Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2016-01377-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 68001-23-33-000-2016-01377-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2016-01377-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2016-01377-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
14 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., catorce (14) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001-23-33-000-2016-01377-01 (5943-2023)
Demandante: Dagoberto Manuel Arrieta Prieto
Demandados: Administradora Colombiana de Pensiones
Temas: Beneficiario del régimen de transición. Tasa de reemplazo según
el Decreto 758 de 1990. Principio de favorabilidad
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 16 de febrero de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Santander, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Dagoberto Manuel Arrieta Prieto presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo1, en
orden a que se declarara la nulidad de los siguientes actos administrativos:
1.1. Resolución GNR 427952 del 19 de diciembre de 2014, mediante la cual
Administradora Colombiana de Pensiones2 le reconoció pensión de vejez, según lo
previsto en la Ley 33 de 1985.
1 En adelante CPACA.
2 En adelante Colpensiones.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 68001-23-33-000-2016-01377-01 (5943-2023)
Demandante: Dagoberto Manuel Arrieta Prieto
1.2. Resolución GNR 97800 del 6 de abril de 2015 por medio de la cual Colpensiones
reliquidó la pensión de jubilación con ocasión del retiro del servicio, de conformidad
con la Ley 33 de 1985 como empleado beneficiario del régimen de transición.
1.3. Resoluciones GNR 146722 y VPB 35928 del 19 de agosto y 14 de septiembre
de 2016, que confirmaron la Resolución GNR 97800 del 6 de abril de 2015.
2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó i) la reliquidación de la pensión de jubilación con el 75% de lo devengado
durante el último año de servicio, desde el 1° de abril de 2015; ii) la actualización
de las sumas adeudadas; iii) el cumplimiento de la sentencia de conformidad con
el artículo 192 del CPACA; y iv) la condena en costas a la entidad.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Dagoberto Manuel Arrieta Prieto nació el 23 de septiembre de 1953.
3.2. Prestó sus servicios en la Universidad Industrial de Santander entre el 12 de
marzo de 1973 y el 31 de marzo de 2014.
3.3. Es beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, por cuanto a su
entrada en vigencia tenía más de 40 años de edad y más de 15 años de servicio.
3.4. El 23 de septiembre de 2013, acreditó todos los requisitos establecidos para el
reconocimiento pensional por el Decreto 758 de 1990, esto es, 60 años de edad y
1000 semanas de cotizaciones.
3.5. A través de la Resolución 427952 del 19 de diciembre de 2014, Colpensiones le
reconoció pensión de jubilación de conformidad con el régimen previsto en la Ley
33 de 1985, decisión frente a la cual no fueron interpuestos recursos.
3.6. Una vez se retiró definitivamente del servicio, la entidad demandada modificó el
acto de reconocimiento pensional y «ordenó reliquidar la pensión y el ingreso a nómina
a partir del 01 de abril de 2015 con una mesada inicial de $ 7.681.562».
3.7. El 29 de abril de 2015 solicitó la reliquidación de la pensión, la cual fue negada
con la Resolución GNR 146722 del 19 de mayo de 2016. Decisión confirmada con
las resoluciones GNR 146722 y VPB 35928 del 19 de mayo y del 14 de septiembre
de 2016. En las consideraciones de estos actos administrativos:
2
Radicado: 68001-23-33-000-2016-01377-01 (5943-2023)
Demandante: Dagoberto Manuel Arrieta Prieto
«Tuvo en cuenta el régimen previsto en el Decreto 758 de 1990, aplicando una tasa de
reemplazo del 75% y no del 90%, por lo que la mesada a pagar arroja el mismo valor
con aplicación de lo previsto en la Ley 33 de 1985 (régimen aplicado) o el Decreto 758
de 1990.» (sic)
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 36 de la Ley 100 de 1993, 152 y 157 del
CPACA y el Decreto 758 de 1990.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos:
5.1. Tiene derecho al reconocimiento con el régimen pensional contenido en el
Decreto 758 de 1990, en tanto le resulta más favorable, toda vez que se le debe
aplicar una tasa de reemplazo del 90% por tener más de 1250 semanas cotizadas.
5.2. Lo anterior, toda vez que «la liquidación realizada conforme al régimen previsto en el
Decreto 758 de 1990 arroja una mesada superior a la reconocida y pagada por
Colpensiones, más favorable que la primera subregla fijada por el […] Consejo de Estado
en la SU del 28 de agosto de 2018, en razón a la tasa de reemplazo».
5.3. «Cuando se aplica el decreto 758 de 1990 se deben tener en cuenta no solo las
semanas cotizadas al ISS, hoy Colpensiones, sino el tiempo que la afiliada ya tenía de
cotizaciones para la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, para el caso de
la aquí demandante, el tiempo de servicios como empleada de la Universidad Industrial de
Santander». (sic)
1.2. Contestación de la demanda
6. Colpensiones se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, con
fundamento en lo siguiente3:
6.1. Los actos demandados se expidieron de conformidad con el ordenamiento
jurídico, puesto que el demandante como beneficiario del régimen de transición de
la Ley 100 de 1993, tenía derecho al reconocimiento pensional de conformidad con
la Ley 33 de 1985, esto es, con el 75% del promedio de lo devengado durante los
10 años anteriores al retiro del servicio con la inclusión de los factores taxativamente
enlistados en el Decreto 1158 de 1994.
3 Índice 22 de Samai del tribunal expediente digital, archivo
«1_EXPEDIENTEDIGITAL_LINKEXPD_68001233300020210042000(.pdf) NroActua 22», Enlace
carpeta 01PrimeraInstancia, C01Principal, documento 013ContestaciónDemanda
3
Radicado: 68001-23-33-000-2016-01377-01 (5943-2023)
Demandante: Dagoberto Manuel Arrieta Prieto
6.2. De acuerdo con la sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado
el 28 de agosto de 2018, no es posible acceder a la solicitud de reliquidación
pensional solicitada, en consideración a que el beneficiario actualmente goza de
una pensión «reconocida conforme a derecho».
6.3. Según lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y las interpretaciones
jurisprudenciales de esta norma, el régimen de transición conservó los requisitos de
edad y tiempo de cotización, pero no «conserva la inclusión de todos los factores
salariales, menos aún, cuando la misma norma con la cual pretende acceder a las
pretensiones de la demanda, se consagra expresamente que los factores que se deben
tener en cuenta son aquellos que han servido de base para calcular los aportes».
