Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02895-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02895-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-02895-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
28 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02895-00
Accionante: María Nelly Sierra Ortiz
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección B
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Amparo –
configuración de desconocimiento de precedente judicial – inobservancia de las
cargas de transparencia y suficiencia argumentativa
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado,
procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso de
amparo constitucional de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 15 de abril del año en curso, María Nelly Sierra Ortiz instauró acción de tutela
en busca de que se dejara sin efectos la sentencia del 26 de febrero de 2026,
proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho2 que
promovió contra la Administradora Colombia de Pensiones -Colpensiones-.
2.
El referido medio de control se instauró con el propósito de que se declarara la
nulidad del acto administrativo mediante el cual se le negó la reliquidación de su
pensión de vejez, con una tasa de reemplazo del 90%, en aplicación de lo dispuesto
en el parágrafo 2° del artículo 20 del Decreto 758 de 19903.
3.
A través de la providencia cuestionada, la autoridad accionada revocó la decisión
de primera instancia4 que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Con radicado número 11001-33-35-021-2023-00187-01.
3 “Por el cual se aprueba el Acuerdo número 049 de febrero 1° de 1990 emanado del Consejo Nacional de
Seguros Sociales Obligatorios.”
4 El fallo del 13 de febrero de 2025 dictado por el Juzgado 21 Administrativo del Circuito de Bogotá.
1
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02895-00
Accionante: María Nelly Sierra Ortiz
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Consideró que no era procedente la reliquidación de la pensión de la demandante
en los términos pretendidos, en razón a que el cómputo definitivo de semanas
cotizadas comprendía exclusivamente los periodos laborales en los que cotizó en el
sector público, mas no tiempos de cotización efectuados en actividades privadas o
independientes, circunstancia que impedía la aplicación del régimen pensional
previsto en el Decreto 758 de 1990.
4.
Como fundamento de la solicitud de amparo, la parte accionante alegó que la
autoridad demandada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia, toda vez que incurrió en un desconocimiento
del precedente, al apartarse de las sentencias SU-769 de 2014, T-280 de 2019 y
SU-049 de 2024 proferidas por la Corte Constitucional, así como el fallo del 13 de
febrero de 20205, dictado por el Consejo de Estado.
5.
Afirmó que, según dichas providencias, para efectos de determinar la tasa de
reemplazo establecida en el artículo 20 del Decreto 758 de 1990, es posible
acumular los tiempos en los que se realizaron aportes a distintos fondos o cajas de
previsión social y no únicamente aquellos aportados al entonces Instituto de Seguros
Sociales -ISS-, en aplicación del principio de favorabilidad.
6.
Sostuvo que el Tribunal se apartó injustificadamente de las reglas allí contenidas,
sin exponer razones suficientes y objetivas que justificaran dicho apartamiento, pese
a que en tales pronunciamientos se abordó el estudio de supuestos fácticos y
jurídicos similares al suyo, puesto que la normatividad aplicable era el Decreto 758
de 1990 y la entidad demandada era Colpensiones
B. Trámite procesal y contestación de la demanda
7.
Mediante auto de 20 de abril de 2026, se resolvió admitir la demanda; notificar de
su presentación a la autoridad judicial accionada; vincular a la Administradora
Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, en calidad de tercero con interés; requerir
al Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Bogotá para que remitiera copia
digital del expediente con radicado número 11001-33-35-021-2023-00187-00/01; y
comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
(i) Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección
B6
8. Sostuvo que no resultaba procedente acceder a la reliquidación de pensión de
vejez de la accionante, por cuanto no reunía los requisitos para ello, ya que las
cotizaciones se realizaron de forma exclusiva en el sector público, como lo exige el
régimen contenido en el Decreto 758 de 1990.
