Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-01738-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-01738-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2018-01738-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
3 de abril de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Radicado : 05001-23-33-000-2018-01738-01 (0261-2024)
Demandante : Ruth Duque Vásquez
Demandada : Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones1)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Reliquidación pensional. Régimen de transición Ley 100 de
1993. Decreto 758 de 1990.
Decisión : Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante en contra de
la sentencia del 4 de octubre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, que negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda.
1.1 Pretensiones.
La señora Ruth Duque Vásquez, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la
jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar la nulidad de las
Resoluciones GNR 202100 de 8 de agosto de 2013, GNR 348643 de 4 de
noviembre de 2015, VPB 9335 de 25 de febrero de 2016, SUB 21601 de 29 de
marzo de 2017, DIR 6605 de 25 de mayo de 2017, SUB 280821 de 6 de diciembre
de 2017 y DIR 1855 de 26 de enero de 2018.
1.2 A título de restablecimiento del derecho, deprecó que se condene a la
accionada a: (i) reconocerle su categoría de beneficiaria del régimen de transición
1 En adelante Colpensiones.
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Demandante: Ruth Duque Vásquez
Demandada: Colpensiones
de la Ley 100 de 1993, en consecuencia, se reliquide su pensión de vejez, conforme
al numeral 1° de la Ley 33 de 1985, modificado por el artículo 1° de la Ley 62 de
1985, artículo 45 del Decreto 1045 de 1984, esto es, con inclusión de todos los
factores salariales que devengó en el último año de servicios, del 1° de enero de
2014 al 1° de enero de 2015, promedio que alcanzó según certificación $ 6.215.630
m/cte., o en su defecto, el mayor valor que se pruebe en el proceso, hasta que se
haga efectivo el reajuste pensional indexado y con retroactividad, cuyo porcentaje
del 75% sobre el IBL equivale a $ 4.661.722 m/cte., valor que para el 2018 de
acuerdo con el IPC sería de $ 5.553.010 m/cte.
(ii) Pagar las diferencias que resulten entre el monto de la pensión reconocida y el
monto de la pensión reliquidada en los términos ordenados en la Ley 33 de 1985,
numeral 1° del artículo 1°, modificado este último por el artículo 1° de la Ley 62 de
1985, y la sentencia de unificación del Consejo de Estado de 4 de agosto de 2010
y demás sentencias proferidas en tal sentido, es decir, mes a mes, con las
correspondientes mesadas adicionales, desde el 1° de enero de 2015, fecha de
causación del derecho, hasta el momento del pago efectivo de la misma.
(iii) La liquidación de las anteriores condenas deberá efectuarse en sumas líquidas
y deben ajustarse conforme al artículo 187 inciso final del CPACA, ajustada
monetariamente a lo que, por las normas citadas, y la jurisprudencia le corresponde
como beneficiaria del régimen de transición pensional, de conformidad con la Ley
100 de 1993, artículo 36.
(iv) Ordenar a Colpensiones reconocer el reajuste pensional solicitado y repetir
contra el municipio por los valores de cotización no aportados, debido a que esa
entidad territorial, en calidad de empleadora, liquidó y realizó aportes sobre la
asignación básica mensual, sin tomar en consideración los demás factores
salariales que deben formar base para el reconocimiento y pago de la pensión.
(v) Condenar en costas y agencias en derecho, conforme al artículo 188 del CPACA.
Subsidiariamente, solicitó que, en caso de no accederse a las pretensiones
principales en los términos expuestos, se le ordene a Colpensiones, que haga los
ajustes y reconocimientos en dinero correspondientes por los días y meses no
tenidos en cuenta en la reliquidación con base en los 10 últimos años de servicios,
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Demandada: Colpensiones
por cuanto la pensión resulta deficitaria; (ii) se ordene la tasa de reemplazo del 90%
y no el 78%, por ser beneficiaria del régimen de transición y tener más de 1.250
semanas cotizadas, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990,
aprobado por el Decreto 758 del mismo año, y las sentencias que se han emitido en
dicho sentido, tal como lo ha venido solicitando.
1.3 Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:
La demandante laboró durante más de 28 años como servidora pública, tiempo
durante el cual cotizó a las entidades: Cajanal, Instituto de Seguros Sociales (ISS)
y Colpensiones.
Agregó que cumplió con los requisitos para obtener la pensión de vejez y a la
entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, es decir para el 30 de junio de 1995, fecha
en que dicha ley empezó a regir, contaba con más de 35 años de edad, por tanto,
es beneficiaria del régimen de transición, según el inciso segundo del artículo 36 de
esa ley.
Resaltó que su pensión está regulada por la Ley 33 de 1985, artículo 1°, modificado
este último por el artículo 1° de la Ley 62 de 1985, por ser la norma que le resulta
más favorable.
El 12 de diciembre del año 2012, solicitó a Colpensiones el reconocimiento y pago
de la misma. Entidad que, mediante Resolución GNR 202100 del 8 de agosto de
2013, reconoció su pensión de vejez por un valor de $ 3.375.770 m/cte., de
conformidad con la Ley 71 de 1988, la que empezó a disfrutar a partir del 1° de
enero de 2015, fecha de su retiro.
A pesar de ser beneficiaria del régimen de transición, Colpensiones, en abierto
desconocimiento de su legítimo derecho a obtener la pensión de vejez, conforme a
la Ley 33 de 1985, artículo 1°, le reconoció una pensión deficitaria, por valor inferior
a la que legalmente corresponde.
El 24 de septiembre de 2015, solicitó ante Colpensiones la reliquidación de su
pensión de vejez, para que se diera aplicación a Ley 33 de 1985, en su artículo 1°,
modificado por la Ley 62 de 1985, en el sentido de tener en cuenta todos los factores
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Demandada: Colpensiones
salariales devengados en el último año de servicios. Dicha entidad, en respuesta a
la petición expidió la Resolución GNR 348643 del 4 de noviembre de 2015, por la
cual ordenó la reliquidación por un valor de $ 4.466.224 m/cte., con tasa de
reemplazo del 75%, lo que arroja un valor de $ 3.349.668, pero no realizó la
reliquidación en los términos solicitados en la reclamación, es decir, que se diera
aplicación al numeral 1° la Ley 33, modificado por la Ley 62 de 1985.
La actora, resaltó que, presentó recurso de apelación contra la anterior decisión, y
Colpensiones por Resolución VPB 9335 de 25 de febrero de 2016, decidió confirmar
en todas y cada una de sus partes la Resolución GNR 348643 de 4 de noviembre
de 2015, sin atender las consideraciones de hecho y de derecho expuestas.
