RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-25-000-2021-00667-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00667-00

Fecha
6 de febrero de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00667-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. DECLARAR FUNDADA parcialmente la acción especial de revisión presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, contra la sentencia del 20 de agosto de 2020 del Tribunal Administrativo de Santander, proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 68001-33-33-003-2017-00053-02. 53 Consejo de Estado, Sala Novena Especial de Decisión, sentencia del 22 de noviembre de 2021, Rad. 11001-03- 15-000-2019-01749-00, M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia del 2 de junio de 2022, Rad. 11001-03-15-000-2020-02983-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra. Consejo de Estado, Sala Diecisiete Especial de Decisión, sentencia del 5 de junio de 2023, Rad. 11001-03-15-000- 2021-06622-00, M.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. 21 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001-03-25-000-2021-00667-00 (3446-2021) Demandante: UGPP Demandado: Jaime Almeyda Rodríguez SEGUNDO. En consecuencia, se INFIRMA parcialmente la sentencia del 20 de agosto de 2020 dictada por el Tribunal Administrativo de Santander, para en su lugar, disponer lo siguiente: PRIMERO. CONFIRMAR parcialmente la sentencia del 14 de diciembre de 2018 proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga. SEGUNDO. MODIFICAR los numerales primero y segundo de la parte resolutiva de la anterior providencia, que quedarán así: PRIMERO. DECLARAR la nulidad parcial de la Resolución No. RDP 036672 del 29 de septiembre de 2016 y la nulidad de la Resolución No. RDP 041933 del 3 de noviembre de 2016 y RDP 004596 del 8 de febrero de 2017, por medio de las cuales, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-, ordenó el reconocimiento y pago de la pensión vitalicia de jubilación al señor Jaime Almeyda Rodríguez, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2021-00667-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

6 de febrero de 2025

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00667-00 (3446-2021)
Demandante: UGPP
Demandado: Jaime Almeyda Rodríguez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00667-00 (3446-2021).
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social.
Demandado: Jaime Almeyda Rodríguez.
Asunto: Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003.

Tema: causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 248 a 255 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se procede a dictar
sentencia en el marco de la acción especial de revisión1 prevista en el artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, contra la sentencia del 20 de agosto de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander2, que confirmó la providencia del 14 de diciembre
de 2018 dictada por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de
Bucaramanga, que concedió las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social (en adelante UGPP) solicita que se infirme la sentencia del
Tribunal Administrativo de Santander antes mencionada, puesto que considera que
incurrió en la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Lo
anterior, porque en su criterio, Jaime Almeyda Rodríguez no tiene derecho a la
reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión en el ingreso base de
liquidación de todos los factores devengados en el último año de servicios, puesto que
este debe establecerse según lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100
de 1993.

II. ANTECEDENTES

2.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

1.Jaime Almeyda Rodríguez, en ejercicio del medio de control previsto en el artículo
138 del CPACA, presentó demanda contra la UGPP. Lo anterior, con el fin de que se

1 Así la ha denominado la jurisprudencia de esta Corporación, entre otras decisiones: Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Segunda, providencia de 27 de marzo de 2014, rad. núm.: 11001-03-25-000-2012-00561-
00(2129-12) REV, M.P. Gerardo Arenas Monsalve y Sala Novena Especial de Decisión, sentencia de 25 de febrero
de 2022, rad. núm.: 11001-03-15-000-2019- 04468-00 REV, M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
2 M.P. Rafael Gutiérrez Solano, demandante: Jaime Almeyda Rodríguez, demandado: UGPP, rad. núm.: 68001-

33-33-003-2017-00053-02.
1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00667-00 (3446-2021)
Demandante: UGPP
Demandado: Jaime Almeyda Rodríguez

declarara la nulidad parcial de las resoluciones núm. RDP036672 del 29 de septiembre
de 2016 y RDP041933 del 3 de noviembre del mismo año. Por medio de estos actos,
la mencionada entidad ordenó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a
favor del entonces demandante, con el 75% del promedio de la asignación básica
devengada en los últimos 10 años de servicio, en una cuantía equivalente a
$2.703.158.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara a la parte
demandada reconocer y pagar a su favor la pensión de jubilación de conformidad con
lo dispuesto en el régimen especial de los funcionarios judiciales, es decir, con el 75%
del salario más alto devengado en el último año de servicio y con la inclusión de todos
los factores salariales devengados. Así mismo, pidió que se efectuara el reajuste
pensional debidamente indexado.

2.2. Sentencia de primera instancia3

3. El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga, en sentencia
del 14 de diciembre de 2018, declaró la nulidad parcial de las resoluciones demandadas.
En consecuencia, le ordenó a la UGPP que reliquidara la pensión de jubilación del
entonces demandante en un porcentaje equivalente al 75% de la totalidad de los
factores devengados y cotizados al sistema de seguridad social en pensiones en el
último año de servicio. De igual forma, condenó en costas a la parte demandada.

4. La referida autoridad judicial expuso que el señor Almeyda Rodríguez era beneficiario
del régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993, en la medida en que, a la
fecha de entrada en vigencia, tenía 42 años de edad y 1658 semanas de servicio. Por
esa razón, precisó que tenía derecho a que su pensión fuera reconocida y liquidada de
conformidad con el régimen especial dispuesto en el Decreto 546 de 1971, por cuanto
el último cargo que desempeñó fue el de juez civil municipal.

5. Por otro lado, explicó que esta corporación dictó sentencia de unificación el 28 de
agosto de 2018, por medio de la cual cambió el precedente establecido en el fallo de
unificación del 4 de agosto de 2010, en relación con las reglas aplicables al IBL de las
pensiones de los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993. Así,
indicó que en aplicación de esa jurisprudencia, la liquidación de la pensión del señor
Almeyda Rodríguez debía incluir los factores salariales sobre los cuales se hubiesen
efectuado aportes o cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones.

6. En ese orden, declaró la nulidad de los actos demandados y ordenó que se reliquidara
la pensión con la inclusión del sueldo básico, la prima especial de servicios, y las
bonificaciones por actividad judicial, judicial y por servicios prestados. Lo anterior, debido
a que tales conceptos fueron devengados por el demandante y sobre ellos se realizaron
los respectivos aportes al sistema de seguridad social.

2.3. Sentencia de segunda instancia4

7.El Tribunal Administrativo de Santander, en sentencia del 20 de agosto de 2020,
confirmó la decisión de primera instancia en su integridad y condenó en costas a la parte

3 Samai, índice 3, archivo «6_DemandaWeb_Demanda-ANEXOS3(.pdf) NroActua 3», páginas 8 a 18.
4 Samai, índice 3, archivo «6_DemandaWeb_Demanda-ANEXOS3(.pdf) NroActua 3», páginas 20 a 28.

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00667-00 (3446-2021)
Demandante: UGPP
Demandado: Jaime Almeyda Rodríguez

demandada.

8. Como fundamentos de su decisión, la referida autoridad judicial expuso que el señor
Almeyda Rodríguez era beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993,
porque a la fecha de entrada en vigor —1 de abril de 1994— tenía más de 40 años.
Indicó que el régimen aplicable al reconocimiento de su pensión era el previsto en el
artículo 6 del Decreto 546 de 1971, como quiera que laboró como servidor público de la
Rama Judicial. Precisó que esa norma exigía haber cumplido 50 años de edad y 20 años
de servicio continuos o discontinuos, de los cuales por lo menos 10 debían haberse
prestado al servicio de la Rama Judicial o del Ministerio Público.

9. En ese orden, al estudiar las pruebas aportadas al expediente, concluyó que tales
requisitos fueron cumplidos por el señor Almeyda Rodríguez para el reconocimiento de
su pensión. Lo anterior, en la medida en que cumplió 50 años el 21 de mayo de 2001 y
laboró al servicio de la Rama Judicial por más de 20, desde el 1 de septiembre de 1983
hasta el 31 de julio de 2016, en el cargo de juez séptimo civil municipal.

10. En cuanto a la definición del IBL, precisó que se debían aplicar las reglas
establecidas en la sentencia del 11 de junio de 2020, en la que la Sección Segunda del
Consejo de Estado unificó su jurisprudencia en relación con el régimen de transición de
la Ley 100 de 1993 para los servidores de la Rama Judicial y del Ministerio Público. Así,
indicó que se debía tener en cuenta lo siguiente:

(i) Respecto del periodo, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales
hubiera cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la
pensión, en caso de que le hiciere falta más de 10 años para la adquisición del
estatus pensional; o, el promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciere falta,
o el cotizado durante todo el tiempo —el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en el IPC certificado por el DANE—, en caso de que le hiciere
falta menos de 10 años para la adquisición del estatus pensional.