5 Exp. 25000-23-42-000-2016-05249-01.
6 Intervención digital contenida en 4 folios.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02895-00
Accionante: María Nelly Sierra Ortiz
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
(ii) Colpensiones7
9. Indicó que la solicitud de amparo deviene improcedente, toda vez que la parte
actora pretende reabrir el debate que ya se surtió ante el juez ordinario, sin haber
acreditado una afectación de derechos fundamentales que amerite protección
constitucional.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
C. Análisis del caso concreto
10. El presente asunto satisface los requisitos generales para habilitar la procedencia
excepcional del mecanismo de amparo contra providencia judicial.
11. Previa constatación de la suficiencia argumentativa ofrecida en la demanda al
haberse identificado de forma clara y concreta los motivos de la violación que se
atribuyen a la decisión acusada, la Sala considera que la cuestión que se debate en
esta oportunidad trasciende el ámbito de una simple discrepancia interpretativa o de
mera legalidad y es de relevancia constitucional. Ello, por cuanto persigue la efectiva
protección de los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia
y debido proceso, presuntamente vulnerados con ocasión del desconocimiento del
precedente en el que habría incurrido la autoridad judicial accionada, al examinar la
procedencia de la reliquidación pensional reclamada por la actora.
12.
En ese sentido, lo que se somete a consideración de juez de tutela no se limita a
la corrección de la providencia censurada por un desacuerdo de criterios, sino a la
observancia del precedente aplicable en materia de reliquidación pensional; asunto
que, sin lugar a dudas, guarda estrecha relación con la garantía efectiva de derechos
fundamentales, así como con los principios de igualdad y seguridad jurídica.
13. Aunado a lo anterior, (i) la parte accionante no cuenta con otro mecanismo judicial
idóneo y eficaz para obtener la protección de los derechos fundamentales que
estima transgredidos a causa de la providencia cuestionada, toda vez que se trata
de una sentencia de segunda instancia mediante la cual culminó el proceso ordinario
y los reparos que le fueron endilgados no son susceptibles de ser encauzados a
través de algún recurso extraordinario; (ii) la solicitud de amparo fue ejercida
oportunamente, pues fue presentada el 15 de abril de 2026, es decir, dentro de un
término razonable, pues la notificación del fallo censurado se realizó el 6 de marzo
de 2026; y (iii) no se trata de una tutela interpuesta contra una sentencia proferida
en un proceso de la misma naturaleza, o contra una de aquellas providencias
respecto de las cuales este mecanismo constitucional es absolutamente
improcedente.
7 Intervención digital contenida en 10 folios.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02895-00
Accionante: María Nelly Sierra Ortiz
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
14. Superado lo anterior, corresponde a la Sala determinar si la autoridad accionada
incurrió en la causal específica de procedibilidad atribuida por la parte actora.
15. La jurisprudencia constitucional ha definido el precedente judicial como el
conjunto de sentencias previas al caso sometido a consideración de una autoridad
judicial que, por su relevancia y pertinencia para resolver el problema jurídico
planteado, deben ser tenidas en cuenta por el fallador para su resolución8.
16. La observancia del precedente encuentra fundamento en los principios de
igualdad, seguridad jurídica y confianza legítima, que se orientan a garantizar que
situaciones fácticas y jurídicas análogas reciban un tratamiento uniforme por parte
de las autoridades judiciales, evitando decisiones arbitrarias o contradictorias que
comprometan la integridad del orden jurídico y el derecho de acceso efectivo a la
administración de justicia.
17. Según la autoridad judicial que profiera la decisión, la Corte ha distinguido el
precedente en dos clases: el horizontal y el vertical. El primero alude al deber que
tienen los jueces de ser consistentes sobre sus propias decisiones y respecto de
aquellas tomadas por autoridades de igual jerarquía. En segundo se refiere a la
obligación de acatar los lineamientos sentados por las instancias superiores
encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción 9. El
carácter vinculante del precedente de las Altas Cortes se deriva de su carácter de
órganos de cierre de cada jurisdicción.
18. A efectos de determinar si una sentencia constituye precedente aplicable al caso
concreto se requiere que: (i) la ratio decidendi de la decisión anterior contenga una
regla jurisprudencial pertinente para abordar el asunto bajo estudio; (ii) dicha regla
resuelva un problema jurídico semejante al debatido en el nuevo caso; y (iii) que los
supuestos fácticos guarden similitud con aquellos analizados previamente10.
