Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-01208-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-01208-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2016-01208-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
4 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 05001-23-33-000-2016-01208-01 (3571-2023)
Demandante: Mario de Jesús Montoya Cortés
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Tema: Reliquidación pensional.
Decisión: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia que accedió
a las pretensiones de la demanda
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por Colpensiones contra la
sentencia de primera instancia del 13 de marzo de 2023 dictada por el Tribunal
Administrativo de Antioquia.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. Mario de Jesús Montoya Cortés, por medio de apoderado y en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó de-
manda en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones1, en adelante
Colpensiones, con el propósito de que se declare la nulidad parcial de los siguien-
tes actos administrativos: las Resoluciones (i) No. 022032 del 4 de agosto de
2008 mediante la cual le reconoció la pensión de vejez en los términos del
Acuerdo 049 de 1990 y el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, (ii) No. 213058 del
16 de julio de 2015 que negó la reliquidación de la prestación, (iii) No. 355264 del
10 de noviembre de 2015 por la cual se resolvió desfavorablemente el recurso
de reposición interpuesto contra dicha decisión y (iv) el acto ficto negativo confi-
gurado por el silencio administrativo frente al recurso de apelación formulado por
el interesado.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó se ordene la reliquidación
pensional de acuerdo con la tasa de reemplazo correspondiente según el número
de semanas cotizadas y IBL. En consecuencia, reclamó que se ordene el pago
retroactivo de las diferencias entre la mesada pensional inicialmente reconocida
y la que se efectúe una vez se aplique el reajuste al pago de intereses moratorios
o la indexación a que haya lugar y condenar en costas a la demandada.
1 Expediente digital 05001233300020160120801, índice 00005 de Samai archivo “ED_C1_01
DEMANDA - DEMANDA CON PODER Y ANEXOS”, folios 1 - 5.
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Demandante: Mario de Jesús Montoya Cortés
3. Subsidiariamente, solicitó se declare la nulidad de las Resoluciones No.
213058 del 16 de julio de 2015, No. 355264 del 10 de noviembre de 2015 y el
acto ficto que se configuró con ocasión del silencio administrativo sobre el recurso
de apelación.
4. El demandante argumentó que si bien se le reconoció una pensión de ju-
bilación a través de la Resolución No. 022032 del 4 de agosto de 20082, Colpen-
siones no tuvo en cuenta todas las semanas que cotizó como empleado público,
particularmente el tiempo de servicio prestado ante la Gobernación de Antioquia
entre el 14 de agosto de 2001 y el 1 de julio de 20053, pero cuyas cotizaciones
fueron reconocidas y pagadas con posterioridad al reconocimiento por parte de
la entidad territorial a través de la Resolución No. 111163 del 25 de noviembre
de 20134.
Contestación de la demanda
5. Colpensiones se opuso a la totalidad de las pretensiones5. Con indepen-
dencia del acto administrativo expedido por la Gobernación de Antioquia, la de-
mandada argumentó que la reliquidación pretendida no era procedente porque el
Acuerdo 049 de 1990 no contempló la posibilidad de sumar tiempos públicos no
cotizados ante el ISS. Además, objetó la existencia de un acto administrativo ficto
en relación con el recurso de apelación formulado toda vez que fue resuelto a
través de la Resolución No. VPB 18910 del 25 de abril de 20166 y se confirmó la
negativa de reliquidar la pensión.
6. Como excepciones de mérito, alegó la inexistencia de la obligación, el co-
bro de lo no debido, el pago y compensación, la prescripción, la satisfacción de
las obligaciones a su cargo, la improcedencia de la indexación e intereses mora-
torios, la buena fe y la imposibilidad de condenar en costas.
2 Acto administrativo expedido en cumplimiento de una primera sentencia dictada por el Juzgado
011 Laboral de Medellín el 29 de enero de 2008, en la que se ordenó a Colpensiones reconocer
y pagar una pensión de jubilación en los términos del Acuerdo 049 de 1990 y el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993 en favor del señor Montoya.
3 Este período de cotización fue reconocido y pagado mediante la Resolución No. 111163 del 25
de noviembre de 2013 que expidió la Gobernación de Antioquia con posterioridad al reconoci-
miento pensional que le otorgó Colpensiones al demandado.