Sin que mediara solicitud adicional, Colpensiones, mediante Resolución SUB 21601
de marzo 29 de 2017, resolvió un trámite de prestaciones económicas en el régimen
de prima media con prestación definida (vejez ordinaria), y realizó reliquidación de
la pensión, sobre un IBL de $ 4.862.034 m/cte., con tasa de reemplazo del 75%,
reconociendo los valores retroactivos pertinentes, pero en el IBL tomado en
consideración no se tuvo en cuenta los meses de septiembre, octubre, noviembre y
diciembre de 2013, meses que efectivamente laboró, porque su retiro fue el 1° de
enero de 2015, además toma como cotizados por menos de 30 días, los meses
octubre, noviembre y diciembre del año 2014, lo cual no es ajustado a la ley, porque
no toma todo el tiempo de cotizaciones, ni tampoco la tasa de reemplazo a la que
considera tener derecho del 90%.
Inconforme con la decisión, interpuso recurso de apelación, y para resolver el
recurso, se expide la Resolución DIR 6605 de 25 de mayo de 2017 que confirma en
todas sus partes la Resolución SUB 21601 de 29 de marzo de 2017.
El 14 de noviembre de 2017, a través de reclamación administrativa, la actora
solicitó a Colpensiones revisar la reliquidación de pensión de acuerdo con la
decisión tomada de aplicar la tasa de reemplazo del 78% a su pensión, para que en
su lugar se hiciera con el 90% de conformidad con el Decreto 758 de 1990, que
aprueba el Acuerdo 049 del mismo año, e igualmente se hicieran algunas
correcciones a su historia laboral por faltantes que se evidencian en los días
efectivamente laborados y cotizados por el empleador y que conllevan a un
promedio deficitario del tiempo de servicios para la reliquidación.
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Demandante: Ruth Duque Vásquez
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El 6 de diciembre de 2017, Colpensiones expidió la Resolución SUB 280821, por
medio de la cual resolvió un trámite de prestaciones económicas en el régimen de
prima media con prestación definida (vejez, ordinaria) y se consigna que «[…] con
respecto de que se aplique una tasa de reemplazo, del 90%, se aclara a la peticionaria que dicha
solicitud no es procedente toda vez que solo cuenta con 1054 semanas de cotización a esta entidad
y para la liquidación con el 758 de 1990, de manera exclusiva se toman las cotizaciones efectuadas
al régimen de prima media, por lo que para el cálculo no hacen parte los tiempos públicos no
cotizados a la entidad […]»
El 27 de diciembre de 2017, interpuso recurso de apelación contra la Resolución
SUB 280821 del 6 de diciembre de 2017. A través de la Resolución DIR 1855 de 26
de enero de 2018, se decide confirmar en todas y cada una de sus partes la
Resolución SUB 280821 de 6 de diciembre de 2017, sin atender las razones, ya que
el artículo 12 del Acuerdo 049, no exige que las cotizaciones se hayan efectuado de
manera exclusiva al Instituto de Seguros Sociales y lo dicho por la jurisprudencia.
Previa solicitud, su empleador, municipio de Medellín, expidió el 18 de octubre de
2017 certificación laboral discriminada de los valores devengados durante el último
año de servicios y la totalidad de los aportes pagados para pensión, toda vez que
Colpensiones según la Historia Laboral no le tuvo en cuenta todo el tiempo de
servicios laborados y cotizados, lo que hace irregular el promedio tomado por los 10
últimos años de servicios, para la reliquidación de la pensión.
Durante su tiempo de vinculación laboral, el municipio de Medellín realizó aportes
al Sistema de Seguridad Social, tomando como IBL la asignación básica mensual,
desconociendo los otros factores de pago que constituyen salario y, en
consecuencia, el valor de la pensión resultó deficitaria; por ello Colpensiones estaría
llamado a reconocer el reajuste de la pensión y repetir contra el empleador por las
cotizaciones no pagadas, al no tener en cuenta todo lo devengado, para obtener el
reconocimiento de la pensión como lo establece la Ley 33 de 1985, numeral 1°,
modificado por la Ley 62 de 1985.
1.4 Normas violadas y concepto de violación.
Refiere que se desconocieron las siguientes disposiciones: artículos 1, 2, 3, 4, 13,
25, 29, 48, 49, 53, 93 y 94 de la Constitución Política; artículos 1 y 3 de la Ley 33 de
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1985; Ley 62 de 1985; artículos 21, 36 y 150 de la Ley 100 de 1993; Decreto 1042
de 1978; Decreto 1045 de 1978; artículos 10 y 138 de la Ley 1437 de 2011; y
Convenio 095 de la OIT, aprobado en la Ley 54 de 1962.
La actora señaló que, la demandada violó esas normas, en la medida en que se
negó a reconocer la reliquidación de la pensión en los términos solicitados,
desconociendo la garantía legal en cuanto al monto de la pensión, derivada de la
condición de beneficiaria del régimen de transición previsto por el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993. En su concepto, la interpretación de la Ley 33 de 1985, modificada
por la Ley 62 del mismo año, supone que como la norma no enlista los factores
salariales que componen la base de liquidación pensional, se pueden incluir todos
aquellos devengados por el trabajador, previa deducción de los descuentos por
aportes que dejaron de efectuarse. Su inconformidad radica en que, en los actos
demandados, en su concepto, no se reconoció el derecho a la reliquidación
conforme a lo pedido, de ahí que se configure la causal de anulación de los actos
por haber sido expedidos con «desviación de poder».
2. Contestación de la demanda.
2.1 Colpensiones, se opuso a la prosperidad de todas las pretensiones de la
demanda, al indicar que es cierto que la actora es beneficiaria del régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, razón por la cual el
régimen pensional que la amparaba cuando entró a regir el Sistema General de
Pensiones era el previsto en la Ley 33 de 1985, considerando su condición de
servidora pública para la fecha referida. Y en virtud del principio de favorabilidad
consagrado en el artículo 288 de la Ley 100 de 1993, la pensión por vejez se le
confirió con fundamento en dicha normativa.
Por lo anterior, para el reconocimiento de su pensión de vejez, se tuvieron en cuenta
las condiciones de edad, tiempo de servicios y monto de la pensión establecidos en
la Ley 33 de 1985; pero en su caso, la pensión se calcula con el IBL establecido en
la Ley 100 de 1993, artículos 21 o 36.
En cuanto a los factores salariales, expuso que para los servidores públicos del
orden territorial o nacional están reglados por normas expresas, como son: artículo
18 Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 4 de la Ley 797 de 2003; Ley 4 de
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1992; y artículo 1 del Decreto 1158 de 1994, que modificó el Decreto 691 de 1994
y el artículo 6 del Decreto 1068 de 1995. Dichas normas taxativamente enumeran
los factores salariales que deben tomarse para efecto de la cotización al sistema
general de seguridad social integral y no están contemplados los factores salariales
como subsidio de transporte, prima de vacaciones, prima de navidad, prima de vida
cara. Si no fueron objeto de cotización, no podrán tomarse en cuenta por parte de
la Administradora de Pensiones para la base de liquidación de la pensión, por
expresa disposición constitucional y legal.
