Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01303-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01303-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-01303-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
12 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTE ESPECIAL DE DECISIÓN
Bogotá D.C., doce (12) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-01303-00
Demandante: MARÍA ELVIRA PLAZAS SIACHOQUE
Demandados: MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Y OTROS
Sentencia que resuelve recurso extraordinario de revisión
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por María Elvira
Plazas Siachoque contra la sentencia de 4 de febrero de 2021 proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación núm. 25000-23-42-
000-2013-00314-01.
I.- ANTECEDENTES
I.1. Proceso ordinario
I.1.1. Demanda
1. La señora María Elvira Plazas Siachoque, por intermedio de apoderada judicial y
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto
en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20111, instauró demanda contra
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Salud y Protección
Social, el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, en adelante ISS, la
Administradora Colombiana de Pensiones, en adelante Colpensiones, la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, en adelante UGPP, la Empresa Social del Estado Policarpa
Salavarrieta en Liquidación, en adelante E.S.E. Policarpa Salavarrieta, y Fiduciaria
La Previsora S.A., cuyas pretensiones fueron las siguientes:
“[…] PRIMERA: Se declare la nulidad total de los actos administrativos contenidos
en las siguientes comunicaciones: 1) No. 2012EE00048158 de Junio 8 de 2012 con
el cual Fiduprevisora S.A. dio respuesta a la reclamación presentada ante ellos. 2)
El acto ficto en que incurrió la administración a través del Instituto de Seguros
Sociales al no responder la reclamación ante ellos elevada el día 1 de Junio de 2012
S/N de radicación; 3) El acto ficto en que incurrió la administración a través del
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“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
2
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-01303-00
Demandante: María Elvira Plazas Siachoque
Ministerio de Salud y Protección Social al no dar respuesta a la reclamación ante
ellos elevada con No. de radicación 112740 de Junio 1 de 2012; 4) El acto ficto en
que incurrió la administración a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
al no dar respuesta a la reclamación ante ellos elevada el 1 de Junio de 2012 con
No. de radicación 1-2012-037725.
SEGUNDA: Que como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho, se ordene a la NACIÓN COLOMBIANA – INSTITUTO
DE SEGUROS SOCIALES; FIDUPREVISORA S.A.; MINISTERIO DE SALUD y
PROTECCIÓN SOCIAL y MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,
reconocer y pagar a la señora MARIA ELVIRA PLAZAS SIACHOQUE la PENSION
DE JUBILACION que le corresponde liquidada sobre todos los factores que
constituyeron salario y sobre el tiempo estipulado para dicha liquidación en los
términos pactados en el Art. 98 y siguientes de la Convención Colectiva de Trabajo
suscrita entre el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y SINTRASEGURIDAD
SOCIAL.
TERCERA: ORDENAR que para efecto del tiempo que debe reunir, 20 años de
servicio al Estado, se debe incluir el que laboró en el ISS en la modalidad de
contratación provisional por espacio de 3 meses, 9 días y como SUPERNUMERIA
(sic) por espacio de 1 año, 26 días incluyendo cualquier otro tiempo que reporten a
través de las certificaciones laborales que se están solicitando.
CUARTA: Que para que la liquidación de su mesada pensional sea correcta, se
tengan en cuenta todos los factores que constituían salario como son: asignación
básica mensual; prima de servicios y vacaciones; auxilio de alimentación y
transporte; valor trabajo nocturno, suplementario y en horas extras; valor del trabajo
en días dominicales y feriados.
CUARTA: (sic) Se ordene que en razón de la sustitución patronal que se dio a raíz
de la escisión del Instituto de Seguros Sociales, así haya laborado con la ESE
Policarpa Salavarrieta hoy liquidada, el porcentaje que verdaderamente le
corresponde es el del cien por ciento (100%) ya que el tiempo laborado tanto en el
ISS como en la ESE se debe tomar como uno solo. Sentencia C-349 de 2004.
QUINTA: Se ordene el reconocimiento y pago de la bonificación contemplada en el
Art. 103 de la Convención Colectiva que consiste en dos salarios mensuales de
acuerdo con el último salario que devengaba la trabajadora. Esta bonificación se
pactó para quienes empezaran a disfrutar del beneficio pensional y que hubieran
dejado diez (10) años al servicio a la entidad.
SEXTA: Ordenar que el reconocimiento debe efectuarse en forma retroactiva al
momento mismo en que tuvo el derecho a disfrutar de esta pensión Noviembre de
2009 y que le fue negada primero por la ESE y luego por el ISS no obstante a ver
(sic) presentado los documentos y haber llenado los requisitos pertinentes. Así
mismo que se le deben cancelar de la misma manera las primas que le
correspondan en calidad de pensionada también en forma retroactiva.
SÉPTIMA: Ordenar que sobre las sumas de dinero dejadas de pagar, se reconozca
a mi representada el ajuste de valor a que haya lugar por disminución del poder
adquisitivo de la moneda, tomando como base los índices de precios al consumidor,
conforme lo dispuesto en el Art. 176 del C.C.A.
OCTAVA: Ordenar que las demandadas deben reconocer la indemnización por
mora en el pago de esta prestación, de conformidad con lo estipulado (sic) Decreto
797 de 1949 y (sic) Ley 244 Art. 2 de 1995.
NOVENA: Ordenar a las demandadas dar cumplimiento a la sentencia dentro del
término establecido en el artículo 176 del C.C.A.
3
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Demandante: María Elvira Plazas Siachoque
DECIMA: Se ordene a las demandadas el pago de los intereses comerciales y
moratorios en los términos del inciso final del artículo 177 del C.C.A.
DECIMA PRIMERA: Se condene a las demandadas al pago de las costas y
agencias en derecho. [...]”. (negrilla y subrayado del texto).
2. Como sustento de las pretensiones, argumentó que se vinculó al ISS mediante
“[…] contratación provisional […]”, de forma discontinua, desde el 20 de diciembre
de 1983 al 12 de enero de 1984 y desde el 15 de marzo al 30 de mayo de 1984, con
un tiempo laborado de 3 meses y 9 días.
3. Precisó que se desempeñó como supernumeraria durante un año y 26 días, en
los siguientes períodos:
“[…] De Junio 19 de 1984 a Julio 13 de 1984 25 días
De Agosto 1 de 1984 a Septiembre 13 de 1984 44 días
De Octubre 31 de 1984 a Noviembre 27 de 1984 28 días
De Diciembre 16 de 1984 a Enero 16 de 1985 31 días
De Abril 2 de 1985 a Abril 29 de 1985 28 días
De Mayo 2 de 1985 a Mayo 28 de 1985 27 días
De Junio 25 de 1985 a Julio 18 de 1985 24 días
De Septiembre 5 de 1985 a Noviembre 6 de 1985 61 días
De Diciembre 21 de 1985 a Enero 21 de 1986 32 días
De Febrero 14 de 1986 a Marzo 16 de 1986 32 días
De Marzo 17 de 1986 a Abril 28 de 1986 42 días
De Febrero 12 de 1985 a Febrero 28 de 1985 17 días […]”.
4. Señaló que el 9 de mayo de 1986 ingresó a la planta del ISS mediante contrato
a término indefinido, como Auxiliar de Servicios Asistenciales y su vinculación fue
como trabajadora oficial, según el Decreto 2148 de 1992.
5. Mencionó por medio del Decreto 1750 de 2003 se escindió el ISS y se crearon
unas Empresas Sociales del Estado, entre ellas, la E.S.E. Policarpa Salavarrieta, a
la cual se vinculó en forma automática y sin solución de continuidad.
6. Expuso que nació el 27 de noviembre de 1959 y trabajó en el ISS y la E.S.E.
Policarpa Salavarrieta durante 24 años, 8 meses y 15 días, es decir que, al momento
en que fue desvinculada de esa institución (15 de septiembre de 2009), cumplía el
término requerido para el reconocimiento de la pensión de vejez convencional2 y le
faltaban dos meses para cumplir los 50 años.
7.Adujo que adquirió el derecho a percibir la bonificación del artículo 103 de la
Convención Colectiva de Trabajo, suscrita entre el ISS y Sintraseguridad Social,
correspondiente a dos meses de salario de acuerdo con el último devengado, para
quienes trabajaron 10 años en el ISS y les sea reconocida la pensión.
8. Manifestó que, el 25 de noviembre de 2009, solicitó ante el ISS el reconocimiento
y pago de la pensión convencional por cumplimiento de los requisitos. Sin embargo,
el ISS expidió la Resolución núm. 1156 de 10 de mayo de 2010, mediante la cual
2
Convención Colectiva de Trabajo, suscrita entre el ISS y Sintraseguridad Social (2001-2004).
4
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-01303-00
Demandante: María Elvira Plazas Siachoque
negó lo pretendido, al no estar amparada por el régimen de transición del artículo
36 de la Ley 100 de 1993.
9. Refirió que presentó recurso de apelación contra la anterior decisión, el cual fue
resuelto a través de la Resolución núm. 1946 de 24 de agosto de 2010, que confirmó
el acto administrativo recurrido.
