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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02687-01

Fecha
23 de julio de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02687-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 15 de mayo de 2026, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual se DECLARÓ IMPROCEDENTE la acción de tutela. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez [10] días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02687-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

23 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., veintitrés [23] de julio de dos mil veintiséis [2026]

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02687-01
Demandante: EXPEDITO LOZANO GÓMEZ
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER,
JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE SAN GIL Y
COLPENSIONES

Temas: Tutela contra providencia judicial – Confirma –
Improcedencia por falta de relevancia constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por el señor Expedito Lozano
Gómez contra la sentencia de 15 de mayo de 2026, por medio de la cual la Sección
Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, declaró improcedente la acción de
tutela de la referencia.

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El señor Expedito Lozano Gómez, actuando en nombre propio, presentó acción de
tutela con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso,
a la igualdad y de acceso a la administración de justicia.

Las referidas garantías constitucionales las estimó vulneradas con ocasión de la
sentencia de 11 de diciembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, mediante la cual se confirmó la decisión dictada el 15 agosto de 2025
por el Juzgado Segundo Administrativo de San Gil, que negó las pretensiones del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el
accionante contra la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones,
identificado con el radicado 68679-33-33-002-2023-00198-01.

1.2. Peticiones del amparo constitucional

Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes:

PRIMERO: Se me TUTELEN los derechos fundamentales constitucionales a la
igualdad (Art. 13), debido proceso (Art. 29), acceso a la administración de justicia

Demandante: Expedito Lozano Gómez
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02687-01

(Art. 229), a la garantía a la Seguridad Social Integral (Art. 48) y a la remuneración
mínima vital conforme a las normas laborales (Art. 53).

SEGUNDO: En consecuencia, se dejen si efectos la sentencia de segunda
instancia proferido en el proceso tramitado bajo el radicado 68679-33-33-002-
2023-00158-01, al haberse emitido una decisión vulneradora de mis
prerrogativas fundamentales, por emitirse contrariando el precedente del
tribunal de cierre en la materia y sin la valoración expresa del material
probatorio asociado al Ingreso Base de Cotización – I.B.C. acreditado por el
suscrito.

TERCERO: Con ocasión de lo anterior, se ordene al H. Tribunal Administrativo
de Santander emitir decisión de remplazo, teniendo en consideración el
precedente emitido por el H. Consejo de Estado, en casos análogos, y
surtiendo una valoración específica del Ingreso Base de Cotización – I.B.C.
acreditado en el proceso como determinante de mi asignación pensional, con
el objeto de garantizar mi derecho fundamental a la instancia judicial a través
de un pronunciamiento claro, preciso, congruente y consecuente con lo
pretendido en el medio de control, por parte del juez natural.1

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

El señor Expedito Lozano Gómez prestó sus servicios en la Universidad Industrial
de Santander [en lo sucesivo UIS] como docente de planta y docente de hora
cátedra, realizando aportes al sistema general de pensiones sobre los ingresos
percibidos.

Colpensiones, mediante la resolución GNR 270025 del 28 de julio de 2014, le
reconoció la pensión de vejez en calidad de beneficiario del régimen de transición,
con aplicación del Decreto 758 de 1990.

Posteriormente, por medio de resoluciones GNR 450216 del 31 de diciembre de
2014 y VPB74946 del 15 de diciembre de 2015, resolvió los recursos interpuestos
y modificó la liquidación de la prestación, al reajustar el número de semanas
cotizadas y el ingreso base de liquidación [IBL]. En ese sentido ordenó el ingreso a
nómina a partir del 22 de diciembre de 2015, con 1745 semanas y un IBL de
$6.253.317 al que el aplicó la tasa de reemplazo del 90%, para una mesada a partir
del 22 de diciembre de 2014 de $5.627.985.

El 27 de noviembre de 2020 el actor solicitó a Colpensiones la reliquidación de la
pensión, al considerar que el ingreso base de liquidación reconocido era inferior al
que le correspondía, pues no se tuvieron en cuenta la totalidad de los aportes
efectuados durante los últimos diez años de servicios.

