Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-00610-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2021 › Radicado 11001-03-15-000-2021-00610-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Recurso extraordinario de revisión: naturaleza
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-00610-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2021-00610-00
Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodríguez
4 de agosto de 2021
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – IMPEDIMENTO DEL CONSEJERO DE ESTADO – Por haber participado en la discusión y aprobación de la sentencia objeto de revisión / CONFIGURACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL CONSEJERO DE ESTADO
Como primera cuestión, la sala debe resolver el impedimento manifestado por el consejero Gabriel Valbuena Hernández, que invocó la causal del artículo 141-2 CGP. (…). Vista la manifestación de impedimento, la sala considera que se configura la causal del artículo 141-2 del CGP, ya que el magistrado Valbuena Hernández participó en la discusión y aprobación de la sentencia objeto de revisión, lo que supone que conoció previamente del asunto, así sea a instancias del proceso ordinario. Ahora, si bien el artículo 249 del CPACA establece que el recurso extraordinario de revisión se decide “sin exclusión de la sección (del Consejo de Estado) que profirió la decisión”, lo cierto es que sí hay impedimento frente al magistrado que hubiera participado en la sentencia objeto de recurso, pues, de lo contrario, se permitiría que revisaran su propia decisión, cuestión que es contraria al principio de imparcialidad, que rige la función pública de administrar justicia. (…). Como está configurado el impedimento, la sala separará del conocimiento del asunto al magistrado Gabriel Valbuena Hernández.
FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 141 NUMERAL 2
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Naturaleza / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / NULIDAD ORIGINADA EN LA SENTENCIA / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN INFUNDADO
En general, el recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación excepcional contra la sentencia, que permite el rompimiento del principio de cosa juzgada. Se propone con el fin de restablecer tanto el imperio de la justicia como la vigencia del ordenamiento jurídico, que pueden resultar quebrantados por sentencias injustas. Dicho recurso, sin embargo, no es el mecanismo para cuestionar la actividad interpretativa, ni la valoración probatoria del juez, ni para que el afectado con la sentencia proponga cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso originario. Es un instrumento para discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la labor funcional del juez, que pueden llegar a afectar el principio de justicia material. (…). Las causales de revisión están previstas en el artículo 250 del CPACA y básicamente tienen que ver con hechos como la falsedad, el fraude, el error, la aparición de documentos decisivos que hubieren modificado el sentido de la decisión o incluso la violación del debido proceso. Esas causales, como es apenas obvio, no aluden a errores sustanciales que puedan derivarse de la falta de aplicación, la aplicación indebida o la interpretación errónea de una norma sustancial. No es un recurso que proceda por violación de la ley. (…). Del alcance de la causal de nulidad originada en la sentencia. Reiteración de jurisprudencia. Según lo ha entendido la sala plena, los hechos que configuran la causal denominada nulidad originada en la sentencia son los que constituyen las causales de nulidad procesal, esto es, las causales del artículo 133 del Código General del Proceso (CGP), pero no son figuras procesales idénticas. (…). En principio, se trata de vicios procesales que surgen al momento de la expedición de la sentencia, pero no los acaecidos en etapas anteriores. Es decir, la nulidad o vicio surge de la propia sentencia y eso habilita la procedencia del recurso extraordinario de revisión. (…). Esta Corporación también ha aceptado que se pueden alegar como hechos constitutivos de [E]sta causal los vicios procesales ocurridos antes de proferirse la sentencia, siempre que el afectado no haya tenido la oportunidad de invocarlos ante el juez porque solo los conoció cuando se dictó la sentencia recurrida. (…). El afectado, en todo caso, tiene la carga de probar que no tuvo la oportunidad de proponer la nulidad o alegar el vicio oportunamente. De lo contrario, la causal de revisión en cuestión se convertiría en una anormal oportunidad para que las partes subsanen las omisiones del proceso ordinario y aleguen nulidades o errores procesales que debieron proponer en la oportunidad prevista en el artículo 134 CGP (antes el artículo 142 CPC) o para proponer nulidades que quedaron saneadas en los términos del artículo 136 ib. (antes 144 CPC). En definitiva: la causal de nulidad originada en la sentencia se configura por los mismos hechos previstos para las nulidades procesales y por las irregularidades que si bien no están previstas como causales de nulidad, sí pueden afectar la legalidad y la justicia de la decisión. En el marco de esta causal, pueden alegarse vicios ocurridos al momento de expedirse la sentencia o por vicios ocurridos con anterioridad, siempre que el afectado pruebe que no pudo alegarlos oportunamente porque los conoció a partir de la expedición de la sentencia. (…). [L]a violación del debido proceso puede derivar en la causal de nulidad originada en la sentencia, pero para casos en los que existe denegación de justicia, esto es, cuando el juez, sin fundamento válido y razonable, dicta una decisión inhibitoria. De todos modos, el juez administrativo deberá ser cauteloso y actuar con sindéresis para identificar si en el caso concreto la sentencia vulnera los derechos de acceso a la administración de justicia y particularmente la tutela judicial efectiva.
La sala anticipa que no prosperará el recurso extraordinario de revisión presentado por la [demandante] contra la sentencia del 26 de septiembre de 2019, adicionada el 9 de diciembre siguiente, toda vez que los argumentos del recurso no encajan en ninguno de los supuestos para la prosperidad de la causal de nulidad originada en la sentencia, en los términos antes explicados. En cambio, se advierte que el recurso extraordinario de revisión tiene por objeto reabrir la discusión sobre cuestiones jurídicas definidas en el proceso ordinario. (…). La simple lectura de la sentencia objeto de recurso permite a esta sala concluir que la providencia cuenta con la motivación suficiente y que, además, se profirió en el marco del principio de congruencia, es decir, a partir de los argumentos de la demanda, la contestación y el recurso de apelación que presentó la [demandante] contra la sentencia del 7 de febrero de 2014, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C. (…). Ahora bien, al resolver el caso concreto, la sala advierte que la sentencia recurrida sí hizo alusión a los reglamentos que profirió la DIAN para fijar el procedimiento para el reconocimiento de la prima técnica. (…). [L]a sala descarta la violación del principio de congruencia y, además, no encuentra que la sentencia esté viciada por falta de motivación. Por el contrario, se observa que la decisión tuvo como fundamento el análisis normativo, jurisprudencial y probatorio, que permitió concluir al juez de segunda instancia que la [demandante] no cumplió con el requisito de experiencia altamente calificada para ser beneficiaria de la prima técnica. (…). A juicio de la sala, en sede del recurso extraordinario, resulta improcedente examinar el acierto de la decisión del juez de la nulidad y restablecimiento del derecho, pues las conclusiones a las que arribó están amparadas por los principios de autonomía e independencia judicial. (…). En definitiva, no prospera el recurso extraordinario de revisión, pues la sentencia recurrida no está viciada de nulidad.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 29 / LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 133 / LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 134 / LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 136 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 250 NUMERA 5 / DECRETO 1400 DE 1970 – ARTÍCULO 142 / DECRETO 1400 DE 1970 – ARTÍCULO 144
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el recurso extraordinario de revisión, consultar: Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión, sentencia del 6 de septiembre de 2016, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, rad. 11001-03-15-000-2013-01998-00. Sobre la causal de nulidad originada en la sentencia, consultar entre muchas otras: Consejo de Estado, sentencia del 4 de diciembre de 2018, M.P., Julio Roberto Piza Rodríguez, expediente 11001-03-15-000-2018-00888-00. Sobre los hechos que configuran la causal de nulidad originada en la sentencia, consultar entre otras que se citan, las siguientes providencias de esta corporación: Consejo de Estado, providencia del 9 de marzo de 2010, expediente número 11001-03-15-000-2002-1024-01 y del 31 de mayo de 2011, expediente número 11001-03-15-000-2008-00294-00. En cuanto a que la causal de revisión exige que el vicio se configure el momento de proferir la sentencia, consultar: Consejo de Estado, sentencia del 2 de marzo de 2010, radicación número 11001-03-15-000-2001-0091-01. Sobre la configuración de nulidad originada en la sentencia cuando el juez restringe los derechos de acceso a la administración de justicia cuando se dicta un fallo inhibitorio, consultar: Consejo de Estado, sentencia del 8 de mayo de 2018, expediente 11001-03-15-000-1998-00153-01.
