Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2021-00420-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2021-00420-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2021-00420-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
8 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001-23-33-000-2021-00420-01 (0913-2023)
Demandante: Hermes Jaimes Carvajal
Demandados: Administradora Colombiana de Pensiones1
Temas: Beneficiario del régimen de transición. Tasa de reemplazo según
el Decreto 758 de 1990
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 4 de agosto de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Santander, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Hermes Jaimes Carvajal presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo2, en orden a que
se declarara la nulidad de los siguientes actos administrativos:
1.1. Resolución 1203 del 22 de febrero de 2010 por medio de la cual el Instituto de
1 En lo que sigue Colpensiones
2 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 68001-23-33-000-2021-00420-01 (0913-2023)
Demandante: Hermes Jaimes Carvajal
Seguros Sociales3 le reconoció una pensión de vejez conforme con el régimen
previsto en la Ley 33 de 1985, con Bono Pensional Tipo B, condicionada al retiro
del servicio.
1.2. Resoluciones 5619 del 15 de septiembre de 2010 y 0626 del 13 de julio de 2011
proferidas por el ISS mediante las cuales se resolvieron los recursos de reposición
y apelación interpuestos contra la Resolución 1203 del 22 de febrero de 2010, en el
sentido de confirmarla.
1.3. Resolución SUB 33382 del 5 de febrero de 2018 a través de la cual Colpensiones
le reconoció una pensión de vejez con aplicación del régimen previsto en la Ley 797
de 2003, para lo cual tuvo en cuenta 2.049 semanas cotizadas, un IBL de
$15.500.440 al que le aplicó una tasa de reemplazo del 67,50%, y efectiva a partir
del 7 de noviembre de 2017.
1.4. Resoluciones SUB 111661 del 26 de abril de 2018 y DIR 9032 del 10 de mayo
de 2018 mediante las cuales Colpensiones resolvió los recursos de reposición y
apelación interpuestos contra la Resolución SUB 33382 del 5 de febrero de 2018,
confirmándola en todas sus partes.
1.5. Resolución SUB 207469 del 29 de septiembre de 2020 emitida por Colpensiones
con la cual ordenó reliquidar la pensión de vejez con aplicación del régimen previsto
en el Decreto 758 de 1990, con un total de 1.173 semanas cotizadas exclusivamente
al ISS, hoy Colpensiones, un IBL de $15.485.694 al que se le aplicó una tasa de
reemplazo del 84% que resultó en una mesada en cuantía equivalente a
$13.007.983, efectiva a partir del 7 de noviembre de 2017.
1.6. Resolución SUB 239444 del 6 de noviembre de 2020 expedida por
Colpensiones, por la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la
Resolución SUB 207469 del 29 de septiembre de 2020 en la que modificó el IBL a
$15.501.860 y al que le aplicó una tasa de reemplazo del 84% para una mesada de
$13.021.562, efectiva a partir del 7 de noviembre de 2017.
1.7. Resolución DPE 16776 del 18 de diciembre de 2020 proferida por Colpensiones
en la que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución SUB
207469 del 29 de septiembre de 2020 y confirmó en todas sus partes la Resolución
SUB 239444 del 6 de noviembre de 2020.
2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó i) la reliquidación de la pensión como beneficiario del régimen de transición
3 En lo sucesivo ISS
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Demandante: Hermes Jaimes Carvajal
y en aplicación del Decreto 758 de 19904 [tal y como se ordenó en la Resolución
SUB 207469 del 29 de septiembre de 2020] para que se incluyera el tiempo de
servicio prestado antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y se fijara
una tasa de reemplazo en 90% del ingreso base de liquidación5, desde que cumplió
el requisito de edad; ii) la modificación del IBL, en aplicación del artículo 21 de la
Ley 100 de 1993, con la inclusión de la prima de antigüedad por ser un factor
salarial establecido en el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994: iii) la modificación
del IBL, en aplicación del artículo 21 de la referida Ley 100, teniendo en cuenta
para su determinación todo el ingreso base cotización6, esto es la inclusión de los
montos cotizados como independiente sin la limitante del monto de las cotizaciones
a 25 SMMLV; iv) la fijación del IBL en $18.103.479, como consecuencia de la
prosperidad de las peticiones anteriores o en subsidio su fijación teniendo en
consideración las pretensiones anteriores; v) la condena de las sumas insolutas
que resultaren a favor sobre todas las mesadas y el pago de los reajustes a que
hubiere lugar desde el 7 de noviembre de 2017; vi) el pago de los intereses
moratorios conforme con lo previsto en el artículo 141 de la Ley 100, en subsidio
el cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA, y la
indexación de las sumas a reconocer por las condenas pretendidas; vii) la
aplicación del artículo 1653 del Código Civil para que en caso de pagos parciales
sobre condenas impuestas se imputen primero a intereses o indexación causados
y luego al capital; viii) la condena en costas de la demandada; y ix) el
reconocimiento de cualquier otra pretensión declarativa, consecuencial y/o
condenatoria a la cual haya lugar.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Hermes Jaimes Carvajal nació el 14 de junio de 1953 y cumplió 60 años de edad
el 14 de junio de 2013.
3.2. A la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 para los empleados públicos del
orden territorial [1 de julio de 1995], tenía más de 40 años de edad y 15 años de
servicio.
3.3. Prestó sus servicios al Hospital González Valencia y al ISS del 3 de septiembre
de 1984 al 18 de noviembre de 1992, es decir, antes de la entrada en vigencia de
la Ley 100 de 1993, y realizó cotizaciones al ISS, tal y como consta en los
4 Por medio del cual se aprobó el Acuerdo 049 de 1990.
5 En adelante IBL.
6 En lo que sigue IBC
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considerandos de los diferentes actos administrativos, en especial en la Resolución
SUB 207469 del 29 de septiembre de 2020.
3.4. Posteriormente, prestó sus servicios en la Universidad Industrial de Santander
(UIS) en condición de empleado público como profesor con dedicación de tiempo
completo desde el 15 de marzo de 1984 hasta el 6 de noviembre de 2017.
3.5. Mediante la Resolución 1203 del 22 de febrero de 2010, el ISS le reconoció una
pensión de vejez con bono pensional tipo B, en aplicación del régimen previsto en
la Ley 33 de 1985, como empleado público beneficiario del régimen de transición,
con un IBL de $6.426.648 y una tasa de reemplazo del 75% lo que dio como
resultado una mesada pensional en cuantía de $4.819.986, condicionada al retiro
del servicio.
3.6. Contra el anterior acto administrativo interpuso los recursos de reposición y en
subsidio el de apelación, los cuales fueron resueltos por medio de las resoluciones
5619 del 15 de septiembre de 2010 y 0626 del 13 de julio de 2011 que confirmaron
la decisión inicial en todas sus partes.
