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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-02143-00

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-02143-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: Primero. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por las empresa Observatorio de Coyuntura Económica, Política, Ambiental y Social Limitada y Tecniestudios del Caribe Ltda., que conformaban la Unión Temporal Propiedad Inmobiliaria del Municipio de Riohacha, contra la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 30 de marzo de 2022, que confirmó la sentencia apelada dictada por el Tribunal Administrativo de La Guajira el 13 de marzo de 2019, en el proceso de controversias contractuales radicado bajo el número 44001-23-33-000-2016-00051-01 (64411). 46 CGP, artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella. (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación. CGP, artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: (…) 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas.”. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-02143-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

5 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SALA DOS ESPECIAL DE DECISIÓN

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02143-00 (3356)
Recurrente: Unión Temporal Propiedad Inmobiliaria del Municipio de
Riohacha
Convocado: Distrito de Riohacha
Asunto: Recurso extraordinario de revisión contra la sentencia
proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, el 30 de marzo de 2022

Tema: recurso extraordinario de revisión fundado en la causal quinta del artículo 250 del CPACA,
relacionada con la existencia de nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra
la cual no procede recurso. Subtema 1: procedencia excepcional y restrictiva de la causal de
revisión sustentada en la existencia de nulidad originada en la sentencia. Marco normativo y
jurisprudencial. Subtema 2: reiteración de los reparos expuestos en el proceso ordinario frente a la
declaración de nulidad de la prórroga automática del contrato de prestación de servicios. No
acreditación de la causal que sustenta el recurso extraordinario de revisión; instancia adicional.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala Dos Especial de Decisión procede a resolver el recurso extraordinario de
revisión interpuesto por las empresas Observatorio de Coyuntura Económica,
Política, Ambiental y Social Ltda. y Tecniestudios del Caribe Ltda., que conformaban
la Unión Temporal Propiedad Inmobiliaria del Municipio de Riohacha, contra la
sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, el 30 de marzo de 2022, por medio de la cual confirmó la decisión de
primera instancia que declaró la nulidad del apartado de la cláusula novena que
estipulaba la prórroga automática del contrato de prestación de servicios de
asesoría inmobiliaria, así como de los otrosíes 3 y 4; declaró probada la excepción
de caducidad y negó las pretensiones de la demanda de controversias
contractuales.

1. SÍNTESIS DEL CASO

1. La Unión Temporal Propiedad Inmobiliaria del Municipio de Riohacha
pretende que se invalide la sentencia dictada por la Subsección B de la Sección
Tercera de esta corporación el 30 de marzo de 2022, con fundamento en la causal
quinta de revisión extraordinaria prevista en el artículo 250 del CPACA, al considerar
que la decisión de confirmar la nulidad absoluta del aparte de la cláusula que
estipuló la prórroga automática del plazo contractual no involucró un objeto ilícito y,
en todo caso, sustituyó indebidamente la instancia administrativa. En subsidio,
consideró que la nulidad por objeto ilícito daba lugar al reconocimiento de las
prestaciones ejecutadas, figura que, a juicio del recurrente, la sentencia cuestionada
confundió con las restituciones mutuas establecidas en el Código Civil.

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02143-00 (3356)
Recurrente: Unión Temporal Propiedad Inmobiliaria del Municipio de Riohacha
Convocado: Distrito de Riohacha

2. ANTECEDENTES

2.1. Demanda inicial

2. La Unión Temporal Propiedad Inmobiliaria del Municipio de Riohacha
presentó demanda en ejercicio del medio de control de controversias contractuales
contra el Distrito de Riohacha (Guajira), con la pretensión de «lograr la liquidación
del contrato de tracto sucesivo» 0015 de 2002, que tenía por objeto la prestación de
servicios de asesoría, reorganización y explotación de la propiedad inmobiliaria de
dicho ente territorial, hasta «definir las cuentas a cargo del contratante en proporción
equivalente al cumplimiento», de conformidad con lo siguiente:

(i) Tomar como punto de partida para la liquidación del contrato las trece
(13) actas preliminares elaboradas en sede administrativa.
(ii) Declarar que la entidad contratante incurrió en incumplimiento al omitir la
elaboración del acta de liquidación definitiva o balance final del contrato.
(iii) Realizar la liquidación judicial del contrato de prestación de servicios 0015
de 2002, para establecer las obligaciones dinerarias y el capital pendiente
de pago equivalente a nueve mil doscientos cuarenta y nueve millones
doscientos noventa y dos mil ciento cincuenta y cinco pesos
($9.249.292.155), con la actualización y los intereses moratorios
correspondientes.
(iv) Ordenar el pago de los perjuicios morales causados por motivo de la falta
de liquidación definitiva del contrato.

3. Al sustentar las pretensiones en el medio de control de controversias
contractuales, la unión temporal afirmó que el contrato se ejecutó desde el 21 de
febrero de 2002 hasta el 31 de marzo de 2004, «salvo el objeto establecido en la
cláusula novena del contrato», adicionada y modificada por los otrosíes 3 y 4. Frente
a este hecho, se acreditó lo siguiente en el expediente de controversias
contractuales1:

(i) El plazo contractual inicialmente pactado en la cláusula novena fue de un
(1) año. «No obstante, si no hubiese objeción alguna sobre la ejecución
del contrato, manifestada quince (15) días antes del vencimiento, se
entenderá prorrogado automáticamente por ocho (8) meses más al
término del primer año»;
(ii) mediante otrosí número 3, firmado el 10 de abril de 2003, se adicionó la
cláusula novena sobre la duración del contrato, así: «En cuanto al objeto
de prestación de servicios profesionales relacionados con la gestión de
negocios jurídicos y administrativos, la duración del presente contrato
dependerá directamente de la sentencia en última instancia que se
profiera sobre los negocios que se inicien dentro de los seis (6) meses
contados a partir de la firma del presente otrosí o de la finalización de
cualquier gestión administrativa»;

1 Samai, índice 20, 000-2016-00051-00 C2.

2

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Convocado: Distrito de Riohacha

(iii) el otrosí número 4, firmado el 21 de noviembre de 2003, prorrogó la
duración del contrato pactada en la cláusula novena hasta el 31 de marzo
de 2004 y la adicionó en el siguiente sentido: «En cuanto al objeto de
prestación de servicios profesionales relacionados con la gestión de
negocios jurídicos y administrativos, la duración del presente contrato
dependerá directamente de la sentencia en última instancia que se
profiera sobre los negocios jurídicos que busquen la reafirmación o
recuperación de la propiedad inmobiliaria municipal o de la finalización de
cualquier gestión administrativa».

2.2. Sentencia de primera instancia en el proceso de controversias
contractuales

4. El Tribunal Administrativo de La Guajira, mediante sentencia proferida el 13
de marzo de 20192, declaró la nulidad absoluta del apartado de la cláusula novena
del contrato que estipuló la prórroga automática por ocho (8) meses «más al término
del primer año». Asimismo, declaró «la nulidad absoluta, por objeto ilícito, del otrosí
número 3 y del otrosí número 4 realizados al contrato de prestación de servicios»;
decidió «ABSTENERSE de ordenar las restituciones mutuas»; declaró probada de
oficio la excepción de caducidad del medio de control de controversias contractuales
«y, en consecuencia, NEG[Ó] las pretensiones de la demanda».

5. En lo atinente a la prórroga automática pactada en la cláusula novena del
contrato precisó que es una estipulación que, de acuerdo con la jurisprudencia del
Consejo de Estado, se encuentra prohibida en el régimen de contratación estatal,
porque: (i) genera un derecho de permanencia indefinida de la relación contractual;
(ii) se aparta de los principios y fines de la contratación estatal; (iii) «no cuenta con
la idoneidad de un contrato estatal, en tanto la prórroga se producía careciendo del
contrato escrito».

6. En atención a dichas consideraciones, el tribunal afirmó que la prórroga
automática involucra un objeto ilícito que da lugar a la nulidad absoluta de esa
estipulación conforme a las causales establecidas en el artículo 1519 del Código
Civil, por contravenir el derecho público, en específico, los principios de la
contratación relacionados con la igualdad, imparcialidad, libre concurrencia y
transparencia.

7. Además, aclaró que, si bien el artículo 1742 del Código Civil prevé que «la
nulidad absoluta se sanea ‘en todo caso’ por la prescripción extraordinaria», en el
asunto analizado no se configuró dicho saneamiento porque al momento de la
suscripción del contrato de prestación de servicios (21 de febrero de 2002) se
encontraba vigente el artículo 2532 del Código Civil que preveía un término
prescriptivo de veinte (20) años, motivo por el cual no resultaba aplicable la
modificación señalada en la Ley 791 del 27 de diciembre de 2002, que redujo dicho
periodo a diez (10) años.