6.4. Propuso las siguientes excepciones: i) inexistencia de la obligación; ii)
«obligatoriedad del cumplimiento del precedente constitucional y del Consejo de
Estado»; iii) prescripción; iv) carencia del derecho reclamado; v) buena fe; vi) falta
de título y causa; y vii) genérica.
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo de Santander mediante sentencia proferida el 16 de
febrero de 2023 accedió a las pretensiones de la demanda y condenó en costas al
demandado.
8. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos4:
8.1. En consideración a que Dagoberto Manuel Arrieta Prieto es beneficiario del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, tiene derecho al reconocimiento
pensional de conformidad con lo establecido en el Decreto 758 de 1990, para lo que
debía acreditar 60 años de edad y 1000 semanas cotizadas en cualquier tiempo.
8.2. Según el marco normativo y jurisprudencial aplicable al sub judice, «para efectos
del reconocimiento pensional bajo los parámetros del Decreto 758 de 1990, procedente
resulta acumular los tiempos de servicio cotizados a las cajas o fondos de previsión social,
con las semanas de cotización efectuadas al ISS, independientemente de si la afiliación a
dicho Instituto se dio con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993».
8.3. En ese orden, «Colpensiones está llamada a resolver las solicitudes de reconocimiento
pensional computando los tiempos cotizados tanto en el sector público como en el privado,
4 Índice 22 de Samai del tribunal expediente digital, archivo
«1_EXPEDIENTEDIGITAL_LINKEXPD_68001233300020210042000(.pdf) NroActua 22», Enlace
carpeta 01PrimeraInstancia, C01Principal, documento 036SentenciaPrimeraInstancia
4
Radicado: 68001-23-33-000-2016-01377-01 (5943-2023)
Demandante: Dagoberto Manuel Arrieta Prieto
sin establecer diferenciación alguna respecto a la fecha de causación o adquisición del
derecho a la pensión de vejez, a fin de dar estricto cumplimiento al precedente
constitucional, ello, pues tal condicionamiento no se estableció dentro de las subreglas
señaladas por la Corte y, porque los requisitos para ser titular del citado derecho están en
la Ley 100 de 1993, en el Acuerdo 049 de 1990 y en el Acto Legislativo 01 de 2005, sin que
allí se establezca una diferenciación temporal con ocasión de la fecha de adquisición del
derecho».
8.4. Lo anterior permite concluir que el demandante tiene derecho a la reliquidación
de la pensión de jubilación, teniendo en cuenta una tasa de reemplazo del 90%, de
acuerdo con el Decreto 758 de 1990 pues contaba con más de 1250 semanas de
cotización. Para esos efectos el ingreso base de liquidación corresponde al
promedio de lo devengado durante los 10 años anteriores al retiro del servicio, con
la inclusión de los factores taxativamente establecidos en el Decreto 1158 de 1994,
que para el caso son «además del sueldo, sobre el factor “prima de antigüedad”».
8.5. En aplicación de la regla prevista en el artículo 365.1 del Código General del
Proceso5, condenó en costas a la entidad demandada.
1.4. El recurso de apelación
9. Colpensiones interpuso recurso de apelación en el cual manifestó lo siguiente 6:
9.1. De conformidad con la «Circular 054 de 2010 expedida por el Procurador General de
la Nación» las prestaciones de jubilación de los beneficiarios del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993 «se efectúa teniendo en cuenta lo establecido en el
artículo 1 de la Ley 33 de 1985, incluyendo como ingreso base de cotización los factores
salariales establecidos en el artículo 1 de la ley 62 de 1985». Asimismo, el ingreso base
de liquidación corresponderá al promedio de lo devengado o cotizado durante los
últimos 10 años o «el de toda la vida laboral si tuviera 1250 o más semanas, actualizado
anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor (IPC), según
certificación que expida el DANE».
9.2. En la actualidad el demandante es beneficiario de una pensión equivalente a $
8.201.604; sin embargo, «se procedió a realizar una nueva liquidación» y «se obtiene
que con base en la liquidación de referencia se disminuye la mesada pensional». Por lo
anterior, sostuvo:
5 En adelante CGP.
6 Índice 22 de Samai del tribunal expediente digital, archivo
«1_EXPEDIENTEDIGITAL_LINKEXPD_68001233300020210042000(.pdf) NroActua 22», Enlace
carpeta 01PrimeraInstancia, C01Principal, documento 040RecursoApelacionDemandante
5
Radicado: 68001-23-33-000-2016-01377-01 (5943-2023)
Demandante: Dagoberto Manuel Arrieta Prieto
«Que se observa que la nueva mesada con fundamento en la normatividad jurídica
aplicable citada anteriormente, que genera una cifra inferior a la reconocida por la GNR
97800 de 6 de abril de 2015, además que tomaría como IBL el promedio de lo cotizado
durante los últimos 10 años, cifras que inferiores a la mesada que actualmente viene
percibiendo la afiliada.
En aplicación al principio de favorabilidad, la reliquidación de la pensión de vejez
efectuada a través de Resolución GNR 97800 de 6 de abril de 2015, a favor del señor
ARRIETA PRIETO DAGOBERTO MANUEL, se otorgó la pensión bajo el régimen
contemplado en la Ley 33 de 1985, tomando en cuenta el IBL del último año.
En consecuencia, de todo lo anteriormente expuesto y al no existir nuevos elementos de
juicio que permitan cambiar la decisión adoptada, no es procedente acceder a la
reliquidación de la Pensión de Vejez, adicionalmente debe tenerse en cuenta que, una
vez realizado el estudio de la solicitud de reliquidación, se establece que no se generaron
valores a favor del demandante.»
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
10. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar.
1.6. El Ministerio Público
11. El procurador delegado ante el Consejo de Estado guardó silencio.
2. Consideraciones
2.1. Los problemas jurídicos
12. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación, los
problemas jurídicos consisten en determinar
12.1. ¿Si Dagoberto Manuel Arrieta Prieto tiene derecho a la reliquidación de la
pensión de jubilación, de conformidad con el Decreto 758 de 1990?
