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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2019-00875-01

Fecha
6 de marzo de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2019-00875-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 27 de enero de 2023 por el Tribunal Administrativo de Santander, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por la señora Luz Amparo Quintero Ortiz, contra la Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 28 Radicación: 68001-23-33-000-2019-00875-01 (2316-2023) Demandante: Luz Amparo Quintero Ortiz Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia. Tercero. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen y háganse las anotaciones pertinentes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2019-00875-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

6 de marzo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., seis (6) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00875-01 (2316-2023)
Demandante: Luz Amparo Quintero Ortiz
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES)

Temas: Reliquidación de pensión de jubilación

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
_____________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la
sentencia proferida el 27 de enero de 2023 por el Tribunal Administrativo de Santander,
por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, la señora Luz Amparo Quintero Ortiz formuló demanda, en orden a que
se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones:

• GNR 259805 de 16 de octubre de 2013, emitida por la Administradora Colombiana de
Pensiones (COLPENSIONES), mediante la cual se reconoció el derecho a una pensión de
jubilación a la Luz Amparo Quintero Ortiz, en aplicación de la Ley 33 de 1985.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 68001-23-33-000-2019-00875-01 (2316-2023)
Demandante: Luz Amparo Quintero Ortiz

• GNR 202334 del 5 de junio de 2014, expedida por COLPENSIONES, a través de la cual se
resolvió un recurso de reposición contra la Resolución GNR 259805 de 2013, en el
sentido de confirmar su contenido.

• VPB 12899 del 13 de febrero de 2015, proferida por COLPENSIONES, que desató el
recurso de apelación contra la Resolución GNR 259805 de 2013, en el entendido de
modificar su contenido, para lo cual reliquidó la prestación en cuantía de $ 7.804.173.

• GNR 171785 del 14 de junio de 2016, por medio de la cual COLPENSIONES, ordenó la
inclusión en nómina a partir del 1.° de mayo de 2016, en cuantía de $ 8.332.515.

• GNR 229201 del 4 de agosto de 2016, expedida por COLPENSIONES, que desató el
recurso de reposición contra la Resolución GNR 171785 de 2016, en el sentido de
confirmar su contenido.

• VPB 39892 del 20 de octubre de 2016, proferida por COLPENSIONES, que resolvió el
recurso de apelación contra la Resolución GNR 171785 de 2016, en el entendido de
confirmarla.

• SUB 94083 del 22 de abril de 2019, emitida por COLPENSIONES, mediante la cual negó
una solicitud de reliquidación de la pensión de jubilación de la actora en los términos
del Decreto 758 de 1990.

• SUB 164914 del 26 de junio de 2019, proferida por COLPENSIONES, que confirmó el
contenido de la Resolución SUB 94083 de 2019.

• DPE 5686 del 10 de julio de 2019, expedida por COLPENSIONES, que resolvió el recurso
de apelación contra la Resolución SUB 94083 de 2019, en el entendido de confirmarla.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó i)
ordenar a la entidad demandada reliquidar la pensión de jubilación reconocida a su
favor, esto es, teniendo en cuenta los factores salariales contenidos en el artículo 1.°
del Decreto 1158 de 1994, especialmente la inclusión de la prima de antigüedad, en los
términos del régimen contenido en el Decreto 758 de 1990 o el que le resulte más
favorable; ii) condenar a COLPENSIONES a pagar las sumas insolutas sobre todas las
mesadas, primas y demás derechos a que haya lugar de conformidad con la ley y los
reajustes a que hubiere lugar, desde el 1.° de mayo de 2016, fecha de inclusión a

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Demandante: Luz Amparo Quintero Ortiz

nómina de pensionados; iii) condenar a COLPENSIONES a indexar los valores
reconocidos; Iv) ordenar a la entidad demandada pagar los intereses causados, de
conformidad con s artículos 192 y siguientes del CPACA; y v) condenar en costas a la
entidad demandada.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:

i) El 2 de agosto de 1957, nació la señora Luz Amparo Quintero Ortiz, es decir, cumplió
55 años de edad el 2 de agosto de 2012.

ii) Desde el 5 de junio de 1986 hasta el 1.° de mayo de 2016, la señora Quintero Ortiz
prestó sus servicios como profesora, en calidad de empleada pública, con dedicación
de tiempo completo, en la Universidad Industrial de Santander.

iii) Para la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 en el orden territorial,
tenía más de 35 años de edad.

iv) El 2 de septiembre de 2012, la actora adquirió el estatus jurídico pensional bajo el
régimen contenido en el Decreto 758 de 1990, esto es, acreditó 55 años de edad y
1.000 semanas de cotización.

v) El 16 de octubre de 2013, COLPENSIONES emitió la Resolución 259805, mediante la
cual reconoció una pensión de jubilación a la señora Quintero Ortiz, como servidora
pública perteneciente al régimen de transición, en los términos de la Ley 33 de 1985 y
del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, condicionada a la acreditación del retiro definitivo
del servicio.

vi) El 5 de junio de 2014, COLPENSIONES profirió la Resolución GNR 202334 a través de
la cual resolvió un recurso de reposición contra el acto referido en el numeral anterior,
en el sentido de confirmar su contenido.

vii) El 13 de febrero de 2015, COLPENSIONES expidió la Resolución VPB 12899 mediante
la cual desato un recurso de apelación contra la Resolución 259805 de 2013, para lo
cual ordenó reliquidar la pensión de jubilación en cuantía de $ 7.804.173.

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Demandante: Luz Amparo Quintero Ortiz

viii) El 14 de junio de 2016, por medio de la Resolución GNR 171785 COLPENSIONES
ordenó la inclusión en nómina de pensionados a partir del 1.° de mayo de 2016, en
cuantía de $ 8.332.515, para lo cual utilizó una tasa de reemplazo del 75 %. Dicho acto
administrativo fue confirmado por las Resoluciones GNR 229201 Y VPB 39892 de 2016.

ix) La señora Quintero Ortiz solicitó a la entidad demandad la reliquidación de su
pensión de jubilación bajo los términos del régimen contenido en el Decreto 758 de
1990, con una tasa de reemplazo del 90 % o el que resultare más favorable.

x) El 22 de abril de 2019, COLPENSIONES expidió la Resolución SUB 94083 por medio de
la cual negó la solicitud de reliquidación relacionada en el numeral anterior. Aquella
decisión fue confirmada por las Resoluciones SUB 164914 Y DPE 5686 de 2019.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron las Leyes 100 de 1993, el Acuerdo 049 de 1990 y los Decretos
758 de 1990 y 1158 de 1994.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso los
siguientes argumentos:

i) Los actos censurados fueron expedidos con desconocimiento de las normas en que
debían fundarse, en la medida en que la norma jurídica aplicable era el Decreto 758 de
1990, y no como erróneamente lo hizo la administración.