(ii) En cuanto a los factores, los establecidos en los artículos 1 del Decreto 1158
de 1994, 14 de la Ley 4 de 1992 —modificado por la Ley 332 de 1996—, 1 del
Decreto 610 de 1998, 1 del Decreto 1102 de 2012, 1 del Decreto 2460 de 2006, 1
del Decreto 3900 de 2008 y 1 del Decreto 383 de 2013.

11. En ese orden de ideas, al resolver el caso concreto, precisó, por un lado, que «el
periodo a aplicar para liquidar la pensión de jubilación [era] el promedio de los salarios
o rentas sobre los cuales [cotizó] el afiliado durante el tiempo que le hacía falta para
adquirir el [e]status de pensionado, o el cotizado durante todo el tiempo de servicios»5,
en la medida en que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, le hacía falta menos
de 10 años para adquirir la condición de pensionado. Por otro, que los factores que se
debían tener en cuenta eran la asignación básica, la bonificación por servicios
prestados establecida en el Decreto 1158 de 1994, la prima especial prevista en la
Ley 332 de 1996, la bonificación judicial del Decreto 383 de 2013 y la bonificación
por actividad judicial establecida en el Decreto 3900 de 2008.

12.Concluyó que la decisión de primera instancia fue acertada y debía confirmarse, por
cuanto ordenó la reliquidación de la pensión de Jaime Almeyda Rodríguez en los

5 Samai, índice 3, archivo «6_DemandaWeb_Demanda-ANEXOS3(.pdf) NroActua 3», páginas 20 a 28.

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00667-00 (3446-2021)
Demandante: UGPP
Demandado: Jaime Almeyda Rodríguez

términos expuestos.

III. ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN

3.1. Demanda6

13. La UGPP, por medio de apoderado, presentó demanda en ejercicio de la acción
especial de revisión contra la sentencia del 20 de agosto de 2020 del Tribunal
Administrativo de Santander. En su escrito, planteó la causal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 20037 y formuló las siguientes pretensiones:

(i) Que se revoque la sentencia cuestionada.

(ii) Que se ordene la reliquidación y pago de la pensión de jubilación de Jaime Almeyda
Rodríguez de acuerdo con las reglas previstas en las sentencias C-168 de 1995, C-
258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017, T-039 de 2018 de
la Corte Constitucional, y en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018
dictada por la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo del Consejo de Estado.

(iii) Que se condene al señor Almeyda Rodríguez a reintegrar a la UGPP la totalidad
de los dineros percibidos y recibidos en exceso por la reliquidación de la mesada
pensional, en virtud de las órdenes que fueran impartidas en la sentencia objeto de
revisión.

14. La parte recurrente manifestó que la reliquidación de la pensión en los términos
del artículo 6 del Decreto 546 de 1971 excede lo debido de acuerdo con la ley. Al
respecto, precisó que el IBL debía ser calculado de conformidad con el régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, es decir, con el 75% del promedio de lo devengado
en los últimos 10 años de servicio o el tiempo que le hiciere falta para adquirir el
derecho, y con los factores establecidos en el Decreto 1158 de 1994.
15. Por otro lado, indicó que con ocasión de la indebida aplicación del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, se configuró un «abuso palmario del derecho», debido a que el
señor Almeyda Rodríguez obtuvo ventajas irrazonables que generaron una afectación
al erario. Así, afirmó que era necesario que se ordenara la correcta liquidación de la
prestación, con el promedio de lo percibido en los últimos 10 años de servicio.

6 Samai, índice 3, archivo «2_DemandaWeb_Demanda-DEMANDA(.pdf) NroActua 3».
7 Ley 797 de 2002, artículo 20. «Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de

fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten
reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas
periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte
Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o
del Procurador General de la Nación. // La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de
una transacción o conciliación judicial o extrajudicial. // La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para
el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales
consagradas para este en el mismo código y además: // a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación
al debido proceso, y // b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto
o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00667-00 (3446-2021)
Demandante: UGPP
Demandado: Jaime Almeyda Rodríguez

3.2. Actuaciones procesales relevantes

16.Esta corporación, mediante auto del 24 de agosto de 20238, admitió la acción
especial de revisión interpuesta por la UGPP, y ordenó notificar personalmente a Jaime
Almeyda Rodríguez y al Ministerio Público. El Ministerio Público guardó silencio.

17. Jaime Almeyda Rodríguez, por medio de apoderado9, se opuso a las pretensiones
de la acción especial de revisión presentada por la UGPP10. En síntesis, manifestó que
el escrito de demanda no cumplió con la carga argumentativa para demostrar la
configuración de la causal invocada, y que en esa medida había sido presentada para
que se surtiera una tercera instancia del proceso ordinario. Afirmó que la entidad no
demostró la existencia de una «desviación significativa» que afectara el erario, y que la
decisión cuestionada fue dictada en observancia de las reglas establecidas en la
jurisprudencia unificada de esta corporación. Por lo anterior, solicitó que se negaran las
pretensiones de la demanda.

18. Posteriormente, y una vez vencido el término previsto para que la parte recurrida
y el Ministerio Público se pronunciaran, esta corporación dictó auto el 28 de agosto de
202411, en el que abrió la etapa probatoria del proceso, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 254 del CPACA. También indicó que tendría como pruebas los
documentos que fueron aportados al expediente y ordenó que se corriera traslado de
aquellos, de conformidad con el artículo 110 del Código General del Proceso (CGP) y
ordenó su notificación en los términos del artículo 205 del CPACA.

19. La Secretaría General de la Sección Segunda de esta corporación corrió traslado
de las pruebas aportadas al expediente, el 2 de diciembre de 2024, por el término de
3 días12. Cumplida esta actuación, el expediente pasó al despacho de la magistrada
ponente para fallo13.

IV. CONSIDERACIONES

4.1. Competencia

20. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión en
virtud de lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y en el inciso
2 del artículo 249 del CPACA. A su vez, la Sección Segunda es competente para
conocer de la acción especial de revisión, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13
del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 201914, por tratarse de un asunto de carácter
laboral.

4.2. Oportunidad

21. El ultimo inciso del artículo 251 del CPACA establece que «[e]n los casos previstos
en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los

8 Samai, índice 7, archivo «AUTOQUEADMITERECURSOEXTRAORDINARIODEREVISION(.doc) NroActua 7».
9 Samai, índice 7, archivo «18_MemorialWeb_Poder-PODERJAIMEPDF(.pdf) NroActua 17».
10 Samai, índice 17, archivo «18_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-COMPLETORAD20216(.pdf) NroActua
17».
11 Samai, índice 22, archivo «25Autoquedecret_34462021ABREPERIODOP(.pdf) NroActua 22».
12 Samai, índice 35, archivo «41TRASLADO_34462021pdf(.pdf) NroActua 35».
13 Samai, índice 38, archivo «44ALDESPACHOPAR_34462021pdf(.pdf) NroActua 38».
14 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».

5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00667-00 (3446-2021)
Demandante: UGPP
Demandado: Jaime Almeyda Rodríguez

cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de
que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del
perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio».

22. En el presente asunto, la sentencia del 20 de agosto de 2020 proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander fue notificada por correo electrónico enviado el 25 del mismo
mes y año15, y quedó ejecutoriada el 1 de septiembre de 2020. Lo anterior, de
conformidad con el auto de unificación del 29 de noviembre de 202216 de esta
corporación, según el cual, la notificación de las sentencias por vía electrónica se
entiende realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del
mensaje y los términos empiezan a correr al día siguiente. Por su parte, la acción especial
de revisión fue presentada el 8 de octubre de 202117, es decir dentro del término previsto
en la norma mencionada.

4.3. Legitimación en la causa

23. La legitimación en la causa por activa y por pasiva se verifica a partir de las
siguientes circunstancias:

24. La UGPP se creó con el fin de asumir el reconocimiento de derechos pensionales
causados a cargo de las administradoras del régimen de prima media del orden
nacional y de las entidades públicas del mismo carácter, respecto de las cuales se
haya decretado su liquidación como sucedió con la Caja Nacional de previsión social
EICE (art. 156 de la Ley 1151 de 2007).

25. Ahora bien, el numeral 6 del artículo 6 del Decreto 5021 de 2009 18 asignó a la
UGPP la función de adelantar la acción prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003; disposición que fue reiterada en el Decreto 575 de 201319. A su vez, la Corte
Constitucional, en sentencia SU-427 de 2016, indicó que la UGPP tiene legitimación
en la causa por activa para interponer el recurso de que trata el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, «con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se
haya incurrido en un abuso del derecho».

