Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-01432-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-01432-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2018-01432-00
Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes
9 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Bogotá D.C., nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado: 11001-03-25-000-2018-01432-00
Nº interno: 4742-2018
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP
Demandado: Luis Fermín Cabrejo Aponte
Tema: Recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 29
de junio de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. Causales reguladas en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión presentado por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP contra la sentencia del 29 de junio de 2017, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que confirmó el fallo de primera
instancia dictado el 8 de agosto de 2014 por el Juzgado Veintiuno Administrativo
Oralidad de Bogotá, que accedió a las súplicas de la demanda instaurada por el
señor Luis Fermín Cabrejo Aponte contra la Unidad Administrativa Especial para la
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP, dentro del proceso
2013-00048.
I. ANTECEDENTES
1. La sentencia objeto de revisión
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
mediante sentencia del 29 de junio de 2017, confirmó la providencia de primera
instancia, en la cual se accedió a las pretensiones de la demanda instaurada por
el señor Luis Fermín Cabrejo Aponte, en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, contra la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP,
en la que pretendía que se ordenara a la entidad reliquidar la pensión con el 75%
del valor de los salarios devengados entre el 1 de abril de 1994 y el 28 de
noviembre de 2003, incluyendo los conceptos: sueldo, sueldo de vacaciones,
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Número interno: 4742-2018
Demandante: UGPP
Demandado: Luis Fermín Cabrejo Aponte
Fallo
adiciones de sueldo, prima de antigüedad, bonificación por servicios prestados,
prima semestral o servicios, prima de diciembre o navidad, prima de vacaciones,
bonificación quinquenal, bonificación por recreación, auxilio de localización, auxilio
de movilización, tiempo suplementario y viáticos1.
El Juzgado Veintiuno Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, en fallo dictado el
8 de marzo de 2014 decidió2: (i) declarar configurado el acto ficto originado por el
silencio del Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, a la
petición del 8 de marzo de 2012; (ii) declarar la nulidad del acto ficto o presunto
negativo demandado; (iii) declarar la nulidad parcial de la Resolución 02541 de 16
de diciembre de 2003, expedida por el Incora; (iv) declarar la nulidad de la
Resolución 00696 de 3 de mayo de 2005, expedida por el Incora; (v) ordenar a la
UGPP reliquidar la pensión con el 75% promedio de todos los factores salariales
devengados en el último año de prestación de servicio, esto es, entre el 28 de
noviembre de 2002 al 27 de noviembre de 2003; (vi) reliquidar la pensión a partir
del 28 de noviembre de 2003, con prescripción de las sumas adeudadas con
anterioridad al 8 de marzo de 2009, en razón a que la solicitud de la reliquidación
de la pensión data del 8 de marzo de 2012; (vii) realizar los descuentos señalados
en la ley y actualizar los valores que resulten de la diferencia.
El Tribunal confirmó la providencia de primera instancia, bajo el argumento que el
Consejo de Estado, en sentencia del 4 de agosto de 2010, consideró que es válido
tener en cuenta todos los factores que constituyen salario, es decir, aquellas
sumas que percibe el trabajador de forma habitual y periódica, como
contraprestación directa por sus servicios, para lo cual se reliquidará con el 75%
del promedio de todos los factores salariales que componían su asignación
mensual durante el último año de servicio.
Agregó que, frente a los factores que se ordenan incluir, sobre los cuales el actor
no ha realizado aportes, la entidad accionada deberá descontar de la liquidación
final, el valor correspondiente a estos por toda la vida laboral.
Asimismo, señaló que la reliquidación se debe declarar la prescripción de las
mesadas causadas con anterioridad al 8 de marzo de 2009, teniendo en cuenta
que la petición de reajuste se presentó el 8 de marzo de 2012, como lo señaló el
1
Folios 80 reverso-85.
2
Folios 69 reverso-79 reverso.
3
Número interno: 4742-2018
Demandante: UGPP
Demandado: Luis Fermín Cabrejo Aponte
Fallo
juez de instancia.
2. El recurso extraordinario de revisión
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP interpuso recurso extraordinario de
revisión contra la sentencia dictada el 29 de junio de 2017 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, con fundamento en las causales previstas en los
literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, según la cual procede la
revisión de pensiones: “a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al
debido proceso, y b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables” 3.
Como resumen de los hechos que dieron origen al presente recurso, indicó:
Señaló que el señor Luis Fermín Cabrejo Aponte nació el 6 de noviembre de 1944.
Prestó sus servicios en el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria - Incora
entre el 1 de abril de 1967 y el 27 de noviembre de 2003. Que adquirió el estatus
pensional el 6 de noviembre de 1999, siendo el último cargo desempeñado el de
Técnico Operativo Grado 15 en la Regional – Cundinamarca.
Que mediante la Resolución 001860 de 18 de noviembre de 2003, el Incora
aceptó la renuncia presentada por el señor Luis Fermín, con efectos a partir del 28
de noviembre de 2003.
Que por la Resolución 02541 de 16 de diciembre de 2003, el Incora reconoció una
pensión de vejez a favor del señor Luis Fermín Cabrejo, en cuantía de
$1,046,325.00, efectiva a partir del 28 de noviembre de 2003, fecha en la cual se
produjo el retiro definitivo del servicio.