Propuso las excepciones que denominó: falta de causa para demandar, inexistencia
de la obligación de reliquidar pensión con factores salariales no reportados,
cumplimiento de las obligaciones a cargo de Colpensiones, cobro de lo no debido,
prescripción, pago y compensación, improcedencia de la sanción por mora de la
Ley 100 de 1993 e indexación de las condenas y buena fe.
3. La sentencia de primera instancia.
El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, a través de
sentencia proferida el 4 de octubre de 2023, negó las pretensiones de la demanda
y se abstuvo de condenar en costas a la parte vencida.
Para el efecto, la autoridad judicial concluyó que conforme el artículo 36 de la Ley
100 de 1993 la demandante se encuentra en régimen de transición, por cuanto para
el 30 de junio de 1995, fecha de entrada en vigencia de la ley para las entidades del
orden territorial, contaba con 42 años de edad, es decir que, tenía más de 35 años
de edad y, por tanto, tiene derecho a los beneficios del régimen de transición.
Además, la demandante conservó el régimen de transición en los términos del Acto
Legislativo 01 de 2005, por cuanto para el 27 de marzo de 2008 tenía más de 750
semanas cotizadas. De conformidad con las normas y la jurisprudencia citadas, el
servidor público que se encuentre en régimen de transición por reunir los requisitos
previstos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, modificado por el Acto Legislativo
01 de 2005, tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez con los
requisitos previstos en la Ley 33 de 1985, esto es, 55 años de edad, 20 años de
servicio y un monto de la pensión del 75%.
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Puntualizó que, según los actos administrativos, Colpensiones le reconoció la
pensión de vejez a la señora Ruth Duque Vásquez de acuerdo con los requisitos de
la Ley 33 de 1985, pero con un monto del 78% del sueldo básico y los factores
señalados en los Decretos 1158 de 1994 y 1068 de 1995, cotizados en los últimos
10 años de servicios. No se tuvieron en cuenta para dicho cálculo otros conceptos
devengados. En efecto, de acuerdo con las reglas fijadas por el Consejo de Estado
en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, la base de liquidación de
la pensión de jubilación ordinaria no puede incluir factores salariales extralegales o
factores salariales que no constituyan ingreso base de liquidación según los
Decretos 1158 de 1994 y 1068 de 1995.
Resaltó que la demandante solicita que se reliquide la pensión con los factores
devengados durante el último año de servicio o con una tasa de reemplazo del 90%.
De acuerdo con las normas citadas y la sentencia de unificación del Consejo de
Estado, solo pueden considerarse para la pensión los factores cotizados previstos
en los Decretos 1158 de 1994 y 1068 de 1995, y conforme a lo dispuesto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es decir lo cotizado.
Puso de presente que, incluso, Colpensiones le reconoció a la interesada la pensión
teniendo como base el 78%, según el Decreto 758 de 1990, pese a que la parte
actora, con anterioridad al 1° de abril de 1994, no solo había cotizado al entonces
Instituto de Seguro Social.
Finalmente, en lo que concierne a la condena en costas, consideró que no procede
contra la parte vencida, porque no se advierte conducta procesal que así lo
justifique, esto es, no se observa conducta temeraria o sin fundamento legal.
4. El recurso de apelación.
La actora interpuso recurso de apelación, en el sentido de discutir que la decisión
de primera instancia viola directamente la Constitución, al inaplicar el principio de
favorabilidad pensional, el artículo 12 del Decreto 758 de 1990, el in dubio pro
operario, las sentencias SU-769 de 2014, SU-273 de 2022, y el precedente
constitucional.
Insistió en que cotizó 1.514 semanas, las cuales le permiten que su pensión sea
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reliquidada con el 90% de tasa de reemplazo. Citó la sentencia SU-273 de 2022,
emitida por la Corte Constitucional, según la cual es posible la aplicación ultractiva
del Decreto 758 de 1990, para quienes pretenden el reconocimiento de la pensión
de vejez y son beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y no
estaban afiliados o eran cotizantes del ISS, hoy Colpensiones, antes de la entrada
en vigor de ese cuerpo normativo.
5. Trámite de segunda instancia.
Mediante auto del 3 de mayo de 2024, el despacho sustanciador admitió el recurso
interpuesto por la demandante, conforme al artículo 67 de la Ley 2080 de 20212, y
prescindió de la etapa de alegaciones.
VI. CONSIDERACIONES
6.1 Competencia
La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso
de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, se
precisa que, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP) 3, el juez
de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos en el recurso de apelación.
6.2 Problema jurídico
Corresponde a la Sala establecer si le asiste razón jurídica, o no, a la actora a que
su pensión de vejez sea reliquidada con una tasa de reemplazo del 90%, en
aplicación del Decreto 758 de 1990, en consonancia con el régimen de transición
2 Visible a folio 226 del expediente físico.
3 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia.»
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de la Ley 100 de 1993.
Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 6.3. Régimen pensional previsto en el Acuerdo 049 de 1999 (aprobado
mediante Decreto 758 de 1990); y 6.4. Caso concreto.
6.3 Marco normativo y jurisprudencial. Procede la Sala a realizar el
correspondiente análisis normativo a efectos de establecer la solución jurídicamente
correcta respecto del caso concreto.
6.3.1. Régimen pensional previsto en el Acuerdo 049 de 1999 (aprobado
mediante Decreto 758 de 1990)
El Decreto 758 de 19904, determinó para los afiliados del Seguro Social los
siguientes requisitos para beneficiarse de la pensión de vejez:
«Artículo 12. Requisitos de la pensión por vejez. Tendrán derecho a la pensión de vejez
las personas que reúnan los siguientes requisitos:
a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años
de edad, si se es mujer y,
b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos
veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado
un número de un mil (1.0.00) (sic) semanas de cotización, sufragadas en cualquier
tiempo.».
La Corte Suprema de Justicia, para verificar el cumplimiento del número de
semanas exigido por el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, consideraba que solo
era posible sumar los períodos cotizados al ISS. Esto se debía a que la norma, en
armonía con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, claramente establecía que esos
tiempos debían haber sido cotizados directamente a dicha entidad. Sobre el
particular, esa Corporación5 indicó:
4 «Por el cual se aprueba el Acuerdo número 049 de febrero 1° de 1990 emanado del Consejo Nacional de Seguros Sociales
Obligatorios».