4 Conforme obra en el acervo probatorio, la Sala observa que este acto administrativo fue expe-
dido en cumplimiento de las sentencias dictadas el 11 de octubre de 2010 y 7 de marzo de 2013
por el Tribunal Administrativo de Antioquia y la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, respectivamente. Dichas decisiones ordenaron (i) el reconocimiento y pago de los
períodos en cuestión tras declarar la nulidad del acto administrativo que determinó la supresión
del cargo que ocupaba el demandante y (ii) el posterior reintegro al servicio en un cargo igual o
de mejor categoría y remuneración.
5 Expediente digital 05001233300020160120801, índice 00005 de Samai archivo “ED_C1_12
CONTESTACION DE LA DEMANDA - CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA COLPENSIONES,
CON SUSTITUCIÓN DE PODER”.
6 Ibidem, folios 68 – 70.
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Demandante: Mario de Jesús Montoya Cortés
Sentencia apelada
7. Mediante sentencia del 13 de marzo de 2023, el Tribunal Administrativo
de Antioquia resolvió acceder a las pretensiones de la demanda y declaró la nu-
lidad parcial de la Resolución No. 022032 del 4 de agosto de 2008 y la nulidad
total de las Resoluciones No. GNR 213058 del 16 de julio de 2015 y No. VPB
18910 del 25 de abril de 2016. A título de restablecimiento del derecho, ordenó
la reliquidación pensional con inclusión de los períodos cotizados entre el 14 de
agosto de 2001 y el 1 de julio de 2005 ante la Gobernación de Antioquia y la
aplicación de una tasa de reemplazo equivalente al 84%.
8. Con base en la Resolución VPB 18910 del 25 de abril de 20167 y el docu-
mento Formato 1 – Certificado de Información Laboral - Certificación de períodos
de vinculación laboral para Bonos Pensionales y Pensiones8, el Tribunal deter-
minó que los tiempos de cotización para tener en cuenta en la liquidación pen-
sional debían incluir los tiempos de servicio prestados ante la Gobernación de
Antioquia desde el 14 de agosto de 2001 hasta el 1 de julio de 2005.
9. El Tribunal señaló que el reconocimiento de cotizaciones adicionales por
los tiempos de servicio prestados en la Gobernación de Antioquia fue posterior al
acto que reconoció el derecho pensional, de manera que el número de semanas
y la base salarial de cotización para calcular el IBL inicialmente verificados por
Colpensiones debían aumentar conforme la novedad. Es decir, las 1.143 sema-
nas inicialmente reconocidas y el 75% aplicado debían incrementar a 1.158 se-
manas con una tasa de reemplazo del 84%.
10. Ahora, teniendo en cuenta que el reconocimiento pensional se dio en virtud
del Acuerdo 049 de 1990 por aplicación el régimen transicional, el a quo estable-
ció que el origen de la pensión debía evaluarse para efectos de determinar la
procedencia de la reliquidación. Sin embargo, advirtió que la Resolución No. VPB
18910 del 25 de abril de 2016 no exploró la reliquidación pensional según el
7 Ibidem, folios 68 – 70 (reverso), p. 7 – 12.
8 Expediente digital 05001233300020160120801, índice 00005 de Samai archivo “ED_C1_01 DE-
MANDA - DEMANDA CON PODER Y ANEXOS”, folio 34 y reverso, p. 48 – 49.
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Demandante: Mario de Jesús Montoya Cortés
Acuerdo 049 de 1990, sino solo respecto de la Ley 71 de 1988 y la Ley 797 de
2003. Además, tampoco tuvo en cuenta la Resolución No. 111163 del 25 de no-
viembre de 2013 expedida por la Gobernación de Antioquia.
11. De esta manera, concluyó que había lugar a la reliquidación pensional a
efectos de aplicar el número real de semanas cotizadas por el señor Montoya y
tasa de reemplazo según los términos del Acuerdo 049 de 1990. De igual manera,
sobre los períodos en los que el demandante prestó sus servicios al sector pú-
blico al tiempo que cotizó como independiente, el Tribunal aclaró que no debían
contarse como tiempos dobles, sino como cotizaciones adicionales que incre-
mentaron el IBC. Por último, indicó que la liquidación del IBL debía seguir las
reglas fijadas en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 dictada por
el Consejo de Estado.
