RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-26-000-2018-00009-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2018-00009-00

Fecha
19 de octubre de 2023
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2018-00009-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión contra la Sentencia de 25 de enero de 2017, proferida por la Sala de Decisión 5 del Tribunal Administrativo de Boyacá, dentro del proceso de reparación directa. SEGUNDA: CONDENAR EN COSTAS a la parte recurrente, que deberán ser liquidadas por Secretaría, sin incluir agencias en derecho, debido a que no se causaron. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2018-00009-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

19 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 19 de octubre de 2023

Radicación: 11001-03-26-000-2018-00009-00 (60698)
Demandante: Gonzalo de Jesús Archila Soto
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Nulidad originada en la sentencia –
Interpretación restrictiva de las causales – Prestaciones periódicas

Síntesis del caso: se interpuso recurso extraordinario con base en las causales de revisión de
nulidad originada en la sentencia y prestaciones periódicas, para obtener el pago
completo de una liquidación de reintegro.

Decide la Sala el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la parte
demandante contra la Sentencia de 25 de enero de 2017, proferida por la
Sala de Decisión 5 del Tribunal Administrativo de Boyacá.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante, 1.2. Posición de la parte demandada,
1.3. Sentencia de primera instancia y trámite relevante, y, 1.4. Recurso extraordinario de
revisión y trámite relevante.

1.1 Posición de la parte demandante

1. El 30 de marzo de 2005, Gonzalo de Jesús Archila Soto presentó acción de
reparación directa contra la Nación – Rama Judicial y Ministerio de Justicia
y del Derecho, con fundamento en las siguientes declaraciones (se
trascribe):

“1. Que se declare que [las demandadas] son responsables de los daños y
perjuicios ocasionados al actor por causa de las decisiones judiciales
adoptadas dentro del proceso ejecutivo No.2003-0132, en primera instancia,
el día 2 de mayo de 2003 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de
Tunja y radicado bajo el No. 03-655, en segunda instancia, el día 22 de julio
de 2003 por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Tunja.

2. Como consecuencia de la anterior declaración se condene a la parte
demandada a pagar a favor del demandante, la suma de $8.912.984,90
como capital insoluto de la Resolución 3133 del 29 de diciembre de 1997
emanada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, o las sumas que se
prueben dentro del proceso”.

2. Las afirmaciones que sustentan las pretensiones se resumen así: el 11 de
octubre de 1995, el Tribunal Administrativo de Boyacá en el marco de un
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho anuló la Resolución 388

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación número: 11001-03-26-000-2018-00009-00 (60698)
Demandante: Gonzalo de Jesús Archila Soto
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
_______________________________________________________________________________________
de 26 de marzo de 1992, por medio de la cual se declaró insubsistente a
Gonzalo de Jesús Archila Soto, y condenó al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público a pagar los valores correspondientes a salarios, primas y
demás prestaciones dejadas de percibir por el servidor público desde la
desvinculación hasta el momento del reintegro.

3. El Ministerio de Hacienda, en cumplimiento de la decisión judicial, requirió
al demandante para que se reintegrara en el cargo, pero el accionante
rechazó esa posibilidad, porque estaba trabajando desde el 11 de agosto
de 1992 en la Contraloría General de la República.

4. El Ministerio de Hacienda profirió la Resolución 3133 de 29 de diciembre
de 1997, por medio de la cual liquidó la suma total de $26.864.489, pero
descontó los salarios y prestaciones sociales que el demandante percibió
durante el tiempo que trabajó en la Contraloría General de la República,
que arrojó como resultado la suma de $6.428.857.

5. Posteriormente, el accionante inició un proceso ejecutivo contra la
entidad demandada para que le reconocieran los valores no pagados
mediante la Resolución 3133 de 29 de diciembre de 1997. El Juzgado Tercero
Laboral del Circuito de Tunja, mediante Auto de 2 de mayo de 2003, negó
el mandamiento de pago y señaló que si el accionante no compartía el
acto administrativo debió haber acudido a la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, dentro de los 4 meses siguientes. Asimismo, señaló que no
tenía competencia para discutir la validez del acto de cumplimiento y que
la suma establecida por la entidad le fue pagada al accionante.