19. De encontrar acreditados los supuestos anteriores, la Corte11 ha precisado que el
operador judicial puede apartarse del precedente, siempre que cumpla con una
exigente carga argumentativa. Esta comprende, por un lado, el deber de
transparencia, que consiste en identificar de manera expresa la existencia de la regla
jurisprudencial previamente fijada para casos análogos y, por otro, un deber de
suficiencia, que impone exponer razones suficientes, razonables y serias que
justifiquen el apartamiento.
20. No basta alegar un desacuerdo frente al criterio interpretativo, sino que el
funcionario tiene la obligación de demostrar que la regla jurisprudencial ha perdido
vigencia para decidir casos futuros, ya sea por cambios normativos, sociales o de
contexto que sustenten la necesidad de redefinirla. De esta manera se armoniza la
8 Al respecto, ver, entre otras, las sentencias T-309 de 2015, SU-113 de 2018, T-220 de 2023 y T-042 de 2026.
9 Al respecto, ver sentencias T-309 de 2015 y SU-113 de 2018.
10 Al respecto, ver, entre otras, sentencias T-309 de 2015, SU-113 de 2018, T-042 de 2026.
11 En sentencia SU-395 de 2017.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02895-00
Accionante: María Nelly Sierra Ortiz
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
fuerza vinculante del precedente con los principios de autonomía e independencia
judicial y con el carácter dinámico del derecho.
21. En ese orden, el desconocimiento del precedente se configura cuando la
autoridad judicial omite aplicar una regla jurisprudencial vinculante y plenamente
aplicable al asunto sometido a su conocimiento, sin cumplir con la carga
argumentativa antes descrita.
22. Para fundamentar la ocurrencia del desconocimiento del precedente, la parte
accionante afirmó que la autoridad demandada se apartó de las sentencias SU-769
de 2014, T-280 de 2019 y SU-049 de 2024 proferidas por la Corte Constitucional,
así como el fallo del 13 de febrero de 2020 , dictado por el Consejo de Estado, en el
sentido de desconocer la posibilidad de acumular tiempos cotizados en distintos
regímenes o entidades públicas o privadas para efectos de reliquidar su pensión en
aplicación del artículo 20 del Decreto 758 de 1990.
23. No obstante, la Sala advierte que el debate planteado no se circunscribe
exclusivamente al desconocimiento del precedente constitucional, sino a la
inobservancia del precedente fijado por el Consejo de Estado, como máximo órgano
de lo contencioso-administrativo; lineamientos que, como se expondrá más
adelante, han sido construidos en armonía con los criterios desarrollados por la
Corte Constitucional en la sentencia de unificación referida por la parte actora.
24. Ahora, debe precisarse que dicho desconocimiento no puede estructurarse a
partir del fallo del Consejo de Estado invocado por la tutelante, dado que la postura
allí acogida no corresponde al criterio posterior que ha venido sosteniendo de
manera pacífica la Sección Segunda de esta Corporación sobre ese asunto.
25.Por resultar de especial relevancia para la resolución del presente asunto, la Sala
considera pertinente traer a colación las sentencias del 6 de marzo12 y 29 de agosto
de 202413, proferidas por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, así como los fallos del 3 de abril14, 8 de mayo15 y 14 de agosto16 y 26 de
noviembre17 de 2025, dictados por la Subsección B de la misma Sección.
