Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-01957-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-01957-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2021-01957-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
21 de marzo de 2024
Recurrente: Alberto Enrique López Fajardo
Radicado: 11001-03-15-000-2021-01957-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTISIETE (27) ESPECIAL DE DECISIÓN
Magistrado Ponente (E): LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., ocho (08) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2021-01957-00
Recurrente: ALBERTO ENRIQUE LÓPEZ FAJARDO
Temas: Causal 5ª de revisión - Nulidad originada en la sentencia –
Requisitos para su configuración – Violación al principio de
congruencia por falta de coherencia externa – Violación al
principio de la non reformatio in pejus.
SENTENCIA QUE RESUELVE EL RECURSO EXTRAORDINARIO
OBJETO DE LA DECISIÓN
No observando causal de nulidad que invalide lo actuado, la Sala resuelve el
recurso extraordinario de revisión, interpuesto por el señor Alberto Enrique López
Fajardo, actuando en nombre propio en su calidad de abogado, con el que
pretende infirmar la sentencia dictada el 10 de julio de 2020 por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho de carácter laboral, instaurado por el recurrente en
contra de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones.
I. ANTECEDENTES
1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
El señor Alberto Enrique López Fajardo presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones GNR
111662 del 27 de marzo de 2014 y GRN 287358 del 15 de agosto de la misma
anualidad y del acto administrativo ficto, originado en el silencio que guardó
Colpensiones respecto de la reclamación formulada por el actor el 15 de marzo de
2013, actos por medio de los cuales se le negó el reconocimiento de la pensión de
jubilación, de conformidad con la Ley 71 de 1988 o el Decreto 546 de 1971.
1.2. Sentencia de primera instancia
Surtido el trámite procesal, el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de
Decisión Oral dictó sentencia el 16 de mayo de 2016, en la que negó las
pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte vencida en el juicio.
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Recurrente: Alberto Enrique López Fajardo
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Lo anterior, por considerar que el actor no tenía derecho al reconocimiento
pensional solicitado, por cuanto perdió los beneficios del régimen de transición al
haberse trasladado del régimen de ahorro individual de prima media el 9 de
noviembre de 2002, esto es, «en un término no mayor a los (10) años, de cumplirse
con la edad para configurarse el estatus pensional». La sentencia se sustentó en la
ratio y las reglas de decisión fijadas por la Corte Constitucional en la sentencia
SU-130 de 2013.
Inconforme con la decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación por
estimar que no es aplicable a su caso de forma retroactiva la sentencia SU-130 del
de 2013, por cuanto en un fallo dictado en sede de tutela el 31 de octubre de 2012
por el Tribunal Administrativo de Sucre se reconoció que era beneficiario del
régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993 y se ordenó la autorización
de su traslado al régimen de prima media con prestación definida.
1.3. Sentencia de segunda instancia
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, resolvió el recurso de
apelación, en fallo del 10 de julio de 2020, en el que confirmó parcialmente el fallo
recurrido.
El problema jurídico resuelto consistió en establecer si al demandante le asistía el
reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes, conforme a la Ley 71 de
1988 o, por el contrario, si le era aplicable la Ley 100 de 1993, al perder el
beneficio del régimen de transición por haberse trasladado al régimen de ahorro
individual con solidaridad y luego regresar al de prima media con prestación
definida sin cumplir los quince (15) años de servicios a la entrada en vigencia de
aquella normativa.
Para resolver la controversia, el fallador de segunda instancia apreció en su
conjunto las pruebas allegadas a la actuación, para concluir que el accionante no
tenía derecho a la prestación económica reclamada, toda vez que, a la fecha de
expedición de los actos administrativos censurados no cumplía con los requisitos
para la pensión de vejez establecida en la Ley 797 de 2003, de tal manera que la
presunción de legalidad de las resoluciones se mantenía incólume.
En la misma providencia revocó la condena en costas impuesta en la providencia
de primera instancia.
II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
2.1. Demanda
Por medio de escrito enviado al correo de la Secretaría General del Consejo de
Estado el 26 de abril de 2021, el recurrente interpuso recurso extraordinario de
revisión, en el que incluyó las siguientes pretensiones:
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“a).- Devuelva el expediente al juzgador de origen, la Sección Segunda,
Subsección B de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Consejo de
Estado, ordenándole dictar una nueva sentencia en el proceso que infirme
totalmente la de primera instancia; que contenga dicha sentencia el análisis
crítico y el control de legalidad del acto administrativo acusado, esto es, la
Resolución No VPB 16743 del 24 de febrero de 2.015 expedida por
COLPENSIONES - folio 272 a 277 del expediente-28 de la sentencia de
primer grado y el oficio de cumplimiento de la misma entidad
BZ2015_7792318-2529645 del 15 de septiembre de 2015, anulando la
Resolución únicamente en los aspectos favorables al actor.
b).- Adicionalmente, se ordene al juzgador de segunda instancia, verificar en
debida forma el total de las semanas aportadas como afiliado, en consonancia
con el reconocimiento de los aportes hechos en la sentencia de primera
Instancia, con el fin de que la nueva sentencia no omita el tiempo total de
servicio del actor, que incluye los dos (2) años por haberse escrito una obra
académica conforme lo establece la ley, según prueba documental aceptada
en el proceso, y se compute este período como tiempo o semanas cotizadas
para la pensión, como sí lo hizo la sentencia de primer grado expedida por el
Tribunal Administrativo de Sucre en su providencia del 31 de marzo de 2.016.
c).- Que en la nueva sentencia, que invalide totalmente la de primera
instancia, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, al
reconocimiento y pago en favor del demandante, de la PENSION DE
JUBILACIÓN POR APORTES en términos de la Ley 71 de 1.988, a partir del
retiro del servicio oficial del accionante, que lo fue el 10 de junio de 2.013, con
sus reajustes anuales y mesadas adicionales; se incluyan los intereses
moratorios a que se refiere el art. 141 de la Ley 100 de 1.993.
d).- De forma subsidiaria a la petición anterior, y en el hipotético evento de que
no se condene a COLPENSIONES al pago de la Pensión de Jubilación por
Aportes, en aplicación del principio IURA NOVIT CURIA (labor interpretativa
integral, sentencias recientes de la Corte Constitucional- jurisprudencia
consolidada del Consejo de Estado y de la C. S. de J.), se condene a la
entidad demandada al reconocimiento y pago de la PENSIÓN DE VEJEZ en
términos del art 33 de la Ley 100 de 1.993, con sus mesadas adicionales e
intereses moratorios, retroactiva a partir del 10 de junio de 2.013, fecha del
retiro del servicio, en prevalencia del derecho sustancial sobre las formas y en
aplicación de la justicia material.
e). - Resuelva sobre las costas en las instancias y en el recurso
extraordinario.”
