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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-27-000-2021-00030-00

Fecha
6 de octubre de 2022
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-27-000-2021-00030-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Negar las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: Sin condena en costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-27-000-2021-00030-00

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

6 de octubre de 2022

Radicación: 11001-03-27-000-2021-00030-00 (25571)
Demandante: Viviana García Vargas
FALLO

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá, D.C., seis (6) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Asunto: NULIDAD
Radicación: 11001-03-27-000-2021-00030-00 (25571)
Demandante: VIVIANA GARCÍA VARGAS
Demandadas: U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES (DIAN)- U.A.E. UNIDAD DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP).

Tema: Suspensión de términos procesales.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide el medio de control de nulidad instaurado por Viviana García Vargas
contra el artículo 1.º de la Resolución DIAN 022 del 8 de marzo de 2022; el artículo 8
de la Resolución DIAN 030 del 29 de marzo de 2020, y el artículo 1.º de la Resolución
UGPP 385 del 1.º de abril de 2020, mediante los cuales se suspenden los términos en
los procedimientos y actuaciones administrativas en materia tributaria, aduanera y
cambiaria de competencia de la DIAN, y se suspenden los términos en los procesos
de competencia de la UGPP.

DEMANDA

1. Pretensiones

Viviana García Vargas, en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 137 de
la Ley 1437 de 2011, solicitó que se declare la nulidad del artículo 1.º de la Resolución
DIAN 022 del 8 de marzo de 2022; del artículo 8 de la Resolución DIAN 030 del 29 de
marzo de 2020, y del artículo 1.º de la Resolución UGPP 385 del 1.º de abril de 2020,
normas mediante las cuales se suspenden los términos en los procedimientos y
actuaciones administrativas en materia tributaria, aduanera y cambiaria de
competencia de la DIAN, y se suspenden los términos en los procesos de competencia
de la UGPP.

En caso de que no se declare la nulidad, la demandante solicita “… que se expliquen las
formas de aplicación de la susodicha suspensión para cada procedimiento de competencia de
la DIAN y también de la UGPP considerando los términos establecidos en días, meses o años
y las normas preexistentes a los textos impugnados aplicables a esta materia”.

Las normas demandadas disponen lo siguiente:

1
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www.consejodeestado.gov.co

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través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

Radicación: 11001-03-27-000-2021-00030-00 (25571)
Demandante: Viviana García Vargas
FALLO

“RESOLUCIÓN NÚMERO 000022
(18 marzo 2020)

Por la cual se suspenden los términos en los procesos y actuaciones administrativos en
materia tributaria, aduanera y cambiaria, en la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales – DIAN, como medida transitoria por motivos de salubridad pública.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES - DIAN

En uso de las facultades legales y en especial las dispuestas en los numerales 1, 4 y 18
del artículo 6 del Decreto 4048 del 2008

(…)

RESUELVE

ARTÍCULO 1o. SUSPENDER entre el 19 de marzo y el 03 de abril de 2020, inclusive, los
términos en los procesos y actuaciones administrativas, en materia tributaria, aduanera y
cambiaria, de conformidad con lo indicado en la parte motiva de la presente resolución.

(…)
“RESOLUCIÓN NÚMERO 0030
(29 de Marzo de 2020)

Por la cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de
los servicios por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, en el
marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica

EL DIRECTOR GENERAL DE LA UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES - DIAN

En uso de las facultades legales, y en especial las dispuestas en los numerales 1, 4 y 18
del artículo 6 del Decreto 4048 del 2008, y las otorgadas mediante el Decreto Legislativo
No. 491 del 28 de marzo de 2020, (…)

(…)

RESUELVE

(…)

ARTÍCULO 8°. SUSPENDER hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social la totalidad de los términos de las
actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa, incluidos los
procesos disciplinarios.

Durante el término que dure la suspensión y hasta el momento en que se reanuden las
actuaciones no correrán los términos de caducidad, prescripción o firmeza previstos en la
legislación tributaria, aduanera y cambiaria.

PARÁGRAFO PRIMERO. De conformidad con lo establecido en el inciso 3 del artículo 6
del Decreto 491 de 2020, los términos se reanudarán al día hábil siguiente a la superación
de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. Para
este efecto, los términos suspendidos empezarán a correr nuevamente, teniendo en cuenta
los días que al momento de la suspensión hacían falta para cumplir con las obligaciones
correspondientes, incluidos aquellos establecidos en meses o años”.