Teniendo en cuenta que la señora Quintero Ortiz es beneficiaria del régimen de
transición, se deben tener en cuenta no solo las semanas cotizadas al ISS, hoy
COLPENSIONES, sino también el tiempo que la afiliada tenía de cotizaciones para la fecha

de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es, el período de servicio como
empleada pública de la Universidad Industrial de Santander, conforme lo sostuvo la
Corte Constitucional en la Sentencia SU-769 de 2014.

En efecto, en virtud del principio de favorabilidad, la liquidación de la pensión de
jubilación de la actora debe observa el régimen previsto en el Decreto 758 de 1990,
comoquiera que acreditó a. ser beneficiaria del régimen de transición contenido en la
Ley 100 de 1993; b. 1.529 semanas cotizadas; y c. 55 años de edad el 2 de agosto de
2012. En ese orden, le corresponde una tasa de reemplazo del 90 %, en aplicación del

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Demandante: Luz Amparo Quintero Ortiz

artículo 21 de la Ley 100 de 1993, con la inclusión de la prima de antigüedad devengada
desde 2007 hasta 2016.

En consecuencia, la mesada que le correspondería ascendería a $ 9.556.719, suma
que es superior a la reconocida y pagada por COLPENSIONES, de modo que aquel valor
es más favorable que la primera subregla fijada por el Consejo de Estado en la
sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, en razón a la tasa de reemplazo.

ii) La liquidación de la pensión de jubilación de la demandante debe incluir la prima de
antigüedad contenida en el Decreto 1158 de 1994, porque de conformidad con la
certificación expedida por la UIS, en los últimos 10 años de servicio aquel factor fue
devengado. Al respecto, el Consejo de Estado en sentencia del 11 de julio de 2019, N.I.
288-2016, en un caso similar al sub lite ordenó su inclusión.

1.2. Contestación de la demanda

La Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES) por intermedio de
apoderada, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que se
expresan a continuación:1

i) La interpretación constitucionalmente admisible, y que se acoge en la providencia de
instancia, es la contenida en las Sentencias SU-230 de 2015 y SU-427 de 2016,
emitidas por la Corte Constitucional, según las cuales son tres los parámetros aplicables
al reconocimiento de las pensiones de jubilación regidas por normas anteriores a la Ley
100 de 1993, esto es, la edad para consolidar el beneficio prestacional, el tiempo de
servicios o las semanas cotizadas para tal efecto, y el monto de la misma.

En lo atinente al ingreso base de liquidación, debe observarse lo dispuesto en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993, porque, se recuerda, el legislador no quiso mantener la
aplicación integral de la normativa que gobernaba los derechos pensionales de las
personas sujetas al régimen de transición, sino solamente una parte de ella.

1 Expediente digital visible a índice 2 de la plataforma SAMAI.

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Demandante: Luz Amparo Quintero Ortiz

ii) Los actos administrativos demandados se expidieron con observancia a las normas
que rigen la situación fáctica de la demandante, toda vez que en aquellos se determinó
la razón por la que no se podía acceder a la reliquidación de la pensión de vejez
solicitada y que, para respetar el principio de favorabilidad, se procedió a reliquidar la
prestación manteniendo los valores que ya se habían reconocido. Así, se debe
mantener la prestación en los términos fijados por COLPENSIONES, en virtud del principio
de favorabilidad.

iii) Los argumentos del demandante carecen de veracidad pues se encuentran
acreditadas las excepciones de buena fe, cobro de lo no debido y la innominada o
genérica.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia proferida el 27 de enero
de 2023, accedió parcialmente las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, se
pronunció en estos términos:2

i) En el sub lite no es objeto de controversia la condición de la actora como beneficiaria
del régimen de transición contemplado en la Ley 100 de 1993.

ii) Para efectos del reconocimiento pensional bajo los parámetros del Decreto 758 de
1990, es procedente acumular los tiempos de servicio cotizados a las cajas o fondos de
previsión social, con las semanas de cotización efectuadas al ISS, independientemente
de si la afiliación a dicho Instituto se dio con posterioridad a la entrada en vigencia de
la Ley 100 de 1993. En consecuencia, COLPENSIONES se equivoca cuando señala que
los tiempos cotizados anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993,
debieron ser cotizados exclusivamente al ISS para ser beneficiario del Decreto 758 de
1990.

Aquella postura tiene fundamento en el criterio fijado por la Corte Constitucional en las
Sentencias SU-769 de 2014 y SU-317 de 2021 y por el Consejo de Estado en la
sentencia del 26 de agosto de 2021, radicado 3824-18.

iii) En el expediente se acreditó que la entidad demandada a través de la Resolución

2 Expediente digital visible a índice 44 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Santander.

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Demandante: Luz Amparo Quintero Ortiz

GNR 259805 del 16 de octubre de 2013, reconoció el pago de una pensión de vejez a

favor de la actora, a partir del 1.° de noviembre de 2013. Acreditó 1385 semanas y por
ser beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, su reconocimiento pensional fue dispuesto con base en la Ley 33 de 1985 y los
factores tenidos en cuenta lo fueron con fundamento en el Decreto 1158 de 1994.

Posteriormente, en la Resolución SUB 94083 del 22 de abril de 2019, se consideró que
para dar aplicación al Decreto 758 de 1990 era necesario acreditar el tiempo requerido
exclusivamente al ISS/COLPENSIONES, sin embargo, la demandante no contaba con
cotizaciones ante aquellas autoridades pensionales anteriores al 1.° de abril de 1994,
razón por la cual no cumplía con los requisitos para el reconocimiento de la prestación
con dicho decreto. Por su parte, aquel acto, señaló que la asegurada presentó los
siguientes tiempos públicos no cotizados al ISS, los cuales fueron al servicio de la
Universidad Industrial de Santander, así: 05/06/1986-21/01/1991; 22/02/1991-
31/12/1994 y 01/01/1995-30/06/1995.

iv) La demandante tiene derecho a obtener la reliquidación de la pensión reclamada,
con fundamento en el Decreto 758 de 1990, teniendo en cuenta como tasa de remplazo
el 90 % pues acreditó más de 1250 semanas de cotización.

Por su parte, a la actora le faltaban más de 10 años para consolidar el estatus jurídico
pensional, en aplicación de la primera sub regla de la sentencia de unificación de 28 de
agosto de 2018,3 el IBL estaría constituido por el promedio de lo devengado en los
últimos 10 años anteriores a la adquisición del derecho.

iii) En cuanto a los factores a tener en cuenta, de acuerdo con el certificado expedido
por la jefe de la División de Recursos Humanos de la UIS la demandante realizó
cotizaciones sobre los factores descritos en el Decreto 1158 de 1994 y se efectuaron
los descuentos de ley para efectos de pensión, además del sueldo, sobre el factor prima
de antigüedad. Asimismo, a partir del certificado de las bases de liquidación de aporte
a pensión expedido por la División de Recursos Humanos de la UIS, de mayo de 2005
al mes de abril de 2016, se registra un incremento en el IBC y un mayor aporte en los

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación de 28

de agosto de 2018, radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01.

