Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01439-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01439-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-01439-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., nueve (09) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01439-01
Accionante: Heyder Iván Duque Murillo
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Revoca amparo
– no se configuró el defecto endilgado a la autoridad accionada
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la autoridad judicial
accionada contra la sentencia proferida el 24 de marzo de 2026 por la Sección
Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, mediante la cual se concedió la
solicitud de amparo.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1. El 24 de febrero de 2026, Heyder Iván Duque Murillo instauró demanda de tutela
con el fin de que se dejara sin efectos la sentencia del 1° de septiembre de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca1, dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho2 que promovió en contra de la
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).
2. Dicho proceso se inició con el propósito de que se declarara la nulidad de los actos
administrativos mediante los cuales se le negó la reliquidación de su pensión de
vejez, con una tasa de reemplazo del 90%, en aplicación del Acuerdo 049 de 19903,
aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año.
3. A través de la providencia del 1° de septiembre de 2025, el Tribunal revocó la
decisión de primera instancia4 que accedió a las pretensiones de la demanda.
Consideró que, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, no era
posible acumular tiempos cotizados al ISS y a otros fondos para efectos de reliquidar
la pensión conforme el Acuerdo 49 de 1990, por cuanto dicha acumulación
únicamente procedía para el reconocimiento del derecho pensional.
1 Sala de Decisión integrada por los magistrados Jhon Erick Chaves Bravo, Fernando Augusto García Muñoz y
Ronald Otto Cedeño Blume.
2 Con radicado número 76-001-33-33-002-2023-00243-01.
3 “por el cual se expide el Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte”.
4 El fallo del 29 de noviembre de 2024 dictado por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Cali.
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
4. En ese sentido, concluyó que al demandante no le asistía el derecho a reliquidar
su pensión en los términos pretendidos, toda vez que su situación se encontraba
regida por la normatividad vigente al momento del reconocimiento de la prestación
y, en el tiempo de servicios cuya inclusión se demandaba, no se efectuaron
cotizaciones a ningún fondo de pensiones y menos aún al ISS.
5. Como fundamento de la presente acción, la parte actora sostuvo que las
autoridades enjuiciadas vulneraron sus derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia, debido proceso, igualdad, así como los principios de
confianza legítima y pro homine, al incurrir en los siguientes defectos:
6. Sustantivo, por omitir aplicar el Acuerdo 49 de 1990 y el artículo 36 de la Ley 100
de 1993, al imponer requisitos no previstos en la ley, como la exclusividad de
cotizaciones al ISS.
7. Desconocimiento del precedente, al apartarse de las sentencias de unificación
SU-769 de 2014, SU-057 de 2018 y SU-273 de 2022, sin justificación alguna.
8. Adujo que, en dichas providencias, la Corte Constitucional fijó las siguientes reglas:
(i) el Acuerdo 49 de 1990 no exige que las cotizaciones deban haberse realizado de
manera exclusiva al ISS; (ii) es obligatorio computar los tiempos laborados en
entidades públicas en las que el empleador no haya efectuado aportes, ya que dicha
omisión no puede trasladarse al trabajador; (iii) no es válido supeditar la aplicación
del mencionado acuerdo a que el trabajador haya estado afiliado al ISS antes de la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993; y, (iv) Colpensiones no puede limitar ese
cómputo a pensiones causadas después de la sentencia SU-769 de 2014, pues el
precedente es meramente declarativo y no constitutivo del derecho.
9. Añadió que, de acuerdo con la sentencia T-219 de 2021, la distinción entre
reconocimiento y reliquidación carece de sustento constitucional, pues si la
acumulación de tiempos es válida para estructurar el derecho pensional, aún más
debería ser admitida para su liquidación, en aplicación de los principios de
favorabilidad, igualdad y progresividad.
10. Afirmó que cuando una persona cumple los requisitos de edad y semanas para
acceder al reconocimiento de la pensión o a su reliquidación con fundamento en el
Acuerdo 49 de 1990, mediante la acumulación de tiempos públicos y privados, tanto
la autoridad administrativa como la judicial están obligadas a aplicar dicho régimen,
por ser el más favorable.
