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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00533-00

Fecha
16 de octubre de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00533-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Declarar infundada la acción especial de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social en contra de la sentencia del 7 de febrero de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado: 11001-33-35-020- 2019-00438-01. Segundo. No condenar en costas. Tercero. Archivar el expediente cumplido lo anterior y previas las anotaciones pertinentes en el sistema de información de gestión de procesos y Samai. Cuarto. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR Firmado electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA LXRR CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2023-00533-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

16 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2023-00533-00 (7116-2023)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Providencia Sentencia del 7 de febrero de 2023 proferida por el Tribunal
recurrida: Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
B
Temas: Causal de revisión del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003. Reconocimiento pensión de sobreviviente

Sentencia de revisión

Asunto

La Sala decide la acción de revisión interpuesta por la Ugpp contra la sentencia del
7 de febrero de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho2 que promovió María Concepción Gaona de Ovalle contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social.

1. Antecedentes

1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho3

1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo4, María Concepción Gaona de Ovalle presentó
demanda en orden a que se declarara la nulidad de las resoluciones RDP-040775
del 10 de octubre de 2018, RDP 046178 del 9 de diciembre 2018 y RDP 000160 del
4 de enero de 2019 por medio de las cuales la Ugpp le negó el reconocimiento y
pago de una pensión post mortem con ocasión del fallecimiento de Pablo Enrique
Ovalle Melo.

2. A título de restablecimiento del derecho pidió (i) el reconocimiento de la prestación
social aludida «[…] a partir del 1 de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993»; y el pago de las sumas reconocidas debidamente indexadas.

1 En adelante Ugpp.
2 Expediente 1001333502020190043800.
3 Ver ítem 3 de Samai. Archivo 2_DemandaWeb_Demanda(.pdf) NroActua 3 (págs. 1-9).
4 En adelante CPACA.

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Demandante: Ugpp

1.1.1. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Pablo Enrique Ovalle Melo nació el 20 de octubre de 1948.

3.2. Contó con un total de 17 años, 9 meses y 22 de días de servicio, así:

3.3. El servidor falleció el 26 de octubre de 1990, a los 42 años de edad.

3.4. María Concepción Gaona de Ovalle, en calidad de cónyuge supérstite, solicitó
ante la Caja Nacional de Previsión Social5 el reconocimiento y pago de una pensión
de sobreviviente de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990 y la Ley 100 de 1993.

3.5. A través de la Resolución 3538 del 16 de febrero de 2004, Cajanal le negó el
reconocimiento de la prestación social. Decisión confirmada con la Resolución
31420 del 27 de diciembre de 2004.

3.6. El 15 de junio de 2010 elevó ante Cajanal PAR Buen Futuro el reconocimiento y
pago de la prestación pretendida. A través de la Resolución PAP 21457 del 21 de
octubre de 2010, se le negó toda vez que, «el causante debía reunir el requisito de 20
años de servicio, toda vez que la ley 12/75 únicamente habilita la edad más no el tiempo de
servicio, requisito que no cumple el causante, teniendo en cuenta que trabajó solamente 18
años 3 meses y 17 días, no adquiriendo ningún derecho, ni siendo dable la sustitución del
mismo» (sic). Decisión confirmada con la Resolución PAP 40566 del 25 de febrero
de 2011.

3.7. Con la Resolución RDP 040775 del 10 de octubre de 2018, la Ugpp negó el
reconocimiento de una pensión de vejez post mortem, al considerar que, de acuerdo
con la Ley 33 de 1985, «es requisito sine quanon que el causante haya servido veinte
(20) años continuos o discontinuos al Estado, y para el caso en estudio dicho causante sólo
acreditó un tiempo de servicio de 6,033 días, correspondientes a 862 semanas, tiempo
insuficiente para proceder al reconocimiento de la prestación solicitada» (sic). Decisión
confirmada con las resoluciones RDP 046178 del 09 de diciembre de 2018 y RDP
000160 del 4 de enero de 2019, esta última en la que se señaló:

«[…] Que de conformidad con las normas anteriormente transcritas y los elementos de
juicio existentes en el cuaderno administrativo, no es procedente el reconocimiento de la
Pensión de jubilación a favor del causante y por ende la sustitución de la misma, en
razón a que el causante debía reunir el requisito de 20 años de servicio, requisito que no
cumplió, teniendo en cuenta que solo se acredito 17 años 10 meses y 6 días. […] Que
el Decreto 758 del 11 de abril de 1990, es el que aprueba el Acuerdo Número 049 de
febrero 1 de 1990 emanado del Consejo Nacional del Seguro Social, es decir dicho
acuerdo es procedente para esta última entidad y no para CAJANAL, hoy esta entidad,

5 En adelante Cajanal.

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Demandante: Ugpp

por cuanto es una norma especialmente creada para aquellos tiempos que fueron
cotizados única y exclusivamente al Instituto de los Seguros Sociales y que no sean
computables con aquellos aportados a otras cajas o fondos de pensiones. […]». (sic)

1.2. Sentencia de primera instancia6

4. En sentencia proferida el 19 de abril de 2021, el Juzgado Veintisiete Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá declaró la nulidad de los actos acusados y, como
restablecimiento, ordenó a la Ugpp «reconocer y pagar a favor de la señora María
Concepción Gaona de Ovalle, […], en su condición de cónyuge supérstite, la pensión de
sobrevinientes de conformidad con el artículo 20 del Decreto 758 de 1990, calculada con el
69% del salario mensual de base, el cual se obtiene multiplicando por el factor 4.33, la
centésima parte de la suma de los salarios semanales sobre los cuales cotizó el trabajador
en las últimas cien (100) semanas. El factor 4.33 resulta de dividir el número de semanas
de un año por el número de meses. La prestación debe ser reconocida a partir del 26 de
octubre de 1990, fecha de fallecimiento del causante, pero con efectos fiscales desde el 24
de septiembre de 2015, por prescripción trienal» (sic).

5. La decisión se sustentó en los siguientes argumentos:

5.1. En atención a que el causante falleció el 26 de octubre de 1990, quien en laboró
por 17 años, 10 meses y 64 días, le era aplicable el Decreto 758 de 1990, «por el
cual se aprueba el Acuerdo número 049 de febrero 1 de 1990 emanado del Consejo
Nacional de Seguros Sociales Obligatorios». Así, se le exigía haber cotizado 150
semanas dentro de los 6 años anteriores a la muerte, o 300 semanas, en cualquier
época.

5.2. En cuanto al monto, se debía acudir a los dispuesto en el artículo 20 del Decreto
758 de 1990, que determinaba las cuantías de la pensión de invalidez y vejez, así,
«oscila[ba] entre el 45% y el 90% del salario mensual base, teniendo en cuenta el número
de semanas cotizadas y en cuanto al salario mensual base prevé que este se obtiene
multiplicando por el factor 4.33, la centésima parte de la suma de los salarios semanales
sobre los cuales cotizó el trabajador en las últimas cien (100) semanas» (sic).

5.3. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional7 y el Consejo de
Estado, era posible que al afiliado que hubiera cotizado en diferentes regímenes, le
fueran acumulados tiempos públicos y privados para efectos del reconocimiento
pensional, de acuerdo con el Decreto 758 de 1990, tal como aconteció en el caso
de Pablo Enrique Ovalle Melo, quien antes de su fallecimiento aportó más de 300
semanas (926).

5.4. Concepción Gaona de Ovalle acreditó la condición de cónyuge supérstite previo
al fallecimiento del causante, por lo que era titular del derecho reclamado, en los
términos del artículo 25 del Decreto 758 de 1990.

5.5. En atención al día del fallecimiento del afiliado (26 de octubre de 1990), respecto
de las mesadas causadas con anterioridad al 24 de septiembre de 2015 se
consideraron prescritas, pues la reclamación se presentó el 24 de septiembre de
2018.

6 Ver ítem 3 de Samai. Archivo 4_DemandaWeb_Anexos(.pdf) NroActua 3 (págs. 27-46).
7 Citó la sentencia T-938 de 2013.

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Demandante: Ugpp

1.3. Recursos de apelación8

6. Concepción Gaona de Ovalle solicitó la revocatoria de la sentencia, en lo que a la
configuración del fenómeno prescriptivo se refirió, al considerar que existieron
peticiones previas en las que solicitó el reconocimiento del derecho pretendido, por
lo que, en aplicación del principio de favorabilidad, se debía tener en cuenta que
«las mesadas prescribieron no por inactividad de mi representada, que es lo que castiga el
fenómeno de la prescripción, sino por una causa no imputable a ella; como lo fue la
negatoria por parte de la entidad aquí demandada» (sic).

