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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00690-00

Fecha
18 de octubre de 2023
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00690-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero. Declarar fundado el recurso extraordinario de revisión, que en virtud de la causal 5ª del artículo 250 del CPACA se presentó contra la sentencia del 19 de septiembre de 2019 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13 Radicación: 11001-03-25-000-2020-00690-00 (2075-2020) Segundo. Se declara la NULIDAD de la sentencia y se INFIRMA la misma. En consecuencia, se devolverá el expediente al Tribunal para que profiera de nuevo la sentencia con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. Tercero. Sin condena en costas. Cuarto. Una vez en firme esta providencia, háganse las anotaciones pertinentes en el sistema informático SAMAI y archívese el expediente del recurso extraordinario de revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2020-00690-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

18 de octubre de 2023

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00690-00 (2075-2020)

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00690-00 (2075-2020)
Demandante: Teófilo García Mesa
Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares

Tema: Causal 5.ª del artículo 250 del CPACA. DECLARA FUNDADO

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor
Teófilo García Mesa contra la sentencia de segunda instancia proferida el 19 de
septiembre de 2019 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
mediante la cual se revocó la sentencia de primera instancia.

Se solicita en el recurso que se ordene la nulidad de la sentencia proferida en
segunda instancia y en su lugar, se ordene al Tribunal proferir una nueva
sentencia limitándose únicamente al tema de la prescripción de las mesadas por
ser este el motivo del recurso de apelación de la parte demandada.

Los hechos que fundamentan el recurso son los siguientes:

Que, se presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra
CREMIL con la finalidad de obtener una reliquidación de su asignación de retiro
con base en la partida computable del subsidio familiar, la cual fue reconocida
en primera instancia.

Que, contra la referida providencia, CREMIL interpuso recurso de apelación;
indicando que no estaba de acuerdo con la forma en que se había contado la
prescripción, por lo que solicitó que se revocaran los numerales quinto y sexto
de la sentencia y que en su lugar se declare probada la excepción de forma
trienal y no cuatrienal.

Que, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander revocó la sentencia de

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primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones.

SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante sentencia del 19 de
septiembre de 2019, revocó la Sentencia del 20 de noviembre de 2017, proferida
por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Pamplona, y, en
su lugar, negó las pretensiones de la demanda invocada por el señor Teofilo
García Mesa, en atención a los siguientes fundamentos jurídicos:

Que, si bien la parte demandada interpuso recurso de apelación, desarrollando
el tema de la prescripción, no es menos cierto que solicita la revocatoria del
numeral quinto de la sentencia de primera instancia en la cual se condena a
CREMIL a pagar por concepto de saldos insolutos a favor de los demandantes;
por lo que consideró necesario hacer un estudio de la sentencia en su integridad.

Que, de conformidad con la sentencia de unificación proferida por el Consejo de
Estado el 25 de abril de 2019, se precisó que la igualdad no es el único principio
que debe atenderse para la interpretación de la disposición objeto de estudio,
pues el hecho de consagrar una asignación de retiro a un sector de las fuerzas
militares que antes no lo tenían, es una expresión del principio de progresividad.

Que, surge una diferenciación es entre los soldados profesionales que
adquirieron la asignación de retiro con antelación a la expedición de los Decretos
1161 y 1162 de 2014, con los que consolidaron su derecho con posterioridad a
ellos, quienes si tienen derecho a la inclusión del emolumento bajo estudio.

Que, en el caso concreto, el demandante adquirió el derecho pensional el 29 de
agosto de 2011, por lo que no tiene derecho a la inclusión del subsidio familiar.

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

La parte demandante, en ejercicio del mecanismo establecido en el artículo 248
del CPACA presentó recurso extraordinario de revisión por considerar que se
configura la causal quinta del artículo 250 del CPACA teniendo en cuenta que
existe nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que
no procede recurso de apelación.

Que, si se lee el recurso de apelación interpuesto por la demandada, se observa
a simple vista que lo que pretendía era la aplicación de la prescripción trienal de
las mesadas de conformidad con el artículo 43 del Decreto 4433 de 2004 y no
de forma cuatrienal como se ordenó en la sentencia y que por esto solicita al
Tribunal revocar los numerales 5 y 6 y que en su lugar se declare probada la
excepción de forma trienal.

