicionó los efectos fiscales
de la pensión a su retiro del servicio, exigencia que no era aplicable en su caso
porque el cargo de coordinador que desempeñaba —código 5005, grado 23— lo
ubicaba dentro de los directivos docentes, sin que ello implicara la pérdida de su
calidad de educador, conforme al artículo 2 del Decreto 2277 de 1979.

8. Explicó que los docentes constituyen la única excepción a la regla general del
artículo 128 de la Constitución sobre incompatibilidad para devengar
simultáneamente dos asignaciones del Tesoro Público, y que la Ley 91 de 1989
mantiene vigente esa excepción, por lo que el actor tenía derecho a que su pensión
de jubilación se reconociera en servicio activo, sin la obligación de retirarse para
acceder a ella.

9. Finalmente, sobre la prescripción, el despacho aclaró que los derechos ciertos

4 Transcripción con posibles errores de ortografía y sintaxis propios del texto original.
5 Samai, índice 54, expediente digital, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«54RECIBEMEMORIAL_CD3rar(.rar) NroActua 54», archivo «20150216-210051.MP4», minuto 00:37:14.
3

Radicación: 11001-03-25-000-2022-00571-00 (5100-2022)
Demandante: UGPP
Demandado: Carmen Efigenia Pérez Pinzón

prescriben a los tres años, pero que la presentación de una solicitud pensional ante
la entidad interrumpe ese término. Ahora, consideró que como la pensión ya había
sido reconocida mediante Resolución núm. RDP 24284 del 28 de mayo de 2013 y la
solicitud fue presentada el 12 de agosto de 2012, no operaba la prescripción, razón
por la cual accedió a las pretensiones y se ordenó la reliquidación pensional a favor
del actor.

2.3. Recurso de apelación

2.3.2. La UGPP

10. La parte demandada del proceso ordinario —UGPP— interpuso recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia. Alegó que existen
pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia que establecen que el régimen
de transición previsto en la Ley 100 de 1993 únicamente incluye la edad, el tiempo
de servicios y el monto de la pensión, no así el IBL. Por el contrario, otras decisiones,
incluidas del Consejo de Estado, sostienen que el IBL sí hace parte del referido
régimen. Así, ante la falta de uniformidad sobre el particular, la Corte Constitucional
determinó que el régimen de transición no permite aplicar reglas relativas al ingreso
base de liquidación de la Ley 33 de 1985, ya que debe acudirse al inciso 3.º del
artículo 36 y al artículo 21 de la Ley 100 de 1993 para definir aquel.

11. Agregó que según la sentencia C-258 de 2013 de la Corte Constitucional, el IBL
no hace parte del régimen de transición y debe determinarse conforme al inciso 3.º
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, aplicando las reglas del nuevo régimen
general. Adicionalmente, destacó la obligatoriedad de la jurisprudencia
constitucional y la necesidad de que las autoridades administrativas apliquen sus
interpretaciones por el carácter vinculante de la ratio decidendi.

12. Señaló que las decisiones proferidas por el Consejo de Estado antes de la
expedición de la Ley 1437 de 2011 no tienen la calidad de sentencias de unificación.
Sostuvo que solo a partir de los artículos 270 y 271 del CPACA es posible identificar
fallos con fuerza vinculante y efectos extensivos. En ese sentido, consideró que la
sentencia del 4 de agosto de 2010, citada por la parte actora, no reúne los requisitos
para ser tratada como una decisión de unificación.

13. Manifestó que ante el conflicto interpretativo existente entre la Corte Suprema de
Justicia y el Consejo de Estado sobre la forma de liquidar las pensiones del régimen
de transición, la administración optó por acoger la alternativa que consideró más
acorde con la Constitución. En consecuencia, decidió mantener la aplicación del
inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y afirmó que a la parte actora se le
reconocieron todos los factores salariales permitidos por la ley; por ello, a su juicio,
no hay lugar a la reliquidación solicitada6.
6 Samai, índice 54, expediente digital, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«58RECIBEMEMORIAL_ExpedienteDigitalPar(.pdf) NroActua 54», folio 88.
4

Radicación: 11001-03-25-000-2022-00571-00 (5100-2022)
Demandante: UGPP
Demandado: Carmen Efigenia Pérez Pinzón

2.4. Sentencia de segunda instancia

14. La decisión de primera instancia fue revocada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 6 de diciembre
de 20187, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, en
los siguientes términos:

Primero.- Revocar la sentencia de dieciséis (16) de febrero de dos mil quince (2015),
proferida por el Juzgado Tercero (3º) Administrativo de Descongestión del Circuito de
Girardot que accedió a las súplicas de la demanda en el proceso instaurado por el señor
Rafael Gómez Puerto contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales (Ugpp), y en su lugar:

Negar las pretensiones de la demanda.

Segundo.- Sin condena en costas8(sic para la cita).

