RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-02123-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-02123-00

Fecha
22 de marzo de 2024
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-02123-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión en lo relacionado con la causal 5ª de revisión, referida a la nulidad originada en la sentencia, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: ABSTENERSE DE CONDENAR a la parte recurrente por concepto (i) de costas y agencias en derecho; y (ii) gastos, expensas y perjuicios; de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta 28 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Recurrente: Viviana García Vargas Radicado: 11001-03-15-000-2023-02123-00 providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2023-02123-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

22 de marzo de 2024

Recurrente: Viviana García Vargas
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02123-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTISIETE (27) ESPECIAL DE DECISIÓN

Magistrada Ponente (E): LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., ocho (8) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2023-02123-00
Recurrente: VIVIANA GARCÍA VARGAS

Temas: Causal 5ª de revisión – Nulidad originada en la sentencia –
Requisitos para su configuración – Violación al principio de
congruencia

SENTENCIA QUE RESUELVE EL RECURSO EXTRAORDINARIO

OBJETO DE LA DECISIÓN

No observando causal de nulidad que invalide lo actuado, la Sala resuelve el
recurso extraordinario de revisión interpuesto por la señora Viviana García Vargas,
con el cual pretende que se infirme la sentencia proferida por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, el 6 de octubre de 2022, en el medio de control de nulidad
simple, promovido por la recurrente contra Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales -DIAN- y la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social -UGPP-.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda de nulidad simple

El 13 de abril de 2021, la señora Viviana García Vargas presentó demanda, en
ejercicio del medio de control de nulidad simple, contra la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales -DIAN- y la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP-, con la que pretendió:

«2.1 Se declare la nulidad del contenido del artículo primero1 de la Resolución 22
del 18 de marzo de 2020 expedida por la DIAN.

2.2 Que se declare la nulidad del contenido del artículo 8°2 y del parágrafo 1° de
dicho precepto contenidos en la Resolución 30 del 29 de marzo de 2020 proferida
por la DIAN.

1 Artículo 1°. SUSPENDER entre el 19 de marzo y el 03 de abril de 2020, inclusive, los términos en

los procesos y actuaciones administrativas, en materia tributaria, aduanera y cambiaria, de
conformidad con lo indicado en la parte motiva de la presente resolución.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Recurrente: Viviana García Vargas
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02123-00

2.3 Que se declare la nulidad del artículo 1°3 de la Resolución No. 385 del 1° de
abril de 2020 proferida por la UGPP.

2.4 Que de no concederse lo anterior, se expliquen las formas de aplicación de la
susodicha suspensión para cada procedimiento de competencia de la DIAN y
también de la UGPP considerando los términos establecidos en días, meses o
años y las normas preexistentes a los textos impugnados aplicables a esta
materia.»

Con las normas demandadas, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -
DIAN- y la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -UGPP- ordenaron la suspensión general de los términos en las
actuaciones administrativas que tenían a su cargo.

1.2. Sentencia de única instancia

El proceso le correspondió en única instancia al Consejo de Estado – Sección
Cuarta que, mediante sentencia del 6 de octubre de 2022, negó las pretensiones

2 Artículo 8°. SUSPENDER hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por

el Ministerio de Salud y Protección Social la totalidad de los términos de las actuaciones
administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa, incluidos los procesos disciplinarios.
Durante el término que dure la suspensión y hasta el momento en que se reanuden las
actuaciones no correrán los términos de caducidad, prescripción o firmeza previstos en la
legislación tributaria, aduanera y cambiaria.
Parágrafo primero. De conformidad con lo establecido en el inciso 3 del artículo 6 del Decreto 491
de 2020, los términos se reanudarán al día hábil siguiente a la superación de la Emergencia
Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. Para este efecto, los términos
suspendidos empezarán a correr nuevamente, teniendo en cuenta los días que al momento de la
suspensión hacían falta para cumplir con las obligaciones correspondientes, incluidos aquellos
establecidos en meses o años.
3 Artículo primero. SUSPENDER durante la vigencia de la emergencia sanitaria decretada por el

Ministerio de Salud y Protección Social, los términos en los procesos administrativos de
determinación, sancionatorios, de discusión, por interposición de recursos de reconsideración o
acción de revocatoria directa, y cobro de las Contribuciones Parafiscales de la Protección Social,
adelantados por la UGPP.
De conformidad con lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 6º del Decreto Legislativo 491 de 2020,
los términos de las actuaciones administrativas se reanudarán a partir del día hábil siguiente a la
superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Parágrafo 1o. Lo dispuesto en el presente artículo aplica igualmente para la decisión de las
solicitudes de Terminación por Mutuo Acuerdo y Conciliación Judicial por parte del Comité de
Conciliación y Defensa Judicial de la UGPP, así como para la interposición y decisión de los
recursos de reposición y las solicitudes de revocatoria directa contra las actas del comité de
Conciliación y Defensa Judicial que niegan las solicitudes de Terminación por Mutuo Acuerdo y
Conciliación Judicial.
Parágrafo 2o. Lo previsto en esta disposición no aplicará cuando el aportante u obligado mediante
comunicación dirigida a la Unidad, solicite le continuidad del proceso administrativo o el trámite de
la solicitud de Terminación por Mutuo Acuerdo o Conciliación Judicial, caso en el cual la
administración mediante acto de trámite atenderá la solicitud, ordenando la reanudación de los
términos suspendidos a partir de la entrega de la comunicación del acto en la dirección electrónica
suministrada por el obligado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4o del Decreto
Legislativo 491 de 2020, en concordancia con el artículo 566-1 del Estatuto Tributario.
Parágrafo 3o. Tratándose del Proceso Administrativo de Cobro, no aplicará la suspensión de
términos para la atención de las solicitudes de desembargos o para su levantamiento por parte de
la entidad”.

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Recurrente: Viviana García Vargas
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02123-00

de la demanda al concluir que los actos administrativos cuestionados al ordenar la
suspensión general de términos no desconocieron los «principios de legalidad,
proporcionalidad, igualdad y debido proceso como alega la demandante».

El fallo del 6 de octubre de 2022 fue notificado por estado electrónico fijado en la
página web del Consejo de Estado el 24 de octubre de 2022 y cobró ejecutoria el
27 del mismo mes y año4.

II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

2.1. Demanda

Con escrito enviado al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado
el 27 de abril de 2023, la señora Viviana García Vargas, en nombre propio,
interpuso recurso extraordinario de revisión, en el que incluyó las siguientes
pretensiones:

«PRIMERO: Que se declare la nulidad de la sentencia de única instancia proferida
por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,
en el proceso de Nulidad Simple a que aluden los hechos de esta demanda y en
su lugar se expida otra que conceda las pretensiones de la demanda de nulidad.

SEGUNDO: Que, de no acceder a lo precitado, se expida providencia que incluya
el razonamiento critico (sic) de los fundamentos, la mención de las normas
aplicables, un pronunciamiento sobre todas las pretensiones, exponga las razones
respecto a la forma como debe ser interpretado y aplicado el conteo de términos
en meses y años en el marco de la suspensión de términos de los procedimientos
administrativos que motivo (sic) la acción de nulidad.»

2.2. Causal de revisión invocada y sustento

Como fundamento del medio de impugnación excepcional invocó la causal 5ª del
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, es decir, existir nulidad originada en la
sentencia contra la que no proceda recurso de apelación.

Para sustentar la causal invocada, de manera preliminar precisó que:

«Así las cosas, visto el contenido de la providencia judicial impugnada resaltan
aspectos que tornan el fallo incongruente debido a la falta de pronunciamiento
sobre una de las pretensiones, unido a la insuficiente motivación, razonamiento
crítico y fundamentación legal, que, si bien, no encuadran en alguna de las
causales de nulidad previstas en el artículo 133 del CGP, si pueden ser
reclamadas con el recurso de revisión, conforme expone el artículo 134 del CGP al
vulnerar componentes del núcleo esencial del debido proceso, lo que resulta

4 Esto de conformidad con la constancia de ejecutoria expedida por lasecretaria de la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, el 24 de noviembre de 2022, a través del Oficio N.º 2553. Este
documento puede ser consultado en el índice 46 del sistema de información SAMAI del proceso
con radicado 11001-03-27-000-2021-00030-00.

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Recurrente: Viviana García Vargas
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02123-00

procedente dada la remisión expresa del artículo 306 del CPACA al Código de
Procedimiento Civil hoy Código General del Proceso.»

Aseguró que se transgredió el principio de congruencia, comoquiera que no se
emitió un pronunciamiento sobre todas las pretensiones de la demanda, se omitió
hacer referencia al artículo 118 de la Ley 1564 de 2012 y no se desarrollaron los
presupuestos establecidos en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011.

Precisó que el sustento del recurso extraordinario de revisión no estaba previsto
en alguna de las causales del artículo 133 de la Ley 1564 de 2012, «sino a la
vulneración del debido proceso».

Al desarrollar cada uno de los cargos, sostuvo:

• Desconocimiento del principio de congruencia

Aseguró que se incurrió en este yerro, toda vez que existe «disparidad protuberante
entre lo pedido, lo debatido y lo resuelto».

Señaló que no se resolvió la pretensión subsidiaria relacionada con que se
explicara «la forma de aplicación de la suspensión de términos para cada procedimiento
de competencia de la DIAN y la UGPP», teniendo en cuenta los plazos en días,
meses, años y «las normas preexistentes aplicables a estas materias».