6. La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito de Tunja mediante Auto
de 22 de julio de 2003 confirmó la decisión anterior y agregó que era un título
ejecutivo complejo, por lo que no podía valorar de forma separada la
sentencia condenatoria y el acto de cumplimiento. Adicionalmente, resaltó
que resultaba extraño que “5 años después de satisfechas las obligaciones,
con la ausencia implícita del deudo al notificarse de la resolución y recibir
sin objeción el pago, persiga que en un proceso ejecutivo se ventile la
finalidad de lo cancelado y una posible deuda insoluta”.

7. Por estos hechos, el accionante demandó en reparación directa el error
judicial en que incurrieron las decisiones adoptadas en el proceso ejecutivo
laboral, porque afectaron su patrimonio. “La decisión que correspondía era
proferir mandamiento de pago y así dar la posibilidad a los contendientes
procesales para exponer sus criterios respecto a la validez o no, la existencia
o no, o la solución o no de la obligación demandada. La decisión
jurisdiccional aludida, al impedir la apertura de un juicio, se constituyó en
una verdadera denegación de justicia ya que no permitió que, en igualdad
de condiciones, las partes debatieran en el foro la defensa de sus posturas
procesales. Así, la administración de justicia anticipó un fallo mediante un
pronunciamiento que, si bien es cierto no hace tránsito a cosa juzgada, no
permitió al hoy demandante el acceso al aparato jurisdiccional”.

8. Señaló que 3 años antes de la expedición del acto administrativo la Sala
Plena del Consejo de Estado unificó su posición sobre esta materia, según la

2 de 9

Radicación número: 11001-03-26-000-2018-00009-00 (60698)
Demandante: Gonzalo de Jesús Archila Soto
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
_______________________________________________________________________________________
cual resultaba “ajeno a [la] justicia descontar de una sentencia las sumas
devengadas posteriormente por el trabajador del Estado, ya que los dineros
provenientes de la sentencia son condenas en contra de la Nación a título
de indemnización de perjuicios por la actividad anómala del Estado que no
a título de asignación por el trabajo realizado”.

1.2. Posición de la parte demandada

9. La Rama Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda, porque en
ninguna de las instancias del proceso ejecutivo laboral se cometió un error
judicial, pues los servidores judiciales se ajustaron “a derecho, obraron con
rectitud y sus actuaciones obedecieron a la libre apreciación del acervo
probatorio”.

1.3. Sentencia de primera instancia y trámite relevante

10. La Sala de Decisión 5 del Tribunal Administrativo de Boyacá profirió la
Sentencia de 25 de enero de 2017. Negó las pretensiones de la demanda,
porque, a pesar de que en el proceso ejecutivo laboral no se libró el
mandamiento de pago esto no configuró un error judicial, pues la decisión
estaba sustentada de manera jurídica y probatoria.

11. Concluyó que la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Tunja,
al confirmar la providencia del Juzgado Tercero Laboral de Tunja, sustentó
su postura en la jurisprudencia del Consejo de Estado que establecía que los
títulos ejecutivos complejos exigían un análisis conjunto de la sentencia
condenatoria y el acto de cumplimiento para librar el mandamiento de
pago. Por lo tanto, la interpretación adoptada no produjo un error judicial.

12. Respecto de las consideraciones que tuvo el accionante frente al acto
de cumplimiento, el Tribunal destacó que el Consejo de Estado de manera
reiterada y pacífica sostenía que si el acto de cumplimiento desbordaba el
alcance de las órdenes de la sentencia debía acudir a la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.

13. Al analizar la interpretación realizada por el Tribunal Laboral, encontró
que el acto de cumplimiento incorporó un hecho nuevo que no fue previsto
en el fallo del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, porque si
bien liquidó los salarios y demás prestaciones dejadas de percibir desde el
retiro del Ministerio de Hacienda hasta la posible fecha de reintegro,
también descontó los salarios y prestaciones que el demandante devengó
durante los años que trabajó en la Contraloría General de la República. En
consecuencia, el acto de ejecución se convirtió en un acto administrativo
que era controlable por medio de la acción de nulidad y restablecimiento,
por lo que no libró el mandamiento de pago solicitado por el accionante
con base en una justificación razonable y consolidada jurisprudencialmente.