15. El Tribunal, en primer lugar, analizó la evolución jurisprudencial sobre la
interpretación del régimen de transición pensional previsto en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993. Adujo que inicialmente la Sección Segunda del Consejo de Estado en
la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, sostuvo que el IBL debía
calcularse teniendo en cuenta la totalidad de los factores salariales percibidos en el
último año de servicios, excluyendo únicamente aquellas sumas que no fueran
salario. Sin embargo, esta postura fue modificada por la Sala Plena de lo
Contencioso-Administrativo en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018.

16. Expuso que en el fallo 28 de agosto de 2018 proferido dentro del proceso 52001-
23-33-000-2012-00143-01, el Consejo de Estado concluyó que el IBL aplicable a los
beneficiarios del régimen de transición no es el previsto en el régimen anterior, sino
el contemplado en el inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Así, la Sala
Plena explicó que el propósito de la reforma pensional exige una lectura sistemática
del artículo 36, según la cual el régimen de transición garantiza condiciones
favorables para la edad, el tiempo de servicio y la tasa de reemplazo, pero no
preserva el ingreso base de liquidación del régimen anterior. Así, se reafirmó que el
IBL debe liquidarse con base en los factores sobre los cuales se cotizó al sistema
pensional.

17. Sostuvo que la aludida sentencia de unificación estableció las siguientes
subreglas: (a) cuando al afiliado le falten menos de diez años para pensionarse, el
IBL será el promedio de lo devengado en ese tiempo o lo cotizado durante toda la
vida laboral, el que resulte superior; y (b) si faltan más de diez años, el IBL
corresponde al promedio de los salarios de los últimos diez años, ambos actualizados
con base en el IPC certificado por el DANE. Además, precisó que solo pueden incluirse
7 Samai, índice 54, expediente digital, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«59RECIBEMEMORIAL_ExpedienteDigitalPar(.pdf) NroActua 54», folio 54.
8 Transcripción literal errores ortográficos.

5

Radicación: 11001-03-25-000-2022-00571-00 (5100-2022)
Demandante: UGPP
Demandado: Carmen Efigenia Pérez Pinzón

factores salariales respecto de los cuales se hayan efectuado aportes al Sistema
General de Pensiones.

18. Al descender al caso en concreto, señaló que se demostró que el demandante
estaba cobijado por el régimen de transición y cumplía los requisitos de edad, tiempo
de servicios y semanas cotizadas para acceder a la pensión bajo la Ley 33 de 1985.
No obstante, el IBL fue correctamente liquidado por la UGPP conforme al artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, criterio respaldado por la jurisprudencia unificada de 2018. Por
ello, el Tribunal concluyó que no procedía acceder a las pretensiones y revocó la
sentencia apelada, indicando que el a quo aplicó un criterio jurisprudencial superado.
Finalmente, no impuso costas por no evidenciarse temeridad ni mala fe.

2.5. Adición de la sentencia

19. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, a
través de la decisión del 16 de septiembre de 20199, aclaró la sentencia de segunda
instancia, en los siguientes términos:

Primero.- Aclarar el numeral primero de la sentencia de 6 de diciembre de 2018, en el
entendido que se revoca parcialmente la sentencia de fecha dieciséis (16) de febrero
de dos mil quince (2015), proferida por el Juzgado Tercero (3º) Administrativo de
Descongestión del Circuito de Girardot, esto, en lo relacionado con la reliquidación de
la pensión de jubilación del demandante con la inclusión de todos los factores salariales
devengados en el último año de servicios pero queda incólume lo decidido en primera
instancia frente a la pretensión del pago de la pensión de jubilación desde la fecha que
adquirió el status de pensionado, sin condicionamiento al retiro del servicio, de
conformidad con lo expuesto en esta providencia10(sic para la cita).

20. Indicó que la sentencia de primera instancia del 16 de febrero de 2015 abordó dos
asuntos: (a) la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año
de servicios para liquidar la pensión del docente, y (b) el reconocimiento de la pensión
de jubilación desde la fecha en que adquirió el estatus pensional (12 de agosto de
2004), sin condicionarlo al retiro del servicio. Sin embargo, al interponer la apelación,
la entidad demandada únicamente cuestionó la reliquidación de la pensión por los
factores salariales incluidos, sin controvertir el reconocimiento desde el momento en
que el actor adquirió la condición de pensionado.

21. Por el principio de congruencia, el Tribunal solo podía pronunciarse sobre lo
apelado, es decir, la reliquidación pensional, y por ello negó exclusivamente esa
pretensión acorde a lo solicitado en la alzada, dejando incólume el reconocimiento de
la pensión desde el estatus pensional otorgado por el juez de primera instancia. Por
estas razones, advirtió que la parte resolutiva de la sentencia de segunda instancia
incurrió en un error al negar la totalidad de las pretensiones, desconociendo que el

9 Samai, índice 54, expediente digital, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«59RECIBEMEMORIAL_ExpedienteDigitalPar(.pdf) NroActua 54», folio 109.
10 Transcripción con posibles errores de ortografía y sintaxis propios del texto original.