Por lo anterior, aseguró que se configuró el fenómeno denominado «minuspetita»,
como se precisó en la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 16 de
agosto de 2022 en el expediente con radicado N.º 76001-23-24-000-1997-04345-
01, y se transgredió lo dispuesto en los artículos 187 de la Ley 1437 de 2011 y 280
de la Ley 1564 de 2012.

En ese orden de ideas, advirtió:

«En este sentido, de acuerdo con la jurisprudencia, el debido proceso se ha
establecido como una causal genérica de nulidad de la sentencia posible de
invocación por originarse la nulidad al momento de proferir la providencia
definitiva, en la medida que el hecho que la motiva tuvo ocurrencia en la misma
providencia, constituyéndose en anomalía procesal reglada en el artículo 281 del
CGP, que, de no haberse presentado, la decisión a adoptar hubiera sido distinta,
porque su resolución implicaba, en el marco de la determinación de suspender los
términos de los procedimientos administrativos, hacer precisión frente a la forma
de entendimiento y conteo de los términos dispuestos en meses o años desde lo
concebido por el legislador en el artículo 118 del CGP, precepto cuya debida
aplicación hubiese variado el sentido del fallo emitido.»

Por último, transcribió un aparte de la sentencia de la Corte Constitucional T-961
de 2000, relacionado con la obligación de las autoridades judiciales de resolver
todos los cuestionamientos que se le plantean, y afirmó que la providencia

4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Recurrente: Viviana García Vargas
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02123-00

recurrida «no señala motivo alguno por el cual omite pronunciarse sobre la peticionado
identificado con el numeral (2.4) en el acápite de pretensiones».

• Transgresión del debido proceso «en aspectos sustanciales»

En relación con esta inconformidad, sostuvo que la Constitución «los tratados
internacionales sobre derechos humanos» y la Convención Americana sobre
Derechos Humanos consagraban la garantía superior al debido proceso.

Señaló que los principios de legalidad e igualdad hacían parte integral del debido
proceso y que, en el caso concreto, los artículos 59 de la Ley 4 de 1913 y 118 de
la Ley 1564 de 2012 regulaban la manera como se debían contar los términos en
días, meses o años. En este punto, agregó:

«De esta forma, de la lectura del contenido de la antedicha normativa es
suficientemente claro que no solamente el legislador en aquellas dispuso la
manera como debe contarse los términos, si no también, como ha de entenderse
su conteo, además, estos preceptos jurídicos son anteriores tanto al decreto 491
de 2020 expedido por la presidencia de la república y también a las resoluciones
proferidas por las autoridades administrativas para suspender los términos de los
procedimientos a su cargo, y dado que el artículo 6º del mentado decreto
presidencial no hace mención alguna de las normas que interpretan los términos y
su conteo, más bien limita el pronunciamiento a indicar la suspensión de términos,
empero, al no decir nada sobre el cómo debe entenderse aquello inherente al
conteo del inicio del término y del final de este, prevalece el contenido de las
citadas normativas del ordenamiento jurídico aplicable, no habiendo lugar a variar,
modificar o cambiar la forma como estos deben ser entendidos y aplicados.

En el caso concreto, cuando la sentencia proferida por la sección cuarta del
consejo de estado concede la razón a las entidades al determinar que los actos
administrativos por ellas proferidos se encontraban conforme con el ordenamiento
jurídico desconociendo el contenido de esa providencia la interpretación y
aplicación extraña que conlleva la aplicación de la suspensión de términos una vez
tal medida es levantada, porque cuando los términos suspendidos corresponden a
meses o años como los concernientes a recurso de reconsideración, escrito de
respuesta al requerimiento especial, resoluciones sanción, y liquidaciones
oficiales, entre otros, todos son términos establecidos en meses y cuando la norma
indica que la fecha del inicio del conteo de estos debe corresponder a la fecha del
final de dicho conteo, no da lugar a una interpretación y aplicación surgida de la
suspensión de términos mediante la cual, se cuentan el número de días que tuvo
duración la suspensión de términos y esos días se adicionan una vez levantada la
medida de suspensión, circunstancia que hace inaplicable el contenido del artículo
118 del C.G.P, vulnerando con ello, la seguridad jurídica y concurrentemente el
debido proceso.

Por su parte, los actos administrativos que fueron demandados suspenden los
términos de firmeza de las declaraciones tributarias que están establecidos en
años, dejando de lado el contenido legal susodicho respecto de la comentada
interpretación y aplicación, además de posibilitar a la DIAN adelantar
investigaciones sobre declaraciones que ya han adquirido firmeza, soslayando así
el debido proceso, circunstancias que por sí mismas conducen a falencias de tal
grado que la sentencia contra la cual se interpone esta acción extraordinaria deba

5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Recurrente: Viviana García Vargas
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02123-00

ser suprimida del ordenamiento jurídico y en su lugar emitir otra cuyo contenido
acate debidamente los principios de seguridad jurídica, proporcionalidad, igualdad
y debido proceso.»

Finalmente, indicó que no se tuvieron en cuenta los principios de seguridad
jurídica, igualdad y proporcionalidad, los cuales hacen parte del derecho
consagrado en el artículo 29 de la Constitución; toda vez que «aunque no se altera
la ritualidad de los procedimientos, si se modifica ostensiblemente los términos
temporales de los mismos».

• «Incumplimiento de requisitos exigidos a la sentencia»

Respecto de este yerro, advirtió:

«En suma, la confluencia de falencias de la sentencia concernientes a la falta de
argumentos y fundamentos, es decir, al insuficiente análisis crítico de los
razonamientos legales, trunca lo dispuesto en el artículo 187 del CPCA por ser
este una materia del contenido obligado de las sentencias en materia contenciosa
administrativa, a lo que se adiciona, la falta de cita de textos legales, como el
artículo 118 del CGP que predica la forma como debe entenderse y aplicarse la
fecha de inicio y la fecha de finalización de los términos establecidos en días,
meses o años.»

Sostuvo que no se cumplió con uno de los presupuestos establecidos en el
artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, debido a que la decisión recurrida contiene
un «insuficiente análisis crítico» y el «razonamiento no fue el adecuado porque carece de
elementos de índole jurado suficientes, por dejar de lado preceptos jurídicos aplicables al
asunto concreto dando origen a un fallo judicial débil», por lo que se debía acceder a la
nulidad solicitada.

• Desconocimiento de la seguridad jurídica

Aseguró que «en términos generales la providencia impugnada en revisión carece de
argumentación y fundamentación» por lo que se transgredieron los principios de
seguridad jurídica, proporcionalidad, igualdad y debido proceso.

Indicó que en el fallo controvertido no se tuvo en cuenta que existen diferentes
trámites administrativos a cargo de las entidades que expidieron los actos
demandados, por lo que «no puede darse el mismo trato, por ser diferente el estado de
avance del respectivo procedimiento». En este punto, advirtió:

«En ese entendido, no es cierto que medidas generalizadas ante procedimientos
diversos en naturaleza y etapas, puedan conducir al acatamiento de los principios
de seguridad jurídica, proporcionalidad, de los derechos fundamentales a la
igualdad ante la ley y debido proceso, puesto que no puede ser proporcional una
medida de suspensión de términos que no considera ni tiene en cuenta el estado
de los procedimientos, tampoco respeta la forma dispuesta en normas

6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Recurrente: Viviana García Vargas
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02123-00

preexistentes sobre las diferencias entre términos dispuestos en días, meses o
años.»

Consideró que para contabilizar los términos en días no existía dificultad, pero
respecto de los que se fijaban en meses o años precisó:

«Sin embargo, la situación cambia cuando se trata de términos en meses o años,
dado que la ley ha establecido que la fecha de inicio y de finalización de esta clase
de términos deba coincidir en el mismo día en cuanto al día especifico (sic),
queriendo ello decir, a manera de ejemplo, que si el primer día del término
establecido en meses o años es el 17, el ultimo (sic) día de ese termino (sic) debe
coincidir con esa misma fecha, debe ser 17, no obstante, cuando la fecha final
concluya en día inhábil, se traslada para el día hábil siguiente, siendo estas
situaciones las únicas contempladas por la normativa aplicable.»

Agregó que el artículo 6° del Decreto 491 de 2020 facultó a las entidades del
Estado para suspender los términos de las actuaciones a su cargo, pero «previa
evaluación y justificación de la situación concreta».

Manifestó que la suspensión de términos que se adoptó no permite que se aplique
el artículo 118 de la Ley 1564 de 2012, por lo que «se vulnera lo predicado en el
reseñado artículo del C.G.P. circunstancia respaldada en la sentencia sometida a revisión
y que resulta en determinación abiertamente inconstitucional».

Aclaró que tampoco se hizo referencia a la manera como se deben contar los
términos en los procesos de declaraciones de impuestos de los contribuyentes, los
cuales fueron fijados en años por parte del legislador.

Por último, concluyó:

«Con la suspensión de términos decretada por la DIAN y la UGPP, queda una
clara evidencia que se afectó el principio de seguridad jurídica, el derecho
fundamental al debido proceso, los principios de igualdad y proporcionalidad,
integrados en los plazos de las actuaciones administrativas como una garantía
propia de cada trámite, la cual, no puede quedar al arbitrio de los funcionarios,
pues estos afectaron el equilibrio procesal y de contera la igualdad de las partes
en el procedimiento, tales medidas resultaron desproporcionadas, si se tiene en
cuenta que los funcionarios públicos pudieron seguir trabajando desde sus
hogares y la mayoría de los trámites administrativos se hubiesen podido realizar
de manera virtual.