Que a través de la Resolución 00696 de 3 de mayo de 2005, el Incora reliquidó la
pensión a favor del señor Cabrejo Aponte, elevando la cuantía a la suma de
$1,046,325, efectiva a partir de 29 de noviembre de 2003.
El señor Luis Fermín Cabrejo Aponte interpuso una demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra los anteriores
actos administrativos, proceso en el cual se profirió la decisión hoy recurrida en la
3
Folios 208-255.
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Número interno: 4742-2018
Demandante: UGPP
Demandado: Luis Fermín Cabrejo Aponte
Fallo
que se ordenó a la UGPP reliquidar la pensión de jubilación.
Que a través de la Resolución RDP 014929 de 26 de abril de 2018, la UGPP dio
cumplimiento a la sentencia proferida el 29 de junio de 2017 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca. En dicho acto se estableció la cuantía de la
pensión en la suma de $1,065,063, efectiva a partir del 28 de noviembre de 2003,
con efectos fiscales desde el 8 de marzo de 2009, por prescripción trienal.
Frente a la primera causal, indicó que lo ordenado por los jueces de instancia
vulneró el debido proceso y otorgó un derecho sin el cumplimiento de los
requisitos legalmente establecidos para tal fin, con lo cual se genera una
afectación grave del erario.
Señaló que la reliquidación de la pensión de jubilación debió realizarse teniendo
en cuenta lo dispuesto en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993 respecto al
IBL y factores que deben ser incluidos al momento de liquidar la prestación.
En relación con la segunda causal, indicó que la cuantía del derecho reconocido
excede lo debido, de acuerdo con la ley, al haberse dispuesto la reliquidación de la
pensión en contravía de lo previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Agregó que, en el proceso se acreditó que el señor Luis Fermín Cabrejo Aponte es
acreedor del régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993, por lo que
tiene derecho a que se reliquide la pensión teniendo en cuenta la edad, tiempo y
monto (tasa de reemplazo) de la prestación, según las normas aplicables para
dichos funcionarios antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, que
para el caso sería la Ley 33 de 1985, sin embargo, el IBL no debe calcularse de
acuerdo con lo dispuesto en el régimen anterior, sino con lo establecido en los
artículos 21 o 36 de la Ley 100 de 1993.
Igualmente, afirmó que los factores salariales que se deben aplicar son los
contenidos en el Decreto 1158 de 1994, pues el causante adquirió el estatus de
pensionado en vigencia de dicha norma.
Aseguró que la reliquidación ordenada por la decisión recurrida conllevó a que se
presentara una vía de hecho, pues en dicha providencia se desconocen los
precedentes obligatorios y vinculantes proferidos por la Corte Constitucional sobre
la forma de liquidar el IBL de las personas beneficiarias del régimen de transición
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Número interno: 4742-2018
Demandante: UGPP
Demandado: Luis Fermín Cabrejo Aponte
Fallo
de la Ley 100 de 1993, lo cual conllevó a un incremento de la mesada pensional
de la causante en un 0,82%.
Afirmó que el Consejo de Estado ha considerado en su jurisprudencia que el factor
denominado bonificación especial por recreación no constituye factor salarial para
efectos prestacionales, toda vez que el factor no pretende remunerar directamente
la prestación del servicio del empleado.
Como pretensiones del recurso, solicitó:
“[…] PRIMERO: Revocar la sentencia proferida por el JUZGADO VEINTIUNO
ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ SECCIÓN
SEGUNDA de fecha 08 de Agosto de 2014, confirmado por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN “A”,
en sentencia de fecha 29 de Junio de 2017.
SEGUNDA: Declarar que el señor LUIS FERMIN CABREJO APONTE en cuanto a
la liquidación de su pensión de vejez, no es acreedor de un DERECHO ADQUIRIDO
amparable por la Legislación Colombiana, y en su lugar, ORDENAR LA
RELIQUIDACIÓN Y PAGO de su mesada pensional conforme a las reglas previstas
en la sentencia SU 395 de 2017, puesto que la aplicación incorrecta del régimen de
transición en la que se liquida la pensión de todos los factores salariales
devengados en el último año de servicios, constituye un defecto sustantivo y en
violación directa de la constitución.
TERCERA: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la Unidad
Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social – UGPP, RELIQUIDAR y PAGAR la mesada pensional del señor LUIS
FERMIN CABREJO APONTE, conforme a las reglas previstas en las Sentencias C-
168 de 1995, C-258 de 2013, Auto 326 de 2014, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016,
SU-210 de 2017, Auto 229 de 2017, SU-395 de 2017 y SU-631 de 2017 proferidas
por la Sala Plena de la Corte Constitucional, esto es, adoptando como INGRESO
BASE DE LIQUIDACIÓN las directrices fijadas en el inciso 3º del artículo 36 o las
consignadas en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según el caso, así como los
FACTORES BASE DE COTIZACIÓN TAXATIVAMENTE determinados en el
Decreto 1158 de 1994 y demás disposiciones que EXPRESAMENTE consagren esa
condición de FACTORES SALARIALES con incidencia pensional, y fijando como
MONTO PENSIONAL o TASA DE REEMPLAZO el 75% previsto en el artículo 1º de
la Ley 33 de 1985; por haber adquirido su status pensional conforme a las
condiciones del RÉGIMEN DE TRANSICIÓN creado por el Sistema General de
Pensiones, y no antes”.