3 de 9

Radicación número: 11001-03-26-000-2018-00009-00 (60698)
Demandante: Gonzalo de Jesús Archila Soto
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
_______________________________________________________________________________________
1.4. Recurso extraordinario de revisión y trámite relevante

14. El 11 de diciembre de 2017, la parte demandante interpuso recurso
extraordinario de revisión contra el fallo de primera instancia con
fundamento en los numerales 5 y 7 del artículo 250 del CPACA, que aluden
a las causales de nulidad originada en la sentencia y prestaciones
periódicas.

15. El recurrente cuestionó que la jurisdicción laboral no hubiera remitido el
proceso a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, pues a pesar de
que el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Tunja consideró que, si el
demandante no estaba de acuerdo con la liquidación del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, debió demandar en nulidad y restablecimiento
del derecho el acto de cumplimiento, no tomó ninguna medida al respecto.

16. Indicó que la jurisdicción laboral “debió declararse impedida para seguir
conociendo [y] en su lugar redireccionar su actuación ante lo Contencioso
Administrativo por factor de competencia, sin seguir conociendo”. Señaló
que ambas instancias del proceso ejecutivo laboral eran “responsables de
los perjuicios causados con la omisión (inobservancia de la competencia) a
consecuencia del error judicial”.

17. Afirmó que se profirió un “fallo incongruente”, porque “creó una falsa
expectativa, pues primero liquidó mal el Ministerio de Hacienda la sentencia,
pues no puede existir en la definición de lo jurídico, un fallo que en principio
es favorable para el demandante y al mismo tiempo desfavorable por
cuanto se denegó la justicia por una omisión de redireccionar oficiosamente
la acción ejecutiva a lo contencioso asegurable al demandante y a sus
pretensiones”. El recurrente fue lesionado y obligado, sin su consentimiento
escrito y expreso, a optar por una situación jurídica lesiva a sus intereses, esto
es, recibir una cifra menor de liquidación.

18. Manifestó que las razones expuestas por la providencia recurrida no
tenían justificación para impedir de forma total el restablecimiento del
derecho. Por lo tanto, los derechos conculcados por el acto administrativo
ilegal no habían sido restablecidos en su totalidad. El recurrente hizo énfasis
en que la liquidación debía pagarse de forma justa y legal.

19. Sostuvo que el fallo convirtió las deducciones económicas de la
liquidación laboral en un obstáculo para hacer efectivo el reintegro y pago
de lo dejado de percibir, aspecto que modificó los efectos de la sentencia
de nulidad y del restablecimiento del derecho. Por lo tanto, si el recurrente
aceptara “dicha liquidación, sería un fraude contra sí mismo”, por lo que, se
configuró la causal séptima de revisión.

20. Con el recurso extraordinario también presentó una medida cautelar que
buscaba la suspensión de los efectos del fallo recurrido. No obstante, el
Consejo de Estado, mediante Auto de 3 de diciembre de 20181, negó por
improcedente la solicitud de medida cautelar, porque el recurso

1 Folio 29 y 32 del cuaderno del Consejo de Estado.

4 de 9

Radicación número: 11001-03-26-000-2018-00009-00 (60698)
Demandante: Gonzalo de Jesús Archila Soto
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
_______________________________________________________________________________________
extraordinario de revisión no tenía la naturaleza de un proceso declarativo.
Contra esta decisión no se interpuso ningún recurso.