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Que dicho fallo viola el derecho fundamental al debido proceso al abusar de la
facultad que le otorgan los artículos 320 y 328 del CGP, pues en ningún
momento la parte demandada está atacando la sentencia de primera instancia
por ningún otro motivo diferente a la prescripción y esto no significa que esté
solicitando la revocatoria del fallo.

Contestación al recurso extraordinario

La parte demandada presentó el escrito de contestación vencido el término para
pronunciarse.

Concepto del Ministerio Público

El señor Procurador Tercero Delegado ante el Consejo de Estado no efectuó
pronunciamiento alguno.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Debe resolver la Subsección si se configura la causal de revisión alegada, esto
es, si se encuentra configurada la nulidad de la sentencia de segunda instancia
generada a partir de la supuesta incongruencia entre lo apelado y lo decidido en
la sentencia que puso fin al proceso.

Para el efecto, la Sala hará referencia a las: i) Generalidades del recurso
extraordinario de revisión, ii) Causales de revisión invocadas en la demanda; y,
finalmente, iii) Se examinará el caso concreto a la luz de esas premisas.

Generalidades del recurso extraordinario de revisión

El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo procesal de control de
las decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada. En términos de los
artículos 248 y 250 del CPACA:

«Artículo 248. El recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los
Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos»

El recurso tiene por finalidad invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que
se encuentra ejecutoriada1 y de conformidad con las causales que establece el

1 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. 15 de marzo

de 2018. Radicación: 1001-03-25-000-2014-00862-00. Interno: 2668-2014. Recurrente: Horacio Chala.
Demandado: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.

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250 del CPACA busca el restablecimiento del criterio de justicia material y la
supremacía de las garantías procesales, respecto de: i) decisiones judiciales que
fueron permeadas por circunstancias no conocidas al momento de proferir el fallo
y ii) por la ocurrencia de hechos delictivos o fraudulentos o por nulidades
originadas al tiempo de proferir la sentencia.

Si bien el recurso extraordinario constituye un medio impugnativo que afecta el
principio de la inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas y, por ende,
constituye una excepción al principio de la cosa juzgada, ello no implica que sea
un mecanismo que habilita una tercera instancia para discutir los problemas
jurídicos debatidos en sede ordinaria, para plantear nuevas interpretaciones del
litigio, para corregir los yerros probatorios que cometieron las partes ni para
subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse durante la gestión del
proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión.

En efecto, para que el juez pueda entrar a examinar la controversia materia del
recurso, es necesario que la causal invocada por el recurrente se encuentre
debidamente acreditada, pues como lo ha establecido la Sala Plena de esta
Corporación el recurso extraordinario de revisión procede por especiales
circunstancias consagradas taxativamente en la ley2.

Causal de revisión invocada

El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispone que es causal de revisión el
hecho de que exista «nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y
contra la que no procede recurso de apelación». De acuerdo con ello, sobre los
presupuestos para que resulte procedente la causal en mención, debe existir una
sentencia que ponga fin al proceso, entendiendo por estas las ejecutoriadas, bien
sea que resuelvan o no el litigio de fondo.

Además, contra esta decisión no puede proceder recurso de apelación, pues de
ser así este sería el medio idóneo para poner de presente cualquier vicio en que
hubiera incurrido la providencia.

Asimismo, es preciso que la nulidad se desprenda de la sentencia objeto del
recurso extraordinario, es decir, que el vicio debe estructurarse en el momento
procesal en que se profiere la decisión judicial pues, de generarse por una
situación ocurrida con anterioridad que no fue oportunamente alegada, la regla
general sería su saneamiento. No obstante, la jurisprudencia de esta Corporación
ha aceptado como nulidad originada en la sentencia la que, a pesar de
presentarse en un momento previo a la emisión del fallo, no pudo ser advertida

2 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 21 de octubre de 1.993.

Expediente Rev 040.

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por el afectado, quien en todo caso tiene la carga procesal de demostrar esta
circunstancia3.

