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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04860-00

Fecha
2 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04860-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Niégase el amparo invocado, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-04860-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

2 de septiembre de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, dos (2) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04860-00
Demandante: MARÍA AUXILIADORA BASILIO RODRÍGUEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Y OTRO
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
PENSIÓN DE JUBILACIÓN. ACUMULACIÓN DE SEMANAS
COTIZADAS. AFILIACIÓN AL ISS. DESCONOCIMIENTO DEL
PRECEDENTE JUDICIAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
SOBRE LA APLICACIÓN ULTRACTIVA DEL ACUERDO 049
DE 1990 PARA QUIENES NO ESTABAN AFILIADOS O
COTIZABAN AL ISS A LA FECHA DE ENTRADA EN
VIGENCIA DE LA LEY 100 DE 1993 Y ERAN BENEFICIARIOS
DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN.

Síntesis del caso: la demandante consideró que la autoridad demandada vulneró sus derechos
fundamentales en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con ocasión del
fallo que negó el reconocimiento de la pensión de vejez, por cuanto, a su juicio, incurrió en los
defectos sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución.
La Sala negará la acción de tutela, tras verificar que no se configuraron los defectos invocados.

La Sala decide la acción de tutela1 presentada, a través de apoderado judicial, por la señora
María Auxiliadora Basilio Rodríguez en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia y la
Administradora Colombiana de pensiones (Colpensiones) para la protección de sus
derechos fundamentales del debido proceso, igualdad, seguridad social, mínimo vital y vida
digna consagrados en los artículos 29, 13, 48 y 11 de la Constitución Política,
presuntamente vulnerados con ocasión de la sentencia de 29 de julio de 2025 proferida por
dicha autoridad judicial.

I. ANTECEDENTES

Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:

1 Mediante escrito radicado el 5 de agosto de 2025, índice 2, Samai.

2
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04860-00
Demandante: María Auxiliadora Basilio Rodríguez
Acción de tutela

1) La señora María Auxiliadora Basilio Rodríguez laboró para distintos empleadores de
manera ininterrumpida en el sector público y fue afiliada al Régimen de Prima Media con
Prestación Definida desde el 17 de mayo de 1988, a través del departamento de Antioquia.

2) Nació el 23 de marzo de 1950, por lo que, para el 30 de junio de 1995, fecha de entrada
en vigor de la Ley 100 de 1993, tenía una edad superior a los 35 años.

3) El 23 de marzo de 2005, cumplió 55 años y, además, alcanzó todos los requisitos para la
causación y disfrute de la pensión de vejez, puesto que había superado las 500 semanas
cotizadas en los últimos 20 años anteriores a la fecha de cumplimiento.

4) El 22 de octubre de 2020, la actora solicitó el reconocimiento de la pensión de vejez, pero
no obtuvo respuesta por parte de Colpensiones.

5) Presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de Colpensiones,
para que se declarara la nulidad del acto administrativo ficto que le negó el reconocimiento
y pago de su pensión de jubilación.

6) En sentencia de 6 de septiembre de 2024, el Juzgado Veintidós Administrativo del
Circuito Judicial de Medellín2 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, por
cuanto la demandante cumplía los requisitos contenidos en el Acuerdo 049 de 1990,
aprobado mediante Decreto 758 del mismo año, para acceder a la pensión de vejez, pues,
contaba con 500 semanas dentro de los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la
edad.

7) Colpensiones apeló la decisión, en la medida que la demandante no cumplía con los
requisitos exigidos por la Ley 71 de 1988 ni por la Ley 100 de 1993, por no acreditar las
semanas mínimas requeridas; además, porque tampoco era procedente la aplicación del
Decreto 758 de 1990, dado que la afiliación al ISS se produjo en 1997, es decir, con
posterioridad a la entrada en vigor del Sistema General de Pensiones, lo cual impedía
reconocer una expectativa legítima para acceder al régimen anterior.