3.7. Por medio de la Resolución 1380 de 2017 se le aceptó la renuncia al cargo de
profesor con dedicación de tiempo completo, adscrito al Departamento de
Ginecobstetricia de la Escuela de Medicina de la Facultad de Salud de la
Universidad Industrial de Santander, a partir del 7 de noviembre de 2017.
3.8. Con posterioridad, solicitó ante Colpensiones el reconocimiento y pago de la
pensión de vejez, petición que se resolvió mediante la Resolución SUB 33382 del 5
de febrero de 2018 en la que se ordenó el reconocimiento según el régimen previsto
en la Ley 797 de 2003 con un IBL de $15.500.440 al que le aplicó una tasa de
reemplazo del 67,50%, lo que resultó en una mesada en cuantía de $10.462.797,
efectiva a partir del 7 de noviembre de 2017.
3.9. Contra este acto administrativo interpuso los recursos de reposición y en
subsidio el de apelación, que fueron resueltos por medio de las resoluciones SUB
111661 del 26 de abril de 2018 y DIR 9032 del 10 de mayo de 2018,
respectivamente, que confirmaron en todas sus partes la decisión la recurrida.
3.10. El 11 de septiembre de 2020 solicitó la reliquidación de su pensión con la
aplicación del régimen previsto en el Decreto 758 de 1990 como beneficiario del
régimen de transición con la inclusión del tiempo de servicio prestado antes de la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, y que para obtener el IBL se le tuvieran
en cuenta la prima de antigüedad que devengó y que está establecida en el artículo
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Demandante: Hermes Jaimes Carvajal
1 del Decreto 1158 de 1994.
3.11. Con la Resolución SUB 207469 del 29 de septiembre de 2020, Colpensiones
resolvió la anterior petición y ordenó la reliquidación de la pensión con la aplicación
del régimen previsto en el Decreto 758 de 1990, para tal efecto, tuvo en cuenta
1.173 semanas, esto es, solo las efectivamente cotizadas a Colpensiones después
de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 [a partir del 1 de julio de 1995], una
tasa de reemplazo del 84%, un IBL de $15.485.694, sin incluir los valores
devengados por concepto de prima de antigüedad y tomando las sumas cotizadas
únicamente hasta 25 SMLMV, lo que resultó en una mesada en cuantía de
$13.007.983, efectiva a partir del 7 de noviembre de 2017.
3.12. Contra ese acto administrativo presentó los recursos de reposición y en subsidio
el de apelación. El primero fue resuelto a través de la Resolución SUB 239444 del
6 de noviembre de 2020 por medio del cual se modificó el IBL a la suma de
$15.501.860 al que le aplicó una tasa de reemplazo del 84% lo que arrojó una
mesada en cuantía $13.021.562, efectiva a partir del 7 de noviembre de 2017. Por
su parte, el segundo fue decidido mediante la Resolución DPE 16776 del 18
diciembre de 2020 que confirmó la anterior.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 36 de la Ley 100 de 1993; y 1 del Decreto
1158 de 1994; y el Decreto 758 de 1990.
5. En cuanto al precedente aplicable se indicaron las sentencias SU 769 del 16 de
octubre de 2014; SU 057 del 31 de mayo de 2018; C 258 del 7 de mayo de 2013;
T-370 del 13 de julio de 2016 de la Corte Constitucional; del 28 de agosto de 2018
radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01 del Consejo de Estado, Sección
Segunda; y del 1° de julio de 2020, radicado SL 1947-2020 de la Corte Suprema de
Justicia, Sala Laboral.
6. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos 7:
6.1. Tanto en la jurisprudencia de la Corte Constitucional como en la del Consejo de
Estado se ha acogido la tesis de la aplicación ultractiva de las reglas que fijan la
edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas, y monto [entendido como la tasa de
reemplazo] de regímenes anteriores para el reconocimiento de asignaciones
7 Índice 22 de Samai del tribunal expediente digital, archivo
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Demandante: Hermes Jaimes Carvajal
pensionales en virtud de la transición pensional, y que elementos como el IBL o la
acumulación de aportes se rigen por las disposiciones de la Ley 100 de 1993 y sus
normas concordantes.
6.2. En tal virtud, era procedente la acumulación de tiempos de servicio laborados en
entidades públicas antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 para
reconocer y determinar las pensiones de vejez contenidas en el Acuerdo 049 de
1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, para los beneficiarios del régimen de
transición de la referida Ley 100, lo que permite consolidar las prestaciones con
semanas efectivamente cotizadas al ISS, hoy Colpensiones, y los tiempos
laborados al servicio de entidades públicas.
6.3. Por consiguiente, se deben tener en cuenta los aportes realizados a cualquier
caja de previsión social como lo serían las cajas de la Universidad Industrial de
Santander o de la Universidad del Cauca, y al ISS, como aportes equivalentes para
efectos pensionales, toda vez que desconocer los efectos del trabajo o restarle valor
por desarrollarse en cierta calidad sería una contravención directa a la Convención
Interamericana de Derechos Humanos y equivaldría a señalar que hay trabajos con
mayor y/o menor valor frente al sistema de seguridad social, situación que resulta
contraria a los principios de igualdad y universalidad del artículo 48 constitucional y
la Ley 100 de 1993.
6.4. En el presente caso, era aplicable la sentencia SU 769 de 2014, ante la
existencia de igualdad de condiciones con la persona que instauró la acción de
tutela en dicho caso, en la que se reiteró y unificó la postura según la cual para el
reconocimiento de las pensiones de los beneficiarios del régimen de transición de
la Ley 100 era posible acumular los tiempos de servicio laborados en el sector
público, se efectuaran o no cotizaciones a alguna caja o fondo de previsión social,
con las semanas efectivamente cotizadas al ISS.
6.5. Por su parte, para el cálculo del IBL se debieron tener en cuenta los factores
enlistados en el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994. En la historia laboral y la
certificación expedida por la UIS sobre el IBC de los últimos 10 años, se indicó que
el 30 de abril de cada año se le pagó la prima de antigüedad, pero no aparece valor
cotizado por este factor, no obstante, fue una omisión que no podía trasladársele
pues acreditó que la devengó y tenía derecho a que se le incluyera en su base de
liquidación.
6.6. Comoquiera que el régimen que le resultaba más favorable era el previsto en el
Decreto 758 de 1990 el cual, aunque fue aplicado al ordenarse la reliquidación
pensional en la Resolución SUB 207469 del 29 de septiembre de 2020, no se hizo
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en su integridad, pues no se le tuvo en cuenta el tiempo de servicio prestado antes
de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 con el cual la tasa de reemplazo
sería del 90% y no del 84% que fue la aplicada. Asimismo, para obtener el IBL se
debió incluir la prima de antigüedad que devengó y que está enlistada como factor
en el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994.