En lo que respecta al requisito que constituye la esencia del numeral 5 del artículo
250 del CPACA que es que se configure una causal de nulidad, se precisa que si
bien, por regla general los motivos de nulidad que afectan la sentencia están
consagrados en el artículo 133 del Código General del Proceso (8 causales), la
jurisprudencia del Consejo de Estado se ha encargado de llenar dicha causal de
contenido, en atención a las múltiples interpretaciones que se generaban
alrededor de la misma.

Así, pues, la Sala Plena del Consejo de Estado, en diferentes providencias, entre
ellas, sentencia de 31 de mayo de 2011, en el expediente con radicado número:
11001-03-15-000-2008-00294-004 ha identificado otros eventos en los que se
presenta la nulidad en la sentencia, a saber:

« En síntesis, la nulidad que tiene origen en la sentencia se presenta por i) falta
de jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia en proceso
terminado normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se
dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido
aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención del
proceso, iv) cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo
trámite correspondiente, v) cuando se condena al demandado por cantidad
superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa
diferente de la invocada en ésta, vi) cuando se condena a quien no ha sido
parte en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia
después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de
suspensión o, en estos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando la
sentencia aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o
adoptada con un número de votos diverso al previsto en la ley, ix) cuando la
providencia carece completamente de motivación »

Igualmente, junto a este criterio se ha aceptado también que la vulneración del
derecho al debido proceso constituye una variable de la causal establecida en el
numeral 5 antes mencionado, al indicar que:

“(…) la violación al debido proceso constitucional en la sentencia puede ser
causal de revisión. En este último evento, corresponderá al juez determinar si
el hecho que se dice contrario a este derecho, puede configurar la causal de

3 Al respecto pueden consultarse las sentencias proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo el 3 de diciembre de 2019 (Sala Tercera Especial de Decisión; radicación 11001-03-15-000-
2018-01235-00) y el 3 de diciembre de 2019 (Sala Séptima Especial de Decisión; radicación: 11001-03-
15-000-2012-00643-00).
4 Al respecto pueden consultarse además las siguientes decisiones dictadas por esta Corporación:

sentencia del 8 de mayo de 2018, radicación 11001-03-15-000-1998-00153-01; sentencia del 7 de octubre
de 2019, radicación 11001-33-31-035-2008-00180-01(52615).

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revisión en comento” 5

Se ha reconocido que la violación del principio de congruencia tiene la
potencialidad de originar una nulidad en la sentencia que puso fin al proceso.

Veamos:

“Ahora bien, la causal quinta del artículo 250 del CPACA también comprende
la violación del principio de congruencia cuando al accionado es condenado
por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por
causa diferente a la invocada en ésta; también se configura en el evento que
la sentencia no se pronuncie sobre todos los puntos litigiosos objeto del
debate (citra petita)”6

De acuerdo con lo expuesto, por fuera de los supuestos que consagra el artículo
133 citado, existen otros supuestos desarrollados jurisprudencialmente que
comportan una anomalía respecto de la sentencia y que podría desvirtuar sus
efectos de cosa juzgada.

Con todo, la concreción y extensión jurisprudencial de esta causal de revisión a
otros eventos insaneables que implican la violación de derechos constitucionales
y procesales atiende, tal y como lo ha establecido este máximo órgano, a la misma
finalidad del recurso extraordinario de revisión, esto es, por un lado, permitir que
decisiones manifiestamente injustas sean examinadas, y por el otro, garantizar el
principio de seguridad jurídica al limitar la procedencia de la causal a situaciones
excepcionales en las que la anomalía sea de tal relevancia constitucional que, sin
ella, el fallo se hubiera proferido en otro sentido7.

Principio de congruencia

Sobre la congruencia de la sentencia, el artículo 281 del CGP, prevé:

«ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en
consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en
las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que
aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.

5 Consejo de Estado. Sala Especial No. 26. Expediente: 11001-03-15-000-2011-01639-00 Demandante:
Vehivalle S.A. Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Consejera Ponente, doctora Olga Melida Valle
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección "B", CP: Cesar
Palomino Cortes, 7 de septiembre de 2018. César Palomino Cortes. Radicación número: 11001-03-25-000-
2014-00440-00(1452-14)
7 En este mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala

Especial de Decisión N° 19, sentencia del 18 de agosto de 2020, radicación: 11001-03-15-000-2017-02369-
00, demandante: Pedro José Vaca López.