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Demandante: Luz Amparo Quintero Ortiz

meses de abril de cada anualidad, que coincide con el pago de la prima de antigüedad,
sobre la que se certifican cotizaciones y descuentos a pensión en el informativo.

iv) Por lo expuesto, se impone acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda
en el sentido de a. declarar la nulidad de los actos administrativos reprochados; y b.
ordenar a COLPENSIONES reliquidar la pensión de la demandante, con fundamento en el
Decreto 758 de 1990, aplicando una tasa de reemplazo del 90 % de lo devengado en
los últimos 10 años de servicio, conforme con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y con
la inclusión de los factores salariales contemplados en el Decreto 1158 de 1994, dentro
del que se encuentra enlistado el factor denominado prima de antigüedad, devengado
por la actora y sobre el cual se efectuaron aportes. Sin condena en costas.

1.4. El recurso de apelación

La Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES), por conducto de
apoderado, interpuso recurso de apelación4 y lo sustentó así:

i) Los actos administrativos fueron expedidos acorde a la normatividad aplicable a la
situación fáctica de la actora. En efecto, se realizó el estudio de reliquidación bajo el
régimen de la Ley 33 de 1985, con el ingreso base de liquidación de los últimos 10 años
de servicio (IBL 1) el cual arrojó un valor de $ 8,238,180; no obstante, resultaba inferior
a la suma consultada en la nómina general de pensionados a fecha de 2019, el cual era
de $ 9,463,701. Por lo tanto, en virtud del principio de non reformatio in pejus, que
consiste en no desmejorar la situación jurídica del afiliado y dado que no se generaron
valores a favor de la pensionada, se procedió a negar la solicitud de reliquidación de la
prestación.

ii) Para dar aplicación al Decreto 758 de 1990, única norma que permite aplicar una
tasa máxima de reemplazo del 90 %, es necesario acreditar el tiempo requerido
exclusivamente al ISS/COLPENSIONES. Sin embargo, con relación al reporte de historia
laboral de la demandante se observa que no cuenta con cotizaciones al ISS anteriores
al 1.° de abril de 1994, por lo que no cumple con los requisitos para el reconocimiento
de la prestación con dicho decreto.

iii) La Sentencia SU-769 de 2014 no es aplicable a la actora porque alcanzó el estatus

4 Índice 47 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Santander.

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Demandante: Luz Amparo Quintero Ortiz

jurídico pensional el 2 de agosto de 2012, es decir, con anterioridad a la fecha de
comunicación aquella providencia, la cual se dio el 16 de octubre de 2014.

1.5. Pronunciamiento en torno al recurso de apelación en segunda instancia

La parte demandante solicitó confirmar la sentencia de primera instancia para lo cual
reiteró los argumentos de la demanda.5

1.6. El ministerio público

El agente del ministerio público no rindió concepto.6

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer, conforme a lo señalado en el recurso de apelación, si la
señora Luz Amparo Quintero Ortiz, quien es beneficiaria del régimen de transición
consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tiene derecho a la reliquidación de
su pensión de jubilación, en los términos del Decreto 758 de 1990.

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. El régimen pensional previsto en el Acuerdo 049 de 1990 (aprobado
mediante Decreto 758 de 1990)

El artículo 12 del Decreto 758 de 1990 «Por el cual se aprueba el Acuerdo número 049
de febrero 1 de 19907 emanado del Consejo Nacional de Seguros Sociales
Obligatorios» estableció para los afiliados del Seguro Social los siguientes requisitos
para beneficiarse de la pensión de vejez:

Artículo 12. Tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes
requisitos:

a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años de
edad, si se es mujer y,

5 Índice 10 de la plataforma SAMAI.
6 Revisado el expediente digital y el aplicativo SAMAI, no se observa que el agente del Ministerio Público haya

rendido concepto.
7 «por el cual se expide el Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte»

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Demandante: Luz Amparo Quintero Ortiz

b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos veinte
(20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un número
de un mil (1.000) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo.

El Acuerdo 049, aprobado por el Decreto 758 de 1990, contempla una tasa de
reemplazo que es directamente proporcional al número de semanas cotizadas. Para
entenderlo de mejor modo, se transcribirá el inciso II del artículo 20 del mencionado
decreto.

Artículo 20. Integración de las pensiones de invalidez por riesgo común y de vejez. Las
pensiones de invalidez por riesgo común y por vejez, se integrarán así:

II Pensión de Vejez:

a) Con una cuantía básica igual al cuarenta y cinco por ciento (45%) del salario mensual de
base y,

b) Con aumentos equivalentes al tres por ciento (3%) del mismo salario mensual de base por
cada cincuenta (50) semanas de cotización que el asegurado tuviere acreditadas con
posterioridad a las primeras quinientas (500) semanas de cotización. El valor total de la
pensión no podrá superar el 90% del salario mensual de base ni ser inferior al salario mínimo
legal mensual ni superior a quince veces este mismo salario.

Parágrafo 1° El salario mensual de base se obtiene multiplicando por el factor 4.33, la
centésima parte de la suma de los salarios semanales sobre los cuales cotizó el trabajador
en las últimas cien (100) semanas. El factor 4.33 resulta de dividir el número de semanas de
un año por el número de meses.

Parágrafo 2° La integración de la pensión de vejez o de invalidez de que trata este artículo,
se sujetará a la siguiente tabla:

PORCENTAJE DE PENSION SOBRE SALARIO MENSUAL DE BASE

Número semanas % Inv. P. total % Inv. P. absoluta % Gran Inv. Vejez
500 45 51 57 45
550 48 54 60 48
600 51 57 63 51
650 54 60 66 54
700 57 63 69 57
750 60 66 72 60
800 63 69 75 63
850 66 72 78 66
900 69 75 81 63
950 72 78 84 72
1.000 75 81 87 75
1.050 78 84 90 78
1.100 81 87 90 81
1.150 84 90 90 84
1.200 87 90 90 87
1.250 o más 90 90 90 90

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Demandante: Luz Amparo Quintero Ortiz

De acuerdo con lo transcrito, es evidente que, a mayor número de semanas cotizadas,
mayor será la tasa de reemplazo, la cual puede llegar a ser de hasta el 90 %.