6.7. El IBL tomado por Colpensiones fue inferior al que tenía derecho en razón a que:
i) no se incluyeron las sumas devengadas por concepto de prima de antigüedad;
ii) no se tuvieron en cuenta todas las sumas cotizadas en ciertos periodos
mensuales, con el argumento de que se presentaron algunos ciclos con
cotizaciones superiores a 25 SMLMV en los que solo se tomó hasta dicho monto; y
iii) en otros períodos no se incluyeron las cotizaciones como trabajador
independiente a pesar de que no sobrepasaba los 25 SMLMV.
1.2. Contestación de la demanda
7. Colpensiones se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, con
fundamento en lo siguiente8:
7.1. En principio, se le reconoció una pensión de vejez con fundamento en la Ley 33
de 1985 por remisión del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta que
al realizar el estudio esta le resultaba ser más favorable; no obstante, con
posterioridad y por solicitud del demandante, se le reconoció con fundamento en el
Decreto 758 de 1990 por resultarle aún más favorable al aplicar una tasa de
reemplazo del 84%.
7.2. Delestudio de la historia laboral se encontraron tiempos simultáneos de
cotización que no podían contabilizarse doble pues correspondían a iguales fechas.
Sin embargo, sí se le incrementó el IBL durante esos periodos.
7.3. En cuanto a la liquidación del IBL se tuvieron en cuenta las disposiciones legales
aplicables. Así pues, el salario mensual que el empleador declaró a su trabajador y
del cual se dedujo la cotización para el riesgo de vejez que debe estar conformado
por todos aquellos factores que constituyeron salario según la legislación laboral;
por lo tanto, al liquidar las prestaciones se tomó ese salario base de cotización con
el cual los empleadores elaboraron sus autoliquidaciones de aportes y no era de su
competencia sumar factores salariales no incluidos. Por ende, si el empleador omitió
en el reporte la prima de antigüedad no podía ser tenida en cuenta como parte del
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IBL pues no se realizaron los respectivos aportes sobre ese factor.
7.4. Se dio a aplicación a lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005 y, por lo
tanto, se aplicó el tope de 25 SMLMV en algunos ciclos en los cuales las
cotizaciones del peticionario lo excedieron.
7.5. Deconformidad con el artículo 20 del Decreto 758 de 1990, las semanas
consideradas debían ser exclusivamente aquellas que fueron cotizadas al ISS, y no
a otras administradoras del sector público. En esas condiciones acreditó un total de
1.173 semanas, con las cuales se le aplicó la tasa de reemplazo correspondiente.
Además, al demandante no le era aplicable la sentencia SU-769 de 2014 porque la
fecha en la cual cumplió con el requisito de edad fue anterior a la fecha de la
comunicación de tal decisión.
7.6. Propuso las siguientes excepciones: i) prescripción sin aceptación de la
obligación; ii) inexistencia de la obligación; iii) cobro de lo no debido; iv) buena fe;
v) improcedencia de cobro de intereses moratorios; y vii) genérica o innominada.
1.3. La sentencia apelada
8. El Tribunal Administrativo de Santander mediante sentencia proferida el 4 de
agosto de 2022 accedió a las pretensiones de la demanda, y no condenó en costas
al demandado, así:
«PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de la Resolución SUB-207469 del 29 de
septiembre de 2020 por medio de la cual se ordenó la reliquidación de la pensión de
vejez del señor HERMES JAIMES CARVAJAL en aplicación de lo dispuesto en el
Decreto 758 de 1990, la Resolución SUB-239444 del 06 de noviembre de 2020- que
resolvió el recurso de reposición y la Resolución DPE 16776 del 18 de diciembre de
2020- que resolvió el recurso de apelación, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a COLPENSIONES
a reliquidar la pensión del señor HERMES JAIMES CARVAJAL de conformidad con en
el Decreto 758 de 1990, advirtiéndose que para el cálculo del monto pensional, el IBL
corresponde al promedio de los salarios o rentas sobre los cuales cotizó la afiliada
durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados
anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE, conforme con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993,
aplicable por remisión del artículo 36 ibídem, con una tasa de reemplazo del 90%,
incluyendo, además de los factores ya reconocidos y devengados en dicho periodo, la
prima de antigüedad. Las sumas que resulten del reconocimiento pensional –retroactivo-
deberán ser indexadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA.
Así mismo, la entidad debe dar cumplimiento a esta sentencia en los términos de los
artículos 189 y 192 del CPACA.
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TERCERO: DENEGAR las demás pretensiones invocadas en la demanda, de
conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta decisión» (sic)
9. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos9:
9.1. Colpensiones no computó los tiempos de servicio prestados a entidades públicas
y privadas con el fin de cumplir con el requisito de las semanas cotizadas
determinadas en el artículo 12 del Decreto 758 de 1990, con lo que desconoció el
precedente constitucional determinado en la sentencia SU-769 de 2014 que fijó la
posibilidad de acumular los tiempos laborados al sector público y privado, posición
que también fue adoptada y reiterada por el Consejo de Estado. Ahora, si bien era
cierto que a partir de la sentencia de unificación fue que se fijó la posición, también
lo era que desde antes la Corte Constitucional de manera pacífica, uniforme y
reiterada había admitido tal posibilidad, y en ese sentido emitió diferentes
pronunciamientos. Aunado a ello, en la sentencia T-280 de 2019 se determinó que
la aplicación de la sentencia SU-769 de 2014 no podía condicionarse a que el
reconocimiento de la pensión de vejez se hiciera para los casos pendientes de
resolver a partir de la fecha de expedición del fallo, de tal manera que el demandante
tenía derecho a una tasa de reemplazo del 90% del IBL de acuerdo con la tabla
establecida en el artículo 20 del Decreto 758 de 1990.
9.2. Aunque en efecto existieron cotizaciones dobles durante unos periodos, esta
situación no excluía la posibilidad de que se acumularan los tiempos cotizados al
ISS y al sector privado pues las semanas cotizadas superaban con amplitud las
exigidas por la norma, y la entidad ya las había descontado al momento de realizar
el reconocimiento pensional, y, aun así, el demandante reportaba un número de
semanas cotizadas en total superior a 1250 que en nada afectaba la tasa de
reemplazo del 90% que le resultaba aplicable.
9.3. Tenía derecho a que se le incluyera en la reliquidación la prima de antigüedad
por haberla devengado durante el periodo a liquidar y porque está enlistada como
factor a tener en cuenta en la base de cotización en el Decreto 1158 de 1994.
9.4. No era viable decretar los intereses moratorios sobre las diferencias reconocidas
pues estos solo se generan después de reconocida la pensión siempre que exista
un retardo injustificado en su pago, lo que no ocurrió en el presente caso habida
cuenta que dicho reconocimiento se originó en la sentencia y tampoco era viable su
reconocimiento de forma simultánea con la indexación de las mesadas, sin perjuicio
de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 192 del CPACA.
9 Índice 22 de Samai del tribunal expediente digital, archivo
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9.5. En aplicación de los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto
1848 de 1969 hubo prescripción trienal de las diferencias de las mesadas
pensionales causadas con anterioridad al 7 de noviembre de 2017, fecha en la que
se hizo efectivo el derecho.