10. Arguyó que, en los actos acusados, se desconoció la jurisprudencia de la Corte
Constitucional3, según la cual los trabajadores de las E.S.E. que reunieran los
requisitos de tiempo y edad para el reconocimiento de la pensión prevista en el
artículo 98 de la mencionada Convención Colectiva de Trabajo, tienen derecho a
disfrutar esta prestación.
11. Citó como normas violadas el Decreto 1653 de 1977, la Convención Colectiva de
Trabajo suscrita entre el ISS y Sintraseguridad Social (2001-2004), y los artículos
25, 53 ,58 y 243 de la Constitución Política; 231 del Decreto 2067 de 1991 y 21, 478
y 479 del Código Sustantivo del Trabajo.
I.1.2. Sentencia de primera instancia
12. La Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en sentencia de 16 de diciembre de 2016, accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos:
“[…] PRIMERO. DECLÁRASE, la ocurrencia del silencio administrativo negativo,
respecto de la petición del 1 de junio de 2012.
SEGUNDO. DECLÁRASE (sic) oficio 2012EE00048158 del 8 de junio de 2012,
expedido por la Fiduciaria la Previsora -administradora del patrimonio autónomo de la
Empresa Social del Estado-Policarpa Salavarrieta-, mediante el cual le indica que no
es la competente para reconocer la pensión de jubilación convencional4., (sic) b) el
acto ficto negativo surgido de la petición del 1 de junio de 2012- radicado en la misma
fecha con el número 1-2012-037725 ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público5
c) acto ficto negativo surgido de la petición del 1 de junio de 2012-radicado en la
misma fecha número (sic) ante el Ministerio de Salud- antes de Protección Social6 d)
acto ficto negativo surgido de la petición radicada el 1 de junio de 2012, ante el
Instituto de los Seguros Sociales. 7, e) la nulidad de las resoluciones 1156 de 2010 y
1946 de 2010.
3
Sentencias T-1166 de 2008, T-1238 de 2008, T-1239 de 2008, T-089 de 2009, T-112 de 2009, T-178 de 2009, T-034 de
2010, T-261 de 2010 y T-1059 de 2010.
4
Que la empresa social del Estado -Suscribió un convenio interadministrativo con el Instituto de los Seguros Sociales, en
virtud del cual el Instituto asumió el pasivo pensional de la empresa social del estado -Policarpa Salavarrieta.
5
Mediante el escrito radicado el 1 de junio de 2012, -radicado bajo el numero 1- 2012-037725, ante la negativa del Instituto
de Seguros Sociales, manifestada mediante las resoluciones 1156 del 10 de 2010 y 1946 del 24 de agosto de 2010, la señora
María Elvira Plazas Siachoque, peticionó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en aras de: “[…] solicitar que como
entidad llamada a responder por las acreencias dejadas por mi exempleadora, intervenga para que se me conceda la
PENSIÓN DE JUBILACIÓN CONVENCIONAL que es lo que en derecho me corresponde, corrigiéndose de esta manera la
equivocada determinación del ISS en situaciones que no corresponde a mi situación […] Esto me causó un detrimento total y
quedé absolutamente abrumada y desorientada sin saber cómo proceder. Pues no obstante a que reconoció que para el 1
de abril de 1994 ostentaba la calidad de funcionaria de la Seguridad Social tampoco acogió el decreto 1653 de 1977.... (sic)
[…]”.
6
Obra en el folio 311 y la petición radicada ante el Ministerio de Salud (antes Protección Social), radicado 112740 para que
intervenga y con el mismo propósito de la petición del numeral anterior.
7
Mediante escrito del 1 de junio de 2012, la señora María Elvira Plaza Siachoque, solicitó al Instituto de Seguros Sociales y
(sic) por haber asumido el pasivo pensional de la empresa social Luís Carlos Galán Sarmiento.
5
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-01303-00
Demandante: María Elvira Plazas Siachoque
TERCERO. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del
derecho, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales y la Protección Social, y la Fiduciaria la Previsora, deberán reconocer y
pagar la pensión convencional de que trata el artículo 101 de la Convención Colectiva
de Trabajo SINTRASEGURIDAD SOCIAL, en favor de la demandante, a partir del 16
de septiembre de 2009. Las mesadas causadas deberán actualizarse siguiendo el
procedimiento indicado en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO. La entidad de previsión hará los reajustes de ley sobre el monto de lo
reconocido.
QUINTO. La entidad dará cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos
192 y siguientes de la ley (sic) 1437 de 2011.
SEXTO. Ejecutoriada la presente providencia, por la Secretaría de la Sección
devuélvase al interesado el remanente de la suma que se ordenó pagar para gastos
ordinarios del proceso, si los hubiere y archívese el expediente dejando las
constancias del caso.
SÉPTIMO. NIÉGUENSE, las demás pretensiones de la demanda. […]” (negrilla del
texto).
13. Consideró que, según lo probado en el proceso, la demandante no se encontraba
amparada por el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993.
14. Indicó que lo pretendido por la señora María Elvira Plazas Siachoque era el
reconocimiento de la pensión de jubilación prevista en el artículo 98 de la
Convención Colectiva de Trabajo, suscrita entre el ISS y Sintraseguridad Social,
según el cual “[…] El trabajador oficial que cumpla veinte años (20) de servicio
continuo o discontinuo al Instituto y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años
si es hombre y cincuenta (50) años si es mujer, tendrá derecho a pensión de
jubilación en cuantía equivalente al 100% del promedio de lo percibido en el periodo
que se indica a continuación para (sic) grupo de trabajadores oficiales […]”.
15. Determinó que no era aplicable el artículo 98 de la Convención Colectiva de
Trabajo enunciada, porque al 25 de junio de 2003, fecha en que se escindió el ISS,
acumulaba un tiempo exclusivo con esa entidad de 18 años, 4 meses y 28 días; y
43 años y 7 meses de edad.
16. Aseveró que el artículo 101 de dicha Convención Colectiva de Trabajo disponía
que “[…] los servicios prestados sucesiva o alternativamente en las demás
entidades de derecho público podían acumularse para el cómputo del tiempo
requerido para tener derecho a pensión de jubilación y el monto correspondiente se
distribuirá en proporción al tiempo laborado en cada una de tales entidades […]”,
por tal razón, consideró que la situación fáctica de la demandante se adecuaba a
esta disposición, por cuanto, al 25 de junio de 2003 acumulaba entre el ISS y otras
entidades públicas prestadoras del servicio de salud 23 años, 7 meses y 27 días y
tenía 43 años y 7 meses de edad, es decir, que estaba pendiente del cumplimiento
del requisito de la edad (50 años), que satisfizo el 27 de noviembre de 2009.
6
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-01303-00
Demandante: María Elvira Plazas Siachoque
17. En virtud de lo anterior, concluyó que a la interesada le asistía el derecho a la
pensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 de la mencionada
Convención Colectiva de Trabajo.
I.1.3. Sentencia de segunda instancia
18. LaSubsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante
sentencia de 4 de febrero de 2021 revocó el fallo apelado y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda y no condenó en costas a la demandante.
19. Mencionó que la controversia se dirigía a establecer si “[…] ¿le asiste derecho a
la señora María Elvira Plazas Siachoque al reconocimiento de una pensión
extralegal de jubilación, de conformidad con lo previsto en el artículo 101 de la
Convención Colectiva de Trabajo 2001-2004, suscrita entre SINTRASEGURIDAD
SOCIAL y el Instituto de Seguros Sociales el 31 de octubre de 2001? […]”.
20. Destacó que la Corte Constitucional en la sentencia C-314 de 2004 estudió la
constitucionalidad parcial de los artículos 16 y 18 del Decreto 1750 de 2003 y
determinó que aquellos servidores que pasaron de ser trabajadores oficiales a
empleados públicos, como consecuencia de la escisión del ISS y la creación de las
Empresas Sociales del Estado, podían beneficiarse de los derechos laborales y
prestacionales obtenidos en la mencionada Convención Colectiva de Trabajo por el
tiempo en que fueron pactados, contado a partir del 1° de noviembre de 2001 y
hasta el 31 de octubre de 2004, según lo dispuesto en el artículo 2° de dicha
convención.
21. Añadió que la Corte Constitucional reiteró este lineamiento jurisprudencial en la
sentencia C-349 de 2004, en la cual declaró la exequibilidad condicional de las
expresiones “automáticamente” del artículo 17 y “sin solución de continuidad” y
“automáticamente” del parágrafo transitorio del artículo 18 del Decreto 1750 de
2003, con el fin de garantizar el respeto de los derechos adquiridos, de acuerdo con
lo expuesto en la sentencia C-314 de 2004.
22. Señaló que la Sección Segunda del Consejo de Estado 8 ha precisado que los
beneficios derivados de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el ISS y
Sintraseguridad Social debieron extenderse hasta el 31 de octubre de 2004, fecha
en la que terminó la vigencia de esta, sin que fuera posible que los servidores que
se vincularon a las Empresas Sociales del Estado se vieran beneficiados de la
prórroga automática prevista en el artículo 478 del Código Sustantivo de Trabajo,
pues constituía una mera expectativa derivada de la actitud pasiva de las partes.