6

Radicación: 11001-03-25-000-2022-00571-00 (5100-2022)
Demandante: UGPP
Demandado: Carmen Efigenia Pérez Pinzón

reconocimiento desde 2004 no fue objeto de apelación; en consecuencia, esa
corporación aclaró que ese punto no podía ser modificado y permanece vigente.

3. Acción especial de revisión

3.1. Demanda

22. La UGPP, a través de apoderado, presentó demanda en ejercicio de la acción
especial de revisión11 contra la sentencia del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca antes referida. Invocó12 la causal del literal a) del artículo 20 de la
Ley 797 de 200313 y formuló las siguientes pretensiones:

(a) Infirmar la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral
de Descongestión de Girardot, del 16 de febrero de 2015, confirmada
parcialmente por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B en el fallo de 6 de diciembre de 2018 y aclarada por
la misma corporación judicial, en proveído de fecha 16 de septiembre de
2019, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento de derecho instaurado
por Rafael Gómez Puerto en contra de la UGPP en el proceso radicado
25307333375320140009300.

(b) Por lo anterior, solicitó que se declare que la UGPP no debe reconocer la
pensión de vejez desde la fecha que adquirió el estatus de pensionado, sin
condicionamiento al retiro del servicio, a favor del señor Rafael Gómez
Puerto.

23. A juicio de la parte recurrente se configura la causal a) toda vez que la orden
judicial violó el derecho al debido proceso de la UGPP, ya que la prestación fue

11
Samai, índice 3, expediente digital, actuación «DEMANDA POR VENTANILLA VIRTUAL», documento
«1_DemandaWeb_Demanda-Anexos(.pdf) NroActua 3».
12 Pese a que en algunos apartados se enuncia el literal b), la argumentación se desarrolló respecto al literal a),

así se indicó expresamente: «En el presente caso se configuran las causales previstas en el literal a del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, según las cuales procede la revisión de pensiones […]». De otro lado, concretamente
en las pretensiones, se reitera este aspecto: «Por configurarse la causal prevista en los literales a) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, según las cuales procede la revisión de pensiones: a) Cuando el reconocimiento se
haya obtenido con violación al debido proceso. Se persigue con el ejercicio del presente recurso de revisión, se
declaren las siguientes pretensiones […]»
13
«artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de
naturaleza pública. <apartes tachados inexequibles> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan
decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la
obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por
el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno
por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del
Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial
o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo
código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y
además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables».
7

Radicación: 11001-03-25-000-2022-00571-00 (5100-2022)
Demandante: UGPP
Demandado: Carmen Efigenia Pérez Pinzón

otorgada sin el cumplimiento de los requisitos legales y con afectación al erario,
dado que la Nación asume el pago de una pensión reconocida en tales condiciones.
Mediante la Resolución núm. RDP 24284 del 28 de mayo de 2013 se concedió al
señor Rafael Gómez Puerto una pensión de vejez equivalente al 75 % del IBL
calculado con el promedio de lo cotizado entre 2003 y 2012, considerando como
único factor la asignación básica y condicionando la efectividad al retiro del servicio.

24. Expuso que el causante era beneficiario del régimen de transición del artículo 36
de la Ley 100 de 1993, por tener más de 40 años al 1.º de abril de 1994. Por ello,
su pensión debía reconocer la edad, el tiempo de servicio y el monto previstos en la
Ley 33 de 1985, con el 75 % del IBL y los factores definidos en el Decreto 1158 de
1994. La entidad sostuvo que la liquidación pensional del beneficiario se ajustó a la
jurisprudencia constitucional y a la sentencia de unificación del Consejo de Estado
del 28 de agosto de 2018, conforme a la cual los beneficiarios del régimen de
transición que consolidaron su estatus pensional bajo la Ley 100 de 1993 deben
liquidar el IBL con el promedio de los últimos diez años, incluyendo únicamente los
factores salariales con incidencia pensional expresamente establecidos.

25. Aclaró que comparte la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en
cuanto a que el señor Gómez Puerto es beneficiario del régimen de transición y que
la prestación debía liquidarse con el promedio de lo devengado en los últimos diez
años, con los factores del Decreto 1158 de 1994. No obstante, considera que la
providencia que aclaró la sentencia omitió pronunciarse sobre la incompatibilidad
entre el salario y la pensión en el sector público, toda vez que, si bien se negó la
pretensión apelada, subsistió la orden de primera instancia de pagar la pensión
desde la fecha en que adquirió estatus pensional, sin condicionamiento al retiro del
servicio, a pesar de que ello desconoce el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el
artículo 1.º de la Ley 33 de 1985 y las reglas de incompatibilidad del Decreto 2277
de 1977.

26. A juicio de la entidad, el fallo del Juzgado Tercero Administrativo Oral de
Descongestión de Girardot —confirmado parcialmente— se aparta del
ordenamiento jurídico al ordenar el pago de la pensión desde la fecha en que se
adquirió el estatus pensional sin exigir retiro definitivo del servicio. Ello desconoce
que el causante desempeñó cargos incompatibles con la simultaneidad de la
pensión y el sueldo público, primero como directivo docente y luego como
profesional universitario, lo que obligaba a exigir su desvinculación para hacer
efectiva la prestación. Por estas razones, la entidad consideró que la decisión
judicial se encuentra en oposición a la normativa aplicable y debe ser revisada.