9.6. No procedió la condena en costas porque las pretensiones de la demanda
prosperaron parcialmente.
1.4. El recurso de apelación
10. Colpensiones interpuso recurso de apelación en el cual manifestó lo siguiente10:
10.1. La liquidación de la pensión se realizó teniendo en cuenta las disposiciones
legales aplicables. En consecuencia el demandante: i) era beneficiario del régimen
de transición de la Ley 100 de 1993; ii) en virtud del principio de favorabilidad, le era
aplicable el Decreto 758 de 1990; iii) el lBL que le resultó más beneficioso
correspondió al promedio de lo cotizado durante los últimos 10 años de la historia
laboral de acuerdo con el IBC reportado; iv) los IBC correspondieron a los valores
sobre los cuales el empleador realizó las respectivas cotizaciones; v) los tiempos
simultáneos no podían contabilizarse doble por cuanto correspondían a igual fecha,
sin embargo, sí incrementaron el IBL durante esos periodos, como en efecto se hizo;
vi) para determinar el porcentaje de pensión sobre el salario base se debían incluir
exclusivamente las semanas cotizadas al ISS, y no a otras administradoras del
sector público; en el caso particular, un total de 1.173 semanas, luego, con
fundamento en el artículo 20 del decreto citado le correspondía un 84%; vii) la
sentencia SU-769 de 2014 que fijó la postura según la cual era procedente la
acumulación de tiempos no cotizados al ISS, a efectos de aplicar el Decreto 758 fue
proferida el 16 de octubre de 2014 y consolidó su derecho antes de su comunicación
por lo que no le era aplicable.
10.2. De conformidad con lo anterior, al liquidar la prestación tomó el salario base de
cotización con el cual los empleadores elaboraron sus autoliquidaciones de aportes
pues no era su competencia sumar factores salariales no incluidos como la prima
de antigüedad que pretendió el demandante se le tuviera en cuenta, debido que se
presumía que el empleador tuvo en cuenta todo lo que constituía salario.
10.3. Para la determinación de la tasa de reemplazo, las semanas consideradas
fueron exclusivamente aquellas cotizadas al ISS, y no a otras administradoras del
10 Índice 22 de Samai del tribunal expediente digital, archivo
«1_EXPEDIENTEDIGITAL_LINKEXPD_68001233300020210042000(.pdf) NroActua 22», Enlace
carpeta 01PrimeraInstancia, C01Principal, documento 040RecursoApelacionDemandante
10
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Demandante: Hermes Jaimes Carvajal
sector público, es decir, un total de 1.173 semanas, por lo que el porcentaje
correspondiente era el 84%. Además, los tiempos no cotizados al ISS no se
incluyeron para efectos de estudiar los requisitos para acceder a la pensión de vejez
de conformidad con el Decreto 758 de 1990, por cuanto la fecha de cumplimiento
de estos fue anterior a la comunicación de la sentencia SU-769 de 2014 [16 de
octubre de 2014] razón por la que no le era aplicable.
10.4. No era procedente el pago de intereses moratorios porque para ello se requería
que existiera una pensión legalmente reconocida y que la administradora hubiese
incurrido en mora en el pago de la mesada pensional, situación que no se presentó,
toda vez que la prestación económica se ha pagado oportunamente al beneficiario.
11. Por tales razones se solicitó la revocatoria de los ordinales 1 y 2 de la sentencia
recurrida.
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
12. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar11.
13. No obstante, Hermes Jaimes Carvajal se pronunció en esta etapa, para solicitar
que se confirmara la sentencia de primera instancia con fundamento en los
siguientes argumentos:
13.1. Colpensiones omitió la inclusión del factor salarial denominado prima de
antigüedad en el IBL pese a estar enlistado en el Decreto 1158 de 1994. Existe un
deber legal de las administradoras de fondos pensionales consistente en realizar el
cobro ejecutivo de los aportes adeudados por el empleador de conformidad con el
artículo 24 de la Ley 100 de 1993 y, por lo tanto, el incumplimiento de las
obligaciones del empleador o de las entidades administradoras en materia de
pensiones no es imputable ni oponible al trabajador.
13.2. Se debió aplicar el régimen previsto en el Decreto 758 de 1990 teniendo en
cuenta el tiempo de servicio anterior a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
De igual manera, en la SU 317 de 2021 se reiteró y unificó la postura jurisprudencial
según la cual «es factible la aplicación del Acuerdo 049 de 1990, a las personas que no
contaban con cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales, con anterioridad a la entrada
en vigencia de la Ley 100 de 1993, pero sí vinculadas a algún otro régimen pensional, como
quiera que dicha exigencia no se encuentra contemplada en el Acuerdo [049 de 1990]»
11 según consta en el auto del 18 de octubre de 2023, visible a índice 7 de Samai.
11
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Demandante: Hermes Jaimes Carvajal
(sic).
13.3. Se presentó una indebida aplicación aritmética de las normas previstas en la
Ley 100 de 1993 y sus normas complementarias para fijar el IBL al desconocer las
cotizaciones realizadas de manera concurrente a su aporte como servidor público
en calidad de trabajador independiente, sin justificación legal12.
1.6. El Ministerio Público
14. El procurador delegado ante el Consejo de Estado guardó silencio13.
2. Consideraciones
2.1. Los problemas jurídicos
15. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación 14, los
problemas jurídicos consisten en determinar ¿si Hermes Jaimes Carvajal tiene
derecho a que se tengan en cuenta los tiempos de servicio anteriores a la Ley 100
de 1993 a efectos de determinar la tasa de reemplazo de su pensión, la cual fue
reconocida en los términos del Acuerdo 049 de 1990, aprobado mediante el Decreto
758 de ese año y si para tal efecto le era aplicable la sentencia SU 769 de 2014? y
¿si en la liquidación de la pensión de vejez se debía incluir la prima de antigüedad
devengada y enlistada como factor salarial en el Decreto 1158 de 1994?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. Régimen pensional previsto en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el
Decreto 758 de 1990
15
16. El presidente de la República expidió el Decreto 1650 del 18 de julio de 1977 ,
en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió la Ley 12 de 1977 para
determinar la estructura, régimen y organización de los Seguros Sociales
Obligatorios y de las entidades que los administran. Esta normativa estableció
mecanismos de protección para las contingencias de enfermedad en general,
maternidad, accidentes de trabajo, enfermedad profesional, invalidez, vejez,
muerte, y asignaciones familiares.
12 Índice 5 de Samai
13 Índice 10 de Samai, obra soporte de notificación
14 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el
artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
15 «Por el cual se determinan el régimen y la administración de los seguros sociales obligatorios, y
se dictan otras disposiciones».