23. Refirió que la Corte Constitucional en las sentencias SU-897 de 2012 y SU-086
de 2018 consideró que los beneficios de la mencionada Convención Colectiva de
Trabajo se mantuvieron hasta que se cumplió el plazo inicialmente pactado, por ello
8
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 1° de octubre
de 2009. Radicación núm.:25000-23-25-000-2005-10890-01 (0212-08). C.P. Gerardo Arenas Monsalve. Sección Segunda.
Subsección B. Sentencia del 7 de abril de 2011. Radicación núm.: 05001-23-31-000-2008-00067-01 (0673-10). C.P. Víctor
Hernando Alvarado Ardila.
7
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-01303-00
Demandante: María Elvira Plazas Siachoque
aquellas personas que fueron trabajadores oficiales del ISS y se incorporaron como
empleados públicos a las Empresas Sociales del Estado creadas por el Decreto
1750 de 2003, podían obtener el reconocimiento de la pensión de jubilación prevista
en el artículo 98 de dicha convención, siempre que el derecho pensional se
consolidara antes del 31 de octubre de 2004.
24. Encontró probado que la señora María Elvira Plazas Siachoque: (i) cumplió 50
años de edad el 27 de noviembre de 2009, por lo que, al 1° de abril de 1994, fecha
de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, tenía 34 años de edad; (ii) se
desempeñó en entidades de salud por un periodo de 6 años, 6 meses y 7 días; (iii)
laboró en el ISS entre el 9 de mayo de 1986 y el 25 de junio de 2003, por un periodo
de 17 años, 1 mes y 16 días; y (iv) trabajó en la E.S.E. Policarpa Salavarrieta entre
el 26 de junio de 2003 y el 15 de septiembre de 2009, por un lapso de 6 años, 2
meses y 19 días.
25. Sostuvo que el a quo coligió que en el sub examine era aplicable el artículo 101
de la enunciada Convención Colectiva de Trabajo, desconociendo lo dispuesto por
la Corte Constitucional en las sentencias C-349 de 2004, SU-897 de 2012 y SU-086
de 2018, según las cuales los beneficios convencionales se mantuvieron hasta el
31 de octubre de 2004.
26. Agregó que el artículo 101 de la Convención Colectiva de Trabajo mencionada
no consagró una pensión adicional a la prevista en el artículo 98, sino que estableció
la posibilidad de acumular tiempos de servicio en las demás entidades de derecho
público.
27. Concluyó que “[…] para poder acceder al reconocimiento pensional convencional
se debían cumplir todos los requisitos establecidos en el artículo 98, de edad y
tiempo de servicios (al ISS exclusivamente -art- 98- o con tiempos en las demás
entidades de derecho público -art. 101-) antes del 31 de octubre de 2004 […]”
(negrilla del texto).
28. Determinó que la señora María Elvira Plazas Siachoque “[…] solamente contaba
con una expectativa de gozar de tal beneficio, sin que exista fundamento legal o
constitucional que en su caso le conceda el derecho pensional […]”, en razón a que
al 31 de octubre de 2004 tenía acreditados 20 años de servicio, pero cumplió la
edad establecida en el artículo 98 convencional (50 años), hasta el 27 de noviembre
de 2009.
29. Manifestó que la demandante no era beneficiaria del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, debido a que al 1° de abril de 1994
contaba con 34 años de edad y 14 años, 5 meses y 2 días de servicios, motivo por
el cual tampoco era aplicable lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005, en
virtud del parágrafo transitorio 4° de su artículo 1°9.
9
“[…] Parágrafo transitorio 4. El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen
dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho
régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia
del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014”.
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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-01303-00
Demandante: María Elvira Plazas Siachoque
II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
II.1. Causal invocada
30. La señora María Elvira Plazas Siachoque, por intermedio de apoderada judicial,
instauró recurso extraordinario de revisión en el que solicitó que se deje sin efectos
la sentencia de 4 de febrero de 2021 proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado y, como consecuencia de lo anterior, se ordene
dictar una nueva providencia en la que se acceda a las pretensiones de la demanda
ordinaria.
31. En criterio de la revisionista, en el sub examine se configura la causal de revisión
prevista en el numeral 5. del artículo 250 de la Ley 1437, nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
32. Como sustento de la causal invocada, sostuvo que en la sentencia cuestionada:
(i) Se vulneraron los derechos al debido proceso, a la igualdad y a la seguridad
social; (ii) se desconocieron “[…] los mismos principios constitucionales […]”, al
interpretarse equivocadamente los artículos 2°10 y 98 de la mencionada Convención
Colectiva de Trabajo, según los cuales los derechos pensionales de los trabajadores
se aplicaban hasta el año 2017; (iii) se desconoció que lo pactado en una
Convención Colectiva de Trabajo es ley para las partes y de obligatorio
cumplimiento; (iv) no se aplicaron los artículos 48 y 49 constitucionales, ni el Acto
Legislativo 001 de 2005, pues se negó el derecho al reconocimiento pensional, pese
al cumplimiento de los requisitos convencionales exigidos, lo cual afectó su derecho
a la salud, al impedirle continuar efectuando los aportes a ese sistema; (v) no se
valoró la prueba que demostraba el tiempo laborado por la recurrente “[…] a octubre
31 de 2004 y el logrado a Septiembre 15 de 2009 […]” y, por ende, la existencia de
derechos adquiridos; (vi) se desconoció el derecho que tenía la interesada al
reconocimiento de la pensión prevista en el Decreto 1653 de 1977; y (vii) no se
aplicó lo dispuesto por la Corte Constitucional en las sentencias C-579 de 1996 y
SU-555 de 2014, ni se tuvo en cuenta el precedente jurisprudencial de la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia11.
33. Indicó que la Procuraduría General de la Nación, en comunicación DSPT 3864
SIAF 36235 de 31 de agosto de 2021, “[…] le hizo un llamado de atención a la UGPP
“Los requisitos y beneficios pensionales para las personas cobijadas por este régimen serán los exigidos por el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen. […]” (negrilla del texto).
10
“[…] Artículo 2°. La presente Convención Colectiva de Trabajo tendrá una vigencia de tres años contados a partir del primero
(1) de Noviembre de dos mil uno (2001) hasta el 31 de octubre de dos mil cuatro (2004). Salvo los artículos que en la presente
Convención se les haya fijado una vigencia diferente. […]”.
11
Enunció las siguientes sentencias: (i) SL3343-2020, radicación núm.: 78303 de 26 de agosto de 2020; (ii) SL3635-2020,
radicación núm.:74271 de 16 de septiembre de 2020; (iii) STC966-2020, radicación núm.: 11001-02-04-000-2020-01036-01;
(iv) SL5116-2020, radicación núm.: 85387 de 2 de diciembre de 2020; (v) SL5006-2020, radicación núm.: 60306 de 9 de
diciembre de 2020; (vi) SL379-2021, radicación 60306 de 24 de febrero de 2021; (vii) SL661-2021, radicación 60306 de 24
de febrero de 2021; (viii) SL933-2021, radicación núm.: 82366 de 17 de marzo de 2021; (ix) SL2181-2021, radicación núm.:
76047 de 24 de mayo de 2021; (x) SL2157-2021, radicación núm.: 70315 de 31 de mayo de 2021; (xi) SL2398-2021,
radicación núm.: 80672 de 9 de junio de 2021; (xii) SL3329-2021, radicación núm.:83794 de 4 de agosto de 2021; (xiii) SL-
3799-2021, radicación núm.: 84178 de 25 de agosto de 2021; (ix) SL5124-2021, radicación núm.:88435 de 25 de octubre de
2021; y (xv) STL-346-2022, radicación núm.:65438, Acta 1 de 19 de enero de 2022.
9
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-01303-00
Demandante: María Elvira Plazas Siachoque
por no conceder la pensión convencional a los trabajadores que estuvieron
cobijados por la misma […]”.
34. Afirmó que, teniendo en cuenta la jurisprudencia proferida sobre la materia y lo
expuesto por la Procuraduría General de la Nación, se puede concluir:
“[…] 1.- Que la convención colectiva en asuntos pensionales y en obedecimiento a lo
dispuesto en el Acto Legislativo 001 de 2005, tuvo vigencia hasta el 2017, en absoluta
concordancia con lo dispuesto en la parte final del Art. 2° de dicho estatuto.
2.- Que quienes fueron trabajadores oficiales y en razón de la escisión fueron
trasladados a las diferentes ESE, no perdieron los derechos adquiridos y la legítima
expectativa para pensionarse con el Art. 98 convencional, porque la vigencia hasta el
2017 no fue producto de prorrogas sino del pacto inicial acordado.
3.- Que lo importante es el tiempo laborado: (20) años al servicio del ISS o con tiempo
compartido por haber laborado en otras entidades del Estado, para poder ganarse
ese derecho pensional.
4.- Que la edad no es un requisito de causación de la pensión sino de
exigibilidad. […]” (negrilla del texto).
35. Sostuvo que no se reconoció el principio de seguridad jurídica, con fundamento
en la sentencia C-250 de 2012, proferida por la Corte Constitucional, porque tenía
“[…] la absoluta convicción de que sus derechos pensionales estaban mas (sic) que
cobijados y protegidos por los artículos 2, 98 y ss. de la convención colectiva como
el 103. […]”, por lo que “[…] estuvo segura de que le concederían su pensión de
jubilación y la bonificación […]”.