2.2. Causal de revisión invocada y sustento
La parte recurrente invocó la consagrada en el numeral 5º del artículo 250 de la
Ley 1437 de 2011, que estipula como supuesto de hecho la nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso.
Argumentó que la sentencia es inválida porque adolece de incongruencia externa.
Lo anterior, por considerar que el fallo de segunda instancia no realizó un
pronunciamiento sobre la validez del acto administrativo contenido en la
Resolución VPB 16743 del 24 de febrero de 2015, documento que fue recibido
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como prueba pero que fue dictado con posterioridad al auto admisorio de la
demanda.
De igual manera, señaló que la nulidad de la sentencia se configura por el
desconocimiento de los principios de favorabilidad y non reformatio in pejus. En
consideración del accionante, la sentencia de segunda instancia empeoró su
situación jurídica como apelante único puesto que omitió sumar dos (2) años
adicionales a su tiempo de servicio por ser autor de una obra jurídica, adoptada
como texto universitario y que goza de reconocimiento nacional, cumpliendo los
requisitos establecidos en la Ley 58 de 1886, en el Decreto 753 del 30 de abril de
1974 y en la jurisprudencia del Consejo de Estado.
2.3. Actuaciones procesales relevantes
2.3.1. Auto que inadmitió de la demanda
Mediante auto del 10 de mayo de 2021 se inadmitió la demanda por no aportarse
constancia del cumplimiento de la carga procesal consistente en la remisión de la
copia de la demanda y sus anexos a todas las partes e intervinientes en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, incluida la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, según lo dispuesto por el
artículo 6º del Decreto Legislativo No. 806 de 2020.
Además, se ordenó notificar de la providencia a la parte actora y se le otorgó un
término de cinco (5) días para subsanar la demanda.
2.3.2. Auto que rechazó la demanda
A través de auto del 10 de agosto de 2021 se rechazó el recurso extraordinario de
revisión por no subsanarse en el término de cinco (5) días hábiles las
irregularidades señaladas en el auto inadmisorio de la demanda.
2.3.3. Recurso de reposición y en subsidio súplica
En desacuerdo con la providencia, el 17 de agosto de 2021 1 el demandante radicó
memorial contentivo de recurso de reposición y en subsidio de súplica.
El recurrente manifestó que subsanó oportunamente las deficiencias anotadas por
el despacho, toda vez que, el 13 de mayo de 2021, esto es, al día siguiente de
recibir la notificación de la inadmisión de la demanda remitió a Colpensiones, a la
Procuraduría General de la Nación, a la Secretaría de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, al Tribunal Administrativo de Sucre y a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, copia de la demanda y sus anexos.
1 El memorial se envió el 13 de agosto de 2021 a las 5:20 p.m., por lo cual su radicación operó el
día hábil siguiente, el cual fue el 17 de agosto de 2021.
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Afirmó que en la misma fecha remitió «desde el mismo correo electrónico del H.
Consejo de Estado, con el que me notifica el rechazo del recurso extraordinario de
revisión, manifestándole que “De conformidad con las actuaciones obrantes en el
Sistema de Gestión Judicial SAMAI y la constancia secretarial que antecede, el
recurrente dejó vencer en silencio el término de cinco (5) día hábiles, que se le
concedió en el auto inadmisorio para subsanar la demanda en punto de las
irregularidades advertidas. (…)».”
Consideró que corrigió el motivo por el cual la demanda fue inadmitida y que poner
en conocimiento del Consejo de Estado esta circunstancia resulta ser un asunto
meramente formal. Agregó que el error en el que incurrió al remitir el escrito de
subsanación al correo «cegral@notificacionesrj.gov.co y no a
secgeneral@consejodeestado.gov.co, no puede erigirse como una causal distinta
de rechazo del recurso, pues, estaríamos frente a un evento de violación de la
garantía que se le reconoce constitucionalmente a toda persona de acceder a la
administración de justicia y de la prevalencia del derecho sustancial sobre el
formal».
2.3.4. Auto que resolvió el recurso de reposición
Con providencia del 7 de septiembre de 2021, se resolvió no reponer el auto del
10 de agosto del mismo año y se concedió el recurso de súplica. Como
fundamento se concluyó que contrario a lo aseverado por el recurrente, no era
suficiente remitir los correos a las partes e intervinientes, por el contrario, resultaba
imperativo que de ello se dejara constancia en el proceso allegando un memorial
indicando que tal carga procesal se había cumplido.
Adicionalmente, consideró que en el mensaje de datos que se le remitió al
recurrente para efectos de la notificación por estado se le indicó el canal digital a
través del cual debía hacerlo y, en forma contraria a lo que se le manifestó, decidió
remitir el escrito y las pruebas a un correo diferente al señalado, esto es al
secgeneral@consejodeestado.gov.co, único canal dispuesto para allegar al
proceso las pruebas.
Indicó que ante la claridad del mensaje de datos que se le remitió al recurrente
indicándole el canal digital idóneo para presentar sus memoriales y advirtiéndole
que no se recibiría ningún escrito en el de notificaciones, le asistía la carga
procesal de presentar en forma correcta el escrito acompañando las
comunicaciones exigidas.
En dicha oportunidad se hizo énfasis en que permitir que los escritos se envíen al
correo de notificaciones o a uno diferente del establecido por la Corporación
judicial implicaría que resultara suficiente enviar a las partes del proceso y no
informar de ello al despacho ante el cual se adelanta el proceso, cuestión que le
resta orden al proceso.
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2.3.5. Auto que resolvió el recurso de súplica
La Sala Veintisiete (27) Especial de Decisión, a través de auto del 8 de septiembre
de 2023, revocó el auto que rechazó la demanda que contiene el recurso
extraordinario de revisión, al concluir:
«Por lo expuesto y teniendo en cuenta que en el auto inadmisorio de la demanda
la magistrada sustanciadora indicó que «[e]l único requisito de admisibilidad de
la demanda que se advierte incumplido en el sub examine consiste en no obrar
en el expediente constancia del estricto cumplimiento por parte del recurrente de
la remisión de copia de la demanda y sus anexos a todas las partes e
intervinientes en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de
carácter laboral, incluida la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado,
según lo dispuesto por el artículo 6º del Decreto Legislativo No. 806 de 2020», la
Sala, en aras de garantizar el derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia y en consideración a que la parte actora acreditó que
dentro del término para subsanar la demanda cumplió con el anterior
requerimiento, faltando solo ponerlo en conocimiento del despacho que tramita
el proceso, lo que se realizó con ocasión del recurso de reposición contra el auto
de rechazo, se tendrá por subsanada la demanda y, por ende, se revocará la
providencia objeto del recurso de súplica, en tanto como se expuso con
anterioridad, no se puede desconocer la finalidad de la citada norma y las
facultades del juez como director del proceso».
