Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 44001-23-33-000-2016-00051-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 44001-23-33-000-2016-00051-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 44001-23-33-000-2016-00051-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
30 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 30 de marzo de 2022
Radicación: 44001-23-33-000-2016-00051-01 (64411)
Demandante: unión temporal Propiedad Inmobiliaria del
Municipio de Riohacha
Demandado: Distrito de Riohacha
Referencia: controversias contractuales
Temas: prórroga automática- nulidad absoluta - nulidad del contenido - caducidad
Síntesis: un contratista solicitó que se convalidaran los acuerdos a que llegaron las partes en
13 actas de liquidación y que se liquidara el contrato. La cláusula de prórroga automática
es nula y, por lo tanto, las pretensiones habían caducado.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
en contra de la Sentencia proferida el 13 de marzo de 2019 por el Tribunal
Administrativo de la Guajira, en la cual se declaró la nulidad absoluta de
una cláusula que contenía una prórroga automática, y de 2 otrosíes, se
declaró la excepción de caducidad y se negaron las pretensiones1.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada.
1.3. Sentencia de primera instancia. 1.4. Recursos de apelación.
1.1. Posición de la parte demandante
1. La unión temporal Propiedad Inmobiliaria del Municipio de Riohacha
presentó demanda2, en ejercicio del medio de control de controversias
contractuales, en contra del municipio de Riohacha, con las siguientes
pretensiones (se trascribe):
Primera Pretensión: Que se convaliden los acuerdos a que se llegaron en
las trece (13) reuniones de liquidación en sede administrativa,
consignadas por escrito en las trece (13) Actas de Liquidación firmadas
por funcionarios competentes de la Alcaldía Mayor de Riohacha y
directivos de la Unión Temporal Propiedad inmobiliaria del Municipio de
1 El Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto, en virtud del recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante en un proceso con vocación de segunda instancia ante esta Corporación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA).
2 El 2 de marzo de 2016 F. 1-4 del cuaderno 20.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 44001-23-33-000-2016-0051-01 (64411)
Demandante: Observatorio de coyuntura económica
y política ambiental y social LTDA y
Otros
Demandado: Distrito de Riohacha
Referencia: controversias contractuales
Decisión: confirma la Sentencia
Riohacha, integrantes de las empresas que la conforman; y que estos
acuerdos sean punto de partida para establecer las declaraciones y
condenas que liquiden definitivamente el Contrato de Prestación de
Servicios No. 0015 de 2.002 en sede judicial.
Segunda Pretensión: Que se declare el incumplimiento del Contratante,
Municipio de Riohacha, en elaborar el Acta de Liquidación Final a que
se obligó desde el 19 de Enero de 2.006, y que el no hacerlo, hizo que
deviniera la caducidad legal e incompetencia del Municipio de
Riohacha para presentar en sede administrativa el balance final y poder
extinguir definitivamente la relación contractual.
Tercera Pretensión: Que se realice en sede judicial la liquidación del
Contrato de Prestación de Servicios número 0015 del 2002 suscrito entre
el Municipio de Riohacha la Unión Temporal Propiedad Inmobiliaria del
Municipio de Riohacha, compuesta por las personas jurídicas
Observatorio de Coyuntura Económica, Política, Ambiental y Social
Limitada, y Tecniestudios del Caribe Limitada, y que como resultado de
ello, se establezcan las obligaciones dinerarias a que haya lugar, de
acuerdo al contenido de las cláusulas contractuales y de la ley,
equivalente al daño emergente por incumplimiento del contrato -
capital pendiente de pago en la suma debida y no pagada de nueve
mil doscientos cuarenta y nueve millones doscientos noventa y dos mil
ciento cincuenta y cinco pesos, discriminados así:
Cuarta Pretensión: Que sobre el valor adeudado relacionado
anteriormente, se condene al Distrito Turístico y Cultural de Riohacha,
antes Municipio de Riohacha, a reconocer y pagar el capital
actualizado más los intereses moratorios causados sobre el capital -
daño emergente por incumplimiento de contrato, desde su fecha de
causación [01-08-2.004] hasta cuando se haga efectivo el pago, de
acuerdo a la siguiente relación estimada a 31-12-2.015 (artículos 192 y
195 del CPACA)
(…)
Valor de la deuda actualizada a 31-12-2.015: (…) ($34.987.285.992)
Quinta Pretensión: Que se declaren perjuicios morales y emocionales
demostrados con acreditada existencia y magnitud, producidos a los
ciudadanos LEODEGAR LORENZO SEGUNDO ROIS REINA, BENJAMÍN
ESPELETA MAESTRE y SOLEIL ROYS COTES, socios de las empresas
demandantes, debido a los hechos que dan fundamento a esta
controversia contractual, y que los Honorables Magistrados,
"manteniendo la libertad probatoria, han de utilizar su prudente arbitrio
para tasar los perjuicios morales, en el marco de la equidad y la
reparación integral." (Corte Constitucional, Sentencia T-169/13).