2 Samai, índice 2, ED_SENTENCIAPRIMERAIN(.pdf) NroActua 2.

3

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Convocado: Distrito de Riohacha

8. Así, el tribunal afirmó que el contrato finalizó el 21 de febrero de 2003 por
vencimiento del plazo inicialmente pactado en la cláusula novena. Por tanto, el
término de caducidad se contabiliza de la siguiente manera: cuatro (4) meses para
la liquidación bilateral, contados a partir del vencimiento del plazo de duración del
contrato (21 de febrero de 2003) y dos (2) meses más para la liquidación unilateral.
Bajo esta tesis, afirmó que operó la caducidad del mecanismo de controversias
contractuales porque el término de dos años previsto en la ley procesal para el
ejercicio de dicho medio de control inició el 21 de agosto de 2003 y la demanda fue
presentada el 4 de agosto de 2006. Con mayor razón resultaba extemporánea la
demanda radicada el 4 de marzo de 2016, luego de la declaración de nulidad de lo
actuado ante la justicia arbitral el 11 de septiembre de 2015.

9. Ahora, en cuanto a las adiciones estipuladas en los otrosíes 3 y 4 del 10 de
abril y 21 de noviembre de 2003, afirmó que no pueden ser tenidas en cuenta como
parte del contrato, porque fueron pactadas después de vencido el término inicial (21
de febrero de 2003). En consecuencia, consideró que «son absolutamente nulos
por objeto ilícito, al producirse por fuera del plazo contractual, en contravía de los
precitados principios de libre concurrencia, igualdad, imparcialidad, prevalencia del
interés general y transparencia».

10. Frente a las restituciones mutuas derivadas de la nulidad contractual, el
tribunal manifestó que el artículo 1746 del Código Civil, conforme con el cual las
partes tienen derecho a ser restituidas en lo que «hubiesen empezado a ejecutar»,
se debe analizar en armonía con el artículo 48 de la Ley 80 de 1993 que «regula el
tema de manera distinta, en tanto prescribe que debe restituirse lo dado o lo pagado,
siempre que haya existido aprovechamiento de la entidad estatal, y las prestaciones
hubieren servido para satisfacer un interés público».

11. Al verificar esta circunstancia, afirmó que es imposible «retrotraer a las partes
al estado en que se encontraban», dado que el objeto contractual implicó
actividades de asesoría y dirección en la reorganización, operación, gestión de
negocios y explotación de la propiedad inmobiliaria del distrito de Riohacha frente a
las cuales «no hay prueba alguna en el plenario (…) Así, de las documentales
arrimadas no se deduce que haya existido para el Distrito de Riohacha beneficio
alguno que redundara en la satisfacción de un servicio público. Aún más, el
contratista no acredita en el sub-lite el cumplimiento cabal de sus obligaciones
contractuales (…) [y] no hay evidencia de que se hubiera producido recuperación
de la propiedad inmobiliaria del entonces municipio. De manera que no se evidencia
hasta qué punto se benefició la entidad territorial por las prestaciones del objeto del
contrato con posterioridad al vencimiento del plazo contractual, razón por la cual se
impone negar las restituciones mutuas».

2.3. Sentencia objeto de revisión

12. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia dictada el 30 de marzo de 2022, confirmó la decisión apelada por la parte

4

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Convocado: Distrito de Riohacha

demandante en el proceso de controversias contractuales, por las siguientes
razones3:

(i) La prórroga automática del plazo contractual resulta contraria a principios
constitucionales y legales;
(ii) la nulidad absoluta de dicha estipulación evidencia que la fecha de
terminación del contrato ocurrió al vencimiento del plazo inicialmente
pactado, por lo que «acertó el juzgador de instancia cuando decretó la
caducidad del medio de control»;
(iii) la denegación de restituciones mutuas a favor del contratista fue
«acertada», dado que «para todos los efectos legales el contrato fue
válido», solo se declaró la nulidad de la parte de la cláusula que estipulaba
la prórroga automática;
(iv) las restituciones mutuas que pudieron derivar de los otrosíes que
adicionaron el plazo contractual no fueron objeto de apelación por la parte
demandante, motivo por el cual no hubo pronunciamiento al respecto en
segunda instancia.

13. Así, la Sala consideró que la prórroga automática carece de «una expresa
habilitación legal» y desconoce los principios de selección, transparencia y
objetividad, dado que el objeto contractual versa sobre un «mercado de servicios
inmobiliarios que se vería clausurado en caso de que se aceptaran prórrogas
automáticas» y viola la regla expresa prevista en el Estatuto de Contratación, según
la cual el contrato de prestación de servicios se celebra por el término
«estrictamente indispensable».

14. A su vez, afirmó que la nulidad de la prórroga automática por objeto ilícito se
ajusta a lo previsto en el Código Civil en cuanto la asocia con la ilegalidad del objeto
contractual. «Por tanto, no ha errado esta corporación cuando ha declarado el objeto
ilícito de las prórrogas automáticas, ni lo hizo tampoco el Tribunal, pues en uno y
otro caso dicha manera particular de anular corresponde a la legislación civil
vigente». También se ajusta a lo previsto en el artículo 899 del Código de Comercio
sobre nulidad absoluta, pues esta norma «sí distingue entre nulidad de objeto y de
contenido del contrato».

2.4. Fundamentos del recurso extraordinario de revisión

15. El apoderado de la Unión Temporal Propiedad Inmobiliaria del Municipio de
Riohacha interpuso recurso extraordinario de revisión ante esta corporación4, contra
la sentencia expedida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, con fundamento en la causal prevista en el numeral 5. ° del artículo 250 del
CPACA, relacionada con la nulidad originada en la sentencia. Para sustentar la
causal de revisión afirmó que la providencia cuestionada es nula por incurrir en los
siguientes defectos:

3 Samai, índice 2, ED_SENTENCIADESEGUNDA(.pdf) NroActua 2.
4 Samai, índice 2, ED_RECURSOEXTRAORDINAR(.pdf) NroActua 2.

5

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Convocado: Distrito de Riohacha

(i) confirmó la declaración de nulidad oficiosa de la cláusula que estipulaba
la prórroga automática del plazo contractual, «cuando ya estaba saneada
por prescripción extraordinaria conforme lo decreta el artículo 1742 del
Código Civil»;
(ii) en el evento de que exista nulidad absoluta del apartado de la cláusula,
la sentencia reemplazó «indebidamente una instancia administrativa por
una judicial»;
(iii) si se considera probada la nulidad por objeto ilícito y que no hubo
sustitución de la instancia administrativa, la sentencia confunde los
conceptos de prestaciones ejecutadas y restituciones mutuas.

16. En cuanto a la validez de la prórroga automática del contrato, el recurrente
afirmó que la entidad contratante no advirtió irregularidad alguna frente a dicha
estipulación en ninguno de los «siete filtros» aplicados en distintas etapas, así:

➢ El primer filtro se aplicó durante la etapa precontractual a cargo de las oficinas
jurídica y de contratación de la alcaldía de Riohacha.
➢ El segundo se realizó cuando el alcalde elegido para el periodo 2004-2007
ordenó la revisión de la contratación.
➢ El tercero se aplicó durante el trámite del proceso judicial de controversias
contractuales en el que participó el Ministerio Público con la «inspección
múltiple del contrato en interés de la moralidad administrativa».
➢ El cuarto filtro ocurrió durante el control de legalidad del trámite procesal
realizado por el Tribunal Administrativo de la Guajira el 18 de junio de 2018,
«porque demuestra que el proceso no tiene vicios que puedan invalidar la
decisión», al no encontrar «causal de nulidad».
➢ El quinto filtro fue aplicado por el Consejo de Estado mediante providencia del
14 de agosto de 2014, que declaró la nulidad de todo lo actuado por falta de
jurisdicción en atención a la existencia de cláusula compromisoria, decisión
que evidencia, «tácitamente, (…) la inexistencia de una presunta irregularidad
de nulidad absoluta en la cláusula novena».
➢ El sexto filtro se aplicó durante la audiencia inicial surtida ante el Tribunal
Administrativo de La Guajira el 26 de octubre de 2017, al agotar el trámite de
conciliación prejudicial, época para la cual había precluido el término para
declarar la nulidad de estipulaciones contractuales por operar la prescripción
extraordinaria.
➢ El séptimo filtro ocurrió en la audiencia de práctica de pruebas realizada el 6
de marzo de 2018, en la que el tribunal afirmó que no existía «irregularidad o
causal de nulidad que afecte el normal desarrollo del proceso».