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Radicación: 11001-03-25-000-2020-00690-00 (2075-2020)

Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá
solamente lo último.

En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del
derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse
propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado
por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley
permita considerarlo de oficio […]».

Al respecto, la Sección Primera de esta Corporación, en sentencia del 25 de enero
de 20188, señaló que el principio de congruencia es entendido como el deber legal
que tienen los funcionarios judiciales de resolver un asunto puesto en su
conocimiento con fundamento en las pretensiones, las pruebas aportadas, las
normas aplicables y lo alegado por las partes, sin incurrir en fallos ultrapetita,
extrapetita o minuspetita9, como regla general.

Dicho principio tiene dos connotaciones, a saber, externa, cuando la decisión está
en armonía con lo pedido y alegado por las partes e interna, cuando existe
coherencia en lo dispuesto en la parte resolutiva y lo argüido en la parte motiva
de la providencia10. Al respecto, es importante destacar que, en caso de existir
incongruencia en cualquiera de ellas, para que pueda generar la invalidez de la
sentencia, esta debe ser de tal magnitud que no proceda solución diferente a su
nulidad.

Sobre el particular, la Sala Plena de esta corporación se pronunció en los
siguientes términos:

«[…] El juez de la revisión debe cuidarse de no incurrir en el error de confundir
la disconformidad que puedan tener los sujetos procesales frente a lo
argumentado y decidido en el fallo en cuestión, con la falta de armonía
sustancial que inexorablemente debe darse entre la parte motiva y la dispositiva
de la providencia, ya que en el primer supuesto, el recurso extraordinario debe
negarse, pues el mismo se estaría empleando para mimetizar tesis o razones
propias de los recursos ordinarios o de las discusiones de instancia, pero no de
las que por su naturaleza especial se requieren para este tipo de recursos
extraordinarios […]».11

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Radicado: 25000-23-41-000-

2013-00911-01.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión, providencia de 7

de abril de 2015, radicación 11001-03-15-000-2013-00358-00 (REV).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 16 de agosto de
2002, radicación: 76001232400019970434501 (12668): «[…] Cuando en una providencia judicial, no se
respeta el principio de la congruencia, se incurre en lo que la doctrina ha llamado fallo “ultrapetita” que
consiste en reconocer un mayor derecho que el invocado por el demandante, “extrapetita”: cuando se
reconoce un derecho que no ha sido reclamado o cuando se reconoce un derecho reclamado o se acoge la
pretensión pero por una causa diferente o deducida de hechos no alegados, y “minuspetita”: cuando se omite
el pronunciamiento sobre una de las pretensiones.»
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 21 de noviembre

de 2007. Expediente: 50001233100020020019802 (15770). Actor: Germán Darío Ospina Garzón.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión, providencia

de 7 de abril de 2015, radicación 11001-03-15-000-2013-00358-00 (REV).

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Caso concreto.

Frente al asunto que hoy nos ocupa, se hace necesario analizar cada una de
las decisiones y las actuaciones llevadas a cabo dentro del proceso ordinario.

a sentencia de primera instancia se refirió al derecho que tiene el demandante
a que se le reajuste la asignación de retiro con la inclusión del subsidio familiar;
en esta se indicó:

“No obstante lo anterior, dicha prestación no fue incluida en el artículo 13 del
Decreto 4433 de 2004, para efectos de liquidar las asignaciones de retiro de
los soldados profesionales, como sí se estableció para los Oficiales y Sub
Oficiales de la misma fuerza, situación que en criterio de la suscrita, atenta
contra el derecho a la igualdad, que a su vez es principio y valor dentro de
nuestro ordenamiento superior.
(…)
De lo anterior se concluye que, los demandantes tienen derecho a que su
prestación le sea reliquidada con fundamento en la inclusión del subsidio
familiar en el porcentaje que se le venía reconociendo a la fecha de su retiro,
en aplicación del derecho fundamental a la igualdad, habida cuenta que una
conclusión diferente implicaría un trato discriminatorio por no estar
sustentado en criterios razonables.
(…)
RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones de fondo invocadas
por la entidad demandada, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: INAPLIQUESE por inconstitucional e ilegal para el presente
caso, el parágrafo del art. 13 del decreto 4433 de 2004, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

TERCERO: DECLÁRESE la nulidad de los Actos Administrativos Nos
consecutivos 38649- CREMIL 46790 del 13 de agosto de 2012 (expediente
2016-212) y consecutivo 8523 CREMIL 13452 del 13 de febrero de 2015
(expediente 2015-256) proferidos por la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares, en atención a las razones expuestas precedentemente.