“RESOLUCIÓN 385 DE 2020
(Abril 1)
2
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Radicación: 11001-03-27-000-2021-00030-00 (25571)
Demandante: Viviana García Vargas
FALLO

Por la cual se suspenden términos en procesos y actuaciones parafiscales de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) como medida transitoria por motivos de emergencia sanitaria

EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-
UGPP,

en ejercicio de sus facultades legales en especial las conferidas en el artículo 6º del Decreto
Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 y numeral
11 del artículo 9º del Decreto 575 de 2013, (…)

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. SUSPENDER durante la vigencia de la emergencia sanitaria
decretada por el Ministerio de Salud y Protección Social, los términos en los procesos
administrativos de determinación, sancionatorios, de discusión, por interposición de
recursos de reconsideración o acción de revocatoria directa, y cobro de las Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, adelantados por la UGPP.

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 6º del Decreto Legislativo 491
de 2020, los términos de las actuaciones administrativas se reanudarán a partir del día
hábil siguiente a la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de
Salud y Protección Social.

PARÁGRAFO 1o. Lo dispuesto en el presente artículo aplica igualmente para la decisión
de las solicitudes de Terminación por Mutuo Acuerdo y Conciliación Judicial por parte del
Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la UGPP, así como para la interposición y
decisión de los recursos de reposición y las solicitudes de revocatoria directa contra las
actas del comité de Conciliación y Defensa Judicial que niegan las solicitudes de
Terminación por Mutuo Acuerdo y Conciliación Judicial.

PARÁGRAFO 2o. Lo previsto en esta disposición no aplicará cuando el aportante u
obligado mediante comunicación dirigida a la Unidad, solicite le continuidad del proceso
administrativo o el trámite de la solicitud de Terminación por Mutuo Acuerdo o Conciliación
Judicial, caso en el cual la administración mediante acto de trámite atenderá la solicitud,
ordenando la reanudación de los términos suspendidos a partir de la entrega de la
comunicación del acto en la dirección electrónica suministrada por el obligado de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 4o del Decreto Legislativo 491 de 2020, en
concordancia con el artículo 566-1 del Estatuto Tributario.

PARÁGRAFO 3o. Tratándose del Proceso Administrativo de Cobro, no aplicará la
suspensión de términos para la atención de las solicitudes de desembargos o para su
levantamiento por parte de la entidad”.

2. Normas violadas y concepto de violación

La demandante invocó como normas violadas los artículos 59 y 62 de la Ley 4 de 1913;
el artículo 118 del Código General del Proceso; el artículo 6 del Decreto 491 de 2020,
y el artículo 6 numeral 10 del Decreto 4048 de 2008.

3
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Radicación: 11001-03-27-000-2021-00030-00 (25571)
Demandante: Viviana García Vargas
FALLO

El concepto de la violación se sintetiza así 1:

Violación de normas superiores

Para la demandante, las normas demandadas suspenden los términos en los procesos
administrativos a cargo de la DIAN y la UGPP más allá de las facultades establecidas
en el numeral 18 del artículo 6.º del Decreto 4048 de 2008 y en el artículo 6.º del
Decreto 491 de marzo de 2020, respectivamente, sin justificación suficiente. La
decisión de suspender los términos en los procedimientos y actuaciones
administrativas en materia tributaria, aduanera y cambiaria de competencia de la DIAN,
y en los procesos de competencia de la UGPP se tomó sin haberse analizado las
actividades y procesos concretos objeto de suspensión, lo cual lesiona derechos y
principios fundamentales como los de igualdad, seguridad jurídica y debido proceso.

Falta de motivación. Violación del principio de seguridad jurídica

Los procedimientos afectados con las normas demandadas tienen particularidades
que hacen injustificable la suspensión de términos en todos los casos. Así, a modo de
ejemplo, en el procedimiento administrativo de fiscalización e investigación con fines
de determinación del valor del impuesto sería necesaria y procedente la suspensión
de los términos siempre y cuando se haga manifiesta la necesidad de practicar
diligencias preliminares como autos de verificación o cruce de información, o
inspecciones contables o tributarias, mientras que no sería necesaria en caso de que
el procedimiento se encuentre más avanzado.