12
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17. Para el efecto, le confirió al Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios
(creado por el artículo 36 del Decreto 1650 como un como organismo del gobierno
que tendría a su cargo la formulación de políticas y la dirección general del régimen
de dichos seguros) la facultad de «[a]probar los reglamentos generales sobre las
condiciones y los términos necesarios para el reconocimiento y la efectividad de las
prestaciones correspondientes a los distintos seguros, previo concepto del
Superintendente de Seguros de Salud».
18. En ejercicio de esta prerrogativa, el aludido órgano expidió el Acuerdo 049 del
1° de febrero de 199016 aprobado por el Decreto 758 de 1990. De acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1 de esta norma, estarían sujetos al seguro social
obligatorio i) en forma forzosa u obligatoria: a) los trabajadores nacionales o
extranjeros que prestaran sus servicios a patronos particulares mediante contrato
de trabajo o de aprendizaje; b) los funcionarios de seguridad social del Instituto de
Seguros Sociales y, c) los pensionados por jubilación cuyas pensiones vayan a ser
compartidas con las pensiones de vejez a cargo del Instituto de Seguros Sociales
o asumidas totalmente por él; ii) en forma facultativa: a) los trabajadores
independientes; b) los sacerdotes diocesanos y miembros de las Comunidades
Religiosas y, c) los servidores de entidades oficiales del orden estatal que al 17 de
julio de 1977 se encontraban registradas como patronos ante el ISS; y iii) otros
sectores de población respecto de quienes se ampliara la cobertura del régimen
de los seguros sociales obligatorios.
19. Mediante este acuerdo se establecieron los siguientes requisitos para acceder
a la pensión de vejez para aquellas personas afiliadas al Seguro Social:
«Artículo 12. Requisitos de la pensión de vejez: Tendrán derecho a la pensión de vejez
las personas que reúnan los siguientes requisitos:
a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años
de edad, si se es mujer y,
b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos
veinte (20) años anteriores al cumplimiento de la[s] edades mínimas, o haber acreditado
un número de un mil (1.000) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo».
20. Con el fin de acreditar el cumplimiento del número de semanas exigidas por la
citada norma, la Corte Suprema de Justicia17 consideraba que no era posible
sumar los períodos no cotizados al ISS, por cuanto, a su juicio, la norma exigía
16 «por el cual se expide el Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y
Muerte»
17 Sentencias del 4 de noviembre de 2004 radicación 23611, M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza;
23 de agosto de 2006 radicado 27651, M.P. Luis Javier Osorio López; 19 de noviembre de 2007
radicado 30187, M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez; y del 1º de febrero de 2011 radicado 41703.
M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve.
13
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que esos tiempos fueran cotizados directamente a tal entidad previsional y la
posibilidad de computar períodos laborados en el sector oficial, la permitían los
artículos 13, literal f) y 33 de la Ley 100 de 1993, esto es, dentro del régimen de
prima media con prestación definida, creado por el Sistema General de Pensiones,
de manera que no era posible escindir las normas para aplicar lo más favorable de
cada una de ellas18.
21. Sin embargo, con posterioridad modificó su postura y permitió sumar semanas
cotizadas al seguro social y los tiempos laborados al servicio de entidades públicas
para el reconocimiento pensional. Al respecto señaló19:
«[A]nte un nuevo estudio del asunto, la Corte considera pertinente modificar el anterior
precedente jurisprudencial, para establecer que las pensiones de vejez contempladas
en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad,
aplicable por vía del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, pueden consolidarse
con semanas efectivamente cotizadas al ISS, hoy Colpensiones, y los tiempos
laborados a entidades públicas» [Se resalta].
22. Asimismo, esa Corporación consideró que fue el legislador el que permitió el
cómputo de esos tiempos con el fin de no dejar en situación de desprotección a
los afiliados o sus beneficiarios cuando hayan prestado servicios en el sector
público y privado. Esto dijo20:
«[A] fin de permitir la acumulación de los tiempos públicos servidos sin cotizaciones al
Instituto de Seguros Sociales con los aportes sufragados a esa entidad, con la finalidad
de acreditar las exigencias de aportes previstas en los artículos 6.º y 25 del Acuerdo 049
de 1990, tanto para la pensión de sobrevivientes como la de invalidez, cuando se invoque
su aplicación en virtud del principio constitucional de la condición más beneficiosa.
[…]
En este punto es oportuno señalar que la parte pertinente de los preceptos acusados
relativa a la posibilidad de la sumatoria de tiempos públicos no cotizados al ISS con los
aportes efectivamente sufragados a esa entidad, a efectos de acceder a la prestación de
vejez prevista en el Acuerdo 049 de 1990, son desarrollo del literal f) del artículo 13 de
la Ley 100 de 1993.
En esa medida, guarda coherencia con los aspectos mencionados, el entender que para
efectos de definir el requisito mínimo de semanas previsto en los artículos 6.º y 25 del
18 Sentencias del 4 de noviembre de 2004 radicación 23611, M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza;
23 de agosto de 2006 radicado 27651, M.P. Luis Javier Osorio López; 19 de noviembre de 2007
radicado 30187, M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez; y del 1º de febrero de 2011 radicado 41703.
M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve.
19 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia de 1.º de julio de 2020, radicación
70918 (SL1947-2020), M.P. Iván Mauricio Lenis Gómez, en el mismo sentido ver, entre otras,
SL1981-2020, SL1947-2020, SL 74937, 26 ago. 2020, SL 55270, 26 ago. 2020 y SL5147-2020, 21
oct. 2020.
20 Entre otras, en la sentencia CSJ SL5147-2020, CSJ SL2222-2022.
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Acuerdo 049 de 1990, en el caso de las pensiones de sobrevivientes e invalidez, se
puede acudir a las disposiciones de la Ley 100 de 1993 y concretamente al artículo 13
literal f) […]
En ese contexto, es claro que fue el propio legislador del año 1993 el que consagró
como criterio rector en seguridad social, la posibilidad de acumular para el acceso
a las distintas pensiones y prestaciones las variadas formas en que los afiliados
concurren a la financiación del sistema. Así, se permitió la sumatoria de las
cotizaciones a las distintas cajas o entidades administradoras del régimen con tiempos
de servicios en el sector público, incluso anteriores a la vigencia de la Ley 100 de 1993
y se previeron los instrumentos para facilitarla, tales como los bonos pensionales,
cálculos actuariales o cuotas partes pensionales.
La nueva orientación jurisprudencial sobre el tema guarda armonía con el criterio
reciente de la Sala que abrió la posibilidad de adicionar tiempos de servicios públicos no
cotizados al ISS con las semanas efectivamente sufragadas a esa entidad, cuando se
acude en materia de pensiones de vejez a las previsiones del Acuerdo 049 de 1990 en
virtud del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 (CSJ SL1981-2020,
CSJ SL1947-2020, CSJ SL 74937, 26 ago. 2020 y CSJ SL 55270, 26 ago. 2020).