2.3.6. Auto admisorio
A través de auto del 1 de noviembre de 2023 y en cumplimiento de lo ordenado al
resolver el recurso de súplica, la magistrada ponente admitió la demanda y ordenó
la notificación personal de la partes demandante y demandada en el proceso
ordinario, así como la del agente del Ministerio Público y la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.
2.3.7. Contestación de la demanda
Los sujetos procesales notificados del auto admisorio guardaron silencio.
2.3.8. Concepto del Ministerio Público
La Procuradora Segunda delegada ante el Consejo de Estado se opuso a las
pretensiones del demandante y, en consecuencia, solicitó que se declare
infundado el recurso extraordinario de revisión señalando que en la providencia
recurrida no se configura la causal de nulidad prevista en el numeral 5° del artículo
250 de la Ley 1437 de 2011.
En fundamento de su solicitud, explicó que no se cumplen los supuestos de
procedencia de la causal de revisión invocada. Lo anterior, puesto que, si bien el
recurrente alegó la existencia de nulidad originada en la sentencia por violación al
principio de congruencia, en realidad está valiéndose del recurso extraordinario
para reabrir el debate jurídico y probatorio, a modo de tercera instancia.
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En el mismo sentido, defendió la congruencia externa del fallo de segunda
instancia, argumentando que el a quo falló basado en las pretensiones de la
demanda, y el ad quem se limitó a resolver el problema jurídico con base en lo
esbozado en el recurso de apelación.
Finalmente, explicó que como el recurrente no contaba con quince (15) años de
servicio cotizados al 1 de abril de 1994, no le asistía el derecho para acceder a la
pensión en los términos de la Ley 71 de 1988, toda vez que no acreditó los
requisitos para aplicar a los beneficios del régimen de transición establecido en la
Ley 100 de 1993.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA ESPECIAL
3.1. Normatividad aplicable
El Título VI Capítulo I de la Ley 1437 de 2011, regula el recurso extraordinario de
revisión. En él se indican los términos, causales y requisitos que deben cumplirse
para su admisión y procedencia, en los artículos 248 a 2552, modificados
parcialmente por la Ley 2080 de 2021.
3.2. Presupuestos procesales de la acción
3.2.1. Competencia
La Sala Veintisiete (27) Especial de Decisión de esta Corporación es competente
para conocer el presente recurso extraordinario de revisión, interpuesto por el
señor Alberto Enrique López Fajardo, con el cual pretende que se infirme la
sentencia dictada el 10 de julio de 2020, por el Consejo de Estado, Sección
Segunda – Subsección “B”, en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, instaurado por el recurrente contra la Administradora Colombiana de
Pensiones - Colpensiones.
Lo anterior, con fundamento en lo establecido por el artículo 249 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en virtud del cual
las sentencias dictadas por las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado
serán conocidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sin exclusión
de la sección que profirió la decisión3.
2 Las normas citadas fueron modificadas por los artículos 68 al 70 de la Ley 2080 de 2021.
3 Corte Constitucional, Sentencia C-450 del 16.06.2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En
esta sentencia se consideró que “la expresión demandada simplemente implica que no se puede
excluir de plano a todos los Magistrados de la Sección o Subsección, pero en ningún momento
permite concluir que no deba decidirse en cada caso concreto si se presenta una causal de
impedimento, por lo cual es claro que no se afectan los principios de imparcialidad e independencia
judicial.” Conforme al planteamiento anterior, no vulnera el principio de imparcialidad el
conocimiento de un recurso extraordinario de revisión por parte de uno de los magistrados que
aprobó la sentencia recurrida, toda vez que, no es jurídicamente admisible excluir a todos los
consejeros que participaron de la decisión impugnada.
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Por su parte, el artículo 107 ejusdem creó las Salas Especiales de Decisión para
resolver los procesos sometidos al conocimiento de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado que la ley expresamente les
encomiende, disposición con fundamento en la cual se expidió el Acuerdo 321 de
2014 que, en su artículo 2º, señaló los asuntos de su competencia, asignándoles,
entre otros, los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las
sentencias de las Secciones y Subsecciones del Consejo de Estado, competencia
que quedó expresamente regulada en el artículo 29 del Acuerdo 080 de 2019,
expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado, actualmente vigente.
3.2.2. Oportunidad
En el sub examine se encuentra acreditado que la demanda se dirige contra la
sentencia dictada el 10 de julio de 2020, notificada por edicto electrónico 11 de
septiembre de 2020, y el recurso fue interpuesto el 26 de abril de 2021, lo que
significa que transcurrió menos del año al que se refiere la norma aplicable al
caso.
3.2.3. Legitimación en la causa
En relación con el presupuesto referido a la legitimación en la causa, debe
expresarse que Alberto Enrique López Fajardo está habilitado por activa, y
Colpensiones por pasiva, respectivamente, porque fueron las partes del juicio en
el que se dictó la sentencia, objeto de revisión del vocativo de la referencia.
3.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede infirmar el fallo dictado el 10 de julio
de 2020, por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, instaurado por el recurrente
contra la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones con el que
pretendía que se le reconociera y pagara la pensión de jubilación a partir del 11 de
junio de 2013, adquirida en su condición de Procurador Judicial II de Familia de
Sincelejo, de acuerdo con el decreto 546 de 1071 o la Ley 71 de 1988.
En consecuencia, con fundamento en la situación fáctica señalada por la parte
actora, el material probatorio recaudado, los argumentos expuestos en el libelo
introductorio y la intervención del Ministerio Público, el problema jurídico que
subyace al caso concreto consiste en establecer si se configura la causal 5ª de
revisión, consagrada en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, referida a existir
nulidad en la providencia que puso fin al proceso y contra la cual no procede
recurso alguno.
Como subproblemas jurídicos, corresponderá establecer si en la sentencia se
incurrió en desconocimiento de los principios de congruencia y non reformatio in
pejus de manera que se justifique la invalidación de la decisión.
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Para resolver el problema y los subproblemas planteados, la Sala abordará los
siguientes ejes temáticos: i) generalidades del recurso extraordinario de revisión;
ii) causal de nulidad originada en la sentencia; iii) principio de congruencia del
fallo; iv) principio de non reformatio in pejus; y (v) análisis del caso concreto.
3.4. Generalidades del recurso extraordinario de revisión
Este recurso, regulado en los artículos 248 y siguientes del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es un medio de
impugnación excepcional que permite revisar determinadas sentencias de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, amparadas por la intangibilidad de
la cosa juzgada e infirmarlas, ante la demostración inequívoca de ser decisiones
injustas, por incurrir en alguna de las causales que taxativamente consagra la ley4.