CUARTO: Como consecuencia de la nulidad a título de restablecimiento del
derecho, ORDÉNESE a la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS
MILITARES, RELIQUIDAR la asignación de retiro de que son beneficiarios
los Soldados Profesionales (r) del Ejército Nacional, Omar Contreras
Meneses y Teófilo García Mesa, incluyendo como partida computable el
subsidio familiar en el porcentaje que se les venía reconociendo a la fecha
de su retiro.

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QUINTO: Igualmente a título de restablecimiento del derecho,
CONDÉNESE a la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES, a
PAGAR por concepto de saldos insolutos en favor de los demandantes, la
diferencia que resulte entre el mayor valor que arroje el reajuste dispuesto
en el anterior numeral y el pago efectuado por la entidad desde el 15 de abril
de 2014 dentro del plenario 2015-256 y desde el 12 de agosto de 2012
dentro del plenario 2016-212, hasta que se dé cumplimiento al mismo.

SEXTO: DECLARAR probada la excepción de prescripción, dentro del
plenario 2016-212, conforme lo señalado en la motivación. En
consecuencia, declarar la prescripción de las diferencias de mayor valor de
las mesadas reajustadas causadas hasta 11 (sic) de agosto de 2012
inclusive, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.”

El recurso de apelación presentado por la demandada, se argumentó de la
siguiente manera. (Se cita en su totalidad lo dicho por la parte para mayor
ilustración del problema que hoy se presenta):

“DECLARACIONES

Con fundamento en lo expuesto, solicito con todo respeto, se REVOQUE el
numeral QUINTO Y SEXTO de la sentencia de primera instancia dictada en
el proceso de la referencia, y en su lugar se aplique la prescripción trienal.

RAZONES DE LA INCONFORMIDAD

LEGALIDAD DE LAS ACTUACIONES EFECTUADAS POR LA CAJA DE
RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES - CORRECTA APLICACIÓN DE
LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES

La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, es un establecimiento público del
orden nacional. adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, encargado de
reconocer y pagar las asignaciones de retiro y pensión de beneficiarios a los
afiliados que acrediten tal derecho con sujeción a la normatividad aplicable
y vigente a la fecha de reconocimiento.

Al respecto, es del caso señalar que desde la misma Constitución de 1886,
los derechos y obligaciones, asi como el régimen de carrera, prestacional y
disciplinario de los miembros de las Fuerzas Militares. han hecho parte de
un régimen especial que le es propio, diferente del régimen general al cual
hacen parte todos los demás trabajadores; dicha situación actualmente. se
encuentra contenida en el artículo 217 inciso 3 de nuestra carta magna, el
cual reza:

"La ley determinará el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares,
así como los ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el
régimen especial de carrera, prestacional y disciplinario, que le es propio.”

En desarrollo del anterior precepto constitucional, se han proferido
diferentes disposiciones legales, por los cuales se reglamenta y organiza la
carrera de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares como son los
Decretos 3071 de 1968, Decreto 2337 de 1971, Decreto 612 de1977,
Decreto 089 de 1984, Decreto 1211 de 1990 y Decreto 2070 de 2003,

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encontrándose en la actualidad vigente el Decreto Ley 1211 de 1990
modificado en algunos apartes por el Decreto Ley 1790 de 2000 y
actualmente vigente el decreto 4433 del 31 de diciembre de 2004, normas
estas de carácter especial que priman sobre las generales.

PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO

Es de aclarar, al Honorable Despacho que de conformidad con el articulo 43
del Decreto 4433 de 2004, la prescripción de las mesadas es de tres años,
contados a partir de la fecha en que se hicieron exigibles. y no de forma
cuatrienal como lo sostiene en el fallo. Lo anterior, por cuanto estas últimas
se aplican a reclamaciones sobre salarios o tiempos de servicio en los que
los militares se encontraban activos.