26. Por su parte, Jaime Almeyda Rodríguez está legitimado en la causa por pasiva,
dada su condición de demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho en el que se dictó la sentencia cuya revisión fue solicitada en este trámite.

15 Samai, índice 32, página 563 del archivo «2017-053 EXPEDIENTE ESCANEADO.pdf» contenido en el enlace

«One Drive: 2017-053», que se encuentra en el archivo «38_MemorialWeb_Respuesta-RespuestaCEREVISIO
(.pdf) NroActua 32».
16 CGP, artículo 302. «Ejecutoria. Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez

notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos. // No obstante, cuando se pida aclaración o
complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud. // Las que sean
proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas, cuando carecen de
recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda
ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos».
17 Samai, índice 3, archivo «1_DemandaWeb_Demanda-CORREOENVIODEMANDAYANEXOSALDEMANDADO

(.pdf) NroActua 3».
18 «Por el cual se establece la estructura y organización de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional

y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP– y las funciones de sus dependencias».
19 «Por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones

Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y se determinan las funciones de sus dependencias».
6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00667-00 (3446-2021)
Demandante: UGPP
Demandado: Jaime Almeyda Rodríguez

4.4. Problema jurídico

27. De acuerdo con los planteamientos expuestos en la demanda de revisión que
propuso la UGPP, corresponde a la Sala determinar si la sentencia cuestionada
incurrió en la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Para ello, se deberá dar
respuesta al siguiente problema jurídico: ¿la pensión de vejez reconocida a Jaime
Almeyda Rodríguez se reliquidó en una cuantía superior a la prevista por la ley,
teniendo en cuenta que, a juicio de la parte actora, no se calculó de conformidad con
el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y la interpretación que sobre esta
norma han hecho la Corte Constitucional y el Consejo de Estado?

28. En este orden de ideas, para resolver el problema planteado, la Sala analizará las
generalidades de la acción especial de revisión, además de las causales previstas en
los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, y luego resolverá el caso
concreto.

4.4. Generalidades sobre la acción especial de revisión y las causales previstas
en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Reiteración de
jurisprudencia20

29. El recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación contra las
sentencias ejecutoriadas, que constituye una excepción al principio de cosa juzgada.
Está regulado en los artículos 248 y siguientes del CPACA, y su ámbito de acción está
restringido a las causales taxativas previstas por el legislador, las cuales no admiten
interpretaciones extensivas21.

30. El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció una «acción especial» 22, en la que
se facultó a determinadas entidades para pedir la revisión de las providencias
judiciales, transacciones o conciliaciones que ordenaron el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. La norma en
cita estableció expresamente las causales de procedencia, así:

20 Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia del 2 de junio de 2022, Rad. 11001-03-15-

000-2020-02983-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
21 Sobre las generalidades del recurso extraordinario de revisión pueden consultarse, entre otras sentencias:

Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 2 de marzo de 2010, Rad. REV-
2001-00091; 6 de abril de 2010, Rad. REV-2003-00678; 12 de julio de 2005, Rad. REV-1997-00143-02; 14 de
marzo de 1995, Rad. REV-078; 16 de febrero de 1995, Rad. REV-070; 20 de abril de 1993, Rad. REV-045; y 11 de
febrero de 1993, Rad. REV-037.
22 Cita original, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, providencia del 27

de marzo de 2014, Rad. 11001-03-25-000-2012-00561-00 (2129-12), M.P. Gerardo Arenas Monsalve en la que se
indicó «[…] En este orden, precisa la Sala que aunque se le haya asignado para su trámite el procedimiento del
recurso extraordinario de revisión, esto no quiere decir que sea equiparable a éste, esto en tanto, es claro que las
particularidades de la “acción especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una
entidad propia, que se refleja principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a
los mecanismos de control –Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión, quienes eran terceros en el
proceso ordinario cuya revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el
patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]»(subrayas de la Sala).
Cfr., Consejo de Estado, Sala Novena Especial de Decisión, sentencia de 25 de febrero de 2022, Rad. 11001-03-
15-000-2019-04468-00 REV, M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Consejo de Estado, Sala Novena Especial de
Decisión, sentencia de 22 de noviembre de 2021, Rad. 11001-03-15- 000-2019-01749-00, M.P. Gabriel Valbuena
Hernández. Consejo de Estado, Sala Veinticinco Especial de Decisión, sentencia de 21 de agosto de 2020, Rad.
11001-03-15-000-2019-03846-00 REV, M.P. Martha Nubia Velásquez Rico. Consejo de Estado, Sala Veinticinco
Especial de Decisión, sentencia de 8 de noviembre de 2021, Rad. 11001-03-15-000-2020-04141-00 REV., M.P.
Martha Nubia Velásquez Rico.
7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00667-00 (3446-2021)
Demandante: UGPP
Demandado: Jaime Almeyda Rodríguez

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso.

b) La cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley,
pacto o convención colectiva que legalmente son aplicables.

31. La acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado
para el recurso extraordinario de revisión; con todo, presenta elementos que la
caracterizan según la jurisprudencia del Consejo de Estado23 y de la Corte
Constitucional, a saber:

(i) Tiene por objeto controvertir las sentencias o conciliaciones que reconocen sumas
periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza pagadas con cargo al tesoro
público y contrarrestar los casos de corrupción en la materia24.

(ii) La legitimación en la causa por activa es limitada porque para ejercerla se requiere de
un solicitante calificado25.

(iii) No se extiende a reabrir el debate probatorio, sino a revisar el valor de las pensiones
reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el
equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los
recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema
de Seguridad Social26.

(iv) No es una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una
prestación, pues se contrae a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del
derecho (literal a) cuando se concedió con vulneración del debido proceso; y a la
liquidación (literal b) en un valor mayor al que corresponde27.

32. A partir de los antecedentes históricos, la acción de revisión originada en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003 es un mecanismo que hace parte de la reforma pensional
establecida en la citada ley, con el fin de reducir el déficit fiscal para así hacer viable
financieramente el sistema pensional, conforme se lee en la exposición de motivos. De
modo que, sobre «[…] la revisión de providencias judiciales, transacciones,
conciliaciones judiciales o extrajudiciales que reconocieron sumas periódicas o
pensiones, se indicó que permite “afrontar los graves casos de corrupción en esta
materia y evitar los graves perjuicios que pueda sufrir la Nación”»28.

33. Ahora bien, respecto a las causales establecidas en los literales a) y b) del artículo
20 de la Ley 797 de 200329, se tiene que, según la primera de ellas, la acción especial

23 Entre muchas otras, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Salas Especial de Decisión

Diecinueve, sentencia del 18 de agosto de 2021, Rad. 11001-03-15-000-2020-03549-00. M.P. William Hernández
Gómez. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Salas Especial de Decisión Nueve,
sentencia de sentencia del 22 de noviembre de 2021, Rad. 11001-03-15-000-2019-01749-00, M.P. Gabriel
Valbuena Hernández.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección A, providencia de 10

de agosto de 2017, Rad. 25000-23-25-000-2002-05275-01, M.P. William Hernández Gómez.
25 Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.
26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia

del 1 de agosto de 2017, Rad. 11001-03-15-000-2016-02022-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez.
27 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión,

sentencia de 18 de agosto de 2021, Rad. 11001-03-15-000-2020-03549-00, M.P. William Hernández Gómez.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, auto de 27 de marzo de 2014,

Rad. 11001-03-25-000-2011-00561-00 (2129-2012), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
29«[…]a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y // b) Cuando la cuantía del

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00667-00 (3446-2021)
Demandante: UGPP
Demandado: Jaime Almeyda Rodríguez

de revisión es procedente en el evento en que la sentencia recurrida reconoce una
pensión con cargo al tesoro público o los fondos de naturaleza pública con violación al
debido proceso. Así, resulta necesario que la parte actora allegue los elementos sobre
los que sustenta su petición y acredite que el reconocimiento pensional se efectuó con
desconocimiento de las garantías constitucionales que constituyen el derecho al
debido proceso, conforme lo prevé el artículo 29 superior, esto es, (i) el derecho al juez
natural o funcionario competente; (ii) el derecho a ser juzgado según las formas de
cada juicio o procedimiento; y (iii) las garantías de audiencia y defensa 30.

34. En cuanto a la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
esta corporación ha explicado lo siguiente:

«[…] El literal b) de la Ley 797 de 2003 prevé que las pensiones con cargo al erario
deben ser revisadas “Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables”.

