República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-02761-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
27 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02761-01 (7929)
Accionante: Rigoberto Ciro Gil
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: defecto sustantivo y defecto
fáctico. Subtema 2: nulidad de las prórrogas automáticas de los contratos
estatales.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la impugnación interpuesta por Rigoberto Ciro Gil contra la sentencia del 28 de mayo
de 2026 proferida por la Sección Quinta de esta Corporación, que declaró
improcedente la acción de tutela promovida contra la sentencia del 26 de febrero de
2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión,
dentro del proceso de controversias contractuales con radicación 05001-33-33-013-
2017-00059-01, adelantado por el municipio de San Rafael contra el hoy solicitante.
1. Síntesis del caso
Rigoberto Ciro Gil interpuso acción de tutela contra la sentencia del 26 de febrero
de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de
Decisión, dentro del proceso de controversias contractuales con radicación 05001-
33-33-013-2017-00059-01, adelantado por el municipio de San Rafael contra el hoy
solicitante. El señor Rigoberto Ciro Gil consideró vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
igualdad, al estimar que la providencia incurrió en los defectos fáctico y sustantivo
al declarar la nulidad absoluta del contrato suscrito el 3 de junio de 1999.
1
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02761-01 (7929)
Accionante: Rigoberto Ciro Gil
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1.
De conformidad con los documentos que obran en el expediente1, es posible
reconstruir los siguientes hechos jurídicamente relevantes:
2.
El 3 de junio de 1999, el municipio de San Rafael y Rigoberto Ciro Gil
celebraron un contrato de arrendamiento sobre el inmueble denominado «kiosco
municipal», ubicado en el parque principal de esa entidad territorial. El contrato se
pactó por un término de tres años y, en su cláusula octava, se estableció que, si al
vencimiento ninguna de las partes manifestaba su intención de terminarlo, se
prorrogaría automáticamente por periodos de seis meses.
3.
El 6 de junio de 2001, las partes suscribieron un otrosí mediante el cual
modificaron la cláusula relativa al valor del canon de arrendamiento y mantuvieron
las demás estipulaciones del contrato.
4.
El 25 de agosto de 2001, las partes celebraron otro otrosí para modificar la
cláusula octava, en el que estipularon que el contrato terminaría por la expiración
del plazo o por el incumplimiento de cualquiera de sus cláusulas; que podrían
prorrogarlo por escrito, con una antelación mínima de un mes, por un término de
entre seis meses y tres años; y que, si ninguna manifestaba oportunamente su
intención de terminarlo, se entendería prorrogado o renovado de acuerdo con el
artículo 518 del Código de Comercio.
5.
El 29 de septiembre de 2016, el municipio de San Rafael le informó a Rigoberto
Ciro Gil que el contrato terminaría el 3 de diciembre de ese año y le solicitó la
entrega material del inmueble. La entidad territorial reiteró esa comunicación el 1º
de diciembre de 2016.
6.
Durante diciembre de 2016, Rigoberto Ciro Gil presentó varias solicitudes ante
el municipio con el propósito de que se renovara el contrato de arrendamiento. Para
ello, invocó el derecho previsto en el artículo 518 del Código de Comercio. El
municipio respondió tales peticiones negativamente y explicó que requería el
inmueble para adelantar un proyecto de reforma y adecuación del espacio público.
7.
Ante la falta de entrega del inmueble, el municipio de San Rafael promovió el
medio de control de controversias contractuales contra Rigoberto Ciro Gil, en el que
solicitó que se declarara terminado el contrato de arrendamiento y que, como
consecuencia, se ordenara la restitución del kiosco municipal. El proceso fue
identificado con el radicado 05001-33-33-013-2017-00059-00/01.
8.
Mediante sentencia del 5 de diciembre de 2022, el Juzgado Trece
Administrativo del Circuito de Medellín declaró no probadas las excepciones
1
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-02761-00, índice 13, certificado 211D66F08473E4E3
1D9B8F3EAB4B0298 A98A8365C6F38C13 FA53487CDE24C982.
2
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02761-01 (7929)
Accionante: Rigoberto Ciro Gil
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión
formuladas por el demandado y ordenó la restitución del inmueble. Además,
concluyó que la estipulación de prórroga automática no producía efectos en un
contrato estatal y que, al no haberse acreditado una renovación expresa y escrita,
el contrato había terminado el 3 de junio de 2002.
9.
Rigoberto Ciro Gil interpuso recurso de apelación contra aquella providencia,
sostuvo la hipótesis según la cual tenía derecho a la renovación del contrato, que la
comunicación de terminación no se había efectuado en debida forma y que al
negocio jurídico le resultaban aplicables los artículos 518 y 520 del Código de
Comercio.
10.
El 26 de febrero de 2026, la Sala Octava de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia modificó la sentencia de primera instancia. Declaró de
oficio la nulidad absoluta del contrato celebrado el 3 de junio de 1999, de su otrosí
y de las prórrogas automáticas que hubieran operado, por objeto ilícito. Asimismo,
dispuso que no habría restituciones mutuas y mantuvo la orden de entrega del
inmueble al municipio de San Rafael.
11.
Rigoberto Ciro Gil interpuso acción de tutela contra la sentencia del 26 de
febrero de 2026, proferida por la Sala Octava de Decisión del Tribunal Administrativo
de Antioquia. Solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia.
12.
El señor Rigoberto Ciro Gil radicó la acción de tutela el 13 de abril de 20262.
2.2. Pretensiones y argumentos de la acción de tutela
13.