Así las cosas, todo término o plazo predispuesto legal, judicial o contractualmente
en horas, días, meses o años deberá cumplirse, desplegarse y computarse de
acuerdo con las reglas especiales y concretas aplicables a cada uno de ellos,
proscribiéndose absolutamente la posibilidad jurídica de cumplir, desplegar y
computar un plazo de horas en días, o de meses en años, o viceversa, pues dicha
conducta desconoce de tajo la imperatividad de las normas dispuestas para su
cómputo; en efecto, las normas que disciplinan la manera de computar los plazos
o términos son reglas principios de orden público, que miran a la protección del
interés del conglomerado social en orden a dotar las relaciones jurídicas, que a su
amparo se consolidan, de la seguridad y certeza necesaria como valor fundante de

7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Recurrente: Viviana García Vargas
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02123-00

un Estado social y democrático de derecho, situaciones olvidadas en la sentencia
respecto de la cual se solicita su revisión.»

• Vulneración de los principios de igualdad y proporcionalidad

Después de hacer referencia al alcance del principio de proporcionalidad, sostuvo
que:

«En el presente asunto, vistas las situaciones surgidas con ocasión de la
determinación de suspensión de los términos, se tiene por un lado que los
procedimientos están diseñados como el desarrollo de varias etapas desde el
inicio hasta la culminación con la expedición del acto administrativo
correspondiente, no siendo lo mismo el que un procedimiento se encuentre en
etapa preliminar a cuando el mismo a (sic) iniciado con la emisión de actos
administrativos contra los cuales procede recursos, generándose trato diferenciado
y desigual entre las entidades y los administrados en cuanto a la interpretación y la
aplicación de la ley porque la extensión de los términos de manera generalizada
otorgó mucho tiempo mas (sic) a las entidades demandadas para consolidar sus
procedimientos y menguó las expectativas de los contribuyentes y/o administrados
frente a los términos para que sus declaraciones tributarias o aportes al sistema de
seguridad social adquirieran firmeza.

Lo dicho significa someter al querer y voluntad de la administración los contenidos
jurídicos previamente concebidos por el legislador dejando de lado los intereses
que sobre tales términos reposan en cabeza de los administrados, especialmente
respecto a la firmeza de sus declaraciones, puesto que no solamente se alteró la
manera como se cuentan los términos si no también se instauro una novedosa
forma de comprensión e interpretación de dichos términos.»

Insistió en que la suspensión de términos debió tener en cuenta cada uno de los
procesos que adelantan las entidades que dictaron los actos demandados y,
además, el estado en el que encontraban cada uno de ellos, porque «existen
diferencias sustanciales en cuanto a los recursos procedentes y las etapas en que se
encontraban».

Finamente, agregó que:

«Debe adicionarse a lo dicho, el hecho de que la sentencia impugnada avala la
manera como la DIAN y la UGPP someten a su antojo y voluntad las disposiciones
contenidas en normas jurídicas, teniendo ello ocurrencia cuando sin más
argumentos que la defensa de sus propios intereses albergados en la posibilidad
de adelantar investigaciones y por esa vía modificar los denuncios privados de
impuestos y los pagos a seguridad social, además de cambiar la forma del conteo
de términos, especialmente en aquellos dispuestos en meses y años, puesto que
el legislador ha dispuesto y así viene siendo aplicado que los términos en meses
se computan calendario y similarmente se entiende cuando se trata de términos en
años, ante lo que la resoluciones demandadas y la sentencia impugnada
determina que estos términos una vez levantada la suspensión deben
contabilizarse por días sin tener en cuenta si se trata de festivos o hábiles se
cuentan todos los días de corrido desfigurando la forma de conteo dispuesta con
antelación por el legislador.

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Recurrente: Viviana García Vargas
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02123-00

Por lo tanto, la comentada suspensión de términos, como se ha realizado de
manera unilateral e inconsulta por parte de las entidades demandadas, sin tener
en cuenta para nada a los administrados, resulta en una conducta que trasgrede la
ley sustancial y la sentencia aludida contra la cual se interpone acción
extraordinaria de revisión al estar inconforme con esta forma de interpretación y
aplicación del conteo de términos debe ser anulada para en su lugar proferir una
ajustada a la realidad del derecho viviente inspirado en los principios de seguridad
jurídica, proporcionalidad, debido proceso, e igualdad.»

2.3. Actuaciones procesales relevantes

2.3.1. Auto que inadmitió la demanda

Mediante auto del 9 de junio de 2023, se inadmitió la demanda que contiene el
recurso extraordinario de revisión que interpuso la señora Viviana García Vargas
y, en consecuencia, se le concedió cinco (5) días hábiles para que:

• Adjuntara la constancia de remisión de la copia de la demanda a las partes
e intervinientes, así como a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, por
los canales digitales y en los términos del Decreto 806 de 2020 y el artículo
35 de la Ley 2080 de 2021.

2.3.2. Memorial de subsanación

La recurrente, a través de memorial radicado electrónicamente el martes 20 de
junio de 2023, con el fin de subsanar la demanda aportó las constancias de envío
de la copia del recurso extraordinario de revisión a los buzones web de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social -UGPP- y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

2.3.3. Auto que admitió la demanda

A través de auto del 13 de julio de 2023, se admitió la demanda y se ordenó
notificar a la señora Viviana García Vargas, a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales -DIAN-, a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-, al agente
del Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

2.4. Contestaciones de la demanda

2.4.1. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, mediante
memorial presentado el viernes 28 de julio de 2023, sostuvo que los argumentos
expuestos en el recurso extraordinario de revisión fueron objeto de
pronunciamiento por parte de la Sección Cuarta del Consejo de Estado en la
sentencia recurrida.

9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Recurrente: Viviana García Vargas
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02123-00

Advirtió que el fundamento del medio de impugnación excepcional no guarda
relación con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011,
toda vez que «no se tipifican en ninguna de las causales restrictivas».

Aseguró que la señora Viviana García Vargas pretendía «reabrir» el debate que se
dio ante el juez natural de la causa y desconocer las razones por las cuales esa
autoridad judicial no accedió a las pretensiones de la demanda. Además, precisó
que la discusión hizo tránsito a cosa juzgada.

Después de hacer referencia a los argumentos de la recurrente, consideró que se
desconoció la finalidad y la técnica para sustentar de manera adecuada el recurso
extraordinario de revisión. En este punto, indicó:

«De acuerdo con los argumentos de la recurrente y las pruebas obrantes en el
expediente, radicación 11001032700020210003000 (25571), es evidente que se
trata de una inconformidad de la demandante originada antes de dictar sentencia
puesto que la argumentación que expone para sustentar el recurso extraordinario
de revisión coincide con los argumentos que fundamentan la acción de nulidad
simple.»

Hizo una comparación de las razones sobre las que erigió la demanda de nulidad
simple y el recurso extraordinario de revisión y precisó que, a pesar de que su
redacción era distinta, se trataba de la misma controversia.

Recordó los problemas jurídicos que formuló la Sección Cuarta del Consejo de
Estado y señaló que la discusión relacionada con el desconocimiento del principio
de proporcionalidad, que «echa de menos la recurrente», fue abordada en el control
inmediato de legalidad que se resolvió con la sentencia del 13 de agosto de 2020
en el expediente con radicado «2020-01166-00».

Trajo a colación las consideraciones de la providencia recurrida en cuanto a la
transgresión de los principios de igualdad, seguridad jurídica y debido proceso,
para advertir que existió un pronunciamiento de fondo frente a las pretensiones de
la señora Viviana García Vargas.

Por otra parte, en relación con la pretensión subsidiaria que la demandante indicó
que no se resolvió y aclaró que:

«Esta afirmación carece de sentido por cuanto la Sala en el pronunciamiento de
fondo precisamente aclara la aplicación temporal de la suspensión de términos, en
tanto las propias disposiciones demandadas establecieron la extensión de la
suspensión, de tal manera que hubiera suficiente claridad sobre la forma de
reanudación de los términos.»

10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Recurrente: Viviana García Vargas
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02123-00

Afirmó que todas las pretensiones de la demanda de nulidad simple se negaron e
insistió que lo que se buscaba con el medio de impugnación excepcional era
«obtener una nueva posición por el Consejo de Estado».

Pidió que se decretara e incorporara como prueba el expediente del proceso
ordinario, y que se condenara en costas y agencias en derecho a la recurrente
«dado el desgaste que realiza la entidad al tener que acudir ante la vía judicial».

En ese orden de ideas, solicitó que se declarara infundado el recurso
extraordinario de revisión y se «reconozca la legalidad de la sentencia recurrida de
manera extraordinaria».

2.4.2. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-, mediante
memorial presentado el viernes 2 de agosto de 2023, aseguró que los argumentos
sobre los que se estructuró el recurso no sustentan la causal invocada y lo que se
busca es «habilitar una tercera instancia».

Sostuvo que la «técnica jurídica» para promover el referido medio de impugnación
excepcional excluye la posibilidad de esgrimir «cuestionamiento sobre el criterio con
que el Magistrado interpretó o aplicó la ley», como lo hace la recurrente en el trámite
de la referencia debido a que busca que se haga un «control de legalidad» de la
sentencia que profirió la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

Hizo referencia a las razones en las que se fundamentó la providencia del 6 de
octubre de 2022 para negar las pretensiones de la demanda y consideró que ello
fue así, toda vez que los actos administrativos que se cuestionaron fueron lo
suficientemente claros en punto de la suspensión y reanudación de términos
administrativos, como se podía advertir de las partes considerativa y resolutiva de
éstos.