12.2. Y si la respuesta al anterior interrogante es afirmativa ¿si resulta desfavorable
para el pensionado la reliquidación ordenada en la sentencia de primera instancia?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
6
Radicado: 68001-23-33-000-2016-01377-01 (5943-2023)
Demandante: Dagoberto Manuel Arrieta Prieto
2.2.1. Régimen pensional previsto en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el
Decreto 758 de 1990
7
13. El presidente de la República expidió el Decreto 1650 del 18 de julio de 1977 ,
en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió la Ley 12 de 1977 para
determinar la estructura, régimen y organización de los Seguros Sociales
Obligatorios y de las entidades que los administran. Esta normativa estableció
mecanismos de protección para las contingencias de enfermedad en general,
maternidad, accidentes de trabajo, enfermedad profesional, invalidez, vejez,
muerte, y asignaciones familiares.
14. Para el efecto, le confirió al Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios
[creado por el artículo 36 del Decreto 1650 como un como organismo del gobierno
que tendría a su cargo la formulación de políticas y la dirección general del régimen
de dichos seguros] la facultad de «[a]probar los reglamentos generales sobre las
condiciones y los términos necesarios para el reconocimiento y la efectividad de las
prestaciones correspondientes a los distintos seguros, previo concepto del
Superintendente de Seguros de Salud».
15. En ejercicio de esta prerrogativa, el aludido órgano expidió el Acuerdo 049 del
1° de febrero de 19908 aprobado por el Decreto 758 de 1990. De acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1 de esta norma, estarían sujetos al seguro social
obligatorio i) en forma forzosa u obligatoria: a) los trabajadores nacionales o
extranjeros que prestaran sus servicios a patronos particulares mediante contrato
de trabajo o de aprendizaje; b) los funcionarios de seguridad social del Instituto de
Seguros Sociales y, c) los pensionados por jubilación cuyas pensiones vayan a ser
compartidas con las pensiones de vejez a cargo del Instituto de Seguros Sociales
o asumidas totalmente por él; ii) en forma facultativa: a) los trabajadores
independientes; b) los sacerdotes diocesanos y miembros de las Comunidades
Religiosas y, c) los servidores de entidades oficiales del orden estatal que al 17 de
julio de 1977 se encontraban registradas como patronos ante el ISS; y iii) otros
sectores de población respecto de quienes se ampliara la cobertura del régimen
de los seguros sociales obligatorios.
16. Mediante este acuerdo se establecieron los siguientes requisitos para acceder
a la pensión de vejez para aquellas personas afiliadas al Seguro Social:
7 «Por el cual se determinan el régimen y la administración de los seguros sociales obligatorios, y se
dictan otras disposiciones».
8 «por el cual se expide el Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y
Muerte»
7
Radicado: 68001-23-33-000-2016-01377-01 (5943-2023)
Demandante: Dagoberto Manuel Arrieta Prieto
«Artículo 12. Requisitos de la pensión de vejez: Tendrán derecho a la pensión de vejez
las personas que reúnan los siguientes requisitos:
a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años
de edad, si se es mujer y,
b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos
veinte (20) años anteriores al cumplimiento de la[s] edades mínimas, o haber acreditado
un número de un mil (1.000) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo».
17. Con el fin de acreditar el cumplimiento del número de semanas exigidas por la
citada norma, la Corte Suprema de Justicia9 consideraba que no era posible sumar
los períodos no cotizados al ISS, por cuanto, a su juicio, la norma exigía que esos
tiempos fueran cotizados directamente a tal entidad previsional y la posibilidad de
computar períodos laborados en el sector oficial, la permitían los artículos 13, literal
f) y 33 de la Ley 100 de 1993, esto es, dentro del régimen de prima media con
prestación definida, creado por el Sistema General de Pensiones, de manera que
no era posible escindir las normas para aplicar lo más favorable de cada una de
ellas10.
18. Sin embargo, con posterioridad modificó su postura y permitió sumar semanas
cotizadas al seguro social y los tiempos laborados al servicio de entidades públicas
para el reconocimiento pensional. Al respecto señaló11:
«[A]nte un nuevo estudio del asunto, la Corte considera pertinente modificar el anterior
precedente jurisprudencial, para establecer que las pensiones de vejez contempladas
en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad,
aplicable por vía del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, pueden consolidarse
con semanas efectivamente cotizadas al ISS, hoy Colpensiones, y los tiempos
laborados a entidades públicas» [Se resalta].
19. Asimismo, esa Corporación consideró que fue el legislador el que permitió el
cómputo de esos tiempos con el fin de no dejar en situación de desprotección a
los afiliados o sus beneficiarios cuando hayan prestado servicios en el sector
público y privado. Esto dijo12:
9 Sentencias del 4 de noviembre de 2004 radicación 23611, M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza;
23 de agosto de 2006 radicado 27651, M.P. Luis Javier Osorio López; 19 de noviembre de 2007
radicado 30187, M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez; y del 1º de febrero de 2011 radicado 41703.
M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve.
10 Sentencias del 4 de noviembre de 2004 radicación 23611, M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza;
23 de agosto de 2006 radicado 27651, M.P. Luis Javier Osorio López; 19 de noviembre de 2007
radicado 30187, M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez; y del 1º de febrero de 2011 radicado 41703.
M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve.
11 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia de 1.º de julio de 2020, radicación
70918 (SL1947-2020), M.P. Iván Mauricio Lenis Gómez, en el mismo sentido ver, entre otras,
SL1981-2020, SL1947-2020, SL 74937, 26 ago. 2020, SL 55270, 26 ago. 2020 y SL5147-2020, 21
oct. 2020.
12 Entre otras, en la sentencia CSJ SL5147-2020, CSJ SL2222-2022.
8
Radicado: 68001-23-33-000-2016-01377-01 (5943-2023)
Demandante: Dagoberto Manuel Arrieta Prieto
«[A] fin de permitir la acumulación de los tiempos públicos servidos sin cotizaciones al
Instituto de Seguros Sociales con los aportes sufragados a esa entidad, con la finalidad
de acreditar las exigencias de aportes previstas en los artículos 6.º y 25 del Acuerdo 049
de 1990, tanto para la pensión de sobrevivientes como la de invalidez, cuando se invoque
su aplicación en virtud del principio constitucional de la condición más beneficiosa.
[…]
En este punto es oportuno señalar que la parte pertinente de los preceptos acusados
relativa a la posibilidad de la sumatoria de tiempos públicos no cotizados al ISS con los
aportes efectivamente sufragados a esa entidad, a efectos de acceder a la prestación de
vejez prevista en el Acuerdo 049 de 1990, son desarrollo del literal f) del artículo 13 de
la Ley 100 de 1993.