De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto que condujo a la expedición de la
Ley 797 de 2003, la causal obedeció a la necesidad “[…] de construir esquemas sociales
solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos
los ciudadanos […]”.

En efecto, uno de los principales propósitos de esta Ley y, en particular, del artículo 20
Ibidem, era el de reducir el déficit fiscal y hacer del sistema pensional un sistema posible,
realizable, en términos económicos, de tal forma que fuera posible la revisión, entre
otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía excediera lo debido de acuerdo
con las normas vigentes. En ese orden de ideas, las causales de procedencia de la
acción de revisión deben interpretarse de conformidad con la teleología a la que
responde dicho instrumento procesal.

En sentido similar, esta Corporación explicó que la causal se erige como una herramienta
legal útil, que persigue fortalecer el principio de la moralidad administrativa y que permite
corregir los reconocimientos pensionales que se han efectuado en exceso y que afectan
los principios que orientan el Sistema General de Pensiones, en especial, el principio de
solidaridad y equilibrio financiero.

A lo anterior se suma que el sistema pensional debe ser sostenible fiscalmente, de tal
forma que garantice la estabilidad a largo plazo de las finanzas públicas y se procure el
cumplimiento de los principios de rentabilidad, sostenibilidad y conveniencia, en cuanto
a la determinación del gasto, de tal forma que prevalezca el interés general sobre el
particular»31.

35. En este orden de ideas, la acción de revisión no permite plantear nuevamente el
debate de la instancia ni subsanar falencias en la actuación, sino que su finalidad
consiste en la revisión de los reconocimientos pensionales o de prestaciones
periódicas que afectan la sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones.

derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables».
30 Al respecto puede verse, entre otras decisiones: Consejo de Estado, Sala Novena Especial de Decisión,

sentencia del 22 de noviembre de 2021, Rad. 11001-03-15-000-2019-01749-00, M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
31 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia

de 5 de febrero de 2019, Rad. 11001-03-15-000-2018-001884-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00667-00 (3446-2021)
Demandante: UGPP
Demandado: Jaime Almeyda Rodríguez

36. Cabe destacar que la causal b), al señalar que la acción especial de revisión
procede «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido según la ley,
pacto, o convención colectiva que le eran legalmente aplicables», permite que se
verifique la suma de la prestación otorgada, más no que se determine si procede o no
el reconocimiento del derecho.

4.5. Análisis del caso concreto

37. Según lo expuesto en la demanda de revisión, el problema jurídico propuesto se
formuló alrededor de si la reliquidación de la pensión de vejez reconocida al señor
Almeyda Rodríguez se obtuvo en una cuantía superior a la prevista en la ley, porque
a juicio de la UGPP, la pensión no se liquidó de conformidad con el inciso 3 del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 y la interpretación que han hecho la Corte Constitucional y
el Consejo de Estado de esta norma.

38. Ahora bien, con el objeto de resolver el interrogante planteado, en el caso concreto
se encuentran acreditados los siguientes hechos:

(i) Jaime Almeyda Rodríguez nació el 21 de mayo de 195132, prestó sus servicios para
la Rama Judicial del 1 de septiembre de 1983 al 21 de noviembre de 201633 y el último
cargo que desempeñó fue el de juez municipal 00, en propiedad, en el Juzgado 007
Civil Municipal de Bucaramanga34. En el último año de servicio, devengó los factores
de asignación básica, prima especial de servicios, bonificación judicial, bonificación
por servicios, bonificación por actividad judicial, y las primas de servicios, vacaciones
y navidad35. Así mismo, adquirió el estatus de pensionado el 21 de mayo de 2006,
fecha en la que cumplió 55 años de edad y en la que contaba con más de 20 años de
servicio.

(ii) La UGPP emitió la Resolución núm. RDP036672 del 29 de septiembre de 201636,
por medio de la cual, ordenó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a
favor del señor Almeyda Rodríguez, en una cuantía equivalente a $2.703.758, efectiva
a partir de la fecha en la que demostrara el retiro definitivo del servicio. En aquella
oportunidad, el IBL de la pensión inicialmente reconocida fue calculado con el 75% del
promedio de los salarios devengados entre el 1 de diciembre de 2005 y el 30 de
noviembre de 2015. En esa oportunidad, únicamente se tuvo en cuenta la asignación
básica.

(iii) Posteriormente, la entidad expidió la Resolución núm. RDP041933 del 3 de
noviembre de 201637, en la que modificó la parte resolutiva de la resolución antes
mencionada, en el sentido de precisar que la pensión de jubilación tendría efectividad

32 Según cédula de ciudadanía, visible en: Samai, índice 3, archivo «4_DemandaWeb_Demanda-ANEXOS1(.pdf)

NroActua 3», página 336.
33 Información contenida en la certificación expedida el 23 de noviembre de 2016 por la coordinadora de talento

humano de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, Santander. Samai, índice
3, archivo «5_DemandaWeb_Demanda-ANEXOS2(.pdf) NroActua 3», página 192.
34 Ibidem.
35 De acuerdo con certificación del 29 de noviembre de 2016, suscrita por el pagador de la Dirección Seccional de

Administración Judicial de Bucaramanga, visible en: Samai, índice 3, archivo «5_DemandaWeb_Demanda-
ANEXOS2(.pdf) NroActua 3», página 195.
36 Samai, índice 3, archivo «4_DemandaWeb_Demanda-ANEXOS1(.pdf) NroActua 3», páginas 47 a 51.
37 Samai, índice 3, archivo «4_DemandaWeb_Demanda-ANEXOS1(.pdf) NroActua 3», páginas 27 a 29.

10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00667-00 (3446-2021)
Demandante: UGPP
Demandado: Jaime Almeyda Rodríguez

a partir del 1 de diciembre de 2015, pero con efectos fiscales desde el retiro definitivo
del servicio.

(iv) Finalmente, la UGPP, en cumplimiento de la sentencia cuya revisión se solicita en
este trámite, expidió la Resolución núm. RDP011301 del 5 de mayo de 2021 38 en la
que reliquidó la pensión del señor Almeyda Rodríguez, con el 75% de la totalidad de
los factores devengados y cotizados al sistema de seguridad social en pensiones
durante el último año de servicio, a saber, la asignación básica mensual, la
bonificación judicial, la bonificación por actividad judicial, la prima especial de
servicios y la bonificación por servicios prestados. En consecuencia, la cuantía de
la pensión del señor Almeyda Rodríguez ascendió a $6.439.073.

39. Una vez expuestas las causales alegadas y los presupuestos fácticos del asunto,
la Sala procede a estudiar el ingreso base de liquidación y el régimen de transición de
la Ley 100 de 1993.

4.5.1. El ingreso base de liquidación para los beneficiarios de los regímenes
especiales en virtud de la transición de la Ley 100 de 1993

40. El Consejo de Estado en su jurisprudencia, en principio, consideró que el régimen
pensional especial de la Rama Judicial y el Ministerio Público previsto en el artículo 6
del Decreto 546 de 1971 debía aplicarse en su integridad a los beneficiarios de la
transición normativa de la Ley 100 de 1993. Ello significaba que el IBL de la pensión
de vejez no podía calcularse de acuerdo con lo señalado por el artículo 36 ibidem39.