26. A partir de tales pronunciamientos, se advierte que si bien anteriormente la
jurisprudencia sobre la materia no había sido pacifica, debido a la coexistencia de
criterios dispares al interior del Consejo de Estado, circunstancia que condujo a que
en anteriores oportunidades esta Subsección se haya abstenido de conceder el
amparo en casos similares18, en la actualidad existe una posición pacífica y uniforme
en torno a la posibilidad de acumular tiempos cotizados en distintos regímenes o
12 Exp. 68001-23-33-000-2019-00875-01.
13 Exp. 05001-23-33-000-2017-02958-01.
14 Exp. 05001-23-33-000-2018-01738-01.
15 Exp. 68001-23-33-000-2021-00420-01.
16 Exp. 68001-23-33-000-2016-01377-01.
17 Exp. 08001-23-33-000-2018-00620-01.
18 En los procesos de tutela identificados con radicado número 1001-03-15-000-2024-05392-00, 11001-03-15-
000-2024-06708-00 y 11001-03-15-000-2025-05151-01.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02895-00
Accionante: María Nelly Sierra Ortiz
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
entidades para efectos de la reliquidación pensional en aplicación del Decreto 758
de 1990.
27. En la sentencia SU-769 de 2014, la Corte estableció que para acceder a la
pensión de vejez bajo el régimen previsto en el Acuerdo 49 de 1990, aprobado por
el Decreto 758 de 1990, resulta procedente acumular tiempos cotizados en cualquier
caja, fondo o entidad del sector público o privado, junto con las semanas cotizadas
al ISS. Tal interpretación se fundamentó en el principio de favorabilidad laboral y en
la inexistencia de una disposición normativa que exigiera cotizaciones exclusivas al
ISS para acceder a la prestación pensional.
28. La divergencia de criterios que existió al interior de esta Corporación,
principalmente en la Subsección B de la Sección Segunda, tuvo origen en el alcance
que debía atribuirse a dicha interpretación constitucional. Algunos sostenían que la
tesis fijada por la Corte resultaba aplicable únicamente a controversias relacionadas
con el reconocimiento de la pensión, más no a aquellas dirigidas a obtener su
reliquidación. Bajo esa postura, la aplicación del Decreto 758 de 1990 quedaba
circunscrita a los casos en los que se discutía el acceso mismo al derecho pensional,
excluyendo la posibilidad de invocar sus disposiciones para revisar la tasa de
reemplazo de una prestación ya reconocida.
29. Otros, por el contrario, consideraban que, aunque la mayoría de los
pronunciamientos de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado se habían producido en asuntos relativos al reconocimiento
pensional, ello no impedía extender dicha interpretación a los eventos de
reliquidación, dado que el derecho a reclamar ajustes, incrementos o reliquidaciones
constituye una manifestación inherente del derecho pensional en sí mismo.
30. A la luz de ese planteamiento, tratándose de beneficiarios del régimen de
transición previsto en la Ley 100 de 1993, resultaba jurídicamente viable reliquidar
la prestación con fundamento en el Decreto 758 de 1990, computando la totalidad
de semanas cotizadas tanto al ISS como a cualquier caja, fondo o entidad de
seguridad social del sector público o privado; interpretación que se ajusta a las
finalidades del sistema integral de seguridad social en pensiones y al principio de
favorabilidad.
31. Esta última posición terminó consolidándose a partir de la sentencia del 8 de mayo
de 202519, providencia en la cual el magistrado ponente dejó constancia expresa de
que, pese a no estar de acuerdo con el criterio allí adoptado, se acogía a la posición
mayoritaria de la Subsección B, según la cual el Acuerdo 49 de 1990, aprobado por
el Decreto 758 del mismo año, puede aplicarse no solo en controversias
relacionadas con el reconocimiento de la pensión, sino también en aquellas
encaminadas a obtener condiciones más favorables para el disfrute efectivo del
derecho pensional, como ocurre con la reliquidación de la prestación mediante la
determinación de la tasa de reemplazo a partir de la acumulación de tiempos
19 Proferida dentro del expediente 68001-23-33-000-2021-00420-01.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02895-00
Accionante: María Nelly Sierra Ortiz
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
cotizados en distintas cajas o entidades administradoras, tanto del sector público
como privado.
32. Bajo ese panorama, la Sala encuentra que las decisiones más recientes tanto de
la Subsección A, como de la Subsección B de la Sección Segunda de esta
Corporación han acogido de manera uniforme y pacífica el criterio conforme al cual
en casos en los que se pretende la reliquidación de la pensión en aplicación del
Decreto 758 de 1990, resulta jurídicamente viable computar no sólo las cotizaciones
efectuadas al ISS, sino también los tiempos aportados a otras entidades o cajas de
previsión social.