7. La Ugpp apeló la sentencia al considerar que al causante no le era aplicable el
Decreto 758 de 1990, pues, «regula las prestaciones exclusivamente para los afiliados
al ISS», circunstancia ajena a su situación, ya que como empleado público le era
aplicable la Ley 33 de 1985, la cual, al no traer la pensión de sobrevivientes, «por
condición más beneficiosa [le] sería [aplicable] la ley 12 de 1975, sin embargo [aquel] no
cumplió los requisitos de tiempo necesarios para tal fin» (sic).

1.4. Sentencia de segunda instancia objeto de revisión9

8. En sentencia del 7 de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F confirmó la decisión del a quo y se
abstuvo de condenar en costas en esa instancia.

9. Sustentó la decisión en los siguientes argumentos:

9.1. En razón a la fecha del fallecimiento del causante (26 de octubre de 1990) no
eran aplicable las leyes 100 de 1993 ni 797 de 2003, sino a aquellas vigentes al
momento de la causación del derecho reclamado10, esto es, el Decreto 758 de 1990.

9.2. Deacuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado11, era viable la
acumulación de tiempos de servicios de diferentes empleadores con el fin de reunir
el número mínimo de cotizaciones para completar el tiempo para adquirir el derecho
pensional. Además, «el reconocimiento de la pensión por muerte del afiliado está a cargo
de la última Entidad de previsión social a la cual estuvo afiliado el causante cuando su
vinculación obedeció a 6 o más años, de lo contrario la prestación corresponderá al Ente al
cual se realizaron los aportes»12.

9.3. La Corte Constitucional13, en un asunto de contornos similares, determinó que,
«si el afiliado acredita el cumplimiento de los requisitos contenidos en el Decreto 758 de
1990, el reconocimiento pensional le corresponde a la UGPP por ser la última Entidad a la
que estuvo afiliado, en la medida que se encuentra facultada para realizar las actuaciones
necesarias a efectos de realizar los recobros correspondientes» (sic).

8 Ver ítem 3 de Samai. Archivo 4_DemandaWeb_Anexos(.pdf) NroActua 3 (págs. 27-46).
9 Ver ítem 3 de Samai. Archivo 4_DemandaWeb_Anexos(.pdf) NroActua 3 (págs. 1-26).
10 Citó: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,

C. P. Dr. Carmelo Perdomo Cuéter, sentencia 27 de noviembre de 2020, expediente No. 05001-23-
33-000-2014 01874-01(1691-18).
11 Citó: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,

M.P. Dr. Carmelo Perdomo Cuéter, expediente No. 05001-23-33-000-2015-02343-01 (3575-2021).
12 Ibidem.
13 Citó: Sentencia T-938 de 2013.

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Demandante: Ugpp

9.4. Se probó que el afiliado acumuló 17 años, 9 meses y 29 días de servicio, lo que
equivalió a 917 semanas, por lo que superó el término de cotización establecido en
el artículo 6 del Decreto 758 de 1990.

9.5. Así las cosas, y al acreditarse la calidad de cónyuge supérstite de Concepción
Gaona de Ovalle, era beneficiaria «de forma vitalicia de la pensión por muerte del
afiliado, dado que, contrajo matrimonio con el causante el 18 de diciembre de 1972, con
quien convivió hasta la fecha de su fallecimiento» (sic).

9.6. Si bien se acreditaron las múltiples peticiones elevadas por la demandante para
lograr el reconocimiento del derecho pretendido, lo cierto es que solo radicó la
demanda el 24 de mayo de 2019, por lo que se debió tomar en cuenta para efectos
prescriptivos, la última petición presentada (24 de septiembre de 2018).