12. Por otro lado, el Tribunal evidenció que en el caso operó el fenómeno de
la prescripción respecto de las mesadas pensionales causadas con anterioridad
al 20 de marzo de 2012. Para ello, consideró que el demandante (i) adquirió el
estatus pensional el 2 de julio de 2005, (ii) en virtud de la Resolución No. 022032
del 4 de agosto de 2008, recibió el pago retroactivo de las mesadas causadas
entre el 2 de julio de 2005 y el 30 de septiembre de 2008, (iii) por medio de la
Resolución No. 111163 del 25 de noviembre de 2013, el Departamento de Antio-
quia le reconoció y pagó las respectivas cotizaciones por el tiempo de servicios
prestado entre el 14 de agosto de 2001 y el 1 de julio de 2005, (iv) presentó la
solicitud de reliquidación pensional hasta el 20 de marzo de 2015 y (v) radicó la
demanda el 15 de marzo de 2016.
13. Por último, el a quo se abstuvo de condenar en costas a la parte vencida
del proceso. Luego de citar los artículos 188 del CPACA y 361 y 365 del Código
General del Proceso, afirmó que en el caso en concreto no se acreditaron los
gastos del proceso.
Recurso de apelación
14. Colpensiones apeló la sentencia de primera instancia9. A partir de jurispru-
dencia de la Corte Suprema de Justicia, alegó que (i) el Acuerdo 049 de 1990 no
permitía el reconocimiento pensional con inclusión de semanas cotizadas a enti-
dades distintas al ISS y (ii) el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 199310
tenía efectos respecto de los requisitos de reconocimiento pensional del Sistema
9 Expediente digital 05001233300020160120801, índice 00005 de Samai archivo “32_ ED_C1_25
RECURSO APELACION - APELACIÓN DE COLPENSIONES”.
10 Ley 100 de 1993. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras
disposiciones. Artículo 36. “PARÁGRAFO. Para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez
de que trata el inciso primero (1o) del presente artículo se tendrá en cuenta la suma de las sema-
nas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros Sociales,
a las Cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector público o privado, o el tiempo de
servicio como servidores públicos cualquiera sea el número de semanas cotizadas o tiempo de
servicio”.
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General de Pensiones, no los regímenes anteriores que tenían aplicación ultrac-
tiva por el régimen de transición. Por ende, solicitó la revocatoria de la sentencia
de primera instancia y en su lugar, se nieguen todas las pretensiones de la de-
manda.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
15. Por medio del auto del 29 de agosto de 2024, el despacho sustanciador
admitió el recurso de apelación y corrió traslado a las partes y al Ministerio Pú-
blico, este último para rendir concepto.
16. El Ministerio Público descorrió el traslado del auto admisorio y solicitó la
confirmación de la decisión de primera instancia. Aseguró que el demandante
cumplió con los requisitos de ley para acceder a la pensión de jubilación de con-
formidad con el Acuerdo 049 de 1990, pues acreditó haber cotizado más de 1250
semanas en cualquier tiempo ante el ISS y a otras entidades de previsión.
17. Con base en jurisprudencia de la Corte Constitucional, explicó que la Ley
100 de 1993 consagró la acumulación de semanas de cotización como un meca-
nismo de solución ante la existencia de diferentes regímenes que impedían el
acceso al derecho pensional, máxime cuando el Acuerdo 049 de 1990 no con-
templó como requisito que las semanas de cotización fueran realizadas ex-
clusivamente ante el ISS.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
18. De conformidad con el inciso 1° del artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante
CPACA, en concordancia con los artículos 615 del Código General del Proceso
y el 26 de la Ley 2080 de 2021, la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de los
recursos de apelación presentados en contra de las sentencias dictadas por los
tribunales administrativos.
Cuestión previa
19. El 3 de junio de 2026, el consejero de Estado Jorge Iván Duque Gutiérrez
manifestó impedimento para conocer del asunto de la referencia con base en la
causal señalada en el numeral 2 del artículo 141 del Código General del Proceso,
ya que en su condición de magistrado del Tribunal Administrativo de Antioquia
suscribió la sentencia de primera instancia del 13 de marzo de 2023, que fue
apelada.
20. Sobre el particular, el régimen de impedimentos se fundamenta en la
necesidad de preservar la imparcialidad del funcionario que reconoce la
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existencia de situaciones de hecho que pueden comprometer su criterio en la
decisión. Las causales de impedimento son taxativas y de aplicación restrictiva,
constituyen una excepción al cumplimiento de la función jurisdiccional y no
pueden ampliarse discrecionalmente al criterio del juez o de las partes.