A través de la resolución SUB59564 del 5 de marzo de 2021, la entidad accedió
parcialmente a la solicitud y reliquidó la prestación conforme a lo previsto en el

1 Transcripción literal del texto original por lo que puede contener errores.

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Demandante: Expedito Lozano Gómez
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02687-01

Decreto 758 de 1990, con un IBL para el 2014 de $7.945.139 al que le aplicó una
tasa de reemplazo del 90%, para una mesada a partir del 22 de diciembre de 2014
de $7.150.625.

Con ocasión de lo anterior, promovió medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra Colpensiones, con el fin de obtener la nulidad
parcial de los actos administrativos que reconocieron y reliquidaron la pensión,
así como del acto ficto derivado del silencio administrativo negativo. Como
restablecimiento del derecho solicitó que se reliquidara la prestación con
aplicación al Decreto 758 de 1990, teniendo en cuenta que, para determinar el
ingreso base de liquidación, la totalidad de los aportes efectuados durante los
últimos diez años de servicio como docente de planta y de hora cátedra, incluida
la prima de antigüedad, además del pago de las diferencias pensionales, la
indexación de las sumas reconocidas y la condena en costas.

El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de San Gil, mediante
sentencia del 15 de agosto de 2025, negó las pretensiones de la demanda.
Consideró que la resolución SUB141879 de 17 de junio de 2021 liquidó
correctamente la pensión con base en los factores sobre los cuales efectivamente
se realizaron cotizaciones, incluida parcialmente la prima de antigüedad, por
cuanto los aportes se encontraban sujetos al límite legal de cotización.

Inconforme con esta decisión, el señor Expedito Lozano Gómez interpuso
recurso de apelación al sostener que el a quo desconoció el principio de
congruencia y el precedente judicial aplicable, pues el límite de veinticinco [25]
salarios mínimos legales mensuales vigentes solo resulta predicable de la
mesada pensional y no del ingreso base de liquidación. De igual manera, afirmó
que Colpensiones debía incluir la totalidad de los aportes efectuados como
docente de planta y de hora cátedra, así como el valor devengado por concepto
de prima de antigüedad, independientemente de que dicho factor no hubiera sido
cotizado en su integridad por el empleador.

El Tribunal Administrativo de Santander mediante fallo de 11 de diciembre de
2025 confirmó la sentencia de primera instancia y concluyó que no había lugar a
reliquidar la pensión del demandante, pues Colpensiones determinó
correctamente el ingreso base de liquidación con fundamento en los factores
efectivamente cotizados, incluida parcialmente la prima de antigüedad, debido a
que las cotizaciones estaban sujetas al límite legal de veinticinco [25] salarios
mínimos legales mensuales vigentes. Agregó que la normativa del sistema
general de pensiones prevé ese tope para la base de cotización y que ello no
desconoce el precedente constitucional ni la jurisprudencia del Consejo de
Estado.

1.4. Fundamento de la solicitud

La solicitud de amparo se fundamenta en la presunta configuración de los defectos
fáctico y desconocimiento del precedente judicial.

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Demandante: Expedito Lozano Gómez
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02687-01

Frente al primero, el accionante sostuvo que el Tribunal Administrativo de Santander
omitió valorar las pruebas que, en su criterio, demostraban que Colpensiones no
tuvo en cuenta la totalidad de los aportes efectuados durante los últimos diez años
de servicio como decente de planta y docente de hora cátedra para determinar el
ingreso base de liquidación de su pensión.

Asimismo, afirmó que la entidad excluyó parcialmente el valor correspondiente a la
prima de antigüedad, pese a que constituía un factor salarial que debía ser
considerado para efectos de la liquidación de la prestación.

Respecto del desconocimiento del precedente judicial, señaló que la autoridad
extendió indebidamente el límite de veinticinco [25] salarios mínimos legales
mensuales vigentes al ingreso base de liquidación, cuando dicho tope, conforme a
la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado2, únicamente
resulta aplicable al valor de la mesada pensional.

