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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-08188-00

Fecha
5 de febrero de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-08188-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Departamento de Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-08188-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

5 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-08188-00
Accionante: LUZ ANALIDA VALLEJO GÓMEZ
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Y OTRO
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. Se declara
improcedente el mecanismo de amparo por no cumplir con el requisito
general de relevancia constitucional.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Luz Analida Vallejo
Gómez contra el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Medellín y el Tribunal
Administrativo de Antioquia.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La señora Luz Analida Vallejo Gómez, a través de apoderada judicial, solicitó el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y a la igualdad, cuya vulneración le atribuyó a las
providencias de 31 de marzo de 2025 y 16 de julio de 2025 proferidas por el Juzgado
Sexto Administrativo del Circuito de Medellín y el Tribunal Administrativo de
Antioquia, respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con número de radicación 05001-33-33-006-2023-
00511-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Relató que contrajo matrimonio con el señor Antonio León Santamaría Londoño el
21 de enero de 1983 y convivió con él hasta la fecha de su fallecimiento ocurrido el 21
de febrero de 1993. Su cónyuge trabajó un total de 659.14 semanas, de las cuales
202.71 fueron cotizadas al Instituto de Seguros Sociales y 456.43 no fueron cotizadas
al ISS a pesar de haber sido de tiempo de servicio en el sector público. Con sustento
en lo anterior, presentó reclamación administrativa ante la Administradora Colombiana

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2025-08188-00
Accionante: Luz Analida Vallejo Gómez

de Pensiones – Colpensiones que le fue negada por no reunir los requisitos del
Decreto 758 de 11 de abril de 19901.

2.2. Indicó que promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho núm.
05001-33-33-006-2023-00511-00/01 para que se declarara la nulidad del acto
administrativo expedido por Colpensiones, mediante el cual le fue negado el
reconocimiento de la pensión de sobreviviente. A título de restablecimiento solicitó el
pago de “[…] las mesadas (ordinarias y adicionales) adeudadas que no se encuentren
prescritas, esto es, desde el 2 de marzo de 2018 […]” junto con los respectivos
intereses moratorios.

2.3. Mencionó que el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito de Medellín, autoridad judicial que, mediante sentencia de
31 de marzo de 2025, denegó las pretensiones de la demanda.

2.4. Señaló que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión y que el
Tribunal Administrativo de Antioquia, a través sentencia de 16 de julio de 2025,
confirmó la providencia de primera instancia.

2.5. Consideró que la providencia mencionada vulneró sus derechos fundamentales
indicados supra por haber incurrido en un defecto sustantivo, en desconocimiento
del precedente judicial y en la causal de violación directa de la Constitución.

2.6. Como fundamento del defecto sustantivo señaló que el Tribunal erró al
considerar que la aplicación del Decreto 758 de 1990 para la acumulación de
semanas solo opera en el reconocimiento de la pensión de vejez o cuando se trate
de afiliados que se encuentren en el régimen de transición. A su juicio, la regulación
también incluye pensión de sobrevivientes y fallecimientos que ocurrieron antes de
la vigencia de la Ley 100 de 23 de diciembre de 19932.

2.7. Respecto al desconocimiento del precedente judicial mencionó que la
acumulación entre tiempos cotizados al Instituto de Seguros Sociales y tiempos de
servicio a entidades públicas es posible de acuerdo con jurisprudencia3 del Consejo
de Estado, entre la cual destacó la sentencia de 16 de octubre de 2025, con número
de radicado 11001-03-25-000-2023-00533-00.