11. Resaltó además que el Consejo de Estado abandonó formalmente la tesis según
la cual era indispensable acreditar cotizaciones exclusivas al ISS para la aplicación
del Acuerdo 49 de 1990. En su lugar, estableció que quien hubiere cotizado al ISS y
a otras cajas o fondos, como trabajador del sector público o privado, tiene derecho a
la aplicación de dicho régimen cuando resulte más favorable, mediante la
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acumulación de ambos tiempos, incluso si la afiliación al ISS ocurrió con
posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, siempre que sea
beneficiario del régimen de transición.
12. Como soporte de ello, trajo a colación la sentencia del 26 de noviembre de 2025,
proferida por la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación en el
marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 08001-
23-33-000-2018-00620-01.
13. Violación directa de la Constitución, al desconocer el principio de favorabilidad
en materia laboral y el derecho a la seguridad social.
B. Sentencia de primera instancia
14. Mediante providencia del 24 de marzo de 2026, la Sección Segunda, Subsección
B del Consejo de Estado amparó los derechos fundamentales invocados por el actor.
15. Señaló que tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional5, como la de la
Sección Segunda del Consejo de Estado6 ha sido consistente en reconocer que, para
la determinación del derecho pensional, debe prevalecer una interpretación favorable
de las fuentes normativas, en particular del Acuerdo 49 de 1990, sin que la distinción
entre reconocimiento y reliquidación constituya un criterio válido para inaplicar dicho
precedente, toda vez que la regla jurisprudencial ha establecido que el principio de
favorabilidad opera como mandato constitucional autónomo en la interpretación del
sistema pensional.
16. Mencionó que, a la luz de esa línea jurisprudencial, la posibilidad de acumular
tiempos y aplicar el régimen más beneficioso no se circunscribe a los eventos en los
que el acceso a la pensión dependa exclusivamente de una norma específica, ni a
la etapa de reconocimiento del derecho, sino también en escenarios de definición de
su alcance. Lo anterior, por cuanto la determinación del contenido de un mismo
derecho pensional no puede depender de un aspecto meramente formal, como la
etapa procesal en la que se debate -reconocimiento o reliquidación-, sino que debe
obedecer a la aplicación uniforme de los mandatos constitucionales dirigidos a
garantizar la protección efectiva de los trabajadores.
17. Bajo ese escenario, consideró que la providencia acusada partía de una
interpretación restrictiva del precedente judicial en relación con la aplicación del
principio de favorabilidad en materia pensional. A juicio del a quo, sostener que la
acumulación de tiempos cotizados entre el ISS y otras entidades solo procede en la
etapa de reconocimiento, y no en la de reliquidación, carece de respaldo
jurisprudencial, pues no existe una regla que limite la aplicación de la interpretación
más favorable del Acuerdo 49 de 1990 a un momento procesal específico.
5 En sentencia T-219 de 2021.
6 Citó las sentencias del 3 de abril de 2020 (exp. 25000-23-42-000-2016-02417-01); 3 de abril de 2025 (exp.
05001-23-33-000-2018-01738-01) y 26 de noviembre de 2025 (exp. 0800-12-33-30-00-2018-00620-01)
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
18. En consecuencia, concluyó que la autoridad accionada incurrió en
desconocimiento del precedente judicial al apartarse de la línea jurisprudencial
pacífica de la Sección Segunda del Consejo de Estado y la Corte Constitucional en
torno a la procedencia de la reliquidación pensional en aplicación del Acuerdo 49 de
1990.
19. Por lo expuesto, dejó sin efectos el fallo censurado. En su lugar, ordenó proferir
una decisión de reemplazo.
C. Impugnación
20. Laparte accionada arguyó que no incurrió en un defecto sustantivo, ni en
desconocimiento del precedente. Ello, por cuanto la decisión que adoptó se sustentó
de forma expresa en la jurisprudencia del Consejo de Estado, concretamente en la
sentencia del 13 de febrero de 20207, según la cual la acumulación de tiempos
cotizados al ISS y a otros fondos resulta procedente para el reconocimiento inicial de
la pensión, pero no para su reliquidación.
21. Refirió que las decisiones de la Corte Constitucional aludidas como desconocidas
por el a quo no corresponden a una sentencia de unificación, aunado a que su ratio
decidendi se desarrolló en el marco del reconocimiento inicial de la pensión y no
contienen una regla expresa aplicable a los escenarios de reliquidación, razón por la
cual no resultaba posible extender su alcance al caso sometido a su conocimiento.