Expuso las razones por las cuales las decisiones de la administración eran legales
y advirtió que el propósito de las medidas fue evitar el contagio a gran escala del
virus covid-19, conforme con la emergencia sanitaria declara por el gobierno
nacional.

Por lo tanto, manifestó que con la decisión del órgano de cierre en materia
tributaria no se desconoció el principio de congruencia y que no era posible
concluir que se configuró la causal 5ª del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011,
máxime cuando en el recurso se indicó «en este caso, el razonamiento no fue el
adecuado porque carece de elementos de índole jurado suficientes, por dejar de lado
preceptos jurídicos aplicables al asunto concreto dando origen a un fallo judicial débil».

Señaló que tampoco era dable que en el medio de impugnación excepcional se
reiteraran los argumentos de la demanda ordinaria y que no podía pretenderse

11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Recurrente: Viviana García Vargas
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02123-00

convertir esta sede procesal en una oportunidad para corregir los errores en los
que se pudo incurrir en el medio de control de simple nulidad.

Sostuvo que la Sección Cuarta del Consejo de Estado motivó de manera
suficiente su decisión y que «cosa diferente es que la recurrente no comparta las
conclusiones de la sentencia».

En ese sentido, indicó que:

«La causal invocada no puede referirse a la actividad analítica del Juez, pues la
convicción de este se forma de manera libre y con base en los hechos llevados al
proceso por los medios probatorios; el recurso extraordinario de revisión, no es
una oportunidad para mejorar una prueba o producir otra con posterioridad a la
sentencia revisada, pues no habría nunca cosa juzgada, por ende el recurso no se
enmarca en la causal 5 del artículo 250 del CPACA, por lo tanto no es posible
anular la sentencia, ya que pensar lo contrario atenta contra los principios de
inmutabilidad, debido proceso, lealtad procesal y cosa juzgada»

Así las cosas, solicitó que se declarara infundado el recurso extraordinario de
revisión.

2.5. Concepto del Ministerio Público

El procurador quinto delegado ante el Consejo de Estado, a través de
concepto presentado el lunes 31 de julio de 2023, aseguró que el recurso
extraordinario de revisión era improcedente, por cuanto era «evidente que el
propósito de los argumentos es que se haga un control de legalidad respecto de la
sentencia expedida por el Consejo de Estado, como si se tratara de una nueva instancia,
sin tener en cuenta que respecto de ella operó el fenómeno jurídico de la cosa juzgada».

Después de exponer las consideraciones de varias providencias dictadas por
distintas salas especiales de decisión del Consejo de Estado, precisó que la
causal invocada no se configuraba porque lo único que se observaba era la
inconformidad de la demandante con la decisión que negó sus pretensiones en el
proceso ordinario y no que se hubiera incurrido en alguna conducta que
configurara la nulidad alegada.

Indicó que se cuestionó la «labor intelectual del juzgador al resolver el recurso de
apelación como la decisión tomada» y ello escapaba del objeto del medio de
impugnación excepcional que se promovió.

Al pronunciarse sobre el fondo de la controversia, precisó que la Sección Cuarta
de esta Corporación no accedió a lo que solicitó la señora Viviana García Vargas,
por cuanto en el trámite de la nulidad simple ella no logró desvirtuar la presunción
de legalidad de los actos administrativos demandados.

12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Recurrente: Viviana García Vargas
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02123-00

Hizo referencia a los argumentos esbozados en la sentencia del 6 de octubre de
2022 y sostuvo que:

«Nótese que, como lo determinó la Sección Cuarta en la providencia objeto de
revisión, la reanudación de los términos contempla expresamente las condiciones
de su aplicación para los términos de días, meses o años, con lo cual despeja las
dudas sobre el alcance de la suspensión de términos y su reanudación para los
plazos establecidos en días, meses o años de los diferentes procedimientos
administrativos ante las autoridades demandadas. Con ello, se prevé́ cualquier
dificultad en la aplicación de la suspensión de términos en los casos concretos, y
se observa el principio de seguridad jurídica y el derecho al debido proceso.

En efecto, se observa que la alta corporación motivó con suficiencia el cargo de
nulidad por falsa motivación de los actos administrativos acusados. Cosa diferente
es que el recurrente no comparta las conclusiones del juzgador.»

En consecuencia, insistió en que con el recurso extraordinario se pretendía «reabrir
el debate probatorio, como si el trámite que nos ocupa fuera una instancia adicional» y
las razones sobre las cuales se fundamentó no tenían la entidad suficiente para
que se cumpliera con los presupuestos del numeral 5 del artículo 250 de la Ley
1437 de 2011.

Así las cosas, pidió que se «niegue» lo pretendido con el medio de impugnación
excepcional.

2.6. Auto que decreta e incorpora pruebas

El despacho sustanciador, mediante auto del 13 de octubre de 2023, accedió a la
solicitud probatoria elevada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -
DIAN- y, en consecuencia, requirió a la Secretaría de la Sección Cuarta del
Consejo de Estado para que remitiera copia digital íntegra del medio de control de
nulidad simple con radicado N.º 11001-03-27-000-2021-00030-00.

Igualmente, le reconoció personería al abogado Pablo Nelson Rodríguez Silva,
identificado con cédula de ciudadanía 5935463 y tarjeta profesional 89049 del
Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales -DIAN-, y a la abogada Ana Cristina Cáceres Álvarez,
identificada con cédula de ciudadanía 1052383580 y tarjeta profesional 202520 del
Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada de la Unidad de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA ESPECIAL

3.1. Normatividad aplicable

El Título VI Capítulo I de la Ley 1437 de 2011, regula el recurso extraordinario de
revisión. En él se indican los términos, causales y requisitos que deben cumplirse

13

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Recurrente: Viviana García Vargas
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02123-00

para su admisión y procedencia, en los artículos 248 a 255 5, modificados
parcialmente por la Ley 2080 de 2021.

3.2. Presupuestos procesales de la acción

3.2.1. Competencia

La Sala Veintisiete (27) Especial de Decisión de esta Corporación es competente
para conocer el presente recurso extraordinario de revisión, interpuesto por la
señora Viviana García Vargas, con el cual pretende que se infirme la sentencia
proferida por el Consejo de Estado – Sección Cuarta, el 6 de octubre de 2022, en
el medio de control de nulidad simple, promovido por la recurrente contra
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- y la Unidad de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-.

Lo anterior, con fundamento en lo establecido por el artículo 249 de la Ley 1437 de
2011, en virtud del cual los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por
las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado serán conocidos por la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, sin exclusión de la sección que profirió la
decisión6.

Por su parte, el artículo 107 ejusdem creó las Salas Especiales de Decisión para
resolver los procesos sometidos al conocimiento de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado que la ley expresamente les
encomiende, disposición con fundamento en la cual se expidió el Acuerdo 321 de
2014 que, en su artículo 2º, señaló los asuntos de su competencia, asignándoles,
entre otros, los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las
sentencias de las Secciones y Subsecciones del Consejo de Estado, competencia
que quedó expresamente regulada en el artículo 29 del Acuerdo 080 de 2019,
expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado, actualmente vigente.

3.2.2. Oportunidad

En el sub examine se encuentra acreditado que la demanda se dirige contra la
sentencia dictada el 6 de octubre de 2022, notificada por estado electrónico el 24
de octubre de 2022, y el recurso fue interpuesto el 27 de abril de 2023, lo que

5 Las normas citadas fueron modificadas por los artículos 68 al 70 de la Ley 2080 de 2021.
6 Corte Constitucional, Sentencia C-450 del 16.06.2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En
esta sentencia se consideró que «la expresión demandada simplemente implica que no se puede
excluir de plano a todos los Magistrados de la Sección o Subsección, pero en ningún momento
permite concluir que no deba decidirse en cada caso concreto si se presenta una causal de
impedimento, por lo cual es claro que no se afectan los principios de imparcialidad e independencia
judicial.» Conforme al planteamiento anterior, no vulnera el principio de imparcialidad el
conocimiento de un recurso extraordinario de revisión por parte de uno de los magistrados que
aprobó la sentencia recurrida, toda vez que, no es jurídicamente admisible excluir a todos los
consejeros que participaron de la decisión impugnada.

14

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Recurrente: Viviana García Vargas
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02123-00

significa que no alcanzó a transcurrir el año al cual se refiere la norma aplicable al
caso.

3.2.3. Legitimación en la causa

En relación con el presupuesto referido a la legitimación en la causa, debe
expresarse que la señora Viviana García Vargas está habilitada por activa, y la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- y la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social -UGPP- por pasiva, respectivamente, porque fueron las partes del juicio en
el que se dictó la sentencia, objeto de la petición de revisión del vocativo de la
referencia.

3.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede infirmar el fallo dictado el 6 de
octubre de 2022, por el Consejo de Estado – Sección Cuarta, en el medio de
control de nulidad simple, instaurado por la recurrente contra la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- y la Unidad de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-, con el que pretendía
que se declarara la nulidad parcial de las resoluciones N.º 22 del 18 de marzo de
2020, N.º 30 del 29 de marzo de 2020 y N.º 385 del 1° de abril de 2020, en lo
relacionado con la suspensión general de términos en los procesos administrativos
a cargo de las referidas entidades.

En consecuencia, con fundamento en la situación fáctica señalada por la parte
actora, el material probatorio recaudado, los argumentos expuestos en el libelo
introductorio y la intervención del Ministerio Público, el problema jurídico que
subyace al caso concreto consiste en establecer si se configura en el sub examine
la causal 5ª de revisión, consagrada en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011,
referida a existir nulidad en la providencia que puso fin al proceso y contra la cual
no procede recurso alguno.

