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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2017-00049-01

Fecha
30 de enero de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2017-00049-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia proferida el 10 de mayo de 2024 por el Tribunal Administrativo del Atlántico que negó las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa. Segundo: Sin condena en costas. Tercero: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2017-00049-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

30 de enero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., treinta (30) de enero dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 08001-23-33-000-2017-00049-01 (4288-2024)
Demandante: Elkin Boder Muñetón
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
Vinculada: Colpensiones

Tema: Reconocimiento pensional. Aplicación Decreto 049 de 1990.
CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el diez (10) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, por medio de la cual se negaron las
pretensiones.

ANTECEDENTES

El señor Elkin Boder Muñetón interpuso demanda en contra del Distrito Especial,
Industrial y Portuario de Barranquilla, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo con el fin de que
se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES 1

Que se declare la nulidad de la Resolución 2589 de 2014, mediante la cual se negó
el reconocimiento y pago de la pensión en favor del actor.

Que a título de restablecimiento del derecho se condene al reconocimiento y pago
de la pensión de vejez solicitada, incluido el retroactivo, desde el 23 de enero de
2009, de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990, así como de los intereses de
que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

1 Expediente digital índice 2 de SAMAI.

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HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que inició a laborar el 24 de enero de 1993 y posteriormente se vinculó desde el 4
de mayo de 1999 hasta el 22 de enero de 2009.

Que nació el 22 de marzo de 1948 y laboró un total de 15 años, 11 meses y 22 días
al servicio del Distrito.

Que solicitó ante Colpensiones el reconocimiento de la pensión de vejez, la cual
fue negada por Resolución GNR 336688 del 26 de septiembre de 2014.

Que pidió al Distrito el reconocimiento de la pensión, derecho que se negó a través
del acto administrativo acusado.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Citó como vulnerados los artículos 162, 163, 164, 165 y 166 de la Ley 1437 de
2011, 36 de la Ley 100 de 1993, 12 Acuerdo 049 de 1992, 13 Decreto 2665 de
1988.

Sostuvo que cumple con el requisito exigido en el ordinal b) del artículo 12 del
Decreto 049 de 1990, porque cotizó más de 500 semanas en los 20 años anteriores
a la edad de pensionarse.

Que cumple con el requisito de la Ley 33 de 1985, ya que laboró para la alcaldía
de Barranquilla desde el 15 de julio de 1987 hasta el 22 de enero de 2009, es decir
21 años, 7 meses y 21 días.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida el 27 de mayo de 2016 y por auto del 30 de agosto de
2022 se ordenó la vinculación de Colpensiones.

El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, indicó que la entidad
cumple con todas y cada una de las acreencias laborales que se generan a favor
de sus servidores durante las ejecuciones de las relaciones de trabajo, por lo que
no existe obligación alguna a la que pueda ser condenada, además, porque el
demandante se encontraba afiliado a Colpensiones y se le realizaron los aportes
de ley.

Colpensiones se opuso a las pretensiones indicando que el Distrito es la entidad
competente para resolver la solicitud. Que además la entidad ordenó el

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reconocimiento de una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, mediante
la Resolución SUB 169748 del 6 de agosto de 2020, reconociendo un pago único
por valor de $6.186.329, para lo cual tomó en cuenta las 88 semanas cotizadas a
Colpensiones, conforme a lo establecido en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo del Atlántico negó las pretensiones considerando que el
señor Elkin Boder Muñetón nació el 22 de marzo 1948 y si bien para el 30 de junio
de 1995, fecha en la que entró en vigencia la Ley 100 de 1993, había cumplido 47
años de edad, lo que lo hacía beneficiario del régimen de transición consagrado en
la Ley 100 de 1993, no le era aplicable el Acuerdo 049 de 1990, por cuanto no se
encontraba vinculado al mismo al momento de entrar a regir la Ley 100 de 1993,
tal como lo exige el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y lo ha reiterado la
jurisprudencia de esta corporación, pues consta que su afiliación para ese entonces
fue ante la Caja Municipal de Previsión del Distrito de Barranquilla.

Que el señor Border Muñetón nació el 22 de marzo de 1948 y prestó sus servicios
en el Distrito de Barranquilla entre el 24 de febrero de 1993 y el 22 de enero de
2009 es decir, quince (15) años y diez (10) meses y veintidós (22) días; razón por
la cual tampoco hay lugar a conceder las pretensiones de la demanda con
fundamento en la Ley 33 de 1985.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante interpuso recurso de apelación expresando que el régimen
de transición se extendió hasta el 31 de diciembre de 2010, lo que significa que al
demandante le es aplicable el Acuerdo 049 de 1990 y no necesita cumplir con los
requisitos del acto legislativo 01 de julio de 2005, acto este que hizo extensivo el
régimen de transición hasta el año 2014.

Que tiene laboradas un total de 780.24 semanas en el periodo comprendido entre
el 22 de marzo de 1988 al 22 de marzo de 2008, que son los últimos 20 años antes
de cumplir la edad para pensionarse.

Que necesita para pensionarse un total de 500 semanas entre el 22 de marzo de
1988 al 22 de marzo de 2008, requisito este que cumple a cabalidad.

Que el DEIP de Barranquilla, no hizo los aportes, pero sí lo afilió y el ISS hoy
Colpensiones no cobró los aportes, entonces, cuando el empleador no afilia, y que
en el presente caso lo hizo de manera tardía, responde este, ya que una vez extinta
la caja de previsión debió de afiliar inmediatamente al demandante, sin embargo,
no lo hizo.

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Que el empleador debió reportar el tiempo dejado de cotizar para que se lo liquidara
el ISS hoy Colpensiones y de esta manera subrogar la obligación a Colpensiones,
por lo que en este caso debe responder el DEIP de Barranquilla.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Se admitió el recurso el 2 de septiembre de 2024.2 Las partes y el Ministerio Público
guardaron silencio.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Conforme al recurso de apelación interpuesto, el problema jurídico se circunscribe
a establecer si el demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión
de vejez reclamada bajo los presupuestos del Decreto 758 de 1990.