Por su parte, con el fin de acreditar el cumplimiento del número de semanas exigido por
el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, la Corte Suprema de Justicia8 consideraba que
no era posible sumar los períodos no cotizados al ISS, por cuanto la norma referida, en
armonía con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 establece con suficiente claridad que
esos tiempos tienen que haber sido cotizados directamente a tal entidad previsional. Al
respecto, esa Corporación indicó lo siguiente:

(…) Ahora bien, en lo que respecta al punto sometido a discusión en ambos ataques, esto
es, la posibilidad de sumar los tiempos laborados en el sector público a las semanas
cotizadas al ISS, para efectos de obtener un monto de pensión equivalente al 90% de IBL,
conforme al parágrafo 2 del artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, ya ha tenido oportunidad
de pronunciarse la Sala en la sentencia del 23 de agosto de 2006 (rad. 27651), en donde se
señaló, contrario a lo sostenido por el censor, que si el afiliado era beneficiario del régimen
de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el número de semanas
cotizado sería el establecido en el régimen anterior en donde se encontrare afiliado, esto es,
en el presente caso, al previsto en el Acuerdo 049 de 1990, y a este régimen debía someterse
íntegramente, sin que en él se establezca la posibilidad de sumar cotizaciones
realizadas a entidades diferentes al ISS. Se dijo en esa oportunidad lo siguiente, que sirve
para ilustrar el caso: (Resalta la Sala).

[…] el ad quem determinó que a la demandante por encontrarse afiliada al I.S.S., en el
momento de entrar en vigencia dicha disposición, le era aplicable el Acuerdo 049 de 1990,
aprobado por el Decreto 758 del mismo año, para concluir que no era procedente aumentar
el número de semanas con el tiempo de servicios prestados en el sector público, cuando la
pensión reconocida resultaba de la aplicabilidad de dicha normatividad, que no prevé el
computar períodos laborados en el sector oficial, como si lo hace el artículo 33 de la Ley 100
de 1993, en concordancia con el literal f del artículo 13 ibídem, que consagra la pensión de
vejez pero dentro del régimen de prima media con prestación definida, creado por el Sistema
General de Pensiones; no siendo posible escindir las normas para aplicar lo más favorable
de cada una de ellas, pues la preceptiva legal que se aplique debe serlo en su integridad.

Por su parte la censura sostiene que por estar la actora inmersa en el régimen de transición,
deben aplicársele las normas pertinentes de la Ley 100 de 1993 y también las del Acuerdo
049 de 1990, sin que esa mixtura conlleve la violación del principio de la inescindibilidad,
como equivocadamente lo determinó el Tribunal, por lo que es posible y válido que se sume
a las semanas cotizadas al I.S.S., el tiempo servido por ella en el sector público.

Así las cosas, considera la Sala que la razón está de parte del juzgador de segunda
instancia, pues si la demandante es beneficiaria del régimen de transición consagrado
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el número de semanas cotizadas será el
establecido en el régimen anterior al cual se encontraba afiliada, esto es, al I.S.S y por

8 Sentencias del 4 de noviembre de 2004 radicación 23611, M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza; 23 de agosto

de 2006 radicado 27651, M.P. Luis Javier Osorio López; 19 de noviembre de 2007 radicado 30187, M.P.
Francisco Javier Ricaurte Gómez; y del 1º de febrero de 2011 radicado 41703. M.P. Carlos Ernesto Molina
Monsalve.

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Demandante: Luz Amparo Quintero Ortiz

lo tanto dicho requisito, deberá regirse íntegramente por lo dispuesto en el Acuerdo
049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año.

Obviamente, tales cotizaciones deben haber sido efectuadas a esa entidad de seguridad
social, pues en el citado Acuerdo no hay disposición alguna que permita sumarle otras
efectuadas a cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector público o
privado, como si lo autoriza la Ley 100 de 1993, en el artículo 33, en armonía con el literal f
de su artículo 13, para las pensiones de vejez que se rijan íntegramente por ella. (Resaltado
del texto original).

De forma que para la aplicación del Decreto 758 de 1990 se exigía que el número de
semanas requeridas en dicho régimen fueran cotizadas de forma exclusiva al ISS hoy
COLPENSIONES, por lo que no era posible la acumulación con los aportes a otras
entidades de previsión social, públicas o privadas.

No obstante, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia modificó su
postura al señalar que sí se pueden sumar las semanas cotizadas al ISS y los tiempos
laborados a entidades públicas, así como los aportes por tiempos públicos o privados
con fundamento en que la Ley 100 de 1993 dispone que, para el reconocimiento
pensional, se debe tener en cuenta la suma de las semanas cotizadas al ISS o a
cualquier caja, fondo, o entidad del sector público o privado, o el tiempo de servicio que
se haya prestado en calidad de servidor público, cualquiera que sea el número de
semanas o el tiempo de servicio.9 Al respecto señaló:

No obstante, ante un nuevo estudio del asunto, la Corte considera pertinente modificar el
anterior precedente jurisprudencial, para establecer que las pensiones de vejez
contempladas en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma
anualidad, aplicable por vía del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, pueden
consolidarse con semanas efectivamente cotizadas al ISS, hoy Colpensiones, y los tiempos
laborados a entidades públicas.

[…]
Específicamente, el régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993 implicó una protección especial para quienes se encuentran cobijados por éste, en el
sentido de que la normativa anterior aplicable tendría los mencionados efectos ultraactivos
solamente en los aspectos de edad, tiempo y monto, pues el resto de condiciones
pensionales se encuentran regidas por las disposiciones de la Ley 100 de 1993.

De lo anterior se deriva que si la disposición precedente solo opera para las pensiones de
transición en los puntos de edad, tiempo y monto, entonces la forma de computar las
semanas para estas prestaciones se rige por el literal f) del artículo 13, el parágrafo 1.º del
artículo 33 y el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que disponen expresamente
la posibilidad de sumar tiempos privados y tiempos públicos, así éstos no hayan sido objeto
de aportes a cajas, fondos o entidades de previsión social.

9 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia de 1.º de julio de 2020, radicación 70918

(SL1947-2020), M.P. Iván Mauricio Lenis Gómez.

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Demandante: Luz Amparo Quintero Ortiz

En efecto, el literal f) del artículo 13 y el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
establecen que para el reconocimiento de las pensiones se tendrá en cuenta la suma de las
semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales o a cualquier caja, fondo o entidad del
sector público o privado, o el tiempo de servicio que se haya prestado en calidad de servidor
público, cualquiera que sea el número de semanas o el tiempo de servicio. En el mismo
sentido, se reafirma, el parágrafo 1.º del artículo 33 de dicho precepto consagra la validez de
los tiempos como servidor público para el cómputo de las semanas.

Esta lectura es acorde justamente con las finalidades propias de la Ley 100 de 1993, como
ley del Sistema Seguridad Social Integral, pues esta regulación permitió que las personas
pudieran acumular semanas aportadas o tiempos servidos al Estado, indistintamente, para
efectos de consolidar su pensión de vejez, bajo el presupuesto de que los aportes a
seguridad social tengan soporte en el trabajo efectivamente realizado.