17. Para evidenciar la procedencia de la causal de revisión extraordinaria, citó el
fallo de tutela dictado en segunda instancia por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado el 6 de octubre de 2022, mediante el cual consideró
improcedente la acción de amparo contra la providencia judicial cuestionada en este
trámite judicial, dado que «los desacuerdos relacionados con la falta de valoración
de las pruebas no se refieren a una discusión concreta en cuanto a la decisión
adoptada (…), sino que corresponden a aspectos relativos a las actividades que
presuntamente ejecutó el contratista y los beneficios económicos que, a su juicio,
obtuvo la entidad contratante (…)». Concluyó que el tutelante disponía de otro
6

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mecanismo de defensa judicial para cuestionar la supuesta imprecisión de la
sentencia al confundir los conceptos de prestaciones ejecutadas y restituciones
mutuas, consideración en la que sustenta la procedencia del recurso extraordinario.

18. Asimismo, el recurrente manifestó que el material probatorio incorporado al
proceso de controversias contractuales acreditó que «el objeto contractual se
cumplió (…) y que con ese cumplimiento fueron satisfechas todas las necesidades
que obligaron a la suscripción del contrato, en razón a que las prestaciones
cumplidas sirvieron a la satisfacción del interés público».

19. Frente al «reemplazo indebido de una instancia administrativa» explicó que
la nulidad absoluta del contrato imponía devolver el expediente al ente territorial
para que el alcalde procediera a terminar el contrato mediante acto administrativo
motivado y ordenara su liquidación, en su lugar, el tribunal y el Consejo de Estado
sustituyeron esa función.

20. Por último, insistió en que los informes de gestión y los documentos
contractuales acreditaron que el contratista cumplió el objeto contratado al presentar
el inventario de activos de propiedad del municipio, cuyo avalúo se estimó en
«152.180.066.164, calculado a valor catastral, en pesos constantes de abril de 2004
(…); para con ello garantizar el goce a la propiedad estatal».

2.5. Trámite del recurso extraordinario de revisión

21. El recurso extraordinario de revisión fue inadmitido mediante auto del 28 de
junio de 20235, por error en la designación de las partes, dado que se interpuso en
contra de los magistrados que dictaron la sentencia objeto de revisión. El apoderado
de la parte recurrente subsanó el error mediante memorial presentado el 11 de julio
de 20236.

22. El despacho sustanciador admitió el recurso mediante auto del 29 de
septiembre de 2023, notificado el 4 de octubre de esa anualidad, al constatar la
corrección de la designación de las partes en el escrito del recurso7. La providencia
referida fue notificada al ente territorial convocado y al Ministerio Público mediante
mensaje de datos enviado el 6 de octubre de 2023, entidades que guardaron
silencio8.

23. Mediante auto dictado el 4 de octubre de 2023, el despacho requirió al
Tribunal Administrativo de La Guajira para que remitiera con destino al presente
proceso el expediente de controversias contractuales radicado bajo el número
44001-23-33-000-2016-00051-01 (64411)9, en el que figura como parte
demandante la Unión Temporal Propiedad Inmobiliaria del Municipio de Riohacha y
como demandado el distrito de Riohacha (Guajira). El tribunal adjuntó el expediente

5 Samai, índice 6.
6
Samai, índice 10.
7 Samai, índices 13 y 18.
8 Samai, índices 22-24.
9 Samai, índice 19.

7

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ordinario mediante mensaje de datos enviado el mismo día en que se profirió el
requerimiento10.

24. Por auto del 22 de febrero de 202411, el despacho tuvo como pruebas los
documentos aportados con el escrito del recurso extraordinario de revisión y
prescindió de la etapa probatoria. Esta providencia fue notificada el 26 de febrero
de 202412.

3. CONSIDERACIONES

3.1. Presupuestos procesales

3.1.1. Competencia

25. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, a través de las Salas
Especiales de Decisión creadas en el artículo 107 del CPACA, integradas mediante
el Acuerdo nro. 80 de 2019, por medio del cual el Consejo de Estado adoptó el
reglamento interno13, es competente para conocer del recurso extraordinario de
revisión de acuerdo con lo previsto en el artículo 249 de dicha normativa14, en
atención a que la sentencia cuestionada mediante el recurso extraordinario de
revisión fue expedida por la Subsección B de la Sección Tercera de esta
corporación.

3.1.2. Oportunidad del recurso extraordinario de revisión

26. De acuerdo con lo previsto en el artículo 251 del CPACA, la Sala observa
que el recurso extraordinario de revisión fue interpuesto de manera oportuna,
porque la sentencia cuestionada fue notificada mediante mensaje de datos enviado
a las partes el 25 de mayo de 2022, cobró ejecutoria el 1 de junio de dicho año y el
escrito de interposición del presente mecanismo fue radicado ante esta corporación
el 27 de abril de 2023, esto es, dentro del año siguiente a la ejecutoria del fallo.

3.1.3. Legitimación en la causa

27. En cuanto a este presupuesto, la Sala encuentra demostrado que el recurso
extraordinario de revisión fue interpuesto por el apoderado judicial de las empresas
Observatorio de Coyuntura Económica, Política, Ambiental y Social Limitada y
Tecniestudios del Caribe Ltda., que conformaron la Unión Temporal Propiedad
Inmobiliaria del Municipio de Riohacha, tal y como consta en los certificados de
existencia y representación expedidos por la Cámara de Comercio de La Guajira,
aportado con el escrito del recurso15. De este modo, se encuentra acreditada la
legitimación en la causa por activa de la unión temporal que actuó como parte

10 Samai, índice 20.
11 Samai, índice 25.
12 Samai, índice 28.
13 Por medio del cual se reglamenta la integración y funcionamiento de las Salas Especiales de Decisión.
14
Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones
del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que
profirió la decisión (…)”.
15 Samai, índice 2, archivos 472, 498 y 262 kb.

8

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Recurrente: Unión Temporal Propiedad Inmobiliaria del Municipio de Riohacha
Convocado: Distrito de Riohacha

demandante en el proceso de controversias contractuales, el cual culminó con la
sentencia cuestionada en este trámite procesal, dictada por la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, el 30 de marzo de 2022.

28. Asimismo, se observa que el distrito de Riohacha actuó como parte
demandada en el proceso de controversias contractuales en el que se expidió la
sentencia cuestionada mediante el recurso extraordinario de revisión, motivo por el
que fue convocada al presente trámite procesal mediante notificación enviada por
mensaje de datos el 6 de octubre de 2023, frente al cual guardó silencio.

3.2. Problema jurídico

29. Corresponde a la Sala determinar si la sentencia expedida por la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 30 de marzo de 2022, incurrió
en la causal de revisión prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, por
existir nulidad originada en el fallo que puso fin al proceso, consistente en la
«injusticia al declarar de oficio la nulidad absoluta por ilicitud en el objeto (…) de la
prórroga automática» del contrato de prestación de servicios suscrito por la Unión
Temporal Propiedad Inmobiliaria del Municipio de Riohacha y el distrito de
Riohacha, que tenía por objeto la reorganización y gestión de la propiedad
inmobiliaria del ente territorial.

30. Para dar respuesta al problema jurídico, la Sala atenderá el siguiente orden
metodológico: (i) generalidades del recurso extraordinario de revisión; (ii) alcance
de la causal de revisión relacionada con la existencia de nulidad originada en la
sentencia; (iii) análisis del caso concreto.

3.3. Generalidades del recurso extraordinario de revisión

31. El recurso extraordinario de revisión previsto en los artículos 248 y siguientes
del CPACA es un mecanismo judicial de naturaleza restrictiva, extraordinaria y, por
ende, excepcional16, que posibilita el análisis de las sentencias amparadas por los
atributos de inmutabilidad y fuerza vinculante que caracterizan la cosa juzgada,
cuando se invoca alguna de las causales taxativas previstas en la ley y bajo la
demostración inequívoca de ser decisiones injustas que habilitan la declaración de
invalidez de la providencia17.

16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 27 Especial de Decisión, sentencia del

3 de abril de 2018, expediente 11001-03-15-000-2017-02091-00 (REV).
17 CPACA, artículo 250. «Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de

2003, son causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se
hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor
o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos
en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la
sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud
legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales
para su pérdida.

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32. En cuanto al carácter excepcional del recurso, la Corte Constitucional ha
señalado18 que este mecanismo, previsto en la mayoría de las áreas del derecho,
ha sido diseñado para proceder contra las sentencias ejecutoriadas19, por las
causales taxativas relacionadas con circunstancias ocurridas después de proferida
la sentencia que se revela materialmente injusta. En efecto, el recurso de revisión
contra sentencias expedidas por la Jurisdicción de lo Contencioso—Administrativo
“tiene su origen inmediato en el recurso extraordinario de revisión en el campo civil,
y al igual que este, se dirige contra sentencias ejecutoriadas, buscando
esencialmente el restablecimiento de la justicia material y constituyendo una
excepción al principio general de la cosa juzgada20”.