II.2. Trámite del recurso extraordinario de revisión
36. El recurso extraordinario de revisión se presentó ante la Secretaría General del
Consejo de Estado el 15 de febrero de 2022 y, tras el reparto correspondiente, se
asignó su conocimiento a la Sala Veinte Especial de Decisión, con la radicación
núm. 11001-03-15-000-2022-01303-00.
37. Mediante proveído de 9 de mayo de 2022 se admitió el recurso extraordinario de
revisión y se solicitó a la Secretaría de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que allegara copia digital del expediente ordinario
núm.: 25000-23-42-000-2013-00314-00/01, en el que se profirió la sentencia de 4
de febrero de 2021; expediente debidamente incorporado al plenario y que se
encuentra visible en el índice 25 del expediente digital.
38. A través de auto de 23 de junio de 2022 se tuvo por oportunamente presentada
la contestación de la demanda por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, el Ministerio de Salud y Protección Social, la UGPP y el Patrimonio
Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación – PAR
ISS en Liquidación, administrado por la sociedad Fiduciaria de Desarrollo
Agropecuario S.A.- Fiduagraria S.A.; y se resolvió sobre el decreto y práctica de las
pruebas solicitadas por las partes.
10
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-01303-00
Demandante: María Elvira Plazas Siachoque
39. Por auto de 27 de febrero de 2025 se vinculó a Colpensiones como parte
demandada y se corrió el traslado del recurso extraordinario de revisión a dicha
entidad por el término de diez (10) días, para que se pronunciara sobre el presente
asunto.
40. El 3 de abril de 2025 el expediente pasó para sentencia.
II.3. Intervenciones presentadas en el recurso extraordinario de revisión
II.3.1. La UGPP
41. Se opuso a las pretensiones del recurso extraordinario de revisión, toda vez que
la señora María Elvira Plazas Siachoque no acreditó el cumplimiento de los
requisitos convencionales para acceder a la mesada pensional.
42. Explicó que la demandante nació el 27 de noviembre de 1959 y prestó sus
servicios en el ISS, así:
43. (i) Auxiliar de servicios generales en provisionalidad: del 20 de diciembre de 1983
al 12 de enero de 1984; y del 15 de marzo de 1984 al 30 de mayo de 1984.
44. (ii) Supernumeraria: del 19 de junio de 1984 al 13 de julio de 1984; del 1° de
agosto de 1984 al 13 de septiembre de 1984; del 31 de octubre de 1984 al 27 de
noviembre de 1984; del 16 de diciembre de 1984 al 16 de enero de 1985; del 12 de
febrero de 1985 al 28 de febrero de 1985; del 2 de abril de 1985 al 29 de abril de
1985; del 2 de mayo de 1985 al 28 de mayo de 1985: del 15 de junio de 1985 al 18
de julio de 1985; del 5 de septiembre de 1985 al 6 de noviembre de 1985; del 21 de
diciembre de 1985 al 21 de enero de 1986; del 14 de febrero de 1986 al 16 de marzo
de 1986; y del 17 de marzo de 1986 al 28 de abril de 1986.
45. (iii) Auxiliar de servicios asistenciales, como trabajadora oficial: del 9 de mayo de
1986 al 25 de junio de 2003. A partir del 26 de junio de 2003 se vinculó a la E.S.E.
Policarpa Salavarrieta, sin solución de continuidad, entidad en la que permaneció
hasta el 15 de septiembre de 2009.
46. Indicó que verificado el expediente administrativo de la señora María Elvira
Plazas Siachoque, se evidenció que no está amparada por el régimen de transición
establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues al 1° de abril de 1994 tenía
34 años de edad y contaba con 14 años, 5 meses y 2 días de servicio.
47. Advirtió que los trabajadores oficiales del ISS que aspiraban obtener la pensión
convencional, debían cumplir los requisitos de edad y tiempo de servicio hasta el 31
de octubre de 2004, fecha en que la mencionada Convención Colectiva de Trabajo
perdió su vigencia.
48. Afirmó que, al 31 de octubre de 2004, la interesada no cumplía con el requisito
de la edad para obtener el reconocimiento pensional.
11
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-01303-00
Demandante: María Elvira Plazas Siachoque
II. 3.2. El Ministerio de Salud y Protección Social
49. Solicitó que se “[…] confirme la sentencia de segunda instancia […]” y que, en el
caso de ser procedente el recurso extraordinario de revisión, se tenga en cuenta
que esa entidad no es la encargada de efectuar el reconocimiento y pago de la
pensión.
50. Anotó que el recurso extraordinario de revisión no es una oportunidad para reabrir
el debate propio de las instancias, ni puede ser empleado para suplir la deficiencia
probatoria o para cuestionar los fundamentos jurídicos de las providencias, sino que
procede para revertir decisiones adoptadas “[…] injustamente, esto es, por medios
ilícitos o irregulares […]”.
51. Denotó que la recurrente se limitó a solicitar que se deje sin efectos la sentencia
proferida el 4 de febrero de 2021 por ser adversa a sus intereses, sin indicar con
claridad y exactitud los motivos y hechos que sirven de fundamento y configuran la
causal invocada.
52. Resaltó que lo pretendido por la señora María Elvira Plazas Siachoque es que,
mediante este mecanismo excepcional, se realice un control de legalidad de la
sentencia recurrida, como si fuera una instancia adicional, sin considerar que frente
a ella operó el fenómeno jurídico de la cosa juzgada.
II.3.3. El Patrimonio Autónomo de Remanente del Instituto de Seguros
Sociales en Liquidación – PAR ISS en Liquidación, administrado por la
sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. – Fiduagraria S.A.,
53. Se opuso a las pretensiones del recurso, con sustento en que la sentencia
recurrida se dictó de conformidad con la normativa legal y constitucional aplicable
al caso concreto.
54. Manifestó que no se vulneraron los derechos de la revisionista, pues se analizó
e interpretó en debida forma la Convención Colectiva de Trabajo, suscrita por el ISS
y Sintraseguridad Social y el Acto Legislativo 001 de 2005.
II.3.4. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público
55. Solicitó que se declare infundado el recurso extraordinario de revisión, puesto
que en la sentencia cuestionada se aplicaron las normas correspondientes y
valoraron las pruebas aportadas al proceso.
56. Señaló que la causal invocada por la señora María Elvira Plazas Siachoque
carece de fundamento, ya que lo pretendido es emplear este mecanismo de
impugnación como una tercera instancia en la que reitera su desacuerdo con lo
decidido por el ad quem.
12
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-01303-00
Demandante: María Elvira Plazas Siachoque
57. Agregó que “[…] la acción de revisión de la Ley 797 de 2003 se consagró para
controvertir las sentencias ejecutoriadas que reconocieron la obligación de cubrir
sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza con cargo al tesoro
público y que vulneraron el debido proceso o la cuantía excedió lo debido de
acuerdo con la ley. […]”.
II.3.5. Colpensiones
58. Se opuso a las pretensiones de la demanda, en razón a que la señora María
Elvira Plazas Siachoque, al vincularse a la E.S.E. Policarpa Salavarrieta, adquirió la
calidad de empleada pública. En consecuencia, conforme a lo dispuesto en el
Decreto 1750 de 2003, en principio, podía beneficiarse de las disposiciones
establecidas en la convención colectiva de trabajo, para lo cual debía cumplir con
los requisitos de edad y tiempo de servicio. Sin embargo, aunque contaba con más
de 20 años de servicio, al 31 de octubre de 2004 -vigencia de la mencionada
convención-, su edad era inferior a 50 años, lo que le impidió consolidar el derecho.
59. Arguyó que, de acuerdo con las sentencias C-349 de 2004, SU-897 de 2012 y
SU-086 de 2018, los empleados públicos no pueden acceder a beneficios
convencionales. No obstante, en virtud de la protección constitucional establecida
en el artículo 58, dichas prerrogativas se mantuvieron hasta el vencimiento del plazo
inicialmente pactado en la convención, es decir, hasta el 31 de octubre de 2004.
60. Propuso las excepciones de “[…] INEXISTENCIA DEL DERECHO […]”, cosa
juzgada y buena fe. Además, indicó que, en caso de prosperar las pretensiones de
la demanda, debía analizarse que, según lo establecido en el Decreto 1848 de 1969
las “[…] prestaciones sociales prescriben en el término de tres años contados a
partir de la última petición […]”.
61. En relación con la excepción de cosa juzgada, manifestó que estas pretensiones
se estudiaron en la sentencia de 8 de marzo de 2024, proferida dentro del recurso
extraordinario de revisión con radicación núm.: 11001-03-15-000-2021-01957-00.
II.3.6. Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - en adelante ANDJE-
62. El director de Defensa Jurídica de la ANDJE solicitó que se nieguen las
pretensiones de reliquidación de la pensión de vejez, teniendo en cuenta las reglas
fijadas en la sentencia de unificación del Consejo de Estado proferida el 28 de
agosto de 201812 .