También es injustificada la suspensión de los términos en el trámite de la revocatoria
directa, en tanto lesiona el debido proceso. En este caso, la violación de este derecho
es aún más evidente por el hecho de que el contribuyente no cuenta con posibilidad
de demandar ante la jurisdicción.

La suspensión de términos, en la manera como se realizó en los actos demandados,
mezcla de manera compleja procedimientos y etapas de aquellos cuyos términos se
establecen en días, con otros en los que están contemplados en meses y años, lo que
trae desconcierto e inseguridad jurídica en los administrados, dado que en las
resoluciones demandadas no se establece cómo deben contarse los términos para
cada situación en particular.

La suspensión de los términos establecidos en meses y años quebranta la Ley 4ª. de
1913 y el artículo 118 del Código General del Proceso, en tanto alteran el orden y la
forma de conteo entre el primer día (de inicio) y el último de dicho término, según lo
establecido en esas normas. Las normas demandadas suponen la modificación
temporal y arbitraria de tales preceptos amoldando su contenido a las necesidades del
momento, en lugar de establecer contenidos normativos generales.

Vulneración del principio de proporcionalidad y el debido proceso

La suspensión de términos cubre todos los procedimientos administrativos, dejando
de lado el hecho de que el Decreto 491 de 2020 exige que se haga un análisis sobre
su viabilidad en cada proceso o actividad concreta.

1 Expediente electrónico en la plataforma SAMAI, documento nro. 2.

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Radicación: 11001-03-27-000-2021-00030-00 (25571)
Demandante: Viviana García Vargas
FALLO

Las resoluciones mediante las cuales se suspenden los términos por parte de la DIAN
no precisan las declaraciones tributarias que se ven afectadas, ni los periodos o años
cuya firmeza resulta cobijada con la suspensión. Esto lleva a la falta de certeza frente
a si se suspendieron los términos de firmeza para todas las declaraciones tributarias,
independientemente de que se hubiese iniciado o no procedimiento de fiscalización,
investigación o sancionatorio, o frente a si se suspendieron los términos de manera
similar para aquellos establecidos en meses o años.

En el caso de la UGPP, no hay claridad respecto de cómo aplicaría la suspensión de
los términos de acuerdo al estado de avance de cada procedimiento.

Las suspensiones de términos afectan el derecho al debido proceso, pues se altera la
garantía propia de cada trámite, que no puede quedar al arbitrio de los funcionarios a
su cargo. Además, esa medida resulta desproporcionada si se tiene en cuenta que los
funcionarios públicos pudieron seguir trabajando desde sus hogares , y la mayoría de
los trámites administrativos pudo realizarse de manera virtual.

Violación del principio de proporcionalidad

La medida de suspensión desconoce el principio de proporcionalidad, se profirió de
manera general e indiscriminada, sin examinar los casos concretos, y sin explorar la
posibilidad de que la suspensión fuese parcial. En todo caso, la regulación de las
formas con las que deben adelantarse los procedimientos es competencia del
legislador, por lo que era necesaria la expedición de normas con fuerza de ley para
habilitar la suspensión de términos de las actuaciones en sede administrativa.

Los actos no contienen una motivación en la que los servidores públicos a cargo de
los expedientes evaluaran la situación del estado de estos y comunicaran a los
afectados la decisión de suspensión de los términos con la debida explicación y
fundamento de los argumentos para ello; en cambio, ello se efectuó de manera
general, sin justificación ni sustento alguno.

Violación del principio de igualdad

Para la demandante, el principio de igualdad se vulnera porque la suspensión de
términos va en desmedro de las condiciones de los contribuyentes frente a la firmeza
de las declaraciones tributarias, y por la incertidumbre respecto a las declaraciones
tributarias afectadas con la determinación de suspensión de términos.

CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN se opuso a las
pretensiones de la demanda, por considerar que las normas demandadas no violan la
Constitución Política ni la ley2.

2 Expediente electrónico en la plataforma SAMAI, documento nro. 13.

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Demandante: Viviana García Vargas
FALLO

Las normas demandadas fueron expedidas con ocasión de la declaratoria de
pandemia por el Covid-19 realizada por la Organización Mundial de la Salud y el
Ministerio de Salud y de Protección Social. Como tales, fueron objeto de control
automático de legalidad dentro de los radicados 11001-03-15-000-2020-01170-00 y
11001-03-15- 000-2020-01168-00.