Marco normativo y jurisprudencial

La Ley 100 de 1993 en su artículo 36 consagró un régimen de transición en materia
pensional, en el que, ante el nuevo marco regulatorio de la pensión de vejez en el
Sistema General de Pensiones, el legislador quiso establecer un régimen de
transición para garantizar a un grupo de personas el beneficio de una pensión de
vejez con los requisitos de edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas y monto
del régimen pensional anterior al que estuviere afiliado, mientras que las demás
condiciones y requisitos deben cumplirse en su integridad bajo la Ley 100 de 1993,
toda vez que la pensión se adquiere es en vigencia de esta ley.

Uno de los regímenes pensionales que se encontraba vigente con anterioridad a la
expedición de la Ley 100 de 1993 era el regulado en el Decreto 758 de 1990, que
aprobó el Acuerdo 049 del mismo año proferido por el Consejo Nacional de Seguros
Sociales y que reguló el Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de
Invalidez, Vejez y Muerte.

El artículo 1.° del citado Acuerdo previó quiénes eran los afiliados obligatorios y
facultativos al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, el 2.° las personas excluidas
del citado seguro y el artículo 12 reguló los requisitos para ser beneficiario del
seguro por vejez (pensión por vejez), estableciendo como requisitos los siguientes:

Artículo 12. Requisitos de la pensión por vejez. Tendrán derecho a la pensión de
vejez las personas que reúnan los siguientes requisitos:

a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más

2 Índice 4 de SAMAI.

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años de edad, si se es mujer y,

b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos
veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber
acreditado un número de un mil (1.000) semanas de cotización, sufragadas en
cualquier tiempo.»

Con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y el Sistema General de
Pensiones, el régimen pensional de los afiliados al ISS quedó derogado, salvo
para quienes estuvieren cobijados por el régimen de transición.

Ahora, dicho régimen de transición según el Parágrafo Cuarto del Acto Legislativo
01 de 2005, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los
trabajadores que amparados por ese beneficio, además, tengan cotizadas al menos
750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del
acto en mención, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014.

Resolución del caso concreto

La Subsección advierte de lo planteado en el recurso de apelación, que la parte
demandante pretende controvertir la conclusión a la que arribó el tribunal bajo el
argumento de que sí estaba afiliado al ISS y que otra situación es que su empleador
no haya realizado los aportes y el ISS no los hubiera cobrado, pero que dicha
circunstancia no debe ser atribuida al afiliado.

Un aspecto relevante que debe considerarse es que el recurrente no manifestó
dicho argumento en su demanda y tampoco allegó o solicitó algún elemento
probatorio que demostrara que efectivamente para la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993 (30 de junio de 1995 para los servidores del nivel distrital) estaba
afiliado al régimen del cual quiere beneficiarse, únicamente lo afirmó, por lo que
resulta evidente que se configura un incumplimiento frente a la carga probatoria de
la parte demandante en lo que respecta a la demostración de los supuestos de
hecho y jurídicos que alega para el reclamo de su derecho, mandato que se
encuentra contenido en el artículo 167 del CGP.

Ahora, de los documentos que obran en el plenario se puede establecer que según
certificado de información laboral expedido por el Distrito Especial, Industrial y
Portuario de Barranquilla del 18 de agosto de 2017, el señor Elkin Boder Muñetón
laboró desde el 24 de febrero de 1993 hasta el 22 de enero de 2009 y aportó para
pensión así:

DESDE HASTA CAJA, FONDO O ENTIDAD A LA CUAL
SE REALIZARON APORTES
DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO
24 2 1993 30 6 1995 CAJA MUNICIPAL DE PREVISIÓN
1 7 1995 22 1 2009 SEGURO SOCIAL

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Entonces, tal como lo indicó el Tribunal en la decisión impugnada, para la entrada
en vigencia de la Ley 100 de 1993 el demandante se encontraba afiliado a la Caja
Municipal de Previsión, por lo que, claramente, su afiliación y cotizaciones al
Instituto de los Seguros Sociales son posteriores a dicha fecha.

Resulta oportuno precisar que la Corte Constitucional en sentencias SU317 de
2021 y SU273 de 2022 ha reiterado su posición respecto a la posibilidad de
acumular tiempos de servicio o cotizaciones a cajas o fondos de previsión con las
efectuadas al ISS, pero añadiendo que la acumulación es factible
independientemente de si la afiliación al instituto fue posterior a la entrada en
vigencia de la Ley 100, por tratarse de una exigencia no contemplada en el Acuerdo
049 de 1990.

Para la Corte, las decisiones judiciales revisadas en sede tutela violaron
directamente la Constitución Política, al dejar de aplicar el principio de favorabilidad
consagrado en el artículo 53 Superior; pues desconocieron el precedente
constitucional de esa Corporación según el cual no se puede condicionar la
aplicación ultractiva del Acuerdo 049 a que quien pretenda pensionarse bajo tal
acuerdo, haya estado afiliado o efectuado cotizaciones al ISS, antes de la entrada
en vigencia de la Ley 100 de 1993; e incurrieron en defecto sustantivo porque su
motivación contradijo de manera manifiesta el régimen jurídico aplicable al caso de
los allí accionantes.

Esta Sala considera que se debe confirmar la sentencia que negó las pretensiones
de la demanda y en ese sentido, se apartará del precedente unificado de la Corte
Constitucional en cuanto a la aplicación ultractiva del Acuerdo 049 de 1990 para
personas que no estaban afiliadas al ISS a la entrada en vigencia de la Ley 100 3,
con base en los siguientes argumentos:

1. Porque el beneficiario del régimen de transición que pretenda la aplicación
de los requisitos de edad, semanas cotizadas y monto previstos en el
Acuerdo 049 de 1990 para poder pensionarse, debe demostrar que estuvo
afiliado al ISS para la fecha en que entró a regir la Ley 100 de 1993 o que hizo
cotizaciones al citado fondo de previsión en algún momento, anterior al 1.° de
abril de 1994.