33. En los asuntos resueltos en las providencias anteriormente referidas, los
demandantes pretendían, que para efectos de reliquidación de su pensión en
aplicación del Decreto 758 de 1990, se acumularan tanto las semanas cotizadas al
entonces ISS como los tiempos de cotización efectuados a otras cajas, fondos o
entidades de previsión social del sector público o privado, pretensión que fue negada
por Colpensiones, mediante los actos administrativos cuya nulidad se demandó.
34. En el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho cuestionado, la parte
actora también perseguía la declaratoria de nulidad del acto administrativo mediante
el cual Colpensiones negó la reliquidación de su pensión de vejez bajo una tasa de
reemplazo del 90%, en aplicación de lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 20
del Decreto 758 de 1990. La entidad sustentó dicha negativa en que, para efectos
de determinar el porcentaje de la tasa de reemplazo, únicamente podían computarse
las semanas cotizadas de manera exclusiva al entonces ISS, sin posibilidad de
acumular tiempos aportados a otras cajas o entidades de previsión social.
35. Mediante sentencia del 13 de febrero de 2025, el Juzgado 21 Administrativo del
Circuito de Bogotá accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Estimó
que, conforme la jurisprudencia de la Corte Constitucional20 y del Consejo de
Estado21, no había lugar a acoger la tesis propuesta por Colpensiones, por cuanto
dicha interpretación resultaba contraria a los principios que orientan el derecho
laboral y la seguridad social, en especial los principios de favorabilidad y protección
integral de los derechos pensionales.
36. Al desatar el recurso de apelación, la Subsección B de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el fallo enjuiciado, realizó un recuento
de la jurisprudencia sobre la materia. En particular, hizo referencia a varias
sentencias de la Corte Constitucional, entre ellas, la SU-769 de 2014. Sostuvo que
el criterio fijado en esa providencia se encontraba circunscrito a controversias
relacionadas con el reconocimiento de la pensión de vejez y que únicamente bajo
ese escenario resultaba posible acumular tiempos cotizados en distintos regímenes
o entidades, excluyendo los eventos de reliquidación o reajuste pensional.
20 Citó las sentencias SU-769 de 2014 y T-280 de 2019,
21 Referenció las decisiones del 13 de febrero de 2020 (exp. 25000-23-42-000-2016-05249-01) y 26 de agosto
de 2021 (exp. 25000-23-42-000-2017-02587-01).
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02895-00
Accionante: María Nelly Sierra Ortiz
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
37. No obstante, el Tribunal precisó que dicha postura fue posteriormente replanteada
por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en las sentencias
SL1947, SL1981 y SL2557 de 2020, en las cuales se admitió que las disposiciones
del Decreto 758 de 1990 sí permiten la acumulación de tiempos cotizados. Con
fundamento en ello, concluyó que tal interpretación no sólo resulta aplicable a los
procesos en los que se discute el reconocimiento de la pensión, sino también a
aquellos orientados a obtener la reliquidación de una prestación ya reconocida.
38. Actoseguido, la autoridad judicial trajo a colación el siguiente extracto de la
sentencia del 23 de abril de 2020, proferida por la Sección Segunda del Consejo de
Estado:
<<[...]. Lo anterior, toda vez que tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional como
de esta Sección han establecido la posibilidad de acumular tiempos de servicio
cotizado a cajas o fondos de previsión social o que, en todo caso, fueron laborados en
el sector público o privado y debieron ser cotizados, con las semanas aportadas al
Instituto de Seguros Sociales, indicando que dicha posibilidad opera tanto para
acreditar las 500 semanas de cotización dentro de los 20 años anteriores al
cumplimiento de la edad como las 1000 semanas de tiempo cotizadas en cualquier
tiempo>>.