3. Trámite del recurso extraordinario de revisión
Mediante auto del 1 de noviembre de 2019 se admitió el recurso extraordinario de
revisión; se ordenó notificar personalmente al señor Luis Fermín Cabrejo Aponte y
al Ministerio Público; y se rechazó por improcedente la medida cautelar solicitada 4.
La entidad recurrente presentó recurso de reposición contra el auto que rechazó la
4
Folios 273-274reverso.
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Número interno: 4742-2018
Demandante: UGPP
Demandado: Luis Fermín Cabrejo Aponte
Fallo
medida cautelar 5 . En auto del 20 de mayo de 2021 se decidió no reponer la
providencia del 1 de noviembre de 2019 6 . A través de providencia del 30 de
septiembre de 2021 se requirió a a parte recurrente para que notifique la admisión
del recurso extraordinario de revisión7. Posteriormente, en providencia del 24 de
enero de 2023 se prescindió del máximo periodo probatorio8.
4. Oposición al recurso extraordinario de revisión
El señor Luis Fermín Cabrejo Aponte, a través de apoderado, se opuso a las
pretensiones del recurso extraordinario de revisión al considerar que el fallo
recurrido se fundamentó en las normas y jurisprudencia vigente al momento en
que fue proferido. Igualmente, señaló que la sentencia de unificación dictada por la
Sala Plena del Consejo de Estado el 28 de agosto de 2018 no es aplicable al caso
bajo estudio, teniendo en cuenta lo dispuesto en esa misma decisión 9.
5. Concepto del Ministerio Público
El Ministerio Público no presentó concepto de fondo en el asunto de la
referencia.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
El presente recurso extraordinario de revisión se rige por el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de
2011, y esta Subsección es competente para conocer del recurso contra la
sentencia del 18 de diciembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, de conformidad con lo establecido en el inciso 2º del artículo 249
ídem.
2. Oportunidad y legitimación en la causa por activa en la presentación del
recurso extraordinario de revisión
5
Folios 277-281.
6
Folios 284-286.
7
Folios 288-289.
8
Folios 291-reverso.
9
Índice 32 de Samai al consultar el proceso de la referencia.
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Número interno: 4742-2018
Demandante: UGPP
Demandado: Luis Fermín Cabrejo Aponte
Fallo
El recurso extraordinario de revisión fue interpuesto oportunamente, el 25 de
septiembre de 201810, pues la sentencia recurrida se dictó el 29 de junio de 2017,
y conforme con el artículo 251 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, en el caso de las causales del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, la entidad de previsión social tiene legitimación para interponer este
medio extraordinario en un término de 5 años.
Asimismo, la Sala advierte que el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 facultó al
Gobierno para que, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o
del Procurador General de la Nación, soliciten ante el Consejo de Estado o la
Corte Suprema de Justicia la revisión de aquellas providencias judiciales en las
que se reconozcan prestaciones periódicas a cargo del tesoro público o de fondos
de naturaleza pública.
A su vez, se observa que el numeral 6 del artículo 6 del Decreto 575 de 2013 “ Por
el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y se determinan
las funciones de sus dependencias”, establece como función de la UGPP “6. Adelantar o
asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003
o normas que la adicionen o modifiquen”.
En virtud de lo anterior, la Sala considera que la UGPP está legitimada en la causa
por activa para interponer el recurso extraordinario de revisión previsto en la Ley
797 de 2003 y que lo hizo de manera oportuna, pues no transcurrieron 5 años
desde la fecha en que quedó ejecutoriada la providencia recurrida y la
presentación del recurso extraordinario de revisión.
3. Problema Jurídico
En los términos del recurso extraordinario de revisión presentado, la Sala debe
establecer si procede infirmar la sentencia del 29 de junio de 2017, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que confirmó la decisión de primera
instancia que accedió a las pretensiones de la demanda.
Por consiguiente, la Sala debe determinar si en la sentencia proferida el 29 de
junio de 2017 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se incurrió en las
10
Folio 256 reverso.
8
Número interno: 4742-2018
Demandante: UGPP
Demandado: Luis Fermín Cabrejo Aponte
Fallo
causales de revisión alegadas por el recurrente, esto es, si se reconoció el
derecho con violación al debido proceso y si la cuantía del derecho reconocido al
señor Luis Fermín Cabrejo Aponte excede lo debido de acuerdo con la ley, por
haberse ordenado la reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión de
todos los factores salariales devengados en el último año de servicios.
Para resolver el problema jurídico, se analizará el objeto del recurso extraordinario
de revisión, el alcance de las causales invocadas por la entidad demandante,
para, finalmente, descender al caso concreto.
3.1. Objeto y alcance del recurso extraordinario de revisión
La jurisprudencia de esta Corporación, de manera pacífica, ha considerado que el
propósito del recurso extraordinario de revisión es permitir que se garantice una
justicia material en un caso que ya se ha decidido; un caso que si bien ha hecho
tránsito a cosa juzgada y respecto del cual se pregona su certeza y ejecutoriedad,
por razones distintas al debate mismo de la instancia que dio lugar a la decisión
judicial, se permite que esa fuerza de cosa juzgada se rompa y pueda dar paso a
la protección, en algunos asuntos, de derechos fundamentales que fueron
desconocidos o amenazados por el operador judicial.