En consecuencia, con todo respeto solicito a este Honorable Despacho,
declarar probada la excepción de forma trienal y no cuatrienal.

En el mismo término se refiere el Consejo de Estado en Sentencia de
Unificación de fecha 18 de mayo de 2016, el cual señala: "(...) Unifíquese
Jurisprudencia en relación con la prescripción trienal en los términos en que
se ha venido señalando en los precedentes jurisprudenciales de la Sala de
Conjueces del Consejo de Estado (...)”12. El anterior fallo, se entiende tanto
para temas salariales como pensionales.”

Por su parte, el Tribunal en la sentencia de segunda instancia -como se indicó
en precedencia- advirtió que, si bien el recurso de apelación se refirió solo a la
prescripción, como la parte solicitó que se revoque el numeral quinto que ordena
el pago del derecho, era necesario revisar toda la sentencia.

Al respecto manifestó:

“Resulta para la Sala necesario indicar que, si bien en el escrito de apelación
se desarrolló el tema de prescripción, no es menos cierto que el apelante
solicita la revocatoria del numeral quinto de la sentencia de primera
instancia, en la cual se condena a CREMIL a pagar por concepto de saldos
insolutos a favor de los demandantes, la diferencia que resulte entre el
mayor valor que arroje el reajuste dispuesto en el numeral cuarto en relación
a la inclusión del subsidio familiar como partida computable dentro de la
asignación de retiro del demandante, por lo anterior entonces es necesario
hacer un estudio de la sentencia en su integridad.

(…)

Insiste esta Sala en que el objeto de discusión del presente proceso, versa
sobre la inclusión o no del subsidio familiar como partida computable dentro
de la asignación de retiro del señor TEOFILO GARCÍA MESA, lo anterior a
(sic) que si bien en el escrito de apelación, la entidad demandada desarrolló
el tema de la prescripción, de allí que solicitara la revocatoria del numeral
sexto de la sentencia objeto de alzada no es menos cierto que solicita la
revocatoria del numeral quinto el cual contempla el pago de los saldos

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, M.P. Jorge Iván

Acuña Arrieta, Sentencia del 18 de mayo de 2016. Exp. 250002325000201000246-02

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insolutos derivados del reajuste ordenado, lo que implica necesariamente el
estudio de toda la sentencia por parte de esta Corporación.”

Revisado lo anterior, es importante precisar que, la sentencia de primera
instancia, desde el numeral segundo ordenó inaplicar por inconstitucional la
norma que no incluyó a los soldados profesionales como beneficiarios del
subsidio familiar en su asignación de retiro, y en el tercero ordenó la inclusión
del mismo, declarando la nulidad del acto demandado; y fue en los numerales
precedentes en los que se indicó la forma en que debía hacerse el
restablecimiento.

Por lo tanto, el derecho estaba reconocido durante toda la parte resolutiva de la
sentencia, por lo que, si hubiera sido la intención del demandado apelar todo el
contenido de la misma, no hubiera sido tan específico en solicitar solo que se
revocaran los numerales quinto y sexto, pues los que reconocen el derecho son
anteriores a este. Y si bien, en algún aparte del recurso se habla de la legalidad
de los actos, no se expresan razones en contra del reconocimiento, sino mas
bien, se centra es en indicar como se debería aplicar la prescripción al caso.

Obsérvese como en los fundamentos del recurso no se expresaron de manera
alguna razones jurídicas diferentes a la prescripción para que se revocara en su
totalidad la sentencia de primera instancia, ni los yerros en que pudo haber
incurrido el a quo al reconocer el derecho, ni los fundamentos para la
procedencia de una decisión en sentido contrario en cuanto a un asunto que no
fuera la forma en que se restablece el derecho.

Con base en lo anterior, se puede llegar a la conclusión claramente de que la
decisión que puso fin al proceso presentó la incongruencia alegada por el hoy
recurrente en revisión, ya que, el Tribunal no tenía la competencia para decidir
el punto relativo al derecho como tal, sino que se debió circunscribir solo al punto
de la apelación, el cual consistía en la aplicación de la prescripción trienal o
cuatrienal en el caso concreto.

Sobre la competencia del superior los artículos 320 y 328 del Código General
del Proceso expresan:

“Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto
que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los
reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o
reforme la decisión.
(…).”