En esa medida, guarda coherencia con los aspectos mencionados, el entender que para
efectos de definir el requisito mínimo de semanas previsto en los artículos 6.º y 25 del
Acuerdo 049 de 1990, en el caso de las pensiones de sobrevivientes e invalidez, se
puede acudir a las disposiciones de la Ley 100 de 1993 y concretamente al artículo 13
literal f) […]
En ese contexto, es claro que fue el propio legislador del año 1993 el que consagró
como criterio rector en seguridad social, la posibilidad de acumular para el acceso
a las distintas pensiones y prestaciones las variadas formas en que los afiliados
concurren a la financiación del sistema. Así, se permitió la sumatoria de las
cotizaciones a las distintas cajas o entidades administradoras del régimen con tiempos
de servicios en el sector público, incluso anteriores a la vigencia de la Ley 100 de 1993
y se previeron los instrumentos para facilitarla, tales como los bonos pensionales,
cálculos actuariales o cuotas partes pensionales.
La nueva orientación jurisprudencial sobre el tema guarda armonía con el criterio
reciente de la Sala que abrió la posibilidad de adicionar tiempos de servicios públicos no
cotizados al ISS con las semanas efectivamente sufragadas a esa entidad, cuando se
acude en materia de pensiones de vejez a las previsiones del Acuerdo 049 de 1990 en
virtud del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 (CSJ SL1981-2020,
CSJ SL1947-2020, CSJ SL 74937, 26 ago. 2020 y CSJ SL 55270, 26 ago. 2020).
[…]
De modo que no existe obstáculo alguno para considerar que a fin de acreditar el número
de semanas previsto en los artículos 6.º y 25 del Acuerdo 049 de 1990 para las
pensiones de invalidez y sobrevivientes, en virtud del principio de condición más
beneficiosa, se puedan adicionar los tiempos públicos sin cotizaciones al ISS y las
semanas sufragadas a esa entidad.
Esta interpretación es la que más se ajusta al ordenamiento jurídico y a las finalidades
propias del derecho a la seguridad social, en tanto garantía fundamental e irrenunciable
de conformidad con los postulados de la Carta Política de 1991, a fin de no dejar en
situación de desprotección a los afiliados o sus beneficiarios cuando se hayan
prestado servicios en el sector público y privado
9
Radicado: 68001-23-33-000-2016-01377-01 (5943-2023)
Demandante: Dagoberto Manuel Arrieta Prieto
En dichos términos, la Sala modifica el criterio sobre la posibilidad de computar tiempos
de servicios públicos sin cotizaciones al ISS con los aportes a esa entidad en materia
de pensiones de invalidez y sobrevivientes, cuando se aplica el Acuerdo 049 de 1990
en virtud del principio de condición más beneficiosa». [Se resalta].
20. Esta postura guarda correspondencia con las consideraciones expuestas por la
Corte Constitucional en la sentencia SU-769 de 201413. Allí precisó que i) para
efectos de acceder al reconocimiento pensional, es posible acumular tiempo
laborado en entidades públicas respecto de las cuales el empleador no efectuó las
cotizaciones a caja o fondo alguno de previsión social, con las aportadas al ISS; y
ii) es viable acumular tiempos cotizados a entidades públicas o fondos de previsión
para contabilizar las semanas requeridas, en tanto que el artículo 12 del Acuerdo
049 de 1990, no exige que las cotizaciones se hayan efectuado de manera
exclusiva al ISS.
21. Al
respecto expuso las siguientes interpretaciones sobre la posibilidad de
acumular tiempos de servicio prestado en entidades públicas con el cotizado en el
ISS:
«[C]omo algunas personas no contaban con ese número de semanas de cotización al
Seguro Social, con el fin de obtener el total requerido en la norma, solicitaban que les
fuera sumado el tiempo laborado en entidades públicas cotizado en las cajas o fondos
de previsión. De esa manera, surgió el debate de si era posible o no acumular semanas
de cotización en entidades públicas y privadas, el cual ha sido decantado por la
jurisprudencia constitucional bajo el análisis dos interpretaciones que nacen de la
aplicación de la norma:
7.1.1. Una de ellas es la sostenida por el Instituto de Seguros Sociales, según la cual los
beneficiarios del régimen de transición deben haber cotizado todo el tiempo de servicios
exigido por la ley exclusivamente a esa entidad, sin que sea posible acumular las
semanas aportadas a otros fondos o cajas de previsión social, públicas o privadas. La
razón se encuentra fundamentada en los siguientes argumentos:
(i) El Acuerdo 049 de 1990 “fue expedido por el Consejo Nacional de Seguros
Sociales Obligatorios, para regulación exclusiva de las prestaciones reconocidas por ese
Instituto”;
(ii) En el referido Acuerdo no se contempla la posibilidad de acumular semanas
cotizadas a otras entidades, “pues para ello existían otros regímenes, como la Ley 71 de
1988, que estableció la pensión por aportes (exigiendo para ello 20 años de aportes y
las edades de 55 o 60 años, según se ha indicado en razón al sexo)”; y
(iii) El requisito contenido en el literal “b” del artículo 12 del acuerdo, esto es, 500
semanas cotizadas en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad para
pensionarse, “fue en su momento un tipo de transición, para que los empleadores
privados afiliaran a sus trabajadores más antiguos, a quienes no se había concedido
13 Corte Constitucional, sentencia SU-769 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
10
Radicado: 68001-23-33-000-2016-01377-01 (5943-2023)
Demandante: Dagoberto Manuel Arrieta Prieto
pensión, a fin de que cotizaran en el ISS, por lo menos 10 años, y se les fuera concedida
una pensión de jubilación”14.
En virtud de esta interpretación, el interesado en la acumulación de tiempos de servicio
tanto del sector público como del privado, perdería los beneficios del régimen de
transición en tanto para ello debería acogerse en su integridad a lo dispuesto en la Ley
100 de 1993, normatividad que sí permite ese tipo de acumulación.