Las causales que el legislador prevé como únicas para superar y quebrar la
seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso de su
prosperidad, atienden a circunstancias específicas y objetivas que no
corresponden a un cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o
probatorio adelantado por el juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión
cuestionada. Por ello, no puede utilizarse este medio impugnativo so pretexto de
reabrir el debate jurídico o revivir una valoración probatoria que fue realizada por
el juez de instancia.
De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que la
rigurosidad de esta clase de asuntos no permite que el juzgador se aproxime a
alguna causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco permite
convertir esta vía en una tercera instancia, pues ello desnaturalizaría la función de
esta clase de instrumentos extraordinarios11.
11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero
de 2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto
Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00.
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Número interno: 4742-2018
Demandante: UGPP
Demandado: Luis Fermín Cabrejo Aponte
Fallo
Ahora bien, el artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo incorporó, a las causales allí establecidas, las
previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para que, por el trámite del
recurso extraordinario de revisión, se resolviera esta acción especial, dentro de la
cual también pueden invocarse las causales señaladas en el artículo 250 citado.
En efecto, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, establece:
“ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A
CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA
PÚBLICA. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en
cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al
tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas
periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por
el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus
competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor
General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario
de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las
causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la
ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables”.
La inclusión o correspondencia en cuanto al trámite o causales de estos dos
mecanismos extraordinarios de revisión, no significa, como lo explicó la Sala
Especial de Decisión 25, en sentencia del 4 de junio de 2019, “que la acción
especial contenida en esa normativa y el referido recurso sean equiparables
jurídicamente, sino solo que el trámite12 y sus causales generales13 le resultan aplicables
a aquella por remisión”, pues esta acción especial “tiene un carácter sui generis14, dado
que, más allá de que pueda infirmar una sentencia ejecutoriada – al igual que el recurso
12
Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes
etapas procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión que la ha
llevado a concluir que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una acción o medio de
control más. Ver: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad. 11001-03-15-000-2013-
02110-00]. MP. Bertha Lucía Ramírez de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25. Sentencias de 3 de marzo
de2015 [Rad. 11001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)]. MP. Alberto Yepes Barreiro [Rad. 11001-03-15-000-2012-01776-00
(REV)]. MP. (E) Hernán Andrade Rincón. La Corte Constitucional, en el marco de la acción especial revisión, ha aceptado
que esta se realiza a través de una demanda sometida a las formalidades y requisitos del recurso extraordinario de revisión.
Ver: Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería.
13
Sala 4ª Especial de Decisión. Sentencia de 1 de agosto de 2017 [Rad. 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV)]. MP. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez.
14
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se indicó,
como una novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui generis” de revisión procedía no solo
contra sentencias sino también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales,
con base en las causales generales y el trámite previsto para el recurso extraordinario de revisión en el CCA – hoy en el
CPACA –. Agregó que las dos (2) causales especiales introducidas por esa norma sólo se predicaban únicamente respecto
de las sentencias.
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Número interno: 4742-2018
Demandante: UGPP
Demandado: Luis Fermín Cabrejo Aponte
Fallo
extraordinario de revisión –, presenta unas particularidades que le otorgan una entidad
propia15”, como es el análisis que sobre su configuración realiza el juez de esta
acción especial, debido a las dos causales de revisión que se pueden invocar16.
Ciertamente, debido a las causales que son procedentes en este recurso
extraordinario de revisión, concretamente, en cuanto a la cuantía del derecho
reconocido, permite que el juez extraordinario, de alguna manera, analice
aspectos de fondo, como, por ejemplo, frente a los factores que se tienen en
cuenta para la cuantificación del derecho17.
Así mismo, es importante precisar que, al igual como sucede en el estudio de las
causales del recurso extraordinario de revisión, los motivos para pretender la
nulidad de la sentencia que ha reconocido el derecho a una prestación periódica a
cargo del Tesoro Nacional, en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003, son de análisis restringido y riguroso frente a los cargos endilgados, pues
tampoco le está permitido al juzgador aproximarse a una causal que no fue
planteada en la demanda o efectuar una revisión integral del fallo, pues su
naturaleza no es de ser una tercera instancia.
3.2. Alcance de las causales invocadas por la entidad demandante
La primera causal está prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003, según la cual se puede solicitar la revisión de una sentencia “ cuando el
reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso”.
Sobre esta causal, la Sala Especial de Decisión 22, en sentencia del 5 de febrero
de 2019, consideró:
“Sobre el particular, es oportuno precisar que la parte interesada, al promover el
recurso, debe aportar los elementos sobre los cuales estructura su petición,
específicamente las conductas que considera violatorias del derecho fundamental
cuya violación da lugar a la configuración de la causal.
15
Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le otorgan una entidad propia,
reflejada principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de 27 de marzo
de 2014 [Rad. 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12)]. MP. Gerardo Arenas Monsalve, y [sA] sentencia de 17 de mayo
de 2018 [Rad. 11001-03-25-000-2014-00665-00(2074-14)]. MP. William Hernández Gómez.
16
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico.
17
De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto de ley 56 de 2002, que culminó con la promulgación de la Ley 797
de 2003, la intención del legislador con la consagración de la acción especial estuvo centrada en la revisión de los montos
de las pensiones reconocidas irregularmente o en contra de lo establecido por la ley, en orden a salvaguardar el equilibrio
entre la prestación y su legalidad, así como también proteger los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia
y sostenibilidad del sistema de seguridad social y el principio de universalidad que lo gobierna. Ver: Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sala 4ª Especial de Decisión. Sentencia de 1 de agosto de 2017 [Rad. 11001-03-15-000-2016-02022-
00(REV)]. MP. Sandra Lisset Ibarra Vélez; Sección Segunda. Subsección A. Sentencias de 21 de junio de 2018 [Rads.