21. La Rama Judicial fue notificada del recurso extraordinario, pero guardó
silencio.

22. El Ministerio Público emitió concepto en el que manifestó que no se
configuró ninguna de las causales invocadas. Indicó que no se pronunciaba
sobre la causal quinta, porque no se presentaron argumentos que
explicaran su configuración. Respecto de la causal séptima señaló que “el
fallo objeto del recurso no versa sobre el reconocimiento de una prestación
periódica por cuanto se trata de una acción de reparación directa que
ataca las decisiones judiciales que se tomaron en un proceso ejecutivo y
que versan sobre el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de la
desvinculación del demandante. Dichas pretensiones no se consideran
periódicas en la medida que no cobijan contingencias o infortunios como la
vejez, la invalidez o la muerte y que inclusive, no contempla la periodicidad
en su pago, sino que, por el contrario, dan lugar al reconocimiento de una
suma determinada”.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán, 2.2. Alcance del
recurso extraordinario de revisión, 2.3. Análisis de la causal quinta de revisión, 2.4. Análisis de
la causal séptima de revisión, y, 2.5. Costas.

2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptaran

23. La Sala se pronunciará de fondo sobre el asunto porque el recurso se
interpuso dentro de la oportunidad 2 prevista en el artículo 251 del CPACA.
Declarará infundado el recurso extraordinario de revisión contra la
Sentencia de 25 de enero de 2017, dictada por Sala de Decisión 5 del
Tribunal Administrativo de Boyacá, porque no se acreditaron los elementos
de las causales invocadas.

2.2. Alcance del recurso extraordinario de revisión

24. El recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación que
sirve para exceptuar el principio de cosa juzgada, porque permite

2El Consejo de Estado a través de Auto de 20 de junio 2018 admitió el recurso extraordinario de revisión al considerar

que “la sentencia del 25 de enero de 2017 quedó ejecutoriada el 8 de febrero de 2017 y la interposición del recurso
(…) se realizó dentro de la vigencia del CPACA, la caducidad del mismo se calcula de conformidad con el artículo
251 ibidem que indica que el <<el recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la
respectiva sentencia>>”

5 de 9

Radicación número: 11001-03-26-000-2018-00009-00 (60698)
Demandante: Gonzalo de Jesús Archila Soto
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
_______________________________________________________________________________________
controvertir fallos ejecutoriados3, a partir de las causales expresamente
establecidas por el legislador4 o por el constituyente.

25. Este medio de impugnación extraordinario no es una oportunidad
procesal para reabrir un debate propio de las instancias5, ni para suplir las
deficiencias probatorias o argumentativas que hayan podido presentarse
durante el trámite del proceso. Este recurso exige una amplia carga
argumentativa del recurrente, pues esta debe hacerse de manera técnica,
precisa y razonada. Tampoco sirve como un instrumento procesal para
cuestionar la actividad interpretativa del juez6, ni para corregir los errores por
la inadecuada valoración de las pruebas o por la indebida aplicación del
derecho.

2.3. Análisis de la causal quinta de revisión

26. El numeral 5 del artículo 250 del CPACA establece como causal de
revisión “Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y
contra la que no procede recurso de apelación”.

27. La interpretación y alcance de esta causal es de carácter restrictivo,
porque no toda irregularidad procesal es insubsanable o tiene la entidad
suficiente para invalidar la decisión judicial revestida de la fuerza de la cosa
juzgada. En principio, no es posible invocar como fundamento del recurso
una irregularidad acaecida con anterioridad a la expedición de la
sentencia, salvo que la nulidad no hubiera podido advertirse durante el
curso del proceso. En este caso, el afectado deberá demostrar que no tuvo
la oportunidad de manifestar la causa de nulidad, para evitar que se
convierta en una tercera instancia y las partes puedan subsanar sus
omisiones7.

28. La jurisprudencia de lo contencioso administrativo ha interpretado esta
causal de manera abundante, porque el CPACA no definió su alcance. Por
esta razón, la jurisprudencia acudió al régimen de nulidades del artículo 140
del CPC (hoy artículo 133 del CGP) e interpretó el artículo 29 constitucional
para dotar de contenido a la causal. Por lo tanto, no toda violación del
debido proceso genera nulidad, porque será el legislador, de manera
principal o el constituyente, de forma excepcional, quienes definan
previamente cuáles son las irregularidades que producen la nulidad de los
actos procesales8.