Antes de la Ley 100 de 1993 en Colombia coexistían múltiples regímenes
pensionales, cada uno con su respectivo ámbito de aplicación. Así, por ejemplo, la
Ley 33 de 1985 regulaba el régimen general pensional de los empleados públicos
y trabajadores oficiales, pero también se encontraban vigentes normas pensionales
que beneficiaban a otros grupos de empleados públicos como el régimen

3 Sustentado en las sentencias SU317 de 2021 y SU273 de 2022

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prestacional del DAS, del INPEC, de la Contraloría General de la República, el de
la Rama Judicial y el Ministerio Público, entre muchos otros.

En el sector privado el régimen pensional era el regulado para el Instituto de
Seguros Sociales y que estaba previsto en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por
el Decreto 758 del mismo año.

La Ley 71 de 1988 permitía la acumulación de tiempos de cotización privada y
pública, disponiendo en su artículo 7 que «[a] partir de la vigencia de la presente ley,
los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes
sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de
previsión social que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal,
intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho
a una pensión de jubilación».

Esta sumatoria de tiempos de cotización tenía como objeto «que la parte de ingresos
del empleado oficial o trabajador que se destina a la formación de los fondos de pensiones
en las entidades de previsión social, permitan a éstas cumplir con el pago de la pensión de
jubilación, en cuantía proporcional al tiempo aportado a cada una de ellas»4. Por lo
anterior, la Sala considera que, bajo una interpretación histórica y contextual de la
norma, el legislador reconocía la existencia de regímenes pensionales
independientes, con ámbitos de aplicación diferentes y que, en consecuencia, los
requisitos pensionales regulados en cada una de aquellas normas no podían leerse
de manera aislada a su contexto.

La Ley 100 de 1993 tuvo por objetivo unificar a través de un único sistema el
universo pensional, derogando la mayoría de los regímenes pensionales
existentes, exceptuándose por ejemplo el de las fuerzas armadas, el de los
docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio o el
de los servidores públicos de Ecopetrol, por decisión expresa del legislador según
lo previsto en su artículo 279.

Además, su artículo 36 reguló un régimen de transición para proteger las
expectativas legítimas 5 de quienes estaban cerca de obtener su derecho pensional
bajo la normativa anterior que les aplicase, por lo que aquellas personas que a la
entrada en vigencia de la Ley 100 tuviesen 35 años o más de edad si eran mujeres,
40 o más si eran hombres o 15 años o más de servicios cotizados tendrían derecho
a pensionarse con la edad, el tiempo de servicio o semanas cotizadas y el monto

4 Así lo indicó la Corte Constitucional en la sentencia C012 de 1994, con ponencia del magistrado Antonio

Barrera Carbonell.
5 Sobre las expectativas legítimas, esta Sala, en providencias del 12 de marzo (25000232500020110084901)

y 9 de julio de 2020 (25000234200020130049901), señaló que se trata de una categoría intermedia entre los
derechos adquiridos y las meras expectativas, en el entendido de que se refieren a aquellas situaciones en las
que la persona en el instante del cambio normativo no ha adquirido el derecho de manera definitiva, pero está
cerca de cumplir con todos los requisitos para lograrlo, de manera que debe protegerse el principio de buena
fe y confianza legítima que tenía el ciudadano de que su derecho estaba a punto de materializarse con la
regulación que estaba vigente.

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establecidos en el régimen anterior al cual se encontraran afiliados, mientras que
todas las demás condiciones y requisitos se regirían por la nueva norma.

Conforme a la norma citada a los beneficiarios del régimen de transición se les
respetan unas condiciones específicas para acceder al derecho pensional como
son la edad y el tiempo de servicios, que son más favorables que las contenidas en
la nueva legislación, así como el monto o porcentaje sobre el cual se liquidaba la
prestación antes de la Ley 100. Sin embargo, debe entenderse que las condiciones
a respetar son aquellas respecto de las cuales la persona tenía la expectativa
legítima de pensionarse, como bien lo consideró el Congreso al definir que estas
serían las establecidas «en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados».

Para la Sala, el aparte citado evidencia, precisamente, la distinción y multiplicidad
de regímenes pensionales, autónomos e independientes uno de otro, encontrando
el legislador la necesidad de modificar dicha situación para unificarlos en un único
sistema como lo hizo la Ley 100 de 1993.

En consecuencia, el límite establecido por el Congreso de la República, respecto al
«régimen al que se encontraban afiliados», es constitucionalmente admisible y está
soportado en la facultad de libre configuración, que no responde al caso concreto,
sino a garantizar elementos cardinales del derecho social a la pensión, como son
los principios de progresividad, sostenibilidad y universalidad del sistema (Art. 48
Superior).

Para esta Sala, tres eran los regímenes pensionales anteriores a la Ley 100 de
1993 que podían considerarse como generales en el ámbito del ordenamiento
jurídico colombiano:

Ley 33 de 1985 Ley 71 de 1988 Acuerdo 049 de 1990
Aspectos Edad: 55 años para Edad: 55 años para Edad: 55 años para mujeres
protegidos hombres y mujeres. mujeres 60 años para hombres
por el 60 años para hombres
régimen de Tiempo: 20 años de Tiempo: Mínimo 500 semanas de
transición servicio (continuos o Tiempo: 20 años de cotización pagadas durante los 20
discontinuos) aportes sufragados en años anteriores al cumplimiento de la
cualquier tiempo y edad mínima.
Monto: 75% acumulados en una o O 1.000 semanas de cotización en
varias entidades de cualquier tiempo.
previsión legal y el ISS
Monto: Entre 45% y 90%
Monto: 75% dependiendo del número de
semanas de cotización

Aplicabilidad A empleados oficiales A empleados oficiales y Estarán sujetos al seguro social
de la norma (empleados públicos y trabajadores que obligatorio contra los riesgos de
trabajadores oficiales) acrediten 20 años de invalidez, vejez y muerte de origen no
aportes sufragados en profesional:
cualquier tiempo y
acumulados en una o 1. En forma forzosa u obligatoria:
varias de las entidades a) Los trabajadores nacionales o
de previsión social que extranjeros que presten sus servicios
hagan sus veces, del

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orden nacional, a patronos particulares mediante
departamental, contrato de trabajo o de aprendizaje;
municipal, intendencial, b) Los funcionarios de seguridad
comisarial o distrital y social del Instituto de Seguros
en el ISS. Sociales y,
c) Los pensionados por jubilación
cuyas pensiones vayan a ser
compartidas con las pensiones de
vejez a cargo del Instituto de Seguros
Sociales o asumidas totalmente por
él.
2. En forma facultativa:
a) Los trabajadores independientes;
b) Los sacerdotes diocesanos y
miembros de las Comunidades
Religiosas y,
c) Los servidores de entidades
oficiales del orden estatal que al 17
de julio de 1977 se encontraban
registradas como patronos ante el
ISS.
3. Otros sectores de población
respecto de quienes se amplíe la
cobertura del régimen de los seguros
sociales obligatorios.