3.2. Actuaciones procesales relevantes

27. Por medio del auto del 9 de febrero de 2023 se admitió la demanda y se ordenó
notificar por estado a la entidad recurrente y personalmente a la señora Carmen

8

Radicación: 11001-03-25-000-2022-00571-00 (5100-2022)
Demandante: UGPP
Demandado: Carmen Efigenia Pérez Pinzón

Efigenia Pérez Pinzón14. Lo anterior, debido a que con ocasión del fallecimiento del
señor Rafael Gómez Puerto15, la UGPP, por medio de la Resolución núm. RDP 1382
del 25 de enero de 202116, reconoció la pensión de sobrevivientes a favor de la
anterior ciudadana.

28. Luego de surtido el trámite de notificación, mediante auto del 28 de agosto de
202417, una vez venció el término para que la parte accionada y el Ministerio Público
se pronunciaran sobre la admisión de la acción especial de revisión, se tuvieron
como prueba los documentos allegados con esta. En contra de dicha decisión la
parte accionada interpuso recurso de reposición, como quiera que en esa decisión
tuvo por no contestada la acción respecto de dicho extremo.

29. Por auto del 22 de septiembre de 202518 se repuso parcialmente y adicionó la
decisión en el sentido de tener como pruebas las aportadas con el escrito de
respuesta de la acción. Asimismo, se decretó la remisión del expediente de nulidad
y restablecimiento del derecho núm. 25307-33-33-753-2014-00093-01, por ello se
requirió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La anterior autoridad judicial
suministró respuesta, tal y como da cuenta el índice 54 del aplicativo SAMAI.

3.3. Contestación a la acción especial de revisión

30. La señora Carmen Efigenia Pérez Pinzón, por conducto de apoderado, explicó que
lo pretendido en el trámite de la referencia se centra en cuestionar el reconocimiento
y pago de la pensión de jubilación a partir del 12 de agosto de 2004, fecha en la que
el beneficiario adquirió el estatus de pensionado, sin condicionamiento al retiro del
servicio.

31. Recordó que el causante ejerció funciones como directivo docente en el CASD19 de
Girardot y que, luego de varios actos administrativos, la UGPP le reconoció pensión de
vejez mediante la Resolución RDP 024284 del 28 de mayo de 2013. Posteriormente,
el Juzgado Tercero Administrativo de Girardot declaró la nulidad parcial de dicho acto
dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y ordenó la reliquidación
pensional, junto con el pago retroactivo desde la fecha en que se consolidó el derecho
sin exigir el retiro del servicio. Esa decisión fue parcialmente revocada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca respecto de la reliquidación, pero mantuvo incólume
el reconocimiento del pago desde 2004, sin exigir el retiro del servicio para disfrutar
la prestación.

14
Samai, índice 6, expediente digital.
15 Samai, índice 3, expediente digital, actuación «DEMANDA POR VENTANILLA VIRTUAL», documento
«1_DemandaWeb_Demanda-Anexos(.pdf) NroActua 3» folio 20.
16 Samai, índice 3, expediente digital, actuación «DEMANDA POR VENTANILLA VIRTUAL», documento

«1_DemandaWeb_Demanda-Anexos(.pdf) NroActua 3» folio 100.
17 Samai, índice 34, expediente digital.
18 Samai, índice 48, expediente digital.
19 En los términos del escrito se refiere a la «Coordinadora del Área de Salud y Nutrición en el Centro de

Servicios Docentes CASD».
9

Radicación: 11001-03-25-000-2022-00571-00 (5100-2022)
Demandante: UGPP
Demandado: Carmen Efigenia Pérez Pinzón

32. En relación con la acción especial de revisión sustentada por la UGPP en la causal
prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el apoderado sostuvo
que la entidad no acreditó vulneración del debido proceso. Indicó que los
planteamientos de la recurrente se limitaron a reiterar una lectura propia del régimen
de transición y de la fecha de causación del derecho, sin demostrar la violación de
garantías procesales ni la existencia de irregularidades en las decisiones judiciales
objeto de revisión.

33. Precisó que la discusión relativa al pago de la pensión sin condicionamiento al
retiro del servicio no fue objeto del recurso de apelación promovido por la UGPP en el
proceso ordinario, por lo que dicho aspecto adquirió firmeza frente a la decisión
proferida en primera instancia. Además, destacó que, según la jurisprudencia del
Consejo de Estado, la acción especial revisión no constituye una tercera instancia, no
suple omisiones procesales de las partes y no procede para reabrir debates jurídicos
ya resueltos dentro del proceso ordinario.