Las providencias susceptibles del recurso son “(i) las dictadas por las Secciones y
Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; (ii) las
dictadas en única, primera o segunda instancia por los Tribunales Administrativos y (iii) las
dictadas en primera o segunda instancia por los Jueces Administrativos, cuya naturaleza
permita la interposición de tal recurso.”5
Para la interposición del recurso deben atenderse los requisitos de las demandas
ordinarias, indicados en el artículo 252 de la Ley 1437 de 2011, especialmente, el
recurrente debe señalar, justificar y acreditar en grado de plenitud probatoria el
supuesto de hecho de la causal o causales consagradas en el artículo 250
ejusdem, en que se funda el recurso. Así, constituye un presupuesto de especial
trascendencia que la parte actora aporte las pruebas necesarias, pertinentes e
idóneas, encaminadas a acreditar la causal de nulidad que alega.
En este orden, la técnica del recurso exige correspondencia entre los argumentos
en que se fundamenta, la causal invocada y las alegaciones expuestas por el
recurrente, de forma tal que no le es dable a éste realizar elucubraciones dirigidas
a atacar las motivaciones jurídicas o los juicios de valor que soportaron la decisión
adoptada en la sentencia recurrida ni pretender subsanar o corregir errores u
omisiones de la propia parte en el ejercicio del derecho de contradicción y el
agotamiento de los mecanismos ordinarios de defensa, como si se tratara de una
nueva instancia.
En otras palabras, el recurso extraordinario de revisión no da cabida a
cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la
sentencia, siendo riguroso en cuanto a su procedencia, pues se restringe a las
4 El marco teórico y conceptual del recurso extraordinario de revisión con las características
esenciales que se indican ha sido construido por esta Corporación, entre otras, en las siguientes
sentencias: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de
2.03.2010, Rad. REV-2001-00091, 6.04.2010, Rad. REV-2003-00678, 20.10.2009, Rad. REV-
2003-00133, 12.07.2005, Rad. REV-1997-00143-02, 14.03.1995, Rad. REV-078, 16.02.1995, Rad.
REV-070, 20.04.1993, Rad. REV-045 y 11.02.1993, Rad. REV-037; Sección Tercera, sentencia del
22.04.2009, Rad. 35995 y Sección Quinta, sentencia de 15.07.2010, Rad. 2007- 00267.
5 Corte Constitucional, Sentencia C-520 del 4.08.2009, M.P. María Victoria Calle Correa
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causales enlistadas. Por ello, en este escenario, la labor de la Sala no puede
exceder la demarcación impuesta por el recurrente al explicar la causal de
revisión, que deberá ser examinada dentro de un estricto y delimitado ámbito
interpretativo6.
Tampoco es posible que se cuestione la valoración probatoria efectuada por el
juez ordinario, pues no se trata de corregir “los errores de apreciación de los hechos y
de las pruebas, en que a juicio del recurrente hubiera podido incurrir el fallador, pues eso
equivaldría a convertir el recurso en un juicio contra el fondo de la sentencia,
discutiendo nuevamente los hechos, ya dilucidados con fuerza de cosa juzgada; sino de
la inobservancia de las reglas propias de la sentencia, que vician su validez.”7
En virtud de lo expuesto, se advierte que este recurso tiene como finalidad
principal la revisión de las decisiones adoptadas injustamente, es decir, por
medios ilícitos o irregulares, pero no para tratar de enmendar los errores judiciales
como los casos de inadecuada valoración de las pruebas (error de hecho), falta de
aplicación de la norma correspondiente, o indebida aplicación de esta (error de
derecho)8.
6 Así se desprende de las normas que lo consagran y lo ha desarrollado esta Corporación en varios
pronunciamientos de los que cabe destacar: Al respecto, la Sala Plena de esta Corporación, en
sentencia de 27.01.2004. Rad. (REV) 2003-0631, M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, precisó
que: “… no constituye una nueva instancia, razón por la cual no es admisible en él la continuación
del debate probatorio o sobre el fondo del asunto, debiendo circunscribirse únicamente a las
precisas causales señaladas en la ley, cuyo examen y aplicación obedecen a un estricto y
delimitado ámbito interpretativo. (....)”. En ese mismo sentido, en sentencia de 11 de octubre de
2005. Rad. (REV) 2003-0794. M.P. Ligia López Díaz, se manifestó que con el recurso
extraordinario especial de revisión "(...) No se trata de controvertir el juicio de valoración propio del
juzgamiento, ni es otra instancia que permita a las partes adicionar o mejorar las pruebas y los
argumentos ya expuestos y debatidos en las etapas anteriores del proceso, puesto que ello
equivaldría a convertir el recurso especial de revisión en un juicio contra el fondo de la sentencia,
discutiendo nuevamente los hechos ya dilucidados con fuerza de cosa juzgada (...)". Sobre la
naturaleza taxativa del recurso extraordinario de revisión ver Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 29.04.2015, M.P. Danilo Rojas
Betancourt; 25000-23-26-000-1999-00319-01(26239); Sección Primera, Sentencia de 26.11.2018,
radicado 11001-03-24-000-2009- 00616-00(REV), M.P. Nubia Margot Peña Garzón Sala Cuarta
Especial de Decisión, Sentencia del 13.10.2020, M.P. Alberto Montaña Plata, Rad. 11001-03-15-
000-2019-00119-00(REV). Esta última sentencia cuenta con la siguiente cita original “Al respecto
consultar sentencias de Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de: 17 de julio de 2013, rad.
11001- 03-15-000-2009-00062(REV); 26 de febrero de 2013, rad. 11001-03-15-000-2008- 00638-
00(REV) y de 18 de octubre de 2005, rads. 11001-03-15-000-1998-00173- 00(REV) y 11001-03-
15-000-1999-00226-00(REV).”