11001-03-25-000-2014-00845-00(2572-14) y 11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13)], 12 de julio de 2018 [Rad. 11001-
03-25-000-2013-00036-00(0091-13)] y 9 de agosto de 2018 [Rad. 11001-03-25-000-2017-00216-00(1223-17)]. MP. Rafael
Francisco Suárez Vargas.
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Número interno: 4742-2018
Demandante: UGPP
Demandado: Luis Fermín Cabrejo Aponte
Fallo
[…]
Al respecto, la Sala precisa que el derecho fundamental al debido proceso,
consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, es una garantía para
equilibrar la relación autoridad - libertad que surge entre el Estado y los asociados, y
está prevista en favor de las partes y de los terceros interesados en una actuación
administrativa o judicial.
Según la norma en comento, el debido proceso comprende fundamentalmente tres
grandes elementos:
i) El derecho al juez natural o funcionario competente;
ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento,
esto es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación
judicial o administrativa; y
iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el
derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el
derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el
derecho a que se produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la
decisión y la garantía de non bis in ídem”18.
La Sala considera que para que se configure esta causal de revisión, la
demandante debe probar que la pensión o prestación periódica fue expedida con
violación del debido proceso, es decir, por alguna de las razones o núcleos
fundamentales que componen este derecho, sin que sea dable proponer, bajo esta
causal, argumentos de derecho sustancial. La prueba de la violación del debido
proceso es carga de quien la invoca, hecho que debe estar suficientemente
acreditado en el expediente, pues solo así podría quebrarse la cosa juzgada de la
sentencia recurrida y dar paso al restablecimiento de la justicia material como fin
legítimo de esta acción especial de revisión.
La segunda causal es la prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003 “cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto, o convención colectiva que le eran legalmente aplicables”, es
decir, cuando la sentencia reconoce una prestación por un monto que no
corresponde a lo legal o convencionalmente viable.
De la lectura de la disposición que consagra esta causal de revisión, la Sala
advierte que lo pretendido por el legislador, es que las entidades públicas que
menciona el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 tengan la legitimación para accionar
contra una sentencia judicial ya ejecutoriada y que ha hecho tránsito a cosa
18
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 22, Exp. 2018-01884-00 M.P. Dr. Alberto Yepes Barreiro.
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Número interno: 4742-2018
Demandante: UGPP
Demandado: Luis Fermín Cabrejo Aponte
Fallo
juzgada, para corregirla, en cuanto ha reconocido una prestación periódica cuyo
monto o cuantía excede a lo legalmente previsto, buscando restablecer el
propósito y la sostenibilidad del sistema pensional, bajo los principios de
solidaridad y equilibrio financiero.
4. Caso concreto
4.1. Primer cargo de violación
La parte recurrente considera que la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que confirmó el fallo dictado por el Juzgado
Veintiuno Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, se produjo con
violación al debido proceso, por cuanto lo procedente era que se aplicara lo
dispuesto en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, respecto al IBL y los
factores a incluir para ordenar la reliquidación de la pensión de jubilación.
Señaló que las providencias de instancia fueron proferidas en contravía de la ley,
la jurisprudencia y el precedente jurisprudencial vigente, y conllevan a un aumento
en la mesada pensional sin que exista el derecho al mencionado reconocimiento.
Al respecto, se evidencia que lo pretendido por la entidad recurrente bajo este
cargo, es que se revise el sustento normativo que llevó al juez de instancia a
adoptar la decisión recurrida, pues a su juicio se aplicaron unas normas que no
correspondían para reliquidar la pensión de vejez reconocida al señor Luis Fermín
Cabrejo Aponte.
A juicio de la Sala, esta causal invocada no puede ser estudiada bajo los
argumentos expuestos en el recurso, pues no cuestiona la competencia del juez
que dictó la providencia, las normas procesales tenidas en cuenta para resolver el
asunto, ni hace alusión a la falta de garantías de audiencia, defensa,
contradicción, así como tampoco a la falta de motivación de la decisión.
Quiere decir lo anterior que, el recurrente no acreditó que la decisión objeto de
revisión se dictó con violación al debido proceso, sino que se evidencia que lo
pretendido es cuestionar la providencia bajo argumentos de derecho sustancial,
los cuales son objeto de estudio también en la segunda causal invocada, en la
cual se controvierten directamente las normas aplicadas que dieron origen al
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Número interno: 4742-2018
Demandante: UGPP
Demandado: Luis Fermín Cabrejo Aponte
Fallo
reconocimiento del derecho pensional en una cuantía superior a la que
corresponde.
Así las cosas, la Sala no advierte la vulneración del derecho al debido proceso,
pues la UGPP tuvo la oportunidad de ejercer los derechos de defensa y
contradicción dentro de dicho asunto, razón por la cual no se encuentra fundada
esta causal.