“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda
instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.

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(…).”

De conformidad con la normativa transcrita, se tiene que la competencia se
encuentra supeditada a los argumentos del apelante en contra de la decisión de
primera instancia, por lo que los aspectos diversos a los planteados por el
recurrente se excluyen. La delimitación de la competencia del Juez de Segunda
Instancia la constituyen las referencias conceptuales que se plantean en contra
de la decisión adoptada por el a quo, los demás aspectos diferentes a los
planteados por el recurrente, no se tendrán en cuenta en el debate.

Si bien le está dado al Juez de segunda instancia interpretar las razones que se
plasmen en el recurso que no sean absolutamente claras, pero de las cuales se
pueda deducir la inconformidad, en este caso no es posible pues las razones
del apelante fueron claras al indicar que no estaba de acuerdo con la aplicación
de la prescripción cuatrienal pues considera que de conformidad con el artículo
43 del Decreto 4433 de 2004, la prescripción de las mesadas es de 3 años y no
de 4 como lo ordenó la sentencia de primera instancia.

En la sentencia que hoy se revisa, se observa que el Tribunal se atribuyó la
competencia para revisar en su totalidad la sentencia, bajo el argumento de que
la parte demandada solicita que se revoquen los numerales quinto y sexto; lo
cual no puede ser interpretado de esta manera por cuanto en el mismo recurso
se indica que solicita que se revoquen estos numerales pero para que se declare
el pago por un lapso inferior, nunca se indicó o argumentó que el demandante
no tuviera derecho a la inclusión del subsidio, por lo que no estaba habilitado el
Tribunal para entrar a decidir este asunto ya que lo que lo habilitaba para hacerlo
era la sustentación del recurso de apelación.

Lo procedente era que se centrara a analizar si al demandante se le aplicaba la
prescripción de 3 años o de 4 y no de revisarle si tenía derecho o no a la inclusión
del subsidio familiar en su asignación de retiro, pues nadie estaba en contra de
tal reconocimiento.

Así las cosas, es factible afirmar, como lo hace la parte demandante, que la
sentencia impugnada fue incongruente y que está viciada de nulidad.

En consecuencia, la Sala de Subsección estima que la alegada incongruencia y
la nulidad se presentaron dentro del presente asunto y, por tanto, se configura la
causal invocada, teniéndose que declarar fundado el recurso.

Por lo tanto, atendiendo lo establecido en el inciso 4 del artículo 255 del CPACA
se declarará la nulidad de la sentencia de segunda instancia proferida el 19 de
septiembre de 2019 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

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En consecuencia, se INFIRMA la referida sentencia y se devolverá el expediente
al Tribunal para que realice de nuevo la sentencia con base en lo que hoy se
decidió.

Por sustracción de materia, no se resolverá el segundo punto planteado en el
recurso de revisión.

De la condena en costas del recurso

Es importante aclarar que la jurisprudencia de la Sección A del Consejo de
Estado venía aplicando el criterio objetivo consagrado en el artículo 188 de la
Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia el juez procederá a su
reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que estas se
causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes
actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe, no obstante,
dicho criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre
y cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de
fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las
sentencias proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la
conducta realizada por las partes en el proceso, entre ellas, si se presentó o no
carencia de fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2 del
artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa que los
fundamentos del recurso de apelación y de su oposición que no se presenta
una carencia de fundamentación que dé lugar a la condena en costas. Contrario
a ello, ambas partes en sus escritos manifestaron argumentos razonables en
defensa jurídica de sus intereses, en consecuencia, no se impondrá condena
en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero. Declarar fundado el recurso extraordinario de revisión, que en virtud
de la causal 5ª del artículo 250 del CPACA se presentó contra la sentencia del 19
de septiembre de 2019 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,
por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia.

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Segundo. Se declara la NULIDAD de la sentencia y se INFIRMA la misma. En
consecuencia, se devolverá el expediente al Tribunal para que profiera de nuevo
la sentencia con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de la presente
providencia.

Tercero. Sin condena en costas.

Cuarto. Una vez en firme esta providencia, háganse las anotaciones pertinentes
en el sistema informático SAMAI y archívese el expediente del recurso
extraordinario de revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

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