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 27 Especial de Decisión,
Sentencia del 3.03.2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro (E); Sala Veintisiete (27) Especial de
Revisión, Sentencia del 3.04.2018, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2017-02091-
00 (REV);
8 De cualquier forma, será forzoso analizar con cuidado los argumentos esgrimidos por la parte
actora, con el fin de detectar si lo que se cuestiona es, realmente, una actuación contraria a la ley o
carente de justificación o, si el propósito del demandante es que se revise la decisión, como si el
proceso en sede de lo contencioso administrativo pudiera constituirse en una nueva instancia.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del
14.08.2008, Rad. 16.594
10
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3.5. La causal de revisión consistente en la nulidad originada en la sentencia
que puso fin al proceso – Reiteración de jurisprudencia
El numeral 5.º del artículo 250 del CPACA, establece «[e]xistir nulidad originada en
la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación» 9. De acuerdo con lo anterior, la causal comprende los siguientes
presupuestos:
(i) Que se dirija contra una sentencia respecto de la cual no proceda recurso de
apelación, «… porque entonces sería el juez ad quem quien debe concurrir a
desplegar la actividad judicial que permita enervar y solucionar el hecho
constitutivo de nulidad o en dado caso dejárselo explícito al a quo si corresponde
a éste implementar la solución, campo de acción que es totalmente ajeno al juez
del recurso extraordinario de revisión …, es decir, ya superó las instancias del
juez natural …»10.
ii) Que exista una nulidad procesal o constitucional, «… pero este segundo
supuesto pende del siguiente y (iii) que esta tenga nacimiento en la sentencia
que puso fin al proceso, o en su defecto, que la parte afectada, bajo motivo
invencible, no hubiera podido alegarla …»11.
Así las cosas, aunque el enunciado normativo es claro, se ha dicho que «… se
trata de una de las causales de revisión que más discusiones ha generado en la
jurisprudencia de lo contencioso administrativo 12 … dado que, en razón de su
redacción, ha correspondido al juez del recurso de revisión establecer su alcance,
por cuanto el legislador omitió determinar las circunstancias que podían generar la
nulidad de la providencia, es decir, se trata de un texto en blanco …»13. En otras
palabras, si bien de la lectura del numeral 5.º del artículo 250 del CPACA, se
advierte que para la configuración de la causal es necesario que la nulidad se
presente al momento de proferir la sentencia, lo cierto es que, el legislador no
definió los eventos constitutivos del vicio.
9 Sobre esta causal pueden verse, entre otras decisiones la siguientes: (i) Consejo de Estado, Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiuno Especial de Decisión, sentencia de 3 de
abril de 2018, radicación n.º 11001-03-15-000-2014-00251-00, MP. Rafael Francisco Suárez
Vargas, (ii) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veinticinco
Especial de Decisión, sentencia de 20 de agosto de 2021, radicación n.º 10001-03-15-000-2020-
02925-00, MP. Marta Nubia Velásquez Rico, (iii) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Quince Especial de Decisión, sentencia de 10 de marzo de 2021, radicación
n.º 11001-03-15-000-2019-03190-00, MP. Hernando Sánchez Sánchez, (vi) Consejo de Estado,
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Quinta Especial de Decisión, sentencia de 16
de febrero de 2021, radicación n.º 11001-03-15-000-2019-00788-00, MP. Milton Chaves García y
(v) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de
Decisión, sentencia de 13 de octubre de 2020, radicación n.º 11001-03-15-000-2019-00119-00,
MP. Alberto Montaña Plata.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Quince Especial de
Decisión, sentencia de 3 de marzo de 2020, radicación n.º 11001-03-15-000-2016-02343-00–
acumulado (REV), MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
11 Ibidem.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiséis Especial de
Decisión, sentencia de 7 de abril de 2015, radicación n.º 11001-03-15-000-2013-00358-00 (REV),
MP. Alberto Yepes Barreiro.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de
Decisión, sentencia de 7 de febrero de 2017, radicación n.º 11001-03-15-000-2016-02260-
00(REV), MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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En ese sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en un ejercicio
hermenéutico14, ha señalado de manera consistente, que los hechos que la
configuran son aquellos que constituyen las causales de nulidad procesal, esto es,
las previstas en el artículo 133 del CGP15, pero no son figuras idénticas. Se trata de
vicios procesales que surgen al momento de la expedición de la sentencia, pero
no los acaecidos en etapas anteriores, toda vez que, las nulidades procesales
deben seguir la regla de oportunidad prevista en el artículo 134 del CGP16.
Sin embargo, también se ha aceptado la posibilidad de alegar la nulidad originada
en la sentencia, cuando, pese a configurarse el vicio constitutivo de la causal
antes de proferirse el fallo, «… no pudo ser advertida por el recurrente durante el
curso del proceso …»17, caso en el cual, al afectado le asiste la carga de probar
que no tuvo la oportunidad de proponer la nulidad, pues de lo contrario, la causal
se convertiría en una excusa para subsanar las omisiones cometidas en el
proceso ordinario. En este sentido, resulta importante señalar que la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en providencia de 31 de
mayo de 2011, resumió los supuestos que podrían configurar el vicio de nulidad en
la sentencia, así:
En síntesis, la nulidad que tiene origen en la sentencia se presenta por i) falta de
jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia en proceso
terminado normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se dicta
sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el
desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, iv)
cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, v) cuando se condena al demandado por cantidad superior o por
objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada
en ésta, vi) cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, vii) o
cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera
de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en éstos casos, antes de
la oportunidad debida, viii) cuando la sentencia aparece firmada con mayor o
menor número de magistrados, o adoptada con un número de votos diverso al
previsto en la ley, ix) cuando la providencia carece completamente de motivación.
14 Ver, entre otras, las siguientes providencias (REV) de 20 de abril de 2004, radicación n.º 11001-
03-15-000-1996-0132-01; de 18 de octubre de 2005, radicación n.º 11001-03-15-000-2000-00239-
00, de 7 de febrero de 2006, radicación n.º 11001-03-15-000-1997-00150-00; de 2 de marzo de
2010, expediente número 185; de 9 de marzo de 2010, radicación n.º 11001-03-15-000-2002-1024-
01 y de 31 de mayo de 2011, radicación n.º 11001-03-15-000-2008-00294-00.
15 Causales que antes estaban previstas en el artículo 140 CPC.
16 En este sentido puede verse: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
Sala Tercera Especial de Decisión, sentencia de 4 de agosto de 2021, radicación n.º 11001-03-15-
000-2021-00610-00 (REV), MP. Julio Roberto Piza Rodríguez.
17 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 6 de agosto
de 2013, radicación n.º 11001-03-15-000-2009-00687-00 (REV). MP. Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas, en la que se cita «Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. MP.
Mauricio Torres Cuervo. Sentencia del 2 de marzo de 2010. Radicación número: 11001-03-15-000-
2001-0091-01. Actor: Pedro Antonio Durán Durán. Demandado: Contraloría General de la República».
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Con posterioridad, en sentencia de 8 de mayo de 201818, con fines de unificación
jurisprudencial19 y a partir del artículo 29 superior, la Sala Plena fijó un nuevo
alcance de la causal de nulidad originada en la sentencia. En dicha decisión se
indicó, que el fallo inhibitorio injustificado también configura la causal de revisión
mencionada por desconocer el debido proceso, la tutela judicial efectiva y el
derecho de acceso a la administración de justicia.