21. En el presente caso, la causal que se invoca es la establecida en el
numeral 2 del artículo 141 del General del Proceso, esto es: haber conocido del
proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior, el juez, su cónyuge,
compañero permanente o algunos de sus parientes indicados en el numeral
precedente (numeral 1).11
22. La Sala aceptará el impedimento formulado por el Consejero de Estado
Jorge Iván Duque Gutiérrez, en tanto se configura el supuesto de hecho que
describe la norma citada, toda vez que conoció del proceso en primera instancia
y suscribió la sentencia apelada, en condición de magistrado del Tribunal
Administrativo de Antioquia, razón por la cual se le separará del estudio del
asunto de la referencia, en procura de garantizar los principios de independencia
e imparcialidad de la administración de justicia establecidos en el artículo 5 de la
Ley 270 de 1996.
Problema jurídico
23. Le corresponde a la Sala determinar si el señor Mario de Jesús Montoya
Cortés tiene derecho a la reliquidación pensional en los términos del Acuerdo 049
de 1990, con inclusión del período de cotización adicional causado entre el 14 de
agosto de 2001 y el 1 de julio de 2005 por tiempos de servicio ante la Gobernación
de Antioquia y bajo la tasa de reemplazo correspondiente.
Análisis del problema jurídico
24. La Sala confirmará la decisión de primera instancia dictada por el Tribunal
Administrativo de Antioquia tras considerar que el período de cotización causado
entre el 14 de agosto de 2001 y el 1 de julio de 2005 por tiempos de servicio ante
la Gobernación de Antioquia es susceptible de acumulación a la pensión de vejez
que le fue reconocida al demandante en los términos del Acuerdo 049 de 1990.
25. La jurisprudencia del Consejo de Estado12 ha reconocido la posibilidad de
que, quienes son beneficiarios del régimen de transición y aspiran a pensionarse
en los términos del Acuerdo 049 de 1990, pueden acumular períodos de
cotización ante el ISS con tiempos de servicio en el sector público u otras cajas
11
«1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el
proceso».
12 Ver las siguientes: Sentencia del 12 de febrero de 2026, Rad. 0807-2024; Sentencia del 30 de
enero de 2025, Rad. 4288-2024; Sentencia 8 de mayo de 2025, Rad. 3368-2023; Sentencia del
2 de septiembre de 2025, Rad. 7648; Sentencia del 18 de abril de 2024, Rad. 2431-2023; Sen-
tencia del 27 de julio de 2023, Rad. 3224-2023; Sentencia del 9 de junio de 2022, Rad. 0907-
2021; Sentencia del 17 de junio de 2021, Rad. 3831-2019.
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de previsión, siempre y cuando demuestren haberse afiliado al ISS a más tardar
el 1 de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Lo
anterior, bajo la idea de que este elemento es el que configura la expectativa
legítima bajo la cual la persona busca pensionarse en los términos del aludido
acuerdo.
“68. Así entonces, comoquiera que a la entrada en vigencia del sistema general de
pensiones se encontraba afiliado al Instituto del Seguro Social donde mantuvo su
afiliación hasta su retiro del servicio, tanto en el sector público como en el privado, le
son aplicables las previsiones del Acuerdo 049 de 1990, bajo el régimen de transición
y a la luz de las disposiciones del Decreto 758 de 1990, pues si bien no es un requisito
indispensable haber realizado las cotizaciones de manera exclusiva a dicha entidad,
era necesario que al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 el peticionario
se encontrara afiliado al régimen del cual se predica su aplicación, como en efecto lo
demostró el accionante”13.
26. Esta postura ha sido adoptada bajo el argumento de que el régimen de
transición permite la aplicación de los requisitos de edad, tiempo y monto de los
regímenes anteriores a la Ley 100 de 1993, sin contemplar de manera alguna
que los tiempos o de semanas cotizadas debieran ser exclusivos en un
determinado régimen y máxime cuando el artículo 33 de la Ley 100 de 1993
permitió la acumulación de tiempos de servicio14.
27. El señor Montoya nació el 17 de junio de 1945 y prestó sus servicios tanto
en el sector público15, como en el sector privado16. Para la fecha de entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993, el demandante tenía 48 años, por lo que cumplió
con los requisitos para hacerse beneficiario del régimen de transición.
28. Conforme se reseñó al interior de la Resolución No. 022032 del 4 de
agosto de 2008, con ocasión de una primera demanda formulada por el señor
Montoya en contra del ISS, el Juzgado 011 Laboral de Medellín dictó sentencia
el 29 de enero de 2008 y ordenó a la entidad administradora reconocer y pagar
una pensión de vejez en los términos del Acuerdo 049 de 1990 y el artículo 36
de la Ley 100 de 1993. En consecuencia, el ISS le otorgó una pensión de vejez
por el valor de $ 902.948, efectiva a partir del 2 de julio de 2005 y liquidada por
el 75% del promedio de los factores salariales devengados en los últimos 10
años, de conformidad con el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
29. Posteriormente, la Gobernación de Antioquia expidió la Resolución No.
111163 del 25 de noviembre de 201317, por medio del cual reconoció y pagó en
favor del señor Montoya los períodos de cotización correspondientes por el
13 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 17 de junio de 2021, Rad.