Sexta Pretensión: Que se condene al demandado, Municipio de
Riohacha, hoy Distrito Turístico y Cultural de Riohacha al pago de los
gastos, costas y agencia en derecho en los términos del artículo 188 del
CPACA, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 16 de la ley 446
de 1.998 y los criterios de aplicación del artículo 199 del Decreto 2282 de
1.989; esto es, las tarifas establecidas para este tipo de proceso a cuota
Litis en lo atinente a las agencias en derecho y dentro de los lineamientos
expuestos en la sentencia C-539 de julio 28 de 1.999 de la Honorable
Corte Constitucional.
Séptima Pretensión: Que la entidad demandada pagará a los aquí
demandantes la totalidad de los daños y perjuicios de todo orden cuya
existencia emerja de este asunto sin limitaciones de ninguna índole, tal
y como lo ordena el artículo 16 de la ley 446 de 1.998, que a la letra dice:
"Dentro de cualquier proceso que se surta ante la administración de
justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas,
atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los
criterios técnicos actuariales".
2. La parte demandante basó sus pretensiones, en síntesis, en los siguientes
hechos:
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Demandante: Observatorio de coyuntura económica
y política ambiental y social LTDA y
Otros
Demandado: Distrito de Riohacha
Referencia: controversias contractuales
Decisión: confirma la Sentencia
3. 1) La Unión Temporal Propiedad Inmobiliaria del Municipio de Riohacha y
el municipio de Riohacha celebraron, el 21 de febrero de 2002, el contrato
de prestación de servicios 15 de 2002, cuyo objeto era la “Asesoría y
dirección en la reorganización, operación, gestión de negocios y
explotación de la propiedad inmobiliaria del Municipio de Riohacha”. El
contrato tenía un término de 1 año contado a partir de su suscripción, “no
obstante, si no hubiese objeción alguna sobre la ejecución del contrato,
manifestada quince (15) días antes del vencimiento, se entenderá
prorrogado automáticamente por ocho (8) meses más al término del primer
año”.
4. 2) La Unión recibiría como remuneración una suma porcentual por
comisión, del 12% por venta de los lotes a personas naturales o jurídicas; así
como diferentes porcentajes por comisión variables entre el 5% y el 25% a
favor del contratista que dependían del tipo de operación realizada con los
bienes.
5. 3) Para el demandante, el Contrato se ejecutó entre el 21 de febrero de
2002 y el 31 de marzo de 2004. En la cláusula cuarta del otrosí 3, las partes
acordaron que “la duración del presente contrato dependerá
directamente de la sentencia en última instancia que se profiera sobre los
negocios que se inicien dentro de los seis (6) meses siguientes contados a
partir de la firma del presente otrosí”. En la cláusula primera del Otrosí 4, se
acordó que “la duración del presente contrato dependerá directamente
de la sentencia en última instancia que se profiera sobre los negocios
jurídicos que busquen la reafirmación o recuperación de la propiedad
inmobiliaria o de la finalización de cualquier gestión administrativa”.
6. 3) Durante el tiempo de ejecución, el contratista cumplió con sus
obligaciones derivadas del contrato y entregó la valoración e inventario de
los predios.
7. 4) La contratante ha incumplido el contrato al no pagar lo que
contractualmente le corresponde al contratista. Por ejemplo, mediante
Escritura Pública 1139 de diciembre de 2007 hizo una venta de un bien por
un valor de $3.899.575.742, transacción sobre la cual no ha pagado la
comisión.
8. 5) A partir del 31 de marzo de 2004, una nueva administración municipal
no permitió al contratista acceder a las oficinas donde venía funcionando,
ubicadas en el Centro Administrativo Municipal.