8) A través de la sentencia de 29 de julio de 20253, el Tribunal Administrativo de Antioquia
revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, en

2 Proceso con radicación no. 05001 33 33 022 2023 00512 00/01.

3 Decisión notificada el 31 de julio de 2025.

3
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Demandante: María Auxiliadora Basilio Rodríguez
Acción de tutela

consideración a que la señora Basilio Rodríguez desarrolló su vida laboral exclusivamente
como servidora pública y cotizó a una caja de previsión del sector oficial, sin que obrara
prueba alguna de afiliación o cotización al Instituto de Seguros Sociales (ISS) antes de la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, por lo que no podía predicarse que tuviera una
expectativa legítima de pensionarse bajo el régimen previsto en el Acuerdo 049 de 1990, el
cual estaba reservado para los afiliados al ISS.

Fundamentos de la vulneración

La parte demandante señaló que las autoridades demandadas vulneraron sus derechos
constitucionales fundamentales antes mencionados, con ocasión del fallo del 29 de julio de
2025, por cuanto, a su juicio, incurrieron en los defectos sustantivo, desconocimiento del
precedente judicial y violación directa de la Constitución.

En cuanto al defecto sustantivo, señaló que el tribunal interpretó equivocadamente el
Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el artículo 1 del Decreto 758 de 1990, pues, obvió que
se admite la posibilidad de acumular tiempos públicos y privados para la aplicación de las
disposiciones de esa norma, independientemente de si la afiliación al ISS se dio antes o con
posterioridad a la entrada en vigor del Sistema de Seguridad Social Integral.

Frente al desconocimiento del precedente judicial, sostuvo que no se observó el precedente
pacífico, reiterado y unificado de la Corte Constitucional4, según el cual es perfectamente
posible aplicar el Acuerdo 049 de 1990 y acumular cotizaciones en el marco de dicha
normativa, así el solicitante no haya estado afiliado al ISS antes de la entrada en vigencia
de la Ley 100 de 1993, siempre que haya estado vinculado a algún otro régimen pensional.

Por último, afirmó que se violó de forma directa la Constitución, pues, en el momento en el
que se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal, como el Acuerdo 049 de 1990, de
conformidad con el precedente constitucional fijado por la Corte Constitucional, se
vulneraron los derechos fundamentales de la señora Basilio Rodríguez, quien en la
actualidad tiene más de 75 años de edad y no cuenta con ingresos para satisfacer sus
necesidades básicas y para suplir el tratamiento de las enfermedades degenerativas y
crónicas que padece, como hipertensión arterial y artrosis.

4 Sentencias T 370/2016, T-522 de 2020, SU-049 de 2024, SU-273 de 2022 y la SU-317 de 2021.

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Demandante: María Auxiliadora Basilio Rodríguez
Acción de tutela

Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó el amparo de las siguientes
súplicas:

“1 Con base en los hechos narrados, así como en los fundamentos de
constitucionales expresados, solicito se TUTELE los derechos fundamentales a la
Igualdad, Debido Proceso, Seguridad Social, Seguridad Jurídica, Favorabilidad,
Mínimo Vital, Vida Digna y Dignidad Humana consagrados en los artículos 13, 29,
48, 230, 53, Art. 1 y Preámbulo, y como consecuencia de ello, se REVOQUE o se
DEJE SIN EFECTOS la decisión proferida por la Tribunal Administrativo de
Antioquia, sentencia en el radicado 05001333302220230051201 del 29 de julio de
2025, en cuanto decidió Revocar la sentencia de primera instancia, y como
consecuencia, solicito a través de esta acción de tutela que sea confirmada la
sentencia de primera instancia del Juzgado 22 Administrativo del Circuito de
Medellín del 6 de septiembre de 2024 dentro del referido radicado, misma que
reconoció la prestación económica de pensión de vejez con el respectivo
retroactivo pensional.”. (archivo disponible en medio magnético en el aplicativo
SAMAI, índice 2)

Actuación procesal

Mediante auto de 11 de agosto de 20255 se admitió la acción de tutela y se ordenó la
notificación a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo de Antioquia, al
director de la Administradora Colombiana de pensiones (Colpensiones) y al titular del
Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito Judicial de Medellín con el fin de que allegaran
un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

Intervenciones de las autoridades demandadas

El magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Antioquia6 afirmó que no se amenazó
ninguno de los derechos fundamentales invocados, puesto que la sentencia de segunda
instancia se fundamentó en el análisis del régimen de transición y la normativa aplicable.