34. Finalmente, reiteró que el causante ostentaba la calidad de docente, por lo que le
era aplicable el régimen de compatibilidad entre docencia y pensión, incluido el
precedente derivado de la inexequibilidad del artículo 70 del Decreto 2277 de 1979.
Con fundamento en ello, concluyó que la sentencia de primera instancia se ajustó al
ordenamiento jurídico y solicitó declarar infundado el recurso extraordinario de
revisión presentado por la UGPP, manteniendo en firme lo decidido en favor del
causante20.

4. Consideraciones

4.1. Competencia

35. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión
en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1.º, de la Ley 797 de 2003 y 249,
inciso 2, del CPACA21.

36. La Sección Segunda es competente para conocer de la acción especial de
revisión, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
201922, por tratarse de un asunto de carácter laboral.

20
Samai, índice 24, expediente digital.
21
«Artículo 249. Competencia. […] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas
por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la
materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces administrativos
conocerán los Tribunales Administrativos.
Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer de la solicitud
de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003».
22 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».

10

Radicación: 11001-03-25-000-2022-00571-00 (5100-2022)
Demandante: UGPP
Demandado: Carmen Efigenia Pérez Pinzón

4.2. Legitimación en la causa

37. La legitimación por activa y por pasiva se verifica a partir de las siguientes
circunstancias:

38. La UGPP se creó para asumir el reconocimiento de derechos pensionales
causados a cargo de las administradoras del Régimen de Prima Media del orden
nacional y de las entidades públicas del mismo carácter respecto de las cuales se
haya decretado su liquidación, como sucedió con la Caja Nacional de Previsión
Social EICE (art. 156 de Ley 1151 de 2007).

39. Ahora bien, el numeral 6 del artículo 6 del Decreto 5021 de 28 de diciembre de
200923, le asignó la función de adelantar la acción prevista en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003. Este precepto fue reiterado en el Decreto 575 de 201324.

40. A su vez, la Corte Constitucional, en sentencia SU-427 de 201625, indicó que la
UGPP tiene legitimación en la causa por activa para interponer el recurso de que trata
el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, «con el propósito de cuestionar las decisiones
judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho».

41. Por su parte, la señora Carmen Efigenia Pérez Pinzón está legitimada por pasiva,
dada su condición de sucesora procesal del demandante dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento en el que se dictó la sentencia cuya revisión se solicita.

4.3. Problema jurídico

42. Del análisis de los planteamientos expuestos en la demanda de revisión, estima
la Sala que la primera cuestión a resolver es la siguiente:

43. ¿Resulta procedente la acción especial de revisión del artículo 20 de la Ley 797
de 2003, para controvertir una decisión que no implicó el reconocimiento de sumas
de dinero que ostentan la característica de periódicas a cargo del tesoro público o
fondos de naturaleza pública?

44. En este orden de ideas, para resolver el problema planteado, la Sala analizará
las generalidades de la acción especial de revisión, además de la causal prevista
en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

23 Por el cual se establece la estructura y organización de la Unidad Administrativa Especial de Gestión

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP– y las funciones de sus dependencias.”
24 Por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones

Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y se determinan las funciones de sus dependencias”. De
conformidad con el numeral 6 del artículo 6 ejusdem, dentro de las funciones asignadas a la UGPP, está la de:
“6. Adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 o
normas que la adiciones o modifiquen.
25 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez

11

Radicación: 11001-03-25-000-2022-00571-00 (5100-2022)
Demandante: UGPP
Demandado: Carmen Efigenia Pérez Pinzón

4.4. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

4.4.1 Generalidades sobre la acción especial de revisión y la causal prevista
en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Reiteración de
jurisprudencia26

45. El recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación contra las
sentencias ejecutoriadas que constituye una excepción al principio de cosa juzgada.
Está regulado en los artículos 248 y siguientes del CPACA, y su ámbito de acción
está restringido a las causales taxativas previstas por el legislador, las cuales no
admiten interpretaciones extensivas27.

46. El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció una «acción especial»28, en la
que se facultó a determinadas entidades para pedir la revisión de las providencias
judiciales, transacciones o conciliaciones que ordenaron el reconocimiento de
sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública.

47. La norma en cita29 estableció como causales de procedencia las previstas para
el recurso extraordinario de revisión, que en el caso de la Jurisdicción de lo
Contencioso—Administrativo son las descritas en el artículo 250 de la Ley 1437 de
2011. Además, indicó que la referida acción procede por las siguientes
circunstancias:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso.
b) La cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley,

26
Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia del 2 de junio de 2022, exp. 11001-03-
15-000-2020-02983-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
27
Sobre las generalidades del recurso extraordinario de revisión pueden consultarse, entre otras sentencias:
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencias de 2 de marzo de 2010, exp. REV-
2001-00091, 6 de abril de 2010, exp. REV-2003-00678, 12 de julio de 2005, exp. REV-1997-00143-02, 14 de
marzo de 1995, exp. REV-078, 16 de febrero de 1995, exp. REV-070, 20 de abril de 1993, exp. REV-045 y 11
de febrero de 1993, exp. REV-037.
28 Cita original: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda, exp. 11001-03-