Debe precisarse que la negativa a aplicar el Acuerdo 049 al caso de la parte
demandante no se debe a que esta Sala considere que para ser beneficiario de
este debió acreditar la totalidad de semanas exclusivamente al ISS, pues esta
Sección acoge el criterio de que estos periodos sí pueden acumularse con los
cotizados en otras cajas de previsión o con tiempos de servicio público. Tampoco
a que el actor hubiese tenido que estar afiliado al ISS al 1.° de abril de 1994, según
se desprendería de la literalidad del inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100.

Sino que, se repite, el legislador previó que el beneficiario del régimen de transición
se podría pensionar con la edad, tiempo de servicios o semanas cotizadas y monto
regulados en el régimen pensional anterior al cual se encontraran afiliados, y en
este caso la parte demandante no demostró haber estado afiliado al ISS al 1.° de
abril de 1994 o haber cotizado a dicha entidad en cualquier tiempo antes de que
entrara a regir la Ley 100.

2. Porque la norma pensional cuya aplicación se predica no puede ser
aplicada en virtud del principio de favorabilidad en materia laboral.

Para la Sala el Acuerdo 049 de 1990 no puede ser aplicado al caso de la parte
demandante bajo el principio de favorabilidad, ni en sentido estricto (a partir del
cual, cuando existan dos o más normas vigentes que regulen una misma
circunstancia, el juez debe optar por aquella que beneficie al trabajador), ni en
sentido amplio (cuando ante múltiples interpretaciones de una misma disposición,
el juez debe escoger la más provechosa para el empleado).

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El primero porque no solo se requiere la existencia de dos o más normas vigentes
que regulen la misma circunstancia, como concluye la Corte Constitucional en su
sentencia SU273 de 2022, sino que también ambas normas deben poder aplicarse
a la misma situación fáctica. Así se entiende de lo señalado por la misma alta
corporación, quien en sentencia SU140 de 2019 indicó:

«El principio de favorabilidad estricta en materia laboral exige que cuando el
operador jurídico se encuentre frente a dos o más normas jurídicas que, prima
facie, podrían aplicarse frente de una misma situación fáctica, debe optarse por la
norma que favorezca mayormente al trabajador».

Según se expuso, el principio de favorabilidad se podría aplicar al caso concreto en
el sentido de definir cuál es el régimen que más beneficia a la parte actora entre los
que le aplicaban, ya sea la Ley 33 de 1985 o la Ley 71 de 1988, mas no respecto
del Acuerdo 049 de 1990.

Para la Sala los tres regímenes eran excluyentes y por tanto solo podía aplicarse
uno de ellos, según las condiciones en las que se encontrara el interesado. Así, a
manera de ejemplo, se tienen los siguientes supuestos:

i) un empleado público del orden nacional que durante todo el tiempo de
labor tuvo esa categoría, no tuvo aportes al ISS o laboró en el sector privado,
únicamente podía optar porque se le aplicaran las condiciones de edad,
tiempo de servicio y monto de la Ley 33 de 1985;

ii) una persona que laboró como empleado oficial que cotizó a diversas cajas
de previsión, pero no alcanzó a reunir los 20 años de servicio, los cuales
completó con tiempos laborados en el sector privado, tendría que acudir a la
Ley 71 de 1988;

iii) una persona que estaba afiliada al seguro social tendría derecho a
reclamar su pensión bajo las previsiones del Acuerdo 049. Lo anterior,
porque esas eran las normas aplicables antes de la entrada en vigencia de
la Ley 100.

Pero ¿qué pasaría con quien, por ejemplo, antes de la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993 tenía tiempos privados cotizados al ISS y tiempos como empleado
público? En ese caso, la Sala estima que en aplicación del principio de
favorabilidad, la persona podría optar entre la aplicación de la Ley 71 de 1988, que
permitió la acumulación de tiempos de servicio públicos y privados, o la aplicación
del Acuerdo 049 de 1990, en tanto que en el marco del régimen de transición, éste
no contempló la exigencia de que los tiempos fueran exclusivos en un determinado
régimen y porque el artículo 33 de la Ley 100 permite esa acumulación.

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Y si la persona tenía cotizaciones al ISS antes de abril de 1994, pero también
demostró haber prestado sus servicios al Estado por más de 20 años. Para esta
Sala el interesado podrá optar por la aplicación de la Ley 33 de 1985, la Ley 71 de
1988 o el Acuerdo 049 de 1990, pues la expectativa legítima no se restringió a uno
solo de los regímenes, sino que existía la posibilidad de completarlo bajo una u otra
norma.

Sin embargo, el principio de favorabilidad no puede aplicarse a quien, como en el
caso de la parte demandante, laboró en el sector público antes de la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993, cotizó todo ese tiempo a una Caja Municipal de
Previsión, y después de entrar a regir la Ley 100 se afilió al ISS donde siguió
cotizando, porque: i) a la fecha en que entró a funcionar el sistema general de
seguridad social en pensiones la interesada no tenía una expectativa legítima de
pensionarse bajo los postulados del Acuerdo 049 de 1990; y ii) si bien por la
cantidad de regímenes pensionales que existían, las condiciones de edad, tiempo
de servicios o monto podían variar de uno a otro, de modo que podría decirse que
había varias normas que regulaban situaciones similares, no significa que todas
fueran aplicables en todos los casos porque exigían requisitos diferentes.