33. La habilitación para enervar la inmutabilidad de la sentencia implica la
delimitación del ámbito de procedencia de este mecanismo excepcional a las
causales taxativas previstas en el artículo 250 del CPACA, sin posibilidad de
interpretaciones extensivas dada la naturaleza extraordinaria del recurso, la cual
circunscribe su procedencia a situaciones que desconocen la justicia material de la
decisión.

34. Así, frente a la naturaleza de las causales de revisión extraordinaria, esta
corporación ha considerado que «involucran irregularidades de carácter procesal
(numeral 5, referido a la existencia de causal de nulidad originada en la sentencia,
y el numeral 8, relacionado con el desconocimiento de la cosa juzgada), o bien,
aspectos que atañen a la validez intrínseca o insuficiencia de los elementos de
prueba que determinaron el sentido de la decisión (numerales 1, 2, 3, 4 y 7)»21. «[N]o

8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que
aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción
de cosa juzgada y fue rechazada».
18 Corte Constitucional, sentencia C-450 de 16 de julio de 2015, que declara exequible el apartado analizado

del artículo 249 del CPACA.
19 Corte Constitucional, sentencia C-520-09. «La procedencia y causales del recurso extraordinario de revisión

se encuentran regulados: (i) En materia civil, en el Código de Procedimiento Civil, los artículos 379 y 380. (ii)
En materia laboral, en la Ley 712 de 2001, artículos 30 y 31; (iii) En el ámbito penal, en la Ley 600 de 2000,
artículo 192; y (iv) En materia contencioso-administrativa, en el Código Contencioso Administrativo, Artículo
188. (modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998)”. Actualmente, las causales del recurso extraordinario
de revisión en materia contencioso-administrativa están previstas, en forma taxativa, en el artículo 250 del
CPACA».
20 Corte Constitucional, sentencia C-871 de 2003. «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter

absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se
ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia
ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que
ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio “res iudicata pro veritate
habertur” para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una
sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y
verdad material, como fines esenciales del Estado».
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 7 de mayo de 2013,

expediente 2010-0038-00.
Corte Constitucional, sentencia C-520 de agosto 4 de 2009. «Como puede observarse, las causales
consagradas en los numerales 1, 2 (parcial), 5, y 7 del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo se
fundan en la necesidad de obtener una sentencia conforme a derecho frente a la ocurrencia de hechos
delictivos o fraudulentos: (…) Por su parte, las causales consagradas en los numerales 2 (parcial), 3, y 4,
permiten corregir errores por circunstancias no conocidas al momento de proferir la sentencia cuestionada, que
de haber sido conocidas, hubieran dado lugar a una sentencia distinta: la aparición de documentos esenciales
que no pudieron ser conocidos por fuerza mayor o caso fortuito, la existencia de un tercero con mejor derecho
que el beneficiado con la sentencia cuestionada, o la desaparición, al momento del reconocimiento, de las
circunstancias que justificaban que se hubiera decretado una prestación periódica. La causal del numeral 6,
busca restablecer el debido proceso, al permitir corregir una nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso que no era susceptible del recurso de apelación. Finalmente, la causal del numeral 8, protege tanto el
debido proceso como la intangibilidad de la cosa juzgada, desconocida con la sentencia que es objeto de
revisión».

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es un recurso que proceda por violación de la ley»22 o errores “in judicando” ni puede
fundamentarse en las mismas pruebas que sirvieron de soporte a la decisión que
puso término al proceso»23. En otras palabras, «el recurso extraordinario de revisión
no da cabida a cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó
la ley en la sentencia»24.

35. En síntesis, el carácter extraordinario del recurso de revisión no permite
ampliar o mejorar los argumentos esgrimidos en la instancia, frente a los que el
recurrente no se encuentre conforme25. Tampoco fue instituido como una tercera
instancia para intentar una nueva valoración de la prueba, replantear el litigio,
subsanar conductas procesales negligentes o provocar una interpretación diferente
de las normas aplicables al caso concreto. Su procedencia se circunscribe a los
eventos en los que (i) se recobran documentos decisivos no valorados en la
sentencia por causa no imputable al recurrente o aparece un tercero con mejor
derecho; (ii) cuando la sentencia se sustenta en documentos falsos o adulterados,
o en dictámenes cuya expedición dio lugar a una condena penal, o cuando fue
dictada con violencia o cohecho declarados en proceso penal; (iii) cuando existe
nulidad originada en la sentencia o (iv) cuando existe contradicción con una decisión
anterior que constituye cosa juzgada.

3.4. Alcance de la causal de revisión consistente en la existencia de nulidad
originada en la sentencia

36. La jurisprudencia de la corporación ha sido pacífica al considerar que la
causal de revisión prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA se configura
por un vicio que aparezca en la sentencia, presupuesto que desliga su causación
de los eventos de nulidad procesal en actuaciones que la antecedan, dado que
frente a estos proceden los recursos ordinarios que, de no interponerse, suponen el
eventual saneamiento del procedimiento. En consecuencia, la causal de revisión
por nulidad originada en la sentencia no constituye una etapa adicional para que las
partes subsanen las omisiones del proceso ordinario y aleguen nulidades o errores
procesales que se debieron proponer en la oportunidad prevista en la norma
procesal correspondiente o propongan nulidades que se consideran saneadas.

37. En dicho marco, la jurisprudencia de la corporación ha considerado que no
es posible «alegar como fundamento del recurso alguna causa de nulidad acaecida
en una etapa previa a la sentencia, ya que ‘la proposición de nulidades procesales
se encuentra sometida a las reglas de oportunidad y legitimación (…), sin perjuicio
del deber que (…) impone al juez declarar de oficio las nulidades insaneables que
observe antes de dictar sentencia’»26.

22 Consejo de Estado, Sala Tercera Especial de Decisión, sentencia de 4 de agosto de 2021, radicación:11001-

03-15-000-2021-00610-00.
23 Corte Constitucional, sentencia C-450 del 16 de julio de 2015, en la que se citan las providencias C-004 del

20 de enero de 2003 y C-520 del 4 de agosto de 2009.
24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de julio de 2013, radicación:

11001-03-15-000-2012-00231-00
25 Consejo de Estado Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 22 de mayo de 2018,

radicación: 11001-03-15-000-2006-00281-00(REVPI).
26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión 13, sentencia

del 7 de junio de 2016, expediente 2015-02493-00. Sala Especial de Decisión 3, sentencia de 4 de agosto de
2021, expediente 2021-00610-00.

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38. Sin embargo, se ha aceptado que los vicios procesales ocurridos antes de la
sentencia pueden generar la nulidad de esta, de manera excepcional, cuando «no
pudo ser advertida por el recurrente durante el curso del proceso», caso en el cual
le asiste la carga de probar que no tuvo la oportunidad de invocarlos, pues de no
ser así la causal de revisión se convertiría en una excusa para subsanar las
omisiones cometidas en el proceso ordinario27.

39. Asimismo, la jurisprudencia de la Sala Plena de lo Contencioso—
Administrativo del Consejo de Estado ha señalado los eventos que tradicionalmente
encajan en la causal de revisión extraordinaria por causa de la existencia de nulidad
originada en la sentencia, en el siguiente orden28: (i) cuando se presenta falta de
jurisdicción o competencia; (ii) cuando se dicta nueva sentencia en proceso
terminado normalmente por sentencia en firme; (iii) cuando sin más actuación se
dicta sentencia después de ejecutoriado el auto que acepta el desistimiento,
aprueba la transacción o declara la perención del proceso; (iv) cuando se dicta
sentencia como única actuación, sin el previo trámite correspondiente; (v) cuando
se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido
en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta; (vi) cuando se condena
a quien no ha sido parte en el proceso; (vii) cuando, sin más actuación, se profiere
sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o
de suspensión; (viii) cuando la sentencia aparece firmada con mayor o menor
número de magistrados, o adoptada con un número de votos diverso al previsto en
la ley; (ix) cuando la providencia carece completamente de motivación.

40. De igual modo, la Sala Plena de la corporación previó como un evento
configurativo de nulidad originada en la sentencia la expedición de un fallo inhibitorio
sin motivación o razón para ello, al constituir una violación de los derechos a la tutela
judicial efectiva, al acceso a la administración de justicia y al debido proceso29.