22. Añadió que las providencias del Consejo de Estado a las que se hizo referencia
tampoco se trataban de una decisión unificadora. A lo que se suma que el fallo que
le sirvió de fundamento a la sentencia acusada también fue emitido por la Sección
Segunda de esta Corporación, lo que, en su criterio, denota la coexistencia de
criterios dispares sobre un mismo asunto al interior del cuerpo colegiado. De ahí que,
ante ausencia de una regla unificadora, tenía la potestad de optar por cualquiera de
las dos posturas.
23. Destacó que, en sentencia de tutela del 21 de noviembre de 2025 8, la Sección
Tercera, Subsección C del Consejo de Estado abordó el estudio de un caso similar
y concluyó que las providencias cuyo desconocimiento se alegaba no cumplían los
requisitos del artículo 270 de la Ley 1437 de 2011 para ser vinculantes, lo que
refuerza la ausencia de una posición unificada sobre la materia.
II. CONSIDERACIONES
D. Competencia
7 Exp. 25000-23-42-000-2016-05249-01
8 Exp. 11001-03-15-000-2025-04615-01.
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24. La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
E. Análisis del caso concreto
25. Se revocará el fallo impugnado, tras no encontrar acreditada la configuración de
las causales específicas de procedibilidad atribuidas a la providencia acusada, lo
que conduce a que deba negarse el amparo solicitado.
26. Aunque la parte actora alegó la ocurrencia de un defecto sustantivo,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución, se advierte
que todas ellas convergen en un mismo reproche: el apartamiento de la línea
jurisprudencial sentada por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, que ha
admitido la posibilidad de computar las cotizaciones efectuadas al ISS con los
tiempos aportados a otras entidades o cajas de previsión social, no solo en los
casos en los que se pretende el reconocimiento de la pensión, sino también aquellos
que persiguen la reliquidación de dicha prestación en aplicación del Acuerdo 49 de
1990.
27. A efectos de abordar el estudio de dicho cuestionamiento, resulta necesario
examinar el problema jurídico planteado en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, así como los fundamentos fácticos y jurídicos que sirvieron de sustento
a la decisión cuestionada. Solo a partir de ese análisis, es posible establecer si la
autoridad enjuiciada obvió la aplicación de una regla jurisprudencial aplicable al caso
concreto.
28. Según se desprende del expediente ordinario requerido, el demandante reclamó
la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales Colpensiones negó la
reliquidación de su pensión de vejez con una tasa de reemplazo del 90 %, conforme
al régimen previsto en el Acuerdo 49 de 1990.
29. La administradora de pensiones se opuso a las pretensiones. Argumentó que no
había lugar a reliquidar la pensión del actor, en aplicación del régimen solicitado,
comoquiera que este no acreditó cotizaciones al ISS con anterioridad a la entrada
en vigencia de la Ley 100 de 1993. En consecuencia, afirmó que, si bien era
beneficiario del régimen de transición, el régimen aplicable era el contenido en la
Ley 33 de 1985 y no en el Acuerdo 49 de 1990.
30. Mediante sentencia del 29 de noviembre de 2024, el Juzgado Segundo
Administrativo de Oralidad del Circuito de Cali accedió a las pretensiones de la
demanda. Consideró que el demandante tenía derecho a la aplicación del Acuerdo
49 de 1990, por cuanto el CETIL acreditaba tiempos de servicios comprendidos
entre el 9 de noviembre de 1978 hasta el 30 de junio de 1995; periodo en el cual,
infirió, debió haber cotizado al ISS, dado que Colpensiones fungió como sucesora
procesal de aquel.
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31. El juzgador precisó que, aunque la Ley 33 de 1985 regulaba de manera general
la pensión mensual vitalicia de jubilación de los servidores públicos, dicha normativa
empezó a regir el 13 de febrero de 1985, mientras que las cotizaciones del
demandante iniciaron el 9 de noviembre de 1978, fecha para la cual se encontraba
vigente el Acuerdo 224 de 1966, y sus posteriores reemplazos, hasta el Acuerdo 49
de 1990.
32. Con fundamento en lo anterior, concluyó que al ser beneficiario del régimen de
transición y haber iniciado cotizaciones en 1978, esto es, antes de la entrada en
vigencia de la Ley 33 de 1985, al demandante no le era aplicable dicho régimen,
sino el contenido en el Acuerdo 49 de 1990.