En ese orden, la Subsección considera que si bien el régimen de transición de la
Ley 100 de 1993 solo protege tres elementos del régimen pensional anterior, como
son la edad, el tiempo de servicios y el monto, el artículo 36 sí previó que estos
requisitos serían los establecidos en la norma pretérita, por lo que obligatoriamente
debe acudirse al ámbito de aplicación previsto para esta, que en el caso del
Acuerdo 049 era el de los afiliados al seguro de invalidez, vejez y muerte
administrado por el ISS, según lo regulado en su artículo 1.°.

3. Porque el precedente constitucional en el que se sustenta la tesis de que
para la aplicación del Acuerdo 049 de 1990 no se requiere de afiliación al ISS
previa al 1.° de abril de 1994, se funda en premisas desacertadas o
inaplicables al caso.

La Corte Constitucional sustenta que su tesis se encuentra consolidada en las
siguientes sentencias T370 de 2016, T088 y T028 de 2017 y T522 de 2020. Sin
embargo, la Sala considera que el precedente constitucional carece de una línea
solida de argumentación que lo haga vinculante y de estricto cumplimiento,
aplicable a estos casos:

a. En la sentencia T370 de 2016 la Corte revisó el caso de un ciudadano que, según
Colpensiones, no podía acceder a la pensión bajo el Acuerdo 049 de 1990 porque
no era beneficiario del régimen de transición, ni había realizado cotizaciones al ISS
antes de la Ley 100 de 1993.

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Para la Corte, el accionante acreditó 500 semanas de aportes dentro de los 20 años
anteriores al cumplimiento de la edad mínima, por lo que cumplía con el requisito
mínimo de tiempo de cotizaciones previsto en el literal b) del artículo 12 del Acuerdo
049.

En dicha ocasión, tuteló los derechos del accionante luego de precisar que sí era
beneficiario del régimen de transición, por lo que tenía un derecho adquirido y que
cumplió con los requisitos para acceder a la pensión antes del 31 de julio de 2010.

Argumentos de la Corte Constitucional Contraargumentos de la Sala
«se observa que el precedente de unificación Contrario a lo afirmado, en el caso analizado en la
[SU769/14] ordenó el reconocimiento de la pensión SU769 de 2014 estaba demostrado que el
de vejez con base en el Acuerdo 049 de 1990 a una accionante cotizó al ISS a través de diferentes
persona que prestó sus servicios con un municipio, empresas, un total de 504,43 semanas, entre el 21
hasta el 30 de junio de 1995, sin que se evidencien de febrero de 1984 y el 20 de mayo de 1986 y entre
cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales durante el 1.° de agosto de 1995 y el 31 de diciembre de
dicho lapso de tiempo» 20096, de modo que sí tenía una expectativa de
pensionarse bajo los requisitos del Acuerdo 049 de
1990.
«que los argumentos que sustentan la aplicación de La conclusión a la que llegó la Corte en el numeral 1
dicha norma se resumen en que: 1) es factible la no se desprende del análisis realizado en la SU769
aplicación del Acuerdo 049 de 1990, a las de 2014, toda vez que allí lo que se definió es que sí
personas que no contaban con cotizaciones al se puede acumular tiempos de servicio con semanas
Instituto de Seguros Sociales, con anterioridad a cotizadas al ISS, de modo que para ser beneficiario
la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, pero del régimen regulado en el Acuerdo 049 de 1990 no
sí vinculadas a algún otro régimen pensional, se podían exigir las semanas cotizadas
como quiera que dicha exigencia no se encuentra exclusivamente al Instituto de Seguros Sociales.
contemplada en el acuerdo , 2) los requisitos para
acceder a los beneficios del Sistema General de
Pensiones se acreditan ante el sistema y no ante las
entidades que lo conforman, y 3) resulta válida la
acumulación del tiempo laborado y no cotizado o
cotizado a cajas y fondos de previsión social a
efectos de aplicar el Acuerdo 049 de 1990, en sus
dos supuestos, tanto para el requisito de 1000
semanas de cotizaciones en cualquier tiempo, así
como para el cumplimiento de las 500 semanas
dentro de los veinte años anteriores al cumplimiento
de la edad»
«cabe destacar que el ser beneficiario del régimen En dicho caso, la Corte sustenta su argumento en la
de transición permite la aplicación de las normas que sentencia C596 de 1997. Sin embargo, en dicha
se encontraban vigentes al momento de entrar a providencia se indicó lo siguiente:
regir la Ley 100 de 1993, de conformidad con el
régimen al que se encontraban afiliados. Al respecto, «el cargo de inconstitucionalidad que ahora se
la Sala Plena de la Corporación, ha señalado que al analiza, según el cual la expresión demandada
estudiar cuáles serían las condiciones más conlleva la violación del principio de irrenunciabilidad
favorables que se harían prevalecer frente a las de los beneficios mínimos, carece de fundamento.
exigencias de una nueva ley, en relación con el En efecto, en primer lugar, los beneficios que son
régimen de transición, si la persona no está irrenunciables son aquellos que se erigen como
vinculada a ningún régimen pensional, no existe una derechos ciertos o adquiridos, y, como se vio, la

6 «Lo anterior tiene sustento en el historial laboral allegado por el interesado como material probatorio a la

solicitud de pensión, así como al escrito de tutela:
(i) Del reporte de semanas cotizadas expedido por el ISS se desprende que el accionante cotizó a esta entidad,
a través de diferentes empresas, un total de 504,43 semanas que corresponden a las fechas del 21 de febrero
de 1984 al 20 de mayo de 1986 y del 1 de agosto de 1995 al 31 de diciembre de 2009»