Los actos objeto de demanda fueron plenamente justificados en las circunstancias
excepcionales que condujeron a la declaratoria de la emergencia. La decisión de
suspender los términos en los procedimientos adelantados por la entidad se tomó
precisamente con el fin de salvaguardar el debido proceso, el derecho de defensa y
contradicción de los ciudadanos, así como la publicidad de las actuaciones
administrativas dadas las condiciones de calamidad pública, y conforme a la intención
de evitar la propagación del virus.

La Resolución 0022 del 18 de marzo de 2020 suspendió los términos en los procesos
y actuaciones administrativas en materia tributaria, aduanera y cambiaria, y precisó en
el parágrafo del artículo primero qué incluía la suspensión en materia aduanera. Y el
artículo 8 de la Resolución 0030 de 29 de marzo de 2020 suspendió los términos de
las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa, precisando
que durante el tiempo que durara la suspensión y hasta el momento que se reanudaran
las actuaciones no correrían los términos de caducidad, prescripción o firmeza
previstos en la legislación tributaria, aduanera y cambiaria.

Esta última resolución dispuso expresamente que los términos se reanudarían al día
hábil siguiente a la superación de la emergencia, para lo cual los términos suspendidos
empezarían a correr nuevamente teniendo en cuenta los días que al momento de la
suspensión hacían falta para cumplir con las obligaciones correspondientes, incluidos
aquellos términos establecidos en meses o años.

Por lo anterior es claro que la suspensión de términos consignada en los actos
demandados precisó de manera clara que la medida operaba frente a la totalidad de
los términos de las actuaciones administrativas, lo cual es lógico si se tiene en cuenta
que los términos en materia tributaria son perentorios.

No había lugar a contemplar excepciones a la suspensión de los términos de firmeza
de las declaraciones tributarias, así no se hubiera iniciado actuación alguna al
momento de la misma, pues ello hubiera impedido a la DIAN ejercer la labor de control
y recaudo tributario asignada por la Constitución y la ley. Aun en los casos en que el
contribuyente ya se encontrara adelantando una actuación tributaria era indispensable
suspender los términos para garantizar los derechos de los administrados: de no
haberse hecho así, o de contemplarse excepciones para la suspensión de términos,
no se hubiera garantizado las condiciones para ejercer la defensa en debida forma
como consecuencia de las medidas de confinamiento y aislamiento adoptadas en el
país para evitar la propagación del virus.

Debe tenerse en cuenta también que la suspensión de términos era necesaria para
evitar que se perjudicara el erario, como consecuencia de la posible configuración del
silencio administrativo positivo en muchos casos.

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Demandante: Viviana García Vargas
FALLO

Por otra parte, la medida de suspensión de términos no vulneró el principio a la
igualdad, pues protegió los derechos de todos los contribuyentes y de la
administración, señalando de manera expresa que la medida operaba frente a todos
los procesos administrativos en materia, tributaria, aduanera y cambiaria.

Los actos demandados señalaron de manera clara las condiciones temporales
necesarias para garantizar a los administrados certeza y seguridad jurídica. Y como ni
el Estatuto Tributario ni el CPACA regulan la forma de c omputar los términos de los
procesos administrativos en curso, debía acudirse a lo dispuesto en el artículo 62 de
la Ley 4 de 1913, conforme al cual si el cumplimiento de la actuación o de la obligación
está dada en días hábiles, se debía calcular los días hábiles que faltaban para que se
cumpliera el término o el plazo; y si estuviera dada en días calendario, meses o años,
se debía calcular cuántos días calendario hacían falta para que se cumpliera el término
o el plazo.

Por último, señaló que la suspensión de términos de las actuaciones administrativas
no requería de la expedición de un decreto con fuerza de ley, por cuanto se efectuó
con base en el Decreto 4048 de 2008, y por tanto corresponde a asuntos de
competencia del Director General de la DIAN.

Por su parte, la U.A.E. de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) también solicitó negar las pretensiones de la demanda,
por considerar que las normas demandadas se ajustaron plenamente a derecho3.

Las resoluciones demandadas se basan en el Decreto Legislativo 491 de 2020, que
fue declarado exequible por la Corte Constitucional, la cual avaló expresamente la
posibilidad de suspender términos en las actuaciones administrativas mediante acto
administrativo debidamente motivado. Los fundamentos jurídicos que justificaron la
expedición de la Resolución UGPP 385 del 1.º de abril de 2020 se exponen claramente
en la parte considerativa de la misma resolución, conforme lo exigía la ley y la Corte
Constitucional.