Lo anterior permite reconocer que, durante su trayectoria profesional, las personas pueden
estar unos tiempos en el sector público o en el sector privado, dado que ello hace parte de
las contingencias del mercado laboral y lo relevante es que el Estado permita tener en cuenta
lo uno y lo otro para el acceso a prestaciones económicas, pues, en últimas, lo que debe
contar es el trabajo humano. La posibilidad de la sumatoria de tiempos parte también de la
propia Ley 100 de 1993, que contempló diversos instrumentos de financiación, tales como
los bonos pensionales, los cálculos actuariales o las cuotas partes, que permiten contabilizar
todos los tiempos servidos y cotizados para efectos del reconocimiento de las prestaciones
económicas, sin distinción alguna.

En virtud de ello, las pensiones del régimen de transición previstas en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993 no pueden ser ajenas al anterior entendimiento, puesto que éstas pertenecen
evidentemente al sistema de seguridad social integral y, como tal, pese a tener aplicación
ultraactiva de leyes anteriores en algunos aspectos como tiempo, edad y monto, en lo demás
siguen gobernadas por dicha ley, que, finalmente, es la fuente que les permite su surgimiento
a la vida jurídica y a la que se debe remitir el juez para su interpretación.

En tal dirección, así debe entenderse el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que
permite la sumatoria de tiempos públicos y privados, por cuanto es inusual que un parágrafo
no haga relación a la temática abordada por una norma, como en este caso serían las
pensiones derivadas del régimen de transición, de modo tal que el cómputo previsto en este
parágrafo es predicable tanto para las prestaciones de Ley 100 de 1993 como las originadas
por el beneficio de la transición de esta normatividad.

Es de resaltar que este cambio de criterio jurisprudencial de la Sala está acorde a mandatos
superiores y a la defensa del derecho a la seguridad social en tanto garantía fundamental de
los ciudadanos, así reconocida por diferentes instrumentos internacionales, tales como la
Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y el Protocolo de San Salvador de 1988, que,
además de estar ratificados por Colombia, hacen parte del denominado ius cogens.

Sobre el particular, se pronunció la Corte Constitucional en sentencia SU-769 de 014,10
al señalar : i) la posibilidad de acumular tiempo laborado en entidades públicas respecto
de las cuales el empleador no efectuó las cotizaciones a alguna caja o fondo de
previsión social, con las aportadas al ISS; ii) la viabilidad de acumular tiempos cotizados

10 Corte Constitucional, sentencia SU-769 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

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a entidades públicas o fondos de previsión para contabilizar las semanas requeridas,
en tanto que el artículo 12 del Acuerdo 49 de 1990, no exige que las cotizaciones se
hayan efectuado de manera exclusiva al ISS; iii) la posibilidad de acceder al
reconocimiento pensional sin que todas las cotizaciones se hayan realizado al ISS; y iv)
para el reconocimiento de la pensión, es posible la acumulación de tiempos cotizados
en el sector público con los aportes al sector privado.

De igual forma, esta Subsección11 reconoció la posibilidad de acumular tiempos de
servicio cotizado a cajas o fondos de previsión social, o que, en todo caso, fueron
laborados en el sector público o privado y debieron ser cotizados, con las semanas
aportadas al ISS.

2.2.2. Postura unificada frente a la reliquidación de pensión ordinaria de los
beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

Para resolver el problema jurídico planteado, le corresponde a la Sala aplicar las reglas
jurisprudenciales fijadas por esta Corporación en la sentencia de unificación de 28 de
agosto de 2018,12 que constituye un precedente vinculante y obligatorio en la resolución
de casos fáctica y jurídicamente iguales. En esta decisión, la Sala Plena precisó que
sus efectos se aplicarían «[…] a todos los casos pendientes de solución tanto en vía
administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en
los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica,
resultan inmodificables».

Por su parte, la Sala Plena fijó las reglas y subreglas respecto al ingreso base de
liquidación para computar la pensión de jubilación de quienes gozan del régimen de
transición.

La siguiente fue la regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición fijada
en la referida sentencia de unificación:

El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace
parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se

11 Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección A, sentencia de 23 de abril de 2020, expediente con
radicación 25000-23-42-000-2016-02417-01 (3351-2018), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de agosto de 2018,

expediente: 52001-23-33-000-2012-00143-01, consejero ponente: César Palomino Cortés.

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pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de
pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.

Como fundamento para establecer dicha regla, la Sala expuso, entre consideraciones,
la siguiente:

91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del artículo 36
de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones para que
las personas beneficiarias del régimen de transición puedan adquirir su pensión de vejez con
la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo del régimen
anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley
100 de 1993. La regla establecida por el legislador en el inciso 3 del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del ingreso base de liquidación que
consagraba el régimen general de pensiones anterior a dicha ley. El reconocimiento
de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad por el artículo 36 de la Ley 100
de 1993 constituye un verdadero beneficio para este grupo poblacional, porque frente
a los mismos requisitos que están consagrados para el Sistema General de Pensiones,
indudablemente, le son más favorables. (Negritas fuera de texto).

Adicionalmente, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado definió
las siguientes subreglas:

La primera, se refiere al periodo para liquidar las pensiones de los servidores públicos
que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad,
tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de
liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello,
o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con
base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el
DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores
al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice
de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para
la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones.» Esta subregla se justifica, así:

99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es aquella
según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985, solo los
factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización pueden incluirse como
elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional.

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100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo 48,
para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio
y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta
los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones.

De acuerdo con las anteriores pautas fijadas por la Sala que, se repite, constituyen
precedente obligatorio, el IBL para las personas que se en encuentran en el régimen de
transición es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 o en el artículo 21 de la Ley
100 de 1993, según corresponda.

2.3. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer lo
siguiente:

El 2 de agosto de 1957, nació la señora Luz Amparo Quintero Ortiz.13

La actora prestó sus servicios en los siguientes períodos y tiempos:

• Desde el 5 de junio de 1986 hasta el 21 de enero de 1991 y del 22 de febrero de 1991
al 1.° de mayo de 2016, en la Universidad Industrial de Santander, vinculada al cargo
de profesora, en calidad de empleada pública.14

• Se presentaron ante la entidad demandada los siguientes certificados de tiempo de
servicio:15

13 Conforme consta en su cédula de ciudadanía, visible en el expediente digital obrante a índice 2 de la
plataforma SAMAI.
14 Conforme consta en la certificación expedida el 17 de noviembre de 2016 por el jefe de la División de Recursos

Humanos, visible en el expediente digital obrante a índice 2 de la plataforma SAMAI.
15 Consta en la parte motiva de la Resolución SUB 164914 del 26 de junio de 2019, visible en el expediente

digital obrante a índice 2 de la plataforma SAMAI.