Agregó que el Tribunal Administrativo de Santander también desconoció el
precedente según el cual la omisión del empleador de efectuar la totalidad de las
cotizaciones no puede trasladarse al trabajador, razón por la cual debían incluirse
los factores salariales efectivamente devengados para reliquidar la pensión.

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 13 de abril de 2026, el consejero José Roberto Sáchica Méndez
admitió la acción de tutela y ordenó la notificación del señor Expedito Lozano
Gómez, del Tribunal Administrativo de Santander, del Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de San Gil y de la Administradora Colombiana
de Pensiones [Colpensiones], para que rindieran el informe correspondiente.

De igual forma, requirió al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
San Gil para que remitiera copia digital del expediente del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 68679-33-33-
002-2023-00158-00/01.

1.6. Intervenciones

1.6.1. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de San Gil
informó que profirió la sentencia de primera instancia dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho. Sostuvo que la decisión adoptada durante
el trámite fue debidamente motivada y se fundamentó en las normas aplicables, la
jurisprudencia y el material probatorio obrante en el expediente, razón por la cual
consideró que no vulneró los derechos fundamentales invocados por el accionante.

2 En el escrito de tutela nombró las sentencias «H. Consejo de Estado, RAD. 68001-23-33-000-2014-

00756-01, MP – Rafael Francisco Suárez Vargas/H. Consejo de Estado, RAD. 68001-23-33-000-
2016-01377-01, MP – Juan Enrique Bedoya Escobar/H. Consejo de Estado, RAD 68001-23-33-000-
2021-00421-01, MP – Juan Enrique Bedoya Escobar.»
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1.6.2. El Tribunal Administrativo de Santander, por conducto de la magistrada
Francy del Pilar Pinilla Pedraza, consideró que el amparo es improcedente, pues el
extremo procesal activo pretende reabrir una controversia que fue resuelta dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Resaltó que el
proceso ordinario se adelantó con observancia del debido proceso y que la tutela
no constituye una instancia adicional para controvertir las decisiones adoptadas por
el juez natural.

Frente al defecto fáctico, explicó que la sentencia cuestionada valoró la totalidad del
material probatorio y expuso las razones que sustentaban la decisión adoptada. En
cuanto al desconocimiento del precedente, indicó que las providencias invocadas
por el accionante se refieren al límite de veinticinco [25] salarios mínimo legales
mensuales vigentes respecto del monto de la mesada pensional y no del ingreso
base de cotización, razón por la cual no resultaban aplicables al caso concreto.

Finalmente, estimó que la controversia carece de relevancia constitucional, ya que
los reproches formulados reflejan únicamente la inconformidad del accionante con
la interpretación jurídica y la valoración probatoria efectuadas por la jurisdicción de
lo contencioso administrativo, aspectos que hacen parte de la autonomía e
independencia judicial.

1.6.3. La Administradora Colombiana de Pensiones [Colpensiones] solicitó que
se declarara la improcedencia de la acción de tutela o, en su defecto, se negaran
las pretensiones.

Señaló que el mecanismo de amparo no cumple los requisitos de procedencia, pues
pretende reabrir una controversia que fue resuelta por la jurisdicción de lo
contencioso administrativo y convertir la tutela en una instancia adicional para
cuestionar la valoración probatoria y la interpretación jurídica efectuada por los
jueces naturales.

1.7. Fallo de primera instancia3

Mediante sentencia de 15 de mayo de 2026, la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela al considerar que
no cumplía el requisito de relevancia constitucional.

Explicó que los reproches formulados por el accionante evidenciaban únicamente
su inconformidad con la valoración probatoria y la interpretación jurídica realizada
por el Tribunal Administrativo de Santander, por lo que el amparo no podía utilizarse
como una instancia adicional para reabrir esa controversia.

En relación con el desconocimiento del precedente, concluyó que la interpretación
acogida por la autoridad judicial accionada resultaba razonable y que las

3 Notificado a través de correo electrónico el 22 de mayo de 2026.

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providencias invocadas por el actor no establecían una regla según la cual el límite
de veinticinco [25] salarios mínimos legales mensuales vigentes fuera inaplicable al
ingreso base de cotización en casos como el analizado.

