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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02761-00

Fecha
28 de mayo de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02761-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada por el señor Rigoberto Ciro Gil. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02761-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

28 de mayo de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02761-00
Demandante: Rigoberto Ciro Gil
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., veintiocho [28] de mayo de dos mil veintiséis [2026]

Referencia: ACCIÓN TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02761-00
Demandante: RIGOBERTO CIRO GIL
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA OCTAVA
DE DECISIÓN

Temas: Tutela contra providencia judicial – Controversias contractuales
• declara la improcedencia por falta de relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la presente acción de tutela de conformidad con los Decretos 2591
de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 1 de
la Sala Plena de esta Corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

El 10 de abril de 2026, el señor Rigoberto Ciro Gil presentó acción de tutela con el
fin de que se le amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y de acceso a la administración de justicia.

Las mencionadas garantías las estimó vulneradas por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Octava de Decisión al proferir la sentencia de segunda instancia de
26 de febrero de 2026 al interior de la demanda de controversias contractuales
identificada con el radicado 05001-33-33-013-2017-00059-00/01.

1.2. Hechos

De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de la
sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

● El municipio de San Rafael radicó demanda de controversias contractuales
contra el señor Rigoberto Ciro Gil, con el fin de que se declarara la terminación del
acuerdo de voluntades consistente en el arrendamiento de un inmueble de
propiedad del ente territorial, y se ordenara la entrega del inmueble.

● El 5 de diciembre de 2022, el Juzgado Trece Administrativo del Circuito Judicial
de Medellín accedió a las pretensiones del medio de control, al considerar que, si
bien las partes acordaron una cláusula en la que se estipuló una prórroga

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

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Demandante: Rigoberto Ciro Gil
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión

automática del pacto, tal estipulación no se encontraba acorde al estatuto general
de contratación de la administración pública, o a la jurisprudencia, en atención a la
solemnidad que rige la contratación estatal.

● Esta decisión fue objeto de apelación por la parte desfavorecida, oportunidad en
la que el extremo demandante reiteró que tenía derecho a la renovación del acuerdo
de voluntades.

● El 26 de febrero de 2026, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de
Decisión modificó el fallo del a quo, en el sentido de declarar de oficio la nulidad
absoluta del contrato por objeto ilícito, en el entendido de que esta es la
consecuencia jurídica de pactar prorrogas automáticas en los contratos estatales.

● La providencia de segunda instancia fue notificada el 27 de febrero de 2026 y la
acción de tutela de la referencia fue radicada el 10 de abril de 2026.

1.3. Pretensiones

Lo requerido en la demanda de tutela es lo siguiente:

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, le rogamos a los H. Magistrados como
Juez Constitucional, TUTELAR los derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO,
EL DERECHO A LA IGUALDAD Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA y así ordenar al H. Tribunal Administrativo de Antioquia Sala Octava de
Decisión, a proferir sentencia, conforme a derecho2.

1.4. Fundamentos de la solicitud

El tutelante consideró que la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos
fáctico y sustantivo porque en la providencia controvertida no se valoró en debida
forma el material probatorio aportado al expediente, particularmente el contrato de
arrendamiento; en donde las partes plasmaron su voluntad de prórrogas
automáticas, cuya determinación se encontraba respaldada por la normatividad
colombiana, por lo que la declaratoria de nulidad del pacto desconoce el contenido
del artículo 81 de la Ley 80 de 1993.

1.5. Trámite procesal de la acción

El 15 de abril de 2026 el ponente admitió la acción y ordenó la notificación del
tutelante y de la autoridad judicial accionada.

Por su parte vinculó como terceros con interés en las resultas del proceso al
Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Medellín, al municipio de San Rafael,
así como las demás partes, personas y/o entidades que hayan participado en el
proceso ordinario con radicado 05001-33-33-013-2017-00059-00/01, para que, si lo
consideraban del caso, intervinieran en el presente trámite tutelar.

El 14 de mayo de 2026 el despacho sustanciador, y por solicitud del accionante,
corrigió el numeral quinto del auto admisorio de 15 de abril de 2026, en el sentido

2 Transcrito con posibles errores ortográficos, mayúsculas sostenidas y negritas del texto original.

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de precisar que el proceso que se requería remitir es de controversias contractuales,
y no de nulidad y restablecimiento del derecho.