33. En desacuerdo con esa decisión, Colpensiones interpuso recurso de apelación.
Sostuvo que el a quo desconoció que el Acuerdo 49 de 1990 no era aplicable a
quienes no cumplían las condiciones de afiliación previas al 1° de abril de 1994, esto
es, a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Indicó que el certificado CETIL
evidenciaba periodos discontinuos, por lo que el régimen que debía aplicarse era la
Ley 797 de 2003 y no el Acuerdo 49 de 1990.
34. Al desatar el recurso de apelación, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
en el fallo censurado, revocó el fallo de primera instancia. Consideró que, de acuerdo
con la jurisprudencia del Consejo de Estado, la acumulación de tiempos cotizados
al ISS y otros fondos no procede para efectos de la reliquidación de la pensión, en
aplicación del Acuerdo 49 de 1990.
35. Para fundamentar esa determinación, hizo referencia al Acuerdo cuya aplicación
se pretendía y a su decreto aprobatorio. A su vez, señaló que la Corte Constitucional
ha fijado los siguientes criterios: (i) el Acuerdo 49 de 1990 puede aplicarse a
personas que no efectuaron aportes al ISS antes de la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993; y (ii) para acceder a la pensión con fundamento en dicho régimen, es
posible acumular los tiempos de servicios cotizados en otros fondos con las
cotizaciones realizadas al ISS, siempre que los aportados al ISS, o parte de ellos,
hubieren sido laborados en el sector privado, por cuanto los trabajadores del sector
privado son beneficiarios obligatorios de las previsiones contenidas en el Decreto
758 de 1990.
36. Indicó que, en aplicación de la tesis constitucional, el Consejo de Estado ha
sostenido, por un lado, que el artículo 12 del Decreto 758 de 1990 no exige que la
totalidad de las cotizaciones se efectúen de manera exclusiva al ISS; y, por otro,
que, en virtud del principio de favorabilidad, es posible computar las semanas
cotizadas en el sector público con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993 con los tiempos cotizados en sector privado en cualquier tiempo.
37. No
obstante, destacó que el Consejo de Estado ha considerado que dicha
acumulación solo procede en casos de reconocimiento pensional, mas no cuando
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se persigue la reliquidación de dicha prestación. Lo anterior, tras considerar que la
Corte Constitucional en sentencia SU-769 de 2014 avaló dicha acumulación, pero
únicamente para el reconocimiento de la pensión de vejez con fundamento en el
Acuerdo 49 de 1990. Esto, con la finalidad de salvaguardar los derechos
fundamentales a la seguridad social en conexidad con la vida digna a quienes, de
otro modo, quedarían privados de esa prestación.
38. Confundamento en esa distinción, el Tribunal accionado concluyó que la
acumulación de tiempos cotizados al ISS y a otras entidades de previsión social
únicamente procede para efectos del reconocimiento inicial de la pensión y no
cuando la controversia versa sobre su reliquidación.
39. Descendiendo al caso concreto, encontró que a través de la Resolución SUB
156845 del 18 de junio de 2019 Colpensiones reliquidó la pensión del demandante
conforme la Ley 100 de 1993, modificada por Ley 797 de 2003, con una tasa de
reemplazo del 75.45%, norma que aplicó por resultar más favorable que la Ley 33
de 1985.
40. Precisó que la pretensión del demandante consistía en obtener una nueva
reliquidación de su pensión mediante la aplicación del Acuerdo 49 de 1990, con una
tasa de reemplazo del 90 %, para lo cual solicitaba computar más de 2000 semanas.
Sin embargo, estimó que no había lugar a acceder a la reliquidación en los términos
solicitados, toda vez que, conforme la jurisprudencia del Consejo de Estado, la
acumulación de tiempos entre distintos regímenes solo es admisible para consolidar
el derecho al reconocimiento de la pensión y no para modificar la liquidación de una
prestación previamente reconocida.
41. Bajo ese escenario, se advierte que el litigio puesto a consideración del Tribunal
accionado comprendía dos problemas jurídicos de cara a lo decidido por el a quo y
a los reparos propuestos en el recurso de apelación. El primero consistía en
establecer si al demandante le resultaba aplicable el régimen previsto en el Acuerdo
49 de 1990, pese a que -según afirmó la entidad demandada- no efectuó
cotizaciones al ISS con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
Solo en caso afirmativo, había lugar a estudiar el segundo problema jurídico, relativo
a si, para efectos de reliquidar la pensión, era posible acumular las semanas
cotizadas al ISS con aquellas aportadas a otras entidades o cajas de previsión
social.