1.5. Acción especial de revisión14

10. La Ugpp interpuso la acción de revisión en contra de la sentencia del 7 de febrero
de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F. Como causal de revisión invocó la establecida en el literal
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

11. Como pretensión pidió infirmar la sentencia recurrida y «[d]eclarar que María
Concepción Gaona de Ovalle en calidad de cónyuge de Pablo Enrique Ovalle Melo no
tiene derecho a la pensión de sobrevivientes reconocida mediante las sentencias objeto de
revisión, con efectos fiscales a partir de 24 de septiembre de 2015, por cuanto las normas
aplicables son las leyes 33 y 62 de 1985, NO el Decreto 758 de 1990, aprobatorio del
Acuerdo 049 de 1990 del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios. […]» (sic)
y, ordenar la restitución de las sumas percibidas consecuencia del « indebido
reconocimiento pensional», debidamente indexadas.

12. Lo anterior lo fundamentó en lo siguiente:

12.1. La providencia incurrió en errada aplicación del «Decreto 758 de 1990, aprobatorio
del Acuerdo 049 de 1990 del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios, aplicable
para los afiliados al seguro de invalidez, vejez y muerte del ISS enlistados en el numeral 1º,
NO para CAJANAL máxime que el fallecido sus últimos 15 años comprendidos entre el 20
de junio de 1975 estaba afiliado a CAJANAL hasta la fecha de retiro de su empleo público
con el INPEC 26/10/1990, gobernando su situación pensional las Leyes 33 y 62 de 1985,
sin que puedan ser aplicadas a escogencia el Decreto 758 de 1990 la cual solo aplica para
el ISS, máxime que lo servido en el sector privado data de 28 de septiembre de 1970» (sic).
12.2. No se pretendió desconocer la sentencia T-938 de 2013, cuyos efectos fueron
inter partes, solo que allí el último fondo de afiliación fue el Instituto del Seguro Social
y, por ello, el obligado a reconocer la prestación, lo cual dista de la situación en
revisión, toda vez que, el causante estuvo afiliado a Cajanal previo a su
fallecimiento, por lo que no le resultaba aplicable el Acuerdo 049 de 1990.

12.3. La decisión revisada desconoció el principio de la sostenibilidad financiera,
pues, «conforme las liquidaciones realizadas por la Subdirección de Nomina y
Determinaciones (periodo comprendido entre el 26 de octubre de 1990 al 31 de agosto de

14 Ver ítem 3 de Samai. Archivo 2_DemandaWeb_Demanda(.pdf) NroActua 3 (págs. 1-9).

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2023), arroja un total de pago por retroactivo por la suma de $107.655.706,93 m/cte» (sic).

1.6. Contestación de la acción de revisión15

13. María Concepción Gaona de Ovalle se opuso al recurso, por las siguientes
razones:

13.1. Le asistió el derecho a percibir la pensión de sobreviviente respecto del
causante Pablo Enrique Ovalle Melo, en su calidad de cónyuge supérstite, pues,
cumplió con los requisitos para ello contenidos en el Decreto 758 de 1990, ya que
el afiliado cotizó más de 300 semanas previo a su deceso.

13.2. La jurisprudencia del Consejo de Estado16 permitió la acumulación de tiempos
de servicio públicos y privados, para acreditar los requisitos del referido decreto. En
la sentencia T-938 de la Corte Constitucional, se «precisó que si el afiliado acredita el
cumplimiento de los requisitos contenidos en el Decreto 758 de 1990, el reconocimiento
pensional le corresponde a la UGPP por ser la última entidad a la que estuvo afiliado, en la
medida en que se encuentra facultada para realizar las actuaciones necesarias a efectos
de realizar los recobros pertinentes».

13.3. La causal de revisión invocada, descrita en el literal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, resultó improcedente, pues, la prestación pensional reconocida se
ajustó a los requisitos legales y jurisprudenciales aplicables, frente a la cual se aplicó
la prescripción trienal y se le incluyó en nómina en marzo del 2024.

1.7. Ministerio Público

14. El Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no se
pronunciaron.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

15. Esta Sala es competente para decidir la presente acción de revisión de
conformidad con lo regulado en el artículo 20, inciso 1, de la Ley 797 de 2003, 249,
inciso 2 del CPACA17 y 13 del Acuerdo 080 de 201918 expedido por la Sala Plena de
esta corporación por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda
es competente para conocer de la acción especial de revisión.