1.6. Intervenciones

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
contestaciones:

1.6.1. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión expuso
que su providencia no vulneró algún derecho fundamental, porque «contrario con lo
señalado por el accionante, la sentencia de segunda instancia proferida dentro del
proceso con radicado 05001-33-33-013-2017-00059-01, se sustentó en las normas
y jurisprudencia aplicables al caso, las cuales contemplan la prohibición de estipular
la prórroga automática del contrato estatal y dispone que la consecuencia jurídica
de dicha prórroga es la declaratoria de nulidad absoluta del contrato por ilicitud del
objeto».

1.6.2. El Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Medellín detalló las
actuaciones que consideró relevantes del proceso ordinario, con el fin de destacar
que las decisiones adoptadas «corresponden a un análisis razonado de las pruebas
que reposan en el expediente y por esa razón, considera esta agencia judicial que
no fueron vulnerados los derechos fundamentales de las partes».

1.6.3. El municipio de San Rafael pidió «no conceder lo solicitado, declarando
improcedente la acción de tutela, entendiendo que no se ha vulnerado ningún
derecho fundamental», comoquiera que las providencias que definieron la
controversia se sustentaron en el procedente de la Sección Tercera del Consejo de
Estado.

1.6.4. La abogada María Camila Martínez Salazar, en representación de Aurora
Salazar Guzmán, radicó en el aplicativo Samai un pronunciamiento, sin embargo,
de entrada, es posible colegir que dicha respuesta no corresponde a la tutela de la
referencia, ya que hace alusión a supuestos que son ajenos a la controversia
planteada por el señor Rigoberto Ciro Gil.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por el señor Rigoberto Ciro Gil, de conformidad con lo establecido en
los Decretos 1069 de 2015 y 333 de 2021, y en el Acuerdo 080 de 20193 de la Sala
Plena de esta corporación.

2.2. Cuestión previa

Si bien es cierto la Sala evidencia que en el expediente de la referencia se incorporó
un memorial que no corresponde a este mecanismo constitucional, se abstendrá de
ordenar un eventual desglose o una remisión del documento digital, comoquiera

3 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

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que, luego de una búsqueda en el aplicativo Samai, se pudo identificar el proceso
al cual pertenece la respuesta de la señora Aurora Salazar Guzmán, y dicho
pronunciamiento ya reposa en el proceso respectivo4.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración a los derechos fundamentales advertidos por el accionante, por parte
del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión, como autoridad
judicial accionada, con ocasión de la sentencia proferida en segunda instancia el 26
de febrero de 2026.

Para el efecto se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) el análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad,
y (iii) el caso en concreto.

2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 2012 5
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema6.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales7.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 8, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

4

https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=11001031500020260
2671001100103
5
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
6
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
7
Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
8
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Relevancia constitucional

Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente
recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022, en
cuanto a la procedencia de la acción Constitucional de cara a este requisito, así:

[…] 40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez
de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este
requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance
de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales […].

Por su parte, esta Sala ha dispuesto que el estudio de la relevancia constitucional
debe estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional en
la sentencia C-590 de 2005 y acogidos por esta corporación en sentencia de
unificación del 5 de agosto de 20149, que en concreto se refieren a:

i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo sólo está
instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que
el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no debe ser un debate
exclusivamente legal.

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la
tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas
a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera instancia10.

Sobre el particular, se considera que este asunto no es relevante
constitucionalmente, como se pasará a explicar.

En primera medida se recuerda que en el escrito de tutela se indicó que la
providencia controvertida valoró indebidamente el material probatorio aportado al
expediente, particularmente el contrato de arrendamiento; en donde las partes
plasmaron su voluntad de prórrogas automáticas, cuya determinación se encuentra
respaldada por la normatividad colombiana, por lo que la declaratoria de nulidad del
pacto desconoce el contenido del artículo 81 de la Ley 80 de 1993.

9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 29 de
septiembre de 2022, expediente N.º 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas
Gil.
10
Énfasis de la sala.