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN 3
Consejero ponente: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Bogotá, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-15-000-2021-00610-00
Actor: MARÍA HELENA CAVIEDES CAMARGO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Temas: Recurso extraordinario de revisión. Causal: nulidad originada en la sentencia (artículo 250-5 CPACA) - Reiteración de jurisprudencia. Improcedencia del recurso para reabrir discusiones sobre aspectos sustanciales del proceso ordinario
PROVIDENCIA QUE DECIDE RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
La sala resuelve el recurso extraordinario de revisión interpuesto por María Helena Caviedes Camargo contra la sentencia del 26 de septiembre de 2019 (adicionada por auto del 9 de diciembre siguiente), dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que resolvió:
Primero: Confirmar la sentencia del 7 de febrero de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, en la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho interpuso la señora María Helena Caviedes Camargo contra la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Segundo: Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta instancia.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa “Justicia Siglo XXI”.
ANTECEDENTES
Demanda
Mediante apoderado judicial, la señora María Helena Caviedes Camargo formuló recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 26 de septiembre de 2019 (adicionada por auto del 9 de diciembre siguiente), proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, con fundamento en el artículo 250-5 del CPACA, esto es, por existir nulidad originada en la sentencia contra la que no procede recurso de apelación.
Hechos
La sala destaca los siguientes hechos relevantes:
María Helena Caviedes Camargo se vinculó a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (en adelante Dian), después de superar el curso – concurso, para el cargo de profesional universitario, código 3020, grado 08.
El 12 de diciembre de 2012, la señora Caviedes Camargo solicitó a la Dian el reconocimiento y pago de la prima técnica, por formación avanzada y experiencia altamente calificada. Alegó que cumplía los requisitos exigidos para ser beneficiaria de dicha prestación: abogada con título de especialista en derecho público y más de 23 años de experiencia profesional.
La DIAN, mediante Oficio 100000202-00166 del 22 de febrero de 2013, denegó la prima, porque el cargo profesional que ocupaba no permitía el reconocimiento de la prestación.
Inconforme con la anterior decisión, la señora Caviedes Camargo promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Además de que cumplía los requisitos, explicó que se encontraba cobijada por el régimen de transición del Decreto 1724 de 1997.
Mediante sentencia del 7 de febrero de 2014, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, denegó las pretensiones de la demanda.
A instancias del recurso de apelación interpuesto por la señora María Helena Caviedes Camargo, mediante providencia del 26 de septiembre de 2019 (objeto del recurso extraordinario), la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado confirmó la decisión de primera instancia.
Posteriormente, la sentencia fue adicionada, por auto del 9 de diciembre de 2019. Las razones de esa decisión se resumen enseguida.
Sentencia recurrida
La sentencia objeto del recurso, como primera medida, hizo un detallado recuento de las normas que regulan la prima técnica y concluyó que, conforme con el Decreto 2164 de 1991, reglamentado por el Decreto Ley 1661 de 1991, para ser beneficiario de la prima técnica, por formación avanzada y experiencia altamente calificada, debía desempeñarse un cargo en carrera administrativa de nivel profesional, ejecutivo, asesor o directivo, con formación avanzada (títulos de posgrado) y acreditar la experiencia altamente calificada.
Que el Decreto 1724 de 1997 modificó el régimen de prima técnica y restringió el reconocimiento a los cargos de niveles directivo, asesor o ejecutivo. Además, explicó que se creó un régimen de transición para las personas que venían desempeñando cargos de nivel profesional y que cumplieron los requisitos de la prima técnica. Luego, se refirió a la reglamentación para el reconocimiento de la prima técnica en la Dian.
En cuanto al caso concreto, la sentencia recurrida encontró que la señora Caviedes Camargo ingresó a la planta de personal de la Dirección de Aduanas, mediante concurso de méritos, antes de que se surtiera la incorporación automática regulada por el Decreto 2117 de 1992.
Enseguida, analizó si la señora Caviedes Camargo cumplía los requisitos para tener derecho a la prima técnica y concluyó que desempeñó ininterrumpidamente cargos de nivel profesional, en propiedad, con anterioridad al 11 de julio de 1997. Que, además, el 6 de abril de 1990, obtuvo el título de especialista en derecho público. Es decir, que cumplió así los dos primeros requisitos exigidos para el reconocimiento de la prestación.
Que, sin embargo, no se acreditó el requisito de experiencia altamente calificada, pues, pese a que el periodo comprendido entre el 23 de abril de 1993 y el 6 de septiembre de 1998 (en el que estuvo desvinculada de la entidad hasta el reintegro ordenado por orden judicial) podía ser contabilizado para efectos de tiempo de servicio, no servía para demostrar la experiencia altamente calificada. Que la experiencia profesional o el tiempo de servicio no sirve para tenerse como experiencia altamente calificada, de acuerdo con el concepto 2081 del 2 de febrero de 2012 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.
En esas condiciones, la sentencia recurrida determinó que la señora María Helena Caviedes Camargo no acreditó el cumplimiento de los requisitos exigidos por los Decretos 1661 y 2164 de 1991 para ser beneficiaria de la prima técnica, por formación avanzada y experiencia altamente calificada, antes del 11 de julio de 1997, fecha en la que entró a regir el Decreto 1724 de 1997.
Argumentos del recurso extraordinario de revisión
En sede extraordinaria, María Helena Caviedes Camargo invocó la causal de revisión del artículo 250-5 CPACA: por existir nulidad originada en la sentencia contra la que no procede recurso de apelación.
En síntesis, explicó que la sentencia está viciada de nulidad porque:
Violó el derecho fundamental al debido proceso, al resolver aspectos que no fueron discutidos ni en la actuación administrativa, ni en sede judicial, específicamente, el requisito de experiencia profesional altamente calificada.
Se profirió sin motivación, pues no analizó el concepto de experiencia altamente calificada, de acuerdo con la Resolución 3682 de 1994, proferida por la Dian, sino que se limitó a aplicar el concepto 2081 del 2 de febrero de 2012 de la Sala de Consulta y Servicio Civil, además de que la competencia para expedir el certificado de experiencia altamente calificada no es del jefe de la entidad, como lo exigió la sentencia recurrida, sino del subdirector de gestión.
Hay contradicción en las conclusiones, respecto al cumplimiento del requisito de experiencia profesional. Al respecto, explicó que la sentencia recurrida “da por acreditado el tiempo mínimo de experiencia que es de tres años, sobre la base de que toda sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho, cuando es estimatoria, retrotrae las cosas a su estado inicial como si nada hubiera sucedido; es decir “sin solución de continuidad”, fórmula infaltable en esta clase de sentencias. En tal sentido se debe validar la experiencia de María Helena la (sic) transcurrida entre el 6.º de abril de 1990, cuando le fue conferido el título de formación avanzada y el 11 de julio de 1997, cuando se eliminó la prima técnica para el nivel profesional”.
Pero, enseguida, determinó que “María Helena no alcanza a completar los tres años porque el lapso que se contabiliza va desde el 6 de abril de 1990 hasta el 23 de abril de 1993. En este lapso, la sentencia recurrida abre un “hueco” que no contabiliza porque, según este proveído, el cargo ocupado fue de Especialista aduanera 2323”.
Trámite procesal
Por auto del 18 de febrero de 2021, el despacho sustanciador inadmitió la demanda, a fin de que la parte recurrente probara el cumplimiento del requisito exigido en el artículo 162- 8 CPACA. Vencido el término concedido, el expediente ingresó al despacho sin respuesta, por lo que, por auto del 8 de marzo siguiente, se rechazó la demanda.