[…]
De modo que no existe obstáculo alguno para considerar que a fin de acreditar el número
de semanas previsto en los artículos 6.º y 25 del Acuerdo 049 de 1990 para las
pensiones de invalidez y sobrevivientes, en virtud del principio de condición más
beneficiosa, se puedan adicionar los tiempos públicos sin cotizaciones al ISS y las
semanas sufragadas a esa entidad.
Esta interpretación es la que más se ajusta al ordenamiento jurídico y a las finalidades
propias del derecho a la seguridad social, en tanto garantía fundamental e irrenunciable
de conformidad con los postulados de la Carta Política de 1991, a fin de no dejar en
situación de desprotección a los afiliados o sus beneficiarios cuando se hayan
prestado servicios en el sector público y privado
En dichos términos, la Sala modifica el criterio sobre la posibilidad de computar tiempos
de servicios públicos sin cotizaciones al ISS con los aportes a esa entidad en materia
de pensiones de invalidez y sobrevivientes, cuando se aplica el Acuerdo 049 de 1990
en virtud del principio de condición más beneficiosa». [Se resalta].
23. Esta postura guarda correspondencia con las consideraciones expuestas por la
Corte Constitucional en la sentencia SU-769 de 201421. Allí precisó que i) para
efectos de acceder al reconocimiento pensional, es posible acumular tiempo
laborado en entidades públicas respecto de las cuales el empleador no efectuó las
cotizaciones a caja o fondo alguno de previsión social, con las aportadas al ISS; y
ii) es viable acumular tiempos cotizados a entidades públicas o fondos de previsión
para contabilizar las semanas requeridas, en tanto que el artículo 12 del Acuerdo
049 de 1990, no exige que las cotizaciones se hayan efectuado de manera
21 Corte Constitucional, sentencia SU-769 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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exclusiva al ISS.
24. Al
respecto expuso las siguientes interpretaciones sobre la posibilidad de
acumular tiempos de servicio prestado en entidades públicas con el cotizado en el
ISS:
«[C]omo algunas personas no contaban con ese número de semanas de cotización al
Seguro Social, con el fin de obtener el total requerido en la norma, solicitaban que les
fuera sumado el tiempo laborado en entidades públicas cotizado en las cajas o fondos
de previsión. De esa manera, surgió el debate de si era posible o no acumular semanas
de cotización en entidades públicas y privadas, el cual ha sido decantado por la
jurisprudencia constitucional bajo el análisis dos interpretaciones que nacen de la
aplicación de la norma:
7.1.1. Una de ellas es la sostenida por el Instituto de Seguros Sociales, según la cual los
beneficiarios del régimen de transición deben haber cotizado todo el tiempo de servicios
exigido por la ley exclusivamente a esa entidad, sin que sea posible acumular las
semanas aportadas a otros fondos o cajas de previsión social, públicas o privadas. La
razón se encuentra fundamentada en los siguientes argumentos:
(i) El Acuerdo 049 de 1990 “fue expedido por el Consejo Nacional de Seguros
Sociales Obligatorios, para regulación exclusiva de las prestaciones reconocidas por ese
Instituto”;
(ii) En el referido Acuerdo no se contempla la posibilidad de acumular semanas
cotizadas a otras entidades, “pues para ello existían otros regímenes, como la Ley 71 de
1988, que estableció la pensión por aportes (exigiendo para ello 20 años de aportes y
las edades de 55 o 60 años, según se ha indicado en razón al sexo)”; y
(iii) El requisito contenido en el literal “b” del artículo 12 del acuerdo, esto es, 500
semanas cotizadas en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad para
pensionarse, “fue en su momento un tipo de transición, para que los empleadores
privados afiliaran a sus trabajadores más antiguos, a quienes no se había concedido
pensión, a fin de que cotizaran en el ISS, por lo menos 10 años, y se les fuera concedida
una pensión de jubilación”22.
En virtud de esta interpretación, el interesado en la acumulación de tiempos de servicio
tanto del sector público como del privado, perdería los beneficios del régimen de
transición en tanto para ello debería acogerse en su integridad a lo dispuesto en la Ley
100 de 1993, normatividad que sí permite ese tipo de acumulación.
7.1.2. Por otro lado, una segunda interpretación sobre la aplicación del mencionado
artículo 12 sugiere lo siguiente23:
(i) Del tenor literal de la norma no se desprende que el número de semanas de
cotización requeridas lo sean las aportadas exclusivamente al ISS;
22 Sentencia T-201 de 2012.
23 Sentencias T-090 de 2009, T-398 de 2009, T-583 de 2010, T-760 de 2010, T-334 de 2011, T-559
de 2011, T-100 de 2012, T-360 de 2012, T-063 de 2013, T-593 de 2013, entre otras.
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(ii) El régimen de transición se circunscribe a tres ítems -edad, tiempo de servicios
o número de semanas cotizadas, y monto de la pensión-, dentro de los cuales no se
encuentran las reglas para el cómputo de las semanas cotizadas, lo cual sugiere que
deben ser aplicadas las del sistema general de pensiones.
Bajo esta interpretación, para obtener la pensión de vejez en virtud del artículo 12 del
Acuerdo 049 de 1990, es posible acumular tiempos de servicios tanto del sector público
cotizados a cajas o fondos de previsión social, como del sector privado cotizados al
Instituto de Seguros Sociales. Esto, por cuanto dicha disposición no exige que las
cotizaciones hayan sido efectuadas exclusivamente al seguro social y porque la
aplicación del régimen de transición solamente se limita a los tres ítems previamente
señalados, donde no se encuentra aquel referente al cómputo de las semanas, requisito
que debe ser determinado según lo dispuesto en la Ley 100 de 1993.
7.2. Ahora bien, teniendo en cuenta que ambas interpretaciones eran razonables y
concurrentes, esta corporación decidió acoger la segunda de ellas apoyada en el
principio de favorabilidad en materia laboral, en virtud del cual, de acuerdo con los
artículos 53 de la Carta y 21 del Código Sustantivo del Trabajo, en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho el operador jurídico,
judicial o administrativo, debe optar por la situación que resulte más favorable al
trabajador».
25. Para resolver lo anterior, expuso la línea jurisprudencial desarrollada por la
Corte y sobre el particular tuvo en consideración lo siguiente:
«Una vez aceptado por esta corporación que en aplicación del principio de favorabilidad
en materia laboral es posible realizar la acumulación de tiempos ya mencionada bajo el
régimen del Acuerdo 049 de 1990, resulta más garantista acoger la misma interpretación
en aquellos casos donde el peticionario cumple con el otro de los supuestos posibles
contenidos en una misma norma para acceder a la pensión de vejez. En ese sentido, la
segunda posición es la que mejor se ajusta al principio de favorabilidad contenido en los
artículos 53 de la Carta Política y 21 del Código Sustantivo del Trabajo, y al principio pro
homine derivado de los artículos 1° y 2° de la Constitución24.