9. 6) El Municipio, el 23 de abril de 2004, celebró un contrato con un tercero
con el mismo objeto contractual que el que dio origen a este litigio.
10. 7) Las partes intentaron liquidar de mutuo acuerdo el contrato. Hubo 13
reuniones y 13 actas de liquidación. Sin embargo, nunca se elaboró el acta
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Demandante: Observatorio de coyuntura económica
y política ambiental y social LTDA y
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Demandado: Distrito de Riohacha
Referencia: controversias contractuales
Decisión: confirma la Sentencia
final de liquidación. Este periodo trascurrió del 4 de junio de 2004 al 4 de
agosto de 2006.
11. 8) El 4 de agosto de 2006 el contratista demandó solicitando la
liquidación judicial. No obstante, el Consejo de Estado, el 14 de agosto de
2014, declaró la falta de jurisdicción y competencia, ya que el contrato
contenía una cláusula compromisoria.
12. 9) El 23 de diciembre de 2014, el demandante formuló sus pretensiones
ante un Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de la Guajira. El 11
de septiembre de 2015 el Tribunal declaró concluidas sus funciones, pues el
Municipio no consignó los honorarios de los árbitros.
1.2. Posición de la parte demandada
13. El Distrito de Riohacha contestó la demanda3, en la cual solicitó que se
negaran las pretensiones. En síntesis, sostuvo que:
14. Algunos hechos eran ciertos. Las partes habían intentado liquidar el
contrato en múltiples oportunidades, pero esto fue imposible, debido a que
el contratista no pudo acreditar haber cumplido con las obligaciones
derivadas del contrato.
15. La parte demandante no podría demostrar, como no pudo durante los
intentos de liquidación en sede administrativa, que había cumplido con sus
obligaciones.
1.3. Sentencia de primera instancia
16. El 13 de marzo de 2019, el Tribunal Administrativo de la Guajira, profirió
Sentencia4, en la cual declaró la nulidad absoluta de una cláusula que
contenía una prórroga automática, y de 2 otrosíes, se declaró la excepción
de caducidad y se negaron las pretensiones. La decisión fue adoptada, en
síntesis, con base en los siguientes argumentos:
17. La prórroga automática contenida en la cláusula novena del contrato
de prestación de servicios es nula por objeto ilícito, debido a que
contraviene “los principios democráticos de libre concurrencia, igualdad,
imparcialidad, prevalencia del interés general y transparencia contenidos
en la Constitución”. Luego, al tenor de lo normado por los artículos 1519 y
1523 del Código Civil, hay objeto ilícito cuando se contraviene el derecho
público.
18. Existe una extensa línea jurisprudencial del Consejo de Estado sobre la
materia que sostiene que “ese tipo de cláusulas se encuentran prohibidas
en el régimen de contratación estatal, por cuanto, (i) da lugar a un derecho
3 El 26 de mayo de 2017, F.342-352 del cuaderno 2.
4 F. 835-851 del cuaderno principal.
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Referencia: controversias contractuales
Decisión: confirma la Sentencia
de permanencia indefinida de la relación contractual en contravía de las
exigencias de igualdad, moralidad, eficiencia, y economía, (ii) se aparta de
los principios y fines de la contratación estatal desarrollados por la ley 80 de
1993, (iii) no cuenta con la idoneidad de un contrato estatal, en tanto la
prórroga se produciría careciendo del documento escrito que se exige
como formalidad esencial del contrato estatal, en consonancia con lo
prescrito en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993”.
19. Los principios constitucionales impiden también las prórrogas
automáticas, de hecho, ello puede sustentarse con base en la Sentencia C-
300 de 2012, proferida por la Corte Constitucional.
20. Lo anterior es especialmente cierto para el contrato de prestación de
servicios que, según la Ley 80 de 1993, solamente puede celebrarse por el
tiempo estrictamente indispensable “lo que le otorga una naturaleza
eminentemente temporal, de tal manera que resulta lógico que su duración
sea por un tiempo limitado, expresamente pactado por las partes, sin que
sea dable incluir una cláusula de prórroga automática”.
21. Se trataba de una nulidad absoluta parcial, ya que solo impactaba
parte de la cláusula 9, y no toda ella, ni tampoco “tendría la virtualidad de
afectar todo el contrato”.
22. “Según lo acordado por las partes en el aparte de la cláusula novena
del contrato que se deja a salvo, el contrato finalizó, por vencimiento del
plazo, el 21 de febrero de 2003”.