A instancias del recurso de reposición formulado por la señora María Helena Caviedes Camargo, mediante auto del 5 de abril de 2021, se revocó la decisión, al comprobarse que se había enviado la subsanación de la demanda, pero no había sido registrada en el sistema de información judicial. Por tanto, el despacho admitió el recurso extraordinario de revisión, ordenó notificar al director de la Dian (parte demandada del proceso ordinario), al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
Mediante providencia del 7 de mayo de 2021, el despacho sustanciador reconoció como pruebas las aportadas por las partes. Además, solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que remitiera el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho 25000234200020130454901, que fue aportado al proceso.
De las pruebas incorporadas, la secretaría corrió el traslado de rigor.
Intervenciones
El agente del Ministerio Público solicitó que se declare infundado el recurso extraordinario de revisión. En síntesis, sostuvo que la sentencia objeto del recurso no violó el derecho al debido proceso, ya que acertadamente concluyó que la recurrente no acreditó el requisito de experiencia altamente calificada, necesario para acceder a la prima técnica.
Señaló que la sentencia no violó el principio de congruencia, pues, según la demanda y el recurso de apelación, la finalidad del proceso era determinar si la señora Caviedes Camargo tenía derecho al reconocimiento y pago de la prima técnica, lo que necesariamente llevaba a verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para su reconocimiento, incluido, desde luego, el de experiencia altamente calificada.
Por último, sostuvo que la nulidad originada en la sentencia supone la concurrencia de graves irregularidades procesales, situación que, a juicio del ministerio público, no se presenta en la providencia recurrida. Que, en realidad, se advierte una simple discrepancia en los aspectos analizados en la sentencia.
La Dian no intervino, a pesar de que fue notificada.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con los artículos 107, 111 y 249 CPACA, 2° del Acuerdo 321 de 2014 de la Sala Plena del Consejo de Estado y 28 a 32 del Acuerdo 080 de 2019, la sala especial de decisión 3 es competente para resolver el recurso extraordinario de revisión promovidopor la señora María Helena Caviedes Camargo contra la sentencia del 26 de septiembre de 2019, adicionada por auto del 9 de diciembre siguiente, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.
Cuestión preliminar
Como primera cuestión, la sala debe resolver el impedimento manifestado por el consejero Gabriel Valbuena Hernández, que invocó la causal del artículo 141-2 CGP. En concreto, manifestó:
(…)
Lo anterior, teniendo en cuenta que conformé la sala de decisión que dictó la sentencia de 26 de septiembre de 2019 y el auto de adición de 9 de diciembre del mismo año, objeto del presente recurso extraordinario de revisión. Si bien, el artículo 249 del CPACA establece que la Sala Plena conoce de los recursos extraordinarios de revisión impetrados contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones de esta Corporación, “sin exclusión de la sección que profirió la decisión”, esta disposición debe interpretarse en el sentido de entender que los magistrados que participaron en la decisión en instancia anterior, no pueden participar nuevamente en el estudio sobre la legalidad de aquella sentencia objeto de revisión. Si bien el recurso extraordinario de revisión es un trámite totalmente nuevo e independiente del proceso contencioso que cursó su etapa ordinaria ante esta jurisdicción, debe tenerse en cuenta que como participante de la sala que profirió las providencias objeto de recurso, sería inapropiado que yo actué también como parte del quorum decisorio del fallo de revisión, dada la necesidad de hacer prevalecer la imparcialidad y la objetividad que deben presidir la adopción de las decisiones judiciales y de respetarle el debido proceso a los recurrentes.
Vista la manifestación de impedimento, la sala considera que se configura la causal del artículo 141-2 del CGP, ya que el magistrado Valbuena Hernández participó en la discusión y aprobación de la sentencia objeto de revisión, lo que supone que conoció previamente del asunto, así sea a instancias del proceso ordinario.
Ahora, si bien el artículo 249 del CPACA establece que el recurso extraordinario de revisión se decide “sin exclusión de la sección (del Consejo de Estado) que profirió la decisión”, lo cierto es que sí hay impedimento frente al magistrado que hubiera participado en la sentencia objeto de recurso, pues, de lo contrario, se permitiría que revisaran su propia decisión, cuestión que es contraria al principio de imparcialidad, que rige la función pública de administrar justicia.
Tampoco sería suficiente sostener que el recurso extraordinario de revisión es un nuevo proceso, esto es, independiente del proceso ordinario que le da origen, por cuanto, en la mayoría de los casos, los argumentos del recurso están dirigidos a cuestionar aspectos con incidencia directa en el asunto de fondo, como cuando se ejerce la acción especial de revisión por las causales del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. De hecho, como se verá más adelante, el presente recurso está dirigido a cuestionar aspectos sustanciales frente a los cuales el magistrado Valbuena Hernández ya tuvo la oportunidad de pronunciarse en el proceso ordinario.
Como está configurado el impedimento, la sala separará del conocimiento del asunto al magistrado Gabriel Valbuena Hernández.
Oportunidad del recurso
La sentencia recurrida se dictó el 26 de septiembre de 2019, adicionada por auto del 9 de diciembre siguiente, ésta última providencia se notificó personalmente el 10 de febrero de 2020 y cobró ejecutoria el 13 de febrero siguiente. Mientras tanto, la señora Caviedes Camargo presentó el recurso extraordinario de revisión el 12 de febrero de 2021, esto es, en el año siguiente a la ejecutoria, conforme lo exige el artículo 251CPACA.
Planteamiento y solución del problema jurídico
Como quedó expuesto en el acápite de antecedentes, la señora María Helena Caviedes Camargo alegó, fundamentalmente, que la sentencia recurrida violó el principio de congruencia, porque examinó el cumplimiento del requisito de experiencia altamente calificada de la prima técnica, a pesar de que no estaba en discusión, al paso que la providencia habría incurrido en falta de motivación.
Corresponde, entonces, a la Sala decidir el siguiente problema jurídico:
¿En los términos del artículo 250-5 CPACA, procede el recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 26 de septiembre de 2019, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, por existir nulidad originada en la sentencia?
Para resolver dicho interrogante, la sala, de manera preliminar, se referirá a (1) la naturaleza del recurso extraordinario de revisión, enseguida, se ocupará de (2) la causal de revisión asociada a la nulidad originada en la sentencia y, al final, estudiará (3) el caso concreto.
Naturaleza del recurso extraordinario de revisión. Reiteración de jurisprudencia
En general, el recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación excepcional contra la sentencia, que permite el rompimiento del principio de cosa juzgada. Se propone con el fin de restablecer tanto el imperio de la justicia como la vigencia del ordenamiento jurídico, que pueden resultar quebrantados por sentencias injustas.
Dicho recurso, sin embargo, no es el mecanismo para cuestionar la actividad interpretativa, ni la valoración probatoria del juez, ni para que el afectado con la sentencia proponga cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso originario. Es un instrumento para discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la labor funcional del juez, que pueden llegar a afectar el principio de justicia material.
De ahí que el ámbito de revisión esté restringido por las causales que el legislador ha determinado de manera taxativa, causales que, en todo caso, por tratarse de situaciones excepcionales contra el valor de la cosa juzgada, no admiten interpretaciones más allá de lo que en buena ley se deduce de su texto.
Las causales de revisión están previstas en el artículo 250 del CPACA y básicamente tienen que ver con hechos como la falsedad, el fraude, el error, la aparición de documentos decisivos que hubieren modificado el sentido de la decisión o incluso la violación del debido proceso. Esas causales, como es apenas obvio, no aluden a errores sustanciales que puedan derivarse de la falta de aplicación, la aplicación indebida o la interpretación errónea de una norma sustancial. No es un recurso que proceda por violación de la ley.
Del alcance de la causal de nulidad originada en la sentencia. Reiteración de jurisprudencia
Según lo ha entendido la sala plena, los hechos que configuran la causal denominada nulidad originada en la sentencia son los que constituyen las causales de nulidad procesal, esto es, las causales del artículo 133 del Código General del Proceso (CGP), pero no son figuras procesales idénticas.