Por otro lado, permitir la acumulación de tiempos tanto del sector público como del
privado en los eventos en que se acrediten 500 semanas de cotización dentro de los 20
años anteriores al cumplimiento de la edad, maximiza el goce efectivo del derecho
fundamental a la seguridad social de un grupo poblacional vulnerable que ha visto
disminuida su capacidad laboral para obtener los recursos necesarios que le
permitan tener una subsistencia en condiciones dignas.
24 Respecto del principio de interpretación pro homine, en la sentencia T-319 de 2012 se explicó:
“impone aquella interpretación de las normas jurídicas que sea más favorable al hombre y sus
derechos, esto es, la prevalencia de aquella interpretación que propenda por el respeto de la dignidad
humana y consecuentemente por la protección, garantía y promoción de los derechos humanos. En
el orden interno, este principio se deriva de los artículos 1º y 2º Superiores, en cuanto en ellos se
consagra el respeto por la dignidad humana como fundamento del Estado social de Derecho, y como
fin esencial del Estado la garantía de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución, así como la finalidad de las autoridades de la República en la protección de todas las
personas en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades. (Sentencia T-191 de 2009)”. Cfr.
Sentencias C-1056 de 2004, C-372 de 2009 y T-284 de 2006.
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En definitiva, ante la necesidad de unificar la postura de la Corte Constitucional en el
asunto del que ahora se ocupa la Sala, se concluye que la interpretación que más se
acompasa con los principios de favorabilidad y pro homine, es la que, en aplicación del
Acuerdo 049 de 1990, permite acumular los tiempos cotizados a entidades públicas y a
empleadores privados, para que aquellas personas que acrediten 500 semanas de
cotización dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, accedan a la
pensión de vejez». [Se resalta].
26. Para concluir lo anterior, la Corte analizó las diferentes acciones de tutela en
las que había examinado situaciones con contornos fácticos y jurídicos similares y
encontró que la interpretación que acogieron los jueces de tutela se dio bajo el
entendido de que los peticionarios perderían el derecho a un beneficio pensional.
De manera que la decisión a la que llegó la Corte Constitucional en la sentencia
de unificación partió de un supuesto extremo en virtud del cual, ninguna de las
disposiciones previstas en la norma, les permitirían acceder a la prestación
reclamada. Sin embargo, adoptó las siguientes conclusiones generales:
«9.1. El cómputo de las semanas cotizadas es un aspecto que quedó consagrado en la
Ley 100 de 1993 precisamente para dar solución a la desarticulación entre los diferentes
regímenes que durante un tiempo hizo imposible acumular tiempos de servicio con
diferentes empleadores, reduciendo notablemente la posibilidad de los trabajadores para
acceder a la pensión de vejez.
De conformidad con los precedentes jurisprudenciales reseñados en la parte
considerativa de esta sentencia, para efecto del reconocimiento de esta prestación es
posible acumular los tiempos de servicios cotizados a las cajas o fondos de previsión
social, con las semanas de cotización efectuadas al Instituto de Seguros Sociales, por
cuanto la exclusividad en los aportes a esta entidad se trata de un evento no
contemplado en el Acuerdo 049 de 1990.
9.2. Por otro lado, según se decantó en esta providencia, por ser la postura que mejor
se ajusta a la Constitución y a los principios de favorabilidad y pro homine, y que
maximiza la garantía del derecho fundamental a la seguridad social, tal acumulación es
válida no solo para los casos en que fueron acreditadas 1000 semanas en cualquier
tiempo, sino también para los eventos en los que se demostró haber reunido un total de
500 semanas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad requerida.
9.3. Finalmente, también es posible acumular el tiempo laborado en entidades públicas
respecto de las cuales el empleador no efectuó las cotizaciones a alguna caja o fondo
de previsión social, con las semanas aportadas al Instituto de Seguros Sociales. Lo
anterior, toda vez que se trata de una circunstancia que puede limitar el goce
efectivo del derecho a la seguridad social, y porque el hecho de no haberse realizado
las respectivas cotizaciones o descuentos no es una conducta que deba soportar el
trabajador, más aún cuando era la entidad pública la que asumía dicha carga
prestacional». [Se resalta].
27. En línea con lo anterior, la Sección Segunda de esta Corporación, en
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providencias del 7 de noviembre de 201925 y del 23 de abril de 202026 reconoció la
posibilidad de acumular tiempos de servicio público con las cotizaciones
efectuadas en el ISS para obtener el beneficio a que alude el Acuerdo 049 de 1990.
28. Sin embargo, no puede pasarse por alto que, en todos los asuntos analizados
por la Corte en la referida sentencia de unificación, se abordó la problemática
generada por la imposibilidad de acceder al beneficio pensional, para
trabajadores que no completaban los requisitos establecidos en la Ley 71 de
1988, ni en la Ley 797 de 2003. Por ejemplo, en la sentencia T-090 de 2009,
conoció de un caso en el que el ISS le negó la pensión de vejez a una persona
que, sumado el tiempo laborado a entidades del Estado y el cotizado al ISS,
acreditaba un total de 1007 semanas, las cuales no eran suficientes para acceder
a la prestación en virtud de lo previsto en el artículo 9 de la Ley 797 de 2003 que,
para ese momento, exigía un total de 1075 semanas. En aquella oportunidad, esa
corporación consideró que la negativa a la prestación reclamada en virtud de lo
dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990 «perjudicaba al peticionario porque implicaba la
pérdida de los beneficios del régimen de transición, ya que debía regirse de forma integral
por la Ley 100 de 1993».
29. Lo anterior, toda vez que debe tenerse en cuenta que dentro de las
disposiciones que beneficiaban a quienes se encontraban cobijados por el régimen
de transición previsto en la Ley 100 de 1993, estaba la Ley 71 de 1988 que permitía
que aquellas personas que acreditaran 20 años de aportes «sufragados en cualquier
tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus
veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y
en el Instituto de los Seguros Sociales» accedieran a un beneficio pensional. Es decir
que solo quienes se encuentren en la situación de los demandantes que dieron
lugar a esa interpretación, pueden acceder a la pensión prevista en el Acuerdo 049
de 1990, esto es, aquellos que no completaron los requisitos para pensionarse con
las leyes 71 de 1988 o 100 de 1993 (modificada por la Ley 797 de 2003).
2.3. Caso en concreto
30. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, i) sentencia del 7 de noviembre de 2019,
M.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicado 20001-23-39-000-2016-00061-01(1322-17); y ii) sentencia
del 7 de noviembre de 2019, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, número de radicación 25000-23-42-
000-2015-03699-01(3798-17).