Como subproblemas jurídicos, corresponde establecer si en la sentencia se
incurrió en desconocimiento del principio de congruencia y falta de motivación, de
manera que se justifique la invalidación de la decisión.

Para resolver el problema y los subproblemas planteados, la Sala abordará los
siguientes ejes temáticos: i) generalidades del recurso extraordinario de revisión;
ii) causal de nulidad originada en la sentencia; iii) principio de congruencia del
fallo; y (iv) análisis del caso concreto.

15

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Recurrente: Viviana García Vargas
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02123-00

3.4. Generalidades del recurso extraordinario de revisión

Este recurso, regulado en los artículos 248 y siguientes del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es un medio de
impugnación excepcional que permite revisar determinadas sentencias de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, amparadas por la intangibilidad de
la cosa juzgada e infirmarlas, ante la demostración inequívoca de ser decisiones
injustas, por incurrir en alguna de las causales que taxativamente consagra la ley7.

Las providencias susceptibles del recurso son «(i) las dictadas por las Secciones y
Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; (ii) las
dictadas en única, primera o segunda instancia por los Tribunales Administrativos y (iii) las
dictadas en primera o segunda instancia por los Jueces Administrativos, cuya naturaleza
permita la interposición de tal recurso.»8

Para la interposición del recurso deben atenderse los requisitos de las demandas
ordinarias, indicados en el artículo 252 de la Ley 1437 de 2011, especialmente, el
recurrente debe señalar, justificar y acreditar en grado de plenitud probatoria el
supuesto de hecho de la causal o causales consagradas en el artículo 250
ejusdem, en que se funda el recurso. Así, constituye un presupuesto de especial
trascendencia que la parte actora aporte las pruebas necesarias, pertinentes e
idóneas, encaminadas a acreditar la causal de nulidad que alega.

En este orden, la técnica del recurso exige correspondencia entre los argumentos
en que se fundamenta, la causal invocada y las alegaciones expuestas por el
recurrente, de forma tal que no le es dable a éste realizar elucubraciones dirigidas
a atacar las motivaciones jurídicas o los juicios de valor que soportaron la decisión
adoptada en la sentencia recurrida ni pretender subsanar o corregir errores u
omisiones de la propia parte en el ejercicio del derecho de contradicción y el
agotamiento de los mecanismos ordinarios de defensa, como si se tratara de una
nueva instancia.

En otras palabras, el recurso extraordinario de revisión no da cabida a
cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la
sentencia, siendo riguroso en cuanto a su procedencia, pues se restringe a las
causales enlistadas. Por ello, en este escenario, la labor de la Sala no puede
exceder la demarcación impuesta por el recurrente al explicar la causal de

7 El marco teórico y conceptual del recurso extraordinario de revisión con las características
esenciales que se indican ha sido construido por esta Corporación, entre otras, en las siguientes
sentencias: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de
2.03.2010, Rad. REV-2001-00091, 6.04.2010, Rad. REV-2003-00678, 20.10.2009, Rad. REV-
2003-00133, 12.07.2005, Rad. REV-1997-00143-02, 14.03.1995, Rad. REV-078, 16.02.1995, Rad.
REV-070, 20.04.1993, Rad. REV-045 y 11.02.1993, Rad. REV-037; Sección Tercera, sentencia del
22.04.2009, Rad. 35995 y Sección Quinta, sentencia de 15.07.2010, Rad. 2007- 00267.
8 Corte Constitucional, Sentencia C-520 del 4.08.2009, M.P. María Victoria Calle Correa.

16

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Recurrente: Viviana García Vargas
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02123-00

revisión, que deberá ser examinada dentro de un estricto y delimitado ámbito
interpretativo9.

Tampoco es posible que se cuestione la valoración probatoria efectuada por el
juez ordinario, pues no se trata de corregir «los errores de apreciación de los hechos y
de las pruebas, en que a juicio del recurrente hubiera podido incurrir el fallador, pues eso
equivaldría a convertir el recurso en un juicio contra el fondo de la sentencia,
discutiendo nuevamente los hechos, ya dilucidados con fuerza de cosa juzgada; sino de
la inobservancia de las reglas propias de la sentencia, que vician su validez.»10

En virtud de lo expuesto, se advierte que este recurso tiene como finalidad
principal la revisión de las decisiones adoptadas injustamente, es decir, por
medios ilícitos o irregulares, pero no para tratar de enmendar los errores judiciales
como los casos de inadecuada valoración de las pruebas (error de hecho), falta de
aplicación de la norma correspondiente, o indebida aplicación de esta (error de
derecho)11.

9 Así se desprende de las normas que lo consagran y lo ha desarrollado esta Corporación en varios

pronunciamientos de los que cabe destacar: Al respecto, la Sala Plena de esta Corporación, en
sentencia de 27.01.2004. Rad. (REV) 2003-0631, M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, precisó
que: «… no constituye una nueva instancia, razón por la cual no es admisible en él la continuación
del debate probatorio o sobre el fondo del asunto, debiendo circunscribirse únicamente a las
precisas causales señaladas en la ley, cuyo examen y aplicación obedecen a un estricto y
delimitado ámbito interpretativo. (....)». En ese mismo sentido, en sentencia de 11 de octubre de
2005. Rad. (REV) 2003-0794. M.P. Ligia López Díaz, se manifestó que con el recurso
extraordinario especial de revisión «(...) No se trata de controvertir el juicio de valoración propio del
juzgamiento, ni es otra instancia que permita a las partes adicionar o mejorar las pruebas y los
argumentos ya expuestos y debatidos en las etapas anteriores del proceso, puesto que ello
equivaldría a convertir el recurso especial de revisión en un juicio contra el fondo de la sentencia,
discutiendo nuevamente los hechos ya dilucidados con fuerza de cosa juzgada (...)». Sobre la
naturaleza taxativa del recurso extraordinario de revisión ver Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 29.04.2015, M.P. Danilo Rojas
Betancourt; 25000-23-26-000-1999-00319-01(26239); Sección Primera, Sentencia de 26.11.2018,
radicado 11001-03-24-000-2009- 00616-00(REV), M.P. Nubia Margot Peña Garzón Sala Cuarta
Especial de Decisión, Sentencia del 13.10.2020, M.P. Alberto Montaña Plata, Rad. 11001-03-15-
000-2019-00119-00(REV). Esta última sentencia cuenta con la siguiente cita original «Al respecto
consultar sentencias de Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de: 17 de julio de 2013, rad.
11001- 03-15-000-2009-00062(REV); 26 de febrero de 2013, rad. 11001-03-15-000-2008- 00638-
00(REV) y de 18 de octubre de 2005, rads. 11001-03-15-000-1998-00173- 00(REV) y 11001-03-
15-000-1999-00226-00(REV).»
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 27 Especial de Decisión,

Sentencia del 3.03.2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro (E); Sala Veintisiete (27) Especial de
Revisión, Sentencia del 3.04.2018, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2017-02091-
00 (REV).
11 De cualquier forma, será forzoso analizar con cuidado los argumentos esgrimidos por la parte

actora, con el fin de detectar si lo que se cuestiona es, realmente, una actuación contraria a la ley o
carente de justificación o, si el propósito del demandante es que se revise la decisión, como si el
proceso en sede de lo contencioso administrativo pudiera constituirse en una nueva instancia.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del
14.08.2008, Rad. 16.594.

17

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Recurrente: Viviana García Vargas
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02123-00

3.5. Causal de revisión por nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso

El numeral 5.º del artículo 250 del CPACA, establece «[e]xistir nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación»12.
De acuerdo con lo anterior, la causal comprende los siguientes presupuestos:

(i) Que se dirija contra una sentencia respecto de la cual no proceda recurso
de apelación, «… porque entonces sería el juez ad quem quien debe concurrir a
desplegar la actividad judicial que permita enervar y solucionar el hecho constitutivo
de nulidad o en dado caso dejárselo explícito al a quo si corresponde a éste
implementar la solución, campo de acción que es totalmente ajeno al juez del
recurso extraordinario de revisión …, es decir, ya superó las instancias del juez
natural …»13.

ii) Que exista una nulidad procesal o constitucional, «… pero este segundo
supuesto pende del siguiente y (iii) que esta tenga nacimiento en la sentencia que
puso fin al proceso, o en su defecto, que la parte afectada, bajo motivo invencible,
no hubiera podido alegarla …»14.