41. Como ya se ha precisado, las circunstancias excepcionales señaladas en la
jurisprudencia de esta corporación como eventos configurativos de nulidad
originada en la sentencia evidencian que las inconformidades de interpretación en
la aplicación del derecho y diferencias en la apreciación probatoria realizada por el
juez del caso, a modo de instancia adicional para cuestionar una sentencia dotada
de los atributos de inmutabilidad y fuerza vinculante de la cosa juzgada, no encajan
en la causal quinta de revisión; tampoco los errores procesales que se debieron
proponer en la oportunidad prevista en la norma procesal. Los supuestos que
pueden encuadrar en dicha causal se circunscriben a aquellos que afectan la
legalidad y justicia de la decisión al punto de desconocer el derecho al debido
proceso, presupuesto que se presenta, por ejemplo, en los siguientes eventos:

27 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 6 de agosto de 2013, exp.

11001-03-15-000-2009-00687-00 (REV), en la que se cita: «Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo. MP. Mauricio Torres Cuervo. Sentencia del 2 de marzo de 2010. Radicación número: 11001-03-
15-000 2001-0091-01. Actor: Pedro Antonio Durán Durán. Demandado: Contraloría General de la República».
28 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de mayo de 2018,

expediente 1998-00153-01. Reitera tesis expuesta en sentencias de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, expedidas el 1 de junio de 2005, expediente REV-062, del 25 de noviembre de 2008, expediente
2003-00135-01 y del 7 de mayo de 2013, expediente 2003-00858-01 (REVPI).
29 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de mayo de 2018,

expediente 1998-00153-01.

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(i) la sentencia que condena a una parte no vinculada al proceso;
(ii) la sentencia dictada por corporaciones judiciales sin el número de votos
necesarios para la aprobación o aquella que aparece firmada con mayor o
menor número de magistrados;
(iii) la sentencia que carece de motivación por falta de pronunciamiento del
juez sobre las razones de hecho o de derecho necesarios para
fundamentar la decisión;
(iv) la sentencia que se dicta con violación al principio de non reformatio in
pejus;
(v) la sentencia que desconoce el principio de congruencia bien sea por una
condena extra, ultra o minuspetita;
(vi) cuando el juez, sin fundamento válido y razonable, dicta una decisión
inhibitoria.

42. El marco conceptual descrito excluye, entonces, las inconformidades de
interpretación en la aplicación del derecho y las diferencias en la apreciación
probatoria realizadas por el juez del caso, salvo las falencias que den lugar a la
ausencia absoluta de motivación razonable o al desconocimiento del principio de
congruencia por omisión en la evaluación o análisis parcial o contraevidente de los
medios de prueba.

43. A su vez, la causal de revisión por nulidad de la sentencia derivada de la falta
de motivación supone la ausencia de un análisis crítico de las pruebas o de los
razonamientos necesarios para fundar la decisión, presupuestos que el artículo 187
del CPACA describe en el contenido de la sentencia. Al respecto, la jurisprudencia
de la corporación ha señalado que la falta de motivación de la sentencia habilita el
recurso extraordinario de revisión solo por «la carencia absoluta de
pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de derecho que sirvieron
de fundamento a la decisión30, o cuando se fundamenta en circunstancias
manifiestamente erróneas, incompletas o de actitudes dolosas31. No aplica, así,
para controvertir las razones del fallo ni la apreciación que de los hechos y de las
pruebas hizo el fallador»32.

44. Por otra parte, la causal de revisión sustentada en el desconocimiento del
principio de congruencia implica que la decisión no esté en consonancia con los
hechos y las pretensiones aludidos en la providencia cuestionada en los términos
del artículo 281 del CGP, aplicable al procedimiento contencioso por remisión
expresa del artículo 306 del CPACA. Bajo este marco normativo, la jurisprudencia
de esta corporación ha precisado que el principio de congruencia de la sentencia
se manifiesta en dos escenarios, el interno, que obedece a la correspondencia entre
la parte motiva y la resolutiva de la sentencia, y el externo, que impone armonía
entre lo pretendido y lo decidido para evitar incurrir en un fallo ultra o extra petita,

30 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de septiembre de 2015, expediente
2002-02456-01(35824).
31 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 16 de agosto de 2018, expediente 2007-

00107-01(47300).
32 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 14 de junio de 2019, expediente 1999-

02281-01(43992). En igual sentido, sentencia de la Subsección A de la Sección Segunda, expedida el 26 de
agosto de 2021, expediente 2017-00852-00 (4598-17).

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esto es, condenar en cantidad superior a la pedida, en exceso de lo probado o por
objeto distinto al solicitado33.

3.5. Caso concreto

45. Bajo el anterior marco normativo y jurisprudencial, la Sala procede al análisis
de los argumentos que sustentan la causal de revisión prevista en el numeral 5 del
artículo 250 del CPACA, que revelan, de manera preliminar, la falta de configuración
de la causal invocada, pues el alegato principal del apoderado de las empresas
recurrentes, relacionado con la «injusticia al declarar de oficio la nulidad absoluta
por objeto ilícito» de la cláusula de prórroga automática, es igual al expuesto por la
unión temporal en el recurso de apelación resuelto mediante la sentencia
cuestionada, dado que evidencia el propósito de lograr una instancia adicional para
reabrir el debate planteado y decidido por el juez ordinario, ejercicio que no se ajusta
a la finalidad del mecanismo judicial, tal y como se indicó en el acápite anterior34.

46. Para contextualizar dicha afirmación, es del caso precisar, en primer lugar,
que la demanda de controversias contractuales presentada por la Unión Temporal
Propiedad Inmobiliaria del Municipio de Riohacha, hoy recurrente, comprendió las
siguientes pretensiones: (i) convalidar los acuerdos de liquidación realizados en
sede administrativa, como «punto de partida para establecer las declaraciones y
condenas que liquiden definitivamente el Contrato de Prestación de Servicios»; (ii)
declarar el incumplimiento del distrito de Riohacha «en elaborar el acta de
liquidación final a que se obligó desde el 19 de enero de 2006»; realizar la
liquidación del contrato en sede judicial «y como resultado de ello se establezcan
las obligaciones dinerarias a que haya lugar»; condenar al ente territorial a pagar el
capital adeudado, debidamente actualizado, con los intereses moratorios, «desde
la fecha de causación (01-08-2004) hasta cuando se haga efectivo el pago».

47. En segundo lugar, resulta oportuno señalar que el Tribunal Administrativo de
La Guajira, en la sentencia de primera instancia, recordó que el litigio fijado en la
audiencia inicial se circunscribió a determinar la procedencia de «la liquidación
judicial del contrato de prestación de servicios (…) y si como consecuencia de ello
hay lugar a derechos y restituciones dinerarias en favor del contratista».
Seguidamente, el tribunal afirmó:

Con todo, analizado el expediente en este momento procesal se observa una
situación sustancial que no fue advertida y que amerita ser estudiada con antelación
(…) En ese marco y en forma oficiosa deberá la Sala primeramente determinar si en

33 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 16 de agosto de 2002,

expediente 12668. Sala Seis Especial de Decisión, sentencia del 30 de julio de 2025, expediente 11001-03-15-
000-2025-02260-00. Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia del 5 de abril de 2024, expediente 2023-
04705-00. Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1 de marzo de 2018, expediente 2013-00838-00.
34 La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante fallo de tutela del 14 de diciembre de 2022, decidió la

impugnación interpuesta por el Observatorio de Coyuntura Económica, Política, Ambiental y Social Limitada, en
la acción de amparo ejercida contra la decisión dictada por la Sección Tercera, Subsección B, el 30 de marzo
de 2022, en el siguiente sentido: confirmó «la decisión de tutela de primera instancia proferida por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A que negó las pretensiones de la demanda en relación con el defecto
fáctico y que “rechazó” por improcedente la tutela en relación con el defecto sustantivo, pero en el entendido de
declarar improcedente la acción de tutela por no encontrarse satisfecho el requisito general de procedibilidad
de la acción de tutela de la relevancia constitucional».

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el sub lite (…) se configura la nulidad absoluta por objeto ilícito del contrato de
servicios 0015 de 2002, de alguna de sus cláusulas o de sus modificaciones.
Además de encontrarse probada la nulidad absoluta de alguna cláusula contractual,
deberá definirse si hay lugar a las consecuentes restituciones mutuas.

Adicionalmente, de afectar la nulidad absoluta la cláusula de plazo del contrato se
verificará si operó el fenómeno de la caducidad del medio de control invocado,
evento que de estar acreditado, haría innecesarios otros análisis.

48. Al resolver los puntos de la litis, el tribunal expuso el marco general aplicable
a (i) la competencia oficiosa del juez del contrato para declarar la nulidad absoluta
o parcial del negocio jurídico cuando se encuentra plenamente demostrada; (ii) las
consecuencias de la nulidad del contrato previstas en el artículo 48 de la Ley 80 de
1993, relacionadas con el «pago de las prestaciones ejecutadas hasta el momento
de la declaratoria» y la diferencia de estas con las restituciones mutuas establecidas
en el artículo 1746 del Código Civil, conforme con el cual la nulidad pronunciada en
sentencia da derecho a las partes a «ser restituidas al mismo estado en el que se
hallarían si no hubiese existido el acto o contrato»; (iii) el conteo del término de
caducidad en los contratos sometidos a liquidación, en los que se cuentan cuatro
(4) meses a partir del vencimiento del plazo contractual para la liquidación bilateral
y, en caso de proceder, dos (2) meses más con los que cuenta la administración
para la liquidación unilateral.