42. Sin embargo, la autoridad accionada únicamente concentró su análisis sobre este
último asunto, pero omitió pronunciarse sobre el problema subyacente. La
providencia cuestionada partió del supuesto de que el Acuerdo 49 de 1990 resultaba
aplicable al demandante, sin algún sustento fáctico ni jurídico, y limitó el estudio a
establecer si, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, era viable
acumular tiempos cotizados al ISS y a otras entidades para obtener la reliquidación
de la pensión.
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Accionante: Heyder Iván Duque Murillo
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
43.
Aunque no se desconoce que, sobre este último aspecto, la Sección Segunda del
Consejo de Estado, para el momento en que se adoptó el fallo cuestionado, ya había
consolidado un criterio pacífico y uniforme, que admitía la acumulación de tiempos
cotizados al ISS y a otras entidades de previsión social tanto para el reconocimiento
de la pensión como para su reliquidación, cuando se pretendía la aplicación del
régimen contenido en el Acuerdo 49 de 1990, lo que, incluso, condujo a que en
asuntos previamente conocidos por esta Sala se concediera el amparo 9, en este
caso se presenta una diferencia fáctica y jurídica que impide su aplicación.
44.
Previo a precisar la diferencia advertida, resulta pertinente señalar que no le asiste
razón a la autoridad judicial accionada, al afirmar que la decisión que adoptó no
desatendió el precedente de esta Corporación, porque no había uniformidad de
criterios al interior del cuerpo colegiado en torno al asunto debatido. Si bien es cierto
que anteriormente la jurisprudencia sobre la materia no había sido pacífica, para la
fecha en que se profirió la sentencia censurada, ya se había consolidado una
posición uniforme por parte de la Sección Segunda en cuanto a la posibilidad de
acumular tiempos cotizados en distintos regímenes o entidades para efectos de la
reliquidación pensional en aplicación del Decreto 758 de 1990.
45.
Pese a lo anterior, el Tribunal enjuiciado sustentó su decisión en una providencia
del Consejo de Estado que data del año 2020, por lo que no reflejaba el criterio
jurisprudencial imperante en esta Corporación al momento de dictar el fallo objeto de
reproche constitucional.
46.
No obstante, para esta Sala, atendiendo a las particularidades del caso, el
eventual apartamiento de esa línea jurisprudencial no resulta suficiente para
estructurar el defecto invocado, pues el debate relativo a la acumulación de tiempos
constituía una cuestión secundaria a la definición de un problema jurídico preliminar,
consistente en determinar si al demandante le era aplicable el Acuerdo 49 de 1990,
a pesar de no haber cotizado al ISS con anterioridad al 1º de abril de 1994.
47.
Allí radica la diferencia fáctica antes anotada. Mientras que en los casos aludidos
por el a quo como desconocidos la discusión se circunscribía a la posibilidad de
acumular tiempos cotizados para efectos de la reliquidación, en el que ahora se
examina, previo a determinar sobre la procedencia de dicha acumulación,
correspondía dilucidar si al demandante le era aplicable el Acuerdo 49 de 1990, a
pesar de no haber cotizado al ISS con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993; asunto frente al cual, para la época en que se emitió la sentencia
objetada, no existía una uniformidad de criterios al interior de esta Corporación, lo
que impide predicar la existencia de un precedente cuyo desconocimiento pudiera
atribuirse a la autoridad accionada.
9 En sentencia del 28 de mayo de 2025, proferida por la Subsección dentro del proceso de tutela con radicado
11001-03-15-000-2026-02895-00.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01439-01
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Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
48.
Si bien, en la sentencia SU-769 de 2014, invocada como desconocida por la
actora, la Corte Constitucional reconoció la aplicación del Acuerdo 49 de 1990 para
personas que pretendían el reconocimiento pensional bajo ese régimen y que no
estaban afiliadas al ISS con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100, por
medio de fallo del 30 de enero de 202510 -ya existente para el momento en que se
adoptó la decisión objetada- la Sección Segunda, Subsección A de esta Corporación
se apartó expresamente de ese precedente.
49.
Lo anterior, tras considerar que la aplicación ultractiva del Acuerdo 49 de 1990
únicamente procede respecto de quienes conservaban una expectativa legítima de
pensionarse bajo ese régimen. En su criterio, quienes no estuvieron afiliados al ISS
ni efectuaron cotizaciones a esa entidad antes de la entrada en vigencia del Sistema
General de Pensiones no pueden invocar la aplicación del Acuerdo 49 de 1990 con
fundamento en el principio de favorabilidad.