2.8. Sobre la causal de violación directa de la Constitución adujo que “[…] no existe
un límite indivisible entre algunas causales de procedibilidad de la tutela contra
sentencias, pues muchas veces el desconocimiento del precedente puede derivar
en un irrespeto por los procedimientos legales, […] lo que conduce a la vulneración

1
“[…] Por el cual se aprueba el Acuerdo número 049 de febrero 1° de 1990 emanado del Consejo Nacional de Seguros
Sociales Obligatorios […]”.
2
“[…] Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones […]”.
3
Sentencia de 6 de marzo de 2024. Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación núm. 68001-23-33-000-2019-00875-
01. C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. Agregó que “[…] El mismo criterio y sobre la misma materia (Ingreso Base de
Liquidación), se encuentran, entre otras, en la sentencia del 22 de febrero de 2024, radicado 73001-23-33-000-2019-00372-
02 (4821-2023), consejero ponente: Dr. Jorge Iván Duque Gutiérrez; en la sentencia del 21 de febrero de 2024, radicado
25000-23-42-000-2018-01631-01 (2118-2023), consejero ponente: Dr. Jorge Edison Portocarrero Banguera; y, en la
sentencia del 27 de octubre de 2023, radicado 25000-23-42-000-2015-01617-01 (3361-2021), consejero ponente: Dr. César
Palomino Cortés. […]”.

3

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Accionante: Luz Analida Vallejo Gómez

de derechos fundamentales, es decir, a una violación directa de la Constitución […]
ya que no se aplicó correctamente una norma a un hecho ocurrido cuando ya se
encontraba vigente la Constitución de 1991. […]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] Con todo respeto, solicito al HONORABLE CONSEJO DE ESTADO que,
mediante el procedimiento constitucional y legalmente establecido para el
efecto, TUTELE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO
PROCESO y a la IGUALDAD de la señora LUZ ANALIDA VALLEJO GÓMEZ
y, en consecuencia, deje sin efectos el fallo emitido por LA SALA SÉPTIMA DE
ORALIDAD DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, el 16 de julio
de 2025, y ordene a dicha Sala emitir un nuevo pronunciamiento en el cual se
atienda a una interpretación correcta del fenómeno jurídico de acumulación de
tiempos para la aplicación del Decreto 758 de 1990. […]”. [Negrilla del texto].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 15 de enero de 2026, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se vincularon en calidad
de terceros con interés directo en el resultado del proceso a la Administradora
Colombiana de Pensiones - Colpensiones, al Municipio de Abejorral y al
Departamento de Antioquia - Secretaría de Salud.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a los
vinculados, se allegaron los siguientes informes:

5.1. La Administradora Colombiana de Pensiones señaló que la acción de tutela
contra providencia judicial es excepcional y restrictiva, por lo que adujo que en este
caso no es procedente por cuanto no puede constituirse en una tercera instancia
para analizar el litigio objeto de debate. Además, no se probó la existencia de
vulneración a derechos fundamentales o de un perjuicio irremediable.

5.2. El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Medellín manifestó que en
el proceso judicial hubo pleno respeto de las garantías procesales y se garantizó el
acceso a la administración de justicia. Agregó que la providencia estuvo
debidamente motivada y la valoración probatoria fue adecuada, por lo que solicitó
se denieguen las pretensiones de la accionante.

5.3. El Departamento de Antioquia indicó que no se evidencia acción u omisión que
lo haga responsable de la presunta vulneración de los derechos fundamentales de
la accionante, destacó que no funge como fondo de pensiones ni está obligado a
reconocer la pensión reclamada. Por lo anterior, se debería declarar improcedente
esta acción y señaló que no tiene legitimación en la causa por pasiva.

4

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Accionante: Luz Analida Vallejo Gómez

5.4. ElTribunal Administrativo de Antioquia manifestó que la tutela no es
procedente porque lo que se pretende es abrir una discusión de la litis que ya se
analizó en las dos instancias. Agregó que tuvo como sustento normativo de su
decisión el literal b) del artículo 6 del Decreto 758 de 1990 y que no se configuran
los defectos alegados por cuanto las sentencias citadas por la parte actora no son
aplicables al caso porque versan sobre reconocimiento de pensión de vejez o en
asuntos del régimen de transición.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 19914, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20155, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20216 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20257, y el artículo 13 del Acuerdo núm.
080 de 12 de marzo de 20198, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de
diciembre de 20249.

VI.2. Cuestión previa

7. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de
desvinculación procesal presentada por el Departamento de Antioquia.

8. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
Constitucional en la sentencia T-1001 de 200610, señaló lo siguiente:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

‘2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el
mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el
demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la
legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con
el interés sustancial que se discute en el proceso […].