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El 16 de octubre de 2013, COLPENSIONES expidió la Resolución GNR 259805,16 mediante
la cual reconoció a la señora Luz Amparo Quintero Ortiz el derecho a una pensión de
jubilación, en condición de beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993,
en cuantía de $ 5.126.743, a partir del 1.° de noviembre de 2013. Para tal efecto, la
entidad demandada tuvo en cuenta 1.385 semanas cotizadas y aplicó una tasa de
reemplazo del 75 % conforme al régimen contemplado en la Ley 33 de 1985 y en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y en el Decreto 1158 de 1994 respecto a los factores
salariales; y determinó que el pago de la prestación estaría sujeto a la acreditación del
retiro definitivo del servicio.

Por su parte, señaló que respecto al tiempo laborado con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993, con el fin de financiar la prestación, procedía el trámite
de liquidación y cobro del bono pensional tipo B.

El 5 de junio de 2014, por medio de la Resolución GNR 202334 COLPENSIONES confirmó

16 Expediente digital obrante a índice 2 de la plataforma SAMAI.

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la Resolución GNR 259805 de 2013,17 como consecuencia de la interposición de un
recurso de reposición y en subsidio apelación interpuesto en su contra. Así, reiteró que
el régimen de transición respetó solamente los requisitos de edad, tiempo y monto de
la prestación de la Ley 33 de 1985, mientras que respecto al IBL y a los factores a tener
en cuenta se debía observar el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de
1994.

El 13 de febrero de 2015, COLPENSIONES expidió la Resolución VPB 1289918 por medio
de la cual desató el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución GNR 259805
de 2013, en el sentido de modificar su contenido. Para tal efecto, reliquidó la pensión
de jubilación de la señora Quintero Ortiz, en cuantía de $ 7.804.173, para lo cual tuvo
en cuenta 1.384 semanas, una tasa de reemplazo del 75 %, un IBL de $ 10.405.564 y
un IBC correspondiente a lo cotizado en el último año de servicio hasta diciembre de
2014; en aplicación de la Ley 33 de 1985.

Asimismo, aquel acto señaló que la fecha de adquisición del estatus jurídico pensional
era el 2 de agosto de 2012.

El 14 de junio de 2016, la entidad demandada profirió la Resolución GNR 17178519 a
través de la cual ordenó la inclusión en nómina de la pensión de jubilación de la actora.
En ese orden de ideas, tuvo en cuenta que la señora Quintero Ortiz acreditó 1.526
semanas cotizadas y aplicó una tasa de reemplazo equivalente al 75 % del ingreso base
de liquidación, de acuerdo con la Ley 33 de 1985 y el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
esto es, la autoridad pensional aclaró que la liquidación se realizaría «bajo los
parámetros del Decreto 1158 de 1994, es decir por los últimos 10 años de servicio y
NO con los factores del último año», lo cual arrojaba un valor de $ 7.252.765.

No obstante lo anterior, fijó la cuantía de la prestación en $ 7.804.173, que actualizada
para el año 2016 ascendía a $ 8.332.515, con fundamento en las siguientes precisiones:
a. el estudio realizado arrojaba una mesada menor a la reconocida en la Resolución
VPB 12899 de 2015, toda vez que la liquidación se efectuó con los 10 años anteriores y

no con todos los factores salariales devengados en el último año de servicio como se
había realizado en Resolución VPB 12899 de 2015; y b. en atención al concepto

17 Expediente digital obrante a índice 2 de la plataforma SAMAI.
18 Ibidem.
19 Ibidem.

20

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BZ_2015_8406686 del 2015, expedido por COLPENSIONES, se respetaría la mesada
pensional otorgada previamente, sin que hubiera lugar a efectuar una nueva liquidación.

En ese orden de ideas, con ocasión de la acreditación del retiro del servicio, ordenó el
pago de la pensión de jubilación a partir 1.° de mayo de 2016.

Por otro lado, el acto referido sostuvo que la prestación estaría a cargo de la Universidad
Industrial de Santander respecto a 3.236 días y de COLPENSIONES respecto a 7.449 días.

El 4 de agosto de 2016, COLPENSIONES profirió la Resolución GNR 22920120 a través de
la cual desató un recurso de reposición contra la Resolución GNR 171785 de 2016, en
el que la actora pretendía la reliquidación de su pensión de jubilación con la inclusión
de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio. 21

Así las cosas, el referido acto resolvió confirmar la Resolución GNR 171785 de 2016, con
fundamento en que «no e[ra] procedente reliquidar la prestación con el último año de
servicio, por cuanto con la Resolución VPB 12899 del 13 de febrero de 2015, se reliquidó
con último año de servicio (sic), arrojando un valor de $ 7.252.765 para el año 2015, y
por principio Non Reformatiun in Pejus conforme a la normatividad vigente citada se le
actualizó el valor según IPC, dando una mesada pensional de $ 8.332.515 para el año
2016, valor que ingresó a la nómina de Pensionados a partir del 01 de mayo de 2016,
según la [R]esolución GNR 171785 del 14 de junio de 2016.»22 (Cursivas originales del
texto)

El 20 de octubre de 2016, COLPENSIONES mediante la Resolución VPB 3989223 resolvió
un recurso de apelación contra la Resolución GNR 171785 de 2016, en el entendido de
confirmar su contenido, para lo cual reiteró los argumentos dados en la resolución arriba
referida.

El 21 de marzo de 2019, la señora Quintero Ortiz radicó derecho de petición ante
COLPENSIONES con el fin de que se reliquidara su pensión de jubilación en los términos

del Decreto 758 de 1990, en concordancia con la sentencia de unificación del 28 de

20 Expediente digital obrante a índice 2 de la plataforma SAMAI.
21
Conforme consta en la parte motiva de la Resolución GNR 229201 del 4 de agosto de 2016,
Expediente digital obrante a índice 2 de la plataforma SAMAI.
22
Ibidem.
23 Ibidem.

21

Radicación: 68001-23-33-000-2019-00875-01 (2316-2023)
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agosto de 2018, radicado 52002 23 33 000 2012 00143 01, emitida por el Consejo de
Estado y la sentencia SU-769 de 2014, proferida por la Corte Constitucional. En ese
orden, pretendió la aplicación de una tasa de reemplazo del 90 % de lo cotizado en los
últimos 10 años de servicio, conforme el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, que en su
concepto arrojaba la suma de $ 8.820.656,34, mientras que la reconocida por aquella
entidad era de $ 8.332.515, para el año 2016.24

El 22 de abril de 2019, COLPENSIONES expidió la Resolución SUB 9408325 a través de la
cual negó la solicitud referida. La decisión se fundamentó en que a. quienes pretendan
ser beneficiarios de aquel régimen deben acreditar el tiempo requerido exclusivamente
en el ISS/COLPENSIONES, sin embargo, la interesada no contaba con cotizaciones al
Seguro Social anteriores al 1.° de abril de 1994; y b. la Sentencia SU-769 de 2014,
emitida por la Corte Constitucional, no es aplicable a la situación fáctica de la actora
porque adquirió el estatus pensional el 2 de agosto de 2012, es decir, con anterioridad
a la fecha de comunicación de aquella providencia.