Como la demandante no estaba afiliada al Instituto de Seguros Sociales (ISS) antes del 1
de abril de 1994, era imposible aplicar el Acuerdo 049 de 1990, interpretación que se
encuentra plenamente respaldada por reciente jurisprudencia de la propia Sección Segunda
del Consejo de Estado, que exige dicha afiliación para poder consolidar una expectativa

5 Índice 4, Samai.

6 Índice 9, samai.

5
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04860-00
Demandante: María Auxiliadora Basilio Rodríguez
Acción de tutela

legítima7, apartándose con razones válidas del criterio de la Corte Constitucional que no lo
hace.

El titular del Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito Judicial de Medellín8 sostuvo que
en la providencia cuestionada no se expusieron de manera suficiente las razones por las
cuales el tribunal se apartó del precedente unificado de la Corte Constitucional sobre la
aplicación ultractiva del Decreto 758 de 1990, se limitó únicamente a explicar fundamentos
contrarios a la tesis constitucional, sin que se hubiere demostrado un cambio normativo o
transformación social como presupuestos para apartarse de las decisiones judiciales
constitucionales.

Colpensiones indicó que no se ha materializado ningún vicio, defecto o vulneración de
derechos fundamentales por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia; además, solicitó
la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela, en la medida que los fundamentos
ya fueron resueltos en el proceso ordinario.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una
autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o
variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

7 Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, sentencia del 30 de enero de 2025, radicación

no. 08001-23-33-000-2017-00049-01 (4288-2024), MP Jorge Iván Duque Gutiérrez.
8 Índice 10, Samai.

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Demandante: María Auxiliadora Basilio Rodríguez
Acción de tutela

El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo de Antioquia y a Colpensiones con el fin de que se protejan los derechos
constitucionales fundamentales antes mencionados, presuntamente vulnerados con
ocasión de la providencia de 29 de julio de 2025, por cuanto, a su juicio, incurrió en los
defectos sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la
Constitución.

Ahora bien, como cuestión previa es preciso aclarar que si bien en el proceso de acción de
tutela se alegaron los defectos sustantivo, violación directa de la Constitución y
desconocimiento del precedente judicial, lo cierto es que a partir de la lectura integral del
escrito de amparo se advierte que todos esos reparos, en realidad, tienen relación directa
con el presunto desconocimiento de la jurisprudencia unificada de la Corte Constitucional
según la cual es perfectamente posible aplicar el Acuerdo 049 de 1990 y acumular
cotizaciones en el marco de dicha normativa, así el solicitante no haya estado afiliado al ISS
antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, siempre que haya estado vinculado
a algún otro régimen pensional; por consiguiente, se procederá a realizar el análisis
únicamente frente al último de los defectos mencionados pues los argumentos relacionados
con los otros también constituyen un desconocimiento del precedente judicial, por lo que se
valorarán bajo esa óptica.

No sobra recordar que dicho estudio procederá, si y solo si, se supera el examen de los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia, la Sala negará el amparo
invocado, por las razones que pasan a explicarse:

El presente caso cumple los requisitos genéricos de procedibilidad enunciados por la
jurisprudencia constitucional, por cuanto: i) se agotaron todos los medios de defensa judicial
disponibles al alcance de la persona afectada ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo; ii) se cumplió con el requisito de la inmediatez, si se tiene en cuenta que la
acción fue promovida dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la providencia
atacada9 ; iii) el presente caso no se trata de una irregularidad procesal que deba ser tenida
como un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos

9 La sentencia fue notificada el 31 de julio de 2025 y la demanda se presentó el 5 de agosto del mismo año.

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Demandante: María Auxiliadora Basilio Rodríguez
Acción de tutela

fundamentales de la parte actora; iv) la parte demandante identificó de manera razonable
tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron, v)
no se ataca una sentencia de tutela.