39. A la luz de la normatividad y la jurisprudencia transcrita, el Tribunal señaló que
las personas afiliadas al régimen de prima media con prestación definida,
beneficiarias del régimen de transición y cuyas cotizaciones fueron efectuadas al
ISS, tienen derecho a que el reconocimiento de la pensión de vejez sea analizado
conforme a los requisito la edad, tiempo de servicio y monto previstos en el Acuerdo
49 de 1990.
40. A su vez, precisó que para efectos del reconocimiento pensional es posible
acumular los tiempos de servicio cotizados a las cajas o fondos de previsión social,
con las semanas de cotización efectuadas al ISS, dado que la exigencia de
exclusividad en los aportes a dicha entidad no se encuentra contemplada en el
referido. Agregó que, en aplicación del principio de favorabilidad, dicha acumulación
resulta procedente siempre que: (i) se acrediten más de 1000 semanas de cotización
en cualquier tiempo; y (ii) se acumulen un total de 500 semanas dentro de los 20
años anteriores al cumplimiento de la edad exigida.
41. Descendiendo al caso concreto, la autoridad accionada estableció que la
demandante es beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, comoquiera que para el 1° de abril de 1994 contaba con 34 años
de edad y acreditaba más de quince (15) años de servicios prestados.
42. En relación con los servicios prestados y cotizados, encontró acreditado que la
actora laboró entre el 6 de septiembre de 1978 y el 1° de octubre de 2018, para un
total de 1.162,29 semanas cotizados a Colpensiones. Asimismo, constató que
durante su vida laboral la demandante efectuó aportes a la Caja Nacional de
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02895-00
Accionante: María Nelly Sierra Ortiz
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Previsión Social del Distrito -Foncep-, entre el 17 de diciembre de 1980 y el 31 de
diciembre de 1995, para un total correspondiente a 1.944 semanas.
43. El fallador señaló que, del material probatorio, se evidenciaba que Colpensiones,
al certificar los períodos cotizados, únicamente tuvo en cuenta las 1.162 semanas
aportadas al ISS y excluyó el tiempo comprendido entre diciembre de 1980 y
diciembre de 1995, bajo el argumento de que dichas cotizaciones no fueron
realizadas al ISS.
44. Con fundamento en esa consideración, el Tribunal determinó que la demandante
no tenía derecho al incremento de la tasa de reemplazo al 90%, al estimar que el
cómputo final de semanas involucraba exclusivamente períodos laborados en el
sector público y no actividades privadas o independientes, circunstancia que, en su
criterio, impedía la aplicación del régimen pensional previsto en el Decreto 758 de
1990.
45. Sin embargo, dicha conclusión no se acompasa al criterio jurisprudencial que,
para el momento en que fue adoptada la decisión cuestionada, se encontraba
vigente y consolidado de manera pacífica al interior del Consejo de Estado, según
el cual si resulta procedente computar las cotizaciones efectuadas al ISS con los
tiempos aportados a otras entidades o cajas de previsión social, en aquellos eventos
en los que se pretende la reliquidación de la pensión con fundamento en el Decreto
758 de 1990, como ocurre en el caso de la actora.
46. Si bien la Sala no desconoce que, en ejercicio de su autonomía e independencia
judicial, las autoridades judiciales pueden apartarse de los precedentes, tal facultad
exige el cumplimiento estricto de las cargas de transparencia y suficiencia
argumentativa. Ello implica, de una parte, identificar expresamente el precedente del
cual se pretende apartar, sin omitirlo o ignorarlo. De otra, exige ofrecer razones
serias, suficientes y razonadas que expliquen por qué resulta necesario abandonar
la regla jurisprudencial previamente fijada, lo que se echa de menos en la sentencia
objetada.
47. Aunque el Tribunal hizo referencia a algunas providencias del Consejo de Estado,
aquellas datan del año 2020 y 2021 y no reflejan el criterio jurisprudencial imperante
al momento de proferirse el fallo cuestionado. La autoridad accionada omitió
examinar las decisiones más recientes de la Sección Segunda, pese a su deber de
atender la evolución y consolidación de la jurisprudencia aplicable al asunto
sometido a su consideración, desatendiendo la carga argumentativa requerida
cuando de apartamiento del precedente se trata.