7.1.2. Por otro lado, una segunda interpretación sobre la aplicación del mencionado
artículo 12 sugiere lo siguiente15:
(i) Del tenor literal de la norma no se desprende que el número de semanas de
cotización requeridas lo sean las aportadas exclusivamente al ISS;
(ii) El régimen de transición se circunscribe a tres ítems -edad, tiempo de servicios
o número de semanas cotizadas, y monto de la pensión-, dentro de los cuales no se
encuentran las reglas para el cómputo de las semanas cotizadas, lo cual sugiere que
deben ser aplicadas las del sistema general de pensiones.
Bajo esta interpretación, para obtener la pensión de vejez en virtud del artículo 12 del
Acuerdo 049 de 1990, es posible acumular tiempos de servicios tanto del sector público
cotizados a cajas o fondos de previsión social, como del sector privado cotizados al
Instituto de Seguros Sociales. Esto, por cuanto dicha disposición no exige que las
cotizaciones hayan sido efectuadas exclusivamente al seguro social y porque la
aplicación del régimen de transición solamente se limita a los tres ítems previamente
señalados, donde no se encuentra aquel referente al cómputo de las semanas, requisito
que debe ser determinado según lo dispuesto en la Ley 100 de 1993.
7.2. Ahora bien, teniendo en cuenta que ambas interpretaciones eran razonables y
concurrentes, esta corporación decidió acoger la segunda de ellas apoyada en el
principio de favorabilidad en materia laboral, en virtud del cual, de acuerdo con los
artículos 53 de la Carta y 21 del Código Sustantivo del Trabajo, en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho el operador jurídico,
judicial o administrativo, debe optar por la situación que resulte más favorable al
trabajador».
22. Para resolver lo anterior, expuso la línea jurisprudencial desarrollada por la
Corte y sobre el particular tuvo en consideración lo siguiente:
«Una vez aceptado por esta corporación que en aplicación del principio de favorabilidad
en materia laboral es posible realizar la acumulación de tiempos ya mencionada bajo el
régimen del Acuerdo 049 de 1990, resulta más garantista acoger la misma interpretación
en aquellos casos donde el peticionario cumple con el otro de los supuestos posibles
contenidos en una misma norma para acceder a la pensión de vejez. En ese sentido, la
segunda posición es la que mejor se ajusta al principio de favorabilidad contenido en los
14 Sentencia T-201 de 2012.
15 Sentencias T-090 de 2009, T-398 de 2009, T-583 de 2010, T-760 de 2010, T-334 de 2011, T-559
de 2011, T-100 de 2012, T-360 de 2012, T-063 de 2013, T-593 de 2013, entre otras.
11
Radicado: 68001-23-33-000-2016-01377-01 (5943-2023)
Demandante: Dagoberto Manuel Arrieta Prieto
artículos 53 de la Carta Política y 21 del Código Sustantivo del Trabajo, y al principio pro
homine derivado de los artículos 1° y 2° de la Constitución16.
Por otro lado, permitir la acumulación de tiempos tanto del sector público como del
privado en los eventos en que se acrediten 500 semanas de cotización dentro de los 20
años anteriores al cumplimiento de la edad, maximiza el goce efectivo del derecho
fundamental a la seguridad social de un grupo poblacional vulnerable que ha visto
disminuida su capacidad laboral para obtener los recursos necesarios que le
permitan tener una subsistencia en condiciones dignas.
En definitiva, ante la necesidad de unificar la postura de la Corte Constitucional en el
asunto del que ahora se ocupa la Sala, se concluye que la interpretación que más se
acompasa con los principios de favorabilidad y pro homine, es la que, en aplicación del
Acuerdo 049 de 1990, permite acumular los tiempos cotizados a entidades públicas y a
empleadores privados, para que aquellas personas que acrediten 500 semanas de
cotización dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, accedan a la
pensión de vejez». [Se resalta].
23. Para concluir lo anterior, la Corte analizó las diferentes acciones de tutela en
las que había examinado situaciones con contornos fácticos y jurídicos similares y
encontró que la interpretación que acogieron los jueces de tutela se dio bajo el
entendido de que los peticionarios perderían el derecho a un beneficio pensional.
De manera que la decisión a la que llegó la Corte Constitucional en la sentencia
de unificación partió de un supuesto extremo en virtud del cual, ninguna de las
disposiciones previstas en la norma, les permitirían acceder a la prestación
reclamada. Sin embargo, adoptó las siguientes conclusiones generales:
«9.1. El cómputo de las semanas cotizadas es un aspecto que quedó consagrado en la
Ley 100 de 1993 precisamente para dar solución a la desarticulación entre los diferentes
regímenes que durante un tiempo hizo imposible acumular tiempos de servicio con
diferentes empleadores, reduciendo notablemente la posibilidad de los trabajadores para
acceder a la pensión de vejez.
De conformidad con los precedentes jurisprudenciales reseñados en la parte
considerativa de esta sentencia, para efecto del reconocimiento de esta prestación es
posible acumular los tiempos de servicios cotizados a las cajas o fondos de previsión
social, con las semanas de cotización efectuadas al Instituto de Seguros Sociales, por
cuanto la exclusividad en los aportes a esta entidad se trata de un evento no
contemplado en el Acuerdo 049 de 1990.
16 Respecto del principio de interpretación pro homine, en la sentencia T-319 de 2012 se explicó:
“impone aquella interpretación de las normas jurídicas que sea más favorable al hombre y sus
derechos, esto es, la prevalencia de aquella interpretación que propenda por el respeto de la dignidad
humana y consecuentemente por la protección, garantía y promoción de los derechos humanos. En
el orden interno, este principio se deriva de los artículos 1º y 2º Superiores, en cuanto en ellos se
consagra el respeto por la dignidad humana como fundamento del Estado social de Derecho, y como
fin esencial del Estado la garantía de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución, así como la finalidad de las autoridades de la República en la protección de todas las
personas en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades. (Sentencia T-191 de 2009)”. Cfr.
Sentencias C-1056 de 2004, C-372 de 2009 y T-284 de 2006.
12
Radicado: 68001-23-33-000-2016-01377-01 (5943-2023)
Demandante: Dagoberto Manuel Arrieta Prieto
9.2. Por otro lado, según se decantó en esta providencia, por ser la postura que mejor
se ajusta a la Constitución y a los principios de favorabilidad y pro homine, y que
maximiza la garantía del derecho fundamental a la seguridad social, tal acumulación es
válida no solo para los casos en que fueron acreditadas 1000 semanas en cualquier
tiempo, sino también para los eventos en los que se demostró haber reunido un total de
500 semanas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad requerida.