También se ha aceptado que la sentencia puede resultar viciada por hechos externos que, si bien no están previstos como causales de nulidad procesal, lo cierto es que sí pueden afectar la legalidad y justicia de la decisión, al punto que desconocería el artículo 29 de la Constitución. Verbigracia: la sentencia en la que se condena a la parte que no fue vinculada al proceso; la sentencia que se dicta, a pesar de que el proceso estaba legalmente suspendido o interrumpido; la sentencia de las corporaciones judiciales que no cuenta con el número de votos necesarios para la aprobación; la sentencia que no tiene formal ni materialmente motivación, etcétera.
En principio, se trata de vicios procesales que surgen al momento de la expedición de la sentencia, pero no los acaecidos en etapas anteriores. Es decir, la nulidad o vicio surge de la propia sentencia y eso habilita la procedencia del recurso extraordinario de revisión.
En sentencia del 2 de marzo de 2010, por ejemplo, la sala plena concluyó que esa causal de revisión exige que el vicio se configure al momento en que se profiera la sentencia y que, por ende, no es posible “alegar como causal del recurso extraordinario de revisión la nulidad acaecida en una etapa previa a la sentencia, máxime si se advierte que la proposición de nulidades procesales se encuentra sometida a las reglas de oportunidad y legitimación previstas en el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio del deber que el artículo 145, ibidem, impone al juez de declarar de oficio las nulidades insaneables que observe ‘antes de dictar sentencia’”.
Sin embargo, esta Corporación también ha aceptado que se pueden alegar como hechos constitutivos de esta causal los vicios procesales ocurridos antes de proferirse la sentencia, siempre que el afectado no haya tenido la oportunidad de invocarlos ante el juez porque solo los conoció cuando se dictó la sentencia recurrida. Así se reconoció en la sentencia antes mencionada: “la jurisprudencia de esta Sala ha aceptado la posibilidad de alegar como nulidad originada en la sentencia aquella que, aunque ocurrida en momento anterior al de la emisión del fallo definitivo no apelable, no pudo ser advertida por el recurrente durante el curso del proceso”.
El afectado, en todo caso, tiene la carga de probar que no tuvo la oportunidad de proponer la nulidad o alegar el vicio oportunamente. De lo contrario, la causal de revisión en cuestión se convertiría en una anormal oportunidad para que las partes subsanen las omisiones del proceso ordinario y aleguen nulidades o errores procesales que debieron proponer en la oportunidad prevista en el artículo 134 CGP (antes el artículo 142 CPC) o para proponer nulidades que quedaron saneadas en los términos del artículo 136 ib. (antes 144 CPC).
En definitiva: la causal de nulidad originada en la sentencia se configura por los mismos hechos previstos para las nulidades procesales y por las irregularidades que si bien no están previstas como causales de nulidad, sí pueden afectar la legalidad y la justicia de la decisión. En el marco de esta causal, pueden alegarse vicios ocurridos al momento de expedirse la sentencia o por vicios ocurridos con anterioridad, siempre que el afectado pruebe que no pudo alegarlos oportunamente porque los conoció a partir de la expedición de la sentencia.
Recientemente, la sala plena de esta Corporación reiteró lo anterior y agregó que, en un momento dado, podría configurarse un caso de nulidad originada en la sentencia cuando injustificada o caprichosamente el juez en la sentencia restringe los derechos de acceso a la administración de justicia y, de paso, la garantía de tutela judicial efectiva, como cuando, sin razón, dicta un fallo inhibitorio:
(…) es claro que toda persona tiene derecho al debido proceso y, por tal razón, a que los procesos judiciales sean resueltos de fondo cuando el cumplimiento de los presupuestos procesales así lo permita, pues de lo contrario, se iría en detrimento no solo del derecho al debido proceso, sino del derecho de acceso a una real y efectiva administración de justicia, dado que la no resolución de las controversias judiciales, fundada en motivos caprichosos, equivale a una falta de tutela judicial efectiva y, en forma genérica a una vulneración al debido proceso.
Por tal razón, concluye la Sala, que también hay una vulneración del derecho fundamental al debido proceso, artículo 29 Constitucional, cuando una autoridad judicial dicte sin fundamento válido, razonable, una sentencia inhibitoria, que, como se expuso, es una clara denegación de justicia.
(…)
Todo lo anterior permite afirmar sin ambages que los eventos definidos tradicionalmente por la jurisprudencia de esta Corporación como constitutivos de nulidades originadas en sentencia, no son taxativos.
Así, por ejemplo, con esta providencia queda claro que, en aras de hacer efectivos los derechos a la tutela judicial efectiva, al acceso a la administración de justicia y al debido proceso, es deber del juez decidir de fondo los litigios cuando las circunstancias así se lo permitan, lo que significa que la violación a tales preceptos cuando se expide un fallo inhibitorio injustificado también configura la causal de revisión alegada.
La subregla jurisprudencial, así definida, deberá aplicarse por parte de los jueces de esta Jurisdicción, con mesura, ponderación, proporcionalidad y adecuación a cada caso (resaltado de la providencia original).
Como se ve, la violación del debido proceso puede derivar en la causal de nulidad originada en la sentencia, pero para casos en los que existe denegación de justicia, esto es, cuando el juez, sin fundamento válido y razonable, dicta una decisión inhibitoria. De todos modos, el juez administrativo deberá ser cauteloso y actuar con sindéresis para identificar si en el caso concreto la sentencia vulnera los derechos de acceso a la administración de justicia y particularmente la tutela judicial efectiva.
Caso concreto
La sala anticipa que no prosperará el recurso extraordinario de revisión presentado por la señora María Helena Caviedes Camargo contra la sentencia del 26 de septiembre de 2019, adicionada el 9 de diciembre siguiente, toda vez que los argumentos del recurso no encajan en ninguno de los supuestos para la prosperidad de la causal de nulidad originada en la sentencia, en los términos antes explicados. En cambio, se advierte que el recurso extraordinario de revisión tiene por objeto reabrir la discusión sobre cuestiones jurídicas definidas en el proceso ordinario. Veamos:
La simple lectura de la sentencia objeto de recurso permite a esta sala concluir que la providencia cuenta con la motivación suficiente y que, además, se profirió en el marco del principio de congruencia, es decir, a partir de los argumentos de la demanda, la contestación y el recurso de apelación que presentó la señora Caviedes Camargo contra la sentencia del 7 de febrero de 2014, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C.
Conviene decir que en este tipo de controversias es natural que el juez de instancia examine todos los requisitos para acceder a la prestación reclamada, pues justamente se trata de determinar si la persona los cumple, así la discusión inicialmente propuesta sea por cuestiones diferentes. Luego, no se vulnera el principio de congruencia cuando la sentencia recurrida se ocupó de determinar si la señora Caviedes Camargo acreditó todos los requisitos para acceder a la prima técnica: ocupar un cargo de carrera en el nivel profesional, ejecutivo, asesor o directivo; tener título de formación avanzada y acreditar la experiencia altamente calificada.
Precisamente, la sentencia cuestionada halló que el reconocimiento de la prima técnica era improcedente, ya que no se acreditó el requisito de experiencia altamente calificada.
De todas maneras, preliminarmente, la sentencia se refirió a la necesidad de verificar el cumplimiento de todos los requisitos de la prima técnica:
(…)
De acuerdo con la flexibilización de la justicia contenciosa administrativa y el objeto y principios que la inspiran, debe atenderse de manera especial el hecho de que el artículo 103 de la Ley 1437 de 2011 define que de los procesos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo la esencia es la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley, así como la preservación del orden jurídico. Con ello, surge con mayor auge el principio iura novit curia, el cual hace referencia a la obligación del juez de aplicar el derecho pese a las deficiencias en la invocación de los fundamentos normativos por las partes y de resolver los conflictos sometidos a su conocimiento a la luz de las normas que correspondan, sin que ello constituya un fallo extra petita. El aludido principio permite materializar el derecho de acceso a la administración de justicia consagrado en el Preámbulo y en el artículo 229 de la Constitución Política, e igualmente en el artículo 2 de la Ley 270 de 1996, toda vez que apunta a la resolución de fondo del proceso judicial.