La suspensión de términos decidida fue una medida plenamente proporcional, en tanto
era idónea para obtener el fin propuesto, necesaria y adecuada para garantizar en la
mayor medida posible los derechos de los ciudadanos y la actividad administrativa,
dadas las condiciones excepcionales derivadas de la pandemia que dieron lugar a tal
decisión.

En todo caso, como la demandante pretende la definición de la aplicación de la
suspensión en los diversos procesos adelantados por la UGPP, precisa que la
suspensión de los términos implica que durante el término en que esté en vigor no
corren los términos ni para la administración ni para el administrado, lo cual significa
que la administración no podrá dar continuidad a los procesos en curso, ni tampoco
los administrados tendrán la obligación de cumplir las etapas del proceso. La
aplicación concreta de la suspensión contenida en el acto demandado deberá
ventilarse en cada proceso en particular.

3 Expediente electrónico en la plataforma SAMAI, documento nro. 12.

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Demandante: Viviana García Vargas
FALLO

TRÁMITE

Mediante auto del 23 de agosto de 2022, el magistrado ponente declaró probada la
excepción de cosa juzgada frente al cargo de violación al principio de proporcionalidad,
en relación con la Resolución DIAN 030 del 29 de marzo de 2020, y ordenó surtir el
trámite de sentencia anticipada previsto en el artículo 182 A del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 4. En la misma
providencia se ordenó correr traslado para alegar de conclusión.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Problema jurídico

Le corresponde a la Sala examinar la legalidad del artículo 1.º de la Resolución DIAN
022 del 8 de marzo de 2022; el artículo 8 de la Resolución DIAN 030 del 29 de marzo
de 2020, y el artículo 1.º de la Resolución UGPP 385 del 1.º de abril de 2020, mediante
los cuales se suspenden los términos en los procedimientos y actuaciones
administrativas en materia tributaria, aduanera y cambiaria de competencia de la DIAN,
y se suspenden los términos en los procesos de competencia de la UGPP.

Concretamente, le corresponde definir si la suspensión general de términos para todos
los procedimientos y actuaciones administrativas adelantadas por las entidades
mencionadas, y contenida en tales actos, desconoció los principios de legalidad,
proporcionalidad e igualdad en que deben fundarse.

Se reitera que la Sala no se ocupará del examen del cargo relativo a la violación del
principio de proporcionalidad por parte de la Resolución DIAN 030 de 29 de marzo de
2020, en tanto esta Corporación se pronunció de manera expresa sobre ello en el
proceso de control inmediato de legalidad adelantado bajo el radicado 11001-03-15-
000-2020-01168-005.

La suspensión de términos en las actuaciones administrativas ante la DIAN y la
UGPP

Mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y
Protección Social declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional,
adoptándose las medidas sanitarias necesarias para evitar y controlar la propagación
del virus COVID-19 y mitigar sus efectos en todo el territorio nacional.

Teniendo en cuenta esta circunstancia particular, el artículo 6 del Decreto 491 del 28
de marzo de 2020 dispuso que las autoridades a que se refiere el artículo 1.º del
mencionado decreto podrían suspender, mediante acto administrativo, los términos de
las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa que se
adelantaran en las mismas entidades. Decía esta disposición 6:

4 Expediente electrónico en la plataforma SAMAI, documentos número 93.
5 CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Doce Especial de Decisión, sentencia

del 13 de agosto de 2020, exp. 11001-03-15-000-2020-01168-00 (Acumulado), M.P. Ramiro Pazos Guerrero.
6 Este artículo fue derogado expresamente por el artículo 3 de la Ley 2207 del 17 de m ayo de 2022.

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Radicación: 11001-03-27-000-2021-00030-00 (25571)
Demandante: Viviana García Vargas
FALLO

“Artículo 6. Suspensión de términos de las actuaciones administrativas o
jurisdiccionales en sede administrativa.

Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de
Salud y Protección Social las autoridades administrativas a que se refiere el artículo 1 del
presente Decreto, por razón del servicio y como consecuencia de la emergencia, podrán
suspender, mediante acto administrativo, los términos de las actuaciones administrativas o
jurisdiccionales en sede administrativa. La suspensión afectará todos los términos legales,
incluidos aquellos establecidos en términos de meses o años.