4.2. Segundo cargo de violación
La UGPP planteó como causal de revisión, la contenida en el literal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, bajo el argumento que la sentencia cuya revisión se
pretende ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación reconocida al señor
Luis Fermín Cabrejo Aponte, en cuantía del 75%, con la inclusión de todos los
factores salariales percibidos en el último año de servicios, lo que a su juicio causa
un detrimento al erario, pues es beneficiario del régimen de transición previsto en
la Ley 100 de 1993, por lo que debe aplicarse el tiempo de servicio, la edad de
retiro y la tasa de reemplazo prevista en la Ley 33 de 1985, pero teniendo en
cuenta el IBL y el periodo sobre el cual se debe liquidar la pensión, establecido en
la Ley 100 de 1993 y en el Decreto 1158 de 1994.
La Sala advierte que, en el asunto de la referencia no se discute el derecho
pensional reconocido por el Incora a favor del señor Luis Fermín Cabrejo Aponte
en la Resolución 02541 de 16 de diciembre de 2003, reliquidado por la Resolución
00696 de 3 de mayo de 2005; sino la decisión adoptada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se confirmó la sentencia de
primera instancia que declaró la nulidad de los actos acusados y, como
consecuencia de lo anterior, se ordenó a la entidad de previsión social reliquidar la
pensión de jubilación con la inclusión de los factores salariales devengados en el
último año de servicio.
Sea lo primero indicar que, el señor Luis Fermín Cabrejo Aponte laboró en el
Instituto Colombiano de la Reforma Agraria - Incora, siendo beneficiario del
régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, por lo que se debe tener en
cuenta lo previsto en la Ley 33 de 1985, aplicable para los empleados que no
gozan de un régimen pensional especial, como el caso del demandado.
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Número interno: 4742-2018
Demandante: UGPP
Demandado: Luis Fermín Cabrejo Aponte
Fallo
Aclarado lo anterior, se observa que lo planteado por la UGPP es que existe un
incremento injustificado de la mesada pensional por haberse reliquidado esta
prestación con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el
último año, razón por la cual la Sala procede a estudiar el acto administrativo
mediante el cual se dio cumplimiento a la sentencia recurrida, con el fin de
establecer si procede infirmar dicha decisión.
Pues bien, a través de la Resolución RDP 014929 de 26 de abril de 201819, la
UGPP reliquidó la pensión de vejez reconocida al señor Luis Fermín Cabrejo
Aponte en cumplimiento del fallo dictado por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. En dicha decisión se estableció lo siguiente:
“[…] Que de conformidad con lo ordenado por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A, es procedente efectuar
la siguiente liquidación así:
VALOR VALOR IBL
AÑO FACTOR VALOR IBL
ACUMULADO ACTUALIZADO
2002 ASIGNACIÓN BÁSICA MES 1,029,127.00 1,029,127.00 1,029,127.00
2002 AUXILIO DE TRANSPORTE 202,184.00 202,184.00 202,184.00
2002 PRIMA DE ANTIGÜEDAD 94,052.00 94,052.00 94,052.00
2002 PRIMA DE NAVIDAD 1,184,342.00 108,565.00 108,565.00
2003 ASIGNACIÓN BÁSICA MES 10,778,415.00 10,778,415.00 10,778,415.00
2003 AUXILIO DE TRANSPORTE 1,290,163.00 1,290,163.00 1,290,163.00
2003 BONIFICACIÓN SERVICIOS PRESTADOS 357,398.00 357,398.00 357,398.00
2003 PRIMA DE ANTIGÜEDAD 964,082.00 964,082.00 964,082.00
2003 PRIMA DE NAVIDAD 1,166,105.00 1,166,105.00 1,166,105.00
2003 PRIMA DE SERVICIOS 1,050,919.00 1,050,919.00 1,050,919.00
IBL: 1,420,084 x 75.0 = $1,065,063
SON: UN MILLON SESENTA Y CINCO MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE.
Que en el presente caso la normatividad aplicable es la siguiente:
FECHA FECHA VALOR
TIPO PENSIÓN STATUS EFECTIVIDAD IBL % PENSIÓN
(DD/MM/AAAA) (DD/MM/AAAA)
Vejez – Legal Transición 1,065,063.00
06/11/1999 28/11/2003 1,420,084.00 75.00
Ley 33 y Decreto 2527
[…]”.
Precisado lo anterior, se evidencia lo siguiente: (i) mediante la Resolución 02541
de 16 de diciembre de 2003, el Incora reconoció una pensión de vejez al señor
Luis Fermín Cabrejo Aponte, en cuantía de $1,046,325, efectiva a partir del 28 de
noviembre de 2003; (ii) a través de la Resolución 00696 de 3 de mayo de 2005, la
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Folios 152-158.
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Número interno: 4742-2018
Demandante: UGPP
Demandado: Luis Fermín Cabrejo Aponte
Fallo
misma entidad reliquidó la pensión porque no se había calculado el incremento del
salario del último año de servicio, en cuantía de $1,056,386, efectiva a partir del 29
de noviembre de 2003; (iii) mediante la Resolución RDP 014929 de 26 de abril de
2018, la UGPP dio cumplimiento a lo ordenado mediante sentencia y reliquidó la
pensión de vejez en cuantía de $1,065,063, efectiva a partir del 28 de noviembre
de 2003, con efectos fiscales desde el 8 de marzo de 2009, por prescripción
trienal.