9.3. Finalmente, también es posible acumular el tiempo laborado en entidades públicas
respecto de las cuales el empleador no efectuó las cotizaciones a alguna caja o fondo
de previsión social, con las semanas aportadas al Instituto de Seguros Sociales. Lo
anterior, toda vez que se trata de una circunstancia que puede limitar el goce
efectivo del derecho a la seguridad social, y porque el hecho de no haberse realizado
las respectivas cotizaciones o descuentos no es una conducta que deba soportar el
trabajador, más aún cuando era la entidad pública la que asumía dicha carga
prestacional». [Se resalta].
24. En línea con lo anterior, la Sección Segunda de esta Corporación, en
providencias del 7 de noviembre de 201917 y del 23 de abril de 202018 reconoció la
posibilidad de acumular tiempos de servicio público con las cotizaciones
efectuadas en el ISS para obtener el beneficio a que alude el Acuerdo 049 de 1990.
25. Sin embargo, no puede pasarse por alto que, en todos los asuntos analizados
por la Corte en la referida sentencia de unificación, se abordó la problemática
generada por la imposibilidad de acceder al beneficio pensional, para
trabajadores que no completaban los requisitos establecidos en la Ley 71 de
1988, ni en la Ley 797 de 2003. Por ejemplo, en la sentencia T-090 de 2009,
conoció de un caso en el que el ISS le negó la pensión de vejez a una persona
que, sumado el tiempo laborado a entidades del Estado y el cotizado al ISS,
acreditaba un total de 1007 semanas, las cuales no eran suficientes para acceder
a la prestación en virtud de lo previsto en el artículo 9 de la Ley 797 de 2003 que,
para ese momento, exigía un total de 1075 semanas. En aquella oportunidad, esa
corporación consideró que la negativa a la prestación reclamada en virtud de lo
dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990 «perjudicaba al peticionario porque implicaba la
pérdida de los beneficios del régimen de transición, ya que debía regirse de forma integral
por la Ley 100 de 1993».
26. Lo anterior, toda vez que debe tenerse en cuenta que dentro de las
disposiciones que beneficiaban a quienes se encontraban cobijados por el régimen
de transición previsto en la Ley 100 de 1993, estaba la Ley 71 de 1988 que permitía
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, i) sentencia del 7 de noviembre de 2019,
M.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicado 20001-23-39-000-2016-00061-01(1322-17); y ii) sentencia
del 7 de noviembre de 2019, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, número de radicación 25000-23-42-
000-2015-03699-01(3798-17).
18 Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección A, sentencia del 23 de abril de 2020, radicado
25000-23-42-000-2016-02417-01 (3351-2018), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
13
Radicado: 68001-23-33-000-2016-01377-01 (5943-2023)
Demandante: Dagoberto Manuel Arrieta Prieto
que aquellas personas que acreditaran 20 años de aportes «sufragados en cualquier
tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus
veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y
en el Instituto de los Seguros Sociales» accedieran a un beneficio pensional. Es decir
que solo quienes se encuentren en la situación de los demandantes que dieron
lugar a esa interpretación, pueden acceder a la pensión prevista en el Acuerdo 049
de 1990, esto es, aquellos que no completaron los requisitos para pensionarse con
las leyes 71 de 1988 o 100 de 1993 (modificada por la Ley 797 de 2003).
2.3. Caso en concreto
27. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
27.1. Dagoberto Manuel Arrieta Prieto nació el 23 de septiembre de 1953.
27.2. Mediante la Resolución GNR 427952 del 19 de diciembre de 2014,
Colpensiones le reconoció pensión de vejez de conformidad con la Ley 33 de 1985,
con ocasión del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993. Para esos
efectos tuvo en cuenta el siguiente tiempo de servicio:
Entidad empleadora Desde Hasta Días de servicio
Banco de Bogotá 1973-12-03 1974-07-01 211
1975-01-16 1995-06-30 7365
Universidad Distrital de
1995-01-01 1999-08-17 1487
Santander
1999-10-01 2007-11-30 2940
2000-02-01 2000-06-15 135
Universidad Santo Tomás
2000-08-01 2000-12-15 135
Universidad Distrital de 2008-01-01 2014-08-31 2400
Santander 2014-11-01 2014-11-30 30
27.3. A través de la Resolución GNR 97800 del 6 de abril de 2015, se reliquidó la
pensión con ocasión del retiro del servicio, la cual sería efectiva a partir del 1° de
abril de 2015.
27.4. Con la Resolución GNR 146722 del 19 de mayo de 2016, la entidad de previsión
le negó la reliquidación de la pensión, al considerar que «una vez efectuada las
operaciones aritméticas se observa que el valor arrojado es inferior al inicialmente
reconocido por lo que resulta improcedente la solicitud de reliquidación pensional pues no
es posible desmejorar el derecho adquirido por el pensionado». En relación con el
Decreto 758 de 1990 efectuó el cálculo con una tasa de reemplazo del «75.00%».
14
Radicado: 68001-23-33-000-2016-01377-01 (5943-2023)
Demandante: Dagoberto Manuel Arrieta Prieto
27.4.1. Asimismo señaló que «[e]s de aclararle a la solicitante que en aplicación al principio
de favorabilidad, la reliquidación de la pensión de vejez efectuada a través de la Resolución
GNR 97800 de 6 de abril de 2015, a favor del señor ARRIETA PRIETO DAGOBERTO MANUEL,
se otorgó la pensión bajo el régimen contemplado en la Ley 33 de 1985 tomando en cuenta
el IBL del último año como se evidencia en el expediente administrativo».
27.5. Mediante las resoluciones GNR 238663 y VPB 35928 del 16 de agosto y 14 de
septiembre de 2016, se confirmó la Resolución GNR 146722 que negó la solicitud
de reliquidación de la prestación.
27.6. La jefe de la División de Recursos Humanos certificó que prestó sus servicios
en la Universidad Industrial de Santander entre el 16 de enero de 1975 y el 31 de
marzo de 2015, como «profesor, en calidad de empleado público, con dedicación de
tiempo completo, clasificado en la categoría de profesor asociado, adscrito a la Unidad
Escuela de Biología».