25- 000-2012-00561-00(2129-12), M.P. Gerardo Arenas Monsalve. 27 de marzo de 2014, accionante: Caja
Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo. Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés “ […] En este
orden, precisa la Sala que aunque se le haya asignado para su trámite el procedimiento del recurso
extraordinario de revisión, esto no quiere decir que sea equiparable a éste, esto en tanto, es claro que las
particularidades de la “acción especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan
una entidad propia, que se refleja principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional
y a los mecanismos de control –Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión, quienes eran terceros en
el proceso ordinario cuya revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el
patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]”(subrayas de la Sala).
Cfr., sentencia de 25 de febrero de 2022 dictada por la Sala Novena Especial de Decisión dentro del radicado
11001-03-15-000-2019-04468-00 REV. M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Entre otras, Sala Novena Especial
de Decisión sentencia de 22 de noviembre de 2021, exp. 11001-03-15- 000-2019-01749-00. M.P. Gabriel
Valbuena Hernández, Sala Veinticinco Especial de Decisión de sentencia de 21 de agosto de 2020, exp. 11001-
03-15-000-2019-03846-00 REV y sentencia de 8 de noviembre de 2021, exp. 11001-03-15-000-2020-04141-00
REV, M.P. Martha Nubia Velásquez Rico.
29 «La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el

respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo
código y además[…]».

12

Radicación: 11001-03-25-000-2022-00571-00 (5100-2022)
Demandante: UGPP
Demandado: Carmen Efigenia Pérez Pinzón

pacto o convención colectiva que legalmente son aplicables.

48. Laacción especial de revisión se debe tramitar a través del procedimiento
señalado para el recurso extraordinario de revisión; con todo, presenta elementos
que la caracterizan según la jurisprudencia del Consejo de Estado30 y de la Corte
Constitucional, a saber:

(a) Tiene por objeto controvertir las sentencias o conciliaciones que
reconocen sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza
pagadas con cargo al tesoro público y contrarrestar los casos de corrupción
en la materia31.

(b) La legitimación en la causa por activa es limitada porque para ejercerla se
requiere de un solicitante calificado32.

(c) No se extiende a reabrir el debate probatorio, sino a revisar el valor de las
pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito
de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de
velar por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez,
solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social33.

(d) No es una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho
a una prestación, pues se contrae, en especial, a revisar los aspectos
concernientes al reconocimiento del derecho cuando se concedió con
vulneración del debido proceso (literal a); y a la liquidación (literal b) en un
valor mayor al que corresponde34.

49. A partir de los antecedentes históricos, la acción de revisión originada en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 es un mecanismo que hace parte de la reforma
pensional establecida en la citada ley, con el fin de reducir el déficit fiscal para así
hacer viable financieramente el sistema pensional, conforme se lee en la exposición
de motivos. De modo que, sobre «[…] la revisión de providencias judiciales,
transacciones, conciliaciones judiciales o extrajudiciales que reconocieron sumas
periódicas o pensiones, se indicó que permite ‘afrontar los graves casos de
corrupción en esta materia y evitar los graves perjuicios que pueda sufrir la

30 Entre muchas otras, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Salas Especiales de

Decisión 19 y 9, sentencia del 18 de agosto de 2021, exp. 11001-03-15-000- 2020-03549-00, M.P. William
Hernández Gómez y sentencia del 22 de noviembre de 2021, exp. 11001-03-15-000-2019-01749-00, M.P.
Gabriel Valbuena Hernández.
41
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda – Subsección A, providencia
de 10 de agosto de 2017, exp. 25000-23-25-000-2002-05275-01, M.P. William Hernández Gómez.
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda – Subsección A, providencia

de 10 de agosto de 2017, M.P. William Hernández Gómez, exp. 25000-23-25-000-2002-05275-01.
32 Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.
33 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 4, sentencia del

1° de agosto de 2017, exp. 11001-03-15-000-2016-02022-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
34 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 19, sentencia de

18 de agosto de 2021, exp. 11001-03-15-000-2020-03549-00, M.P. William Hernández Gómez.
13

Radicación: 11001-03-25-000-2022-00571-00 (5100-2022)
Demandante: UGPP
Demandado: Carmen Efigenia Pérez Pinzón

Nación»35.

50. Ahora bien, respecto a las causales establecidas en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 200336, se tiene que, según la primera de ellas, la acción
especial de revisión es procedente en el evento en que la sentencia recurrida
reconoce una pensión con cargo al tesoro público o los fondos de naturaleza pública
con violación al debido proceso. Así, resulta necesario que la parte actora allegue
los elementos sobre los que sustenta su petición y acredite que el reconocimiento
pensional se efectuó con desconocimiento de las garantías constitucionales que
constituyen el derecho al debido proceso, conforme lo prevé el artículo 29 superior,
esto es, (i) el derecho al juez natural o funcionario competente; (ii) el derecho a ser
juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento; y (iii) las garantías de
audiencia y defensa37.