41. No obstante, dicho criterio cambió con la sentencia de unificación del 11 de junio
de 2020 dictada por la Sección Segunda de la corporación, que estableció las reglas
sobre el ingreso base de liquidación40, así:

«iii) Con los elementos del régimen anterior consagrados en el artículo 6.º del Decreto
546 de 1971 que son: a) la edad de 50 años si es mujer o de 55 años si es hombre; b)
el tiempo de servicios de 20 años, continuos o discontinuos anteriores o posteriores a
la vigencia de dicho decreto; c) de esos 20 años de servicio, por lo menos 10 años lo
hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas
actividades; d) la tasa de reemplazo del 75%; e) el ingreso básico de liquidación de
que tratan los artículos 21 y 36, inciso 3.°, de la Ley 100 de 1993, según el caso; es decir,
si le faltare más de 10 años, será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales
ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión
actualizados anualmente con base en la IPC certificado por el DANE, y si le faltare
menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación
será: (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el
cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base
en IPC certificado por el DANE; y f) con los factores de liquidación contemplados por

38 Samai, índice 3, archivo «4_DemandaWeb_Demanda-ANEXOS1(.pdf) NroActua 3», páginas 14 a 18.
39 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 2 de mayo de 2013, rad. núm.: 1208-2012;

sentencia del 11 de julio de 2013, rad. núm.: 0102-2012. Demandante: Ligia Bernal Gaitán. Demandado: Cajanal;
sentencia del 7 de noviembre de 2013, rad. núm.: 2672-2012. Demandante: Melva Alina Navas de Cabrales.
Demandado: Cajanal; sentencia de 12 de mayo de 2014, rad. núm.: 1770-2013. Demandante: Alfonso Eslava Ruiz.
Demandado: Cajanal; Consejo de Estado. Sentencia de 10 de julio de 2014, rad. núm.: 2763-2012. Demandante:
Martha Elena Casas Sastre. Demandado: Cajanal; sentencia de 6 de mayo de 2015, rad. núm.: 4183-2013.
Demandante: Aura Esther Herrera Ruiz. Demandado: Cajanal.
40 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación CE-SUJ-S2-021-20 del 11 de junio de 2020, rad.

núm. 15001233300020160063001 (4083-2017).
11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00667-00 (3446-2021)
Demandante: UGPP
Demandado: Jaime Almeyda Rodríguez

el artículo 1.° del Decreto 1158 de 1994 al igual que por los artículos 14 de la Ley 4ª. de
1992 con la modificación de la Ley 332 de 1996; 1.° del Decreto 610 de 1998; 1.° del
Decreto 1102 de 2012; 1.° del Decreto 2460 de 2006; 1.° del Decreto 3900 de 2008; y
1.° del Decreto 383 de 2013, según se trate de magistrados o empleados de la Rama
Judicial o del Ministerio Público».

42. En la referida sentencia se dispuso que tendría efectos retrospectivos respecto de
los asuntos similares que estuviesen en trámite en la administración y ante la
jurisdicción de lo contencioso–administrativo. Es decir, que no resultaba aplicable en
aquellos casos en los que existiese sentencia ejecutoriada, en virtud del principio de
cosa juzgada.

43. A su vez, cabe destacar que el fallo de unificación del 11 de junio de 2020 se
remitió a las reglas y subreglas establecidas en la providencia del 28 de agosto de
2018 de la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, que estableció las siguientes
pautas respecto del IBL para los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100
de 1993 que se pensionaron según la Ley 33 de 1985, así:

«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del
mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo
del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.

«93. Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y para efectos de liquidar
el IBL como quedó planteado anteriormente, el Consejo de Estado fija las siguientes
subreglas:

94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen
conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base
de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para
ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
[…]

96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones. […]

100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo
48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo
de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se
tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones.

12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00667-00 (3446-2021)
Demandante: UGPP
Demandado: Jaime Almeyda Rodríguez

101. A juicio de la Sala Plena, la tesis que adoptó la Sección Segunda de la Corporación,
en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, según la cual el artículo 3 de la
Ley 33 de 1985 no señalaba en forma taxativa los factores salariales que conforman la
base de liquidación pensional, sino que los mismos estaban simplemente enunciados y
no impedían la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el
último año de prestación de servicio, va en contravía del principio de solidaridad en
materia de seguridad social. La inclusión de todos los factores devengados por el
servidor durante el último año de servicios fue una tesis que adoptó la Sección Segunda
a partir del sentido y alcance de las expresiones “salario” y “factor salarial”, bajo el
entendido que “constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe
el empleado como retribución por sus servicios” con fundamento, además, en los
principios de favorabilidad en materia laboral y progresividad; sin embargo, para esta
Sala, dicho criterio interpretativo traspasa la voluntad del legislador, el que, por virtud de
su libertad de configuración enlistó los factores que conforman la base de liquidación
pensional y a ellos se debe limitar dicha base»41.

44. De acuerdo con la interpretación jurisprudencial referida, los beneficiarios de la
transición que tuviesen derecho al reconocimiento pensional en los términos del
Decreto Ley 546 de 1971 o la Ley 33 de 1985, respectivamente, son sujetos de estas
disposiciones, pero solamente en cuanto a tiempo de servicios, la edad y la tasa de
reemplazo; mientras que el IBL es el previsto en los artículos 21 y 36, inciso 3, de la
Ley 100 de 1993, según el caso.

4.5.2. Verificación de la causal de revisión invocada por la UGPP

• Respecto de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003 - la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley

45. La UGPP formuló la causal prevista en el literal b) porque consideró que la
sentencia cuestionada ordenó la reliquidación de la pensión de vejez sin tener en
cuenta que el ingreso base de liquidación de los beneficiarios del régimen de transición
de la Ley 100 de 1993 está regido por los artículos 21 y 36 ibidem y el artículo 1 del
Decreto 1158 de 1994, en cuanto a los factores. Igualmente, indicó que existió un
abuso palmario del derecho, dado que la reliquidación pensional fue irregular y
concedió ventajas irrazonables al señor Almeyda Rodríguez por el incremento de la
pensión.

46. Cabe destacar que, para esta Subsección, el estudio de la causal bajo examen
requiere el análisis del criterio jurisprudencial vigente para la época en que la decisión
cuestionada fue dictada. Lo anterior, de conformidad con los efectos de la sentencia
de unificación del 11 de junio de 2020, en la que expresamente se indicó que
prevalecerá la fuerza de cosa juzgada y que no puede entenderse, en principio, que
las pensiones reliquidadas con fundamento en las tesis anteriores del Consejo de
Estado lo hayan sido con abuso del derecho o fraude a la ley, así:

«La Sección Segunda, por regla general, ha dado aplicación al precedente en forma
retrospectiva, efecto que se le dará a esta sentencia, disponiendo que la regla
jurisprudencial fijada es vinculante en los siguientes casos: (i) respecto de los asuntos
similares que actualmente se están tramitando en el seno de la administración; (ii)
respecto de los procesos similares que se están adelantando en juzgados, tribunales

41 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018, Rad.

52001-23-33-000-2012-00143-01.
13

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00667-00 (3446-2021)
Demandante: UGPP
Demandado: Jaime Almeyda Rodríguez

administrativos y Consejo de Estado. En consecuencia, no tiene efectos respecto de
aquellos asuntos en los que ya existe sentencia ejecutoriada. En tal virtud, los
conflictos judiciales ya resueltos están amparados por la cosa juzgada y en
consecuencia resultan inmodificables.

Para la Sala, los efectos que se dan a esta decisión garantizan la seguridad jurídica y
dan prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad Social, por ello no puede
invocarse el principio de igualdad, so pretexto de solicitar la inaplicación de esta
sentencia.

No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las
pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con
fundamento en tesis anteriores que sostuvo la Sección Segunda del Consejo de Estado,
la cuales replanteó la Sala Plena, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de
manera que si se llegare a interponer recurso extraordinario de revisión contra sentencia
ejecutoriada que haya reconocido la pensión con fundamento en jurisprudencia diferente
a la ratio decidendi aquí expuesta, prevalecerá el carácter de cosa juzgada, sin perjuicio
de lo previsto en las causales de revisión reguladas en el artículo 250 del CPACA».

47. En efecto, la tesis jurisprudencial de la Sección Segunda hasta el año 2020
consistía en que el régimen especial de la Rama Judicial, regulado en el Decreto 546
de 1971, debía ser aplicado integralmente, sin que fuera posible alterar los elementos
que lo hacían especial, en respeto del principio de inescindibilidad normativa; de modo
que no podía acudirse a la Ley 100 de 1993 para establecer la base de liquidación
pensional42.

48. La anterior precisión es relevante, pues a partir de ella para esta Subsección,
cuando se trata de acciones especiales de revisión, debe tenerse en cuenta el criterio
jurisprudencial vigente43 para la época en que la autoridad judicial dictó la decisión
censurada, en la medida en que si ello ocurrió así, no hay lugar a considerar que esta
se profirió con abuso del derecho o fraude a la ley, aunque el criterio válido que en su
momento fue tenido en cuenta, no se acompase al posterior que se estableció, por
ejemplo, por vía de unificación.

49. Bajo el marco jurídico expuesto, la Sala destaca que, en el presente asunto, el
Tribunal Administrativo de Santander dictó fallo de segunda instancia el 20 de agosto
de 2020, momento en el que la tesis jurisprudencial vigente de esta Sección era la
establecida en la sentencia de unificación del 11 de junio de 2020, que, como se indicó,
adoptó las reglas y subreglas definidas en la providencia de unificación del 18 de
agosto de 2018, para el régimen pensional de los funcionarios de la Rama Judicial y
del Ministerio Público. En ese orden, y teniendo en cuenta que en la mencionada
decisión se estableció que su aplicación sería retrospectiva y vinculante para los
procesos similares que se estuvieran «adelantando en juzgados, tribunales
administrativos y [el] Consejo de Estado», la pensión del señor Almeyda Rodríguez
debía ser calculada de conformidad con tales parámetros.