49. Bajo este marco, el tribunal de primera instancia tuvo en cuenta que la
cláusula novena del contrato establecía una duración de un (1) año contado a partir
de la fecha de la suscripción. «No obstante, si no hubiese objeción alguna sobre la
ejecución del contrato, manifestada quince (15) días antes del vencimiento, se
entenderá prorrogado automáticamente por ocho (8) meses más al término del
primer año».

50. En este escenario, afirmó que «se debe declarar de oficio la nulidad absoluta
por objeto ilícito del apartado de la cláusula novena del contrato de prestación de
servicios 0015 de 2002 atinente a la prórroga automática del plazo contractual, por
contravenir los principios democráticos de libre concurrencia, de igualdad, de
imparcialidad, de prevalencia del interés general y de transparencia contenidos en
la Constitución y en la Ley 80 de 1993».

51. Además, precisó, primero, que la nulidad del apartado de la cláusula novena
resulta procedente, dado que no operó el saneamiento por motivo de la prescripción
extraordinaria en los términos del artículo 1742 del Código Civil, que en el caso
concreto es de veinte (20) años. Segundo, que la nulidad afectó lo ejecutado en
virtud del apartado de la cláusula novena por causa de la ilicitud de la prórroga
automática; así como lo derivado de los otrosíes 3 y 4 firmados el 10 de abril y el 21
de noviembre de 2003, esto es, «por fuera del plazo contractual» que venció el 21
de febrero de 2003.

52. Posteriormente, señaló que operó la caducidad del medio de control porque
el plazo del contrato venció el 21 de febrero de 2003 y como las partes no pactaron
un término para la liquidación bilateral, los cuatro meses dispuestos en la ley

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vencieron el 21 de junio, «y los dos (2) meses legalmente establecidos para que la
administración liquidara unilateralmente expiraban el 21 de agosto de 2003, día en
que inexorablemente empezó a operar el término legal de caducidad de dos (2)
años».

53. Por último, afirmó que «resulta materialmente imposible que se pueda
retrotraer el contrato al punto tal, que al contratista se le pudieran restituir las
prestaciones presuntamente ejecutadas por el objeto del contrato, que consistió
fundamentalmente en la asesoría y dirección en la reorganización, operación,
gestión de negocios y explotación de la propiedad inmobiliaria del municipio de
Riohacha (…), para que, a su vez, la entidad territorial devolviera lo presuntamente
pagado en virtud de dicho objeto con posterioridad al vencimiento del plazo
contractual».

54. Adicionalmente, el tribunal señaló que los medios de prueba no acreditaron
que el municipio se hubiera beneficiado de las prestaciones y, en todo caso, el
contratista no demostró el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

55. La unión temporal interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada
en primera instancia con sustento en dos reparos. El primero, relacionado con la
nulidad del contrato frente al cual señaló que no se configura la causal de objeto
ilícito en el apartado final de la cláusula novena, «en razón a que el objeto
contractual está contemplado en la cláusula primera» que describe la prestación del
servicio a cargo del contratista, hecho que desvirtúa la causal de nulidad prevista
en el artículo 44-2 de la Ley 80 de 1993.

56. El segundo reparo atinente a la negativa del reconocimiento de las
«prestaciones ejecutadas» en los términos del artículo 48 de la Ley 80 de 1993, que
sustentó en la presunta acreditación del cumplimiento del objeto contractual y del
beneficio que la ejecución de la prestación pactada reportó al ente territorial, tal y
como lo demuestra «el inventario en medio magnético y todos los beneficios
públicos, económicos, políticos y sociales relacionados en las adendas; así como
de la legalización de predios».

57. En atención a lo anterior, la sentencia dictada por la Subsección B de la
Sección Tercera de esta corporación, cuestionada mediante el presente recurso
extraordinario de revisión, expuso en relación con la nulidad por objeto ilícito que,
según la jurisprudencia reiterada, las prórrogas automáticas en los contratos
estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública son nulas por regla general, tanto en vigencia del Decreto 222 de 1983,
como bajo la vigencia de la Ley 80 de 1993». Sobre el particular, expuso lo siguiente:

En primer lugar, como lo advirtió el Tribunal, en este caso existe una prórroga
automática sin una expresa habilitación legal para ello. En segundo lugar, en
Colombia existe un mercado de servicios inmobiliarios que se vería clausurado en
caso de que se autorizaran prórrogas automáticas en este tipo de contrato (…) En
tercer lugar, el tipo contractual de prestación de servicios tiene una regla expresa
en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública [según la cual],

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“se celebrarán por el término estrictamente indispensable”, lo que para la Sala está
en perfecta contradicción con el contenido de las prórrogas automáticas.

Por los motivos recién referidos, la Sala confirmará la decisión del Tribunal en punto
de la nulidad absoluta parcial de la cláusula novena en lo relativo a la prórroga
automática.

En consecuencia, la fecha de terminación del contrato fue el 21 de febrero de 2003.
En esa medida, acertó el juzgador de instancia cuando decretó la caducidad (…)

Igualmente, es acertada la decisión de no decretar restituciones mutuas a favor del
demandante. No obstante, para la Sala, la razón de ello se deriva de que, para todos
los efectos legales, el contrato fue válido y solamente se declaró la nulidad de una
de sus cláusulas. El aparte nulo se relacionaba con el término, por lo que no había
lugar a estudiar las restituciones mutuas. Labor que sí hubiera tenido que
emprenderse en caso de que se hubiera declarado la nulidad de todo el negocio
jurídico, o de una cláusula con obligaciones recíprocas y ejecutadas por las partes.

Finalmente, la Sala pone de presente que el recurrente no apeló lo relativo a la
nulidad de los otrosíes 3 y 4, ni las restituciones mutuas que hubiesen podido
resultar de ellos, por lo cual la Sala no se pronunciará sobre el punto.

58. La confrontación de los argumentos expuestos en el recurso de apelación
con las razones que cimentaron la decisión objeto de revisión y los fundamentos
que sustentan la causal relativa a la existencia de nulidad originada en la sentencia
evidencian la coincidencia de los motivos de inconformidad expresados por la unión
temporal, tanto en el proceso de controversias contractuales como en el curso del
trámite extraordinario, dado que en uno y otro el sustento principal de reproche
consistió en la supuesta improcedencia de la declaratoria de nulidad del apartado
de la cláusula novena que al estipular el término del contrato por el periodo de un
año incluyó una prórroga automática, tema frente al cual la Sección Tercera ha
considerado lo siguiente35:

[T]al como lo ha señalado esta Corporación en reiteradas oportunidades, salvo en
aquellos casos expresamente autorizados por la ley, por regla general las prórrogas
automáticas plasmadas en los contratos estatales son ilegales por cuanto, por un
lado, no existe norma expresa que establezca la facultad de estipular este tipo de
cláusulas a favor de un determinado contratista y, por otro, dicha estipulación se
encuentra en contravía de los principios generales que rigen las actuaciones
contractuales de las entidades estatales, particularmente los de libre concurrencia,
igualdad, imparcialidad, prevalencia del interés general y transparencia consagrados
en los artículos 1, 2, 13 y 209 de la Constitución Nacional y 24 y 25 de la Ley 80 de
199336.

A su vez, en punto al objeto ilícito como causal de nulidad absoluta el artículo 1519
del Código Civil dispone que “hay objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho
público de la nación…”, de tal suerte que toda violación a un mandato imperativo
constituye un vicio que genera nulidad absoluta, salvo que de modo expreso la norma
establezca una sanción distinta.

35 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 5 de marzo de 2021, expediente 2012-

00171-01 (62250).
36 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 26 de febrero de 2015. Expediente 30834.