2.2. Oportunidad

16. Para el análisis del requisito de oportunidad de la acción de revisión en este
asunto, es importante precisar que el artículo 251 del CPACA dispone que debe

15 Ver ítem 3 de Samai. Archivo 13_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda(.pdf) NroActua 14.
16 Citó: «providencia de 23 de abril de 2020, expediente 25000-23-42-000-2016-02417-01 (3351-

2018). C.P. Gabriel Valbuena Hernández».
17 Artículo 249. Competencia. […] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas

proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo
de Estado según la materia. […]
18 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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interponerse «dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia
judicial». En el presente caso, la sentencia del 7 de febrero de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B fue
notificada el 22 de febrero de 2023 por correo electrónico19 y las partes no solicitaron
su aclaración o complementación, por lo que quedó ejecutoriada el 1.° de marzo
siguiente20. Así las cosas, al radicarse el recurso el 31 de octubre de 2023 se
concluye que su presentación fue oportuna.

2.3. Problema jurídico

17. Se circunscribe a resolver: ¿si en la sentencia del 7 de febrero de 2023
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B se configuró la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, en cuanto se accedió al reconocimiento de la pensión de
sobreviviente a favor de María Concepción Gaona de Ovalle?

2.3.1. Generalidades de la acción especial de revisión

18. LaLey 797 de 200321 se expidió con el fin de reformar algunas de las
disposiciones previstas en el régimen general de pensiones regulado en la Ley 100
de 1993. Entre las normas que introdujo se encuentra el artículo 20 en el que
dispuso lo siguiente:

Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público
o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales que en cualquier tiempo22
hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos
de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema
de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales
consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley,
pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables […]. (se resalta)

19 Ver ítem 19 de Samai en el expediente contencioso1001333502020190043801. Archivo
17_NOTIFICACIONELECTRONICADESENTENCIA_SECRETARIA_20190043801(.pdf) NroActua
19.
20 Ver ítem 20 de Samai en el expediente contencioso1001333502020190043801. Archivo

18_OFICIOCOMUNICANDOLADECISION_OFICIOCOM_20190438DOCX(.pdf) NroActua 20
21 Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley

100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales.
22 Texto subrayado declarado inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-835 de

2003.

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Radicado: 11001-03-25-000-2023-00533-00
Demandante: Ugpp

19. De conformidad con lo dispuesto en el artículo citado, las providencias judiciales
que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del erario
o de fondos de naturaleza pública pueden ser revisadas por el Consejo de Estado
o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias y por las causales
descritas en sus literales a) y b). De este modo, a través de la acción especial de
revisión es posible invalidar los efectos jurídicos de las sentencias ejecutoriadas que
incurran en estas, por lo que constituye una excepción al principio de cosa juzgada.

20. En lo que respecta a la causal del literal a) «[c]uando el reconocimiento se haya
obtenido con violación al debido proceso […]», la jurisprudencia de esta corporación ha
señalado que para su configuración debe acreditarse que la pensión fue reconocida
con vulneración de alguna de las garantías que el artículo 29 de la Constitución
Política incluyó como parte de tal derecho.

21. Entre estas se han mencionado las siguientes i) el derecho al juez natural o
funcionario competente; ii) el derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio
o procedimiento; y iii) las garantías de audiencia y defensa, dentro de las que se
encuentran el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de
inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin
dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el derecho a
impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem23.

22. Así
mismo, a la parte demandante le corresponde demostrar que el juez
desconoció alguna de las garantías aludidas al proferir la decisión. En efecto «[l]a
prueba de la violación del debido proceso es carga de quien la invoca, hecho que debe
estar suficientemente acreditado en el expediente, pues solo así podría quebrarse la cosa
juzgada de la sentencia recurrida y dar paso al restablecimiento de la justicia material como
fin legítimo de esta acción especial de revisión […]»24.