Así las cosas, aunque el enunciado normativo es claro, se ha dicho que «… se trata
de una de las causales de revisión que más discusiones ha generado en la jurisprudencia
de lo contencioso administrativo15 … dado que, en razón de su redacción, ha
correspondido al juez del recurso de revisión establecer su alcance, por cuanto el
legislador omitió determinar las circunstancias que podían generar la nulidad de la
providencia, es decir, se trata de un texto en blanco …»16. En otras palabras, si bien de
la lectura del numeral 5.º del artículo 250 del CPACA, se advierte que para la
configuración de la causal es necesario que la nulidad se presente al momento de

12 Sobre esta causal pueden verse, entre otras decisiones la siguientes: (i) Consejo de Estado,

Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiuno Especial de Decisión, sentencia de 3
de abril de 2018, radicación n.º 11001-03-15-000-2014-00251-00, MP. Rafael Francisco Suárez
Vargas, (ii) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veinticinco
Especial de Decisión, sentencia de 20 de agosto de 2021, radicación n.º 10001-03-15-000-2020-
02925-00, MP. Marta Nubia Velásquez Rico, (iii) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Quince Especial de Decisión, sentencia de 10 de marzo de 2021, radicación
n.º 11001-03-15-000-2019-03190-00, MP. Hernando Sánchez Sánchez, (vi) Consejo de Estado,
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Quinta Especial de Decisión, sentencia de 16
de febrero de 2021, radicación n.º 11001-03-15-000-2019-00788-00, MP. Milton Chaves García y
(v) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de
Decisión, sentencia de 13 de octubre de 2020, radicación n.º 11001-03-15-000-2019-00119-00,
MP. Alberto Montaña Plata.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Quince Especial de

Decisión, sentencia de 3 de marzo de 2020, radicación n.º 11001-03-15-000-2016-02343-00–
acumulado (REV), MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
14 Ibidem.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiséis Especial de

Decisión, sentencia de 7 de abril de 2015, radicación n.º 11001-03-15-000-2013-00358-00 (REV),
MP. Alberto Yepes Barreiro.
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de

Decisión, sentencia de 7 de febrero de 2017, radicación n.º 11001-03-15-000-2016-02260-
00(REV), MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

18

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Recurrente: Viviana García Vargas
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02123-00

proferir la sentencia, lo cierto es que, el legislador no definió los eventos
constitutivos del vicio.

En ese sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo17, en un ejercicio
hermenéutico, ha señalado de manera consistente, que los hechos que la
configuran son aquellos que constituyen las causales de nulidad procesal, esto es,
las previstas en el artículo 133 del CGP18, pero no son figuras idénticas. Se trata
de vicios procesales que surgen al momento de la expedición de la sentencia,
pero no los acaecidos en etapas anteriores, toda vez que, las nulidades
procesales deben seguir la regla de oportunidad prevista en el artículo 134 del
CGP19.

Sin embargo, también se ha aceptado la posibilidad de alegar la nulidad originada
en la sentencia, cuando, pese a configurarse el vicio constitutivo de la causal
antes de proferirse el fallo, «… no pudo ser advertida por el recurrente durante el curso
del proceso …»20, caso en el cual, al afectado le asiste la carga de probar que no
tuvo la oportunidad de proponer la nulidad, pues de lo contrario, la causal se
convertiría en una excusa para subsanar las omisiones cometidas en el proceso
ordinario. En este sentido, resulta importante señalar que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en providencia de 31 de mayo
de 2011, resumió los supuestos que podrían configurar el vicio de nulidad en la
sentencia, así:

«En síntesis, la nulidad que tiene origen en la sentencia se presenta por i) falta de
jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia en proceso terminado
normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se dicta sentencia
después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento,
aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, iv) cuando se dicta
sentencia como única actuación, sin el previo trámite correspondiente, v) cuando se
condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la
demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, vi) cuando se condena a quien
no ha sido parte en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia
después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión
o, en éstos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando la sentencia aparece
firmada con mayor o menor número de magistrados, o adoptada con un número de

17 Ver entre otras, las siguientes providencias (REV) de 20 de abril de 2004, radicación n.º 11001-

03-15-000-1996-0132-01; de 18 de octubre de 2005, radicación n.º 11001-03-15-000-2000-00239-
00, de 7 de febrero de 2006, radicación n.º 11001-03-15-000-1997-00150-00; de 2 de marzo de
2010, expediente número 185; de 9 de marzo de 2010, radicación n.º 11001-03-15-000-2002-1024-
01 y de 31 de mayo de 2011, radicación n.º 11001-03-15-000-2008-00294-00.
18 Causales que antes estaban previstas en el artículo 140 CPC.
19 En este sentido puede verse: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,

Sala Tercera Especial de Decisión, sentencia de 4 de agosto de 2021, radicación n.º 11001-03-15-
000-2021-00610-00 (REV), MP. Julio Roberto Piza Rodríguez.
20 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 6 de agosto

de 2013, radicación n.º 11001-03-15-000-2009-00687-00 (REV). MP. Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas, en la que se cita «Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. MP.
Mauricio Torres Cuervo. Sentencia del 2 de marzo de 2010. Radicación número: 11001-03-15-000-
2001-0091-01. Actor: Pedro Antonio Durán Durán. Demandado: Contraloría General de la República».

19

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Recurrente: Viviana García Vargas
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02123-00

votos diverso al previsto en la ley, ix) cuando la providencia carece completamente de
motivación.»

Con posterioridad, en sentencia de 8 de mayo de 201821, con fines de unificación
jurisprudencial22 y a partir del artículo 29 superior, la Sala Plena fijó un nuevo
alcance de la causal de nulidad originada en la sentencia. En dicha decisión se
indicó, que el fallo inhibitorio injustificado también configura la causal de revisión
mencionada por desconocer el debido proceso, la tutela judicial efectiva y el
derecho de acceso a la administración de justicia.

En suma, la sentencia puede resultar viciada por hechos que, si bien no están
previstos como causales de nulidad procesal, lo cierto es que sí pueden afectar la
legalidad y justicia de la decisión, al punto que desconocería el artículo 29 de la
Constitución. Dentro de estos supuestos, a manera enunciativa, se pueden citar
los siguientes: (i) la sentencia en la que se condena a la parte que no fue
vinculada al proceso; (ii) la sentencia de las corporaciones judiciales que no
cuenta con el número de votos necesarios para la aprobación, o aquella que
aparece firmada con mayor o menor número de magistrados; (iii) la sentencia que
no tiene formal ni materialmente motivación ante la carencia total de
pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de derecho que le
permiten arribar a una decisión; (iv) la sentencia que se dicta con violación al
principio de la non reformatio in pejus; (v) la decisión que desconoce el principio
de congruencia bien sea por una condena extra, ultra o minuspetita23; y (vi)
cuando el juez, sin fundamento válido y razonable, dicta una decisión inhibitoria
que se traduce en denegación de justicia24.

3.6. Principio de congruencia

La congruencia procesal es definida como, el principio normativo que delimita el
contenido de las resoluciones judiciales que deben proferirse, de acuerdo con el
sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes (en lo civil, laboral, y
contencioso- administrativo) o de los cargos o imputaciones penales formulados

21 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de mayo

de 2018, radicación n.º 11001-03-15-000-1998-00153-01 (REV), MP. Alberto Yepes Barreiro. [En
la providencia se citaron, la sentencia C-739 de 2001 MP. Álvaro Tafur Galvis, que dispuso, entre
otras, «… ESTARSE A LO RESUELTO en las sentencias C-491 de 1995 … y C-217 de 1996 …»
y la providencia de 7 de febrero de 2006, radicación n.º 11001-03-15-000-1997-00150-00 (REV),
MP. María Elena Giraldo Gómez].
22 Por auto de 7 de julio de 2015, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo decidió asumir la competencia para decidir el caso con el propósito de unificar
criterios: «…i) En qué casos una sentencia inhibitoria puede dar origen a la procedencia del recurso
extraordinario de revisión por la causal de nulidad originada en la sentencia por violación al debido
proceso …».
23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de

Decisión, sentencia de 2 de febrero de 2016, radicación n.º 11001-03-15-000-2015-02342-00
(REV), MP. Alberto Yepes Barreiro.
24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de mayo de

2018, radicación n.º 11001-03-15-000-1998-00153-01 (REV) MP. Alberto Yepes Barreiro.

20

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Recurrente: Viviana García Vargas
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02123-00

contra el sindicado o imputado, sea de oficio o por instancia del ministerio público
o del denunciante o querellante (en el proceso penal), para el efecto de que exista
identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones o imputaciones y
excepciones o defensas oportunamente aducidas, a menos que la ley otorgue
facultades especiales para separarse de ellas.

En virtud de este principio, el alcance y contenido de una providencia está
delimitado por las pretensiones de la demanda y por los argumentos expuestos en
las instancias del proceso, existiendo una correspondencia entre ésta y los hechos
que se esgrimen en la demanda.

Se encuentra regulado en el artículo 281 del Código General de Proceso que
reformó el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, normas aplicables por
remisión a los procesos que se adelantan en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, según lo dispuesto por el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.

Las citadas normas procesales, precisan:

«La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones
aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este Código
contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieran sido
alegadas si así lo exige la ley. (…)»

En torno a esta disposición, el Consejo de Estado ha señalado que la congruencia
debe ser interna y externa. La primera obedece a la correspondencia que debe
existir entre la parte motiva y resolutiva de la sentencia; y la segunda, esto es la
externa, que la decisión contenida en la parte resolutiva se encuentre en
concordancia con lo pedido en la demanda y en su contestación.