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expectativa de derecho a pensionarse. “Luego, por mera posibilidad de pensionarse con el cumplimiento
elementales razones de lógica jurídica, era de ciertos requisitos y en determinadas condiciones,
necesario establecer el condicionamiento de estar no constituye un derecho adquirido sino una simple
afiliado a algún régimen pensional para efectos de expectativa de derecho. Expectativa que, para
ser acreedor al beneficio derivado del régimen de quienes no estaban vinculados a algún régimen
transición, consistente en poder pensionarse de pensional, ni siquiera existía. Y en segundo lugar, el
conformidad con los requisitos y condiciones derecho a la pensión de jubilación, por ser un
previstos para el régimen anterior. (resaltado fuera derecho correspondiente al concepto de seguridad
del texto)” Es así como la condición para acceder al social y, por ende, un derecho-prestación,
beneficio de la transición, es estar afiliado a algún catalogado como de segunda generación, exige,
régimen pensional, lo que permite entonces la para su reconocimiento, la previa definición
aplicación de los requisitos exigidos en el sistema legislativa de las circunstancias en las que se
pensional anterior, sin especificar, ni condicionar la adquirirá, cosa que justamente es lo que hace la
escogencia de la norma, atendiendo a la entidad de norma sub-exámine.
seguridad social a la que se encontrará afiliado.»
El legislador tenía pues, plena libertad para
configurar las condiciones de acceso a la pensión de
vejez y así lo hizo, sin que por ello pueda
endilgársele la violación del principio de
irrenunciabilidad de derechos derivados de la
seguridad social, que aún no se habían adquirido»

Para la Sala el razonamiento expuesto parte de una
premisa equivocada en tanto que la sentencia de
constitucionalidad a la que se alude no indicó en
momento alguno que los beneficiarios del régimen
de transición tengan derecho a que se les aplique
cualquiera de los regímenes pensionales anteriores
a la Ley 100 de 1993 (el que le parezca más
favorable).

En la sentencia C569 de 1997 lo que expuso la
Corte, se infiere, es que para tener una expectativa
de pensionarse bajo alguno de esos regímenes, la
persona debía estar afiliada a ese.

b. En la sentencia T088 de 2017 se analizó el caso de una persona que laboró para
el Ministerio de Trabajo y cotizó a CAJANAL entre el 1º de marzo de 1974 hasta el
29 de abril de 1993. Posteriormente se afilió al ISS como independiente y efectuó
aportes entre el 1º de septiembre de 2007 y el 31 de marzo de 2008.

En el año 2008 solicitó al ISS el reconocimiento de la pensión de vejez al amparo
de los requisitos consagrados en el Acuerdo 049 de 1990, pero Colpensiones negó
la petición, aduciendo que, aun cuando el actor era beneficiario del régimen de
transición, éste no cumplía con los requisitos consagrados en la Ley 33 de 1985 o
en la Ley 100 de 1993, regímenes pensionales que sí le eran aplicables a la petición
del actor.

Ante esa situación interpuso demanda ordinaria y la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Barranquilla determinó, en segunda instancia, que no tenía derecho a
pensionarse conforme al Acuerdo 049 de 1990, pues no cotizó exclusivamente al

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ISS el número mínimo de semanas consagrado en el artículo 12 de ese acuerdo
para acceder a la prestación.

La Corte concluyó que la providencia acusada sí vulneró los derechos del actor, en
tanto que «el propósito del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993
era, justamente, permitir la acumulación de tiempos cotizados a distintos fondos
con los aportes hechos al ISS (conforme a la Sentencia SU769 de 2014)» y que el
Acuerdo 049 de 1990 en ninguna parte condicionó su aplicación a que quien
pretenda el derecho pensional haya cotizado exclusivamente al ISS.

Para la Corte «en esa oportunidad […] no tuvo relevancia alguna que el allí actor
no hubiese estado afiliado al ISS para el momento en que entró en vigencia la Ley
100 de 1993»

Argumentos de la Corte Constitucional Contraargumentos de la Sala
«El cómputo de las semanas cotizadas es un La Sala advierte que, en dicho caso, efectivamente
aspecto que quedó consagrado en la Ley 100 de la Corte ordenó a Colpensiones a reconocer la
1993 precisamente para dar solución a la pensión aplicando el Acuerdo 049 de 1990.
desarticulación entre los diferentes regímenes que
durante un tiempo hizo imposible acumular tiempos Sin embargo, frente a la relevancia que en el juicio
de servicio con diferentes empleadores, reduciendo jurídico pudo tener para el juez constitucional en
notablemente la posibilidad de los trabajadores para dicho asunto si el accionante estaba o no afiliado al
acceder a la pensión de vejez. ISS antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de
1993, se observa que en el antecedente citado
De conformidad con los precedentes nunca se sometió a discusión ni fue considerado por
jurisprudenciales mencionados en la parte ninguna de las partes el supuesto que en el caso de
considerativa de esta sentencia, para efecto del la señora Ruiz Romero está en litigio.
reconocimiento de la pensión de vejez, es posible
acumular los tiempos de servicios cotizados a las En la sentencia de tutela, el motivo para negar la
cajas o fondos de previsión social, con las semanas prestación siempre estuvo relacionado con las
de cotización efectuadas al Instituto de Seguros cotizaciones exclusivas al ISS y la posibilidad de
Sociales. acumular estas con los tiempos cotizados a otras
cajas de previsión.
Esta es la lectura conforme a la Constitución que
debe dársele al artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990,
la que además se ajusta a los principios de
favorabilidad y pro homine, y que maximiza la
garantía del derecho fundamental a la seguridad
social, tal acumulación es válida no solo para los
casos en que fueron acreditadas 1000 semanas en
cualquier tiempo, sino también para los eventos en
los que se demostró haber reunido un total de 500
semanas dentro de los 20 años anteriores al
cumplimiento de la edad requerida.»

c. En la sentencia T028 de 2017, la Corte también analizó un caso similar, en el
que la parte accionante no reunía los requisitos para pensionarse con la Ley 33 de
1985, la Ley 71 de 1988 o el Acuerdo 049 de 1990, ni cumplía con los previstos en
la Ley 100 y sus modificaciones, cuestionándose si se podía negar la pensión
porque las cotizaciones que realizó no fueron efectuadas únicamente a
Colpensiones.