4.5. Análisis del caso concreto

51. Según lo expuesto en la demanda de revisión, el problema jurídico se formuló en
torno a si la acción especial de revisión resulta procedente cuando se invoca la
causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 —relativa a que
el reconocimiento pensional se haya obtenido con violación del debido proceso—,
aun cuando los argumentos del solicitante se orientan (a) recuperar sumas
dinerarias que materialmente, al momento de ejercerse la acción no revisten la
característica de una prestación periódica a cargo del tesoro público o fondos de
naturaleza pública.

52. Se indica que lo pretendido por la parte accionante no es controvertir una decisión
que reconozca una suma periódica de dinero, en la medida que al cuestionarse que
la sentencia acusada validó el reconocimiento simultáneo del derecho a la pensión
y al salario del señor Rafael Gómez Puerto, lo que en realidad reprochó fue la
determinación de pagar las anteriores acreencias de forma concomitante por el
tiempo en que aquel permaneció en el servicio docente, aunque dicha situación
finalizó cuando el ciudadano se retiró de la docencia oficial, lo que tuvo lugar antes
de que se promoviera el trámite de la referencia. Por esta razón, a juicio de la Sala,
con la acción especial no se busca que se deje de pagar una prestación periódica en
la forma ordenada por el fallo controvertido, sino recuperar lo cancelado con ocasión
de él. Lo anterior, teniendo en cuenta lo siguiente:

• A través de la Resolución 24284 del 28 de mayo de 2013 la UGPP reconoció
la pensión de jubilación en favor del señor Rafael Gómez Puerto.

35 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, auto de 27 de marzo de 2014,

exp. 11001-03-25-000-2011-00561-00 (2129-2012), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
36«[…]a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables».
37 Al respecto puede verse, entre otras decisiones, la sentencia dictada por la Sala Novena Especial de Decisión

el 22 de noviembre de 2021, exp. 11001-03-15-000-2019-01749-00, M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
14

Radicación: 11001-03-25-000-2022-00571-00 (5100-2022)
Demandante: UGPP
Demandado: Carmen Efigenia Pérez Pinzón

• El anterior ciudadano promovió proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con el fin de que se reliquidara su pensión. Además que se
reconociera de manera compatible con el salario como docente oficial.
• En primera instancia, el Juzgado 3 Administrativo de Descongestión accedió
a las pretensiones de la demanda.
• El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 6 de
septiembre de 2018, que se aclaró a través de providencia del 16 de
septiembre de 2019, revocó parcialmente el fallo de primera instancia, en
tanto determinó que la reliquidación solicitada no era procedente, pero dejó
incólume el reconocimiento de la pensión de forma compatible con el
salario, debido a que tal asunto no fue objeto del recurso de apelación
interpuesto por la UGPP.
• El señor Rafael Gómez Puerto falleció el 28 de septiembre de 202038 ,
circunstancia por la cual la UGPP, por medio de la Resolución núm. RDP 1382
del 25 de enero de 202139, reconoció la pensión de sobrevivientes a favor
de la señora Carmen Efigenia Pérez Pinzón.
• La acción especial de la referencia se ejerció el 25 de agosto de 2022,
esgrimiendo como argumento central, que la referida sentencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, fue incongruente al mantener el
reconocimiento de la pensión del señor Gómez Puerto de forma compatible
con el salario, aunque debió pronunciarse de fondo sobre este aspecto al
resolver el recurso de apelación.

53. De las anteriores circunstancias se destaca lo siguiente:

(a) La decisión judicial que se controvierte en esta oportunidad, confirmó el
reconocimiento de la pensión del señor Gómez Puerto en compatibilidad con el
salario, es decir, que mientras prestara el servicio docente, podía percibir las dos
acreencias con cargo al tesoro público.
(b) Cuando el anterior ciudadano falleció, por sustracción de materia desapareció la
posibilidad de continuar percibiendo su salario como docente y, por consiguiente, la
única prestación que debía seguirse reconociendo es la pensión en favor de sus
causahabientes.
(c) Cuando la UGPP acude a la acción especial de revisión solo se estaba pagando,
con cargo al tesoro público, la pensión de sobrevivientes sin la simultaneidad del
salario del causante. Por ende, con el proceso de la referencia, no puede
considerarse que se cuestiona que en lo sucesivo la pensión y la remuneración se
pagan de forma concomitante, sino la devolución de las sumas reconocidas desde
la fecha de adquisición del estatus pensional hasta la muerte.