Sobre este aspecto la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, expresó:

«El petitum, entonces deberá expresar claramente la modificación o reforma que
se pretende de los actos acusados, y a él atañe la observancia por parte del
juzgador del principio de la congruencia de las sentencias, que debe ser tanto
interna como externa. La externa, se traduce en la concordancia debida entre el
pedido de las partes en la demanda y su corrección, junto con las excepciones,
con lo decidido en la sentencia y encuentra su fundamento en los artículos 55 de la
Ley 270 de 1996 y 170 del C.C.A. en concordancia con el 305 del C.P.C., que
señala que el juez en la sentencia debe analizar ‘los hechos en que se funda la
controversia, las pruebas, las normas jurídicas pertinentes, con el objeto de
resolver todas las peticiones’. No debe olvidarse, además, que conforme al artículo
304 del C.P.C. la parte resolutiva ‘deberá contener decisión expresa y clara sobre
cada una de las pretensiones de la demanda...’. La congruencia interna, está
referida a la armonía y concordancia que debe existir entre las conclusiones
judiciales derivadas de las valoraciones fácticas, probatorias y jurídicas contenidas

21

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Recurrente: Viviana García Vargas
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02123-00

en la parte considerativa, con la decisión plasmada en la parte resolutiva de la
sentencia.»25

Conforme a lo expuesto, este principio tiene como finalidad que la providencia se
encuentre en concordancia y armonía entre lo pretendido, lo pedido por las partes
y lo decidido por el juez, aspecto sobre el cual la Corte Constitucional ha
considerado que:

«A la luz de tal postulado, el juez debe resolver todos los aspectos ante él
expuestos y, por consiguiente, es su obligación explicar las razones por las cuales
no se ocupará del análisis de fondo de alguna de las pretensiones.
Adicionalmente, el juez tiene a su cargo el deber de fallar con fundamento en la
realidad fáctica demostrada, por cuanto, su decisión, de ninguna manera, puede
fundamentarse en lo que dicho funcionario considera que pudo ser, pero que las
partes ni él de oficio, lograron establecer en el curso de la actuación procesal.»26

En consecuencia, la sentencia debe ser objeto de revisión cuando falta al principio
de congruencia, es decir, cuando aquella carece de la coherencia externa y/o
interna, razón suficiente para calificar de inválida la decisión, porque el fallador
excede su competencia, la que se repite está determinada por los cargos y
pretensiones de la demanda, lo cual ratifica que constituye un elemento de validez
de esta.

3.7. Análisis del caso concreto con fundamento en la causal de revisión
alegada y los supuestos fácticos y jurídicos en que se fundamenta

La señora Viviana García Vargas aseguró que con la sentencia del 6 de octubre
de 2022 se incurrió en el desconocimiento del principio de congruencia y, por ello,
se configuró la causal prevista en el numeral 5° del artículo 250 de la Ley 1437 de
2011. Por lo tanto, solicitó que se infirmara esa providencia y se dictara una
decisión que garantizara sus derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional -DIAN- y la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social -UGPP-, coincidieron en afirmar que la providencia que profirió la Sección
Cuarta del Consejo de Estado se dictó de conformidad con el ordenamiento
jurídico y que los actos administrativos cuestionados en sede de nulidad simple no
eran ilegales.

25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 11 de mayo de

1998, rad. REV-093; de 18 de octubre de 2005 rad. 2000-00239, de 20 de octubre de 2009, rad.
REV-2003-00133; y de sentencia de 7 de abril de 2015, rad. 2013-02724-00(REV), C.P. Jorge
Octavio Ramírez; Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 11 de junio de 2009, rad. 836-
06; y Sección Primera, sentencia de 14 de diciembre de 2009, rad. 2006-00123.
26 Corte Constitucional, Sentencia T-961 de 2000, reiterada en la T-079 de 2018. M.P. Carlos
Bernal Pulido.

22

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Recurrente: Viviana García Vargas
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02123-00

El procurador quinto delegado ante el Consejo de Estado, aseguró que el medio
de impugnación excepcional era improcedente, comoquiera que la recurrente
pretendía utilizarlo como una «nueva instancia» y desconocer que operó el
fenómeno de la cosa juzgada. Igualmente, indicó que se pretendía cuestionar la
«labor intelectual del juzgador» y ello no era posible a través de este mecanismo
procesal.

Ahora bien, la Sala anticipa que declarara infundado el recurso extraordinario de
revisión, por las razones que se exponen a continuación:

En la sentencia del 6 de octubre de 2022, se formuló el siguiente problema
jurídico:

«Le corresponde a la Sala examinar la legalidad del artículo 1.º de la Resolución
DIAN 022 del 8 de marzo de 2022; el artículo 8 de la Resolución DIAN 030 del 29
de marzo de 2020, y el artículo 1.º de la Resolución UGPP 385 del 1.º de abril de
2020, mediante los cuales se suspenden los términos en los procedimientos y
actuaciones administrativas en materia tributaria, aduanera y cambiaria de
competencia de la DIAN, y se suspenden los términos en los procesos de
competencia de la UGPP.

Concretamente, le corresponde definir si la suspensión general de términos para
todos los procedimientos y actuaciones administrativas adelantadas por las
entidades mencionadas, y contenida en tales actos, desconoció los principios de
legalidad, proporcionalidad e igualdad en que deben fundarse.

Se reitera que la Sala no se ocupará del examen del cargo relativo a la violación
del principio de proporcionalidad por parte de la Resolución DIAN 030 de 29 de
marzo de 2020, en tanto esta Corporación se pronunció de manera expresa sobre
ello en el proceso de control inmediato de legalidad adelantado bajo el radicado
11001-03-15- 000-2020-01168-0027.»

Posteriormente, se expusieron los antecedentes fácticos y jurídicos que dieron
lugar a la expedición de los actos administrativos cuestionados, y se transcribieron
parte de sus consideraciones en punto de la necesidad de suspender de manera
general los términos de los procesos a cargo de la Dirección de Impuestos y
Adunas Nacionales -DIAN- y la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-.

Luego, se sostuvo lo siguiente:

«La ley fue clara al autorizar la suspensión de términos para todas las
actuaciones administrativas adelantadas por estas entidades, por lo que la
suspensión general para todos los trámites se encuentra plenamente
fundamentada. Para la Sala, la autorización para suspender términos en general

27Ob. Cit. «CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Doce
Especial de Decisión, sentencia del 13 de agosto de 2020, exp. 11001-03-15-000-2020-01168-00
(Acumulado), M.P. Ramiro Pazos Guerrero.

23

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Recurrente: Viviana García Vargas
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02123-00

parte de la base de que todos los trámites o procedimientos podían verse
afectados por las circunstancias excepcionales que justificaron la declaratoria de
emergencia sanitaria, pues a falta de una suspensión general de términos, los
intervinientes en los mismos (contribuyentes, declarantes, funcionarios, terceros,
peritos, etc.) podían verse forzados a poner en riesgo su salud con el fin de
atender las diligencias o actuaciones propias de los procedimientos en que
intervienen.

Ante el riesgo generalizado, no había necesidad de examinar cada
procedimiento en particular, o sus diferentes etapas, en la medida en que
para todos los procesos y actuaciones era necesaria la participación de
alguna de las partes o sus intervinientes, que afrontarían un riesgo de
afectación en su salud que las medidas tomadas por el Gobierno nacional
buscaban evitar de manera general. Por tanto, no se advierte una violación al
principio de proporcionalidad en la suspensión de términos efectuada por las
normas demandadas, como lo entiende la demandante, en la medida en que la
situación que justificaba tal suspensión afectaba a todos los procesos por
igual.

La demandante no demuestra que la simple diferencia en el trámite o en las
etapas procesales previstas para cada actuación, o el momento del trámite
en el que cada proceso se vio suspendido como resultado de las normas
demandadas alteraba el riesgo para la salud de las partes o su derecho al
debido proceso en grados diferentes, de tal manera que surgiera la necesidad
de diferenciar la suspensión de términos, o la falta de esta, para cada proceso
administrativo adelantado por la DIAN o la UGPP.

En contraste, la Resolución UGPP 385 de 2020 sí contempla expresamente la
consideración de procesos particulares cobijados por la suspensión de términos,
cuando aclara en el parágrafo 2.º del artículo 1.º demandado que la suspensión de
términos no se aplicará cuando el aportante u obligado solicite la continuidad del
proceso administrativo o el trámite de la solicitud de terminación por mutuo
acuerdo o conciliación judicial, y en el parágrafo 3.º dispone que no aplicará la
suspensión de términos para la atención de las solicitudes de desembargos o su
levantamiento.

En cuanto a la aplicación temporal de la suspensión de términos, se tiene
que las propias disposiciones demandadas establecieron la extensión de la
suspensión, de tal manera que hubiera suficiente claridad sobre la forma de
reanudación de los términos. Así, el parágrafo 1.º del artículo 8.º de la
Resolución DIAN 0030 de 2020 estableció que “…los términos se reanudarán al
día hábil siguiente a la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el
Ministerio de Salud y Protección Social. Para este efecto, los términos
suspendidos empezarán a correr nuevamente, teniendo en cuenta los días que al
momento de la suspensión hacían falta para cumplir con las obligaciones
correspondientes, incluidos aquellos establecidos en meses o años”.

A su turno, la Resolución UGPP 3805 de 2020 ordenó sobre el particular que
“…los términos de las actuaciones administrativas se reanudarán a partir del día
hábil siguiente a la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el
Ministerio de Salud y Protección Social”.

Nótese que la reanudación de los términos contempla expresamente las
condiciones de su aplicación para los términos de días, meses o años, con lo
cual despeja las dudas sobre el alcance de la suspensión de términos y su
reanudación para los plazos establecidos en días, meses o años de los

24

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Recurrente: Viviana García Vargas
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02123-00

diferentes procedimientos administrativos ante las autoridades demandadas.
Con ello, se prevé cualquier dificultad en la aplicación de la suspensión de
términos en los casos concretos, y se observa el principio de seguridad jurídica
y el derecho al debido proceso.

Por último, no se advierte una vulneración al principio constitucional de igualdad,
comoquiera que la suspensión de términos contenida en las resoluciones
demandadas de manera general no impone condiciones diferentes o
injustificadas sobre algún trámite concreto, ni sobre sus intervinientes, por
lo que no hay ningún trato específico que vulnere el principio de igualdad. En
la medida en que los términos de suspensión abarcan también los de firmeza de
las declaraciones tributarias por igual, no cabe concluir que se imponga un término
de firmeza diferente e injustificado sobre algún procedimiento o clase de
declaración tributaria en particular.