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y
celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las

4
“[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”.
5
“[…] Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho […]”.
6
“[…] Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela […]”.
7
“[…] Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho […]”.
8
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
9 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
10
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

5

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Accionante: Luz Analida Vallejo Gómez

partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar
los principios de legalidad y contradicción […]’ […]” (Negrilla fuera del
texto).

9. En el caso objeto de estudio, se observa que el Departamento de Antioquia fue
parte dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento cuestionado por la
parte accionante, por lo tanto, la Sala considera que le asiste el interés jurídico para
ser vinculada a esta acción constitucional.

10. Por lo anterior, se negará la solicitud de desvinculación elevada, como en efecto
se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

VI.3. Problemas jurídicos

11. El extremo accionante le atribuyó la vulneración de su derecho fundamental a
las providencias de 31 de marzo de 2025 y 16 de julio de 2025 proferidas por el
Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Medellín y el Tribunal Administrativo
de Antioquia, respectivamente. Sin embargo, la Sala sólo analizará si la providencia
de 16 de julio de 2025 vulneró los derechos fundamentales de la parte accionante
porque esta decisión fue la que finiquitó la litis.

12. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:

b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la accionante, al haber incurrido, presuntamente, en un
defecto sustantivo, en desconocimiento del precedente judicial y en la causal
de violación directa de la Constitución.

13. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

14. LaSala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 201211, cambió su postura inicial y decidió asumir el

11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

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Accionante: Luz Analida Vallejo Gómez

estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

15. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

16. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

17. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial12, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución13.

18. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”14 que encaje en dichos
parámetros.

19. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y

12
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
13
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
14
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González
Cuervo.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-08188-00
Accionante: Luz Analida Vallejo Gómez

valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

20. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VI.5. El caso concreto

21. La señora Luz Analida Vallejo Gómez, a través de apoderada judicial, solicitó el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y a la igualdad, cuya vulneración le atribuyó a las
providencias de 31 de marzo de 2025 y 16 de julio de 2025 proferidas por el Juzgado
Sexto Administrativo del Circuito de Medellín y el Tribunal Administrativo de
Antioquia, respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con número de radicación 05001-33-33-006-2023-
00511-00/01.

22. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial el de relevancia constitucional.

VI.5.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

23. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental15 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones16.

24. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales17, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces18.

25. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación19, sostuvo que:

15
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
16
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
17
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
18
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
19
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-08188-00
Accionante: Luz Analida Vallejo Gómez

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].

26. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202220 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

20
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2025-08188-00
Accionante: Luz Analida Vallejo Gómez

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla del texto y subrayado fuera del texto].

27. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202321.

28. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales22.

29. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la accionante alega que el Tribunal Administrativo de Antioquia vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y
a la igualdad, por haber incurrido, presuntamente, en un defecto sustantivo, en
desconocimiento del precedente judicial y en la causal de violación directa de la
Constitución.

30. Como fundamento del defecto sustantivo señaló que el Tribunal erró al considerar
que la acumulación de semanas para la aplicación del Decreto 758 de 1990 solo
opera para el reconocimiento de la pensión de vejez cuando se trate de afiliados
que se encuentren en el régimen de transición debido a que también incluye pensión
de sobrevivientes y fallecimientos que ocurrieron antes de la vigencia de la Ley 100
de 23 de diciembre de 199323.

21
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
22
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala;
17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-
03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
23
“[…] Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones […]”.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2025-08188-00
Accionante: Luz Analida Vallejo Gómez

31. Respecto al desconocimiento del precedente judicial mencionó que la
acumulación entre tiempos cotizados al Instituto de Seguros Sociales y tiempos de
servicio a entidades públicas es posible de acuerdo con jurisprudencia24 del Consejo
de Estado, entre la cual destacó la sentencia de 16 de octubre de 2025, con número
de radicado 11001-03-25-000-2023-00533-00.