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Ahora bien, las normas imperativas no son solamente aquellas que prohíben sino
también las que ordenan, por lo que el quebranto del orden público se presenta tanto
cuando se violan normas que establecen prohibiciones como cuando no se observan
o se desatienden normas que ordenan37, eventos todos estos en los cuales se
produce nulidad absoluta por objeto ilícito.
(…)
En el sub examine se tiene que la prescripción extintiva, cuyo término es de 10 años
acorde con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 791 de 2002, norma vigente para
el momento en que se celebró el convenio del 25 de noviembre de 2005, se vio
interrumpida el 19 de junio de 2012 con la presentación de la demanda (…) Así las
cosas, habiéndose establecido la nulidad absoluta de la cláusula octava del convenio
celebrado el 25 de noviembre de 2005, la Sala procederá de oficio a declararla, de
conformidad con el deber-facultad consagrado en los artículos 45 de la Ley 80 de
1993, 1742 del Código Civil y 87 del C.C.A., no sin antes advertir que el resto del
clausulado del convenio se mantendrá incólume (…)

59. Por otra parte, respecto a la equiparación que hace el recurrente entre las
restituciones mutuas derivadas de la declaración de nulidad y las prestaciones
ejecutadas en virtud de las prórrogas automáticas, es del caso precisar que la
sentencia de primera instancia afirmó que, si bien se aportaron oficios «con
posterioridad a la terminación del plazo contractual que ―prima facie― serían
indicativos de que se siguieron ejecutando las prestaciones contractuales», lo cierto

37 Sobre la nulidad absoluta por objeto ilícito y la violación de normas prohibitivas e imperativas, enseña el

tratadista Luis Claro Solar, lo siguiente:
“Para la validez de la declaración de voluntad no basta que su objeto sea posible, cierto y determinado y
comerciable; se requiere además que sea lícito. Objeto lícito es el que se conforma con la ley, es reconocido
por ella y lo protege y ampara.
Sabemos que las leyes constituyen limitaciones de la libertad individual, necesarias para la vida del hombre en
sociedad; y según la importancia de la materia sobre la cual recaen, los preceptos legales toman diversas formas
que dan a los mandatos del legislador efectos diversos y mayor o menor energía.
Las leyes son: imperativas, que también se llaman preceptivas, que imponen la ejecución de un precepto como
necesario al mantenimiento de ciertas instituciones y del orden social; prohibitivas, que prohíben la ejecución
de un hecho o de un acto jurídico, como contrario a la estabilidad social; y permisivas, a que se da también el
nombre de declarativas, que simplemente reconocen los derechos de los individuos. Las imperativas y las
prohibitivas se dirigen a la voluntad del hombre principalmente y constituyen para él mandatos autorizados de
que no puede ni debe desentenderse, porque el legislador exige su observancia como una necesidad del
mantenimiento del orden social y del respeto de los derechos de los ciudadanos; las leyes permisivas, como
simplemente declarativas que son, no se dirigen directamente a la voluntad del hombre, sino más bien a su
inteligencia para indicarle las condiciones necesarias a una figura jurídica para su validez y su correcto
funcionamiento, teniendo en cuenta los derechos e intereses privados en juego. Por lo mismo la observancia
de estas leyes no es rigurosamente exigida y los derechos que de ella se derivan pueden ser renunciados, si
no se ha prohibido por el legislador especialmente la renuncia.
Sucede todo lo contrario con las leyes imperativas y especialmente con las leyes prohibitivas, que establecen
normas que el nombre no debe olvidar para no incurrir en nulidad y en pena, si la violación de una de estas
leyes se descubre. Las leyes imperativas acentúan la voluntad del legislador que quiere que las cosas se hagan
como él lo entiende en beneficio de la generalidad y para asegurar el orden social y público. Las leyes
prohibitivas revelan el propósito del legislador de asegurar el funcionamiento de todos los intereses legítimos y
de velar por el mantenimiento de las buenas costumbres y de la justicia y equidad en los tratos de los
particulares.
Estas dos clases de leyes deben ser cuidadosamente observadas y como el legislador no puede prestar su
protección a quien desconoce y viola sus preceptos imperativos de orden público o prohibitivos, la sanción de
su violación es la nulidad del acto ejecutado en contravención a dichas leyes; salvo que en la ley misma designe
otro efecto que el de la nulidad para el caso de contravención”. (Explicaciones de Derecho Civil Chileno y
Comparado, Luis Claro Solar, Tomo Undécimo, De las Obligaciones II, Págs. 264 y 265).
Por su parte, sobre los conceptos de orden público negativo y positivo, el tratadista Fernando Hinestrosa señala:
“Orden público negativo y positivo:
El orden público se expresa en prohibiciones, manifiesto ante todo en el orden público tradicional, primeramente
orden público político, es de natural negativo: ‘no se puede’, ‘está prohibido’. Para sus propios fines basta dicho
procedimiento. Pero cuando el Estado resuelve proteger, comienza a utilizar la fórmula de la imposición de
contenido, que culmina con el orden público de dirección de carácter positivo: ‘debe hacer’”. (Tratado de las
Obligaciones II de las fuentes de las obligaciones: el negocio jurídico vol. I, Fernando Hinestrosa, Universidad
Externado de Colombia, Págs. 355 y 356)

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es que existen dos razones que impiden ese reconocimiento. Primero, porque
resulta materialmente imposible retrotraer el contrato de asesoría, operación y
gestión de negocios, y la entidad devolver lo pagado «con posterioridad al
vencimiento del plazo contractual, de lo cual, dicho sea de paso, no hay prueba
alguna en el plenario». Segundo, porque no existe prueba que acredite que el ente
territorial se hubiera beneficiado «por prestaciones [ejecutadas] con posterioridad al
vencimiento del plazo contractual».

60. En línea con lo anterior, la sentencia cuestionada en este trámite procesal
precisó que el aparte de la cláusula novena relacionado con la prórroga automática,
declarado nulo por objeto ilícito, no afectó la validez del contrato, por tanto, «no
había lugar a estudiar las restituciones mutuas, labor que sí hubiera tenido que
emprenderse en caso de que se hubiera declarado la nulidad de todo el negocio
jurídico (…) Finalmente, la Sala pone de presente que el recurrente no apeló lo
relativo a la nulidad de los otrosíes 3 y 4, ni las restituciones mutuas que hubieren
podido resultar de ellos».

61. Lo expuesto en precedencia demuestra que la sentencia objeto de revisión
hizo una apreciación razonada de la validez de las prórrogas automáticas previstas
tanto en el apartado final de la cláusula novena, que previó el plazo contractual,
como en los otrosíes, en ejercicio de la potestad que la norma procesal le confiere
al juez para declarar de oficio la nulidad absoluta del contrato o de alguna de sus
cláusulas, «cuando esté plenamente demostrada en el proceso, siempre y cuando
en él hayan intervenido las partes contratantes o sus causahabientes»38.

62. Además, precisó que no había lugar a restituciones mutuas para ubicar a las
partes en el «mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o
contrato nulo», porque en este caso el negocio jurídico fue válido. En cuanto a las
restituciones mutuas y las prestaciones ejecutadas, la jurisprudencia de la Sección
Tercera de esta corporación ha señalado lo siguiente:

Con la orden de restituciones mutuas derivada de la decisión de invalidar un negocio
jurídico39, afincada en el principio de equidad y en evitar el enriquecimiento sin justa
causa40, se busca regresar, hasta donde resulte posible, al estado de cosas anterior
a la celebración del contrato, como si este nunca hubiese surgido a la vida jurídica.
Ahora, tal como lo ha precisado la jurisprudencia41, el efecto jurídico de la declaración
de nulidad absoluta por objeto ilícito de los contratos regidos por el EGCAP difiere de
los señalados para los contratos civiles42, que se rige por lo dispuesto en el artículo
48 de la Ley 80 de 1993 (…)

38 CPACA, artículo 141.
39 Código Civil, artículo 1746: «La nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada, da a

las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o
contrato nulo; sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto o causa ilícita. // En las restituciones mutuas que
hayan de hacerse los contratantes en virtud de este pronunciamiento, será cada cual responsable de la pérdida
de las especies o de su deterioro, de los intereses y frutos, y del abono de las mejoras necesarias, útiles o
voluptuarias, tomándose en consideración los casos fortuitos, y la posesión de buena fe o mala fe de las partes;
todo ello según las reglas generales y sin perjuicio de lo dispuesto en el siguiente artículo».
40
Ver, entre otras: Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 17 de julio de 1990.
41 Sentencia del 15 de octubre de 2020, ya citada. Aptdo. 4.8.
42 En ese marco jurídico, se aplica el artículo 1525 del Código Civil: “No podrá repetirse lo que se haya dado o

pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas”.

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Esta Colegiatura ha comprendido que las restituciones de las prestaciones ejecutadas
y no reconocidas exige, dentro de este marco jurídico, la demostración de dos
aspectos: uno “cualitativo, esto es, que haya significado un beneficio representado en
la satisfacción de un interés público, y sin el cual no habrá lugar a decisión alguna en
este sentido43; y otro cuantitativo, en tanto la declaración de restituir lo ejecutado debe
ir hasta el monto efectivamente acreditado”44.