Rigoberto Ciro Gil interpuso acción de tutela contra la sentencia del 26 de
febrero de 2026, proferida por la Sala Octava de Decisión del Tribunal Administrativo
de Antioquia, dentro del proceso de controversias contractuales promovido por el
municipio de San Rafael. En su escrito solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de
justicia, al considerar que la decisión judicial cuestionada desconocía de manera
grave las garantías propias del juicio. En consecuencia, pidió que se dejara sin
efectos la providencia atacada y que se ordenara al Tribunal proferir una nueva
decisión en la que se valoraran integralmente las pruebas y se aplicaran
correctamente las normas contractuales pertinentes.
14.
El accionante adujo que la autoridad judicial incurrió en un defecto fáctico al
no valorar de manera adecuada el otrosí suscrito el 25 de agosto de 2001,
documento que, a su juicio, resultaba determinante para la definición del litigio.
Explicó que, mediante dicho otrosí, las partes habrían modificado la cláusula de
prórroga automática inicialmente pactada en el contrato, sustituyéndola por un
esquema de prórrogas sucesivas que podían oscilar entre seis meses y tres años,
2
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-02761-00, índices 1 y 2, certificado 8F6A736435B7FFCA
6715828D373CDB4D 9367635244BE5B63 73CB4D155726CA2D.
3
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02761-01 (7929)
Accionante: Rigoberto Ciro Gil
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión
siempre que ninguna de las partes manifestara por escrito, con al menos un mes de
antelación, su voluntad de darlo por terminado.
15.
El actor afirmó, bajo la anterior interpretación, que la comunicación enviada
por el municipio en septiembre de 2016, en la que se informaba la finalización del
contrato el 3 de diciembre del mismo año, desconocía la vigencia de una prórroga
que, según su entendimiento, se extendía hasta el 3 de junio de 2017. En ese
sentido, consideró que el Tribunal omitió valorar una prueba documental esencial,
lo que condujo a una conclusión errada sobre la vigencia y terminación del vínculo
contractual.
16.
De igual forma, el accionante alegó la configuración de un defecto sustantivo
en la providencia cuestionada. Argumentó que el Tribunal aplicó indebidamente el
régimen de nulidad absoluta por objeto ilícito al sostener que la cláusula de prórroga
automática resultaba contraria a la normativa vigente, pese a que el Decreto Ley
222 de 1983 había sido derogado por la Ley 80 de 1993, la cual no contenía una
prohibición expresa en los mismos términos. En su criterio, la decisión desconoció
la evolución normativa del régimen de contratación estatal y aplicó de manera
retroactiva una restricción que ya no se encontraba vigente.
17.
Asimismo, señaló que la autoridad judicial pasó por alto principios
estructurales del derecho contractual, como la autonomía de la voluntad, la buena
fe y el principio de conservación del contrato, en la medida en que optó por declarar
la nulidad sin analizar la posibilidad de mantener la validez del negocio jurídico en
lo no afectado. Finalmente, insistió en que, aun en el evento de existir algún vicio,
este recaía exclusivamente sobre una cláusula específica y no sobre la totalidad del
contrato, por lo que la sanción de nulidad absoluta resultaba desproporcionada e
injustificada.
18.
Con fundamento en lo anterior, propone la siguiente pretensión:
Con fundamento en lo anteriormente expuesto, le rogamos a los H.
Magistrados como Juez Constitucional, TUTELAR los derechos
fundamentales AL DEBIDO PROCESO, EL DERECHO A LA IGUALDAD Y
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA y así ordenar al H. Tribunal
Administrativo de Antioquia Sala Octava de Decisión, a proferir sentencia,
conforme a derecho.
2.3. Trámite procesal
19.
Mediante providencia del 15 de abril de 20263, la Sección Quinta del Consejo
de Estado admitió la acción de tutela y ordenó vincular, como terceros con interés,
al Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Medellín, al municipio de San
Rafael, así como a las demás partes, personas y/o entidades que hayan participado
en el proceso ordinario con radicado 05001-33-33-013-2017-00059-00/01.
3
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-02761-01, índice 5, certificado C0BA41B842684D15
40CE55A3CEA1E0ED 3D599E9861306934 C5759369B531CA1E.
4
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02761-01 (7929)
Accionante: Rigoberto Ciro Gil
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión
2.4. Intervenciones
2.4.1. Informe del Juzgado 13 Administrativo de Medellín
20.
El Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Medellín informó, a través de
memorial del 17 de abril de 20264, que tramitó el proceso de controversias
contractuales promovido por el municipio de San Rafael contra Rigoberto Ciro Gil,
e indicó que el 5 de diciembre de 2022 profirió sentencia de primera instancia, que
esa decisión fue apelada y que el Tribunal Administrativo de Antioquia la modificó
mediante providencia del 26 de febrero de 2026. En cumplimiento de lo resuelto por
el superior, el 16 de abril siguiente ordenó el archivo del proceso.
21.
La autoridad judicial sostuvo que las decisiones adoptadas durante el trámite se
fundamentaron en un análisis razonado de las pruebas obrantes en el expediente y
que, por tanto, no se vulneraron los derechos fundamentales de las partes.
Finalmente, puso a disposición del Consejo de Estado el enlace del expediente
digital y manifestó que suministraría cualquier información adicional requerida.
2.4.2. Informe del Tribunal Administrativo de Antioquia
22.
A través de memorial fechado el 20 de abril de 20265, la Sala Octava de
Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia informó que la sentencia del 26 de
febrero de 2026 se profirió dentro del proceso de controversias contractuales
promovido por el municipio de San Rafael contra Rigoberto Ciro Gil y que, mediante
ella, se modificó el fallo de primera instancia para declarar de oficio la nulidad
absoluta del contrato de arrendamiento celebrado el 3 de junio de 1999. Explicó que
el contrato tenía una duración inicial de tres años y contemplaba una cláusula de
prórroga automática por periodos sucesivos de seis meses.