En ese sentido, es importante resaltar que el principio iura novit curia no solo desarrolla el deber del juez de someterse a la ley, imperativo normativo previsto en el artículo 230 Superior, sino que también es una manifestación del principio de inexcusabilidad, según el cual el funcionario judicial tiene la obligación de emitir fallo respecto de todos los casos que le sean asignados para su conocimiento aunque no aparezca regulado en la ley, que se encuentra consagrado en el artículo 42 del Código General del Proceso. Esta obligación del funcionario judicial va en consonancia con la prohibición de non liquet y con el derecho fundamental y convencional a la tutela judicial efectiva.
(…)
Es importante señalar, además, que el contenido del principio en cuestión se acompasa con el objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, esto es, la efectividad de los derechos consagrados en la Constitución Política y la ley, la preservación del orden jurídico, así como la prevalencia del derecho sustancial y la garantía del acceso a la administración de justicia.
En esas condiciones, es claro que el derecho laboral no debe considerarse ajeno a dicho principio, máxime si se tiene en cuenta su naturaleza de fundamental, irrenunciable y de aplicación inmediata, lo que en principio faculta al juez para: i) verificar el alcance de las pretensiones, ii) interpretar los hechos de la demanda e, iii) incluso para aplicar el régimen prestacional que corresponda a los presupuestos fácticos, así el citado régimen no haya sido expresamente invocado en la demanda o haya sido invocado de manera errónea.
No obstante lo anterior, en la aplicación de tal principio deben tenerse en cuenta algunas limitaciones señaladas por la jurisprudencia de esta Corporación, dentro de las cuales se encuentran las siguientes:
Debe respetarse el principio de congruencia y por ello al juez no le está dado desconocer la relación lógica de coherencia entre los fundamentos fácticos que sustentan la pretensión y el objeto de la decisión judicial.
Al juez no le está dado suplir carencias procesales, como puede ser, entre otros, el poder para actuar.
No es posible agravar la situación al apelante único, salvo que fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con la modificación que se pida, en los términos del artículo 328 del Código General del Proceso.
En segunda instancia, deberá tener especial cuidado de que los hechos litigiosos sobre los cuales vaya a decidir hayan sido objeto del debate probatorio.
En ese orden de ideas, si bien es cierto que la prestación deprecada fue negada en sede administrativa por considerar que la norma que consagraba el derecho a la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada para los empleados públicos del nivel profesional había sido derogada, y fue sobre dicho hecho que se centró la demanda interpuesta por la parte demandante; también lo es que a título de restablecimiento del derecho solicitó el reconocimiento y pago de la prima técnica, situación que conllevaba a que el juez administrativo realizara el control de legalidad del acto demandado, pero también a verificar el cumplimiento de los requisitos para acceder al derecho deprecado.
Ahora bien, al resolver el caso concreto, la sala advierte que la sentencia recurrida sí hizo alusión a los reglamentos que profirió la DIAN para fijar el procedimiento para el reconocimiento de la prima técnica, así:
El Director de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales expidió la Resolución 3682 del 16 de agosto de 1994, por medio de la cual se reguló el procedimiento para otorgar la prima técnica en ejercicio de dicha facultad.
En dicho acto administrativo se definieron los requisitos de experiencia y estudios así:
«[…] A.- EN CUANTO A LA EXPERIENCIA
Se entiende por tal, los conocimientos, las habilidades y las destrezas adquiridas a través del ejercicio del empleo y la práctica profesional en el ejercicio de cargos en entidades públicas o privadas, y en el ejercicio independiente de la profesión.
Será aceptada como experiencia profesional altamente calificada, en primer lugar, la adquirida en el desempeño de los cargos del sector hacendario (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos Nacionales, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Aduanas Nacionales, la Superintendencia de Control de Cambios y la actual Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales). En segundo lugar, la adquirida en el desempeño de cargos públicos o privados con posterioridad a la terminación de los estudios universitarios y en tercer lugar, la experiencia anterior a la terminación de estudios universitarios en el sector privado o público, caso en el cual deberá ser calificada por el Director.
B.- EN CUANTO A LOS ESTUDIOS
Se entenderán así los efectuados dentro de la educación formal, que conduzcan a la obtención de grados o títulos registrados y autenticados u homologados de acuerdo con las normas legales que regulan la materia. Serán valorados los estudios y grados en carreras universitarias, post-grados, especializaciones, magíster y doctorado siempre y cuando su duración no sea inferior a un año y su obtención sea posterior al título de formación profesional […]»
Sin embargo, la resolución citada fue derogada por la Resolución 8011 del 23 de noviembre de 1995, que en su artículo 1.º determinó el campo de aplicación de la prima técnica y que indicó que esta se otorgaría a los funcionarios «[…] altamente calificados, que, de acuerdo con las necesidades específicas de la DIAN […]», desempeñaran cargos cuyas funciones demandaran la aplicación de conocimientos técnicos o científicos especializados o que realizaran labores de dirección o de especial responsabilidad. Asimismo, el artículo 4 ejusdem reglamentó los requisitos para el otorgamiento de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada
Luego, la Sección Segunda, Subsección A, se refirió a la experiencia altamente calificada de la señora Caviedes Camargo y determinó que:
iii) Y frente al requisito de la experiencia altamente calificada si bien es cierto que la demandante fue desvinculada de la Dirección de Aduanas Nacionales desde el 23 de abril de 1993 según la Resolución 1380 de ese año y que solo se reintegró a la entidad a partir del 7 de septiembre de 1998; lo cierto es que de acuerdo con los pronunciamientos de esta jurisdicción contenidos en las sentencias del 5 de junio de 1997 y 4 de junio de 1998, al declararse la nulidad del acto de desvinculación se indicó expresamente la inexistencia de solución de continuidad desde el momento del retiro y hasta la reincorporación efectiva.
De acuerdo con lo anterior, para la subsección el tiempo en el que la demandante estuvo separada del cargo debe ser contabilizado para efectos de experiencia porque las sentencias del 5 de junio de 1997 y 4 de junio de 1998 no condenaron al pago de una indemnización en favor de la libelista, sino que ordenaron su reintegro a título de restablecimiento del derecho, por lo que la orden judicial no puede entenderse exclusivamente al pago de salarios y prestaciones dejadas de cancelar sino también al ejercicio de su empleo en la entidad y los derechos de carrera derivados de este.
En ese sentido, se encuentra acreditado que la señora Caviedes Camargo demostró, en principio, una experiencia posterior a la obtención del título de posgrado superior a tres años, esto es, entre el 1.º de marzo de 1990 y el 6 de septiembre de 1998. No obstante, para la Sala la demandante no cumple el requisito de la experiencia altamente calificada por cuanto esta no puede ser asimilada al concepto de experiencia profesional o tiempo de servicio. Así lo entendió la Sala de Consulta y Servicio Civil en concepto 2081 del 2 de febrero de 2012 cuando indicó:
«[…] La expresión “altamente calificada” como criterio para acceder a la prima técnica no es equivalente a la “experiencia profesional”. La primera alude a condiciones profesionales de excelencia que por razones de estudios, conocimientos, talentos, destrezas y habilidades, exceden los requisitos establecidos para ocupar un empleo. La experiencia profesional, en cambio, es una de las condiciones que junto con el requisito de estudio, forma parte del perfil de competencias que ordinariamente se requieren para ocupar el empleo.