32. Sobre la causal de violación directa de la Constitución adujo que “[…] no existe
un límite indivisible entre algunas causales de procedibilidad de la tutela contra
sentencias, pues muchas veces el desconocimiento del precedente puede derivar
en un irrespeto por los procedimientos legales, […] lo que conduce a la vulneración
de derechos fundamentales, es decir, a una violación directa de la Constitución […]
ya que no se aplicó correctamente una norma a un hecho ocurrido cuando ya se
encontraba vigente la Constitución de 1991. […]”.

33. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica
constitucional; y ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una
tercera instancia con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.

34. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional. Para
ello es necesario que el accionante motive suficientemente las razones por las que
considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación desproporcionada
a sus derechos fundamentales […]”.

35. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la parte accionante aduce que
le fueron desconocidos sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y a la igualdad, no está poniendo de presente que en la
providencia censurada se haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino que el
motivo que fundamenta su inconformidad se sustenta en que la decisión
controvertida fue desfavorable a sus intereses.

36. Se observa que la discusión expuesta en esta instancia constitucional fue
analizada por el Tribunal Administrativo de Antioquia en la providencia cuestionada:

“[…] Ahora, en la medida que para el estudio y reconocimiento de la pensión
bajo el régimen contemplado en el Decreto 758 de 1990, es necesario tener en
cuenta las cotizaciones a pensión que fueron realizadas exclusivamente al ISS,
que para el señor Santamaría correspondieron a 1419 días o 202 semanas. No
cumpliéndose así con el requisito de establecido en el literal b del artículo 6 del
decreto 758 de 1990 que sostiene “b) Haber cotizado para el Seguro de

24
Sentencia de 6 de marzo de 2024. Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación núm. 68001-23-33-000-2019-00875-
01. C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. Agregó que “[…] El mismo criterio y sobre la misma materia (Ingreso Base de
Liquidación), se encuentran, entre otras, en la sentencia del 22 de febrero de 2024, radicado 73001-23-33-000-2019-00372-
02 (4821-2023), consejero ponente: Dr. Jorge Iván Duque Gutiérrez; en la sentencia del 21 de febrero de 2024, radicado
25000-23-42-000-2018-01631-01 (2118-2023), consejero ponente: Dr. Jorge Edison Portocarrero Banguera; y, en la
sentencia del 27 de octubre de 2023, radicado 25000-23-42-000-2015-01617-01 (3361-2021), consejero ponente: Dr. César
Palomino Cortés. […]”.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2025-08188-00
Accionante: Luz Analida Vallejo Gómez

Invalidez, Vejez y Muerte, ciento cincuenta (150) semanas dentro de los seis (6)
años anteriores a la fecha del estado de invalidez, o trescientas (300) semanas,
en cualquier época, con anterioridad al estado de invalidez.”

Aduce que el apoderado de la demandante, que son reiterados los
pronunciamientos de los órganos de cierre jurisdiccionales y constitucionales
que permiten la acumulación de tiempos de servicios privados y públicos con el
fin de acreditar el número de semanas requeridas y con ello acceder a la
pensión de sobreviviente bajo los parámetros del decreto 758 de 1990, entre
ellas, la Sentencia 05001233300020170189201 (566-2023) del Consejo de
Estado, y SU -218 de 2024 de la Corte Constitucional.

No obstante lo anterior, en menester hacer la siguiente claridad en relación a la
interpretación realizada por el apoderado demandante, esto es, no se discute
que jurisprudencialmente se permite la acumulación de tiempos públicos y
privados cotizados o no al ISS, sin embargo dicha prerrogativa ha sido permitida
y limitada a los casos donde se solicita el reconocimiento de la pensión de
Vejez, así:

“Lo anterior, toda vez que tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional
como de esta Sección han establecido la posibilidad de acumular tiempos de
servicio cotizado a cajas o fondos de previsión social o que, en todo caso,
fueron laborados en el sector público o privado y debieron ser cotizados, con
las semanas aportadas al Instituto de Seguros Sociales, indicando que dicha
posibilidad opera tanto para acreditar las 500 semanas de cotización dentro
de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad como las 1000 semanas
de tiempo cotizadas en cualquier tiempo (destaca la Sala).”25

Análisis similar fue emitido por la misma corporación en reciente
pronunciamiento:

“En ese contexto, aunque tal interpretación se realizó en torno a la pensión de
vejez consagrada en el Decreto 758 de 1990, emerge con claridad que nada
obsta para que se puedan acumular los tiempos aportados por el causante a
distintas cajas de previsión social (incluido el ISS y Colpensiones), en la medida
en que, en últimas, lo que interesa es que se hayan efectuado cotizaciones al
ISS y la prestación deba ser asumida por Colpensiones.” 26

Ahora, esa acumulación de tiempos de servicio allí deprecada, solo es posible
cuando se trate de afiliados que se encuentren cobijados por el régimen de
transición, así:

“El criterio reiterado de la Sala frente a la posibilidad de computar el tiempo
público servido al Estado, sin aportes, con las cotizaciones pagadas al Instituto
de Seguros Sociales con el fin de completar las semanas requeridas para la
causación de las pensiones es viable cuando se trate de afiliados que se
encuentren cobijados por el régimen de transición (CSJ SL3801-2021) o, en
materia de pensión de sobrevivientes, cuando se trate de la aplicación de la
condición más beneficiosa (CSJ SL5147-2020).

(…) en el caso objeto de resolución por la Sala como quiera que la
contingencia de la muerte ocurrió en el año de 1987, con anterioridad a la

25
Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente 25000-23-42-000-2016-02417-01 (3351 -2018) CP Gabriel Valbuena
Hernández.
26
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera 12 de diciembre de 2023. Radicado : 05001-23-33-000-2017-01892-
01 Nº Interno : 566-2023 Demandante : Alba Ruth Gómez de Escobar Demandada : Departamento de Antioquia Medio de
control : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011 Tema : Reconocimiento de pensión de sobrevivientes de
conformidad con el Decreto 758 de 1990.

12

Radicación: 11001-03-15-000-2025-08188-00
Accionante: Luz Analida Vallejo Gómez

entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y teniendo en cuenta que la pensión
de sobrevivientes que se pretende le es aplicable el Acuerdo 244 de 1966
aprobado por el Decreto 3041 de 1966, sin que dicha normativa se derive de
régimen de transición alguno o la aplicación del principio de condición más
beneficiosa, resulta evidente que no es posible sumar los aportes cotizados al
Ejército Nacional, razón por la cual los cargos no prosperan.”

Indicando por demás en la sentencia SL 3642 de 2021 que:

“[…] De conformidad con el tenor de las normas aplicables al asunto en
controversia, no es posible inferir, como lo hace la censura, que de ellas se
derive la procedencia del cómputo de tiempos de servicio en el sector público
no cotizados al Instituto de Seguros Sociales, para acreditar las semanas allí
exigidas. […] según sea el caso, de donde se concluye que sí constituye una
exigencia haber efectuado tales cotizaciones al ISS, y que no se contempla en
modo alguno el cómputo de tiempos de servicios o aportes a otras cajas o
fondos de previsión social, para ajustar la densidad mínima de cotizaciones
requerida para la causación del derecho a la pensión de sobrevivientes, otrora
a cargo del Instituto de Seguros Sociales. […]”.

Pronunciamiento reiterado en sentencia SU 218 de 2024 por la Corte
Constitucional indicando:

[…]

De lo anterior se desprende que no es posible realizar sumatoria de tiempos de
servicios cotizados y no cotizados al ISS, cuando la prestación se causa con
anterioridad a la promulgación de la Ley 100 de 1993 y dicha posibilidad solo
aplica para el reconocimiento de la pensión de vejez o jubilación. […]”.

37. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no
se observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o, se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del
proceso contencioso administrativo. Por el contrario, se observa que el tribunal
analizó el criterio jurisprudencial del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional
para determinar el cumplimiento de los requisitos.

38. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”27. Significa lo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional,
que este “[…] mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”28.

27
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
28
Ibidem

13

Radicación: 11001-03-15-000-2025-08188-00
Accionante: Luz Analida Vallejo Gómez

39. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”29.

40. Con fundamento en lo anterior, esta Sección declarará la improcedencia de la
solicitud de tutela al no cumplir el requisito general de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Departamento
de Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

29
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.

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