23.
El Tribunal destacó que las prórrogas automáticas no son admisibles en los
contratos estatales, pues cualquier ampliación del plazo debe acordarse
expresamente y constar por escrito. Añadió que, conforme con la jurisprudencia del
Consejo de Estado, la inclusión de esa estipulación genera la nulidad absoluta del
contrato por ilicitud del objeto. Por ello, concluyó que la providencia cuestionada se
fundó en las normas y precedentes aplicables y que no vulneró los derechos
fundamentales del accionante.
2.4.3. Intervención del municipio de San Rafael
24.
Mediante apoderado, por medio de memorial radicado el 20 de abril de 20266,
el municipio de San Rafael solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela
4
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-02761-01, índice 13, certificado 7BAAA6D21EC21F5D
5EC60F245F2B972C 449198E996DE0792 D335A6B64B6B0AAF.
5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-02761-01, índice 17, certificado 326F3CA26E791345
3599BAA7211FCD6F A2480EFA5B401078 EB102CE900D397D6.
6
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-02761-01, índice 16, certificado 3555FAE75157D55F
FE1AAB3E82848557 D1E864190D23154B 19A339969CFA6B39.
5
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02761-01 (7929)
Accionante: Rigoberto Ciro Gil
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión
y se negaran las pretensiones del accionante. Sostuvo que las sentencias dictadas
en el proceso ordinario se ajustaron al régimen especial de la contratación estatal y
a la jurisprudencia del Consejo de Estado, según la cual no son válidas las cláusulas
de prórroga automática en los contratos estatales. En consecuencia, afirmó que las
providencias cuestionadas fueron proferidas conforme a derecho y que no
vulneraron los derechos fundamentales de Rigoberto Ciro Gil.
2.5. Sentencia de primera instancia
25.
La Sección Quinta del Consejo de Estado, el 28 de mayo de 2026, resolvió la
acción de tutela. Enfocó su análisis en el examen del requisito de relevancia
constitucional7 y consideró, además, que los argumentos sobre los defectos fáctico
y sustantivo no tenían la carga suficiente para demostrar una afectación de
derechos fundamentales. Señaló que el Tribunal había sustentado la nulidad del
contrato en la prohibición jurisprudencial de pactar prórrogas automáticas en los
contratos estatales y que la tutela buscaba insistir en la validez de esa estipulación
y controvertir nuevamente el análisis legal, probatorio y jurisprudencial efectuado en
el proceso ordinario.
26.
La Sección Quinta concluyó que la controversia correspondía a una
discrepancia con la interpretación adoptada por el juez natural y que el mecanismo
constitucional no podía emplearse como una instancia adicional. Por ello, declaró
improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional.
2.6. Impugnación contra la sentencia de primera instancia
27.
Rigoberto Ciro Gil impugnó la sentencia del 28 de mayo de 2026, mediante la
cual la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de
tutela por falta de relevancia constitucional. Manifestó que el juez de primera
instancia no examinó de manera suficiente los argumentos dirigidos contra la
providencia del Tribunal Administrativo de Antioquia y se limitó a aplicar precedentes
sobre prórrogas automáticas que, en su criterio, no correspondían al caso. Afirmó
que la controversia no se reducía a una discrepancia probatoria o legal, sino que
involucraba una decisión desproporcionada e irrazonable que vulneró sus derechos
fundamentales.
28.
En relación con el defecto fáctico, reiteró que el Tribunal no valoró integralmente
el otrosí del 25 de agosto de 2001. Según su interpretación, mediante ese
documento las partes eliminaron la cláusula de prórroga automática prevista en el
contrato inicial y acordaron que podían prorrogarlo por periodos de entre seis meses
y tres años, siempre que comunicaran por escrito su intención de terminarlo con un
mes de anticipación. A partir de ello, consideró que el contrato se había prorrogado
sucesivamente por periodos de tres años y que, cuando el municipio anunció en
septiembre de 2016 que terminaría el 3 de diciembre siguiente, se encontraba
7
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 28 de mayo de 2026, exp. 11001-03-15-000-2026-02761-
00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, en Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-02761-00, índice 30, certificado
7476CDEA24B8B4AE CCABF77D6E517F3E 68B47EE11C6BF358 966D3C7B3EB5B160.
6
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02761-01 (7929)
Accionante: Rigoberto Ciro Gil
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión
vigente una prórroga que se extendía hasta el 3 de junio de 2017. Por tanto, la
administración no podía exigir unilateralmente la restitución del inmueble en la fecha
indicada.
29.
Respecto del defecto sustantivo, alegó que la Ley 80 de 1993 derogó el Decreto
Ley 222 de 1983 y, con ello, la norma que prohibía expresamente las prórrogas
automáticas. En consecuencia, afirmó que no existía una prohibición legal que
permitiera declarar la nulidad absoluta del contrato por objeto ilícito. Añadió que el
plazo es un elemento accidental del negocio jurídico, susceptible de modificación
por acuerdo de las partes, y que el Tribunal desconoció la autonomía contractual, la
buena fe y el principio de conservación del contrato al extender la invalidez de una
cláusula a la totalidad del arrendamiento, pese a que su objeto principal consistía
en el uso temporal del inmueble a cambio de un canon.
30.