5 Sentencias del 4 de noviembre de 2004 radicación 23611; del 23 de agosto de 2006 radicado 27651; del 19 de noviembre
de 2007 radicado 30187; y del 1.º de febrero de 2011 radicado 41703.
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«[…] Ahora bien, en lo que respecta al punto sometido a discusión en ambos ataques,
esto es, la posibilidad de sumar los tiempos laborados en el sector público a las
semanas cotizadas al ISS, para efectos de obtener un monto de pensión equivalente al
90% de ibl, conforme al parágrafo 2 del artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, ya ha
tenido oportunidad de pronunciarse la Sala en la sentencia del 23 de agosto de 2006
(rad. 27651), en donde se señaló, contrario a lo sostenido por el censor, que si el afiliado
era beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, el número de semanas cotizado sería el establecido en el régimen anterior en
donde se encontrare afiliado, esto es, en el presente caso, al previsto en el Acuerdo 049
de 1990, y a este régimen debía someterse íntegramente, sin que en él se establezca
la posibilidad de sumar cotizaciones realizadas a entidades diferentes al ISS. Se
dijo en esa oportunidad lo siguiente, que sirve para ilustrar el caso: [Resalta la Sala].
[…] Así las cosas, considera la Sala que la razón está de parte del juzgador de
segunda instancia, pues si la demandante es beneficiaria del régimen de
transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el número de
semanas cotizadas será el establecido en el régimen anterior al cual se
encontraba afiliada, esto es, al i.s.s y por lo tanto dicho requisito, deberá regirse
íntegramente por lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto
758 del mismo año.
Obviamente, tales cotizaciones deben haber sido efectuadas a esa entidad de
seguridad social, pues en el citado Acuerdo no hay disposición alguna que permita
sumarle otras efectuadas a cajas, fondos o entidades de seguridad social del
sector público o privado, como si lo autoriza la Ley 100 de 1993, en el artículo 33, en
armonía con el literal f de su artículo 13, para las pensiones de vejez que se rijan
íntegramente por ella.». (Resaltado del texto original).
En esos términos, para aplicar el Decreto 758 de 1990 que aprobó el Acuerdo 049
de 1990, se exigía que el número de semanas requeridas en dicho régimen fueran
cotizadas exclusivamente al ISS, hoy Colpensiones, sin la posibilidad acumular
aportes de otras entidades de previsión social, públicas o privadas.
Sin embargo, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia6, en una
decisión posterior, cambió su postura al indicar que sí se pueden sumar las
semanas cotizadas al ISS y los tiempos laborados a entidades públicas, así como
los aportes por tiempos públicos o privados. Es de resaltar que esa postura se
fundamentó en que la Ley 100 de 1993 dispone que, para el reconocimiento
6 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia de 1.º de julio de 2020, radicación 70918 (SL1947-2020).
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pensional, se debe tener en cuenta la suma de las semanas cotizadas al ISS o a
cualquier caja, fondo, o entidad del sector público o privado, o el tiempo de servicio
que se haya prestado en calidad de servidor público, cualquiera que sea el número
de semanas o el tiempo de servicio. Específicamente, la Corte dispuso:
«[…] No obstante, ante un nuevo estudio del asunto, la Corte considera pertinente
modificar el anterior precedente jurisprudencial, para establecer que las pensiones
de vejez contempladas en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la
misma anualidad, aplicable por vía del régimen de transición de la Ley 100 de 1993,
pueden consolidarse con semanas efectivamente cotizadas al ISS, hoy Colpensiones,
y los tiempos laborados a entidades públicas.
[…]
Específicamente, el régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993 implicó una protección especial para quienes se encuentran cobijados por éste,
en el sentido de que la normativa anterior aplicable tendría los mencionados efectos
ultraactivos solamente en los aspectos de edad, tiempo y monto, pues el resto de
condiciones pensionales se encuentran regidas por las disposiciones de la Ley 100 de
1993.
De lo anterior se deriva que si la disposición precedente solo opera para las pensiones
de transición en los puntos de edad, tiempo y monto, entonces la forma de computar
las semanas para estas prestaciones se rige por el literal f) del artículo 13, el parágrafo
1.º del artículo 33 y el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que disponen
expresamente la posibilidad de sumar tiempos privados y tiempos públicos, así
éstos no hayan sido objeto de aportes a cajas, fondos o entidades de previsión
social.
En efecto, el literal f) del artículo 13 y el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
establecen que para el reconocimiento de las pensiones se tendrá en cuenta la suma
de las semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales o a cualquier caja, fondo o
entidad del sector público o privado, o el tiempo de servicio que se haya prestado en
calidad de servidor público, cualquiera que sea el número de semanas o el tiempo de
servicio. En el mismo sentido, se reafirma, el parágrafo 1.º del artículo 33 de dicho
precepto consagra la validez de los tiempos como servidor público para el cómputo de
las semanas.
Esta lectura es acorde justamente con las finalidades propias de la Ley 100 de 1993,
como ley del Sistema Seguridad Social Integral, pues esta regulación permitió que las
personas pudieran acumular semanas aportadas o tiempos servidos al Estado,
indistintamente, para efectos de consolidar su pensión de vejez, bajo el presupuesto de
que los aportes a seguridad social tengan soporte en el trabajo efectivamente
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Número interno: 0261-2024
Demandante: Ruth Duque Vásquez
Demandada: Colpensiones
realizado.
Lo anterior permite reconocer que, durante su trayectoria profesional, las personas
pueden estar unos tiempos en el sector público o en el sector privado, dado que ello
hace parte de las contingencias del mercado laboral y lo relevante es que el Estado
permita tener en cuenta lo uno y lo otro para el acceso a prestaciones económicas,
pues, en últimas, lo que debe contar es el trabajo humano. La posibilidad de la
sumatoria de tiempos parte también de la propia Ley 100 de 1993, que contempló
diversos instrumentos de financiación, tales como los bonos pensionales, los cálculos
actuariales o las cuotas partes, que permiten contabilizar todos los tiempos servidos y
cotizados para efectos del reconocimiento de las prestaciones económicas, sin
distinción alguna.
En virtud de ello, las pensiones del régimen de transición previstas en el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993 no pueden ser ajenas al anterior entendimiento, puesto que éstas
pertenecen evidentemente al sistema de seguridad social integral y, como tal, pese a
tener aplicación ultraactiva de leyes anteriores en algunos aspectos como tiempo, edad
y monto, en lo demás siguen gobernadas por dicha ley, que, finalmente, es la fuente
que les permite su surgimiento a la vida jurídica y a la que se debe remitir el juez para
su interpretación.