Frente al defecto fáctico, consideró que la sentencia cuestionada sí examinó el
material probatorio y que la referencia a uno de los periodos de cotización tuvo un
carácter ilustrativo, sin que ello implicara omitir el estudio de los demás aportes
efectuados por el accionante. Por lo tanto, concluyó que la providencia censurada
no era arbitraria ni caprichosa y no había lugar a la intervención excepcional del juez
de tutela.

1.7. Impugnación4

El señor Expedito Lozano Gómez expresó que el asunto sí tiene relevancia
constitucional, debido a que es un adulto mayor cuya única fuente de ingresos es la
pensión y la controversia incide directamente en sus derechos al debido proceso, a
la seguridad social, al mínimo vital y a la igualdad.

Reiteró que el Tribunal Administrativo de Santander incurrió en un defecto al omitir
la valoración integral de las pruebas que, en su criterio, demostraban que
Colpensiones no tuvo en cuenta la totalidad de los aportes efectuados durante los
últimos diez años de servicios.

En particular, expresó que la autoridad judicial dejó de confrontar las certificaciones
expedidas por la Universidad Industrial de Santander con la información utilizada
para reliquidar la prestación.

Asimismo, insistió en que la providencia cuestionada desconoció el precedente
judicial5 al extender el límite de veinticinco [25] salarios mínimos legales mensuales
vigentes al ingreso base de cotización, cuando dicho tope únicamente resulta
aplicable al valor de la mesada pensional. Con fundamento en lo anterior, pidió
revocar la sentencia impugnada, amparar los derechos invocados y dejar sin efectos
la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander.

4 La impugnación se presentó el 25 de mayo del 2026.
5 Sobre el punto, manifestó que « Se resumen los aspectos facticos de las decisiones enunciadas
como base de la violación del precedente vertical (H. Consejo de Estado, RAD. 25000-23-25-000-
2011 00709-01, C. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; 68001-23-33-000-2014-00756-01, C. P.
Rafael Francisco Suárez Vargas; y 68001-23-33-000-2016- 01377-01 y 68001-23 33-000-2021-
00420-01, C. P. Juan Enrique Bedoya Escobar), y horizontal (H. Tribunal Administrativo de
Santander, Expedientes 68001-23-33-000-2020-00124-00, M. P. Julio Edisson Ramos Salazar;
68001-23-33-000-2020- 00166-00, M. P. Milciades Rodríguez Quintero; 68001-23-33-000-2021-
00420-00, M. P. Claudia Patricia Peñuela Arce; y 68001-33-33-009-2022-00179-01, M. P. Julio
Edisson Ramos Salazar), concluyendo que, al no versar las controversias sobre similares supuestos
fácticos y jurídicos, no es dable pretender que la autoridad judicial conceda las pretensiones
solamente con 3 fundamento en que en aquellas providencias se adoptó esa determinación, dado
que era disímil el problema jurídico.»
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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por el señor
Expedito Lozano Gómez contra el Tribunal Administrativo de Santander, de
conformidad con el Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021 y los Acuerdos 080 de 2019 y 434 de 2024 de la Sala Plena
de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la
sentencia de primera instancia de 15 de mayo de 2026, mediante la cual se declaró
improcedente la acción de tutela promovida por el accionante contra el Tribunal
Administrativo de Santander.

Para el efecto, se abordará el estudio del caso así: (i) las generalidades de la acción
de tutela (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva y (iii) el caso concreto.

2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 2012 6
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema7.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales8.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 9, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

6 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela

• Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth
García González.
7 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
8 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Ahora bien, continuando con el estudio de los parámetros esenciales de
viabilidad de la tutela cuando se dirige contra providencias judiciales, resulta
pertinente recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de
2022 en cuanto a la procedencia de la acción constitucional de cara al requisito de
relevancia constitucional, así:

[…] 40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales. Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe
analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales […].