Con fundamento en esos argumentos, solicitó revocar la sentencia de tutela de
primera instancia, amparar sus derechos al debido proceso, a la igualdad y al
acceso a la administración de justicia, y ordenar al Tribunal Administrativo de
Antioquia que profiriera una nueva sentencia. Además, pidió como medida
provisional la suspensión de las actuaciones encaminadas a la restitución y entrega
del kiosco municipal, debido a que el Juzgado Trece Administrativo de Medellín ya
había comisionado al Juzgado Promiscuo Municipal de San Rafael para ejecutar
esa orden.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
31.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y
el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta contra la sentencia del 28 de mayo
de 2026, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
3.2. Legitimación en la causa de las partes
32.
La legitimación en la causa por activa de Rigoberto Ciro Gil está acreditada, por
cuanto es la parte demandada dentro del proceso de controversias contractuales
con el número de radicado 05001-33-33-013-2017-00059-00/01, por lo que los
efectos de la sentencia atacada le cobijan. En ese sentido, es titular de los derechos
fundamentales cuya vulneración alega.
33.
Por su parte, la legitimación en la causa por pasiva recae en el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión, autoridad judicial que expidió
la sentencia del 26 de febrero de 2026, respecto de la cual el accionante atribuye la
vulneración de sus derechos fundamentales.
34.
Del mismo modo, se justifica la comparecencia, en calidad de terceros con
interés, del municipio de San Rafael y del Juzgado Trece Administrativo del Circuito
7
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02761-01 (7929)
Accionante: Rigoberto Ciro Gil
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión
de Medellín, en la medida en que las decisiones que se adopten en virtud de la
acción constitucional les afectan directamente: al referido despacho judicial por
haber decidido la primera instancia del medio de control de controversias
contractuales, y al municipio por ostentar la calidad de parte actora dentro del
proceso de controversias contractuales con número de radicado 05001-33-33-013-
2017-00059-00/01.
3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
35.
La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado8 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela contra providencias judiciales procede de
manera excepcional bajo el cumplimiento de unos requisitos generales y
específicos, en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un
uso abusivo de este mecanismo constitucional9.
36.
En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
(i) que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
(ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial «subsidiariedad»;
(iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado
«inmediatez»;
(iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
(v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
(vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
37.
Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales y, por tanto,
constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras
palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan
la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
38.
En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, una de las siguientes causales o defectos: (i) orgánico;
(ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico; (iv) material o sustantivo; (v) error inducido a
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente n.º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
9
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
8
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02761-01 (7929)
Accionante: Rigoberto Ciro Gil
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión
la autoridad judicial; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o (viii) violación directa de la Constitución10.
3.4. Problema jurídico
39.
¿La acción de tutela promovida por Rigoberto Ciro Gil contra la sentencia del
26 de febrero de 2026, proferida por la Sala Octava de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia, cumple los requisitos generales de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales?
40.
En caso positivo ¿vulneró la autoridad judicial los derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia al incurrir en los defectos
fáctico y sustantivo alegados, por la valoración del otrosí del 25 de agosto de 2001
y por la declaratoria de nulidad absoluta del contrato de arrendamiento estatal?
3.5. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad para el caso
concreto
41.
En el presente asunto, la Sala encuentra satisfechos los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, por las razones
que se exponen a continuación.
42.
En primer lugar, el asunto reviste relevancia constitucional debido a que el
accionante no cuestiona únicamente los aspectos legales y económicos de la
sentencia del 26 de febrero de 2026, sino que orienta la argumentación de su
recurso de amparo hacia la vulneración de sus derechos fundamentales, que son
bienes jurídicos constitucionalmente amparados.
43.
Ahora bien, esta conclusión no significa que el juez de tutela deba aceptar
automáticamente la interpretación propuesta por el actor, ni que cualquier
desacuerdo sobre la validez de la prórroga del contrato de arrendamiento estatal
adquiera relevancia constitucional, sobre todo porque al respecto existe una
jurisprudencia consolidada por parte del Consejo de Estado. Tampoco supone
anticipar que el señor Rigoberto Ciro Gil tiene razón al afirmar que el contrato de
arrendamiento estatal del que él fue parte había sido renovado en virtud de los
artículos 518 y 520 del Código de Comercio. Significa únicamente que los reproches
planteados permiten examinar si el operador judicial aplicó de manera razonable las
normas vigentes que sean aplicables al caso.
44.
Asimismo, se cumple el requisito de subsidiariedad, pues la controversia fue
tramitada mediante el medio de control de controversias contractuales y contó con
dos instancias. El Tribunal Administrativo de Antioquia modificó el ordinal segundo
de la sentencia proferida el 5 de diciembre de 2022 por el Juzgado Trece
Administrativo del Circuito de Medellín, y en tal virtud declaró, por objeto ilícito, la
nulidad absoluta del contrato suscrito el 3 de junio de 1999 entre el municipio de
10
Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
9
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02761-01 (7929)
Accionante: Rigoberto Ciro Gil
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión
San Rafael y el señor Rigoberto Ciro Gil, sus otrosíes y las prórrogas automáticas
que han operado hasta la actualidad, en atención a que se celebró contra expresa
prohibición legal. Y como consecuencia de tal nulidad, la sentencia también precisó
que no habría lugar a restituciones mutuas y ordenó la restitución del bien inmueble
arrendado a la entidad territorial.
45.
Contra la sentencia del 26 de febrero de 2026 no procedía recurso ordinario
alguno y los reproches formulados en la tutela no corresponden a las causales
propias de los recursos extraordinarios previstos en el CPACA.
46.