En suma, la sentencia puede resultar viciada por hechos que, si bien no están
previstos como causales de nulidad procesal, lo cierto es que sí pueden afectar la
legalidad y justicia de la decisión, al punto que desconocería el artículo 29 de la
Constitución. Dentro de estos supuestos, a manera enunciativa, se pueden citar
los siguientes: (i) la sentencia en la que se condena a la parte que no fue
vinculada al proceso; (ii) la sentencia de las corporaciones judiciales que no
cuenta con el número de votos necesarios para la aprobación, o aquella que
aparece firmada con mayor o menor número de magistrados; (iii) la sentencia que
no tiene formal ni materialmente motivación ante la carencia total de
pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de derecho que le
permiten arribar a una decisión; (iv) la sentencia que se dicta con violación al
principio de la non reformatio in pejus; (v) la decisión que desconoce el principio
de congruencia bien sea por una condena extra, ultra o minuspetita20; y (vi)
cuando el juez, sin fundamento válido y razonable, dicta una decisión inhibitoria
que se traduce en denegación de justicia21.
3.6. Principio de congruencia
La congruencia procesal es definida como, el principio normativo que delimita el
contenido de las resoluciones judiciales que deben proferirse, de acuerdo con el
sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes (en lo civil, laboral, y
contencioso- administrativo) o de los cargos o imputaciones penales formulados
contra el sindicado o imputado, sea de oficio o por instancia del ministerio público
o del denunciante o querellante (en el proceso penal), para el efecto de que exista
identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones o imputaciones y
excepciones o defensas oportunamente aducidas, a menos que la ley otorgue
facultades especiales para separarse de ellas.
18 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de mayo
de 2018, radicación n.º 11001-03-15-000-1998-00153-01 (REV), MP. Alberto Yepes Barreiro. [En
la providencia se citaron, la sentencia C-739 de 2001 MP. Álvaro Tafur Galvis, que dispuso, entre
otras, «… ESTARSE A LO RESUELTO en las sentencias C-491 de 1995 … y C-217 de 1996 …»
y la providencia de 7 de febrero de 2006, radicación n.º 11001-03-15-000-1997-00150-00 (REV),
MP. María Elena Giraldo Gómez].
19 Por auto de 7 de julio de 2015, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo decidió asumir la competencia para decidir el caso con el propósito de unificar
criterios: «…i) En qué casos una sentencia inhibitoria puede dar origen a la procedencia del recurso
extraordinario de revisión por la causal de nulidad originada en la sentencia por violación al debido
proceso …».
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de
Decisión, sentencia de 2 de febrero de 2016, radicación n.º 11001-03-15-000-2015-02342-00
(REV), MP. Alberto Yepes Barreiro.
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de mayo de
2018, radicación n.º 11001-03-15-000-1998-00153-01 (REV) MP. Alberto Yepes Barreiro.
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En virtud de este principio, el alcance y contenido de una providencia está
delimitado por las pretensiones de la demanda y por los argumentos expuestos en
las instancias del proceso, existiendo una correspondencia entre ésta y los hechos
que se esgrimen en la demanda.
Se encuentra regulado en el artículo 281 del Código General de Proceso que
reformó el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, normas aplicables por
remisión a los procesos que se adelantan en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, según lo dispuesto por el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.
Las citadas normas procesales, precisan:
«La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones
aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este Código
contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieran sido
alegadas si así lo exige la ley. (…)».
En torno a esta disposición, el Consejo de Estado ha señalado que la congruencia
debe ser interna y externa. La primera obedece a la correspondencia que debe
existir entre la parte motiva y resolutiva de la sentencia; y la segunda, esto es la
externa, a que la decisión contenida en la parte resolutiva se encuentre en
concordancia con lo pedido en la demanda y en su contestación.
Sobre este aspecto la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, expresó:
«El petitum, entonces deberá expresar claramente la modificación o reforma que
se pretende de los actos acusados, y a él atañe la observancia por parte del
juzgador del principio de la congruencia de las sentencias, que debe ser tanto
interna como externa. La externa, se traduce en la concordancia debida entre el
pedido de las partes en la demanda y su corrección, junto con las excepciones,
con lo decidido en la sentencia y encuentra su fundamento en los artículos 55 de
la Ley 270 de 1996 y 170 del C.C.A. en concordancia con el 305 del C.P.C., que
señala que el juez en la sentencia debe analizar ‘los hechos en que se funda la
controversia, las pruebas, las normas jurídicas pertinentes, con el objeto de
resolver todas las peticiones’. No debe olvidarse, además, que conforme al
artículo 304 del C.P.C. la parte resolutiva ‘deberá contener decisión expresa y
clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda...’. La congruencia
interna, está referida a la armonía y concordancia que debe existir entre las
conclusiones judiciales derivadas de las valoraciones fácticas, probatorias y
jurídicas contenidas en la parte considerativa, con la decisión plasmada en la
parte resolutiva de la sentencia.»22
Conforme a lo expuesto, este principio tiene como finalidad que la providencia se
encuentre en concordancia y armonía entre lo pretendido, lo pedido por las partes
y lo decidido por el juez, aspecto sobre el cual la Corte Constitucional ha
considerado que:
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 11 de mayo de
1998, rad. REV-093; de 18 de octubre de 2005 rad. 2000-00239, de 20 de octubre de 2009, rad.
REV-2003-00133; y de sentencia de 7 de abril de 2015, rad. 2013-02724-00(REV), C.P. Jorge
Octavio Ramírez; Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 11 de junio de 2009, rad. 836-
06; y Sección Primera, sentencia de 14 de diciembre de 2009, rad. 2006-00123.
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«A la luz de tal postulado, el juez debe resolver todos los aspectos ante él
expuestos y, por consiguiente, es su obligación explicar las razones por las
cuales no se ocupará del análisis de fondo de alguna de las pretensiones.
Adicionalmente, el juez tiene a su cargo el deber de fallar con fundamento en la
realidad fáctica demostrada, por cuanto, su decisión, de ninguna manera, puede
fundamentarse en lo que dicho funcionario considera que pudo ser, pero que las
partes ni él de oficio, lograron establecer en el curso de la actuación procesal.»23
En consecuencia, la sentencia debe ser objeto de revisión cuando falta al principio
de congruencia, es decir, cuando aquella carece de la coherencia externa y/o
interna, razón suficiente para calificar de inválida la decisión, porque el fallador
excede su competencia, la que se repite está determinada por los cargos y
pretensiones de la demanda, lo cual ratifica que constituye un elemento de validez
de esta.