La suspensión de los términos se podrá hacer de manera parcial o total en algunas
actuaciones o en todas, o en algunos trámites o en todos, sea que los servicios se presten
de manera presencial o virtual, conforme al análisis que las autoridades hagan de cada
una de sus actividades y procesos, previa evaluación y justificación de la situación
concreta.

En todo caso los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales se
reanudarán a partir del día hábil siguiente a la superación de la Emergencia Sanitaria
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Durante el término que dure la suspensión y hasta el momento en que se reanuden las
actuaciones no correrán los términos de caducidad, prescripción o firmeza previstos en la
Ley que regule la materia”.

(Subraya la Sala)

Esta norma es clara al habilitar a las autoridades públicas a suspender los términos en
todas las actuaciones administrativas que se adelantaran ante las mismas, de manera
parcial o total, de conformidad con el análisis de las circunstancias particulares de los
trámites adelantados en cada entidad.

Para el caso concreto de los procesos administrativos adelantados por la DIAN y la
UGPP, se encuentra que los actos que implementaron la suspensión de términos
contemplaron expresamente la necesidad de adoptar tal medida frente a la totalidad
de las actuaciones mencionadas, con el fin de salvaguardar la salud de todos
intervinientes en los mismos. Así se desprende de la motivación de los actos
demandados:

“RESOLUCIÓN NÚMERO 000022
(18 marzo 2020)

Por la cual se suspenden los términos en los procesos y actuaciones administrativos en
materia tributaria, aduanera y cambiaria, en la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales – DIAN, como medida transitoria por motivos de salubridad pública.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES - DIAN

En uso de las facultades legales y en especial las dispuestas en los numerales 1, 4 y 18
del artículo 6 del Decreto 4048 del 2008

CONSIDERANDO

(…)

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Radicación: 11001-03-27-000-2021-00030-00 (25571)
Demandante: Viviana García Vargas
FALLO

Que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, para garantizar la salud de
funcionarios y usuarios de la administración, como medida de prevención dispondrá la
suspensión de términos en los procesos y actuaciones administrativas en materia tributaria,
aduanera y cambiaria.

“RESOLUCIÓN NÚMERO 0030
(29 de Marzo de 2020)

Por la cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de
los servicios por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, en el
marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica

EL DIRECTOR GENERAL DE LA UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES - DIAN

En uso de las facultades legales, y en especial las dispuestas en los numerales 1, 4 y 18
del artículo 6 del Decreto 4048 del 2008, y las otorgadas mediante el Decreto Legislativo
No. 491 del 28 de marzo de 2020, y

CONSIDERANDO

(…)

Que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, para garantizar la atención
y la prestación de los servicios; salvaguardar el debido proceso y el derecho de defensa y
contradicción de los ciudadanos, así como el principio de publicidad de los actos
administrativos; y la protección laboral de los funcionarios y contractual de los contratistas
de prestación de servicios en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica tomará las siguientes medidas en relación con los términos de las actuaciones
administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa y trabajo en casa.

“RESOLUCIÓN 385 DE 2020
(Abril 1)

Por la cual se suspenden términos en procesos y actuaciones parafiscales de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) como medida transitoria por motivos de emergencia sanitaria

EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-
UGPP,

en ejercicio de sus facultades legales en especial las conferidas en el artículo 6º del Decreto
Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 y numeral
11 del artículo 9º del Decreto 575 de 2013, y

CONSIDERANDO

(…)

Que con el fin de preservar la salud de los funcionarios y de los usuarios de la entidad, y
garantizar el debido proceso y el derecho de defensa y contradicción y dando aplicación a
las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional decretadas por razón del servicio y como
consecuencia de la emergencia, considera necesario suspender los términos en los
procesos y actuaciones parafiscales, señalados en la parte resolutiva de la presente
Resolución.

(…)”

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Radicación: 11001-03-27-000-2021-00030-00 (25571)
Demandante: Viviana García Vargas
FALLO

La ley fue clara al autorizar la suspensión de términos para todas las actuaciones
administrativas adelantadas por estas entidades, por lo que la suspensión general para
todos los trámites se encuentra plenamente fundamentada. Para la Sala, la
autorización para suspender términos en general parte de la base de que todos los
trámites o procedimientos podían verse afectados por las circunstancias excepcionales
que justificaron la declaratoria de emergencia sanitaria, pues a falta de una suspensión
general de términos, los intervinientes en los mismos (contribuyentes, declarantes,
funcionarios, terceros, peritos, etc.) podían verse forzados a poner en riesgo su salud
con el fin de atender las diligencias o actuaciones propias de los procedimientos en
que intervienen.