3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 20 de octubre de 2009, Radicado

11001-03-15-000-2003-00133-00 (REV) y Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 29 de agosto de 2014,
Radicado 34016.
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 26 de noviembre de

2018, Radicado 11001-03-24-000-2009-00616-00 (REV).
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 29 de

abril de 2015, Radicado 25000-23-26-000-1999-00319-01(26239. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 04 de octubre de 2018, Radicado 05001-23-31-000-
2002-01074-01(0372-12).
6 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 10 de diciembre de 2010, Radicado 11001-03-15-000-

2008-00480-00 (REV).
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 6 de agosto de 2013, Radicado

2009-00687-00. También ver, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección C, Sentencia de 29 de noviembre de 2019, Radicado 45187.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 16 de

agosto de 2022, Radicado 47097.

6 de 9

Radicación número: 11001-03-26-000-2018-00009-00 (60698)
Demandante: Gonzalo de Jesús Archila Soto
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
_______________________________________________________________________________________
29. En el caso bajo estudio, la Sala encuentra que, el recurrente de manera
antitécnica planteó cuestionamientos propios de otros procesos judiciales y
debates de instancia, porque dirigió sus argumentos a reprochar la
interpretación que los jueces realizaron en el proceso ejecutivo laboral, pero
no respecto de la sentencia recurrida que corresponde a un proceso de
reparación directa.

30. La falta de competencia e incongruencia alegada en el recurso no se
predicó de la sentencia de reparación directa recurrida, sino de las
decisiones expedidas en el proceso ejecutivo laboral, por lo que la Sala no
tiene competencia para analizar los elementos de la causal quinta de
revisión respecto de las providencias judiciales que no fueron impugnadas
en este proceso, pues excedería las competencias del juez de revisión.

31. La impugnación centró su argumentación en exponer su inconformidad
sobre la manera en que se ejecutó la sentencia de nulidad y
restablecimiento del derecho, así como los fundamentos del acto de
cumplimiento y la liquidación realizada por la entidad. Esto evidencia la falta
de técnica en la presentación del recurso de revisión, pues alude a aspectos
de fondo de otros procesos judiciales.

32. La Sala recuerda que el recurso extraordinario de revisión no puede
instrumentalizarse para suplir las falencias argumentativas y probatorias de
las partes durante las instancias del proceso de la sentencia impugnada o
de otros procesos judiciales relacionados con el caso. Asimismo, reitera que
el carácter extraordinario del recurso de revisión supone una exigencia
argumentativa razonada y precisa que descarta la presentación de
impugnaciones extraordinarias injustificadas y antitécnicas.

33. En consecuencia, la Sala declarará infundado el recurso de revisión,
porque el recurrente no presentó ningún argumento de nulidad contra la
sentencia impugnada.

2.4. Análisis de la causal séptima de revisión

34. El numeral 7 del artículo 250 del CPACA establece como causal de
revisión “no tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación
periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder
esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las
causales legales para su pérdida”.

35. Al respecto, la jurisprudencia de lo contencioso administrativo ha
interpretado de forma reiterada los elementos que componen esta causal
(se trascribe):
“(i) Que el objeto del recurso sea una sentencia mediante la cual se decrete
la pérdida o se reconozca a favor de determinada persona una prestación
periódica, dentro de las cuales cabe mencionar las pensiones de jubilación,
de vejez, de invalidez, de sustitución, y la asignación de retiro de los
miembros de la fuerza pública, principalmente. En cuanto al carácter de la
prestación decretada, se aclara que la causal no se refiere únicamente a
pensiones, sino que se extiende a prestaciones periódicas. Lo anterior
significa que no son susceptibles de esa causal las sentencias que niegan

7 de 9

Radicación número: 11001-03-26-000-2018-00009-00 (60698)
Demandante: Gonzalo de Jesús Archila Soto
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
_______________________________________________________________________________________
dicha clase de prestación periódica, como tampoco las que resuelvan
sobre aspectos posteriores a su reconocimiento, en particular los
concernientes a su reliquidación, factores dejados de incluir y, en general,
modificación o discusión de su monto.