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En dicha ocasión se tutelaron los derechos del accionante en consideración a que
cumplía con el número de semanas exigido en el Acuerdo 049 de 1990 para
pensionarse y que podían sumarse las semanas cotizadas al ISS con las aportadas
al fondo del departamento de Cundinamarca entre el 18 de marzo de 1983 y el 14
de julio de 1996.

Al referirse a este caso en la SU273/22 la Corte afirmó que «en ese caso el actor
no cumplía con los requisitos de ningún régimen pensional, previo o actual. Sin
embargo, en ejercicio del principio de favorabilidad, la Sala determinó que a su caso
sí le era aplicable el Acuerdo 049 de 1990, pues se trataba del único régimen en el
cual cumplía con el requisito de haber aportado al sistema un número mínimo de
semanas».

Argumentos de la Corte Constitucional Contraargumentos de la Sala
«corresponde a la Sala resolver la situación jurídica Nuevamente, la Sala advierte que en dicho caso
de una persona de 73 años de edad quien solicitó el nunca se discutió la necesidad de estar afiliado al
reconocimiento y pago de una pensión de vejez por ISS con anterioridad a la entrada en vigencia de la
considerar que acredita a satisfacción la totalidad de Ley 100.
los requisitos que, de conformidad con el régimen de
transición del que es titular, le son exigibles, pero la Solo se discutió la posibilidad de acumular a las
cual es negada por Colpensiones en cuanto esta semanas cotizadas al ISS los tiempos de servicio
consideró que para efectos de verificar el públicos que cotizó a otras cajas para poder tener
cumplimiento de los requisitos de cotizaciones derecho a la pensión, siendo este el motivo por el
establecidos por el Acuerdo 049 de 1990 es cual Colpensiones había negado el reconocimiento
necesario únicamente valorar las cotizaciones pensional.
realizadas al Instituto de Seguros Sociales y no
aquellas que tuvieron lugar ante alguna otra Caja de
Previsión.

Al respecto, la Sala, tras verificar el material
probatorio obrante en el expediente, observó que si
bien como Colpensiones lo afirma, el actor solo
cuenta con 250 semanas cotizadas al I.S.S. durante
los 20 años anteriores al momento en que cumplió el
requisito de edad establecido para la prestación que
pretende y, por tanto, no logró acreditar las 500
requeridas por el Acuerdo 049 de 1990, también
resulta evidente que, de conformidad con los
lineamientos que al respecto ha desarrollado esta
Corporación, los tiempos de cotización que se han
realizado ante entidades diferentes al I.S.S. también
deben ser contabilizados por las administradoras de
fondos de pensiones.

En este sentido, se reiteró la regla de derecho
sentada por esta Corporación en virtud de la cual
para efectos de verificar el cumplimiento del requisito
de cantidad de cotizaciones en aplicación del
régimen de transición, es no solo valido, sino
necesario contabilizar las cotizaciones realizadas
ante todas las administradoras de pensiones y no
solo el Instituto de Seguros Sociales.»

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d. En la sentencia T522 de 2020 se «reiteró la inconstitucionalidad de impedirle a
quien solicita la pensión de vejez y es beneficiario del régimen de transición, hacerlo
con un régimen previo, por no haber estado afiliado al ISS al momento de entrada
en vigencia de la Ley 100 de 1993».

En dicho caso Colpensiones negó el derecho por considerar que la norma aplicable
al actor era la Ley 33 de 1985 y no el Acuerdo 049 de 1990, porque solo había
cotizado 326 semanas de forma exclusiva al ISS, de 614,34 con las que contaba
en total y, además, que tampoco resultaba procedente su aplicación porque el
accionante no estaba afiliado al ISS al momento de entrar en vigencia la Ley 100
de 1993.

Para la Corte, dicha interpretación resulta contraria a la Constitución por no estar
soportada en ninguna fuente legal o constitucional y va en contravía de su
precedente que «sí permite aplicar un régimen previo a la Ley 100 de 1993, incluso
el Acuerdo 049 de 1990, a cualquier persona beneficiaria del régimen de transición
que no haya estado afiliada al ISS antes de la entrada en vigencia de la anotada
Ley 100».

Argumentos de la Corte Constitucional Contraargumentos de la Sala
«29. De acuerdo con lo expuesto y atendiendo el En este caso advierte la Subsección que la discusión
estado actual de la jurisprudencia constitucional es sobre la inaplicación del Acuerdo 049 por no estar
claro que el argumento ahora presentado por el afiliado al ISS se dio como un argumento nuevo
representante de Colpensiones no puede abrirse presentado por Colpensiones, antes de dictar el fallo
paso. Su planteamiento se funda en una lectura en sede de revisión.
fragmentada de la sentencia C-596 de 1997 que se
ocupó de juzgar la expresión “al cual se encuentren Sin embargo y para lo que importa a esta
afiliados” del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, a providencia, la Sala advierte que la conclusión de la
partir de un cargo por violación de los derechos de Corte se sustentó en una interpretación de lo dicho
quienes no se encontraran afiliados al sistema de por esa misma corporación en sentencia C596 de
pensiones. Ello implica que la Corte no se ocupó de 1997 que declaró exequible el aparte «al cual se
analizar específicamente la situación que plantea el encuentren afiliados» del artículo 36 de la Ley 100,
presente caso y, en esa dirección, la regla alegada providencia a partir de la cual, se infiere, dicha alta
por Colpensiones no se desprende de esta corte ha considerado que el beneficiario del régimen
providencia. De hecho, tal y como lo evidencian las de transición puede solicitar la aplicación de
sentencias citadas en los fundamentos anteriores, la cualquier régimen anterior a la Ley 100, pero que a
práctica de la jurisprudencia constitucional va la luz de esta subsección, del análisis de
justamente en el sentido opuesto al alegado por la constitucionalidad allí realizado se debe concluir que
entidad accionada. » es que para tener una expectativa de pensionarse
bajo alguno de esos regímenes, la persona debía
estar afiliada a ese.