2.4. Análisis sustancial del caso concreto
2.4.1. Cuestión previa
28. Antes de resolver el caso bajo análisis, se hace necesario manifestar que, con
la presente decisión, el ponente se acoge a la posición mayoritaria de esta Sala,
expresada en la sentencia del 3 de mayo de 202519, que admite el criterio según el
cual es posible la aplicación del Acuerdo 049 del 1º de febrero de 1990, aprobado
por el Decreto 758 de 1990, por virtud del régimen de transición de la Ley 100 de
1993, para los casos en los que se hubiese cotizado a las distintas cajas o entidades
administradoras y en el sector público.
29. Posición mayoritaria a la que se acoge, pero que no es la que comparte, toda vez
que el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, previó que sus
disposiciones estarían dirigidas a un sector limitado de la población, sujeto al seguro
social obligatorio.
30. En esa medida, y en concordancia con el marco normativo y jurisprudencial
expuesto en precedencia, es la imposibilidad de acceder al reconocimiento de la
pensión de vejez por parte de trabajadores que no lograron acreditar los requisitos
exigidos por los artículos 1 de la Ley 33 de 1985, o 7 de la Ley 71 de 1988, o 9 de
la Ley 797 de 2003, modificatorio de la Ley 100 de 1993, lo que permite la aplicación
del citado acuerdo.
19 Radicado 05001-23-33-000-2018-01738-01(0261-2024), C.P. Jorge Edison Portocarrero
Banguera.
15
Radicado: 68001-23-33-000-2016-01377-01 (5943-2023)
Demandante: Dagoberto Manuel Arrieta Prieto
31. De esta manera, el Acuerdo 049 de 1990 resultaría aplicable únicamente a
aquellos trabajadores que, encontrándose en situación de transición, no alcanzaron
a cumplir los requisitos para pensionarse ni bajo la Ley 33 de 1985, o la Ley 71 de
1988 ni bajo la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, y cuya situación
concreta justificara una interpretación favorable al derecho a la seguridad social. Sin
embargo, se reitera, con esta decisión se acoge la postura mayoritaria de esta Sala,
pese a no ser la que se comparte.
2.4.2. Caso concreto
32. El Tribunal Administrativo de Santander accedió a las pretensiones de la
demanda al considerar que de conformidad con el Decreto 758 de 1990 resultaba
procedente acumular tiempos de servicio cotizados a las cajas o fondos de previsión
social, con las semanas de cotización efectuadas al ISS, independientemente de si
la afiliación a dicho Instituto se dio con posterioridad a la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993. Como consecuencia ordenó la reliquidación pretendida al
encontrar que el demandante tenía derecho a la reliquidación de la pensión de
jubilación, teniendo en cuenta una tasa de reemplazo del 90%, pues contaba con
más de 1250 semanas de cotización.
33. Colpensiones solicitó se revocara la sentencia, al considerar que el cumplimiento
de la orden impartida por el a quo afectaría al demandante, en tanto la nueva
liquidación conllevaría al reducir el monto de la prestación que en la actualidad
devengaba; con lo que se desconocería el principio de favorabilidad.
34. Al respecto, como se expuso en el marco normativo y jurisprudencial la Corte
Constitucional, en la sentencia SU-769 de 2014 estableció que para acceder a la
pensión de vejez era posible acumular tiempos cotizados en entidades públicas, aun
cuando el empleador no hubiese realizado aportes a cajas o fondos de previsión,
con las semanas cotizadas al ISS, con fundamento en el principio de favorabilidad
laboral y en la ausencia de una exigencia de cotización exclusiva al ISS en el
Acuerdo 049 de 1990. A tal conclusión se llegó luego de analizar 2 interpretaciones
sobre la acumulación de tiempos, una, que restringía la acumulación solo al ISS y,
otra, que permitía sumar tiempos del sector público y privado, la cual fue la acogida
por la Corte Constitucional al considerarla más garantista y acorde con el principio
pro homine, además, porque con la expedición de la Ley 100 de 1993 lo que se
buscó fue solucionar la fragmentación de regímenes pensionales, para lo cual se
permitió la acumulación de tiempos de servicio.
16
Radicado: 68001-23-33-000-2016-01377-01 (5943-2023)
Demandante: Dagoberto Manuel Arrieta Prieto
35. En igual sentido se ha pronunciado esta Sección20, no obstante, también se ha
considerado que esta acumulación solo aplica a quienes no cumplen con los
requisitos de pensión bajo las leyes 33 de 1985, 71 de 1988 o 100 de 1993
[modificada por la Ley 797 de 2003], evitando así la pérdida de beneficios del
régimen de transición21. Sin embargo, de acuerdo con los reproches planteados por
Colpensiones, en el sub judice no se encuentra en discusión si Dagoberto Manuel
Arrieta Prieto tenía derecho a la reliquidación de la pensión de jubilación de
conformidad con el Decreto 758 de 1990, como consecuencia de la transición de la
Ley 100 de 1993, sino si esta modificación de la prestación desconocería el principio
de favorabilidad.
36. En ese sentido, del material probatorio aportado al expediente se advierte lo
siguiente:
36.1. i) de conformidad con la Resolución GNR 427952 del 19 de diciembre de
201422, para el reconocimiento pensional fueron tenidos en cuenta 1443323 días de
servicio que acreditó el demandante, los cuales equivalen a 2061 semanas de
cotización;
36.2. ii) en los actos que negaron la reliquidación de la prestación, Colpensiones
realizó la liquidación de la pensión con los regímenes que le eran aplicables a
Dagoberto Manuel Arrieta Prieto, para lo cual, en el caso del Decreto 758 de 1990
tuvo en cuenta una tasa de reemplazo del «75.00%», con lo que concluyó que no
era procedente la reliquidación por cuanto le arrojaba una prestación menos
favorable a la que en ese momento devengaba el pensionado.
37. Lo anterior cobra especial relevancia, toda vez que de conformidad con el artículo
20 del Decreto 758 de 1990, en tanto el demandante contaba con más de 1250
semanas tenía derecho a la liquidación de la prestación con una tasa de reemplazo
equivalente al 90% del ingreso base de liquidación, esto es, un porcentaje superior
al que utilizó Colpensiones para hacer la proyección de la prestación y concluir que
esta le era menos favorable que la que le fue reconocida con la Resolución GNR
427952 del 19 de diciembre de 2014.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 7 de noviembre de 2019,
M.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicado 20001-23-39-000-2016-00061-01(1322-17); del 7 de
noviembre de 2019, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, número de radicación 25000-23-42-000-2015-
03699-01(3798-17); y del 23 de abril de 2020, radicado 25000-23-42-000-2016-02417-01 (3351-
2018), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
21 Sentencia del 6 de febrero de 2025, radicado 08001-23-33-000-2020-00332-02 (0326-2024), C.P.
Juan Enrique Bedoya Escobar
22
Acto de reconocimiento pensional.