23. A su vez, la causal del literal b) «[c]uando la cuantía del derecho reconocido excediere
lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables […]» se configura cuando la sentencia objeto de controversia reúne los
siguientes supuestos:

i) decretó el derecho a devengar sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza con determinado monto.

ii) que los recursos para el pago del derecho conferido están a cargo del tesoro
público o de fondos de naturaleza pública; y

iii) que el monto de la prestación periódica no corresponda a lo legalmente
establecido porque excede la cuantía determinada por las normas aplicables

24. La finalidad de esta causal es permitir que las entidades públicas legitimadas en
el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 puedan accionar contra una sentencia judicial
ya ejecutoriada y que ha hecho tránsito a cosa juzgada, para corregirla porque
reconoció prestaciones periódicas cuyo monto o cuantía excede lo legalmente

23 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión, sentencia del 5 de febrero de 2019, radicado:

11001-03-15-000-2018-01884-00(REV).
24 Consejo de Estado, Sala 2 Especial de Decisión, sentencia del 24 de septiembre de 2021,

radicado: 11001-03-15-000-2018-01426-00(REV).

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Radicado: 11001-03-25-000-2023-00533-00
Demandante: Ugpp

previsto. En ese orden, en lo que respecta al sistema pensional pretende restablecer
el propósito y la sostenibilidad del sistema pensional bajo los principios de
solidaridad y equilibrio financiero.

25. Además de lo anterior, la jurisprudencia, incluida la de esta Sala de Decisión25,
ha establecido que cuando se alega la materialización de la causal b) aludida no
basta acreditar el hecho objetivo de que el valor pensional reconocido excedió el
que legalmente debió otorgarse, sino que es necesario que se pruebe que el
incremento fue consecuencia de una evidente vulneración del ordenamiento
jurídico, con una interpretación de la ley caprichosa o con abuso del derecho o
fraude a la ley o que no guarde relación con la trayectoria laboral del pensionado.
Esto descarta los casos en que se produjo como resultado de una interpretación
jurisprudencial válida sobre determinada norma26.

26. Así mismo, la causal se creó con el objetivo específico de discutir la cuantía o el
monto de la prestación social y no para que las entidades de previsión social reabran
el debate sobre el cumplimiento de los requisitos del derecho pensional. Al respecto,
esta corporación ha indicado con precisión que el examen de la causal aludida debe
«[…] partir del supuesto de que el beneficiario de la prestación (o de la pensión otorgada)
reúne los requisitos exigidos para ser acreedor del derecho; empero, se debe verificar si
existe o no un exceso en la cuantía reconocida mediante sentencia judicial. En otras
palabras, bajo esta causal no es posible controvertir la aptitud legal del accionado para
adquirir la pensión […]»27. Igual criterio lo ha mantenido las Salas Especiales de
Decisión como la siguiente:

«[…] En ese orden, “la revisión se encamina a verificar si existe o no un exceso en la
cuantía decretada mediante sentencia judicial”. Esto, teniendo en cuenta que se parte
del presupuesto de que el beneficiario acredita los requisitos previstos en la ley para ser
acreedor de la pensión.

40. De ahí que el examen de la referencia no es una instancia para examinar la
procedencia de la prestación económica; los derechos que le asisten a la beneficiaria o
las discusiones propias de la instancia ordinaria. A contrario sensu, la causal fue prevista
como una herramienta para que las autoridades soliciten la corrección de una sentencia
judicial que ha hecho tránsito a cosa juzgada, cuando ha reconocido una cuantía que
supera los márgenes dispuestos por el ordenamiento jurídico […]»28.

25 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 10. Sentencia del 8 de noviembre de 2024,
radicado: 11001-03-15-000- 2021-04179-00.
26 Esta Sección en sentencia del 6 de marzo de 2024, radicado: 11001-03-25-000-2022-00689-00

(6251-2022), sobre la configuración de la casual del literal (b) señaló que «[…]la tipificación de la
causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 no puede condicionarse únicamente al hecho objetivo
de que se haya otorgado una suma periódica superior a la legalmente establecida y que esta haya
resultado de una disyuntiva hermenéutica, sino que, la razón para reconocer el incremento debe ser
fruto de una infracción evidente y contraria al ordenamiento jurídico; circunstancia que, se itera, no
se avizora en el caso concreto pues, la reliquidación ordenada fue reconocida con sustento en una
interpretación válida y se alineó con el criterio jurisprudencial vigente para la época en la que se
profirió la decisión[…]»..
Ver en igual sentido sentencia de la Sección Segunda del 9 de mayo de 20204, radicado: 11001-03-
25-000-2018-01432-00 y del Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 2. Sentencia del 24 de
septiembre de 2021, radicado: 11001-03-15-000- 2018-01426-00.
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1 de febrero de 2024, radicado

11001-03-25-000-2016-00946-00 (4322-2016).
En igual sentido la subsección B de esa Sección mantuvo igual postura en la sentencia del 10 de
octubre de 20204, radicado 11001-03-25-000-2020-00977-00 (2945-2020).
28 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, Sala 4 Especial de Decisión,

sentencia del 9 de agosto de 2024, radicado 11001-03-15-000-23024-01964-00.