54. La anterior precisión es relevante, en la medida en que la acción especial de

38 Samai, índice 3, expediente digital, actuación «DEMANDA POR VENTANILLA VIRTUAL», documento
«1_DemandaWeb_Demanda-Anexos(.pdf) NroActua 3» folio 20.
39 Samai, índice 3, expediente digital, actuación «DEMANDA POR VENTANILLA VIRTUAL», documento

«1_DemandaWeb_Demanda-Anexos(.pdf) NroActua 3» folio 100.
15

Radicación: 11001-03-25-000-2022-00571-00 (5100-2022)
Demandante: UGPP
Demandado: Carmen Efigenia Pérez Pinzón

revisión, según el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, tiene como finalidad controvertir
un tipo de decisión específica, esto es, las «que impongan al tesoro público o a
fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
pensiones de cualquier naturaleza», debido a que su finalidad consiste en
controvertir aquellas providencias cuyos efectos por extenderse en el tiempo
afectarían de manera continua y permanente el erario público, lo que a su vez
justifica que se extienda hasta por un término de 5 años (en los eventos de los
literales a y b del art. 20 ibidem), la posibilidad de controvertirlas por las
circunstancia excepcionales previstas por el legislador.

55. Bajo ese entendido, cuando a través del trámite de la referencia la UGPP
reprocha el reconocimiento de una pensión de forma compatible con el salario, para
momento en que la primera se está otorgando de forma pura y simple, porque el
supuesto de la compatibilidad desapareció (por el retiro del servicio docente del
titular, que se infiere de su fallecimiento), en realidad no se está dirigiendo la acción
contra una decisión que imponga al tesoro público la obligación de cubrir sumas
periódicas, es decir, que se continúen causando en el transcurso del tiempo, sino
una suma de dinero determinada, que no se continúa reconociendo (la
compatibilidad del salario y la pensión).

56. Ahora bien, lo anterior no significa que decisiones como la cuestionada por la
UGPP no puedan controvertirse a través de otros mecanismos judiciales, por
ejemplo, el recurso extraordinario de revisión, sino simplemente, que la acción
especial objeto de estudio fue diseñada para la revisión del referido tipo de condena.

57. En ese contexto, los argumentos que sustentan la acción de revisión se orientan,
en realidad, a la recuperación de sumas determinadas y delimitadas en el tiempo,
circunstancia que no se enmarca en la revisión de prestaciones periódicas a cargo
del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Por consiguiente, la pretensión
formulada desconoce la naturaleza y el alcance propios de la acción especial de
revisión prevista en la Ley 797 de 2003. En consecuencia, la Sala declarará
improcedente la presente acción.

4.6. Costas

58. El artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo prevé que «salvo en los procesos en que se ventile un interés público,
la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil», remisión que se entiende
al Código General del Proceso.

59. Por su parte, la Ley 2080 de 2021, en el artículo 47, adicionó un segundo inciso
en el sentido que «en todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas
cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de
fundamento legal».
16

Radicación: 11001-03-25-000-2022-00571-00 (5100-2022)
Demandante: UGPP
Demandado: Carmen Efigenia Pérez Pinzón

60. En este orden de ideas, en atención al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, no
se condenará en costas por la naturaleza del asunto, en la medida que se ventila
un interés público, pues la entidad legitimada pretende la salvaguarda del equilibrio
y sostenibilidad financiera del sistema general de pensiones, propósito que motivó
al legislador de 2003 para estatuir ese mecanismo especial de revisión contra
sentencias que ordenan un reconocimiento pensional en detrimento del erario40. Por
lo tanto, en el caso concreto, no habrá lugar a imponer dicha condena.

4.7. Conclusión

61. En consideración a lo expuesto, la Sala declarará improcedente la acción
especial de revisión, por cuanto los fundamentos de la pretensión no se
corresponden a la naturaleza de ese mecanismo de impugnación, previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

5. Otras decisiones - reconocimiento de personería

62. Se reconocerá personería al abogado Cristian Felipe Muñoz Ospina identificado
con la cédula de ciudadanía 75.096.530 y tarjeta profesional 131.246 del Consejo
Superior de la Judicatura, para actuar como apoderado de la UGPP, en los términos
del poder otorgado en la escritura pública 139 de 18 de enero de 202241.

6. Decisión

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Declarar improcedente la acción especial de revisión presentada por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social, con el fin de que se infirme la sentencia del 6 de diciembre
de 2018 y su decisión aclaratoria del 16 de septiembre de 2019, proferidas por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el número
25307-33-33-753-2014-00093-00/01.

Segundo. Sin condena en costas.

40 Consejo de Estado, Sala Novena Especial de Decisión, sentencia del 22 de noviembre de 2021, exp. 11001-

03-15-000-2019-01749-00, M.P. Gabriel Valbuena Hernández; sentencia del 2 de junio de 2022 proferida por la
Sala Veintidós Especial de Decisión, exp. 11001-03-15-000-2020-02983-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra;
Sala Diecisiete Especial de Decisión, sentencia del 5 de junio de 2023, exp. 11001-03-15-000-2021-06622-00,
M.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
41 Samai, índice 56.

17

Radicación: 11001-03-25-000-2022-00571-00 (5100-2022)
Demandante: UGPP
Demandado: Carmen Efigenia Pérez Pinzón

Tercero. Reconocer personería al abogado Cristian Felipe Muñoz Ospina, para
actuar como apoderado de la UGPP, en los términos del poder otorgado.

Cuarto. Archivar el expediente de la acción especial de revisión, previas las
anotaciones en el aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

18

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