También se satisface el requisito de inmediatez, puesto que la providencia
cuestionada fue proferida el 26 de febrero de 2026 y notificada a las partes al día
siguiente11, por lo que adquirió fuerza ejecutoria el 4 de marzo de 2026. La acción
de tutela, a su turno, fue presentada el 13 de abril de 2026, por lo que entre la
notificación de la providencia y la interposición del amparo transcurrió un término
inferior a seis meses, que resulta razonable y proporcionado para controvertir una
decisión judicial.
47.
Asimismo, aunque los reparos no se plantean como una irregularidad
estrictamente procesal, los defectos alegados tendrían, de demostrarse, incidencia
directa en el sentido de la sentencia cuestionada y vulnerarían los derechos
fundamentales que invoca el actor en su acción de tutela.
48.
De igual manera, la solicitud de amparo identifica suficientemente los hechos
que el accionante considera generadores de la vulneración, la providencia
cuestionada y los derechos fundamentales presuntamente afectados. El solicitante
atribuyó a la sentencia un defecto sustantivo y un defecto fáctico. Tales
planteamientos permiten delimitar con claridad el objeto del control constitucional.
49.
Finalmente, la decisión cuestionada no fue proferida dentro de otro trámite de
tutela, sino en el marco del medio de control de controversias contractuales
promovido por el municipio de San Rafael. Por tanto, no se trata de una acción de
tutela contra una sentencia de la misma naturaleza.
50.
En conclusión, la Sala considera cumplidos los requisitos generales de
procedibilidad y, en consecuencia, abordará el estudio de los defectos alegados,
atribuidos a la sentencia del 26 de febrero de 2026.
3.6. Análisis de los defectos invocados en la acción de tutela
3.6.1. Estudio del defecto fáctico alegado en la acción de tutela
51.
La jurisprudencia constitucional ha reiterado que, en virtud del principio de
autonomía e independencia judicial, los jueces tienen una considerable libertad para
valorar las pruebas presentadas en el proceso, siguiendo las reglas de la sana
11
Samai, exp 05001-33-33-013-2017-00059-01, índice 12, certificado 0205B8F34EB694C8
4D570F75F2BCD5C6 DE38C7CC8D15FEA1 3204A0A31770478C.
10
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Accionante: Rigoberto Ciro Gil
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crítica. Sin embargo, también ha señalado que este principio tiene un límite, ya que
no otorga un poder absoluto ni debe usarse para vulnerar derechos fundamentales.
Según la jurisprudencia, al valorar las pruebas, el juez debe aplicar criterios
objetivos y racionales, es decir, debe evaluar cuidadosamente la relevancia e
impacto de cada prueba, sin caer en suposiciones personales. La Corte
Constitucional ha explicado que un defecto fáctico ocurre cuando «la irregularidad
en el juicio valorativo sea ostensible, flagrante y manifiesta, es decir, de tal magnitud
que incida directamente en el sentido de la decisión proferida»12.
52.
En este punto es importante señalar que existen dos dimensiones del defecto
fáctico: una positiva y una negativa. La dimensión positiva consiste en que el juez
estudia aquellas pruebas que no ha debido estudiar, esto es, se basa en elementos
probatorios que no son aptos para llegar a la conclusión. Así, se recuerda que,
aunque existe una libertad en ese ejercicio de valoración por parte del operador
jurídico, el mismo no puede ser irracional13.
53.
Por otro lado, la dimensión negativa del defecto fáctico se refiere a la omisión
en la valoración de elementos probatorios. Esto puede manifestarse de diversas
formas: la falta de decreto de una prueba, la ausencia de valoración de una prueba
que ya fue decretada, o una valoración inadecuada de la misma. En cualquiera de
estos casos, la omisión implica un defecto en la apreciación de las pruebas dentro
del proceso judicial14.
54.
Para el caso concreto, el accionante sostiene que el Tribunal Administrativo de
Antioquia incurrió en defecto fáctico porque omitió valorar integralmente el otrosí
suscrito el 25 de agosto de 2001. Según su interpretación, a través de ese
documento las partes eliminaron la prórroga automática contenida en el contrato
inicial y acordaron que su terminación o renovación dependería de una
comunicación escrita remitida con un mes de anticipación. A partir de esta premisa,
y en ausencia de desahucio, afirma que el contrato se prorrogó sucesivamente por
periodos de tres años y que, para el momento en que el municipio anunció su
terminación, se encontraba vigente hasta el 3 de junio de 2017.
55.
La Sala no encuentra acreditado el defecto alegado, pues contrario a lo afirmado
por el demandante, el Tribunal no ignoró el otrosí del 25 de agosto de 2001. De
hecho, en la sentencia cuestionada se identificó ese documento, se transcribió la
modificación introducida a la cláusula octava, se examinó su contenido al resolver
el recurso de apelación y sobre el mismo se concluyó que «es de precisar que el
contrato de arrendamiento suscrito por el municipio de SAN RAFAEL y el señor
12
Corte Constitucional, sentencia T-008 de 2022.
13
Según la Sentencia T-018 de 2023, el juez de tutela debe evaluar la calidad y la valoración de las pruebas.
Para establecer si se vulneró el debido proceso, el juez constitucional debe verificar si la decisión es irracional
(conclusión opuesta a la lógica del expediente y evidente para un juicio medio), subjetiva (basada en el capricho
del juzgador), no integral (sin valorar el conjunto probatorio ni justificar el peso dado a cada elemento) o si se
fundamenta en pruebas impertinentes, inconducentes o ilícitas.
14
Corte Constitucional, sentencia SU-448 de 2016, que señala: «(…) la dimensión negativa puede dar lugar a
tres circunstancias: (i) por omisión o negación del decreto o la práctica de pruebas determinantes, (ii) por
valoración defectuosa del material probatorio y (iii) por omitir la valoración de la prueba y dar por no probado el
hecho que emerge claramente de ella».