3.7. Principio de la non reformatio in pejus
La non reformatio in pejus es un principio constitucional que es parte del conjunto
de garantías que constituyen el derecho fundamental al debido proceso. Este
principio constituye en un mandato al operador judicial de superior jerarquía a
limitarse a fallar acerca de lo que en la apelación se resalta como desfavorable
para el apelante único. Es decir, en virtud de la non reformatio in pejus se
establece una prohibición al fallador de agravar la situación jurídica del apelante
único, puesto que se entiende que su apelación únicamente versa sobre aquello
que le resultó contrario a sus pretensiones en la sentencia de primera instancia.
Este principio goza de protección constitucional, quedando establecido en el
artículo 31 Superior. Igualmente, se encuentra regulado en el artículo 328 del
Código General del Proceso, norma aplicable por remisión a los procesos que se
adelantan en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, según lo dispuesto
por el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.
La mencionada norma procesal del CGP estipula:
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda
instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el
apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no
apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
(…)
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo
que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos
íntimamente relacionados con ella.»
23 Corte Constitucional, Sentencia T-961 de 2000, reiterada en la T-079 de 2018. M.P. Carlos
Bernal Pulido.
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Sin embargo, el principio de non refromatio in pejus no es una garantía absoluta o
ilimitada, y así lo ha indicado esta Corporación:
“No obstante, de manera excepcionalísima el ad quem cuando encuentre que la
decisión de primera instancia es manifiestamente ilegítima, puede entrar a
estudiar cuestiones propias del debate jurídico así no hayan sido objeto del
recurso de apelación. Dicho de otra manera, un funcionario judicial al advertir
que se están consolidando situaciones jurídicas en abierta contradicción del
ordenamiento jurídico, no puede rehusarse a efectuar algún tipo de
pronunciamiento sólo bajo la consideración de que fue un asunto que no se
planteó en el escrito de apelación.”24
Efectuadas las anteriores consideraciones sobre la causal de nulidad alegada, se
analizarán las razones expuestas en la demanda, con el fin de establecer si
encuadran en el supuesto de hecho de la causal invocada y los lineamientos que
al respecto ha señalado la Sala Plena de esta Corporación, que tienen carácter
vinculante para las Salas Especiales y las Secciones al momento de resolver un
recurso de esta naturaleza.
3.8. Análisis del caso concreto con fundamento en la causal de revisión
alegada y los supuestos fácticos y jurídicos en que se fundamenta
La parte actora estimó que la sentencia debe ser invalidada por el
desconocimiento de los principios de congruencia externa y non reformatio in
pejus, puesto que consideró que el ad quem i) no falló en atención a las
pretensiones de la demanda y ii) hizo más gravosa su situación jurídica como
apelante único.
Al respecto, sostuvo que la sentencia recurrida pasó por alto realizar un examen
crítico de la Resolución VPB 16743 del 24 de febrero de 2015 mediante la cual
Colpensiones confirmó la Resolución GNR 111662 de 27 de marzo de 2014,
proferida con posterioridad al inicio del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho. Así mismo, adujo que la providencia de segunda instancia ignoró la
valoración de la prueba documental aportada al proceso por el demandante y que
acredita su autoría de una publicación académica que conlleva al computo de 2
años de servicios adicionales para el reconocimiento pensional.
Expresó que tal omisión constituyó una violación al principio de non reformatio in
pejus toda vez que el a quo había valorado este material probatorio en su favor,
sumando los años referidos al conteo de tiempo de servicio.
Para empezar, se estudiará si la providencia proferida el 10 de julio de 2020 por la
Sección Segunda, Subsección “B” de esta corporación carece de congruencia.
Para concluir sobre la prosperidad de los argumentos del accionante al respecto,
es necesario analizar si la decisión de la sentencia recurrida atiende a los
24Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, Sentencia del 19.01.2017, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. Rad: 11001-03-15-000-
2015-02281-01.
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argumentos del escrito de apelación, pues son estos los que delimitan el objeto del
fallo del juez de segunda instancia. Así, de comprobarse que la providencia objeto
de revisión examinó todos los motivos de reparo resaltados por el apelante, se
concluirá que la misma no desconoce el principio de congruencia.
De la lectura del escrito de apelación, se desprende que fueron cinco los motivos
de reparo señalados por el señor Alberto Enrique López Fajardo, sin que se
incluyeran los argumentos sobre los años que sumaba su publicación para la
contabilización del tiempo para el reconocimiento pensional o la indebida
valoración probatoria de la Resolución VPB 16743 del 24 de febrero de 2015, por
el contrario, se limitó a indicar:
i) Precisó que el Tribunal Administrativo de Sucre aplicó de manera
retroactiva los criterios de la sentencia SU-130 de 2013 de la Corte
Constitucional.
ii) Criticó el desconocimiento del a quo sobre la cosa juzgada constituida en la
sentencia de tutela del 31 de octubre de 2012.
iii) Manifestó que el fallador no aplicó el principio de favorabilidad apartándose
de la jurisprudencia uniforme del Consejo de Estado y en su lugar aplicó
retroactivamente la mencionada sentencia de la Corte Constitucional.
iv) Advirtió que la sentencia de primera instancia desatendió el fallo de tutela
que estableció la ineficacia de su afiliación al fondo privado El Porvenir.
v) Finalmente, estableció que reunía los requisitos para el reconocimiento de
pensión de jubilación por aportes.
En vista de los reparos, la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de
Estado, precisó la regla jurisprudencial vigente para el caso concreto que
establece los requisitos para acceder a los beneficios del régimen de transición.
Así, tras una valoración del material probatorio, se concluyó que el accionante no
cumplía con los requerimientos precisados en las sentencias C-789 de 2002, C-
1024 de 2004 y SU-62 de 2010, en todo caso anteriores a la sentencia SU-130 de
2013.
Igualmente, desplegó una argumentación jurídica razonable para abordar el reparo
realizado por el apelante sobre la cosa juzgada constitucional derivada del fallo de
tutela del 31 de octubre de 2012. Tampoco desconoció lo indicado por el a quo
sobre la eficacia de la afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad,
indicando que el demandante aún cuenta con la posibilidad de ejercer la acción de
anulación contra este acto.
Del recuento anterior, se concluye que el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B cumplió con su deber de examinar de manera integral todos los
argumentos esbozados por el demandante en el escrito de apelación. De aquí que
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el fallo recurrido mantiene la coherencia externa entre lo resuelto y lo pretendido,
careciendo de fundamento la violación del principio de congruencia aducido por la
parte actora.