De acuerdo con lo anterior, si bien esta Subsección no desconoce la existencia de
un precedente de la Corte Constitucional que permite la aplicación del Acuerdo 049
de 1990 a casos donde no se demostró una afiliación al ISS para la fecha que entró
en vigencia la Ley 100 de 1993 o con anterioridad a esta, tal como se observa en
la sentencia citada, lo cierto es que la Sala considera que debe apartarse de éste,
pues contrario a lo expuesto en las decisiones analizadas, la aplicación por

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favorabilidad del Acuerdo 049 solo procede cuando la persona tenía una
expectativa legítima de pensionarse bajo dicho régimen, condición que está
expresamente regulada en el segundo inciso del artículo 36 de la Ley 100 y que fue
declarada exequible por la misma Corte Constitucional en la sentencia C596 de
1997.

Agréguese que dicha sentencia fue proferida en el marco de revisión de acción de
tutela, la cual solo tiene efectos entre las partes para ese caso, de modo que este
solo pronunciamiento tampoco tendría un carácter vinculante para los jueces de la
República.

Además porque los antecedentes citados por la Corte Constitucional se sustentan
por regla general en la posibilidad de acumular cotizaciones, sin analizar de fondo
las implicaciones de aplicar un régimen pensional al cual no se tenía derecho, y
llegando a esas conclusiones basadas en error en la apreciación fáctica, como por
ejemplo, al citar la SU769 de 2014 donde supuestamente se reconoció la pensión
sin haber acreditado la afiliación al ISS al 1.° de abril de 1994, pero omitiendo que
en dicho caso el interesado sí acreditó haber cotizado a dicho instituto con
anterioridad a esa fecha.

Y porque de la interpretación de la norma hecha por la Corte, se pregunta entonces
esta subsección si es posible la aplicación inversa de la tesis, por ejemplo, una
persona cobijada por el régimen de transición que nunca fue empleado público y
que para pensionarse con una edad menor o con un monto superior al que tendría
derecho ¿podría pensionarse bajo la aplicación ultractiva de la Ley 33 de 1985? O
un empleado público que nunca cotizó al ISS o Colpensiones ¿puede pedir por
favorabilidad la aplicación del Acuerdo 049 de 1990 solo para mejorar el monto
pensional al pasar de 75% a 90%?

Para esta Sala la respuesta a ambos interrogantes (y que solo se formulan a modo
de ejemplo) es negativa, porque la norma aplicable es aquella sobre la cual la
persona tenía una expectativa legítima de pensionarse, según lo regulado en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Resulta oportuno precisar que la Subsección en sentencia proferida en 17 de junio
de 20217 al resolver un asunto en el que también se pretendía el reconocimiento
de la pensión de vejez bajo el amparo del régimen de transición del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993 y de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990 manifestó:

“comoquiera que a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones
se encontraba afiliado al Instituto del Seguro Social donde mantuvo su afiliación

7
Radicado: 47001-23-33-000-2016-00442-01 (3831-2019).

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hasta su retiro del servicio, tanto en el sector público como en el privado, le son
aplicables las previsiones del Acuerdo 049 de 1990, bajo el régimen de transición y
a la luz de las disposiciones del Decreto 758 de 1990, pues si bien no es un requisito
indispensable haber realizado las cotizaciones de manera exclusiva a dicha entidad,
era necesario que al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 el
peticionario se encontrara afiliado al régimen del cual se predica su
aplicación, como en efecto lo demostró el accionante.

69. Así lo señaló la Corte Constitucional en sentencia T- 080 de 2013: «La Ley 100
de 1993 busca proteger la expectativa a ser pensionado bajo las reglas del
régimen al que pertenecía el trabajador cuando comenzó el tránsito
normativo. Teniendo en cuenta esta finalidad –protección de expectativas que ya
habían surgido al amparo de un arreglo normativo e institucional-, resulta
necesario que efectivamente el beneficiado estuviera en el régimen cuya
aplicación reclama al momento de entrar a regir la Ley 100, de lo contrario, no
existiría ninguna expectativa que proteger.»” (Negrillas de la Sala).

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado considera que en
el presente caso el demandante no tiene derecho a que, como beneficiario del
régimen de transición, se le apliquen la edad, el tiempo de servicios y el monto
previstos en el Acuerdo 049 de 1990, porque aún si se pueden acumular los
tiempos laborados como empleado público y cotizados a otras cajas o fondos de
previsión, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 prevé que el régimen pensional
aplicable es aquel al que estuviere afiliado, y el demandante no demostró haber
estado afiliado al ISS al 1.° de abril de 1994 o con anterioridad a esta fecha.

Según lo expuesto no tienen vocación de prosperidad los demás argumentos
expuestos en el recurso de apelación que den lugar a revocar la decisión proferida
por el Tribunal Administrativo del Atlántico y por tanto se confirmará el fallo apelado
que negó las pretensiones de la demanda.

De la condena en costas de segunda instancia

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado venía aplicando el
criterio objetivo valorativo consagrado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011,
según el cual, en toda sentencia, el juez procederá a su reconocimiento cuando
encuentre demostrado en el proceso que estas se causaron, sin que en esa
valoración fuera relevante analizar si las partes actuaron de manera temeraria,
malintencionada o de mala fe. No obstante, dicho criterio fue variado con la adición
efectuada por el artículo 47 de la Ley 2081 de 2021, en el que se indica que la
condena en costas es viable, siempre que se acredite que la parte vencida obró
con manifiesta carencia de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A de esta Sección, ha adoptado una la postura en virtud de la cual, se

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deberá analizar la conducta desplegada por las partes en el proceso, conforme al
inciso 2 del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

En el presente caso, se observa del recurso de apelación, que no carece de
fundamentación legal que dé lugar a la condena en costas, por el contrario, se
expusieron argumentos razonables en defensa jurídica de los intereses de la parte.

En consecuencia, no se impondrá condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia proferida el 10 de mayo de 2024 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico que negó las pretensiones de la demanda, de
conformidad con lo expuesto en la parte considerativa.

Segundo: Sin condena en costas.

Tercero: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior decisión fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,

Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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