11
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Accionante: Rigoberto Ciro Gil
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RIGOBERTO CIRO GIL no se rige por las normas del Código de Comercio, pues,
como ya se vio en acápites precedentes, al ser una de las partes una entidad estatal,
dicho contrato se rige principalmente por los principios y disposiciones contenidas
en la Ley 80 de 1993». Por consiguiente, no se presenta una omisión en la
incorporación, el conocimiento o la valoración de una prueba determinante.
56.
Tampoco se advierte que, a través de su interpretación, la autoridad judicial
hubiera alterado arbitrariamente el contenido del documento. El otrosí establecía
dos supuestos distintos: por una parte, que las partes podían prorrogar el contrato,
mediante comunicación escrita, por un término mínimo de seis meses y máximo de
tres años; por la otra, que, si ninguna manifestaba su intención de terminarlo antes
del vencimiento, se entendería prorrogado o renovado de acuerdo con el artículo
518 del Código de Comercio. Esta última estipulación hacía depender la
continuación del vínculo del silencio de los contratantes y no de un nuevo acuerdo
expreso y escrito.
57.
En esas condiciones, resultaba razonable que el Tribunal entendiera que el
otrosí conservaba un mecanismo de renovación automática. La circunstancia de
que la cláusula exigiera una comunicación para evitar la continuación del contrato
no desvirtúa ese carácter, pues el efecto de la renovación surgía precisamente de
la ausencia de una manifestación de voluntad encaminada a terminarlo. La
interpretación defendida por el actor constituye una lectura posible desde su
posición procesal, pero no demuestra que la adoptada por el juez ordinario fuera
caprichosa, contraevidente o manifiestamente contraria al texto contractual. Incluso,
se puede decir que la interpretación propuesta por el solicitante se aleja de lo que
ha establecido la jurisprudencia de esta corporación sobre ese asunto en concreto.
58.
Adicionalmente, y contra la hipótesis del demandante, el otrosí no estableció
que el silencio de las partes generara necesariamente prórrogas por periodos de
tres años15. En su lugar, ese término fue previsto como el límite máximo de las
extensiones que podían acordarse mediante comunicación escrita, no como la
duración automática aplicable ante la ausencia de manifestación. Por ello, la
afirmación según la cual el contrato se prorrogó sucesivamente entre 2002 y 2017
por periodos exactos de tres años corresponde a una inferencia del accionante que
no se desprende inequívocamente del otrosí ni se encuentra respaldada por
documentos en los que consten tales extensiones.
59.
La discusión sobre el alcance del otrosí no corresponde, en realidad, a un
problema de existencia o apreciación material de la prueba, pues las partes no
controvierten que el documento haya sido suscrito ni discrepan sobre su tenor literal.
En cambio, la diferencia recae sobre el significado jurídico de sus estipulaciones, la
compatibilidad de la renovación por el silencio con el régimen de contratación estatal
y la aplicabilidad del artículo 518 del Código de Comercio. Se trata, por tanto, de
cuestiones de interpretación contractual y normativa que corresponden al juez
15
El referido otrosí se encuentra entre los documentos aportados al proceso por el Juzgado Trece Administrativo
del Circuito de Medellín, en Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-02761-00, índice 13, certificado
211D66F08473E4E3 1D9B8F3EAB4B0298 A98A8365C6F38C13 FA53487CDE24C982.
12
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Accionante: Rigoberto Ciro Gil
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natural y que no pueden reconducirse artificialmente a un defecto fáctico para que
sean estudiadas por el juez constitucional.
60.
Por otra parte, es necesario resaltar que la comunicación del 29 de septiembre
de 2016, mediante la cual el municipio le informó al ahora solicitante que el
arrendamiento del bien inmueble se extendería hasta el 3 de diciembre de 2016,
tampoco demuestra la configuración del defecto fáctico. El actor sostiene que para
esa fecha se encontraba en curso una prórroga hasta el 3 de junio de 2017, pero
esa conclusión parte nuevamente de asumir que cada renovación tenía una
duración de tres años, premisa que no se deriva necesariamente del contrato.
Además, el Tribunal consideró que las extensiones producidas por el silencio de las
partes eran incompatibles con el carácter solemne del contrato estatal y que no
existía una renovación expresa y escrita que sustentara la permanencia del
arrendamiento.
61.
En consecuencia, la autoridad judicial accionada tuvo en cuenta la prueba
señalada por el demandante, expuso su contenido y explicó las razones por las
cuales no le atribuyó los efectos pretendidos por aquel. La tutela busca que se
sustituya esa valoración por una interpretación contractual distinta, pero no
demuestra la omisión de una prueba determinante ni una apreciación
manifiestamente irrazonable. Por consiguiente, no se configura el defecto fáctico
alegado.
3.6.2. Estudio del defecto sustantivo alegado en la tutela
62.
Respecto del defecto sustantivo, la jurisprudencia constitucional ha determinado
que este se configura, entre otros eventos, cuando la autoridad judicial funda su
decisión en una disposición que no resulta aplicable al caso, deja de aplicar la norma
que debía gobernarlo o atribuye a una regla un alcance incompatible con su
contenido, vigencia o ámbito material. Su configuración exige que el yerro sea
determinante para la decisión y trascienda una simple diferencia interpretativa16.
63.
Ahora bien, el accionante afirma que el Tribunal incurrió en defecto sustantivo
porque declaró la nulidad absoluta del contrato por objeto ilícito, pese a que el
artículo 81 de la Ley 80 de 1993 derogó el Decreto Ley 222 de 1983, cuyo artículo
58 prohibía expresamente las prórrogas automáticas. A su juicio, desaparecida esa
prohibición, las partes podían acordar libremente la renovación del contrato.