63. Afirmó que el problema jurídico a resolver en el presente asunto “[…] consiste en
determinar cómo se debe liquidar el Ingreso Base de Liquidación – IBL- para la parte
demandante y, establecer si tiene derecho a que se incluya la liquidación o
reliquidación de la pensión factores salariales sobre los cuales no realizó el
respectivo aporte o cotización. […]”.
12
Expediente 2012-00143.
13
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-01303-00
Demandante: María Elvira Plazas Siachoque
64. Ental virtud, sustentó su intervención en la jurisprudencia dictada sobre la
materia por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.
II.3.7. Ministerio Público
65. Guardó silencio13.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
III.1. Competencia y oportunidad
66. El artículo 248 de la Ley 1437 dispone que el recurso extraordinario de revisión
procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y
subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
por los tribunales administrativos y por los juzgados administrativos.
67. En relación con el recurso extraordinario de revisión instaurado contra las
sentencias proferidas por las secciones y subsecciones del Consejo de Estado, el
artículo 249 de la Ley 1437 prevé que la competencia radica en la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo de la citada Corporación, sin exclusión de la Sección
que profirió la decisión.
68. De conformidad con el artículo 107 ibidem, las Salas Especiales de Decisión del
Consejo de Estado decidirán los procesos sujetos al conocimiento de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo de la Corporación en los asuntos que esta última
les encomiende, salvo en los procesos de pérdida de investidura y de nulidad por
inconstitucionalidad.
69. Al respecto, el artículo 29 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 14 –Reglamento
Interno del Consejo de Estado–, al asignar los asuntos de conocimiento de las Salas
Especiales de Decisión, dispuso lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 29.- Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes
asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo:
1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las
Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado. […]”.
70. Los artículos 251 y 252 de la Ley 1437 prevén que este recurso extraordinario
puede interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva
sentencia, mediante escrito que debe reunir los requisitos establecidos en esta
última disposición, con indicación precisa y razonada de la causal en que se funda,
acompañada de los documentos necesarios y de las pruebas documentales que el
recurrente tenga en su poder y las que pretenda hacer valer.
13
Cfr. Índice 28 del expediente digital.
14
Modificado por el artículo 1°. del Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024 “[…] Por medio del cual se modifican los artículos
13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90 […]”.
14
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-01303-00
Demandante: María Elvira Plazas Siachoque
71. En el caso concreto, se advierte que la señora María Elvira Plazas Siachoque el
15 de febrero de 202215 presentó recurso extraordinario de revisión contra la
sentencia de 4 de febrero de 2021 proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho núm.: 25000-23-42-000-2013-00314-01; providencia
que fue notificada por correo electrónico el 15 de febrero de 202116 y quedó
ejecutoriada17 el 22 de febrero del mismo año, por lo que el recurso se presentó
antes del vencimiento del término de un año que señala la norma.
72. En consecuencia, la Sala es competente para decidir el recurso extraordinario de
revisión de la referencia, en la medida en que fue instaurado oportunamente y
promovido contra una sentencia ejecutoriada proferida por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, motivo por el cual se cumplen los
presupuestos procesales para su estudio de fondo.
III.2. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión
73. El recurso extraordinario de revisión, como excepción al principio de la cosa
juzgada que ampara las sentencias ejecutoriadas, ha sido instituido por el legislador
para enmendar los errores o ilícitos cometidos en la expedición de tales
providencias.
74. El citado recurso procede por las causales taxativas que en cada caso haya
definido el legislador, y tiene como propósito garantizar la justicia real y material
como valor fundante del Estado de Derecho, tal y como lo sostuvo la Corte
Constitucional en la sentencia C-871 de 2003, en la cual señaló lo siguiente:
“[…] Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede
llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal
situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos
excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que
hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta.
En este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio “res iudicata pro
veritate habertur” para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los
efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido
[…]”.
75. Así las cosas, en la medida en que, a través de este recurso se puede ver alterada
la certeza brindada por la cosa juzgada, el mismo procede por las causales
expresamente señaladas por la ley, imposibilitando alegar o acudir a otras 18;
taxatividad que resulta razonable, pues se trata de un mecanismo que modifica
providencias que se consideraban inmutables y definitivas, razón por la cual los
motivos que dan lugar a la revisión deben ser aplicados e interpretados en sentido
restringido19.
15
Cfr. Índice 3 del expediente digital en SAMAI.
16
Cfr. Índice 29 del expediente ordinario en SAMAI.
17
Conforme con los artículos 302 de la Ley 1564 y 205 de la Ley 1437.
18
Corte Constitucional. Sentencia C – 0004 de 20 de enero de 2003. M.P.: Eduardo Montealegre Lynett.
19
Ibidem.
15
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-01303-00
Demandante: María Elvira Plazas Siachoque
76. Por tal razón, el recurso extraordinario de revisión no puede ejercerse como un
medio de impugnación para abordar el fondo del asunto que fue objeto de análisis
en el trámite ordinario, dado que es un control autónomo que vincula su procedencia
a las causales previstas por el legislador en los artículos 250 de la Ley 1437 y 20 de
la Ley 797 de 29 de enero de 200320. Es por ello que su naturaleza excepcional
impide: (i) reabrir el debate jurídico, probatorio o fáctico propio de las instancias
ordinarias; (ii) subsanar las omisiones de las partes en el curso del proceso; y (iii)
cuestionar la interpretación normativa del juez natural.
III.3. De la causal invocada
77. La causal del recurso extraordinario de revisión que invoca el demandante es la
prevista en el numeral 5. del artículo 250 de la Ley 1437, cuyo tenor literal es el
siguiente:
“[…] Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20
de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
[…]
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación […]”.
78. Como puede apreciarse, el legislador restringió la procedencia de este
mecanismo extraordinario a las sentencias ejecutoriadas contra las que no
procedan recursos, con el fin de corregir errores graves y la perpetración de
decisiones injustas o irregulares. Sin embargo, la jurisprudencia ha admitido la
posibilidad de analizar esta causal cuando el vicio se presente en el momento
previo a dictar el fallo y el afectado no pueda advertirlo, evento que deberá
demostrarse con suficiencia en el trámite de revisión21.
79. En ese orden de ideas, por regla general, no es admisible valerse de esta causal
para controvertir nulidades procesales ocurridas en una etapa previa a la decisión
definitiva, debido a que su formulación se somete a las reglas de oportunidad
consagradas en el artículo 134 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201222, sin perjuicio
del deber del juez de declarar de oficio las nulidades insaneables que advierta antes
de dictar sentencia.
80. Bajoestas glosas, la jurisprudencia de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo23 ha sostenido, a título enunciativo, que las irregularidades
20
“[…] Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se
adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales […]”.
21
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Dieciséis Especial de Decisión. Sentencia de 5 de
mayo de 2020. Radicación núm. 11001-03-15-000-2017-02519-00. C.P. Nicolás Yepes Corrales; Consejo de Estado. Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Tercera Especial de Decisión. Sentencia de 3 de diciembre de 2019. Radicación
núm. 11001-03-15-000-2018-01235-00. C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
22
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.
23
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Quinta Especial de Decisión. Sentencia de 19 de
mayo de 2023. Radicación núm. 11001-03-15-000-2022-00179-00. C.P. Milton Chaves García; Consejo de Estado. Sala de
lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera -Subsección C. Sentencia de 2 de agosto de 2023. Radicación núm. 11001-
03-26-000-2019-00092-00. C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
16
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-01303-00
Demandante: María Elvira Plazas Siachoque
sustanciales del procedimiento que pueden considerarse como nulidades
originadas en la sentencia son las siguientes:
“[…] i) falta de jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia en
proceso terminado normalmente por sentencia en firme, iii) cuando sin más actuación
se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado
el desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, iv)
cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, v) cuando se condena al demandado por cantidad superior o por
objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en
ésta, vi) cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, vii) o cuando, sin
más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas
legales de interrupción o de suspensión o, en estos casos, antes de la oportunidad
debida, viii) cuando la sentencia aparece firmada con mayor o menor número de
magistrados, o adoptada con un número de votos diverso al previsto en la ley, ix)
cuando la providencia carece completamente de motivación. […]”.
81. Adicionalmente, se ha aceptado24 que pueden existir otros motivos no
contemplados en los códigos procesales como causales de nulidad, los cuales se
originan en la vulneración del derecho al debido proceso consagrado en el artículo
29 de la Carta Política, en este evento le corresponderá al juez determinar si el
hecho que se dice contrario a esta garantía tiene la magnitud requerida para
configurar la causal de revisión en cita.
82. En este punto, la Sala considera relevante precisar que el precepto constitucional
en mención se relaciona con los principios de legalidad, tipicidad, juez natural,
favorabilidad, presunción de inocencia, publicidad, doble instancia, non bis in idem,
entre otros. Asimismo, integra los derechos de defensa, contradicción, autonomía e
independencia del juez y contempla la declaratoria de nulidad de pleno derecho de
la prueba obtenida irregularmente y la observancia de los términos probatorios y la
oportunidad para solicitar, aportar y contradecir las pruebas.
83. Visto
lo anterior, la Sala procederá a efectuar el análisis de fondo de los
argumentos expuestos en el recurso, para, luego, determinar si se configura o no la
causal de revisión invocada por la parte recurrente.