En tal dirección, así debe entenderse el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
que permite la sumatoria de tiempos públicos y privados, por cuanto es inusual que
un parágrafo no haga relación a la temática abordada por una norma, como en este
caso serían las pensiones derivadas del régimen de transición, de modo tal que el
cómputo previsto en este parágrafo es predicable tanto para las prestaciones de Ley
100 de 1993 como las originadas por el beneficio de la transición de esta normatividad.
Es de resaltar que este cambio de criterio jurisprudencial de la Sala está acorde a
mandatos superiores y a la defensa del derecho a la seguridad social en tanto garantía
fundamental de los ciudadanos, así reconocida por diferentes instrumentos
internacionales, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y el
Protocolo de San Salvador de 1988, que, además de estar ratificados por Colombia,
hacen parte del denominado ius cogens.». (Resaltado intencional).
En la misma línea, la Corte Constitucional en su sentencia SU-769 de 20147, se
pronunció sobre la negativa de Colpensiones a reconocer la pensión de vejez a un
accionante, alegando que no cumplía con el requisito de semanas requeridas, a
pesar de haber cotizado un total de 504.43 semanas, de las cuales solamente 387
correspondían a aportes realizados al Seguro Social en los 20 años anteriores al
7 Sentencia SU-769 de 2014. Referencia: expediente T-4128630.
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cumplimiento de la edad para acceder a la pensión.
En dicho fallo se precisó: i) la posibilidad de acumular tiempo laborado en entidades
públicas respecto de las cuales el empleador no efectuó las cotizaciones a alguna
caja o fondo de previsión social, con las aportadas al ISS para acceder a la pensión
prevista en el Acuerdo 049 de 1990; ii) la viabilidad de acumular tiempos cotizados
a entidades públicas o fondos de previsión para contabilizar las semanas
requeridas, ya que el artículo 12 del Acuerdo 49 de 1990 no exige cotizaciones
exclusivas al ISS; iii) la procedencia de acceder al reconocimiento pensional sin que
todas las cotizaciones se hayan realizado al ISS; y iv) la posibilidad de acumular
tiempos cotizados en el sector público con aportes al sector privado para el
reconocimiento de la pensión conforme al Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el
Decreto 758 de 1990.
De igual forma, esta Subsección8 reconoció que es viable acumular tiempos de
servicio cotizado a cajas o fondos de previsión social, o tiempos laborados en el
sector público o privado, con las semanas aportadas al ISS a fin de acceder a la
pensión de vejez prevista con el Decreto 758 de 1990. El Consejo de Estado señaló:
«[…] Sin embargo, la Corte Constitucional ha precisado que su «[...] jurisprudencia [...]
establece la posibilidad de acumular tiempos de servicio cotizado a cajas o fondos de
previsión social o que, en todo caso, fueron laborados en el sector público y debieron
ser cotizados, con las semanas aportadas al Instituto de Seguros Sociales, para efectos
del reconocimiento de la pensión de vejez bajo el régimen del Acuerdo 049 de 1990.
Tal posibilidad opera tanto para acreditar las 500 semanas de cotización dentro de los
20 años anteriores al cumplimiento de la edad como las 1000 semanas de tiempo
cotizadas en cualquier tiempo. Adicionalmente, las solicitudes de reconocimiento
pensional que se realicen con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990 deben resolverse
computando los tiempos cotizados tanto en el sector público como en el privado, con
indiferencia de si la fecha de causación o adquisición del derecho a la pensión de vejez
operó con anterioridad a la fecha de la Sentencia SU-769 de 2014», con la que unificó
su criterio al respecto; interpretación que a todas luces resulta más favorable para los
pensionados, como el accionante, quien solo alcanzó 568 semanas a la edad de 60
años, pues resulta claro que el régimen previsto en el Decreto 758 de 1990 es más
generoso que el consagrado en las Leyes 33 de 1985 y 71 de 1988, puesto que
establece tasas de reemplazo más altas, según las semanas de cotización.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección B, sentencia del 7 de noviembre de 2019, radicado: 20001-23-39-000-
2016-00061-01(1322-17).
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Por lo tanto, pese a que no existe en esta Corporación un criterio unificado sobre el
tema, en aras de los principios de justicia social y de la protección de que gozan los
adultos mayores, derechos de alta relevancia constitucional que no deben ser
desconocidos, en virtud del principio pro homine y los tratados internacionales, esta
Sala acogerá el derrotero de la Corte Constitucional acerca de la aplicación del Decreto
758 de 1990 al caso del actor quien cotizó al ISS y a otras cajas, como trabajador estatal
y privado.
Verificada la norma en comento, prescribe como requisitos para obtener la pensión de
vejez 60 o más años de edad si se es hombre y un mínimo de (i) 500 semanas de
cotización durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de la edad
mínima, o (ii) mil (1000) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo. En el
sub lite se tiene que el actor cumplió la edad de 60 años el 3 de septiembre de 1995,
cotizó un total de 568 semanas de cotización, y entre el interregno de los 20 años
anteriores a tal edad (1975 a 1995) aportó 511 semanas, es decir, que le asiste el
derecho a adquirir la pensión de vejez prevista en los artículos 12 y 20 del Decreto 758
de 1990, en cuantía equivalente al 49,57%.». (Negrillas, cursivas y subrayas
conforme a la transcripción).
En igual sentido, se pronunció esta Sección9:
«[…] Respecto a la aplicación de este régimen pensional para el reconocimiento de la
pensión de vejez, tanto la Corte Constitucional como esta Sección se han pronunciado
sobre la posibilidad de acumular tiempos de servicio cotizados a cajas o fondos de
previsión social o que, en todo caso, fueron laborados en el sector público o privado y
debieron ser cotizados, con las semanas aportadas al Instituto de Seguros Sociales,
indicando que dicha posibilidad opera tanto para acreditar las 500 semanas de
cotización dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad como las 1000
semanas de tiempo cotizadas en cualquier tiempo y (b) que las solicitudes de
reconocimiento pensional que se realicen con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990
deben resolverse computando los tiempos cotizados tanto en el sector público como en
el privado.
[…]
(ii). No le asiste razón a la entidad demandada al indicar que el Acuerdo 049 de 1990
no era aplicable al caso concreto, al argumentar que dicha normatividad solo prevé la
posibilidad de computar tiempos cotizados exclusivamente al Instituto de Seguros
Sociales, pero no públicos con privados, como sí lo preceptúan las Leyes 71 de 1988 y
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de abril de 2020, radicado: 25000-23-42-000-2016-
02417-01 (3351-2018).
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100 de 1993.
Lo anterior, toda vez que tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional como de esta
Sección han establecido la posibilidad de acumular tiempos de servicio cotizado a
cajas o fondos de previsión social o que, en todo caso, fueron laborados en el sector
público o privado y debieron ser cotizados, con las semanas aportadas al Instituto de
Seguros Sociales, indicando que dicha posibilidad opera tanto para acreditar las 500
semanas de cotización dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad
como las 1000 semanas de tiempo cotizadas en cualquier tiempo.