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27. Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indica
que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento
señalado para el recurso extraordinario de revisión regulado por la Ley 1437 de
2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan». En tal sentido, se han
definido los siguientes29:

«[…] i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro
tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas
pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean
consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

ii) Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las
entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en
contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la
prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados
del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad
Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar
los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de
aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o
en un valor mayor al que corresponde.

v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con
las normas que rigen la materia. Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta
clase de recursos entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad
jurídica, pero, precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que
debe admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento
pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo
ordenado por la ley […]».

28. Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es, que « las
entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una
herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se
encuadren en dichas causales»30. Ciertamente, el objeto de la norma analizada
«consistió en incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar
un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en
últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario»31.

2.3.2. Caso concreto - análisis de la causal de revisión del literal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003

29. La Ugpp manifestó que la sentencia del 7 de febrero de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F incurrió

29 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio

de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733-2018); y del 8 de octubre de 2020, radicado
11001-03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017).
30 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017,

radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV).
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado

11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13), entre otras.

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en la mencionada causal porque la cuantía de la prestación excedió lo que
legalmente corresponde, toda vez que, a María Concepción Gaona de Ovalle no le
asistía el derecho al reconocimiento de la pensión de sobreviviente que se ordenó,
«[…] por cuanto las normas aplicables son las leyes 33 y 62 de 1985, NO el Decreto 758
de 1990, aprobatorio del Acuerdo 049 de 1990 del Consejo Nacional de Seguros Sociales
Obligatorios. […]» (sic).

30. Lo anterior debido a que al causante no le era aplicable el «Decreto 758 de 1990,
aprobatorio del Acuerdo 049 de 1990 del Consejo Nacional de Seguros Sociales
Obligatorios, aplicable para los afiliados al seguro de invalidez, vejez y muerte del
ISS, NO para CAJANAL máxime que el fallecido sus últimos 15 años comprendidos
entre el 20 de junio de 1975 estaba afiliado a CAJANAL hasta la fecha de retiro de
su empleo público con el INPEC 26/10/1990, gobernando su situación pensional las
Leyes 33 y 62 de 1985, sin que puedan ser aplicadas a escogencia el Decreto 758
de 1990 la cual solo aplica para el ISS, máxime que lo servido en el sector privado
data de 28 de septiembre de 1970» (sic).

31. Al respecto, conviene precisar que el estudio de la configuración de la causal del
literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 está delimitado por la cuantía de un
derecho pensional. Ciertamente, la causal se creó con el objetivo específico de
poder discutir el monto de la prestación social y si esta superó lo que legalmente
debió ser otorgado.

32. En ese orden, la causal en cuestión no habilita la discusión sobre el régimen
aplicable o el cumplimiento de los requisitos para obtener el derecho pensional, sino
que parte del presupuesto de una prestación reconocida en sede administrativa o
judicial. De este modo, el análisis de la causal del literal b) resulta ajeno a la
determinación de la aptitud legal para adquirir el derecho, supuesto propio de la
causal 7 del artículo 250 del CPACA antes aludido.

33. En el presente caso, la Ugpp no planteó la existencia de un exceso en la cuantía
de la pensión de sobreviviente reconocida porque se liquidó indebidamente, se
incluyeron factores salariales que no debieron tenerse en cuenta, el ingreso base
de liquidación que se aplicó no era el que correspondía, o por cualquier otra causa
que pudiera conllevar a que el monto reconocido fue contrario al permitido por el
ordenamiento jurídico.