El 26 de junio de 2019, por medio de la Resolución SUB 16491426 la entidad demandante
desató un recurso de reposición interpuesto contra la Resolución SUB 94083 de 2018,
en el entendido de confirmar su contenido.

El 10 de julio de 2019, COLPENSIONES profirió la Resolución DPE 568627 a través de la
cual resolvió un recurso de apelación contra la Resolución SUB 94083 de 2018, en el
sentido de confirmar su contenido.

El 21 de julio de 2016, la jefe de División de Recursos Humanos de la UIS certificó los
factores salariales devengados por la actora en el último año de servicio, comprendido
entre 2015 y 2016,28 a saber: asignación básica mensual, primas de servicios, de
antigüedad, de navidad y vacaciones. Asimismo, señaló que la demandante «realizó
las cotizaciones establecidas en la Ley 100 de 1993 sobre los factores descritos en el
Decreto 1158 de 1994 [y] los descuentos de ley para efectos de pensión de realizaron
sobre los siguientes factores: sueldo y prima de antigüedad».

24
Ibidem.
25 Ibidem.
26
Ibidem.
27
Ibidem.
28 Ibidem.

22

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2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

A fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala considera necesario señalar
que en el sub lite no está en discusión la condición de beneficiaria del régimen de
transición previsto en la Ley 100 de 1993 que ostenta la señora Luz Amparo Quintero
Ruiz, debido a que no ha sido controvertido por ninguna de las partes. En efecto, nació
el 2 de agosto de 1957,29 esto es, para la fecha en que entró a regir la Ley 100 de 1993
en el nivel territorial, contaba con más de 35 años de edad, a saber, 37 años, 10 meses
y 28 días.

Por su parte, en el expediente está acreditado que la demandante laboró para la
Universidad Industrial de Santander alrededor de 29 años, 9 meses y 25 días, razón
por la que cumple con el requisito del tiempo fijado en el artículo 1.° de la Ley 33 de
1985; además, la interesada cumplió con el requisito de la edad 30 en el año 2012.

Ahora, el a quo accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en el entendido
de ordenar la reliquidación de la pensión de jubilación de la actora en aplicación del
Decreto 758 de 1990, con una tasa de reemplazo del 90 %, y teniendo en cuenta lo
devengado en los últimos 10 años de servicio, conforme con el artículo 21 de la Ley
100 de 1993, con inclusión de los factores salariales contemplados en el Decreto 1158
de 1994.

En ese orden, la inconformidad de la entidad recurrente radica en que la situación
fáctica de la actora debe regirse por la Ley 33 de 1985, comoquiera que, en su concepto,
la aplicación del Decreto 758 de 1990 está condicionada a acreditar el tiempo requerido
exclusivamente al ISS hoy COLPENSIONES. Sin embargo, aduce, que conforme al reporte
de historia laboral de la demandante, no cuenta con cotizaciones al ISS anteriores al 1.°
de abril de 1994, por lo que no cumple con los requisitos para el reconocimiento de la
prestación con dicho decreto.

Asimismo, advierte que la Sentencia SU-769 de 2014 no es aplicable a la actora porque
alcanzó el estatus jurídico pensional el 2 de agosto de 2012, es decir, con anterioridad
a la fecha de comunicación de aquella providencia, la cual se dio el 16 de octubre de
2014. En consecuencia, a su juicio, el a quo incurrió en yerro al observar el régimen

29 Ibidem.
30 55 años de edad.

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Demandante: Luz Amparo Quintero Ortiz

previsto en el Decreto 758 de 1990.

Pues bien, la Sala considera pertinente traer a colación las condiciones de la pensión
bajo la Ley 33 de 1985 y Acuerdo 049 de 1990, aprobado por medio del Decreto 758
de 1990, así:

La Ley 33 de 1985, en su artículo 1, dispone lo siguiente:

Artículo 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o
discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la
respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para
los aportes durante el último año de servicio.

Paralelamente, el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por medio del Decreto 758 de 1990,
estableció lo siguiente:

Artículo 12. Requisitos de la pensión por vejez. Tendrán derecho a la pensión de vejez
las personas que reúnan los siguientes requisitos:

a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años de
edad, si se es mujer y,

b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos veinte
(20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un número
de un mil (1.0.00) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo.

Bajo ese panorama, de acuerdo con el material probatorio aportado al plenario, resulta
claro que la señora Luz Amparo Quintero Ortiz cumple con los requisitos fijados en
ambos regímenes pensionales, en tanto cumplió los 55 años de edad el 2 de agosto de
2012 y acredita el tiempo mínimo de servicio, que según la Ley 33 de 1985 debe ser de
20 años; y que según el Decreto 758 de 1990 debe ser de 500 semanas cotizadas
durante los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima o 1.000 semanas
cotizadas en cualquier tiempo. De conformidad con lo establecido en la Resolución SUB
164914 del 26 de junio de 2019, expedida por COLPENSIONES, la actora acreditó 10.705
días, correspondientes a 1.529 semanas cotizadas tanto con entidades del Estado
como con el ISS.

Ahora, en cuanto a los aportes exclusivos al extinto ISS, hoy COLPENSIONES, argumento
al que la entidad demandada circunscribió el recurso de apelación, la Corte
Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y esta corporación han admitido la
aplicación del Decreto 758 de 1990 a partir de la acumulación de tiempos de servicios

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Demandante: Luz Amparo Quintero Ortiz

cotizados tanto al Instituto del Seguro Social como a otras administradoras de
pensiones, de acuerdo con las razones que pasan a exponerse:

[P]ara efecto del reconocimiento de esta prestación [pensión de vejez] es posible acumular
los tiempos de servicios cotizados a las cajas o fondos de previsión social, con las semanas
de cotización efectuadas al Instituto de Seguros Sociales, por cuanto la exclusividad en los
aportes a esta entidad se trata de un evento no contemplado en el Acuerdo 049 de 1990.31

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia indicó:32

[E]l literal f) del artículo 13 y el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 establecen
que para el reconocimiento de las pensiones se tendrá en cuenta la suma de las semanas
cotizadas al Instituto de Seguros Sociales o a cualquier caja, fondo o entidad del sector
público o privado, o el tiempo de servicio que se haya prestado en calidad de servidor público,
cualquiera que sea el número de semanas o el tiempo de servicio. En el mismo sentido, se
reafirma, el parágrafo 1.º del artículo 33 de dicho precepto consagra la validez de los tiempos
como servidor público para el cómputo de las semanas.