Resta entonces verificar si es dable afirmar, como lo señaló el recurrente, que la
sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión contrarió el principio de la
non reformatio in pejus. Al respecto, la Sala aclara que el parámetro para verificar
si la decisión de segunda instancia desmejoró la situación jurídica del apelante
único debe ser la comparación entre la parte resolutiva de aquella con la propia de
la sentencia judicial de primera instancia objeto de alzada, pues es allí donde se
concreta la situación jurídica de las partes del proceso. En este sentido, se
compararán ambas providencias:
Sentencia del Tribunal Administrativo Sentencia del Consejo de Estado,
de Sucre Sección Segunda, Subsección “B”
PRIMERO: NIÉGUESE las
1°. Confírmese parcialmente la
pretensiones de la demanda de nulidad sentencia de 31 de marzo de 2016
y restablecimiento del derecho, ejercida
proferida por el Tribunal Administrativo
por el señor ALBERTO ENRIQUE de Sucre (sala segunda de decisión
LOPEZ FAJARDO, contra la
oral), que negó las súplicas de la
ADMINISTRADORA COLOMBIANA demanda en el proceso instaurado por
DE PENSIONES “COLPENSIONES”, el señor Alberto Enrique López Fajardo
conforme las razones de este proveído. contra la Administradora Colombiana de
Pensiones (Colpensiones), conforme a
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la la parte motiva.
parte demandante, las cuales serán
tasadas por Secretaría, conforme las 2°. Revócase la condena en costas
previsiones del artículo 365 y 366 del impuesta a la parte demandante, que
C.G. del P. incluye las agencias en derecho, de
conformidad con lo indicado en la
TERCERO: EJECUTORIADA la motivación.
presente providencia, ARCHÍVESE el
expediente. 3°. Reconócese personería a la
abogada Deissy Gisselle Bejarano
CUARTO: DEVUÉLVASE el saldo de Hamón, con cédula de ciudadanía
los gastos del proceso a la parte 1.030.555.680 y tarjeta profesional
demandante, en caso de existir. 240.976 del Consejo Superior de la
Judicatura, para representar a
Colpensiones, en los términos de la
sustitución de poder (f. 387 c. 2).
4°. Ejecutoriada esta providencia,
devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que
fueren menester.
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Tras la lectura de lo resuelto en cada una de las instancias, La Sala dista del
criterio del recurrente. Contrario a lo afirmado en el recurso extraordinario de
revisión, la sentencia de segunda instancia no desmejoró la situación jurídica del
apelante único, incluso es posible advertir un beneficio en su favor al revocar la
condena en costas. Así, esta decisión en realidad representa una mejoría de la
situación jurídica del apelante respecto a aquella que le había establecido la
sentencia de primera instancia, manteniéndose incólume el principio de la non
reformatio in pejus.
En línea con lo expuesto, tal como lo afirmó el Ministerio Público, lo pretendido por
la parte actora es que se revise nuevamente lo decidido por la autoridad judicial
que resolvió el caso en segundo grado, como si se tratara de una tercera
instancia, pues no se puede predicar que el fallo carezca de congruencia y sea
violatorio del principio de la non reformatio in pejus por el solo hecho de no haber
accedido a las pretensiones de la demanda.
Las razones expuestas son suficientes para declarar infundado el recurso por la
causal descrita en el numeral 5º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, toda vez
que la sentencia no incurrió en irregularidad alguna que pueda invalidarla ni
contraría el deber de congruencia ni el principio de la non reformatio in pejus, en la
medida en que guardó coherencia con los reparos señalados en el escrito de
apelación y no desmejoró la situación jurídica del apelante único.
3.9. Conclusiones y decisión
En el asunto sub judice la parte actora no logró acreditar que se presentó una
nulidad originada en la sentencia, pues lo alegado no corresponde a una
circunstancia capaz de invalidar la providencia, sino que equivale a un
cuestionamiento sobre la interpretación razonable de las normas sustanciales y a
la valoración adecuada de las pruebas allegadas.
Lo anterior, por cuanto la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de
Estado aplicó al caso las reglas normativas y jurisprudenciales que regulan la
materia, dictó la providencia con pleno respeto de estas y en armonía con los
argumentos del recurso de apelación.
4. Costas y perjuicios
Sobre la procedencia de condenar en costas y perjuicios en el recurso
extraordinario de revisión, la Sala advierte que el inciso final del artículo 255, con
la modificación introducida por el 70 de la Ley 2080 de 2021, según cual “si se
declara infundado el recurso se condenará en costas y perjuicios al recurrente”, es
aplicable al sub examine, por haberse presentado el recurso en vigencia de la
referida disposición.
Sin embargo, dicha norma no consagra los parámetros para su procedencia y
liquidación, por lo que corresponde realizar la integración normativa con el Código
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General del Proceso, que lo regula en el artículo 365, canon que en el numeral 8º
establece que “Sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación.”
Por su parte, el artículo 361 ejusdem prevé que las costas están integradas por la
totalidad de las expensas y gastos sufragados, causados durante el trámite de la
controversia, así como por las agencias en derecho, las cuales, en virtud del
numeral 4º del artículo 366 de la misma normativa, se deben fijar con observancia
de las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura en el artículo
6º del Acuerdo No. PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016.
Adicionalmente, debe señalarse que, bajo las reglas del C.G.P., la condena en
costas se soporta en un criterio netamente objetivo valorativo; en este caso, frente
a la parte a la que se le declara infundado el recurso extraordinario de revisión y
resultan procedentes, “siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de
que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley”25.
Ahora bien, no aparece en el expediente prueba de agencias en derecho, gastos y
expensas. Además, los demandados en el proceso ordinario omitieron contestar la
demanda. En consecuencia, la parte actora no será condenada al pago de
agencias en derecho.
No se condena por concepto de costas, gastos y expensas ni por perjuicios por no
haberse comprobado su causación.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Plena, Sala Especial de Decisión No 27, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión en lo
relacionado con la causal 5ª de revisión, referida a la nulidad originada en la
sentencia, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva.
SEGUNDO: ABSTENERSE DE CONDENAR a la parte recurrente por concepto
de costas, gastos, expensas y perjuicios, por no aparecer causados.
25 De acuerdo con la Corte Constitucional “La condena en costas no resulta de un obrar temerario
o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en el
proceso o recurso que haya propuesto, según el artículo 365. Al momento de liquidarlas, conforme
al artículo 366, se precisa que tanto las costas como las agencias en derecho corresponden a los
costos en los que la parte beneficiaria de la condena incurrió en el proceso, siempre que exista
prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley.
De esta manera, las costas no se originan ni tienen el propósito de ser una indemnización de
perjuicios causados por el mal proceder de una parte, ni pueden asumirse como una sanción en su
contra”. Sentencia C-157/13. MP. Mauricio González Cuervo.
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE.
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA (E1) STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
MARÍA ADRIANA MARÍN
Este documento fue firmado electrónicamente. Los interesados pueden consultar la
providencia oficial con el número de radicación en http//relatoria.consejodeestado.gov.co.8081
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