III.4. Problema jurídico
84. Corresponde determinar si se configura o no la causal del numeral 5. del artículo
250 de la Ley 1437, dado que, según la demandante, la sentencia objeto de revisión
está viciada de nulidad por vulnerar sus derechos al debido proceso, a la igualdad
y a la seguridad social, al negar el reconocimiento pensional en los términos
señalados en la Convención Colectiva de Trabajo, suscrita entre el ISS y
Sintraseguridad Social, así como lo previsto en el Decreto 1653 de 1977, pese a
que se cumplieron los requisitos establecidos para ello.
24
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Catorce Especial de Decisión. Sentencia de 15 de
abril de 2024. Radicación núm. 11001-03-15-000-2008-00294-00. C.P. Alberto Montaña Plata; Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sala Veintiuno Especial de Decisión. Sentencia de 20 de marzo de 2024. Radicación núm. 11001-
03-15-000-2022-01662-00. C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo. Sala Quince Especial de Decisión. Sentencia de 5 de noviembre de 2019. Radicación núm. 11001-03-15-000-
2018-01415-00. C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
17
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-01303-00
Demandante: María Elvira Plazas Siachoque
III.5. Excepción de cosa juzgada
85. Colpensiones propuso la excepción de cosa juzgada, bajo el argumento de que
estas pretensiones se estudiaron en el recurso extraordinario de revisión con
radicación núm.: 11001-03-15-000-2021-01957-00, en el que se dictó fallo de única
instancia el 8 de marzo de 2024.
86. La cosa juzgada, es una institución jurídica procesal en virtud de la cual se
considera que las sentencias ejecutoriadas son inmutables, vinculantes y
definitivas. Esto significa que: (i) no pueden ser modificadas; (ii) son de obligatorio
cumplimiento; y (iii) lo resuelto no puede ser objeto de una nueva discusión en sede
jurisdiccional.
87. El artículo 303 de la Ley 1564 establece que “[…] La sentencia ejecutoriada
proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el
nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el
anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes. […]” (negrilla
fuera de texto).
88. De conformidad con la consulta efectuada en el Sistema de Gestión Judicial
SAMAI, se observa que el recurso extraordinario de revisión con radicación núm.
11001-03-15-000-2021-01957-00 fue instaurado por el señor Alberto Enrique López
Fajardo contra la sentencia de 10 de julio de 2020 proferida por la Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicación núm. 70001-23-33-000-2014-00286-
01. La Sala Veintisiete Especial de Decisión del Consejo de Estado, mediante
providencia de 8 de marzo de 2024, declaró infundado dicho recurso.
89. En el caso sub examine, la señora María Elvira Plazas Siachoque presentó
recurso extraordinario de revisión contra el fallo de 4 de febrero de 2021 proferido
por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación núm.:
25000-23-42-000-2013-00314-01.
90. Así las cosas, en el presente asunto no hay lugar a declarar la existencia de la
cosa juzgada por no existir identidad de partes, objeto y causa petendi.
91. Por lo anterior, la Sala estudiará si se configura o no la causal de revisión
invocada por la recurrente.
III.6. Caso concreto
III.6.1. Interpretación errónea de los artículos 2 y 98 de la Convención Colectiva
de Trabajo, suscrita entre el ISS y Sintraseguridad Social, pues la vigencia se
extendió en materia pensional hasta el 2017
18
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-01303-00
Demandante: María Elvira Plazas Siachoque
92. La revisionista planteó que en la sentencia objeto de revisión no se interpretaron
correctamente los artículos 225 y 9826 de la mencionada Convención Colectiva de
Trabajo, por cuanto el análisis del contenido de dichas disposiciones permite
establecer que su vigencia, en materia pensional, se extendió hasta el 2017.
93. Expuso que la vigencia inicial de la mencionada Convención Colectiva de Trabajo
era hasta el 31 de octubre de 2004; sin embargo, el artículo 98 tiene un marco
temporal diferente, en la medida que su aplicación se estipuló hasta el 2017,
inclusive.
94. Sobre la vigencia de la Convención Colectiva de Trabajo, suscrita por el ISS y
Sintraseguridad Social, la sentencia recurrida consideró:
“[…] 59. Tal como lo indicó la Corte Constitucional, es dable apreciar que los
empleados públicos que antes fueron trabajadores oficiales puedan beneficiarse de
una convención colectiva, como quiera que el pronunciamiento consideró que en su
nueva condición de empleados públicos los ex trabajadores oficiales del ISS ya no
pueden celebrar negociaciones colectivas, pero los derechos laborales y
prestacionales obtenidos a través del mecanismo de negociación deben reconocerse,
al menos por el tiempo en que fueron pactados.
60. Conforme con lo anterior, las Empresas Sociales del Estado no pueden negarse
a reconocer a sus servidores los beneficios prestacionales pactados en la convención
colectiva, por lo menos hasta el término de su vigencia, esto es, 3 años contados a
partir del 1.° de noviembre de 2001, es decir, hasta el 31 de octubre de 2004, de
acuerdo con el artículo 2.° de la convención.
[…]
64. Adicional a lo anterior, en sentencia SU-897 del 31 de octubre de 2012 la Corte
Constitucional estableció que la convención celebrada entre el ISS y sus trabajadores
oficiales pertenecientes a la Vicepresidencia de Salud estuvo vigente hasta el 31 de
octubre de 2004 y sus beneficios se mantuvieron hasta que se cumplió el plazo
inicialmente pactado en la convención, esto es hasta el 31 de octubre de 2004:
[…]
65. De acuerdo con estos planteamientos, constituye un deber a cargo de las ESE
reconocer los beneficios pactados en la convención colectiva a sus servidores
hasta la fecha de vigencia inicialmente pactada, esto es, hasta el 31 de octubre
de 2004 y salvo las situaciones jurídicas consolidadas a dicha fecha, no es
posible su aplicación a las personas que se desempeñaban como trabajadores
y con ocasión de la escisión del ISS pasaron a ser empleados públicos. […]”
(negrilla fuera del texto).
25
“[…] ARTÍCULO 2. VIGENCIA DE LA CONVENCIÓN. La presente Convención Colectiva de Trabajo tendrá una vigencia
de tres años contados a partir del primero (1) de Noviembre de dos mil uno (2001) hasta el 31 de octubre de dos mil cuatro
(2004). Salvo los artículos que en la presente Convención se les haya fijado una vigencia diferente. […]” (negrilla del texto).
26
[…] ARTÍCULO 98. PENSIÓN DE JUBILACIÓN. El Trabajador Oficial que cumpla veinte (20) años de servicio continuo o
discontinuo al Instituto y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años si es hombre y cincuenta (50) años si es mujer, tendrá
derecho a pensión de jubilación en cuantía equivalente al 100% del promedio de lo percibido en el período que se indica a
continuación para cada grupo de trabajadores oficiales: (i) Para quienes se jubilen entre el primero de enero de 2002 y treinta
y uno de diciembre de 2006, 100% del promedio mensual de lo percibido en los dos últimos años de servicio. (ii) Para quienes
se jubilen entre el primero de enero de 2007 y treinta y uno de diciembre de 2016, 100% del promedio mensual de lo percibido
en los tres últimos años de servicio. (iii) Para quienes se jubilen a partir del primero de enero de 2017, 100% del promedio
mensual de lo percibido en los cuatro últimos años de servicio. […]” (negrilla del texto).
19
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-01303-00
Demandante: María Elvira Plazas Siachoque
95. En lo atinente a este cargo, se evidencia que la decisión adoptada en la
providencia recurrida se fundamentó en la tesis acogida por el Consejo de Estado27
y por la Corte Constitucional en las sentencias C-314 de 2004, C-349 de 2004, SU-
897 de 2012 y SU-086 de 2018, a partir de las cuales el ad quem concluyó que la
mencionada Convención Colectiva de Trabajo resultaba aplicable hasta el 31 de
octubre de 2004, para aquellos trabajadores oficiales del ISS que se incorporaron a
la planta de personal de las diferentes Empresas Sociales del Estado, creadas por
el Decreto 1750 de 26 de junio de 200328, como es el caso de la señora María Elvira
Plazas Siachoque.
96. En esas condiciones, la Sala encuentra que esta inconformidad no tiene vocación
de prosperidad, porque no se coincide con una causal de nulidad ni expone una
vulneración del derecho al debido proceso, sino que pretende cuestionar la
interpretación realizada por el juez ordinario, en el marco de sus competencias,
sobre el contenido y alcance de las disposiciones convencionales, siendo este un
propósito ajeno al recurso extraordinario de revisión.
III.6.2. La inaplicación de los artículos 48 y 49 de la Constitución Política, del
Acto Legislativo 001 de 2005 y del Decreto 1653 de 1977, que implicó la
negativa en el reconocimiento pensional, pese al cumplimiento de los
requisitos establecidos para ello
97. La recurrente afirmó que en la sentencia cuestionada se negó el derecho al
reconocimiento pensional reclamado y se dejaron de aplicar los artículos 48 y 49 de
la Constitución Política y el Acto Legislativo 001 de 2005, aunque para la fecha en
que este entró en vigor, existía la Convención Colectiva de Trabajo, suscrita por el
ISS y Sintraseguridad Social, que en asuntos pensionales se debía aplicar al menos
hasta 2017.