(ii) Que la cuestión decidida en dicha sentencia haya sido la «aptitud legal»
para acceder o perder el derecho de gozar de esa prestación periódica.
Los supuestos señalados por la norma pueden resumirse así: a) Cuando la
persona obtuvo el reconocimiento sin tener derecho a él. Esto puede ocurrir,
por ejemplo, en el evento en el que la sentencia reconoce una pensión a
quien no reúne los requisitos; b) Cuando la persona que ha obtenido el
reconocimiento pierde su aptitud legal por cuestiones de hecho. Tal es el
caso de quien recibe una pensión de invalidez y recupera su salud, con la
consecuente posibilidad de reintegrarse a la vida laboral; c) Cuando
sobrevenga una causal legal para la pérdida de la prestación 9”.

36. Esta causal se diferencia de las demás porque permite que el juez de la
revisión pueda pronunciarse sobre el fondo del debate jurídico de la
sentencia recurrida, para determinar si fueron o no correctos los criterios
utilizados para decretar el reconocimiento o pérdida de una prestación
periódica (se trascribe):
“(…) su descripción normativa está referida de manera directa y específica
a la cuestión de si se reúnen los requisitos que le den al actor la aptitud legal
para acceder al derecho en mención, que viene a ser el tema central de
toda providencia judicial en la que se decrete o reconozca una pensión
periódica a favor de persona determinada, pues justamente la causal se
estructura cuando esa persona no reúna “la aptitud legal necesaria”, o la
pierda después de proferida la sentencia o sobrevenga alguna causal legal
para su pérdida”10.

37. A partir de la interpretación consolidada de la causal séptima de revisión,
la Sala encuentra que los argumentos planteados por el recurrente no
acreditaron los elementos estructurales de la causal, porque, como lo
advirtió el Ministerio Público, el fallo objeto del recurso de revisión no versa
sobre el reconocimiento de una prestación periódica11, pues se trata de una
providencia que analizó la responsabilidad extracontractual derivada de un
presunto error judicial.

38. En ese sentido, como la providencia recurrida no decretó la pérdida, ni
el reconocimiento de una prestación periódica en favor del recurrente, la
Sala debe declarar infundado el recurso extraordinario de revisión.

2.4 Costas

39. De conformidad con el artículo 188 del CPACA, vigente al momento de
la presentación del recurso12, la Sala condenará en costas a la parte

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia de 4 de

marzo de 2021, Radicado 3095-13. También ver, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
Sentencia de 7 de diciembre de 2010, Radicado 11001-03-15-000-2005-00297-01 REV.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 7 de diciembre de 2010, Radicado

11001-03-15-000-2005-00297-01 REV. También ver, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
Sala 27 Especial de Decisión, Sentencia 25 de mayo de 2022, Radicado 11001-03-15-000-2021-11617-00.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Novena Especial de Decisión, Sentencia

de 5 de marzo de 2019, Radicado 11001-03-15-000-2014-04407-00(REV) “la causal de nulidad invocada opera
exclusivamente cuando en el transcurso del proceso ordinario se reconoció una prestación periódica, lo cual no
tiene relación alguna con el caso objeto de la presente providencia, pues aquí se analiza la nulidad de un acto
por medio del cual se aceptó una renuncia y se ordenó el reintegro”.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 11 de

octubre de 2021, Radicado 63217.

8 de 9

Radicación número: 11001-03-26-000-2018-00009-00 (60698)
Demandante: Gonzalo de Jesús Archila Soto
Demandado: Nación – Rama Judicial y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado el recurso
_______________________________________________________________________________________
recurrente y no fijará agencias en derecho porque la parte demandada no
nombró apoderado para la defensa de sus intereses en el proceso de
revisión.

3. DECISIÓN

40. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión contra
la Sentencia de 25 de enero de 2017, proferida por la Sala de Decisión 5 del
Tribunal Administrativo de Boyacá, dentro del proceso de reparación
directa.

SEGUNDA: CONDENAR EN COSTAS a la parte recurrente, que deberán ser
liquidadas por Secretaría, sin incluir agencias en derecho, debido a que no
se causaron.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

9 de 9

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.