50. Por consiguiente, se debían aplicar los elementos del régimen anterior
establecidos en el artículo 6 del Decreto 546 de 1971, a saber, la edad —50 años para

42 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 11 de junio de

2020, Rad. 15001-23-33-000-2016-00630-01 (4083-2017).
43 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 13 de junio de 2024, Rad. 11001-03-25-000-

2018-01458-00 (4815-2018).
14

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00667-00 (3446-2021)
Demandante: UGPP
Demandado: Jaime Almeyda Rodríguez

mujeres y 55 para hombres—, el tiempo de servicio de 20 años continuos o
discontinuos y que por lo menos 10 de ellos hubieran sido exclusivamente prestados
para la Rama Judicial, el Ministerio Público o ambas, y la tasa de reemplazo del 75%.
Por su parte, el IBL debía ser calculado de acuerdo con los artículos 21 y 36 (inciso 3)
de la Ley 100 de 1993, es decir:

«(…) si le faltare más de 10 años, será el promedio de los salarios o rentas sobre los
cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la
pensión actualizados anualmente con base en la IPC certificado por el DANE, y si le
faltare menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de
liquidación será: (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para
ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en IPC certificado por el DANE; y f) con los factores de
liquidación contemplados por el artículo 1.° del Decreto 1158 de 1994 al igual que por
los artículos 14 de la Ley 4ª. de 1992 con la modificación de la Ley 332 de 1996; 1.° del
Decreto 610 de 1998; 1.° del Decreto 1102 de 2012; 1.° del Decreto 2460 de 2006; 1.°
del Decreto 3900 de 2008; y 1.° del Decreto 383 de 2013, según se trate de magistrados
o empleados de la Rama Judicial o del Ministerio Público».

51. Ahora bien, tal y como se explicó anteriormente, el Juzgado Tercero Administrativo
Oral del Circuito de Bucaramanga, en sentencia del 14 de diciembre de 2018, ordenó
la reliquidación de la pensión del señor Almeyda Rodríguez con el 75% de los factores
devengados y cotizados al sistema de pensiones durante su último año de servicio,
a saber, el sueldo básico, la prima especial de servicios, la bonificación por actividad
judicial, la bonificación judicial y la bonificación por servicios prestados. Al respecto,
indicó lo siguiente:

«[…] de acuerdo con las pruebas aportadas al proceso, encuentra el Despacho que para
la liquidación de la pensión de jubilación no fueron incluidos los factores devengados
durante el último año de servicios, esto es, 22 de noviembre de 2015 a 22 de noviembre
de 2016, sobre los cuales se cotizó al sistema de pensiones, que como consta en la
certificación obrante a folios 257 y 258 del plenario, son los de suelo básico, prima
especial de servicios, bonificación judicial, bonificación actividad judicial,
bonificación por servicios prestados. De acuerdo [con] las pruebas obrantes en el
expediente, se observa que estos factores no fueron incluidos en la liquidación de [la]
pensión. […]

En definitiva, […] [procede] el restablecimiento del derecho deprecado por el demandante
en el sentido de disponer el reajuste de su pensión de jubilación [con inclusión de] los
factores devengados en el último año de servicios respecto de los cuales se cotizó al
sistema de pensiones […]» (negritas por fuera de texto).

52. Esta decisión fue confirmada en su integridad por el Tribunal Administrativo de
Santander, en providencia del 20 de agosto de 2020. En esa oportunidad, la
mencionada autoridad judicial hizo referencia al cambio jurisprudencial introducido en
la sentencia de unificación del 11 de junio de 2020 y precisó lo siguiente:

«(i) El periodo a aplicar para liquidar la pensión de jubilación es el promedio de los salarios
o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante el tiempo que le hacía falta para
adquirir el [e]status de pensionado, o el cotizado durante el tiempo que le hacía falta para
adquirir el [e]status de pensionado, o el cotizado durante todo el tiempo de servicios […].
Lo anterior, teniendo en cuenta que al entrar en vigencia la [L]ey 100 de 1993, al
demandante le faltaban menos de 10 años para adquirir el [e]status de pensionado.
15

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00667-00 (3446-2021)
Demandante: UGPP
Demandado: Jaime Almeyda Rodríguez

(ii) Los factores salariales a tenerse en cuenta son: asignación básica; bonificación por
servicios prestados contemplados en el Decreto 1158 de 1994; prima especial
[establecida en] la Ley 332 de 1996; bonificación judicial prevista en el Decreto 383 de
2013; bonificación por actividad judicial prevista en el Decreto 3900 de 2008. (Negritas
dentro del texto).

Frente a los factores antes reseñados, se certifica en el proceso a folios 55 a 65 y 258 que
fueron devengados por el demandante y así mismo que sobre éstos se hicieron los aportes
respectivos al sistema general de seguridad social en pensiones.

En conclusión, una vez confrontadas las pruebas aportadas al proceso, [concluye] la Sala
que el demandante sí tiene derecho al reajuste de su pensión con la inclusión de los
factores salariales antes reseñados, en tanto conforme [con] la sentencia de unificación
previamente citada, hacen parte del [IBL] y se probó en el proceso que sobre [ellos] se
hicieron los aportes al sistema de seguridad social en pensiones.

En consecuencia, al advertirse que en la sentencia apelada se ordenó la reliquidación
de la pensión del demandante en los anteriores términos, esto es, con la inclusión
de los factores salariales previamente enlistados, se [concluye] que no ha de
prosperar el recurso de apelación formulado por la parte demandada, [razón por la
que se procede] así a confirmar en su integridad la sentencia apelada». (Negritas por
fuera de texto).

53. Como puede apreciarse, en el fallo cuya revisión se solicita, en la parte motiva se
hizo alusión a las reglas de unificación establecidas en la sentencia del 11 de junio de
2020, pero al finalizar su razonamiento, en el párrafo que se destaca, sostuvo que el
juez de primera instancia las aplicó, por lo que confirmó su decisión totalmente, cuando
lo anterior no corresponde a la realidad, toda vez que el Juzgado Tercero
Administrativo Oral de Bucaramanga ordenó la reliquidación teniendo en cuenta lo
cotizado en el último año de servicio, aunque según el criterio unificado, el IBL se
debía calcular de acuerdo con los artículos 21 y 36 inciso 3 de la Ley 100 de 1993,
esto es, con el promedio de lo cotizado durante los 10 años anteriores al
reconocimiento de la pensión. Lo anterior, teniendo en cuenta que el accionado
adquirió el estatus pensional el 21 de mayo de 2006 al cumplir 55 años, y no el 1 de
septiembre de 2003, como se afirmó en la sentencia de segunda instancia.

54. Pese a lo anterior, la Sala destaca que, el tribunal aplicó acertadamente los
factores establecidos en la sentencia de unificación del 11 de junio de 2020 para la
definición del IBL, como puede apreciarse a través del siguiente cuadro comparativo:

16

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00667-00 (3446-2021)
Demandante: UGPP
Demandado: Jaime Almeyda Rodríguez

Factores
Factores
incluidos
devengados Factores Factores
Factores del IBL establecidos en la por la
por el reconocidos reconocidos
sentencia de unificación del 11 de UGPP en
accionado en en primera en segunda
junio de 2020 la
el último año instancia instancia
liquidación
de servicio
del IBL
• Asignación básica mensual (artículo
1 del Decreto 1158 de 1994).
• Gastos de representación (artículo 1
del Decreto 1158 de 1994).
• Prima técnica, cuando sea factor de
salario (artículo 1 del Decreto 1158 de
1994). - Asignación
• Las primas de antigüedad, ascensional básica.
y de capacitación cuando sean factor - Prima
• Asignación - Asignación
de salario (artículo 1 del Decreto 1158 especial de
básica. básica.
de 1994). servicios.
• Bonificación - Bonificación
• Remuneración por trabajo dominical o - Bonificación
judicial. judicial.
festivo (artículo 1 del Decreto 1158 de judicial.
• Bonificación - Bonificación
1994). - Bonificación
por por
• Remuneración por trabajo por
actividad actividad
suplementario o de horas extras, o servicios.
Asignación judicial. judicial.
realizado en jornada nocturna (artículo - Bonificación
básica. - Prima - Prima
1 del Decreto 1158 de 1994). por
especial de especial de
• Bonificación por servicios actividad
servicios. servicios.
prestados (artículo 1 del Decreto 1158 judicial.
• Bonificación - Bonificación
de 1994). - Prima de
por por
• Prima especial (Artículo 14 de la Ley 4 servicios.
servicios servicios
de 1992, modificado por la Ley 332 de - Prima de
prestados. prestados.
199644). vacaciones.
• Prima de productividad (Decreto 2460 - Prima de
de 200645). navidad.
• Bonificación por compensación
(Decretos 610 de 1998 y 1102 de
201246).
• Bonificación por actividad judicial
(Decreto 3900 de 2008)47.
• Bonificación judicial (Decreto 0383
de 2013)48.