Ante el riesgo generalizado, no había necesidad de examinar cada procedimiento en
particular, o sus diferentes etapas, en la medida en que para todos los proces os y
actuaciones era necesaria la participación de alguna de las partes o sus intervinientes,
que afrontarían un riesgo de afectación en su salud que las medidas tomadas por el
Gobierno nacional buscaban evitar de manera general. Por tanto, no se advierte una
violación al principio de proporcionalidad en la suspensión de términos efectuada por
las normas demandadas, como lo entiende la demandante, en la medida en que la
situación que justificaba tal suspensión afectaba a todos los procesos por igual.

La demandante no demuestra que la simple diferencia en el trámite o en las etapas
procesales previstas para cada actuación, o el momento del trámite en el que cada
proceso se vio suspendido como resultado de las normas demandadas alteraba el
riesgo para la salud de las partes o su derecho al debido proceso en grados diferentes,
de tal manera que surgiera la necesidad de diferenciar la suspensión de términos, o la
falta de esta, para cada proceso administrativo adelantado por la DIAN o la UGPP.

En contraste, la Resolución UGPP 385 de 2020 sí contempla expresamente la
consideración de procesos particulares cobijados por la suspensión de términos,
cuando aclara en el parágrafo 2.º del artículo 1.º demandado que la suspensión de
términos no se aplicará cuando el aportante u obligado solicite la continuidad del
proceso administrativo o el trámite de la solicitud de terminación por mutuo acuerdo o
conciliación judicial, y en el parágrafo 3.º dispone que no aplicará la suspensión de
términos para la atención de las solicitudes de desembargos o su levantamiento.

En cuanto a la aplicación temporal de la suspensión de términos, se tiene que las
propias disposiciones demandadas establecieron la extensión de la suspensión, de tal
manera que hubiera suficiente claridad sobre la forma de reanudación de los términos.
Así, el parágrafo 1.º del artículo 8.º de la Resolución DIAN 0030 de 2020 estableció
que “…los términos se reanudarán al día hábil siguiente a la superación de la Emergencia
Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. Para este efecto, los
términos suspendidos empezarán a correr nuevamente, teniendo en cuenta los días que al
momento de la suspensión hacían falta para cumplir con las obligaciones correspondientes,
incluidos aquellos establecidos en meses o años ”.

A su turno, la Resolución UGPP 3805 de 2020 ordenó sobre el particular que “…los
términos de las actuaciones administrativas se reanudarán a partir del día hábil siguiente a la
superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección
Social”.

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Demandante: Viviana García Vargas
FALLO

Nótese que la reanudación de los términos contempla expresamente las condiciones
de su aplicación para los términos de días, meses o años , con lo cual despeja las
dudas sobre el alcance de la suspensión de términos y su reanudación para los plazos
establecidos en días, meses o años de los diferentes procedimientos administrativos
ante las autoridades demandadas. Con ello, se prevé cualquier dificultad en la
aplicación de la suspensión de términos en los casos concretos, y se observa el
principio de seguridad jurídica y el derecho al debido proceso.

Por último, no se advierte una vulneración al principio constitucional de igualdad,
comoquiera que la suspensión de términos contenida en las resoluciones demandadas
de manera general no impone condiciones diferentes o injustificadas sobre algún
trámite concreto, ni sobre sus intervinientes, por lo que no hay ningún trato específico
que vulnere el principio de igualdad. En la medida en que los términos de suspensión
abarcan también los de firmeza de las declaraciones tributarias por igual, no cabe
concluir que se imponga un término de firmeza diferente e injustificado sobre algún
procedimiento o clase de declaración tributaria en particular.

Todo lo anterior es suficiente para llegar a la conclusión de que las normas demandadas
no vulneraron los principios de legalidad, proporcionalidad, igualdad y debido proceso
como alega la demandante, por lo que negará las pretensiones de la demanda.

En atención a lo previsto en el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, no se condena en costas, por cuanto en el presente
asunto se debate un asunto de interés público.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Negar las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección

(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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