98. Igualmente, aseveró que en la decisión recurrida se desconoció el derecho a la
pensión previsto en el Decreto 1653 de 5 de agosto de 197729.
99. Sobre este punto, en el citado proveído se expuso:
“[…] la interpretación del Tribunal desconoció que de una parte, el artículo 101 no
consagra otro tipo de pensión adicional, diferente a la establecida en el artículo 98
convencional, sino que permitía la acumulación de los tiempos de servicios prestados
sucesiva o alternativamente en las demás entidades de derecho público, para el
cómputo del tiempo requerido a efectos de acceder a la pensión establecida en el
artículo 98 con la misma edad allí señalada.
83. Esto es así, toda vez que para poder acceder al reconocimiento pensional
convencional se debían cumplir todos los requisitos establecidos en el artículo 98, de
27
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 1° de octubre
de 2009. Radicación núm.:25000-23-25-000-2005-10890-01 (0212-08). C.P. Gerardo Arenas Monsalve. Sección Segunda.
Subsección B. Sentencia del 7 de abril de 2011. Radicación núm.: 05001-23-31-000-2008-00067-01 (0673-10). C.P. Víctor
Hernando Alvarado Ardila.
28
“[…] Por el cual se escinde el Instituto de Seguros Sociales y se crean unas Empresas Sociales del Estado […]”.
29
“[…] Por el cual se establece el régimen especial de prestaciones sociales de los funcionarios de seguridad social que
prestan sus servicios al Instituto de Seguros Sociales […]”.
20
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-01303-00
Demandante: María Elvira Plazas Siachoque
edad y tiempo de servicios (al ISS exclusivamente -art. 98- o con tiempos en las
demás entidades de derecho público – art. 101-) antes del 31 de octubre de 2004.
84. En este sentido, la señora Plazas Siachoque solamente contaba con una
expectativa de gozar de tal beneficio, sin que exista fundamento legal o constitucional
que en su caso le conceda el derecho pensional, pues a 31 de octubre de 2004 solo
tenía acreditados 20 años de servicios, y fue hasta noviembre de 2009 cuando
cumplió la edad requerida en el artículo 98 convencional (50 años).
85. En consecuencia, la accionante no es beneficiaria de la pensión de jubilación en
los términos de los artículos 98 y 101 de la convención colectiva de trabajo suscrita
por el ISS con su sindicato de trabajadores para la vigencia 2001-2004, pues esta
solo rigió hasta el 31 de octubre de 2004 y para esa fecha la demandante no había
consolidado el derecho a la pensión, es decir, que no se puede predicar que ella
tuviera derechos adquiridos frente a dicha convención.
86. Finalmente es de indicar, que la apoderada de la demandante en el escrito de
alegatos de conclusión visible a folio 1294, indicó que a la demandante se le deben
aplicar las normas convencionales como quiera que para el 31 de julio de 2004,
cuando entró en vigencia el Acto Legislativo 01 de 2005 contaba con 750 semanas
cotizadas.
87. Advierte la Sala que no es de recibo tal argumento, toda vez que el Acto
Legislativo señala en su artículo 1.°, parágrafo transitorio 4.° que el régimen de
transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho
régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los
trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos
750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del
Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá ese régimen hasta el año 2014.
88. En este caso, como se vio, la demandante no se encontró en ninguno de los
supuestos del régimen de transición establecidos en el artículo 36, toda vez que a 1.°
de abril de 1994 contaba con 34 años de edad y 14 años, 5 meses y 2 días de
servicios. Además, la aplicación de las normas convencionales, para este caso, no
deviene del régimen de transición sino de la vinculación laboral del servidor público y
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la mencionada convención colectiva
2001 – 2004 antes del 31 de octubre de 2004, esto es, en su vigencia inicial como ha
quedado ampliamente señalado. […]” (negrilla y subrayado del texto).
100. Conforme se observa en los apartes transcritos, en la providencia de 4 de
febrero de 2021 se expusieron los motivos por los que no correspondía aplicar el
régimen de transición pensional establecido en la Ley 100 de 23 de diciembre de
199330 ni la Convención Colectiva de Trabajo, suscrita por el ISS y Sintraseguridad
Social.
101. Nótese, entonces, que la revisionista no expone irregularidades que
materialicen la causal de revisión prevista en el numeral 5. del artículo 250 de la Ley
1437; por el contrario, busca reabrir el debate adelantado en el proceso ordinario
con el fin de que se efectúe un nuevo análisis de las normas invocadas en el libelo
introductorio.
102. En suma, la Sala considera que los reparos presentados por la recurrente se
dirigen a objetar los criterios hermenéuticos empleados por el fallador de segunda
30
“[…] Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones […]”.
21
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-01303-00
Demandante: María Elvira Plazas Siachoque
instancia, debido a que no se acogió la tesis que en la que se sustentaron las
pretensiones de la demanda. Por lo tanto, este cargo no está llamado a prosperar.
III.6.3. La ausencia de valoración de la prueba que acreditaba el tiempo de
servicio y la existencia de derechos pensionales adquiridos
103. La recurrente planteó que en la sentencia proferida en segunda instancia se
dejó de valorar la prueba que demostraba el tiempo laborado “[…] a octubre 31 de
2004 y el logrado a Septiembre 15 de 2009 […]”, la cual fue considerada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca al ordenar el reconocimiento de la pensión
convencional.
104. Al respecto, se advierte que, en el fallo recurrido, en cuanto al tiempo de
servicios, se indicó:
“[…] 73. De conformidad con los certificados allegados a folios 276 y siguientes la
demandante se desempeñó en las siguientes entidades de salud y por los siguientes
periodos:
• En el Hospital Fructuoso Reyes de Santa Rosa de Viterbo desde el 9 de abril de
1979 hasta el 9 de octubre de 1979, por 181 días31.
• En el hospital José Cayetano Vásquez de Puerto Boyacá desde el 5 de enero de
1980 hasta el 31 de octubre de 1983 por 1395 días32.
• En el Hospital San Vicente de Paúl de Paipa, desde el 7 de junio de 1985 hasta el 8
de mayo de 1986, por 332 días.
• Como supernumeraria, en el Instituto de los Seguros Sociales, Seccional Boyacá,
laboró como auxiliar de servicios asistenciales (enfermería) en los siguientes
periodos:
• Desde el 15 de marzo de 1984 hasta el 30 de mayo de 1984 por 75 días.
• Del 19 de junio de 1984 al 13 de julio de 1984, por 25 días.
• Desde el 1.° de agosto de 1984 hasta el 13 de septiembre de 1984, por 43 días.
• Desde el 31 de octubre de 1984 hasta el 27 de noviembre de 1984, por 28 días.
• Desde el 16 de diciembre de 1984 hasta el 16 de enero de 1985, por 30 días.
• Desde el 12 de febrero de 1985 hasta el 28 de febrero de 1985, por 16 días.
• Del 2 de abril de 1985 al 29 de abril de 1985, por 27 días.
• Desde el 2 de mayo de 1985 al 25 de mayo (sic) 1985 por 24 días.
• Del 25 de junio (sic) 1985 al 18 de julio de 1985 por 26 días.
• Del 5 de septiembre de 1985 al 4 de noviembre de 1985 por 59 días.
• Del 21 de diciembre de 1985 al 21 de enero de 1986, por 30 días.
• Del 14 de febrero de 1986 al 28 de febrero de 1986, por 14 días.
• Del primero de marzo de 1986 al 28 de abril de 1986 por 57 días.
Hasta allí la demandante acreditó en total 6 años, 6 meses y 7 días de servicios.
• Luego laboró en el ISS desde el 9 de mayo de 1986 al 25 de junio de 2003 como
auxiliar de servicios asistenciales33, para un total de 17 años, 1 mes y 16 días.
31
Así se indica a folio 281 en la Resolución 1156 de 10 de mayo de 2010, suscrita por el ISS a través de la cual se le negó a
la demandante el reconocimiento pensional.
32
Según certificación que obra a folio 41 se certifica que laboró en el ISS Seccional Boyacá, en los hospitales enlistados,
como supernumeraria, y en el cargo de auxiliar de servicios asistenciales.
33
Así se indica en la Resolución 1156 de 10 de mayo de 2010 (f. 281) No se indicó el tipo de nombramiento o vinculación.
22
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-01303-00
Demandante: María Elvira Plazas Siachoque
• Posteriormente se desempeñó en la ESE Policarpa Salavarrieta, a partir del 26 de
junio de 2003, en el cargo de auxiliar de servicios asistenciales hasta el 15 de
septiembre de 200934, con lo que laboró 6 años, 2 meses y 19 días. […]”.
105. De acuerdo con lo expuesto, en la providencia objeto de revisión se estudiaron
las certificaciones que acreditan el tiempo de servicio prestado por la recurrente;
cuestión distinta es que el juez de la causa haya determinado que no se cumplieron
los requisitos para acceder a la pensión en los términos solicitados en la demanda.