48. Tal omisión cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que, dentro del mismo
recuento jurisprudencial efectuado por el Tribunal, se reconoció expresamente que
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia había replanteado la
postura según la cual únicamente era procedente aplicar las disposiciones del
Decreto 758 de 1990 en casos de reconocimiento pensional, en el sentido de admitir
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02895-00
Accionante: María Nelly Sierra Ortiz
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
la acumulación de tiempos cotizados también frente a aquellas controversias
orientadas a obtener su reliquidación, postura que se alinea con el criterio actual de
esta Corporación. No obstante, la conclusión finalmente adoptada por la autoridad
accionada se apartó injustificadamente de ese entendimiento, sin ofrecer una
fundamentación suficiente que sustentara dicho apartamiento.
49. La exigencia argumentativa resultaba aún más rigurosa si se considera que el
juez de primera instancia había accedido a las pretensiones de la demanda con
fundamento en la jurisprudencia sobre la materia. En ese contexto, si el Tribunal
pretendía revocar la decisión adoptada por el a quo, le correspondía justificar dicha
determinación a partir de un análisis serio, consistente y actualizado del precedente
aplicable, particularmente del fijado por el Consejo de Estado, dada su fuerza
vinculante como órgano de cierre de la jurisdicción, más aún tratándose de un
asunto pensional.
50. No obstante, la autoridad judicial accionada omitió efectuar dicho análisis y profirió
una decisión contraria a la regla jurisprudencial vigente sin satisfacer las cargas de
transparencia y suficiencia argumentativa exigidas para apartarse válidamente del
precedente. Por consiguiente, la Sala concluye que se configuró un desconocimiento
del precedente judicial, lo que condujo a la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.
51. Resulta llamativo que la ratio decidendi de la sentencia censurada, que determina
la negativa de las pretensiones, se redujo a una afirmación en los siguientes
términos: “(…) el cómputo final de semanas, involucró de manera exclusiva periodos
laborales al sector público y, no en actividades privadas e independientes, lo que
impide la aplicación del mencionado decreto [758 de 1990]”. Esa idea, además de
ambigua, resulta insuficiente en términos de carga argumentativa, para desatender
el precedente previamente expuesto. No queda claro si lo que se quiere dar a
entender es que, en la medida que la discusión no se suscita por la acumulación de
cotizaciones en fondos públicos y privados (sino por la suma de cotizaciones al ISS
y a otro fondo público), el decreto no resultaba aplicable; o que, en tanto ya se había
reconocido la pensión, no resultaba válida la discusión sobre la sumatoria de
tiempos en los fondos públicos para efectos de la reliquidación. En cualquiera de los
escenarios, esas discusiones ya fueron superadas, y existe un criterio unificado que
no podía ser obviado.
52. De acuerdo con lo expuesto, se concederá el amparo solicitado. En consecuencia,
se dejará sin efectos la sentencia del 26 de febrero de 2026, proferida por la Sección
Segunda, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que, en
su lugar, dicha autoridad emita una nueva decisión en la que examine el asunto
puesto a su consideración a la luz de los criterios jurisprudenciales vigentes fijados
por Consejo de Estado sobre la materia. De ser el caso, deberá desplegar la carga
argumentativa exigida para justificar válidamente el apartamiento del precedente.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02895-00
Accionante: María Nelly Sierra Ortiz
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
53.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales de acceso a la administración
de justicia y debido proceso de la parte actora.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia
del 26 de febrero de 2026, proferida por la Sección Segunda, Subsección B del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado número 11001-33-35-021-2023-00187-
01. En su lugar, dicha autoridad judicial, en el término de veinte (20) días contados
a partir de la notificación de la presente providencia, deberá proferir una decisión de
reemplazo, que tenga en cuenta las consideraciones expuestas en la parte motiva
de esta sentencia.
TERCERO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE22
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
22 VF
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