[…]
La experiencia altamente calificada como criterio para acceder a la prima técnica puede haberse conseguido o completado en el ejercicio del cargo sobre el cual se está solicitando su reconocimiento o también en otros empleos públicos o privados. En todo caso debe tener la calidad de “calificada” a que se ha hecho referencia en la respuesta anterior. […]»
Esta posición fue expuesta por la Subsección B de esta Corporación en sentencia del 29 de enero de 2015, en la que también se precisó para su acreditación que «[…] no basta que las certificaciones señalen o describan tiempo de servicio del empleado, los cargos ocupados y las funciones desempeñadas, puesto que lo establecido en las normas reglamentarias exige la calificación de la experiencia laboral por el jefe del organismo que evidencie que alcanza altos índices de eficiencia que justifiquen el reconocimiento y pago de la referida prestación […]» y en la que se recordó que el «[…] fundamento teleológico de la prima técnica, que busca atraer y mantener en el ejercicio de cargos públicos que requieran de especial responsabilidad o de conocimientos técnicos y altamente especializados, al personal idóneo para su desempeño, que cuente con experiencia calificada y con las capacidades de responder a las necesidades del servicio. […]»
De acuerdo con lo anterior, pese a que el periodo comprendido entre el 23 de abril de 1993 y el 6 de septiembre de 1998 puede ser contabilizado para efectos de tiempo de servicio, a juicio de esta subsección no ocurre lo mismo para efectos de demostrar la experiencia altamente calificada para ser beneficiaria de la prima técnica por cuanto, en el ejercicio de los cargos de profesional universitaria código 3020 grado 08 contado desde el 6 de abril de 1990 (fecha en que obtuvo el título de formación avanzada) al 27 de enero de 1992 y profesional en ingresos públicos III nivel 32 grado 25 desde el 30 de noviembre del mismo año hasta el 23 de abril de 1993 solo transcurrieron dos años, dos meses y cuatro días.
Aunado a lo anterior, en el expediente no obran constancias o certificaciones de la calificación de la experiencia de la demandante por parte del jefe de la entidad, elemento que era necesario para el reconocimiento de la prestación con anterioridad al 11 de julio de 1997, que permita demostrar que cumplió con los requerimientos para justificar el reconocimiento y pago de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada, es decir que acreditó el requisito antes de entrar en vigencia el Decreto 1724 de 1997.
Ello en virtud de que la transición regulada en el artículo 4 del Decreto 1724 ejusdem implica que los requisitos debían haberse cumplido antes del 11 de julio de 1997, motivo por el cual certificados que valoren la experiencia posterior a dicha fecha o reconocimientos como el que obra a folio 400 del cuaderno de historia laboral y por medio del cual la libelista alega que se demostró la experiencia altamente calificada no pueden ser tenidos en cuenta porque no es una certificación donde se evalúe la experiencia altamente calificada y en todo caso el documento es del año 2009.
Finalmente debe precisarse que esta subsección ha admitido que para acreditar la experiencia altamente calificada no es necesario que esta se cause únicamente en el ejercicio del cargo desempeñado en la entidad, sino que también puede evaluarse la obtenida en el sector privado o de forma independiente siempre que guarde relación con las funciones del empleo y que dicha experiencia pueda ser evaluada por el jefe de la entidad, es decir, la demandante pudo solicitar que se le tuviera en cuenta la experiencia obtenida durante el periodo en el que fue desvinculada de la entidad demandada, pero en el proceso no obra prueba de ello.
En esas condiciones, la sala descarta la violación del principio de congruencia y, además, no encuentra que la sentencia esté viciada por falta de motivación. Por el contrario, se observa que la decisión tuvo como fundamento el análisis normativo, jurisprudencial y probatorio, que permitió concluir al juez de segunda instancia que la señora María Helena Caviedes Camargo no cumplió con el requisito de experiencia altamente calificada para ser beneficiaria de la prima técnica.
Evidentemente, el propósito del recurso extraordinario promovido por María Helena Caviedes Camargo es propiciar una instancia adicional del proceso ordinario para demostrar que el reconocimiento de la prima técnica es procedente, porque sí probó la experiencia altamente calificada.
A juicio de la sala, en sede del recurso extraordinario, resulta improcedente examinar el acierto de la decisión del juez de la nulidad y restablecimiento del derecho, pues las conclusiones a las que arribó están amparadas por los principios de autonomía e independencia judicial.
La sala insiste en que el juez del recurso extraordinario de revisión, cuya competencia está limitada por las causales del artículo 250 CPACA, no es el encargado de examinar la actividad interpretativa del juez ordinario, ni de revisar la valoración probatoria. El recurso extraordinario de revisión, como se vio, es una excepción al principio de cosa juzgada, que procede por causales específicas, pero que lejos está de ser una instancia adicional del proceso ordinario.
En definitiva, no prospera el recurso extraordinario de revisión, pues la sentencia recurrida no está viciada de nulidad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala especial de decisión nro. 3, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Aceptar el impedimento manifestado por el magistrado Gabriel Valbuena Hernández, por las razones expuestas.
Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la señora María Helena Caviedes Camargo contra la sentencia del 26 de septiembre de 2019 (adicionada por auto del 9 de diciembre siguiente), dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.
Archivar el expediente del recurso extraordinario de revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Se deja constancia que la providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
Julio Roberto Piza Rodríguez
Presidente de la sala
(Firmado electrónicamente)
Alexander Jojoa Bolaños
(Firmado electrónicamente)
Oswaldo Giraldo López
Salva parcialmente voto
(Firmado electrónicamente)
Luis Alberto Álvarez Parra
Aclara voto
ACLARACIÓN DE VOTO / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Causal de impedimento configurada
Los motivos de [la] aclaración se contraen a las razones que expresó la Sala Especial de Decisión para aceptar el impedimento manifestado por el magistrado Gabriel Valbuena Hernández. (…). De acuerdo con la posición unificada del Consejo de Estado, el recurso extraordinario de revisión es una actuación completamente ajena al proceso de origen, es decir, se trata de un medio de control, autónomo e independiente de aquel en el que se dictó la providencia cuestionada. (…). Como ya lo ha considerado la corporación, es necesario que se revise en cada caso, si además de haber participado en la discusión y aprobación del fallo, i) las causales invocadas se refieren a asuntos que tienen estrecha relación con lo debatido en el proceso o, por el contrario, ii) se trata de situaciones completamente nuevas que el juez que dictó la providencia no tuvo oportunidad de conocer y ellas no pudieron ser alegadas por las partes del proceso en el mismo. (…). En el presente caso, la causal de impedimento se configura en la medida en que ciertamente el recurso extraordinario de revisión tiene por objeto reabrir la discusión sobre cuestiones jurídicas definidas en el proceso ordinario respecto de las que el magistrado que manifestó su impedimento, ya se pronunció. (…). [E]n el análisis de la casual de impedimento manifestada por el magistrado, es necesario verificar que, además de haber participado en la discusión y aprobación de la sentencia objeto de revisión, las razones que sustentan el recurso comprenden aspectos que guardan estrecha relación con lo debatido en el proceso, pues solo así se desconocería el principio de imparcialidad. En el presente caso (…) los argumentos de la recurrente sobre los que sustenta la causal de revisión prevista en el artículo 250-5 del CPACA, comprenden aspectos que fueron controvertidos en el proceso primigenio, sobre los que el magistrado ya tuvo oportunidad de pronunciarse al proferir la sentencia del 26 de septiembre de 2019. Esto por cuanto, según la demanda de revisión, la sentencia cuestionada: i) violó el derecho fundamental al debido proceso, al resolver aspectos que no fueron discutidos ni en la actuación administrativa, ni en sede judicial, específicamente, el requisito de experiencia profesional altamente calificada; ii) se profirió sin motivación, pues no analizó el concepto de experiencia altamente calificada, de acuerdo con la Resolución 3682 de 1994, proferida por la Dian; y iii) hay contradicción en las conclusiones, respecto al cumplimiento del requisito de experiencia profesional.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 129 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 249 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 250 NUMERAL 5.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la expresión “sin exclusión que profirió la decisión” contenida en el artículo 249 del CPACA, consultar: Corte Constitucional, sentencia C-450 de 2015.
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN 3
ACLARACIÓN DE VOTO DE LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Radicación número: 11001-03-15-000-2021-00610-00
Actor: MARÍA HELENA CAVIEDES CAMARGO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Con el acostumbrado respeto por los integrantes de la Sala Especial de Decisión No. 3, en virtud del artículo 129 de la Ley 1437 de 2011, me permito expresar las razones por las cuales, si bien acompañé la decisión adoptada en la sentencia del cuatro (4) de agosto de dos mil veintiuno (2021), encuentro necesario aclarar mi voto.