23. El otrosí 3 “debe entenderse celebrado por fuera del plazo contractual,
como quiera que este se produjo el 10 de abril de 2003” (…) “por lo cual no
es válida la prórroga”.
24. Por lo anterior, los otrosíes 3 y 4 son “absolutamente nulos por objeto
ilícito, al producirse por fuera del plazo contractual, en contravía de los
precitados principios de libre concurrencia, igualdad, imparcialidad,
prevalencia del interés general y transparencia”.
25. Establecido, como estaba, que el contrato terminó el 21 de febrero de
2003, la caducidad había operado. En el primer evento, y tomando en
cuenta la primera demanda de 4 de agosto de 2006, en este proceso el
Consejo de Estado anuló por falta de jurisdicción todo lo actuado, la
caducidad, de conformidad con el CCA, habría operado el 21 de agosto
de 2005. Lo mismo ocurriría si se tiene en cuenta el Tribunal Arbitral, que
declaró concluidas sus funciones en septiembre de 2015, pues la acción ya
había caducado para ese momento. Todo lo anterior, pues ninguna de las
demandas interrumpió el término antes de que operara la caducidad, el 21
de agosto de 2005.
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26. Luego de esto, el Tribunal procedió a calcular las restituciones mutuas
derivadas de la declaratoria de nulidad, pero le fue imposible por ausencia
de pruebas, ya que no era posible observar la manera en que se había
beneficiado el Distrito.
1.4. Recursos de apelación
27. La parte demandante presentó recurso de apelación5 en contra de la
Sentencia de primera instancia, en resumen, con base en las siguientes
razones de inconformidad:
28. “[A]rgumentar el despacho y sostener como tesis que existe «objeto
ilícito del aparte de la cláusula novena del contrato de prestación de
servicios 15 de 2002», se distancia de lo expresado en los artículos 1524 y 1519
del Código Civil, y mucho más del artículo 1517 de la misma obra, sobre la
base que edifican las tres normas enunciadas, a saber: primero, porque en
su generalidad dicho contrato de prestación de servicios no está prohibido
por las leyes (1523); segundo, el objeto de dicho contrato acordado en la
cláusula primera no contraviene el derecho público de la nación (1519); y
tercero, en la declaración de voluntad de las partes contenida en una o
más cosas del objeto que se trató de hacer y se hizo (cláusula primera), no
se ha demostrado que exista una declaración ilícita(1517)”.
29. Luego de citar la cláusula denominada “objeto del contrato”, el
recurrente señaló que “nada de lo acordado por las partes en el objeto
anteriormente relacionado contraviene el derecho público de la nación,
para que se le pueda aplicar molestamente el artículo 1519 del C.C.” (…)
“va contra la razón la aplicación irregular que del elemento lingüístico
«objeto ilícito» hace el despacho a un segmento de la Cláusula Novena del
mismo contrato, en razón a que el objeto contractual está contemplado en
la cláusula primera más no en la novena y querer encontrar otro objeto en
el mismo contrato, equivale a juzgarlo (…) no conforme al ordenamiento
jurídico”.
30. El Tribunal erró, ya que “en la cláusula novena no existe ningún trato de
dar, hacer o no hacer, lo que nos lleva a concluir entonces que el artículo
1517 del C.C. no aplica”, pues la cláusula novena no tenía objeto.
31. El objeto del contrato de prestación de servicios “no está prohibido por
la Ley, pues el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 permite su celebración”.
32. La cláusula novena no puede padecer de ilicitud en el objeto, pues “no
hay objeto”, luego “no podría el contrato, por substracción de materia violar
cualquier principio de los enumerados”, tales como la libre concurrencia, la
igualdad, la imparcialidad, la prevalencia del interés general, entre otros.
5 El 26 de abril de 2019, F. 872-888 del cuaderno principal.
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33. Incluso si se sostiene la nulidad, se deben ordenar las restituciones mutuas
de conformidad con lo indicado en la Ley y en la jurisprudencia. En el
expediente obran las pruebas para hacer este cálculo.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Análisis sustantivo. 2.2. Sobre la condena en costas.
2.1. Análisis del recurso
34. Le corresponde a la Sala decidir si es nulo el aparte de la cláusula
novena del contrato de prestación de servicios 15 de 2002, que contiene
una prórroga automática, y si, en consecuencia, operó la caducidad de las
pretensiones.