Esta lectura es acorde justamente con las finalidades propias de la Ley 100 de 1993, como
ley del Sistema Seguridad Social Integral, pues esta regulación permitió que las personas
pudieran acumular semanas aportadas o tiempos servidos al Estado, indistintamente, para
efectos de consolidar su pensión de vejez, bajo el presupuesto de que los aportes a
seguridad social tengan soporte en el trabajo efectivamente realizado.

La posibilidad de la sumatoria de tiempos parte también de la propia Ley 100 de 1993, que
contempló diversos instrumentos de financiación, tales como los bonos pensionales, los
cálculos actuariales o las cuotas partes, que permiten contabilizar todos los tiempos servidos
y cotizados para efectos del reconocimiento de las prestaciones económicas, sin distinción
alguna.

Respecto a la aplicación de este régimen pensional para el reconocimiento de la
pensión de vejez, tanto la Corte Constitucional33 como esta Sección34 han establecido:
a. la posibilidad de acumular tiempos de servicio cotizado a cajas o fondos de previsión
social o que, en todo caso, fueron laborados en el sector público o privado y debieron
ser cotizados, con las semanas aportadas al Instituto de Seguros Sociales, indicando
que dicha posibilidad opera tanto para acreditar las 500 semanas de cotización dentro
de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad como las 1000 semanas de tiempo
cotizadas en cualquier tiempo; y b. que las solicitudes de reconocimiento pensional que

31 Corte Constitucional. Sentencia SU-769 del 2014
32 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia del 1 de junio del 2020. Expediente 70918 .
33 Corte Constitucional, sentencia T -280 de 20 de junio de 2019, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 7

de noviembre de 2019, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, número de radicación 20001-23-39-000-2016-00061-
01(1322-17); (ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia de 7 de noviembre de 2019, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, número de radicación 25000-23-42-000-
2015-03699-01(3798-17)

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Demandante: Luz Amparo Quintero Ortiz

se realicen con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990 deben resolverse computando
los tiempos cotizados tanto en el sector público como en el privado.35

A su turno, esta Subsección, en fallo del 23 de abril del 2020, dictada dentro del proceso
con radicado interno 3351-2019 con ponencia del doctor Gabriel Valbuena Hernández,
consideró lo siguiente:

[…] tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional como de esta Sección han establecido
la posibilidad de acumular tiempos de servicio cotizado a cajas o fondos de previsión
social o que, en todo caso, fueron laborados en el sector público o privado y debieron
ser cotizados, con las semanas aportadas al Instituto de Seguros Sociales, indicando
que dicha posibilidad opera tanto para acreditar las 500 semanas de cotización dentro de los
20 años anteriores al cumplimiento de la edad como las 1000 semanas de tiempo cotizadas
en cualquier tiempo. (Resaltado fuera de texto)

Frente a la aplicación de los criterios sentados en la Sentencia SU-769 de 2014, la Corte
Constitucional en Sentencia T-280 de 2019, sostuvo:

[…] En suma, la jurisprudencia de la Corte Constitucional establece la posibilidad de
acumular tiempos de servicio cotizado a cajas o fondos de previsión social o que, en todo
caso, fueron laborados en el sector público y debieron ser cotizados, con las semanas
aportadas al Instituto de Seguros Sociales, para efectos del reconocimiento de la pensión de
vejez bajo el régimen del Acuerdo 049 de 1990. Tal posibilidad opera tanto para acreditar
las 500 semanas de cotización dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad
como las 1000 semanas de tiempo cotizadas en cualquier tiempo. Adicionalmente, las
solicitudes de reconocimiento pensional que se realicen con fundamento en el Acuerdo 049
de 1990 deben resolverse computando los tiempos cotizados tanto en el sector público como
en el privado, con indiferencia de si la fecha de causación o adquisición del derecho a la
pensión de vejez operó con anterioridad a la fecha de la Sentencia SU-769 de 2014.
(Resaltado original del texto)

El anterior criterio fue reiterado por esta Sección, entre otras, en la sentencia del 7 de
noviembre de 2019, radicado 20001-23-39-000-2016-00061-01(1322-17).

Así las cosas, se tiene que la actora cumplió la edad de 55 años el 2 de agosto de 2012,
acreditó 1.529 semanas de cotización, es decir, le asistía el derecho a que su pensión
fuera reliquidada en los términos de los artículos 12 y 20 del Decreto 758 de 1990, con
una tasa equivalente al 90 % toda vez que acreditó más de las 1.250 semanas
requeridas, tal y como lo concluyó el a quo en la sentencia apelada.

En este punto, se tiene que el tribunal ordenó reconocer la prestación de acuerdo con
el parágrafo 2 del numeral II del artículo 20 del Decreto 758 de 1990, utilizando una

35Véase, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 10 de febrero de 2022, radicado 76001 23 33 000 2013 01111 01 (1367-2021)

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Demandante: Luz Amparo Quintero Ortiz

tasa de remplazo equivalente al 90 % del ingreso base de liquidación y en aplicación a
la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, emitida por esta corporación, esto
es, «teniendo en cuenta lo devengado en los últimos 10 años de servicios, conforme
con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, con inclusión de los factores salariales
contemplados en el Decreto 1158 de 1994, dentro del que se encuentra enlistado el
factor denominado “prima de antigüedad”, devengado por la actora y sobre el cual se
efectuaron aportes». (Comillas originales del texto)

En ese sentido, debe anotarse que el régimen de las personas beneficiarias del Decreto
758 de 1990, incluye únicamente los requisitos de edad, tiempo de servicios o semanas
de cotización y tasa de reemplazo del régimen anterior, toda vez que el IBL no forma
parte de la transición, y en tal sentido, este debe liquidarse en los términos del inciso 3°
del artículo 36, o el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, con la inclusión de los factores
sobre los cuales se hayan efectuado los correspondientes aportes previstos en el
Decreto 1158 de 1994.

Por las razones expuestas, se impone confirmar la sentencia apelada, comoquiera que
quedó demostrado que a la actora sí le es aplicable el régimen dispuesto en el Decreto
758 de 1990, tal como lo concluyó el a quo, en concordancia con la sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2018, emitida por esta corporación.

3. De la condena en costas

El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil».

Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,36 en la
que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la medida de
su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o la temeridad de
las partes.

Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de

36 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-

2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández Gómez.

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Demandante: Luz Amparo Quintero Ortiz

2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n todo
caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está llamado
a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación jurídica de
sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer costas a
cargo de alguna de ellas.

En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción de
que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se apoyaron
en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses,
por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas en segunda
instancia.

4. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos análogos
fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, se
concluye que la demandante logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos
administrativos reprochados. En consecuencia, se impone confirmar la sentencia
emitida por el a quo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 27 de enero de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Santander, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, en el proceso promovido por la señora Luz Amparo Quintero Ortiz, contra la
Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES), de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

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Demandante: Luz Amparo Quintero Ortiz

Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia.

Tercero. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen
y háganse las anotaciones pertinentes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

SBZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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