23
No se tuvo en cuenta el tiempo de servicio en la Universidad Santo Tomás, puesto que es
concomitante con la prestación del servicio con la Universidad Distrital de Santander.
17
Radicado: 68001-23-33-000-2016-01377-01 (5943-2023)
Demandante: Dagoberto Manuel Arrieta Prieto
38. Así las cosas, para la Sala los actos demandados no fueron expedidos de
conformidad con el ordenamiento jurídico, puesto que, no aplicaron en debida forma
las disposiciones que regían la situación pensional del demandante, por cuanto no
se verificó el reconocimiento con las condiciones expresamente establecidas en el
Decreto 758 de 1990 y que le permitirían acceder a una mesada pensional más alta.
39. Adicionalmente, sostuvo el apelante que «la nueva mesada […] genera una cifra
inferior a la reconocida por la GNR 97800 de 6 de abril de 2015, además que tomaría como
IBL el promedio de lo cotizado durante los últimos 10 años, cifras que inferiores a la mesada
que actualmente viene percibiendo la afiliada», lo anterior, porque con el referido acto
«se otorgó la pensión bajo el régimen contemplado en la Ley 33 de 1985, tomando en
cuenta el IBL del último año».
40. En relación con lo anterior, se advierte que la entidad recurrente se limitó a
efectuar afirmaciones genéricas sin explicar concretamente en qué consistía la
consecuencia desfavorable para Dagoberto Manuel Arrieta Prieto. Sin embargo,
esta Subsección advierte que entre el reconocimiento pensional efectuado con los
actos demandados y la orden impartida por el tribunal de instancia se advierten las
siguientes diferencias a saber: i) según se afirma en las consideraciones de los
actos objeto de reproche, el ingreso base de liquidación se determinó con el
promedio de lo devengado durante el último año de servicio, mientras que el tribunal
ordenó tener en cuenta los 10 años anteriores al retiro del servicio; y ii) la prestación
que actualmente devenga el demandante se liquidó con una tasa de reemplazo del
75% y la ordenada en la sentencia objeto de apelación corresponde al 90%.
41. Comoquiera que, como lo señaló Colpensiones, estas diferencias podrían
conllevar a desmejorar la situación pensional con la que cuenta en la actualidad
Dagoberto Manuel Arrieta, se modificará la sentencia de primera instancia en el
sentido de precisar que el cumplimiento de la condena impuesta a la entidad de
previsión solo se hará efectiva si la reliquidación pensional en esta ordenada en esta
sentencia le genera al pensionado una mesada pensional más alta de la que
devenga con ocasión de los actos demandados.
42. Así las cosas, se impone modificar la sentencia proferida el 16 de febrero de 2023
por el Tribunal Administrativo de Santander, de conformidad con lo expuesto en esta
providencia.
2.5. Costas
43. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
18
Radicado: 68001-23-33-000-2016-01377-01 (5943-2023)
Demandante: Dagoberto Manuel Arrieta Prieto
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
44. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
45. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma24.
46. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
47. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, actuación
temeraria o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala revocará la condena impuesta por el Tribunal
Administrativo de Santander y se abstendrá de condenar en costas en esta
instancia.
3. Conclusión
48. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que los actos demandados no
fueron expedidos de conformidad con el ordenamiento jurídico, puesto que, no
aplicaron en debida forma las disposiciones que regían la situación pensional del
demandante, por cuanto no se verificó el reconocimiento con las condiciones
expresamente establecidas en el Decreto 758 de 1990 y que le podrían permitir
acceder a una mesada pensional más alta.
24En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
19
Radicado: 68001-23-33-000-2016-01377-01 (5943-2023)
Demandante: Dagoberto Manuel Arrieta Prieto
49. De otra parte, toda vez que como lo expuso Colpensiones no existe certeza de
que la orden impartida por el Tribunal Administrativo de Santander sea favorable
para Dagoberto Manuel Arrieta Prieto, se modificará la sentencia de primera
instancia en el sentido de precisar que el cumplimiento de la condena impuesta a la
entidad de previsión solo se hará efectiva si la reliquidación pensional en esta
ordenada en esta sentencia le genera al pensionado una mesada pensional más
alta de la que devenga con ocasión de los actos demandados.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Modificar el ordinal segundo de la sentencia proferida el 16 de febrero de
2023 por el Tribunal Administrativo de Santander el cual quedará así:
«SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, Administradora Colombiana de
Pensiones - COLPENSIONES que reliquide la pensión de jubilación reconocida al señor
Dagoberto Manuel Arrieta Prieto, identificado con cedula de ciudadanía No.
13.826.835, a partir del 01 de febrero de 2015, con fundamento en el Decreto 758 de
1990, aplicando una tasa de reemplazo del 90%, y teniendo en cuenta lo devengado en
los últimos 10 años de servicios, conforme con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, con
inclusión los factores salariales contemplados en el Decreto 1158 de 1994, dentro del
que se encuentra enlistado el factor denominado “prima de antigüedad”. Se dispone el
reajuste de las diferencias resultantes de la reliquidación ordenada, conforme la formula
indicada en la parte considerativa.
El cumplimiento de esta condena se encuentra condicionada al principio de favorabilidad,
por lo que COLPENSIONES deberá verificar que la reliquidación ordenada en esta
providencia se haga efectiva solo si le resulta una mesada pensional más alta de la que
devenga con ocasión de los actos demandados.»
Segundo. Revocar el ordinal quinto de la sentencia de primera instancia y el su
lugar:
«CUARTO: No condenar en costas»
Tercero. Confirmar en todo lo demás la sentencia proferida el 16 de febrero de
2023 por el Tribunal Administrativo de Santander
Cuarto: No condenar en costas en esta instancia.
Quinto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
20
Radicado: 68001-23-33-000-2016-01377-01 (5943-2023)
Demandante: Dagoberto Manuel Arrieta Prieto
Sexto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-
000-2020-00472-01 (1251-2024)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
JMC
21
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.