3831-2019.
14 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 30 de enero de 2025. Rad.
08001-23-33-000-2017-00049-01 (4288-2024). MP. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
15Expediente digital 05001233300020160120801, índice 00005 de Samai archivo “ED_C1_01
DEMANDA - DEMANDA CON PODER Y ANEXOS”, folio 34 y reverso, p. 48 – 49.
16 Ibidem, folios 39 – 40, p. 58 – 59.
17 Expediente físico 05001233300020160120800, folios 12 – 16.
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Demandante: Mario de Jesús Montoya Cortés
tiempo que prestó sus servicios ante la entidad territorial esto es, entre el 14 de
agosto de 2001 y el 1 de julio de 2005.
30. El 20 de marzo de 2015, el demandante solicitó el reajuste pensional de la
asignación con base en los nuevos períodos de cotización efectuados por la
Gobernación de Antioquia que daban lugar a modificar las semanas trabajadas y
la tasa de reemplazo aplicada. A través de la Resolución No. GNR 213058 del
16 de julio de 201518, Colpensiones negó la petición bajo el argumento de que (i)
la Resolución No. 111163 del 25 de noviembre de 2013 no le era oponible y (ii)
los términos de reconocimiento de la pensión fueron cumplidos de conformidad
con la orden dictada por el Juzgado 011 Laboral de Medellín, de ahí que no fuera
posible aumentar las 1029 semanas inicialmente verificadas.
31. A través de la Resolución No. GNR 355264 del 10 de noviembre de 201519,
Colpensiones resolvió el recurso de reposición formulado por el demandante y
decidió confirmar integralmente la decisión del 16 de julio de 2015.
32. Mediante la Resolución No. VPB 18910 del 25 de abril de 201620, expedida
durante el transcurso del proceso judicial, Colpensiones resolvió negar el recurso
de apelación y confirmó su postura. Verificó el cumplimiento de los requisitos
pensionales en el caso en concreto y determinó que el señor Montoya acreditó
un total de 1.143 semanas de cotización, discriminadas de la siguiente manera:
“Que el apelante efectuó las siguientes cotizaciones:
Con el Instituto de Seguros Sociales y/o Colpensiones:
ENTIDAD LABORÓ DESDE HASTA NOVEDAD
CONALJUR LTDA 20/04/1983 19/09/1983 TIEMPO SERVICIO
CIA NAL ASESORIA 11/10/1983 29/02/1984 TIEMPO SERVICIO
JURIDICA
CIA NAL ASESORIA 01/03/1984 30/03/1984 TIEMPO SERVICIO
JURIDICA
MARIO DE J 01/02/2004 31/05/2004 TIEMPO SERVICIO
MONTOYA CORTES
MARIO DE J 01/07/2004 31/08/2004 TIEMPO SERVICIO
MONTOYA CORTES
MARIO DE J 01/09/2004 30/09/2004 TIEMPO SERVICIO
MONTOYA CORTES
MARIO DE J 01/10/2004 31/10/2004 TIEMPO SERVICIO
MONTOYA CORTES
MARIO DE J 01/11/2004 28/02/2005 TIEMPO SERVICIO
MONTOYA CORTES
MARIO DE J 01/03/2005 01/07/2005 TIEMPO SERVICIO
MONTOYA CORTES
Con la Caja de Previsión Social de Comunicaciones – CAPRECOM:
18 Expediente digital 05001233300020160120801, índice 00005 de Samai archivo “ED_C1_01
DEMANDA - DEMANDA CON PODER Y ANEXOS”, folios 23 – 24 (reversos), p. 32 – 35.
19 Ibidem, folios 31 - 33 (reversos), p. 41 – 47.
20 Expediente digital 05001233300020160120801, índice 00005 de Samai archivo “ED_C1_12
CONTESTACION DE LA DEMANDA - CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA COLPENSIONES,
CON SUSTITUCIÓN DE PODER”, folios 68 – 70 (reversos), p. 7 – 12.