Asimismo, vi) la cuestión que se discute resulta de relevancia constitucional, por cuanto se
alegó la configuración del desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional, lo
cual conllevó a que se declarara que no había lugar a acceder al reconocimiento y pago de
la pensión de jubilación debido a que la demandante no estaba afiliada y no cotizaba al ISS
antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, aspecto que no constituye una
reiteración de lo debatido en el proceso ordinario y, por tanto, no fue objeto de apelación,
ya que corresponde a lo decidido en la segunda instancia.

2.1 Análisis del desconocimiento del precedente judicial en el caso concreto

1) La demandante mencionó que el tribunal no observó lo dispuesto en unas sentencias de
la Corte Constitucional10, en las cuales se puso de presente que es factible la aplicación del
Acuerdo 049 de 1990 y la acumulación de cotizaciones en el marco de dicha normativa,
incluso en aquellos casos en los que el solicitante no haya estado afiliado o haya cotizado
al Instituto de Seguros Sociales con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de
1993, pero que haya estado vinculado a algún otro régimen pensional.

2) A partir del estudio de las sentencias invocadas como desconocidas por la actora, la Sala
advierte que, en efecto, la Corte Constitucional indicó que no es posible condicionar la
aplicación ultractiva del Acuerdo 049 de 1990 para quienes son beneficiarios del régimen
de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al requisito de que hubiesen
estado afiliados o cotizado al ISS, antes de la entrada en vigencia de la mencionada ley.

3) Es decir, no existe discusión en que en tales decisiones la Corte sostuvo que no era
necesario haber cotizado al ISS antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 para
hacerse beneficiario del régimen de transición y pensionarse con las normas del Acuerdo
049 de 1990.

4) Sin embargo, la Sala también debe poner de relieve que en la sentencia del 29 de julio
de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia señaló que se apartaba del criterio de la

10 Sentencias T 370/2016, T-522 de 2020, SU-049 de 2024, SU-273 de 2022 y la SU-317 de 2021.

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Corte Constitucional, con base en la jurisprudencia vigente de la Sección Segunda del
Consejo de Estado sobre la materia11, la cual fue clara en señalar que, si bien para acceder
a la pensión de jubilación con base en el Acuerdo 049 de 1990 no era requisito indispensable
haber realizado las cotizaciones de manera exclusiva al ISS, sí era necesario que al
momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 el peticionario se encontrara afiliado al
régimen del cual se predicaba su aplicación, porque la norma aplicable era aquella sobre la
cual la persona tenía una expectativa legítima de pensionarse.

5) Es decir, el tribunal accionado cumplió con la carga argumentativa suficiente para, a pesar
de reconocer la existencia de un precedente, apartarse válidamente de él con base en
razones justificadas y que, además, se acompasan con el criterio que el tribunal de cierre
de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo ha adoptado en la materia12.

6) En esa medida, concluyó que como no se demostró que la demandante tuviera una
expectativa legítima de pensionarse bajo el régimen previsto en el Acuerdo 049 de 1990, en
la medida en que no existía evidencia de que hubiere estado afiliada al ISS bajo los términos
de esa normativa, antes del 1º de abril de 1994, era imposible que se le “respetara” la
supuesta expectativa que aducía tener para pensionarse con base en un régimen que nunca
tuvo y, por ende, no era posible que se le reconociera la pensión de jubilación tal como lo
pretendía, así:

“[H]abiendo llegado hasta este punto, no puede perderse de vista que
recientemente la Sección Segunda del Consejo de Estado, a la hora de
resolver un caso similar al que aquí se trae a conocimiento, se apartó de la
posición de la Corte Constitucional cuando permite acumular “(…)
cotizaciones a cajas o fondos de previsión con las efectuadas al ISS, pero
añadiendo que la acumulación es factible independientemente de si la afiliación al
instituto fue posterior a la entrada en vigencia de la Ley 100, por tratarse de una
exigencia no contemplada en el Acuerdo 049 de 1990”. Para ello, el máximo
órgano de lo contencioso administrativo desarrolló su postura en tres
segmentos de análisis, a saber:

1. “Porque el beneficiario del régimen de transición que pretenda la
aplicación de los requisitos de edad, semanas cotizadas y monto
previstos en el Acuerdo 049 de 1990 para poder pensionarse, debe
demostrar que estuvo afiliado al ISS para la fecha en que entró a regir la
Ley 100 de 1993 o que hizo cotizaciones al citado fondo de previsión en
algún momento, anterior al 1.° de abril de 1994”: en este punto, sostuvo en
la Sección Segunda del Consejo de Estado que el régimen de transición
protegió las expectativas legítimas de quienes estaban próximos a

11 Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, sentencia del 17 de junio de 2021, radicación

no. 47001-23-33-000-2016-00442-01 (3831-2019), MP Gabriel Valbuena Hernández; sentencia del 30 de
enero de 2025, radicación no. 08001-23-33-000-2017-00049-01 (4288-2024), MP Jorge Iván Duque Gutiérrez.
12 Ibidem.

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pensionarse bajo un régimen anterior; de modo que esa expectativa solo
existe si la persona estaba afiliada al régimen cuya aplicación pretende.

2. “Porque la norma pensional cuya aplicación se predica no puede ser
aplicada en virtud del principio de favorabilidad en materia laboral”: desde
ahí, sustentó la Corporación que el Acuerdo 049 de 1990 -aprobado por el
Decreto 758 de 1990 – no puede aplicarse por favorabilidad si no era el
régimen aplicable al caso.”

Así las cosas, resalta que el principio de favorabilidad solo opera entre
normas que regulan la misma situación fáctica y, seguidamente, explica que
los regímenes pensionales anteriores a la Ley 100 (Ley 33 de 1985, Ley 71 de
1988 y Acuerdo 049 de 1990) eran excluyentes; motivo por el cual concluyó que
no era posible aplicar el Acuerdo 049 porque:

i) a la fecha en que entró a funcionar el sistema general de seguridad social
en pensiones la interesada no tenía una expectativa legítima de
pensionarse bajo los postulados del Acuerdo 049 de 1990; y ii) si bien por
la cantidad de regímenes pensionales que existían, las condiciones de edad,
tiempo de servicios o monto podían variar de uno a otro, de modo que podría
decirse que había varias normas que regulaban situaciones similares, no
significa que todas fueran aplicables en todos los casos porque exigían
requisitos diferentes.

3. “Porque el precedente constitucional en el que se sustenta la tesis de que
para la aplicación del Acuerdo 049 de 1990 no se requiere de afiliación al ISS
previa al 1.° de abril de 1994, se funda en premisas desacertadas o
inaplicables al caso”: en este último punto, precisa que en los casos analizados
por la Corte Constitucional sí existía afiliación previa al ISS, aunque no se
destacara en la decisión. Asimismo, contempla que en ellas no se analizó de
fondo la necesidad de afiliación previa, sino que se centró en la acumulación
de tiempos.

(…).

Desde luego, el anterior contexto jurisprudencial aplicado al caso concreto
permite concluir que la señora Basilio Rodríguez desarrolló su vida laboral
exclusivamente como servidora pública, cotizando a una caja de previsión
del sector oficial, sin que obre prueba alguna de afiliación o cotización al
Instituto de Seguros Sociales (ISS) antes de la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993. En consecuencia, no puede predicarse que tuviera una
expectativa legítima de pensionarse bajo el régimen previsto en el Acuerdo
049 de 1990, el cual estaba reservado para los afiliados al ISS.