50.
Si bien en esa providencia se analizó un asunto relacionado con el reconocimiento
de la pensión y no con su reliquidación, el supuesto fáctico objeto de estudio coincide
con el debatido en el presente caso, esto es, la ausencia de afiliación o de
cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales antes del 1º de abril de 1994. De ahí la
necesidad de referirse a dicho pronunciamiento para evidenciar la existencia de una
discusión respecto a la aplicación del Acuerdo 49 de 1990 frente a quienes no se
encontraban vinculados ni efectuaron cotizaciones al ISS con anterioridad a que
entrara en vigencia la Ley 100 de 1993, que no puede ser soslayada, ni mucho
menos pasada por alto.
51.
Lo anterior, cobra especial relevancia si se considera que posteriormente la misma
Subsección11 abordó el estudio de un caso el que tampoco se acreditó afiliación ni
cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales antes del 1° de abril de 1994, pero se
pretendía la reliquidación de la pensión ya reconocida en aplicación del Acuerdo 49
de 1990. En esa oportunidad, se acudió al criterio desarrollado en la sentencia del
30 de enero de 2025 y se concluyó que el demandante no podía beneficiarse de
dicho régimen, precisamente porque no reunía las condiciones necesarias para
predicar una expectativa legítima de pensionarse bajo ese régimen.
52.
Aunque esta última decisión fue proferida con posterioridad a la sentencia
cuestionada y, por ende, no puede tenerse como precedente para el caso conocido
por la autoridad accionada, se pone de presente con el fin de reiterar que en los
eventos en que el reclamante no efectuó cotizaciones al ISS con anterioridad a que
entrara en vigencia la Ley 100 de 1993, ya sea en escenarios de reconocimiento
pensional o de reliquidación de dicha prestación, para el momento en que se adoptó
la decisión cuestionada, no se había consolidado un criterio uniforme en el máximo
órgano de lo contencioso-administrativo, que permitiera la aplicación de dicho
10 Proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 08001-23-33-000-2017-
00049-01.
11 En sentencia del 14 de mayo de 2026, dictada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 68001-23-33-000-2020-00166-01.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01439-01
Accionante: Heyder Iván Duque Murillo
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
régimen y que, de contera, impusiera al Tribunal acceder a las pretensiones de la
demanda.
53.
En ese orden, aun cuando no se desconoce que el Tribunal incurrió en una
falencia al no pronunciarse sobre el problema jurídico principal, dicha omisión no
tiene la entidad suficiente para configurar un yerro susceptible de protección
constitucional, en tanto carece de incidencia material en el sentido de la decisión
acusada ya que, al momento de adoptarse, no existía un precedente pacífico ni
consolidado que obligara a la autoridad accionada acceder a las pretensiones de la
demanda.
54.
Por el contrario, como se dejó en evidencia, coexistían criterios distintos respecto
al asunto omitido, uno de los cuales, incluso, respaldaba la conclusión de negar las
pretensiones, aunque por una fundamentación diferente.
55.
En tales condiciones, la Sala estima que no hay lugar acceder al amparo de los
derechos fundamentales invocados por la parte actora, en tanto no se acreditó la
existencia de una irregularidad con la entidad suficiente de incidir en el sentido de la
decisión que se cuestiona, lo que impide la intervención del juez constitucional.
56.
Como se indicó previamente, los argumentos en que se sustentan los defectos
sustantivo y de violación directa de la Constitución, siguen la misma suerte, pues no
corresponde al juez de tutela definir la hermenéutica especifica que debió adoptarse
para resolver el caso. La competencia para fijar esos criterios corresponde a la
Sección Segunda del Consejo de Estado y, conforme al anterior análisis, no es
posible señalar una desatención de su precedente que incida en forma definitiva o
tenga la potencialidad de variar el sentido de lo resuelto por el Tribunal.
57. Por lo expuesto en precedencia, la Sala revocará la sentencia del 24 de marzo
de 2026 proferida por la Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación. En
su lugar, se negará la solicitud de amparo.
58. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR el fallo dictado el 24 de marzo de 2026 por la Sección
Segunda, Subsección B del Consejo de Estado. En su lugar, NEGAR el amparo
constitucional solicitado, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01439-01
Accionante: Heyder Iván Duque Murillo
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Ausente con excusa
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE12
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
12 VF
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