35. La jurisprudencia constitucional6, y la de esta jurisdicción, han sido claras
en determinar que la facultad de modificar los contratos estatales tiene
límites, incluso cuando dicha alteración proviene de los propios términos del
contrato, como es el caso de las cláusulas de prórroga automática.
36. Las prórrogas automáticas en los contratos estatales sometidos al
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública han dado
lugar a una estable línea jurisprudencial sostenida por las tres subsecciones
de la Sección Tercera del Consejo de Estado que las considera, por regla
general, nulas7, tanto en vigencia del Decreto 222 de 1983, como bajo la
vigencia de la Ley 80 de 1993.
37. No obstante, de manera reciente, esta Subsección consideró que la
nulidad de las prórrogas automáticas debía declararse con base en un
análisis del caso y, en particular, del contrato8.
38. La invalidez de las prórrogas automáticas tiene sustento legal y
constitucional, en la medida en que busca proteger principios tales como el
de libre competencia de los oferentes, la transparencia, el deber de
selección objetiva, entre otros. Resultaría inane tener un sistema de
contratación pública basado en la competencia entre oferentes y en la
transparencia, que se da en el marco de los procedimientos de selección; si
una vez adjudicados los contratos, estos pueden extenderse
indefinidamente, y al infinito, por la vía de las prórrogas o de las prórrogas
automáticas.
6 Corte Constitucional, sentencia C-949 de 2001; Corte Constitucional, sentencia C-300 de 2012 .
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 6 de julio
de 2020, Exp. 46071; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia de 6 de julio de 2020, Exp. 47120; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección A, sentencia de 21 de mayo de 2021, Exp. 49483; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 2 de julio de 2021, Exp. 60263; Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 5 de marzo de 2021, Exp. 62250
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 18 de
noviembre de 2021, Exp. 60581.
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39. Pese a ello, como lo ha reconocido la propia jurisprudencia que declara
su invalidez por regla general, en algunas ocasiones el ordenamiento jurídico
permite incluir prórrogas automáticas.
40. Los argumentos del recurrente, de carácter lingüístico más que jurídico,
parten de un desconocimiento fundamental de la teoría del negocio
jurídico y la normativa sobre los contratos en los estatutos civil, comercial, y
de contratación de la administración. El argumento del recurrente puede
resumirse en la siguiente frase: debido a que la cláusula novena no tiene
objeto, no puede declararse su nulidad por objeto ilícito.
41. Es cierto que el objeto y el contenido del contrato son,
conceptualmente, distintos. “El objeto es el interés dispuesto, el bien, el
esfuerzo, la situación, patrimonial o no, regulada mediante el ejercicio de la
autonomía, en tanto que el contenido es la forma misma de la disposición
en cuanto se vierte en cláusulas, términos, condiciones (Verbindungen)
generales o particulares (accidentali negotii)”9. Luego, es correcto que el
objeto de un contrato de prestación de servicios lo constituye el servicio
prestado, que tampoco se confunde con lo que las partes llaman objeto en
la cláusula rotulada bajo tal título; mientras que el clausulado, como la 9 del
contrato, son parte del contenido del negocio jurídico.
42. No obstante, parece desconocer por completo el apelante que (1) es
posible expulsar del ordenamiento las clausulas que contraríen normas de
derecho público; (2) el principio de conservación o salvación del contrato
exige anular solamente aquellas disposiciones contrarias a derecho, y dejar
indemnes las demás; (3) las normas del Código Civil equiparan la nulidad
del contenido del contrato con la nulidad por objeto ilícito. Muestra de ello
es que las normas sobre licitud del objeto no se agotan con los artículos 1519
y 1521, sino que incluyen, también, el artículo 1523 del Código Civil que
indica que hay objeto ilícito en todo contrato prohibido por las leyes.
También en el mismo sentido debe considerarse que no existe en ese
estatuto una norma que expresamente se refiera a la ilicitud de parte del
contenido.
43. Como consecuencia de la reglamentación del Código Civil sobre objeto
ilícito, dondequiera que, técnicamente, existe ilicitud del contenido de un
contrato, el juez ha declarado la ilicitud del objeto. Por lo tanto, no ha errado
esta corporación cuando ha declarado el objeto ilícito de las prórrogas
automáticas10, ni lo hizo tampoco el Tribunal, pues en uno y otro caso, dicha
manera particular de anular responde a la legislación civil vigente.