Los motivos de mi aclaración se contraen a las razones que expresó la Sala Especial de Decisión para aceptar el impedimento manifestado por el magistrado Gabriel Valbuena Hernández, como a continuación expongo:
De acuerdo con la posición unificada del Consejo de Estado, el recurso extraordinario de revisión es una actuación completamente ajena al proceso de origen, es decir, se trata de un medio de control, autónomo e independiente de aquel en el que se dictó la providencia cuestionada.
La expresión “sin exclusión de la sección que profirió la decisión” contenida en el artículo 249 del CPACA, fue declarada exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-450 de 2015, por considerar que “no se vulnera el principio de imparcialidad por el hecho de que en la decisión intervengan los magistrados que dictaron el fallo cuestionado”. Y precisó, que no se desconoce el principio de imparcialidad “por el solo hecho de que un juez conozca de manera subsecuente de un proceso en sus distintas etapas a condición de que se trate de asuntos sustancialmente distintos y que el segundo de los pronunciamientos no tenga estrecha relación con el primero”.
Por lo tanto, como ya lo ha considerado la corporación, es necesario que se revise en cada caso, si además de haber participado en la discusión y aprobación del fallo, i) las causales invocadas se refieren a asuntos que tienen estrecha relación con lo debatido en el proceso o, por el contrario, ii) se trata de situaciones completamente nuevas que el juez que dictó la providencia no tuvo oportunidad de conocer y ellas no pudieron ser alegadas por las partes del proceso en el mismo.
En el primero de los supuestos, se debe declarar fundado el impedimento, en la medida en que se debaten asuntos sobre los cuales el juez se pronunció. Y, en el segundo, será infundado en cuanto que se plantean hechos o circunstancias que el magistrado no tuvo la oportunidad de conocer en la respectiva instancia.
Precisado lo anterior, se advierte que, en el presente caso, la causal de impedimento se configura en la medida en que ciertamente el recurso extraordinario de revisión tiene por objeto reabrir la discusión sobre cuestiones jurídicas definidas en el proceso ordinario respecto de las que el magistrado que manifestó su impedimento, ya se pronunció.
Ahora bien, la Sala consideró que la causal de impedimento se configura “ya que el magistrado Valbuena Hernández participó en la discusión y aprobación de la sentencia objeto de revisión, lo que supone que conoció previamente del asunto, así sea a instancias del proceso ordinario”.
Al respecto me permito manifestar, de manera respetuosa, que en el análisis de la casual de impedimento manifestada por el magistrado, es necesario verificar que, además de haber participado en la discusión y aprobación de la sentencia objeto de revisión, las razones que sustentan el recurso comprenden aspectos que guardan estrecha relación con lo debatido en el proceso, pues solo así se desconocería el principio de imparcialidad.
En el presente caso, como ya lo advertí, los argumentos de la recurrente sobre los que sustenta la causal de revisión prevista en el artículo 250-5 del CPACA, comprenden aspectos que fueron controvertidos en el proceso primigenio, sobre los que el magistrado ya tuvo oportunidad de pronunciarse al proferir la sentencia del 26 de septiembre de 2019. Esto por cuanto, según la demanda de revisión, la sentencia cuestionada: i) violó el derecho fundamental al debido proceso, al resolver aspectos que no fueron discutidos ni en la actuación administrativa, ni en sede judicial, específicamente, el requisito de experiencia profesional altamente calificada; ii) se profirió sin motivación, pues no analizó el concepto de experiencia altamente calificada, de acuerdo con la Resolución 3682 de 1994, proferida por la Dian; y iii) hay contradicción en las conclusiones, respecto al cumplimiento del requisito de experiencia profesional.
En estos términos dejo consignada mi aclaración frente a lo decidido por la Sala Especial de Decisión No. 3 en la sentencia del 4 de agosto de 2021.
Fecha ut supra.
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Debió declararse infundado el impedimento
[L]a Sala Especial de Decisión debió declarar infundado el impedimento, según los motivos que pasan a verse. (…). [D]ado que el recurso extraordinario de revisión no comporta un nuevo examen del asunto ya decidido, sino que se entiende como otro proceso, el hecho que el consejero haya participado en la decisión objeto de revisión es una circunstancia que, objetivamente considerada, no ha sido prevista por el legislador como una situación que afecte la imparcialidad del magistrado o de aquellos que participaron en su adopción; de modo que la causal en la que se sustentó el impedimento era infundada, por lo que no había lugar a separarlo del conocimiento del asunto y menos invocando la causal segunda que está expresamente excluida para el evento del recurso extraordinario de revisión. En efecto, el fundamento por el cual se declaró fundado el impedimento es el numeral 2 del artículo 141 del Código General del Proceso, por el juez “haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior (…)” – se subraya-, cuando el artículo 249 de la Ley 1437 de 2011 establece expresamente que “de los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión”. En tal sentido, se aceptó el impedimento sin existir sustento alguno que lo respaldara, no siendo de recibo que se diga que un juez compromete su imparcialidad porque alguna de las partes cuestiona la decisión que ha tomado. Tal posición olvida por completo que el juez no puede tener interés en sus providencias, pues el único propósito que le anima es la adecuada administración de justicia, de lo contrario el recurso de reposición sería improcedente, puesto que precisamente debe resolverlo el juez que adoptó la decisión de la cual se discrepa, tratándose de un instrumento que le permite al juez rectificar en aquellos casos que sea procedente.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 249
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN 3
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DE OSWALDO GIRÁLDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-15-000-2021-00610-00
Actor: MARÍA HELENA CAVIEDES CAMARGO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO
De manera respetuosa expongo las razones por las cuales no comparto lo decidido en el numeral primero de la providencia proferida el 4 de agosto de 2021 por esta Sala Especial de Decisión que dispuso: “(…) 1. Aceptar el impedimento manifestado por el magistrado Gabriel Valbuena Hernández”.
En mi criterio, la Sala Especial de Decisión debió declarar infundado el impedimento, según los motivos que pasan a verse:
(i) Mediante sentencia del 26 de septiembre de 2019, la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación confirmó la proferida el 7 de febrero de 2014 por la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que denegó las pretensiones de la demanda formulada por la actora en donde solicitaba “el reconocimiento y pago de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada”.
(ii) Contra la anterior decisión la señora María Elena Caviedes interpuso recurso extraordinario de revisión invocando la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.
(iii) La providencia objeto de salvamento parcial de voto resolvió de fondo el recurso extraordinario de revisión sin dar prosperidad a las pretensiones de la demanda y, como cuestión preliminar, abordó el estudio del impedimento manifestado por el Consejero Gabriel Valbuena Hernández, quien invocó la causal prevista en el artículo 141-2 del Código General del Proceso por haber participado en la discusión y aprobación de la sentencia objeto de revisión.
(iv) En el escrito de impedimento presentado por el señor Consejero indicó que había conformado la sala de decisión que dictó la sentencia del 26 de septiembre de 2019 y el auto de adición del 9 de diciembre del mismo año, estimando que si bien el artículo 249 de la Ley 1437 de 2011 establece que Sala Plena conoce de los recursos extraordinarios de revisión impetrados contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones de la Corporación sin exclusión de la sección que profirió la decisión, tal disposición “debía interpretarse en el sentido de entender que los magistrados que participaron en la decisión en instancia anterior, no pueden participar nuevamente en el estudio sobre la legalidad de aquella sentencia objeto de revisión”.
Agregó “Si bien el recurso extraordinario de revisión es un trámite totalmente nuevo e independiente del proceso contencioso que cursó su etapa ordinaria ante esta jurisdicción, debe tenerse en cuenta que como participante de la sala que profirió las providencias objeto de recurso, sería inapropiado que yo actué también como parte del quorum decisorio del fallo de revisión, dada la necesidad de hacer prevalecer la imparcialidad y la objetividad que deben presidir la adopción de las decisiones judiciales y de respetarle el debido proceso a los recurrentes”.