34. Por el contrario, la entidad pretendió que en sede de revisión se examinara de
nuevo si a María Concepción Gaona de Ovalle, le era aplicable el Decreto 758 de
1990, pues, el causante no tenía la condición de beneficiario en los términos del
artículo 1.° ibidem32. Tal aspecto, según se explicó, no es propio de la órbita de

32 Artículo 1° Afiliados al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte. Salvo las excepciones establecidas

en el artículo 2° del presente Reglamento, estarán sujetos al seguro social obligatorio contra los
riesgos de invalidez, vejez y muerte de origen no profesional:
1. En forma forzosa u obligatoria:
a) Los trabajadores nacionales o extranjeros que presten sus servicios a patronos particulares
mediante contrato de trabajo o de aprendizaje;
b) Los funcionarios de seguridad social del Instituto de Seguros Sociales y,
c) Los pensionados por jubilación cuyas pensiones vayan a ser compartidas con las pensiones de
vejez a cargo del Instituto de Seguros Sociales o asumidas totalmente por él.
2. En forma facultativa:
a) Los trabajadores independientes;
b) Los sacerdotes diocesanos y miembros de las Comunidades Religiosas y,

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estudio de la acción de revisión cuando se invoca la causal (b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003.

35. En este punto cabe precisar que la Sala no puede ampliar el rango de aplicación
de las causales previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, debido al carácter
excepcional de la acción de revisión. Es así, por cuanto el ejercicio de este
mecanismo afecta el principio de la inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas al
tener la virtud de invalidar sus efectos jurídicos y, por ende, constituir una excepción
al principio de la cosa juzgada lo que hace que el análisis sea restringido33.

36. Así las cosas, en el presente asunto se concluye que la Ugpp no logró demostrar
que, en la sentencia del 7 de febrero de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F se configuró la causal prevista
en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 al reconocerse la pensión de
sobreviviente en favor de María Concepción Gaona de Ovalle.

37. En consecuencia, se declarará infundada la acción especial de revisión.

3. Costas

38. El artículo 188 del CPACA prevé que la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas «salvo en los procesos que se ventile un interés público». Esta corporación34
ha considerado que el ejercicio del mecanismo extraordinario de que trata el artículo
20 de la Ley 797 de 2003, constituye una herramienta para afrontar los graves casos
de corrupción en esta materia y evitar el detrimento del tesoro y un mecanismo de
defensa de los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad,
unidad y participación que rigen el servicio público esencial de seguridad social,
además de una garantía del principio de sostenibilidad financiera del sistema
pensional. Por lo anterior, la Sala considera improcedente la condena en costas en
el caso analizado.

4. Conclusión

39. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que la Ugpp no logró demostrar
que, en la sentencia del 7 de febrero de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, se configurara la causal
prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 al reconocerse una
pensión de sobreviviente en favor de María Concepción Gaona de Ovalle.

c) Los servidores de entidades oficiales del orden estatal que al 17 de julio de 1977 se encontraban
registradas como patronos ante el ISS.
3. Otros sectores de población respecto de quienes se amplíe la cobertura del régimen de los
seguros sociales obligatorios.
33 Al respecto se ha indicado que «[…]los motivos para pretender la nulidad de la sentencia que ha

reconocido el derecho a una prestación periódica a cargo del Tesoro Nacional, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son de análisis restringido y riguroso frente a los
cargos endilgados, pues tampoco le está permitido al juzgador aproximarse a una causal que no fue
planteada en la demanda o efectuar una revisión integral del fallo, pues su naturaleza no es de ser
una tercera instancia[…]». Consejo de Estado, Sala Segunda Especial de Decisión, sentencia del
24 de septiembre de 2021, radicado 11001-03-15-000-2018-01426-00.
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo, Salas Especiales de Decisión,

sentencias de 1 de agosto de 2017, expediente 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV), de 16 de
octubre de 2008, expediente 11001-03-15-000-2014-01658-00(REV) y de 5 de febrero de 2019,
expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00(REV).

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40. En virtud de lo anterior, se declarará infundada la acción especial de revisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero. Declarar infundada la acción especial de revisión interpuesta por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social en contra de la sentencia del 7 de febrero de 2023 proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado: 11001-33-35-020-
2019-00438-01.

Segundo. No condenar en costas.

Tercero. Archivar el expediente cumplido lo anterior y previas las anotaciones
pertinentes en el sistema de información de gestión de procesos y Samai.

Cuarto. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

LXRR

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

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