Ciertamente, la Sala advierte que en la sentencia revisada se dispuso la
reliquidación de la pensión de vejez a favor de la parte accionada con la inclusión
de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio, bajo el
argumento que la norma aplicable en materia pensional en su caso era la Ley 33
de 1985 y acogiendo la postura adoptada por esta Corporación para esa fecha,
pero contraria a la establecida en la actualidad. Ahora bien, la diferencia que
resulta entre el valor que venía recibiendo el pensionado antes de promover la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ($1,056,386) y la reliquidación
efectuada en cumplimiento de un fallo judicial ($1,065,063) corresponde a la suma
de $8,677, lo que equivale a un incremento de la mesada de un 0,82%
aproximadamente.
A su vez, se encuentra probado que el señor Luis Fermín Cabrejo Aponte laboró al
servicio del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria - Incora entre el 1 de abril
de 1967y el 28 de noviembre de 2003, como Técnico Operativo 15. Al respecto, se
resalta que al expediente no se allegó constancia laboral del señor Cabrejo Aponte
ni se alegó por la entidad recurrente que el incremento de la mesada pensional se
derivó de una situación que buscó el beneficio pensional con abuso de derecho.
Asimismo, se advierte que la UGPP no realizó ningún argumento particular sobre
los factores que, por orden judicial se incluyeron para la reliquidación pensional,
sino que se limitó a cuestionar lo resuelto por los jueces de instancia al considerar
que se había desconocido el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional
sobre la materia objeto de estudio, pese a que en el caso particular fue el punto
que llevó al incremento de la mesada pensional. De lo anterior se puede concluir
que no se encuentra que la reliquidación de la pensión se efectuó con abuso del
derecho o con fraude a la ley.
Por el contrario, se observa que en el recurso extraordinario de revisión solamente
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Número interno: 4742-2018
Demandante: UGPP
Demandado: Luis Fermín Cabrejo Aponte
Fallo
se hace alusión de forma puntual a la bonificación especial por recreación, pese a
que dicho concepto no fue incluido en la decisión judicial para reliquidar la pensión
y, por lo mismo, no fue tenido en cuenta por la UGPP al dictar la Resolución RDP
14929 de 26 de abril de 2018 en cumplimiento de fallo, razón por la cual la Sala se
abstendrá de hacer algún pronunciamiento al respecto.
A su vez, se evidencia que en el acto administrativo que da cumplimiento a la
sentencia, se dispuso el descuento por aportes sobre los conceptos incluidos en la
reliquidación y que no se hubieran realizado (artículo octavo).
Sobre la procedencia del recurso extraordinario de revisión en casos como el
presente, esta Subsección se ha pronunciado en otras oportunidades. Al respecto,
en sentencia del 27 de mayo de 2021, se indicó lo siguiente20:
[…] 34. Teniendo en cuenta lo anterior, es pertinente señalar que la acción de
revisión se erige como una herramienta judicial cuyo ejercicio hace prevalecer el
interés de la colectividad por encima del particular al detener o armonizar con la ley
el pago de pensiones reconocidas en exceso, bien sea por error, ignorancia o
desconocimiento del funcionario judicial o administrativo de las disposiciones
reguladoras de la pensión o ya sea por adoptarse una interpretación que no se
acompasa con los principios reguladores del sistema de seguridad social en
pensiones vertidos en la Carta Superior.
35. En ese sentido, un abuso del derecho en el sistema de seguridad social en
pensiones se produce cuando en ejercicio de las garantías que aquel cobija, un
individuo con una posición económica privilegiada obtiene, además de las ventajas
que ostenta en la sociedad, otras adicionales que desafían los principios de la
seguridad social en pensiones y resisten su orientación equitativa, tal como lo
reconoció la Sentencia C-258 de 2013 al sostener que <<para que se produzca
este abuso del derecho, el aumento [de la mesada pensional], se repite, debe ser
claramente desproporcionado y debe ser evidente que no corresponde a su historia
laboral>>. Subrayado nuestro.
36. Entonces, se justifica la revisión de las sentencias controvertidas por vía de las
acciones extraordinaria de revisión, en aquellos casos en los cuales, al constatar
que la ventaja irrazonable que generó el fallo cuestionado pone en riesgo el
sostenimiento fiscal del sistema y por ende, la expectativa de los demás afiliados
del sistema de seguridad social, con ocasión de una anomalía en la interpretación
judicial, carga que por supuesto, está a cargo de quien invoca la causal y que tiene
el deber de demostrarlo. […]”.
Igualmente, la Sala Especial de Decisión 2 del Consejo de Estado, en sentencia
del 24 de septiembre de 2021, estableció lo siguiente21:
“65. Evidentemente, no puede considerarse que el presente caso se trate de una
20
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 27 de mayo de 2021. Radicado: 11001-03-25-000-
2018-01538-00. M.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
21
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 2. Sentencia del 24 de septiembre de 2021. Radicado: 11001-03-15-000-
2018-01426-00. Recurrente: UGPP. M.P. César Palomino Cortés.
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Número interno: 4742-2018
Demandante: UGPP
Demandado: Luis Fermín Cabrejo Aponte
Fallo
pensión obtenida con abuso del derecho o con fraude a la ley o que se trate de una
pensión injustificada o excesivamente privilegiada, teniendo en cuenta que la
cuantía de la pensión inicialmente determinada en $1.356.900,61 fue reliquidada por
el retiro del señor García García a la suma de $1.541.1540,41 mediante Resolución
15191 del 12 de agosto de 2003 (aclarada por la Resolución 004902 del 27 de
febrero de 2004) y, posteriormente, determinada en $1.932.465,13, mediante
Resolución 27739 del 13 de junio de 2007, a través de la cual CAJANAL EICE dio
cumplimiento al fallo de nulidad y restablecimiento del derecho, según consta en el
folio 106 del cuaderno de anexos del recurso extraordinario de revisión.