(v) La Sala Especial de Decisión aceptó el referido impedimento bajo las siguientes consideraciones:
“(…)
Vista la manifestación de impedimento, la sala considera que se configura la causal del artículo 141-2 del CGP, ya que el magistrado Valbuena Hernández participó en la discusión y aprobación de la sentencia objeto de revisión, lo que supone que conoció previamente del asunto, así sea a instancias del proceso ordinario.
Ahora, si bien el artículo 249 del CPACA establece que el recurso extraordinario de revisión se decide “sin exclusión de la sección (del Consejo de Estado) que profirió la decisión”, lo cierto es que sí hay impedimento frente al magistrado que hubiera participado en la sentencia objeto de recurso, pues, de lo contrario, se permitiría que revisaran su propia decisión, cuestión que es contraria al principio de imparcialidad, que rige la función pública de administrar justicia.
Tampoco sería suficiente sostener que el recurso extraordinario de revisión es un nuevo proceso, esto es, independiente del proceso ordinario que le da origen, por cuanto, en la mayoría de los casos, los argumentos del recurso están dirigidos a cuestionar aspectos con incidencia directa en el asunto de fondo, como cuando se ejerce la acción especial de revisión por las causales del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. De hecho, como se verá más adelante, el presente recurso está dirigido a cuestionar aspectos sustanciales frente a los cuales el magistrado Valbuena Hernández ya tuvo la oportunidad de pronunciarse en el proceso ordinario. (…)”.
(vi) La razón de mi disentimiento frente a este punto radica en que, dado que el recurso extraordinario de revisión no comporta un nuevo examen del asunto ya decidido, sino que se entiende como otro proceso, el hecho que el consejero haya participado en la decisión objeto de revisión es una circunstancia que, objetivamente considerada, no ha sido prevista por el legislador como una situación que afecte la imparcialidad del magistrado o de aquellos que participaron en su adopción; de modo que la causal en la que se sustentó el impedimento era infundada, por lo que no había lugar a separarlo del conocimiento del asunto y menos invocando la causal segunda que está expresamente excluida para el evento del recurso extraordinario de revisión.
En efecto, el fundamento por el cual se declaró fundado el impedimento es el numeral 2 del artículo 141 del Código General del Proceso, por el juez “haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior (…)” – se subraya-, cuando el artículo 249 de la Ley 1437 de 2011 establece expresamente que “de los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión”.
En tal sentido, se aceptó el impedimento sin existir sustento alguno que lo respaldara, no siendo de recibo que se diga que un juez compromete su imparcialidad porque alguna de las partes cuestiona la decisión que ha tomado. Tal posición olvida por completo que el juez no puede tener interés en su providencias, pues el único propósito que le anima es la adecuada administración de justicia, de lo contrario el recurso de reposición sería improcedente, puesto que precisamente debe resolverlo el juez que adoptó la decisión de la cual se discrepa, tratándose de un instrumento que le permite al juez rectificar en aquellos casos que sea procedente.
En estos términos dejo expuesto mi salvamento parcial de voto.
Fecha ut supra,
(firmado electrónicamente)
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado
La parte resolutiva dispuso: Primero: Adicionar el numeral primero de la sentencia proferida el 26 de septiembre de 2019 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentado por la señora María Helena Caviedes Camargo contra la DIAN, en el sentido de confirmar también por las razones aquí expuestas la providencia del 7 de febrero de 2014 proferida por la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Segundo: Negar las demás solicitudes de aclaración y adición. Tercero: Efectuar las anotaciones correspondientes en el programa «Justicia Siglo XXI» y, ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen. Expediente 25000234200020130454901 (1585-2014). Ver, entre muchas otras, la providencia del expediente 11001031500020130199800, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Cfr., entra muchas otras, la sentencia del 4 de diciembre de 2018, expediente 11001031500020180088800, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. Ver, entre otras, las siguientes providencias: del 20 de abril de 2004, expediente número: 11001-03-15-000-1996-0132-01; del 18 de octubre de 2005, expediente número 11001-03-15-000-2000-00239-00, del 7 de febrero de 2006, expediente número 11001-03-15-000-1997-00150-00; del 2 de marzo de 2010, expediente número 185; del 9 de marzo de 2010, expediente número 1100103150002002-
1024-01, y del 31 de mayo de 2011, expediente número 1100103150002008-00294-00. Causales que antes estaban previstas en el artículo 140 CPC. Sentencia del 2 de marzo de 2010, radicación número: 11001-03-15-000-2001-0091-01
Sentencia del 8 de mayo de 2018, expediente 11001-03-15-000-1998-00153-01. Cita del texto original: «Resumidos en la página 16 de esta providencia»
Cita del texto original: Artículo 103 Ley 1437 de 2011
Cita del texto original: Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de Unificación CE-SUJ-SII 010-2018, SUJ-010-S2 del 12 de abril 2018. Radicación número: 81001-23-33-000-2014-00012-01(1321-15). Cita del texto original: «Artículo 42. Deberes del juez. Son deberes del juez: […] 6. Decidir aunque no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, o aquella sea oscura o incompleta, para lo cual aplicará las leyes que regulen situaciones o materias semejantes, y en su defecto la doctrina constitucional, la jurisprudencia, la costumbre y los principios generales del derecho sustancial y procesal […]». Cita del texto original: Esta expresión hace referencia a que no es posible dejar de resolver un asunto, bajo el argumento de que «No está claro», toda vez que el juez tiene la obligación de emitir fallo ante cualquier caso que se someta a su conocimiento aunque no aparezca regulado en la ley. Cita del texto original: Artículo 103 del CPACA
Cita del texto original: Artículo 228 de la Constitución Política. Cita del texto original: Artículo 229 ibidem
Cita del texto original: Consejo de Estado, Sección Segunda, 6 de abril de 2011. Rad.: 11001-03- 25-000- 2009-00038- 00(0901-09). Cita del texto original: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 5 de octubre de 2016, radicación: 52001-23-31-000-1998-00092-01(38335), actor: Agrocultivos del Pacífico y otros. Cita del texto original: Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de Unificación CE-SUJ-SII 010-2018, SUJ-010-S2 del 12 de abril 2018. Consejero ponente: Sección Segunda. Radicación número: 81001-23-33-000-2014-00012-01(1321-15). Cita del texto original: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 2 de diciembre de 2015, radicación: 47001- 23-31-000-2001-00660-01(36285), actor: Consultores Constructores Asociados Limitada
Cita del texto original: Sentencia proferida en el proceso con radicación 54001233300020120015201 (3955-2013) de Elda Rosa Barrios Quijano contra la DIAN.
Posición que ha sido reiterada en sentencias del 16 de mayo de 2019 con radicación 15001233300020160036101 (1210-2018) de Luís Hernando Rodríguez Alfonso contra la DIAN y del 30 de mayo de 2019 con radicación 25000232500020110019501 (4225-2016) de Oscar Jimeno Mejía Archila contra la DIAN
Cita del texto original: Posición asumida por esta Sección en sentencia del 15 de mayo de 2013 en el proceso con radicación 250002032500020100019601 (1146-2012)
Cita del texto original: Ver sentencia del 1.º de febrero de 2018. Expediente 25000232500020120139301 (2370-15). Alfredo José Arrieta González contra el ICBF, en la cual esta Corporación señaló: «[…] sobre la forma de obtener dicha experiencia precisó que es viable sumar la que se reúne en el cargo frente al cual se solicita la prima técnica, sin embargo, esta no es la única forma de hacerlo, pues es viable que se acumule la lograda en el ejercicio de su función en otros empleos públicos o privados, tal como lo ha definido esta Sección. En línea con lo expuesto, se ha considerado que esta experiencia cualificada debe exceder la exigida para el cargo y, para lograr el reconocimiento de la prima técnica, debe ser acreditada por el interesado mediante certificación del desempeño de los respectivos empleos, que contenga, además, las funciones desarrolladas de manera que sea posible determinar su relación con las labores que se cumplen, la cual, en todo, caso deberá ser calificada por el jefe del organismo. […]»
Magistrado en encargo
Radicado: 11001031500020210061000
Recurrente: María Helena Caviedes Camargo
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