55. De acuerdo con lo expuesto, la Sala advierte que, a pesar de que el tribunal tuvo
en cuenta los factores establecidos en la sentencia de unificación del 11 de junio de

44 El artículo 14 de la Ley 4 de 1992 establece que los destinarios de este factor son: los magistrados de todo orden

de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, los agentes del Ministerio Público
delegados ante la Rama Judicial y los jueces de la República, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal
Superior Militar, auditores de guerra y los jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala
de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero de enero de 1993. Igualmente, bajo
las condiciones del artículo 1 de la Ley 332 de 1996, se incluyó como destinatarios a los fiscales de la Fiscalía, los
magistrados auxiliares y abogados asistentes de las altas cortes, magistrados de los consejos seccionales de la
judicatura, magistrados del Tribunal Nacional, y magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y los procuradores
delegados de la Procuraduría General de la Nación.
45 De acuerdo con el artículo 1 del Decreto 2460 de 2006, la prima de productividad aplica a los empleados de la

Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación, con excepción de los «Magistrados de las Altas Cortes, los
Fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, los funcionarios de la Rama Judicial y de la Fiscalía General
de la Nación a quienes se les reconoce y paga la Bonificación de Gestión Judicial y la Bonificación de Actividad
Judicial de que tratan los Decretos 4040 de 2004, 3131 de 2005 y demás normas que los modifiquen, adicionen o
sustituyan, y quienes estén percibiendo la Bonificación por Compensación, o la bonificación de dirección prevista
en el Decreto 3150 de 2005» (sic).
46 De conformidad con el artículo 2 del Decreto 610 de 1998, este factor se aplicará «a los Magistrados de los

Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo, Nacional y Superior Militar; a los Magistrados
Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, y el Consejo Superior de la Judicatura; a los
Abogados Auxiliares del Consejo de Estado; a los Fiscales y Jefes de Unidad ante el Tribunal Nacional; a los

17

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00667-00 (3446-2021)
Demandante: UGPP
Demandado: Jaime Almeyda Rodríguez

2020 en la definición del IBL de la pensión del señor Almeyda Rodríguez —que a su
vez fueron considerados por el juez de primera instancia—, no precisó, en la parte
resolutiva, que estos no podían tenerse en cuenta a partir de lo cotizado en el último
año de servicios, como indicó el Juzgado Tercero Administrativo Oral de
Bucaramanga, sino en consideración de los 10 años de servicios anteriores al
reconocimiento de la pensión.

56. En consecuencia, en este caso no prevalece la fuerza de cosa juzgada, en tanto
se advierte la configuración de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, de manera tal que se debe infirmar parcialmente la sentencia del 20
de agosto de 2020 dictada por el Tribunal Administrativo de Santander, que confirmó
en su integridad el fallo del 14 de diciembre de 2018 proferido por el Juzgado Tercero
Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga, como consecuencia de la aplicación
incorrecta del IBL para el caso en concreto.

57. Ahora bien, el hecho de que se haya reliquidado y pagado la pensión a partir de
un IBL distinto al que correspondía, no da lugar a que se ordene la devolución de las
sumas de dinero que Jaime Almeyda Rodríguez ha recibido por encima del monto en
que su pensión debió reconocerse, en tanto estas fueron recibidas de buena fe y no
se acreditó por la parte accionante lo contrario.

4.6. Conclusión

58. A partir de las consideraciones expuestas se concluye lo siguiente:

(i) En el caso bajo estudio se encuentra acreditada la causal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, por el hecho de que el Tribunal Administrativo de Santander, en
sentencia del 20 de agosto de 2020, confirmó la reliquidación de la pensión de
jubilación con el 75% de todos los factores devengados y cotizados en el último año
de servicio, en lugar de modificar la parte resolutiva del fallo de primera instancia y
ordenar la reliquidación de la pensión de jubilación del señor Almeyda Rodríguez, en
plena observancia de las subreglas establecidas en la sentencia de unificación del 11
de junio de 2020.

(ii) En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el cuarto inciso del artículo
255 del CPACA49, corresponde a la sala dictar sentencia de reemplazo.

(iii) No hay lugar a ordenar la devolución de las sumas de dinero canceladas con
ocasión del fallo cuya revisión se solicita.

Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Fiscales ante el Tribunal de Distrito, y los jefes de Unidad de Fiscalía ante
Tribunal de Distrito». También «a los Secretarios Generales de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado,
la Corte Constitucional y al Secretario Judicial de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura» (sic).
47 De acuerdo con el artículo 1 del Decreto 3900 de 2008, la bonificación de actividad judicial es reconocida a los

jueces, fiscales y procuradores judiciales 1, y a partir del 1 de enero de 2009 constituye factor salarial.
48 De conformidad con el artículo 1 del Decreto 0383 de 20013, la bonificación judicial es reconocida a los servidores

de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar, a partir del 1 de enero de 2013.
49 CPACA, artículo 255. «Sentencia. Vencido el período probatorio se dictará sentencia. […] Si halla fundada la

causal del numeral 5 del señalado artículo 250, o la del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, declarará la
nulidad de la sentencia o de la actuación afectada con la causal que dio lugar a la revisión, y devolverá el proceso
a la autoridad judicial de origen para que rehaga lo actuado o dicte sentencia de nuevo, según corresponda […]».
18

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00667-00 (3446-2021)
Demandante: UGPP
Demandado: Jaime Almeyda Rodríguez

4.7. Sentencia de reemplazo

59. Visto lo anterior y teniendo en cuenta que en esta providencia se han expuesto los
antecedentes del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió el
señor Almeyda Rodríguez contra la UGPP, la Sala procede a dictar sentencia de
reemplazo respecto de la reliquidación de la pensión de jubilación del entonces
demandante.

60. Sobre el particular, se reitera que Jaime Almeyda Rodríguez es beneficiario del
régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993, toda vez que para el 1 de
abril de 199450, tenía 42 años. Por esa razón, y como quiera que laboró al servicio de
la Rama Judicial, le resulta aplicable el artículo 6 del Decreto 546 de 1971, norma que
dispuso como requisitos para el reconocimiento de la prestación, 55 años de edad y
20 de servicio, de los cuales, por lo menos 10 se hubiesen prestado en la Rama
Judicial y/o en el Ministerio Público. Estos presupuestos fueron debidamente
acreditados por el ciudadano, en tanto cumplió 55 años el 21 de mayo de 2006, trabajó
como juez municipal durante 33 años, 2 meses y 20 días —del 1 de septiembre de
1983 al 21 de noviembre de 2016—, y completó los 20 años de servicio el 1 de
septiembre de 2003. Estas circunstancias permiten concluir que adquirió el estatus
pensional el 21 de mayo de 2006.

61. Con fundamento en lo anterior y de conformidad con las reglas de unificación de
la sentencia del 11 de junio de 2020, el IBL de la pensión de vejez del señor Almeyda
Rodríguez debió definirse de la siguiente manera:

(i) Teniendo en cuenta el promedio de los salarios y factores devengados sobre los
cuales se hubiesen realizado cotizaciones al Sistema de Seguridad Social, en los 10
años de servicio anteriores al reconocimiento de la pensión. Esto en la medida en que
a la fecha de entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, le faltaban más de 10 años para
adquirir el estatus pensional.

(ii) Con los siguientes factores: la asignación básica y la bonificación por servicios
prestados previstas en el Decreto 1158 de 1994; la bonificación por actividad
judicial del Decreto 3900 de 2008; la bonificación judicial del Decreto 383 de 2014
y; la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Esto es así, por
cuanto estos conceptos, devengados por el señor Almeyda Rodríguez y respecto de
los cuales se efectuaron las cotizaciones correspondientes51, fueron precisados en la
sentencia de unificación del 11 de junio de 2020 para la definición del IBL de los
servidores de la Rama Judicial.