Por su parte, esta Sala ha dispuesto que el estudio de la relevancia constitucional
debe estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional en
la sentencia C-590 de 2005 y acogidos por esta corporación en sentencia de
unificación del 5 de agosto de 201410, que en concreto se refieren a:

i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende,
no debe ser un debate exclusivamente legal.

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta
la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de
un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde
definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera
instancia11.

Sobre el particular, se considera, que este asunto no es relevante
constitucionalmente, como se pasará a explicar.

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 29 de

septiembre de 2022, expediente N.º 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas
Gil.
11 Énfasis de la sala.

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En síntesis, el señor Expedito Lozano Gómez cuestiona la sentencia de 11 de
diciembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que
confirmó la negativa de las pretensiones formuladas dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra Colpensiones.

El actor estimó que la autoridad judicial incurrió en los defectos fáctico y
desconocimiento del precedente, al avalar la forma en que Colpensiones determinó
el ingreso base de cotización utilizado para reliquidar su pensión de vejez.

Frente al primer reproche sostuvo que el Tribunal Administrativo de Santander no
valoró integralmente:

• Las certificaciones expedidas por la Universidad Industrial de Santander
[UIS] en las que constan los salarios y aportes realizados como docente de
planta y docente de hora cátedra.

• La historia laboral, porque afirma que Colpensiones registró valores inferiores
a los realmente cotizados en varios meses de los últimos años.

• El cuadro comparativo elaborado por el accionante, en el que confronta los
ingresos que Colpensiones tuvo en cuenta para fijar el IBC.

Aunado a lo anterior, afirmó que no se tuvo en cuenta el valor completo de la prima
de antigüedad ni la totalidad de los ingresos recibidos como docente de planta y
docente de hora cátedra.

Respecto del desconocimiento del precedente, alegó que el límite de veinticinco [25]
salarios mínimos legales mensuales vigentes solo puede aplicarse al valor de la
mesada pensional y no al ingreso base de cotización.

Para sustentar ese planteamiento, mencionó, entre otras providencias, la sentencia
de 8 de mayo de 2025 de la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de
Estado, radicado 68001-23-33-000-2021-00420-01, al considerar que dicha
providencia establece que deben computarse la totalidad de los factores salariales
efectivamente devengados para la liquidación de la prestación, aún cuando no se
hubieren realizado todas las cotizaciones correspondientes.

A partir de lo anterior, se observa que a controversia se concentra en la valoración
de la historia laboral y de las certificaciones salariales del accionante, así como en
la interpretación de las disposiciones que regulan el límite máximo de las
cotizaciones al sistema pensional.

Cabe resaltar que estos asuntos fueron examinados por la autoridad judicial dentro
del proceso ordinario. En particular, el Tribunal Administrativo de Santander estudió
los argumentos relacionados con las cotizaciones simultáneas, los factores
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salariales certificados y la aplicación del límite legal.

Frente al defecto fáctico, se observa que el ad quem no prescindió del material
probatorio allegado al proceso. Por el contrario, examinó las certificaciones
expedidas por la Universidad Industrial de Santander, el certificado base de
liquidación de aportes a pensión y los reportes de semanas cotizadas emitidos por
Colpensiones y señaló que:

En este orden de ideas, el análisis y revisión de tales reportes, en puto al salario
mensual devengado, el IBC reportado y la cotización pagada, así como de su
valoración conjunta con los documentos aportados, dentro de los que se
encuentran las certificaciones expedidas por el empleador, permite establecer
que no le asiste razón al apelante al pretender que sea tenido en cuenta el
monto total de los devengado con inclusión de la prima de antigüedad, por
cuanto proceder en tal sentido excedería el límite de cotización de 25smlmv
estipulado por la Ley.

Tampoco se evidencia que la autoridad judicial hubiera limitado su estudio al año
2014. La providencia explicó expresamente que esa vigencia fue utilizada con «fines
ilustrativos» al indicar que «a continuación se ilustran los montos devengados y
cotizados en el año 2014 […] para evidenciar» la forma en que operaba el límite de
veinticinco [25] salarios mensuales vigentes respecto de la prima de antigüedad.