En efecto, se encuentra acreditado en el proceso que, sumado el tiempo laborado por
el demandante a entidades del sector público y el cotizado al Instituto de Seguros
Sociales con empleadores del sector público alcanza un total de 10.591 días, que
equivalen 1603, correspondientes a 29 años, 2 meses y 29 días; en esa medida, cumplió
con la acreditación de las 500 semanas de cotización dentro de los 20 años anteriores
al cumplimiento de la edad como las 1000 semanas de tiempo cotizadas en cualquier
tiempo.». (Negrillas y subrayas del texto original).
En tales pronunciamientos jurisprudenciales, la Sección Segunda del Consejo de
Estado precisó que el régimen pensional de las personas beneficiarias de la
transición consagrada en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, a quienes se aplique
el Acuerdo 049 de 1990, incluye los requisitos de edad, tiempo de servicios o
semanas de cotización y la tasa de reemplazo del régimen anterior. En cuanto al
ingreso base de liquidación, este se calculará conforme al inciso del artículo 36 o
del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, con la inclusión de los factores sobre los
cuales se hayan efectuado los correspondientes aportes previstos en el Decreto
1158 de 1994.
6.4. Hechos probados
1. Colpensiones, por medio de la Resolución GNR 202100 del 8 de agosto de 2013,
reconoció una pensión de vejez en favor de la señora Ruth Duque Vásquez, cuyo
disfrute quedó a partir del 1° de agosto de 2013, en un monto de $ 3.335.770 m/cte.
Al respecto, se destaca que se aplicó la Ley 71 de 1988, conforme al régimen de
transición de la Ley 100 de 1993 (fls. 16 a 18).
2. Colpensiones, a través de la Resolución GNR 348643 del 4 de noviembre de
2015, a petición de la interesada, reliquidó la pensión de vejez reconocida a la aquí
actora, en aplicación de la Ley 33 de 1985, por virtud de la transición de la Ley 100
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Demandante: Ruth Duque Vásquez
Demandada: Colpensiones
de 1993, esto es, el IBL se liquidó en los términos de esta última norma (fls. 23 a
26).
3. Luego, Colpensiones, al resolver un recurso de apelación, mediante Resolución
VPB 9335 del 25 de febrero de 2016, confirmó en todas y cada una de sus partes
la Resolución GNR 348643 del 4 de noviembre de 2015, en el entendido de aplicar
el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, independientemente del régimen aplicable al
caso (fls. 35 a 37).
4. Posteriormente, Colpensiones, en Resolución SUB 21601 del 29 de marzo de
2017, reliquidó la pensión de vejez de la demandante, cuyo disfrute lo concedió a
partir del 27 de diciembre de 2014, conforme a nuevas cotizaciones efectuadas,
pero igualmente con aplicación de la Ley 33 de 1985 en lo que corresponde de
acuerdo con la transición de la Ley 100 de 1993 (fls. 39 a 43).
5. Colpensiones, por medio de la Resolución DIR 6605 del 25 de mayo de 2017,
confirmó en todas y cada una de sus partes la Resolución SUB 21601 del 29 de
marzo de 2017. En ese acto, se observa que la entidad precisó que la actora cumple
con los requisitos del Decreto 758 de 1990, en consonancia con la transición de la
Ley 100 de 1993 (fls. 51 a 54).
6. Colpensiones, en la Resolución SUB 280821 del 6 de diciembre de 2017,
reliquidó el pago de la pensión de vejez de la aquí demandante, con una tasa de
reemplazo del 78%, en aplicación del Decreto 758 de 1990, en virtud de la transición
de la Ley 100 de 1993, pero sólo aplicó esa tasa al sumarle a la actora 1.054
semanas que fueron cotizadas a Colpensiones. El disfrute de esta prestación fue a
partir del 27 de diciembre de 2014 (fls. 56 a 59).
7. Finalmente, se tiene que Colpensiones, en Resolución DIR 1855 de 26 de enero
de 2018, confirmó la Resolución SUB 280821 del 6 de diciembre de 2017 en todas
y cada una de sus partes, en el sentido de reiterar que sólo procede la sumatoria de
las semanas cotizadas al ISS, hoy Colpensiones. La entidad expuso en el acto
referido que la sentencia SU-769 del 16 de octubre de 2014 expedida por la Corte
Constitucional, permite la sumatoria de tiempos cotizados con otras entidades o
cajas de previsión social, públicas y privadas; sin embargo, la razón por la que no
aplicó ese precedente al caso concreto de la demandante obedeció a la fecha en la
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Demandada: Colpensiones
que aquella adquirió el estatus pensional, esto fue el 27 de marzo de 2008, dado
que, en su criterio, esa decisión no confirió efectos retroactivos.
6.5. Caso concreto. La controversia en el presente asunto se contrae a definir si
de acuerdo con el régimen pensional del Decreto 758 de 1990, aplicable por
transición de la Ley 100 de 1993, es posible incrementar la tasa de reemplazo al
tope establecido del 90%, de la pensión que le fue reconocida a la actora.
Ahora bien, es de resaltar que la actora es beneficiaria del régimen de transición
contemplado en la Ley 100 de 1993, circunstancia que no está en discusión, pues
nació el 27 de marzo de 1953, por lo que, al 30 de junio de 1995, cuando entró a
regir la norma en comento para las entidades del orden territorial, acreditaba 42
años de edad. Sumado a ello, al cumplimiento de los 55 años de edad (27 de marzo
de 2008) contaba con más de 750 semanas cotizadas, por lo que también logró
conservar el régimen de transición aludido conforme a lo dispuesto en el Acto
Legislativo 01 de 2005.