Entonces, la aplicación del Acuerdo 049 en el marco del régimen de transición
exige que el solicitante haya estado afiliado al ISS o haya efectuado cotizaciones
a dicho instituto antes del 1.º de abril de 1994. Exigencia esta que responde a la
necesidad de proteger únicamente aquellas expectativas legítimas que se
hubieran consolidado bajo el régimen anterior al cual se encontraba efectivamente
vinculado el trabajador.

Por tanto, al no cumplirse este presupuesto esencial, no es jurídicamente viable
aplicar el Acuerdo 049 de 1990 para el reconocimiento de la pensión solicitada,
razón por la cual se hace necesario REVOCAR en su integridad la sentencia del 6
de septiembre de 2024 y, en su lugar, negar las pretensiones.”. (archivo disponible
en medio magnético en el aplicativo SAMAI, índice 8, negrillas de la Sala)

9) En esa medida, la Sala observa que la interpretación del tribunal es razonable y conforme
con la postura vigente de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la cual resulta

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vinculante en el ámbito de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, puesto que, en
primer lugar, aplicó el criterio más reciente de la Corporación que ha precisado que el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 establece que el régimen pensional aplicable a los
beneficiarios del régimen de transición es aquel en el que efectivamente se encontraba
afiliado el trabajador al momento de la entrada en vigencia del sistema general de
pensiones.

10) En segundo lugar, la autoridad judicial demandada justificó de manera expresa las
razones por las cuales se apartó de la postura adoptada por la Corte Constitucional, decisión
que se sustentó en que el precedente con fuerza obligatoria era el del Consejo de Estado,
el cual desarrolló un entendimiento distinto sobre el alcance del régimen de transición, que
protege principalmente a quienes tenían una expectativa cierta de pensionarse sobre un
régimen específico.

11) Al acoger la línea de su juez de cierre, el tribunal actuó dentro de los márgenes de su
competencia, con el respeto al principio de autonomía judicial y a la obligación de motivar
las razones por las cuales se acoge un precedente específico.

12) En virtud de lo anterior, el tribunal explicó que la demandante carecía de una expectativa
legítima de pensionarse bajo el régimen previsto en el Acuerdo 049 de 1990, debido a que
antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 efectuaba sus aportes en una caja de
previsión social del sector oficial y no se encontraba afiliada ni cotizaba al Instituto de
Seguros Sociales (ISS).

13) El régimen de transición tiene como finalidad proteger las expectativas consolidadas de
quienes estaban próximos a pensionarse conforme a un régimen específico, pero en este
caso no se trataba de una expectativa cierta ni jurídicamente protegida, sino de una simple
aspiración, argumentación que se encuentra conforme con la interpretación del Consejo de
Estado, que ha reiterado que la protección del régimen de transición no puede extenderse
a normas de las que el afiliado nunca fue parte ni en las que no tuvo una expectativa
consolidada.

14) Finalmente, la autoridad judicial demandada cumplió con el deber de motivación de las
sentencias, en tanto expuso con claridad los fundamentos normativos y jurisprudenciales
que sustentaban su decisión, y explicó de manera detallada por qué acogía el criterio del
Consejo de Estado y no el de la Corte Constitucional, motivación que no se limitó a una
mera cita de jurisprudencia, sino que incluyó un análisis específico del caso concreto, con

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aplicación de los criterios doctrinales a la situación particular de la demandante, lo cual
demuestra que no se incurrió en un desconocimiento del precedente judicial, sino que existió
una aplicación razonada y fundada en derecho de la línea jurisprudencial del juez de cierre
de la jurisdicción contencioso administrativa.

15) En consecuencia, la decisión del tribunal no desconoció el precedente judicial, sino que
se enmarcó en el respeto de la jurisprudencia del Consejo de Estado, y los principios de
autonomía y motivación judicial, por lo que se negará el amparo invocado, por las razones
hasta aquí expuestas.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º) Niégase el amparo invocado, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama, telefónica,
electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

3°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, una
vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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