63. En este orden, resulta evidente que las razones del recurrente no encuadran
en la causal de revisión extraordinaria relativa a la existencia de nulidad originada
en la sentencia, porque la decisión fue sustentada en la facultad que el artículo 141
del CPACA le confiere al juez contencioso para declarar de oficio la nulidad absoluta
del contrato o de sus adiciones cuando la encuentre plenamente demostrada.
Asimismo, la denegación de las prestaciones ejecutadas se sustentó en la ausencia
de acreditación de los presupuestos de procedencia previstos en el artículo 48 de
la Ley 80 de 1993, por no encontrarse acreditado el beneficio para la entidad
territorial contratante y porque la unión temporal «no apeló lo relativo a la nulidad de
los otrosíes 3 y 4, ni las restituciones mutuas que hubieren podido resultar de ellos».

64. En resumen, las empresas que conformaron la unión temporal más que
acreditar alguno de los supuestos que la jurisprudencia de la corporación ha
establecido para la configuración de la causal prevista en el numeral quinto del
artículo 250 del CPACA, lo que hacen es cuestionar la declaración de nulidad de las
prórrogas automáticas del contrato de prestación de servicios de «asesoría y
reorganización, operación, gestión de negocios y explotación de la propiedad
inmobiliaria del municipio de Riohacha», y la negativa de restituciones mutuas en
atención a que el «contrato fue válido y solamente se declaró la nulidad de una de
sus cláusulas», cuestionamientos que revelan el propósito de lograr una nueva
instancia para debatir los asuntos que fueron analizados en el trámite procesal que
culminó con la sentencia cuestionada y presentar nuevos argumentos como el
relacionado con el supuesto reemplazo indebido de una instancia administrativa por
una judicial.

65. Es claro que el recurrente fundó el mecanismo extraordinario en razones que
pretenden reabrir el debate concluido por medio de una sentencia ejecutoriada para
que se acoja la apreciación que considera adecuada. En este contexto, es oportuno
reiterar que la naturaleza excepcional y restrictiva de las causales de procedencia
del recurso extraordinario de revisión, como excepción al principio de cosa juzgada

43
“… en materia de contratación del Estado, para que haya lugar al reconocimiento y pago de las prestaciones
derivadas de un contrato nulo por objeto o causa ilícita es indispensable que las prestaciones cumplidas hayan
servido para satisfacer el interés público pues solo en esta medida se puede entender que la entidad estatal se
ha beneficiado, como lo prevé el citado artículo 48 de la Ley 80 de 1993 en su inciso final. // Luego, si el interés
público no se ha satisfecho en alguna medida, no habrá lugar a ningún reconocimiento o pago y ello ocurriría,
por ejemplo, cuando en un contrato que es nulo por ilicitud de su objeto o de su causa, la obra contratada no se
ha ejecutado total o parcialmente y de tal manera que el interés público se haya satisfecho en esa misma medida
en virtud de que el servicio público finalmente se prestó en alguna proporción. // En conclusión, declarada la
nulidad del contrato habrá lugar a las restituciones mutuas, aunque, por supuesto, cuando nada se ha dado o
pagado en razón del contrato nulo, no hay lugar a considerar y a resolver sobre las eventuales restituciones
mutuas.” (Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección C.
Sentencia del 9 de febrero de 2017. Rad. 85001-23-33-000-2013-00221-01(52805), reiterada en sentencia del
23 de octubre de 2017. Rad. 73001-23-33-000-2013-00468-01(53477)) (cita núm. 45 original de la sentencia)
44 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección C. Sentencia del

15 de octubre de 2020. Rad. 25000-23-26-000-2010-00277-01(48242).

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en los términos del artículo 250 del CPACA, descarta el ejercicio de este mecanismo
para reiterar los reparos o inconformidades presentadas en el proceso ordinario a
modo de tercera instancia.

66. Por tanto, el recurso extraordinario de revisión sustentado en la causal de
nulidad originada en la sentencia resulta infundado, toda vez que los argumentos
que la soportaron no encajan en ninguno de los supuestos que, con carácter
excepcional, la jurisprudencia ha considerado como vicios que pueden afectar la
legalidad y justicia de la decisión, siempre y cuando se originen en el mismo fallo o
que habiendo acontecido esta circunstancia en el transcurso del proceso, no
pudieron alegarse por la parte recurrente. Lo anterior, por cuanto es necesario
impedir que a través de esta causal se revivan los términos y las oportunidades
procesales que tuvieron las partes para debatir el vicio correspondiente y con ello,
reabrir la instancia, lo cual es ajeno a la naturaleza y finalidad de este recurso
extraordinario45.

67. Tampoco plantea una genuina discusión sobre la vulneración del debido
proceso ya que, en realidad, se dirigen a atacar la motivación de la sentencia
proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado. Más aún porque los reparos
del recurrente replican los argumentos del recurso de apelación, a pesar de que la
nulidad absoluta de la cláusula de prórroga automática estuvo debidamente
motivada y la negativa de las restituciones mutuas se sustentó en la falta de prueba
del beneficio del ente territorial.

68. En consecuencia, la Sala declarará infundado el recurso extraordinario de
revisión interpuesto por las empresas integrantes de la Unión Temporal Propiedad
Inmobiliaria del Municipio de Riohacha, contra la sentencia proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado el 30 de marzo de 2022,
que confirmó la decisión dictada por el Tribunal Administrativo de La Guajira el 13
de marzo de 2019, la cual: (i) declaró la nulidad por objeto ilícito del apartado de la
cláusula novena del contrato de prestación de servicios de asesoría, relacionada
con la prórroga automática, así como de los otrosíes 3 y 4 que preveían igual
estipulación; (ii) se abstuvo de ordenar restituciones mutuas y (iii) declaró probada
la excepción de caducidad del medio de control de controversias contractuales.

3.6. Costas

69. El artículo 255 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021 vigente al
momento de interposición del recurso extraordinario de revisión, precisa que en los
eventos en los que se declare infundado dicho mecanismo se condenará en costas
y perjuicios al recurrente. Con el propósito de determinar la procedencia de esta
condena, la Sala aplicará la norma procesal general que resulta aplicable por
expresa remisión de los artículos 188 y 306 del CPACA, al no prever dicha normativa
los parámetros para la procedencia y liquidación de las costas.

45 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 19 de septiembre de 2023,

expediente 2020-03585-00 RER (PI).

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70. En lo relativo a la condena, es del caso precisar que, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 361 del CGP, las costas están integradas por los gastos
procesales y las agencias en derecho, y solo hay lugar a su imposición «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación» 46, las
cuales, en virtud del numeral 4 del artículo 366 de la misma normativa, se deben
fijar con observancia de las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la
Judicatura47. Así, la condena en costas se soporta en un criterio objetivo valorativo.

71. En atención a lo anterior, la Sala observa que en este caso no procede su
imposición por los componentes de expensas y gastos procesales, porque no
aparece demostrado en el expediente que la parte convocada hubiera incurrido en
pagos por esos conceptos. Tampoco procede el reconocimiento de costas por el
componente de agencias en derecho, porque no se encuentra acreditado que el
distrito de Riohacha, convocado a este trámite judicial, hubiera presentado escrito
de oposición al recurso extraordinario de revisión ni ejercido el derecho de defensa
y contradicción.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Dos Especial de Decisión, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA:

Primero. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por
las empresa Observatorio de Coyuntura Económica, Política, Ambiental y Social
Limitada y Tecniestudios del Caribe Ltda., que conformaban la Unión Temporal
Propiedad Inmobiliaria del Municipio de Riohacha, contra la sentencia proferida por
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 30 de marzo de
2022, que confirmó la sentencia apelada dictada por el Tribunal Administrativo de
La Guajira el 13 de marzo de 2019, en el proceso de controversias contractuales
radicado bajo el número 44001-23-33-000-2016-00051-01 (64411).

46 CGP, artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que

haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos
especiales previstos en este código. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que
dio lugar a aquella. (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en
la medida de su comprobación.
CGP, artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en
el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la
providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con
sujeción a las siguientes reglas: (…) 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que
establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un
máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el
apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que
pueda exceder el máximo de dichas tarifas.”.
47 Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016. Artículo 2. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho

el funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este
acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó
personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha
actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los
referidos límites.
Artículo 5. Las tarifas de agencias en derecho son: (…) 9. Recursos extraordinarios. Entre 1 y 20 SMMLV.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02143-00 (3356)
Recurrente: Unión Temporal Propiedad Inmobiliaria del Municipio de Riohacha
Convocado: Distrito de Riohacha

Segundo. Sin condena en costas por las razones expuestas.

Tercero. Archivar el expediente de la referencia, una vez realizadas las
anotaciones pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial, Samai.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Presidenta de la Sala

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Magistrado Magistrado

Aclara voto Salva parcialmente el voto
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Magistrado Magistrada

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx .

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