106. Cabe destacar que en la valoración probatoria prima la autonomía e
independencia de la autoridad judicial que la realiza. Al respecto, la Sala Trece
Especial de Decisión, en sentencia de 7 de abril de 201535, indicó:
“[…] debe tenerse en cuenta que la apreciación o valoración probatoria que haga el
juez en la sentencia sea que se haga de una forma u otra, no puede ni debe
considerarse como violación al debido proceso, salvo que se trate de una evidente
arbitrariedad o una ausencia total de motivación.
Y eso es así, porque dicha apreciación es una actividad propia de la labor de
juzgamiento del juez, que se encuentra revestida por el principio de autonomía e
independencia judicial y por el principio de la sana crítica.
5.1.6.- En ese sentido, el desacuerdo en la valoración de las pruebas no puede
ser desatado mediante el ejercicio del recurso extraordinario de revisión. De ser
así, se convertiría este recurso en un escenario para evaluar el grado de
convencimiento de los razonamientos de los jueces ordinarios y, por ende, en una
tercera instancia, lo que vulneraría el principio de cosa juzgada.
No puede perderse de vista que la interpretación y valoración probatoria es un
asunto propio del debate que debe surtirse en el proceso ordinario de
conocimiento.36 […]” (negrilla fuera del texto).
107. A partir de la jurisprudencia citada supra, se concluye que la taxatividad de la
causal de revisión invocada, junto con los derroteros jurisprudenciales que
establecen los límites del juez revisor, hacen improcedente la prosperidad de este
cargo del recurso.
III.6.4. El desconocimiento de las sentencias C-579 de 1996 y SU-555 de 2014,
proferidas por la Corte Constitucional y del precedente jurisprudencial
establecido por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral
108. La recurrente consideró que la decisión impugnada desconoció lo dispuesto en
las sentencias C-579 de 199637 y SU-555 de 2014, proferidas por la Corte
Constitucional, y el precedente jurisprudencial de la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, pues la interesada se vinculó al ISS desde el 9 de mayo
34
F. 279.
35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Trece Especial de Decisión. Sentencia de 7 de abril de
2015. Radicación: 2013-02724-00. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
36
Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Civil- sentencia 076 del 11 de marzo de 1991.
37
La Corte Constitucional estableció en la parte resolutiva de la sentencia C-579 de 1996, lo siguiente:
“[…] Primero. - Declarar INEXEQUIBLE el parágrafo del artículo 235 de la Ley 100 de 1993.
Segundo. - Declarar INEXEQUIBLE el inciso 2o del artículo 3o del Decreto-Ley 1651 de 1977, en el aparte que dice: “las
demás personas naturales que desempeñen las funciones de que trata el artículo precedente, se denominarán funcionarios
de seguridad social”.
Tercero. - Esta sentencia solamente producirá efectos hacia el futuro, a partir de su ejecutoria. […]”.
23
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-01303-00
Demandante: María Elvira Plazas Siachoque
de 1986, lo cual, según su criterio, le permitió conservar la calidad de funcionaria de
la seguridad social hasta su retiro definitivo y, por consiguiente, debería reconocerse
la pensión en los términos del Decreto 1653 de 1977.
109. Al respecto, se aclara que la inobservancia del precedente jurisprudencial38 no
constituye un defecto que tenga la vocación de materializar una nulidad originada
en la sentencia, ya que no se orienta a la revisión de irregularidades de carácter
procedimental, sino al examen de aspectos de fondo del fallo acusado.
110. En la sentencia censurada se coligió que la demandante no era beneficiaria del
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que, por
tanto, no era posible ordenar el reconocimiento de la pensión establecida en el
Decreto 1653 de 1977.
111. Así las cosas, este cargo del recurso tampoco tiene vocación de prosperidad,
ya que la causal invocada exige que las inconformidades alegadas se materialicen
en la sentencia objeto de revisión, en cambio, se advierte que la revisionista reitera
los planteamientos que fueron el objeto de litigio en el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, sin que se acredite la configuración de alguna
nulidad ni la vulneración del derecho al debido proceso.
III.6.5. La importancia de lo considerado por la Procuraduría General de la
Nación en la comunicación DSPT 3864 SIAF 36234 de 31 de agosto de 2021
112. La revisionista manifestó que la Procuraduría General de la Nación hizo un
llamado de atención a la UGPP por no conceder la pensión a los trabajadores que
se encontraban amparados por la Convención Colectiva de Trabajo, suscrita entre
el ISS y Sintraseguridad Social.
113. Igualmente, señaló que, de lo expuesto en las sentencias enunciadas como
desconocidas y de la comunicación efectuada por la Procuraduría, se puede
concluir que: (i) la Convención Colectiva de Trabajo referida, en obedecimiento a lo
dispuesto en el Acto Legislativo 001 de 2005, tuvo vigencia en materia pensional
hasta el año 2017; (ii) los trabajadores oficiales que fueron trasladados a las
Empresas Sociales del Estado en virtud de la escisión del ISS, no perdieron los
derechos adquiridos y la legítima expectativa para pensionarse con el artículo 98 de
la Convención Colectiva de Trabajo, toda vez que en asuntos pensionales la
vigencia se pactó hasta el 2017; (iii) el factor determinante para adquirir el derecho
pensional es el tiempo laborado, bien sea 20 años al servicio del ISS o con tiempo
compartido en otras entidades del Estado; y (iv) la edad no es un requisito de
causación de la pensión, sino de exigibilidad de la misma.
114. Sobre este punto, se evidencia que para la fecha en que se dictó la sentencia
recurrida, esto es, 4 de febrero de 2021, no se había expedido la comunicación
38
Sobre la imposibilidad de considerar el desconocimiento del precedente judicial como un presupuesto configurativo de la
nulidad originada en la sentencia, consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección C de la
Sección Tercera. Sentencia de 22 de agosto de 2022. Radicación: 11001-03-26-000-2018-00064-00. C.P. Nicolás Yepes
Corrales. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión 2. Sentencia de 4 de agosto
de 2020. Radicación: 11001-03-15-000-2016-03553-00. C.P. César Palomino Cortés.
24
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-01303-00
Demandante: María Elvira Plazas Siachoque
DPST 3864 de 31 de agosto de 2021. Por lo tanto, no fue presentada durante el
trámite del proceso ordinario y, en consecuencia, no pudo ser considerada por el
juez al momento de dictar la providencia censurada.
115. Sumado a lo anterior, la Sala denota que ese documento no se aportó ni solicitó
como prueba en el presente asunto, razón por la cual no hay lugar a emitir un
pronunciamiento de fondo sobre su contenido, ni tampoco puede ser tenido en
cuenta para estudiar la configuración de la causal de revisión alegada.
116. Por consiguiente, este argumento del recurso no tiene vocación de prosperidad.
III.6.6. El desconocimiento del principio constitucional a la seguridad jurídica
117. La revisionista señaló que tenía “[…] la absoluta convicción de que sus derechos
pensionales estaban mas (sic) que cobijados y protegidos por los artículos 2, 98 y
ss. de la convención colectiva como el 103. […]”, por lo que “[…] estuvo segura de
que le concederían su pensión de jubilación y la bonificación […]”.
118. A juicio de la Sala, el desacuerdo con el resultado del proceso ordinario no
configura una nulidad originada en la sentencia, en la medida que examinar el
cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento de la pensión convencional,
con el fin de evaluar las conclusiones a las que arribó el ad quem, convertiría este
mecanismo de impugnación en una tercera instancia.
119. En virtud de lo expuesto, la Sala Especial de Decisión considera que no se
acreditó la configuración de la causal de revisión prevista en el numeral 5. del
artículo 250 de la Ley 1437, motivo por el cual declarará infundado el recurso.
III.7. De la condena en costas
120. La Sala estima que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 25539 de la Ley 1437
y en el numeral 8. 40 del artículo 365 de la Ley 1564, procede condenar en costas a
la recurrente, por concepto de agencias en derecho, dado que el recurso
extraordinario se declarará infundado y se acreditó la labor defensiva de la UGPP,
los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Salud y Protección Social, el
Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en
liquidación – PAR ISS en Liquidación –, administrado por la sociedad Fiduciaria de
Desarrollo Agropecuario S.A. - Fiduagraria S.A y Colpensiones.
121. Para efectos de la liquidación de las agencias en derecho, el consejero
sustanciador dictará un auto posterior, de conformidad con lo establecido en el
numeral 3.41 del artículo 366 de la Ley 1564, una vez quede en firme la presente
sentencia.
39
Modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021.
40
Por remisión del artículo 306 de la Ley 1437.
41
Ibidem.
25
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2022-01303-00
Demandante: María Elvira Plazas Siachoque
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Veinte Especial de Decisión, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la señora María Elvira Plazas Siachoque contra la sentencia de 4 de
febrero de 2021 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicación núm. 25000-23-42-000-2013-00314-01.
SEGUNDO: CONDENAR en costas, por concepto de agencias en derecho, a la
parte recurrente.
TERCERO: Para la fijación de las agencias en derecho, por Secretaría General,
INGRESAR el expediente al despacho del consejero ponente para lo de su
competencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Consejero de Estado Consejera de Estado
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sala Veinte Especial de Decisión
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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