Se aclara que, aunque se realizaron cotizaciones sobre las primas de servicio, navidad
y vacaciones, no pueden considerarse dentro de los factores para liquidar la pensión,
porque no fueron incluidas, para tal efecto, en el Decreto 1158 de 1994 ni en la

50 Fecha de entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 a nivel nacional.
51 De acuerdo con los documentos “Formato No. 3 (B) Certificación de salarios mes a mes para liquidar pensiones

del régimen de prima media” de 2006 a 2016, visibles en: Samai, índice 3, archivo «4_DemandaWeb_Demanda-
ANEXOS1(.pdf) NroActua 3», páginas 376, 128, 377 a 379 y 229. // Así mismo, “Certificado DESAJBUO18-10994”
del 31 de octubre de 2018, suscrita por la coordinadora del área de talento humano de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, Santander, que se encuentra en el archivo «2017-053
EXPEDIENTE ESCANEADO.pdf», a su vez contenido en el enlace de OneDrive que fue aportado en el documento
«38_MemorialWeb_Respuesta-RespuestaCEREVISIO(.pdf) NroActua 32», visible en el índice 32 del aplicativo
Samai.
19

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00667-00 (3446-2021)
Demandante: UGPP
Demandado: Jaime Almeyda Rodríguez

normatividad especial de la Rama Judicial, como recientemente lo reiteró esta
Subsección52.

(iii) Con un porcentaje o tasa de reemplazo del 75%.

62. En ese orden, se recuerda que en el recurso de apelación presentado en contra de
la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado Tercero Administrativo Oral
de Bucaramanga, la UGPP indicó que no había lugar a anular los actos acusados,
pues acertadamente indicaron que el IBL de las pensiones de los beneficiarios del
régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993, se debía liquidar con el 75%
del promedio de lo devengado en (i) los últimos 10 años de servicio o durante el tiempo
que le hiciere falta para la adquisición del derecho pensional, y (ii) exclusivamente con
los factores previstos en el Decreto 1158 de 1994.

63. De acuerdo con las consideraciones hasta aquí desarrolladas y en aplicación del
fallo de unificación del 11 de junio de 2020, se advierte que le asiste razón a la UGPP,
como apelante, en cuanto al periodo a tener en cuenta para calcular el IBL, esto es,
los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión; no es así frente a los factores
salariales, toda vez que el señor Jaime Almeyda Rodríguez tiene derecho a que se
incluya, para liquidar aquella, la asignación básica, la bonificación por servicios
prestados, la bonificación por actividad judicial, la bonificación judicial y la prima
especial de servicios, como se indicó en primera y segunda instancia conforme a
derecho, a partir de la aplicación del Decreto 1158 de 1994, el Decreto 3900 de 2008,
el Decreto 383 de 2014 y el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

64. En suma, la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander concluyó
acertadamente que la pensión del señor Almeyda Rodríguez debía reliquidarse
incluyendo los factores antes señalados; aunque debió ordenar que estos se
consideraran teniendo en cuenta el 75% del promedio de lo devengado en los últimos
10 años de servicios, y no solamente en el último, precisión que justifica el fallo de
reemplazo.

65. Así las cosas, la parte resolutiva del fallo del 20 de agosto de 2020 dictado por el
Tribunal Administrativo de Santander quedará de la siguiente manera, para que la
pensión no exceda el monto que corresponde de acuerdo con la ley:

PRIMERO. CONFIRMAR parcialmente la sentencia del 14 de diciembre de 2018
proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga.

SEGUNDO. MODIFICAR los numerales primero y segundo de la parte resolutiva
de la anterior providencia, que quedarán así:

PRIMERO. DECLARAR la nulidad parcial de la Resolución No. RDP 036672 del 29 de
septiembre de 2016 y la nulidad de la Resolución No. RDP 041933 del 3 de noviembre
de 2016 y RDP 004596 del 8 de febrero de 2017, por medio de las cuales, la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -UGPP-, ordenó el reconocimiento y pago de la pensión vitalicia de
jubilación al señor Jaime Almeyda Rodríguez, de conformidad con lo expuesto en la

52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de

noviembre de 2024, Rad. 08001-23-33-000-2017-01471-01 (2329-2023), M.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
20

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00667-00 (3446-2021)
Demandante: UGPP
Demandado: Jaime Almeyda Rodríguez

parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social que, a título de restablecimiento
del derecho, mediante acto administrativo motivado, reliquide y pague la pensión de
jubilación de Jaime Almeyda Rodríguez, en una cuantía equivalente al 75% de la
totalidad de los factores devengados y cotizados al Sistema de Seguridad social en
Pensiones durante los 10 años anteriores al reconocimiento de su pensión, como
son la asignación básica, la bonificación por servicios prestados, la bonificación por
actividad judicial, la bonificación judicial y la prima especial de servicios, según se indicó
en la parte considerativa de este proveído.

4.8. Costas

66. El artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo prevé que «salvo en los procesos en que se ventile un interés público,
la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil», remisión que se entiende
al Código General del Proceso.

67. Por su parte, la Ley 2080 de 2021, en el artículo 47, adicionó un segundo inciso
en el sentido que «en todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas
cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de
fundamento legal».

68. En este orden de ideas, en al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, no se condenará
en costas por la naturaleza del asunto. Por un lado, en la medida que se trata de una
acción en la que se ventila un asunto de interés público, pues la entidad legitimada
pretende la salvaguarda del equilibrio y sostenibilidad financiera del sistema general
de pensiones, propósito que motivó al legislador de 2003 para estatuir ese mecanismo
especial de revisión contra sentencias que ordenan un reconocimiento pensional en
detrimento del erario53. Por otro, porque no se advierte que la demanda se haya
presentado con manifiesta carencia de fundamento legal.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. DECLARAR FUNDADA parcialmente la acción especial de revisión
presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, contra la sentencia del 20 de
agosto de 2020 del Tribunal Administrativo de Santander, proferida en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho 68001-33-33-003-2017-00053-02.

53 Consejo de Estado, Sala Novena Especial de Decisión, sentencia del 22 de noviembre de 2021, Rad. 11001-03-

15-000-2019-01749-00, M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de
Decisión, sentencia del 2 de junio de 2022, Rad. 11001-03-15-000-2020-02983-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
Consejo de Estado, Sala Diecisiete Especial de Decisión, sentencia del 5 de junio de 2023, Rad. 11001-03-15-000-
2021-06622-00, M.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
21

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00667-00 (3446-2021)
Demandante: UGPP
Demandado: Jaime Almeyda Rodríguez

SEGUNDO. En consecuencia, se INFIRMA parcialmente la sentencia del 20 de agosto
de 2020 dictada por el Tribunal Administrativo de Santander, para en su lugar, disponer
lo siguiente:

PRIMERO. CONFIRMAR parcialmente la sentencia del 14 de diciembre de 2018
proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga.

SEGUNDO. MODIFICAR los numerales primero y segundo de la parte resolutiva
de la anterior providencia, que quedarán así:

PRIMERO. DECLARAR la nulidad parcial de la Resolución No. RDP 036672 del 29 de
septiembre de 2016 y la nulidad de la Resolución No. RDP 041933 del 3 de noviembre
de 2016 y RDP 004596 del 8 de febrero de 2017, por medio de las cuales, la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -UGPP-, ordenó el reconocimiento y pago de la pensión vitalicia de
jubilación al señor Jaime Almeyda Rodríguez, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social que, a título de
restablecimiento del derecho, mediante acto administrativo motivado, reliquide y
pague la pensión de jubilación de Jaime Almeyda Rodríguez, en una cuantía
equivalente al 75% de la totalidad de los factores devengados y cotizados al
Sistema de Seguridad social en Pensiones durante los 10 años anteriores al
reconocimiento de su pensión, como son la asignación básica, la bonificación
por servicios prestados, la bonificación por actividad judicial, la bonificación judicial
y la prima especial de servicios, según se indicó en la parte considerativa de este
proveído.

TERCERO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO. ACEPTAR la renuncia al poder presentada por la abogada Lucía Arbeláez
de Tobón, como apoderada de la UGPP, en los términos del memorial que obra en el
índice 19 del expediente digital, aplicativo Samai.

QUINTO. RECONOCER personería al abogado Jorge Iván Palacio Palacio
identificado con cédula de ciudadanía 8.299.453 de Medellín y tarjeta profesional
12.100 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderado de la
UGPP, en los términos de la escritura pública 1957 de 16 de septiembre de 2024,
visible en el índice 31 del expediente digital, aplicativo Samai.

SEXTO. No condenar en costas.

SÉPTIMO. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

22

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00667-00 (3446-2021)
Demandante: UGPP
Demandado: Jaime Almeyda Rodríguez

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

MMOG/JCBB

23

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.