Todo lo anterior es suficiente para llegar a la conclusión de que las normas
demandadas no vulneraron los principios de legalidad, proporcionalidad,
igualdad y debido proceso como alega la demandante, por lo que negará las
pretensiones de la demanda.» Negrita y subrayado propio

De conformidad con lo expuesto, resulta claro que no se incurrió en las
irregularidades señaladas por la recurrente y, por el contrario, se observa que se
resolvieron de manera integral los cargos de la demanda de nulidad simple.

Ahora bien, en cuanto a la inconformidad relacionada con la violación del principio
de congruencia por no haberse resuelto la pretensión subsidiaria «2.4.»28 de la
demanda ordinaria, se advierte que el Consejo de Estado – Sección Cuarta no se
pronunció expresamente sobre esa solicitud, comoquiera que consideró que los
actos administrativos demandados fueron lo suficientemente claros en punto de la
reanudación de los términos para los plazos establecidos en días, meses o años
de los diferentes procedimientos.

En efecto, la referida autoridad judicial, después de analizar lo correspondiente a
esta controversia, precisó:

«Con ello, se prevé cualquier dificultad en la aplicación de la suspensión de
términos en los casos concretos, y se observa el principio de seguridad jurídica
y el derecho al debido proceso.» Negrita y subrayado fuera del texto

Lo anterior significa que no hubo un pronunciamiento expreso sobre lo que
subsidiariamente pidió la recurrente, toda vez que se consideró que las normas
demandadas previeron textualmente la manera cómo operaría la reanudación de
términos y, por ello, no se advertía alguna dificultad al respecto.

28La pretensión fue expresamente la siguiente: «2.4 Que de no concederse lo anterior, se
expliquen las formas de aplicación de la susodicha suspensión para cada procedimiento de
competencia de la DIAN y también de la UGPP considerando los términos establecidos en días,
meses o años y las normas preexistentes a los textos impugnados aplicables a esta materia.»

25

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Recurrente: Viviana García Vargas
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02123-00

Por lo tanto, se infiere que el Consejo de Estado – Sección Cuarta no consideró
que fuera necesario explicarle a la señora Viviana García Vargas la forma en la
que debía contabilizar los términos de los procedimientos administrativos que se
establecieran en plazos de meses o años o hacer referencia al artículo 118 29 de la
Ley 1564 de 2012.

En otras palabras, se estimó que no existía dificultad alguna en este aspecto que
hiciera necesario que, en sede judicial, se explicara la manera cómo las
disposiciones normativas demandadas se aplicaban a cada uno de los
procedimientos administrativos a cargo de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales -DIAN- y la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-.

Así las cosas, resultaba razonable que dicha autoridad judicial considerara que,
ante la consignación expresa de la reanudación de términos en los actos
administrativos cuestionados, cada parte interviniente en los procedimientos que
adelantan las referidas entidades hiciera el ejercicio intelectual para calcular los
plazos establecidos en días, meses o años.

En consecuencia, no resulta ajustado a la realidad que el Consejo de Estado –
Sección Cuarta haya incurrido en desconocimiento del principio de congruencia
por no haberse pronunciado expresamente sobre la pretensión «2.4.» de la
demanda de nulidad simple, pues ello tuvo explicación suficiente.

Por otra parte, en cuanto a la inconformidad relacionada con la falta de motivación,
se advierte que, tal y como se expuso en el numeral 3.5b.30 de la parte dogmática
de esta providencia, únicamente la carencia total de pronunciamiento sobre las
razones de hecho o de derecho dan lugar a que proceda el recurso extraordinario
de revisión.

Sin embargo, como quedó transcrito arriba, en la sentencia del 6 de octubre de
2022 se explicaron detalladamente los argumentos sobre los cuales se sustentó la

29 En lo que atañe a esta cuestión, el artículo 118 de la Ley 1564 de 2012 establece: «Cuando el

término sea de meses o de años, su vencimiento tendrá lugar el mismo día que empezó a correr
del correspondiente mes o año. Si este no tiene ese día, el término vencerá el último día del
respectivo mes o año. Si su vencimiento ocurre en día inhábil se extenderá hasta el primer día
hábil siguiente».
30 «3.5. Causal de revisión por nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso.» en este

acápite se indicó que «10. En relación con la nulidad originada en la sentencia por ausencia de
motivación, la jurisprudencia de esta Corporación ha diferenciado la falta absoluta de motivación
de la deficiente o errada, y ha señalado que únicamente la carencia total de pronunciamiento
del juez sobre las razones de hecho o de derecho que le permiten arribar a una decisión, es
motivo de revisión bajo la causal sexta. De manera que es improcedente, con fundamento en
dicha causal, alegar situaciones relacionadas con deficiencias en la motivación derivadas, por
ejemplo, de la estimación errada de las pruebas o de los hechos por parte del juez; de la indebida
interpretación de las normas jurídicas aplicadas; o del desconocimiento del precedente judicial»
Negrita y subrayado fuera del texto.

26

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Recurrente: Viviana García Vargas
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02123-00

negativa de acceder a las pretensiones del medio de control que promovió la
señora Viviana García Vargas.

Por lo tanto, resulta evidente que no existe una falta absoluta de motivación que
torne la decisión cuestionada en caprichosa o arbitraria y que vulnere algún
derecho fundamental.

Se advierte que las expresiones «insuficiente motivación, razonamiento crítico y
fundamentación legal», «falencias de la sentencia concernientes a la falta de argumentos
y fundamentos» y «dando origen a un fallo judicial débil», son afirmaciones meramente
subjetivas de la recurrente y carecen de técnica jurídica para fundamentar
adecuadamente la causal establecida en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley
1437 de 2011.

En ese orden de ideas, el Consejo de Estado – Sección Cuarta tampoco incurrió
en falta de motivación al proferir la providencia atacada en esta sede procesal.

Por último, se pone de presente que los demás cargos formulados en la demanda
que contiene el recurso extraordinario de revisión están relacionados
exclusivamente con el asunto de fondo que resolvió la autoridad judicial que dictó
la sentencia del 6 de octubre de 2022 y, por ello, no hay lugar a que esta Sala
Especial de Decisión emita pronunciamiento alguno.

En efecto, sobre esos asuntos particulares operó el fenómeno de la cosa juzgada
y el trámite procesal de la referencia no fue establecido por el legislador para que
se convirtiera en una instancia adicional de los procesos ordinarios.

Se observa con total claridad que la señora Viviana García Vargas pretende
utilizar el recurso extraordinario de revisión para insistir en sus argumentos, con el
fin de que se declare la nulidad parcial de actos administrativos que el juez natural
de la causa consideró ajustados al ordenamiento jurídico.

Igualmente, si bien la recurrente sostiene que se vulneró su derecho fundamental
al debido proceso en «aspectos sustanciales», lo cierto es que ello se erige
únicamente en que no se accedió a lo que solicitó en el proceso ordinario,
argumento que como se indicó no tiene fundamento y busca abrir nuevamente el
debate que se resolvió en la nulidad simple.

3.8. Conclusiones y decisión

En el asunto sub judice la parte actora no logró acreditar que se presentó una
nulidad originada en la sentencia, pues no se desconoció el principio de
congruencia, tampoco se incurrió en falta de motivación y se cuestionó el análisis
del juez en cuanto a la interpretación razonable de las normas sustanciales.

27

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Recurrente: Viviana García Vargas
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02123-00

Por el contrario, se constató que el Consejo de Estado – Sección Cuarta en la
sentencia del 6 de octubre de 2022 resolvió íntegramente todos los cargos le
medio de control de simple nulidad que promovió la señora Viviana García Vargas.

3.9. Costas y perjuicios

Sobre la procedencia de condenar en costas y perjuicios en el recurso
extraordinario de revisión, la Sala advierte que el inciso final del artículo 255, con
la modificación introducida por el 70 de la Ley 2080 de 2021, según cual «si se
declara infundado el recurso se condenará en costas y perjuicios al recurrente», es
aplicable al sub examine, por haberse presentado el recurso en vigencia de la
referida disposición.

Sin embargo, el artículo 188 de ese mismo estatuto dispone que en los procesos
en los que se ventile un interés público no hay lugar a condenar en costas, como
ocurre en el trámite objeto de estudio, toda vez que las pretensiones estaban
dirigidas a que se infirmara una sentencia que negó la nulidad de dos actos de
carácter general y abstracto.

Por lo tanto, una interpretación armónica y sistemática entre los artículos 255 y
188 de la Ley 1437 de 2011 permite concluir que no hay lugar a condenar en
costas a la parte recurrente, comoquiera que se planteó una controversia de
interés público y no una relativa a un interés particular y concreto.

Igualmente, no se condena por concepto de gastos, expensas y perjuicios por no
haberse comprobado su causación.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de los Contencioso
Administrativo, Sala Plena, Sala 27 Especial de Decisión, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión en lo
relacionado con la causal 5ª de revisión, referida a la nulidad originada en la
sentencia, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: ABSTENERSE DE CONDENAR a la parte recurrente por concepto (i)
de costas y agencias en derecho; y (ii) gastos, expensas y perjuicios; de
conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta

28

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Recurrente: Viviana García Vargas
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02123-00

providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE.

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA (E) STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Con aclaración de voto

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

MARÍA ADRIANA MARÍN

Este documento fue firmado electrónicamente. Los interesados pueden consultar la
providencia oficial con el número de radicación en http//relatoria.consejodeestado.gov.co.8081

29

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.