Conforme a los tiempos tenidos en cuenta por el juez de primera instancia, los
cuales no fueron controvertidos, además de obrar las pruebas aportadas al plenario,
se infiere que la señora Duque Vásquez efectuó cotizaciones, así:
Entidad Desde Hasta CAJA
Industrias MADEFORMAS 1975/03/21 1976/02/13 COLPENSIONES
Maderas MEDINA Y MESA Ltda. 1978/09/11 1978/10/19 COLPENSIONES
Dirección Seccional Administración de Justicia 1981/04/08 1982/04/11 UGPP
Superintendencia de Notariado 1983/07/15 1989/01/23 UGPP
Junta Administradora Seccional 1991/07/15 1993/03/18 UGPP
Municipio de Medellín 1993/12/20 1994/01/09 Municipio de Medellín
Municipio de Medellín 1994/06/20 1994/07/12 Municipio de Medellín
Contraloría General de la República 1994/07/14 1994/12/31 UGPP
Contraloría General de la República 1995/01/01 1995/04/30 COLPENSIONES
Contraloría General de la República 1995/06/01 1995/06/30 COLPENSIONES
Contraloría General de la República 1995/07/01 1995/07/31 COLPENSIONES
Contraloría General de la República 1995/08/01 1995/10/1 COLPENSIONES
Empresas Departamentales de Antioquia 1995/12/01 1995/12/03 COLPENSIONES
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Número interno: 0261-2024
Demandante: Ruth Duque Vásquez
Demandada: Colpensiones
Empresas Departamentales de Antioquia 1996/01/01 1996/05/02 COLPENSIONES
Departamento de Antioquia 1996/05/01 1996/05/25 COLPENSIONES
Departamento de Antioquia 1996/06/01 1996/11/28 COLPENSIONES
Municipio de Medellín 1996/12/01 1999/09/25 COLPENSIONES
Municipio de Medellín 1999/10/01 1999/10/29 COLPENSIONES
Municipio de Medellín 1999/11/01 2000/09/28 COLPENSIONES
Municipio de Medellín 2000/10/01 2000/10/28 COLPENSIONES
Municipio de Medellín 2000/11/01 2002/09/01 COLPENSIONES
Municipio de Medellín 2002/12/01 2003/04/29 COLPENSIONES
Municipio de Medellín 2003/05/01 2003/08/15 COLPENSIONES
Municipio de Medellín 2003/09/01 2003/10/25 COLPENSIONES
Municipio de Medellín 2003/11/01 2004/01/27 COLPENSIONES
Municipio de Medellín 2004/02/01 2005/05/29 COLPENSIONES
Municipio de Medellín 2005/06/01 2006/04/29 COLPENSIONES
Municipio de Medellín 2006/05/01 2011/03/31 COLPENSIONES
Municipio de Medellín 2011/05/01 2012/07/31 COLPENSIONES
Municipio de Medellín 2012/09/01 2013/07/28 COLPENSIONES
Municipio de Medellín 2013/07/30 2013/07/31 COLPENSIONES
Municipio de Medellín 2013/08/01 2013/12/31 COLPENSIONES
Municipio de Medellín 2014/01/01 2014/01/31 COLPENSIONES
Municipio de Medellín 2014/02/01 2014/02/28 COLPENSIONES
Municipio de Medellín 2014/03/01 2014/010/26 COLPENSIONES
Municipio de Medellín 2014/11/01 2014/11/26 COLPENSIONES
Municipio de Medellín 2014/12/01 2014/12/26 COLPENSIONES
Al respecto, el a quo consideró que la actora era acreedora de los requisitos
previstos en la Ley 33 de 1985, por reunir los requisitos previstos en el artículo 36
de la Ley 100 de 1993, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2005, es decir, 55
años de edad, 20 años de servicio y un monto del 75%.
En cuanto al monto, señaló que Colpensiones efectuó el reconocimiento con una
tasa de reemplazo del 78% del sueldo básico y los factores previstos en los Decretos
1158 de 1994 y 1068 de 1995, cotizados en los últimos 10 años de servicios.
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No obstante, la actora, en el recurso de apelación expuso que, si bien no se accedió
a sus pretensiones principales, lo cierto es que sí tiene derecho a que se conceda
su pretensión subsidiaria, que estuvo encaminada a obtener la aplicación de la tasa
de reemplazo del 90%, conforme al Decreto 758 de 1990, en consonancia con el
régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
Sobre este punto, se tiene que el a quo argumentó para aplicar la norma en mención
que la causante debía acreditar solo tiempos cotizados al ISS.
Pues bien, debe reiterarse que el Consejo de Estado ha manifestado que la tasa de
retorno se encuentra protegida por el régimen de transición y, en consecuencia, se
debe garantizar la aplicación a sus beneficiarios con base en la norma anterior, que
sea más favorable.
En esos términos, se observa que la demandante pretende la aplicación del Decreto
758 de 1990, por ser beneficiaria del régimen de transición contemplado en la Ley
100 de 1993, con una tasa del 90% sobre el salario base de liquidación, conforme
al número de semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales, hoy
Colpensiones, y en concordancia con el artículo 20 del mencionado decreto, el cual
contempla:
«Artículo 20. Integración de las pensiones de invalidez por riesgo común y de
vejez. Las pensiones de invalidez por riesgo común y por vejez, se integrarán así:
[…]
II. Pensión de Vejez:
a) Con una cuantía básica igual al cuarenta y cinco por ciento (45%) del salario mensual
de base y,
b) Con aumentos equivalentes al tres por ciento (3%) del mismo salario mensual de
base por cada cincuenta (50) semanas de cotización que el asegurado tuviere
acreditadas con posterioridad a las primeras quinientas (500) semanas de cotización.
El valor total de la pensión no podrá superar el 90% del salario mensual de base ni ser
inferior al salario mínimo legal mensual ni superior a quince veces este mismo salario.
[…]
Parágrafo 2. La integración de la pensión de vejez o de invalidez de que trata este
artículo, se sujetará a la siguiente tabla:
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Número interno: 0261-2024
Demandante: Ruth Duque Vásquez
Demandada: Colpensiones
PORCENTAJE DE PENSION SOBRE SALARIO MENSUAL DE BASE
Número % Inv. P. % Inv. P. % Gran
Vejez
semanas total absoluta Inv.
500 45 51 57 45
550 48 54 60 48
600 51 57 63 51
650 54 60 66 54
700 57 63 69 57
750 60 66 72 60
800 63 69 75 63
850 66 72 78 66
900 69 75 81 63
950 72 78 84 72
1.000 75 81 87 75
1.050 78 84 90 78
1.100 81 87 90 81
1.150 84 90 90 84
1.200 87 90 90 87
1.250 o
90 90 90 90
más
[…]»
Sobre el particular, es pertinente resaltar que el citado artículo 20 consagra una tasa
de reemplazo con una base inicial del 45%, incrementada a razón de un 3% por
cada 50 semanas adicionales a las primeras 500, sin que exceda el tope de 90%.
En ese orden, la actora supera las 1.250 semanas cotizadas conforme a la tabla
anterior, situación que no es controvertida por Colpensiones, pues aquella en la
Resolución DIR 1855 del 26 de enero de 2018, reconoció que la actora acreditó un
total de 1.502 semanas y para esa época tenía más de 64 años.
Por ende, no son de recibo los argumentos expuestos por el Tribunal de origen,
según los cuales a la accionante no le resulta aplicable el Decreto 758 de 1990,
pues considera que no es viable sumar tiempos diferentes a los cotizados al ISS.