44. Sin embargo, este intento de precisión lingüística del apelante no
desdice de la ilicitud del aparte de la cláusula novena anulada por el
Tribunal. Se recuerda al recurrente que el Código de Comercio, artículo 899,
9 Fernando Hinestrosa, Tratado de las Obligaciones II, de las fuentes de las obligaciones: el negocio jurídico,
volumen 2, Universidad Externado de Colombia, 2015.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 21 de
mayo de 2021, Exp. 49483
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además de la ilicitud de causa y objeto, considera nulo absolutamente el
negocio jurídico “cuando contraría una norma imperativa, salvo que la ley
disponga otra cosa”. Luego, aún si no fueran suficientes las normas del
Código Civil para declarar la nulidad absoluta, por objeto ilícito, podría
también recurrirse al artículo 899 del Código de Comercio para declarar la
nulidad del contenido, pues ese artículo sobre la nulidad absoluta sí
distingue entre nulidad de objeto y de contenido del contrato.
45. Adicionalmente, para la Sala, en este caso, la disposición sobre la
prórroga automática sí resulta contraria a principios legales y
constitucionales y debe confirmarse su absoluta nulidad.
46. En primer lugar, como lo advirtió el Tribunal, en este caso existe una
prórroga automática sin una expresa habilitación legal para ello. En
segundo lugar, en Colombia existe un mercado de servicios inmobiliarios
que se vería clausurado en caso de que se aceptaran prórrogas
automáticas en este tipo de contrato, lo que resulta contrario al principio
constitucional de libre competencia e igualdad de condiciones en los
mercados. En tercer lugar, el tipo contractual de prestación de servicios
tiene una regla expresa en el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública “se celebrarán por el término estrictamente
indispensable”; lo que, para la Sala, está en perfecta contradicción con el
contenido de las prórrogas automáticas.
47. Por los motivos recién referidos, la Sala confirmará la decisión del Tribunal
en punto de la nulidad absoluta parcial de la cláusula novena en lo relativo
a la prórroga automática.
48. En consecuencia, la fecha de terminación del contrato fue el 21 de
febrero de 2003. En esa medida, acertó el juzgador de instancia cuando
decretó la caducidad del medio de control, pues incluso contado hasta el
momento de la presentación de la primera demanda, la caducidad ya
había operado.
49. Igualmente, es acertada la decisión de no decretar restituciones mutuas
a favor del demandante. No obstante, para la Sala, la razón de ello se deriva
de que, para todos los efectos legales, el contrato fue válido y solamente se
declaró la nulidad de una de sus cláusulas. El aparte nulo se relacionaba
con el término, por lo que no había lugar a estudiar las restituciones mutuas.
Labor que sí hubiera tenido que emprenderse en caso de que se hubiera
declarado la nulidad de todo el negocio jurídico, o de una cláusula con
obligaciones recíprocas y ejecutadas por las partes.
50. Finalmente, la Sala pone de presente que el recurrente no apeló lo
relativo a la nulidad de los otrosíes 3 y 4, ni las restituciones mutuas que
hubiesen podido resultar de ellos, por lo cual la Sala no se pronunciará sobre
el punto.
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Demandado: Distrito de Riohacha
Referencia: controversias contractuales
Decisión: confirma la Sentencia
2.2. Sobre la condena en costas
51. De conformidad con el artículo 188 del CPACA y el numeral 1 del
artículo 365 del CGP, se condenará en esta instancia en costas a la parte
demandante. En los términos del numeral 3.1.3. del artículo 6 del Acuerdo
1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura, se fija la suma de 1
salario mínimo por agencias en derecho. La anterior suma se impone, pues
el apoderado de la parte demandada no intervino en esta instancia.
3. DECISIÓN
52. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR, por las razones expuestas, la Sentencia proferida el
13 de marzo de 2019 por el Tribunal Administrativo de la Guajira.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la unión temporal Propiedad Inmobiliaria
del Municipio de Riohacha a favor del Distrito de Riohacha. Por Secretaría
del Tribunal, se ordena liquidar las costas, que incluirán la suma de 1 salario
mínimo por concepto de agencias en derecho.
Por Secretaría, una vez ejecutoriada la presente providencia, DEVUÉLVASE
el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Salvamento de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
10 de 10
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