5
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Demandante: Rigoberto Ciro Gil
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En este orden de ideas, para esta Sala, el argumento que se refiere a la indebida
valoración probatoria, que a su vez se cimentó en el defeco sustantivo, no cuenta
con la carga argumentativa para ser estudiado, en el marco de la trasgresión de
derechos fundamentales, porque además de ser una reiteración de lo ya resuelto
en sede ordinaria, no desvirtúa, prima facie, el análisis realizado por el tribunal en
el marco de una decisión desproporcionada o irrazonable.

Al respecto se destaca que el tribunal sustentó la nulidad absoluta del contrato, en
el entendido que esta era la consecuencia jurídica de pactar prorrogas automáticas
en los contratos estatales, por objeto ilícito, según lo ha considerado la
jurisprudencia11.

Luego, se advierte que el tutelante pretende reabrir el debate legal y busca que el
juez de tutela imponga una interpretación distinta a la que asumió el juez natural de
la causa.

En consecuencia, se considera que no se acreditaron los criterios fijados por la
Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 para encontrar superado este
presupuesto, en atención a que no se justificó la presencia de una posible
trasgresión de las garantías constitucionales del tutelante, sino que, por el contrario,
se advierten argumentos con el fin de insistir en la viabilidad de pactar, en un
contrato estatal, una cláusula de prórroga automática, para a su vez, disentir del
análisis probatorio, legal y jurisprudencial efectuado por la autoridad judicial de
segundo grado demandada.

Al respecto, esta Sala resalta que el juez natural de la causa se enfrenta a múltiples
posibilidades hermenéuticas en su labor de interpretación y aplicación de normas a
un caso en específico12, y no le corresponde al juez constitucional señalar cuál de
tales posibilidades es la «correcta», pues se vulneraría la independencia y
autonomía con la que cuenta el funcionario que conoce el trámite ordinario, donde
cabe destacar que, de hacerlo, esta sección se convertiría en una tercera instancia.

De manera que, al aplicar las consideraciones expuestas ut supra a la controversia
planteada por el accionante, la sala advierte que esta no se encuentra ligada a la
satisfacción de una garantía de naturaleza constitucional, máxime cuando sus

11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, C.P. Jaime Orlando Santofimio
Gamboa, providencia de 16 de mayo de 2016, expediente: 88001 23 31 000 2009 00001 01 (41220):
« “(…) la Sala reitera la jurisprudencia vigente en el sentido de que en el contrato de arrendamiento
estatal no tiene lugar la cláusula de prórroga automática, ni la renovación tácita prevista en el
artículo 2014 del Código Civil (…) las referidas disposiciones no resultan aplicables en el contrato
de arrendamiento estatal en la medida en que darían lugar a un derecho de permanencia indefinida
de la relación contractual, más allá de lo que se puede prever en esta clase de contratos estatales,
en contravía de las exigencias de igualdad, moralidad, eficiencia y economía en el ejercicio de la
función administrativa consagrada en el orden constitucional (artículo 209 C.P.) e igualmente, se ha
llegado a dicha conclusión teniendo en cuenta que este tipo de cláusulas del derecho común se
apartan de los principios y fines de la contratación estatal, desarrollados en la Ley 80
expedida en 1993, entre otros, el deber de planeación, establecido en el referido régimen de
contratación.
“En el mismo sentido, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha advertido que la situación de hecho
creada por la continuidad en la ejecución del contrato de arrendamiento una vez vencido el
término, no tiene la idoneidad de configurar el contrato de arrendamiento estatal, por razón
de la carencia del documento escrito que se exige como formalidad esencial del contrato
estatal de acuerdo con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993” (negrilla intencional)».
12
Ver al respecto: Corte Constitucional sentencia T-192 de 2015.

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argumentos fueron resueltos por el juez natural de la causa, lo que implica que la
tutela se torna improcedente.

En este sentido, para esta sección, resulta claro que este asunto se circunscribe a
una inconformidad de la parte tutelante, de modo que la situación descrita es «de
competencia exclusiva del juez ordinario»13 y por ello, al funcionario constitucional
no le corresponde dirimir aspectos de esta naturaleza.

2.6. Conclusión

Así las cosas, se declarará improcedente el mecanismo constitucional de la
referencia por falta de relevancia constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
3. FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada
por el señor Rigoberto Ciro Gil.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación,
REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de
radicación en el siguiente link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

13
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, reitera lo señalado en las providencias SU-573
de 2017 y C-590 de 2005.

7
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