Como se expuso en el marco normativo de la presente providencia, sí es posible
sumar tanto los tiempos públicos como los privados, además, este decreto es más
favorable porque las tasas de reemplazo son superiores para los pensionados.
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Demandada: Colpensiones
Además, la entidad reconoce que, conforme a la sentencia SU-769 del 16 de
octubre de 2014, expedida por la Corte Constitucional, es procedente sumar los
tiempos cotizados al ISS con los registrados en otras entidades o cajas de previsión
social, tanto públicas como privadas. No obstante, la justificación de la entidad
accionada para no aplicar dicho precedente se basó en que la demandante había
consolidado su estatus pensional antes de la emisión de esa decisión, lo que, en su
criterio, impedía conferirle efectos retroactivos.
Sin embargo, no es cierto que las sentencias de unificación no puedan aplicarse al
caso de la actora, pues estas decisiones tienen como propósito resolver de manera
uniforme las controversias que se encuentren pendientes de resolución,
garantizando así la igualdad y la coherencia en la interpretación del derecho.
Además, la aplicación del Decreto 758 de 1990, resulta en la concreción del principio
de favorabilidad como lo ha indicado la Sala Laboral de Corte en reciente
pronunciamiento10:
«Por consiguiente, el promotor del proceso completa el tiempo requerido para alcanzar
la prestación bajo la égida de la Ley 71 de 1988.
Sin embargo, la Sala aplicará el Acuerdo 049 de 1990 en el presente caso, porque a la
luz del principio de favorabilidad consagrado en los artículos 53 de la Constitución
Política y 21 del CST, dicha normatividad le resulta más beneficiosa al trabajador, en
términos de tasa de remplazo.
Esta conclusión es válida, porque si bien el IBL es similar en las dos normas, la tasa
de remplazo es del 75% en la Ley 71 de 1988 (art. 8 del Decreto 2709 de 1994) y hasta
del 90% en el Acuerdo 049 de 1990 (art. 20). Luego, para la Sala prevalece
inexorablemente la disposición más favorable al trabajador.
Al respecto, la Sala considera que ello es posible jurídica y fácticamente, porque i) el
demandante cumple los requisitos con la Ley 71 de 1988 y el Acuerdo 049 de 1990; ii)
en los dos regímenes es posible sumar el tiempo laborado en entidades privadas y
oficiales, sin importar si fue o no objeto de aportes a entidades de previsión o de
seguridad social; iii) es plenamente congruente con lo solicitado en la demanda
inaugural y el recurso de apelación; y iv) observa el principio de favorabilidad
consagrado en los artículos 53 superior y 21 del CST.»
En esos términos, corresponde revocar parcialmente la sentencia de primera
instancia, únicamente en cuanto negó la pretensión subsidiaría, para en su lugar,
ordenar la reliquidación de la pensión de la señora Ruth Duque Vásquez conforme
10Magistrada Ponente: Marirraquel Rodelo Navarro, Sl2660-2024, Radicación N.° 98577, Acta 35, Bogotá D.C., veinticuatro
(24) de septiembre dos mil veinticuatro (2024).
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Número interno: 0261-2024
Demandante: Ruth Duque Vásquez
Demandada: Colpensiones
a la tasa de reemplazo del 90% prevista en el artículo 20 del Decreto 758 de 1990,
en consonancia con el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, con la precisión
que el IBL corresponde a lo dispuesto en el artículo 21 ejusdem, aspecto que no es
objeto de modificación alguna. Esto con la precisión, que la misma entidad
accionada, en sede administrativa, reconoció que la actora es beneficiaria del
decreto en referencia.
Para efectos del fenómeno de la prescripción, se advierte que el 14 de noviembre
de 2017, la parte actora deprecó que se aplicara el 90% de la tasa de reemplazo,
pues las peticiones radicadas previamente no incluyeron dicha pretensión, de
manera que las mesadas causadas con anterioridad al 14 de noviembre de 2014 se
encuentran prescritas, de acuerdo con el artículo 41 del Decreto 3135 de 196811.
Las sumas que resulten a favor de la demandante deberán actualizarse de acuerdo
con la fórmula según la cual el valor presente (R) se determina multiplicando el valor
histórico (Rh) por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha de la sentencia) por el índice
inicial (vigente para la fecha en que debió hacerse el pago), así:
R = Rh. Índice inicial
Índice final
• Condena en costas.
Sobre la condena en costas, es importante destacar que no procede de manera
automática, pues tal y como se indica en el numeral 8 del artículo 365 del Código
General del Proceso, «[…] solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación […]». Siendo así, teniendo en cuenta que en
el trámite no se observa que se hayan causado, ni de las partes un actuar temerario,
esta Sala no condenará en costas a la parte vencida.
III. DECISIÓN
11 Artículo 41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en tres años, contados
desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
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Número interno: 0261-2024
Demandante: Ruth Duque Vásquez
Demandada: Colpensiones
En atención a lo anterior, la Sala revocará parcialmente la sentencia del Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, que negó todas las súplicas
de la demanda, esto en cuanto se ordenará la reliquidación de la pensión de vejez
reconocida a la actora, con aplicación de una tasa de reemplazo del 90% conforme
al Decreto 758 de 1990, al ser este un aspecto protegido con el régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, del cual es beneficiaria.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia del 4 de octubre de 2023
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la
señora Ruth Duque Vásquez en contra la Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones), por las razones expuestas en precedencia.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones SUB 280821 de 6 de
diciembre de 2017 y DIR 1855 de 26 de enero de 2018, mediante las cuales la
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), negó la reliquidación de
la pensión a la demandante, con una tasa de reemplazo del 90%, en aplicación del
Decreto 758 de 1990, por la transición de la Ley 100 de 1993. En su lugar:
TERCERO: ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones), reliquidar la pensión de jubilación de la señora Ruth Duque
Vásquez, teniendo en cuenta la tasa de reemplazo del 90%, conforme al artículo 20
del Decreto 758 de 1990, aplicable en virtud de la transición de la Ley 100 de 1993,
con la precisión que el IBL corresponde al que ya le fue reconocido por la entidad
pensional, esto es, en los términos del artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y los
factores que igualmente le fueron incluidos de acuerdo con el Decreto 1158 de 1994,
prestación que tendrá efectos a partir del 14 de noviembre de 2014 por prescripción
trienal.
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Número interno: 0261-2024
Demandante: Ruth Duque Vásquez
Demandada: Colpensiones
CUARTO: ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones) realizar sobre los valores que resulten de la presente condena, la
actualización referida en la parte motiva de esta sentencia.
QUINTO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de primera instancia.
SEXTO: Sin condena en costas en esta instancia.
SÉPTIMO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Salvamento de voto Con aclaración de voto Cfr. Rad. AV
68001-23-33-000-2019-00291-01(2666-2023)
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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