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Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 05001-23-33-000-2016-01208-01 (3571-2023)
Demandante: Mario de Jesús Montoya Cortés
ENTIDAD LABORÓ DESDE HASTA NOVEDAD
MIN 04/02/1962 03/06/1964 TIEMPO SERVICIO
COMUNICACIONES
MIN 04/06/1964 04/06/1964 TIEMPO SERVICIO
COMUNICACIONES
Con la Caja Agraria cuyos tiempos está[n] a cargo del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público:
ENTIDAD LABORÓ DESDE HASTA NOVEDAD
13 CAJA AGRARIA 05/06/1964 10/01/1970 TIEMPO SERVICIO
Con el Municipio de Amagá (Antioquia):
ENTIDAD LABORÓ DESDE HASTA NOVEDAD
MUN AMAGA 01/01/1977 31/08/1977 TIEMPO SERVICIO
Con el Departamento de Antioquia:
ENTIDAD LABORÓ DESDE HASTA NOVEDAD
DPTO ANT 04/08/1984 20/11/1986 TIEMPO SERVICIO
DPTO ANT 02/01/1991 23/01/1991 TIEMPO SERVICIO
DPTO ANT 21/02/1994 15/09/1997 TIEMPO SERVICIO
DPTO ANT 13/12/1997 30/01/2004 TIEMPO SERVICIO
33. Pese a que Colpensiones no incluyó los períodos de cotización
reconocidos por la Gobernación de Antioquia, realizó un nuevo estudio de
reliquidación pensional en los términos de la Ley 71 de 1988 y la Ley 797 de 2003
y concluyó que estos no le eran más favorables, razón por la cual no había lugar
a conceder el reajuste.
34. Conforme el artículo 13 del Acuerdo 049 de 1990, la liquidación de la
pensión de vejez tendrá en cuenta hasta la última semana efectivamente
cotizada, de tal manera y de acuerdo a las pruebas anteriormente reseñadas, la
Sala concluye que los períodos de cotización causados entre el 14 de agosto de
2001 y el 1 de julio de 2005 sí deben ser incluidos dentro de las semanas que el
demandante acreditó como trabajadas, al mismo tiempo que la tasa de
reemplazo debe ser modificada según las reglas de integración fijadas en el
parágrafo 2° del artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990.
35. Lo anterior, por cuanto: (i) el señor Montoya efectuó cotizaciones ante el
ISS desde 1983, circunstancia que evidencia que su afiliación al sistema ocurrió,
por lo menos 10 años antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, y
(ii) porque la Resolución No. VPB 18910 del 25 de abril de 2016 demostró que
Colpensiones sí tuvo en cuenta tiempos de servicio cotizados a entidades distin-
tas al ISS, lo que desvirtúa los argumentos expuestos en el recurso de apelación,
relacionados con la supuesta exclusividad de las cotizaciones ante dicho instituto.
Este criterio coincide con la postura de la Sala reseñada en los párrafos 21 y 22
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Demandante: Mario de Jesús Montoya Cortés
de esta providencia, así como con la sentencia SU-769 de 2014 de la Corte Cons-
titucional.
36. Por todo lo anterior, la Sala confirmará la decisión de primera instancia
consistente en acceder a las pretensiones de la demanda y restablecer el
derecho.
Condena en costas
37. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
Corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo an-
terior, de una lectura armónica y útil de la norma, se colige que la aludida reforma
de ninguna manera significó un desconocimiento o alteración del criterio objetivo
que gobierna esta materia.
38. Así las cosas, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liqui-
dación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta
la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
39. En consecuencia, y teniendo en cuenta que se confirmará la sentencia
apelada, se impondrán costas a la parte demandada en segunda instancia, por
cuanto se niegan en su totalidad las peticiones del recurso de apelación. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el despacho ponente de la primera instancia y las expensas
serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley
IV. RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR FUNDADO el impedimento que manifestó el consejero
de Estado Jorge Iván Duque Gutiérrez. En consecuencia, se le separa del cono-
cimiento del presente asunto.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 31 de marzo de 2023 dictada por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual se accedió a las pre-
tensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida
por Mario de Jesús Montoya Cortés en contra de la Administradora Colombiana
de Pensiones, Colpensiones.
TERCERO. CONDENAR EN COSTAS en segunda instancia a Colpensiones
en favor del señor Montoya. Para el efecto, las agencias en derecho serán fijadas
por el despacho sustanciador de primera instancia y las expensas serán liquida-
das por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia.
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Demandante: Mario de Jesús Montoya Cortés
CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integri-
dad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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