También sostiene que el plazo es un elemento accidental susceptible de
modificación, que el otrosí eliminó la prórroga automática y que la nulidad total
desconoció la autonomía de la voluntad, la buena fe y el principio de conservación
del negocio jurídico.
64.
El primer argumento no permite tener por configurado el defecto, porque la
derogatoria de la prohibición contenida en el Decreto Ley 222 de 1983 no significó
16
Entre otras, ver las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: C-590 de 2005, SU-155 de 2023, SU-
556 de 2016, SU-395 de 2017, SU-116 de 2018, SU-453 de 2019, SU-574 de 2019, SU-424 de 2021, y T-084
de 2025.
13
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Accionante: Rigoberto Ciro Gil
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que la Ley 80 de 1993 hubiera autorizado las prórrogas automáticas. La
jurisprudencia de la Sección Tercera ha señalado que, aun bajo la vigencia de la
Ley 80, esas estipulaciones resultan incompatibles con los principios imperativos de
libre concurrencia, igualdad, imparcialidad, prevalencia del interés general,
transparencia y planeación.
65.
En particular, ha precisado que la ausencia de una prohibición literal no habilita
a las entidades para establecer, a favor de un contratista determinado, la
prolongación automática de la relación contractual, pues eso atenta contra lo
previsto en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, que establece con claridad cuándo
se perfecciona un contrato estatal, destacando que «los contratos del Estado se
perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste
se eleve a escrito». Por tanto, dentro de un contrato de arrendamiento estatal es
nula, por ser contraria a dicha disposición, cualquier cláusula que posibilite la
renovación o prórroga del contrato que no conste por escrito17.
66.
La misma jurisprudencia ha explicado que la invalidez no se deriva solamente
de la causal prevista en el numeral 2º del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, relativa
a la celebración del contrato contra una prohibición constitucional o legal expresa.
Su fundamento puede encontrarse, también, en la nulidad absoluta por objeto ilícito,
debido a que el artículo 44 remite a las causales del derecho común y el artículo
1519 del Código Civil califica como ilícito aquello que contraviene el derecho
público18. De esta manera, la decisión del Tribunal se apoyó en una interpretación
reconocible del ordenamiento y en un precedente directamente relacionado con las
prórrogas automáticas en los contratos estatales.
67.
En ese sentido, el aforismo según el cual está permitido todo aquello que no se
encuentre expresamente prohibido no podía aplicarse aisladamente. La autonomía
de la voluntad en la contratación estatal está limitada por la Constitución, la ley, el
orden público y los principios propios de la función administrativa. La obligatoriedad
del contrato y la buena fe tampoco convierten en eficaz una estipulación
incompatible con normas imperativas. Tales principios exigen cumplir los acuerdos
válidamente celebrados, pero no impiden al juez examinar su conformidad con el
régimen especial al que se encuentran sometidos.
17
Entre otras, ver Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 30 de marzo de 2022, exp.
44001-23-33-000-2016-00051-01 (64411), M.P. Alberto Montaña Plata; Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, sentencia del 6 de julio de 2020, exp. 05001-23-31-000-2002-03200-01 (46071), M.P. Ramiro
Pázos Guerrero; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia de 6 de julio de 2020, Exp. 05001-23-31-000-2001-01456-01 (47120), M.P. Ramiro Pazos Guerrero;
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 21 de
mayo de 2021, Exp. 05001-23-31-000-2010-01744-01 (49483), M.P. José Roberto Sáchica; Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 5 de marzo de 2021, Exp.
76001-23-31-000-2012-00717-01 (62250), M.P. Nicolás Yepes Corrales.
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 5
de marzo de 2021, exp. 76001-23-31-000-2012-00717-01 (62250), M.P. Nicolás Yepes Corrales. En esta
decisión se indicó que en casos como el analizado por el Tribunal Administrativo de Antioquia «se impone
declarar la nulidad absoluta por objeto ilícito», «(...) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley
80 de 1993 que establece que los contratos estatales son absolutamente nulos, entre otros eventos, en los
casos establecidos por el derecho común, y el artículo 1519 del Código Civil que a su turno dispone que existe
objeto ilícito en los actos y contratos que contravienen al derecho público».
14
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02761-01 (7929)
Accionante: Rigoberto Ciro Gil
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión
68.
El argumento de la tutela, relativo a que el plazo es un elemento accidental del
contrato estatal, tampoco desvirtúa la sentencia, pues el Tribunal no sostuvo que
las partes estuvieran absolutamente impedidas para modificar o ampliar la duración
del contrato. Lo que señaló fue que esa ampliación debía provenir de un acuerdo
expreso, celebrado antes del vencimiento y elevado a escrito, como exige la Ley.
La irregularidad no radicaba, entonces, en la modificación del plazo como tal, sino
en que la continuación del vínculo se produjera automáticamente por el silencio de
las partes, sin una nueva expresión escrita de voluntad.
69.
En cuanto al principio de conservación del contrato, la Sala advierte que el
artículo 47 de la Ley 80 de 1993 prevé la posibilidad de que la nulidad absoluta
recaiga únicamente sobre determinadas cláusulas o estipulaciones del negocio
jurídico, siempre que estas puedan separarse del resto del contrato sin afectar su
esencia ni impedir el cumplimiento de la finalidad perseguida por las partes. En tal
sentido, la declaratoria de nulidad de una disposición contractual no conduce
necesariamente a la invalidez integral del negocio, pues el ordenamiento privilegia,
en la medida de lo posible, la preservación de los efectos jurídicos compatibles con
la legalidad.