En cuanto al precedente invocado, tampoco se advierte que el desconocimiento
alegado por el señor Expedito Lozano Gómez, sea relevante. La sentencia
cuestionada examinó expresamente el fallo expedido por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B el 8 de mayo de 2025 y reconoció que, «la prima
de antigüedad debe componer el IBC y debe incluirse en el IBL al liquidar la
prestación, sin que la falta de cotización sea oponible al trabajador». A partir de esa
premisa, explicó las razones por las cuales consideró que, en el caso concreto, las
cotizaciones efectuadas se encontraban sujetas al límite previsto en el artículo 18
de la Ley 100 de 1993.

Así, la autoridad judicial expuso las razones por las cuales consideró que esos
pronunciamientos no resolvían un supuesto equivalente al debatido. La
inconformidad del accionante con la interpretación realizada por el juez de segunda
instancia no demuestra, por sí sola, el desconocimiento de una regla jurisprudencial
aplicable al caso.

Además, el señor Expedito Lozano no satisfizo la carga mínima argumentativa
exigida para estructurar el defecto por desconocimiento del precedente, en tanto se
limitó a citar decisiones judiciales sin identificar la ratio decidenci aplicable al caso
ni demostrar que la situación fáctica y jurídica fuera equiparable.

Ahora bien, el señor Expedito Lozano afirmó en la impugnación que el asunto tiene
relevancia constitucional porque es un adulto mayor, presenta problemas de salud
y su pensión constituye su única fuente de subsistencia.

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Expedito Lozano Gómez
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02687-01

Sin embargo, esas circunstancias no permiten tener por satisfecho
automáticamente este requisito. Era necesario demostrar que la discusión
trascendía el contenido económico de la reliquidación y comprometía de manera
directa una garantía fundamental.

En este caso, no se acreditó que la mesada reconocida fuera insuficiente para
asegurar las condiciones mínimas de subsistencia del accionante. Tampoco se
demostró una situación concreta de vulnerabilidad que hiciera necesaria la
intervención del juez constitucional.

Por el contrario, la pretensión consiste en que el juez de tutela confronte
nuevamente las certificaciones laborales con la historia de cotizaciones, revise los
cálculos efectuados por Colpensiones y determine la forma en que debía aplicarse
el límite legal al ingreso base de cotización.

Ese análisis supondría reabrir el debate probatorio y jurídico que fue resuelto por
los jueces naturales de la causa12. La tutela no constituye una instancia adicional
destinada a escoger una interpretación distinta entre varias jurídicamente
razonables.

Así las cosas, no se encuentran acreditados los criterios fijados por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 para superar el requisito de
relevancia constitucional, pues no se demostró una posible afectación de derechos
fundamentales que trascienda una discusión legal, probatoria y económica.

Para la Sala, los reparos formulados corresponden a la inconformidad del
accionante con la valoración de las pruebas y con la interpretación adoptada por el
Tribunal Administrativo de Santander. Tales cuestionamientos son propios del
proceso ordinario y no pueden ser examinados nuevamente por el juez
constitucional.

2.5. Conclusión

Así las cosas, esta Sección confirmará la improcedencia de la acción de tutela, por
las razones analizadas en precedencia, toda vez que el reclamo bajo análisis carece
de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

12 Ver las siguientes decisiones: (i) sentencia de 29 de septiembre de 2022, expediente 11001-03-

15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil; (ii) sentencia de 6 de septiembre de 2022,
expediente 11001-03-15-000-2022-03065-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; (iii) sentencia de
28 de abril de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-01880-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra;
y (iv) sentencia de 21 de noviembre de 2024, expediente 11001-03-15-000-2024-04391-01, M.P.
Luis Alberto Álvarez Parra.
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Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02687-01

3. FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 15 de mayo de 2026, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual se
DECLARÓ IMPROCEDENTE la acción de tutela.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez [10] días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de
radicación en el siguiente link https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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