66. Por otra parte, a juicio de la Sala, la pensión, en el monto así reconocido por el
Consejo de Estado hace más de 15 años, no atenta contra el interés general, ni
tiene una repercusión en detrimento de los recursos estatales; además, que, en
tales condiciones, no pone en desequilibrio la sostenibilidad fiscal del sistema
pensional, primero porque no corresponde a una de aquellas pensiones excesivas,
privilegiadas, o a uno de los beneficios desproporcionados que, entre otros
aspectos, dieron origen a la necesidad de modificar el sistema pensional para
ponerles término22 y, segundo, porque la sentencia recurrida en revisión, dispuso
que en el evento de no haberse pagado la totalidad de los aportes de ley, la Caja
debería realizar las compensaciones correspondientes, lo cual, responde
precisamente a la observancia de este criterio de sostenibilidad financiera del
sistema, como reiteradamente lo consideraba el Consejo de Estado, en sus
diferentes salas, al señalar, en algunos de sus pronunciamientos, que “la decisión
que accedió al reconocimiento de la reliquidación pensional, no podía pasar por alto
el criterio de sostenibilidad fiscal consagrado en la Carta Política (art. 48), lo que se
manifiesta en la orden de descuento de los aportes al sistema general de seguridad
social en pensiones, como se acaba de indicar”23.”.
Quiere decir lo anterior, que la reliquidación efectuada en virtud del fallo proferido
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sobre la pensión de vejez
reconocida al señor Luis Fermín Cabrejo Aponte, no muestra un incremento
excesivo o injustificado, pues no se evidencia la existencia de un abuso del
derecho, así como tampoco que se haya reconocido o reliquidado la pensión con
fraude a la ley.
Al respecto, el Acto Legislativo 01 de 2005 constitucionalizó la revisión de las
pensiones cuando se presenta un abuso del derecho, en este sentido indicó: "La
ley establecerá un procedimiento breve para la revisión de las pensiones reconocidas con
abuso del derecho o sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley o en las
convenciones y laudos arbitrales válidamente celebrados". La Sala considera que, si
bien no se ha expedido una nueva ley que regule este aspecto, la aplicación del
22
En la Sentencia de Unificación del 11 de junio de 2020, citada anteriormente, se explicó como la sostenibilidad financiera
fue el fundamento del esquema pensional instituido por el Acto Legislativo 01 de 2005, así: “Como era alarmante la
situación fiscal por la que venía atravesando el Estado, puesto que había comprometido seriamente sus finanzas públicas,
producto del reconocimiento y pago de excesivas pensiones a su cargo, hecho sumado al retraso en la vigencia plena del
nuevo sistema pensional, con ocasión de un régimen de transición que estipuló el derecho a jubilarse con el régimen
anterior que fuera aplicable, se presentó la necesidad de adicionar el artículo 48 de la Constitución Política a través del Acto
Legislativo 01 de 2005, en cuyo artículo 1.° se estableció que al Estado, no solo le corresponde respetar los derechos
adquiridos de conformidad con la ley, sino que, además, garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, al
igual que asumir el pago de la deuda pensional que estuviera a su cargo (subraya fuera del texto).
23
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 19 de abril de 2018 (exp. 2017-01534-01), reiterada en sentencia del 14
de marzo de 2019, (exp. 2018-00683-01(AC), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
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Demandante: UGPP
Demandado: Luis Fermín Cabrejo Aponte
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artículo 20 de la Ley 797 de 2003, debe estudiarse desde la configuración de este
elemento.
En virtud de lo anterior, la Sala ha analizado los asuntos presentados en ejercicio
de estas acciones especiales de revisión, con el fin de establecer en cada caso
particular, si el incremento pensional se da porque existió un nombramiento en
provisionalidad o en encargo en el último año de servicios, o si los fallos ordenaron
la inclusión de una cantidad desproporcionada de factores sobre los cuáles no se
realizaron aportes, lo que conlleve a que dicho incremento de la mesada pensional
se torne injustificado.
Pues bien, visto lo anterior, la Sala concluye que, como el incremento de la
pensión reconocida al señor Luis Fermín Cabrejo Aponte no se derivó de un abuso
del derecho, siendo necesario para que proceda la revisión de la sentencia bajo
los supuestos planteados por el ente de previsión en el caso bajo estudio, se
declarará infundado el presente recurso.
Para finalizar, sobre la condena en costas, es importante destacar que no procede
de manera automática, pues tal y como se indica en el numeral 8 del artículo 365
del Código General del Proceso, “(…) solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación (…)”. Siendo
así, como en el trámite del presente recurso no se observa su causación, esta
Sala no condenará en costas al recurrente.
III. DECISION
Así las cosas, la Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión
presentado por la UGPP y no se condenará en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR infundado el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP contra la
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Demandante: UGPP
Demandado: Luis Fermín Cabrejo Aponte
Fallo
sentencia del 29 de junio de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: No hay lugar a condena en costas, por no haberse causado.
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica
mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el
sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia se discutió y aprobó por la Sala en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
(Firmado electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
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