70.
Desde esa perspectiva, podría sostenerse que la irregularidad identificada por
el Tribunal recayó exclusivamente sobre la cláusula que permitía la renovación o
prórroga automática del contrato, de modo que era necesario examinar si dicho vicio
afectaba únicamente esa estipulación o si comprometía la validez del negocio en su
conjunto. Lo anterior resulta relevante porque la cláusula cuestionada se
relacionaba con la duración del vínculo contractual y no con elementos esenciales
como la identificación del inmueble, el objeto del arrendamiento o la
contraprestación pactada.
71.
También es cierto que el accionante adujo esos razonamientos en su recurso
de amparo, pues reprochó que el Tribunal extendiera la nulidad a la totalidad del
contrato, pese a que la irregularidad identificada recaía sobre la cláusula de
renovación. Sin embargo, este planteamiento tampoco acredita, en las
circunstancias del caso, un defecto sustantivo con incidencia constitucional. En
efecto, la permanencia del actor en el inmueble después del vencimiento del plazo
inicialmente convenido dependía de la existencia de prórrogas válidas y eficaces,
las cuales, conforme al régimen de contratación estatal, debían constar en acuerdos
expresos y escritos. Como en el expediente no obra prueba de tales prórrogas, la
eventual conservación parcial del contrato no modificaría la conclusión relativa a la
inexistencia de un título contractual vigente para continuar ocupando el bien
inmueble.
72.
Además, como lo indica la jurisprudencia de la Sección Tercera, citada
expresamente por la sentencia del 26 de febrero de 2026, lo que sí es esencial en
un contrato estatal es la solemnidad del acuerdo, esto es, que este conste por
escrito19. Por lo anterior, también es válido afirmar que, al menos en el presente
19
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 30 de marzo de 2022, exp. 44001-23-33-
000-2016-00051-01 (64411), M.P. Alberto Montaña Plata.
15
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02761-01 (7929)
Accionante: Rigoberto Ciro Gil
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión
caso, y de cara a los reproches formulados, el plazo de ejecución del contrato de
arrendamiento estatal es un elemento esencial de tal negocio jurídico, en la medida
en que debía constar por escrito.
73.
Adicionalmente, el demandante no demostró que la conservación de las demás
cláusulas le otorgara un título vigente para continuar ocupando el inmueble. Incluso
bajo la interpretación más favorable a su argumento, la validez del resto del contrato
significaría que este produjo efectos durante el plazo inicial de tres años. Su
permanencia después del 3 de junio de 2002 seguiría dependiendo de las
renovaciones automáticas cuya invalidez fue establecida por los jueces ordinarios,
pues no se acreditaron prórrogas expresas y escritas. En consecuencia, la eventual
conservación del contrato inicial no conduciría necesariamente a dejar sin efectos
la orden de restitución ni demostraría que el actor tuviera derecho a permanecer
actualmente en el kiosco.
74.
Puede concluirse, entonces, que el Tribunal adoptó una interpretación
respaldada por la legislación contractual y por la jurisprudencia del Consejo de
Estado, según la cual la derogatoria del Decreto Ley 222 de 1983 no habilitó las
prórrogas automáticas y estas pueden resultar inválidas por contrariar normas
imperativas de derecho público. Los argumentos del accionante expresan su
desacuerdo con el alcance atribuido al otrosí y con las consecuencias de la
invalidez, pero no evidencian una decisión carente de fundamento jurídico,
manifiestamente irrazonable o determinante de una vulneración constitucional. En
consecuencia, tampoco se configura el defecto sustantivo alegado.
4. Conclusión
75.
La acción de tutela no acredita la configuración de ninguno de los defectos
específicos invocados. La parte actora no demostró que la sentencia del 26 de
febrero de 2026 hubiera aplicado una norma manifiestamente inaplicable, efectuado
una interpretación ostensiblemente irrazonable del ordenamiento jurídico o
desconocido una regla jurisprudencial vinculante y claramente identificable. Por el
contrario, sus reproches se limitan a expresar una discrepancia frente al criterio
jurídico adoptado por el juez natural en relación con la interpretación del otrosí del
25 de agosto de 2001, así como de lo afirmado por el Tribunal Administrativo de
Antioquia respecto de la prohibición de las prórrogas automáticas de los contratos
estatales y la consecuente nulidad absoluta del contrato suscrito el 3 de junio de
1999.
76.
En ese orden de ideas, la Sala insiste en que la acción de tutela contra
providencias judiciales no constituye una instancia adicional destinada a revisar la
corrección de las interpretaciones jurídicas adoptadas por los jueces ordinarios ni a
sustituir su criterio por el del juez constitucional. En el presente caso se evidencia
que el Tribunal falló de conformidad con lo que ha establecido, de forma pacífica, la
Sección Tercera del Consejo de Estado, sin que se advierta arbitrariedad manifiesta
en el análisis probatorio ni en la aplicación de los artículos 44 de la Ley 80 de 1993
y 1519 del Código Civil. Por tanto, se negará el amparo solicitado.
16
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02761-01 (7929)
Accionante: Rigoberto Ciro Gil
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Modificar la sentencia del 28 de mayo de 2026, proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la acción
de tutela promovida por Rigoberto Ciro Gil por no acreditarse el requisito de
relevancia constitucional.
Segundo: Negar el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y al acceso a la administración de justicia invocados por Rigoberto Ciro Gil,
por las razones expuestas en esta providencia.
Tercero: Notificar esta decisión a las partes y a los demás interesados por el medio
más expedito, en los términos del artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
de conformidad con lo previsto en los artículos 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
(Ausente con excusa)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
17
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