26 Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección A, sentencia del 23 de abril de 2020, radicado
25000-23-42-000-2016-02417-01 (3351-2018), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
19
Radicado: 68001-23-33-000-2021-00420-01 (0913-2023)
Demandante: Hermes Jaimes Carvajal
30.1. Hermes Jaimes Carvajal nació el 14 de junio de 195327.
30.2. Prestó sus servicios de la siguiente manera28:
Entidad empleadora Desde Hasta Entidad de previsión
Secretaría departamental de 9 de agosto de 1976 8 de agosto de Instituto de previsión Social
Santander, ESE, Hospital de 1977 de Santander
Santa Ana de Guaca
ESE Hospital Santo 8 de septiembre de 13 de marzo de Instituto de previsión Social
Domingo de Málaga 1980 1984 de Santander
ESE Hospital Universitario 3 de septiembre de 18 de noviembre de ISS
Ramón González Valencia 1984 1992
ISS Seccional Santander 27 de diciembre de 25 de enero 1985
1984
15 de marzo de 1984 30 de junio de 1995 Universidad Industrial de
Santander
1° de julio de 1995 30 de septiembre ISS
UIS de 2012
1° de octubre de 6 de noviembre de Colpensiones
2012 2017
30.3. De acuerdo con el reporte de semanas cotizadas en pensiones 29, entre el 3 de
septiembre de 1984 y el 28 de febrero de 2017 cotizó un total de 1.422,43 semanas
a Colpensiones30.
30.4. El jefe de la división de talento humano de la UIS reportó que entre los años
2008 al 2017 percibió la asignación salarial y la prima de antigüedad y así consta
en los certificados de salario mes a mes y Cetil31.
30.5. El 26 de febrero de 2018 el jefe de la División de Recursos Humanos de la UIS
certificó que había prestado sus servicios a la universidad como profesor con
27 Ibidem, documentos 064GEN-RCN-AF-2016_ 9084033-20160809035125 y 048GEN-DDI-AF-
2018_6809545-20180613032152 que corresponden al registro civil de nacimiento y a la cédula de
ciudadanía, respectivamente.
28 De las certificaciones electrónicas de tiempos laborados CETIL, establecidos por el Ministerio de
Hacienda y el Ministerio del Trabajo para certificar la totalidad del tiempo laborado, visibles a índice
22 de Samai del tribunal expediente digital, archivo
«1_EXPEDIENTEDIGITAL_LINKEXPD_68001233300020210042000(.pdf) NroActua 22», enlace,
carpeta 016Expediente Administrativo
29 Actualizado al 25 de abril de 2018. Aunque obran otras actualizaciones del 5 de abril de 2017 y
del 17 de septiembre de 2020 la información sobre las semanas cotizadas a otras administradoras
diferentes al ISS no fue reportada y tampoco las descontadas por periodos simultáneos.
30 Índice 22 de Samai del tribunal expediente digital, archivo
«1_EXPEDIENTEDIGITAL_LINKEXPD_68001233300020210042000(.pdf) NroActua 22», enlace,
carpeta 016Expediente Administrativo, documento 069GEN-REQ-IN-2018_2473036-
20180425123803
31 Cetil del 9/08/1997 al 8/08/1977; 8/09/1980 al 13/03/1984; y 15/03/1984 al 30/06/1995
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Radicado: 68001-23-33-000-2021-00420-01 (0913-2023)
Demandante: Hermes Jaimes Carvajal
dedicación de tiempo completo en la modalidad de empleado público desde el 15
de marzo de 1984 hasta el 6 de noviembre de 201732.
30.6. Mediante la Resolución 1230 de 2010, el ISS le reconoció la pensión de
jubilación de conformidad con la Ley 33 de 1985 con bono pensional tipo B como
servidor público. Para determinar el monto de la pensión tuvo en cuenta un IBL de
$6.426.648 al cual se le aplicó el 75% de tasa de reemplazo que dio como resultado
una mesada en cuantía de $4.819.986 condicionada hasta tanto se presentara la
aceptación de la renuncia al cargo33.
30.7. El 15 de julio de 2010 interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de
apelación contra la anterior resolución en el que aclaró que su fecha de nacimiento
era el 14 de junio de 1953 y solicitó que se liquidara la pensión con el 75% del salario
promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio34.
30.8. A través de la Resolución 5619 de 201035 y 0626 de 201136 el ISS confirmó la
decisión inicial, toda vez que el peticionario era beneficiario del régimen de
transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por ende, le era aplicable la Ley 33
de 1985 en cuanto a los requisitos de edad, tiempo y monto de la pensión de este
régimen, pero en lo relacionado con el IBL se debía dar aplicación a la Ley 100.
Asimismo, rectificó la fecha de nacimiento.
30.9. Por medio de la Resolución 1380 de 2017 se le aceptó la renuncia al cargo de
profesor con dedicación de tiempo completo, adscrito al Departamento de
Ginecobstetricia de la Escuela de Medicina de la Facultad de Salud de la
Universidad Industrial de Santander, a partir del 7 de noviembre de 201737.
30.10. Con Resolución 33382 del 5 de febrero de 2018, Colpensiones le reconoció
pensión de vejez con base en la Ley 797 de 2003 pues encontró un traslado del
régimen de ahorro individual con solidaridad al de prima media a partir del 1° de julio
de 2004, por lo tanto, consideró que Hermes Jaimes Carvajal debió acreditar 15
años de servicio al 1° de abril de 1994 para no perder el régimen de transición, sin
embargo, no lo hizo. Para determinar el monto de la pensión señaló que cuando
existían tiempos de servicio simultáneos estos no se podían computar dobles; en
32 Ibidem, documento 020GEN-ANX-CI-2019_7082267-20190530012150
33 Ibidem, documento 073GEN-REQ-IN-2020 9001191-20200922121637, páginas 36 a la 39.
34 Ibidem, páginas 24 a la 27.
35 Ibidem, páginas 22 y 23.
36 Ibidem, páginas 5 y 6.
37 Índice 22 de Samai del tribunal expediente digital, archivo
«1_EXPEDIENTEDIGITAL_LINKEXPD_68001233300020210042000(.pdf) NroActua 22», enlace,
carpeta 016Expediente Administrativo, documento 018GEN-ANX-CI-2017_10469795-
20171003024952
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Radicado: 68001-23-33-000-2021-00420-01 (0913-2023)
Demandante: Hermes Jaimes Carvajal
ese sentido, si bien prestó sus servicios desde el 15 de marzo de 1984 hasta el 6
de noviembre de 2017 para un total de 2.049 semanas como tiempo nominal, para
calcular el número de días válidos descontó los días simultáneos lo que arrojó un
total de 1.680 de semanas. De conformidad con lo anterior, tuvo en cuenta un IBL
de $15.500.440 al que le aplicó una tasa de reemplazo del 67.50%, que dio como
resultado una mesada pensional en cuantía de $10.462.797, efectiva a partir del 7
de noviembre de 201738.
30.11. Contra la anterior resolución interpuso el recurso de reposición y en subsidio
el de apelación con el argumento de que no se había afiliado a un régimen privado,
sino que había cotizado como independiente.
30.12. Dichos recursos fueron resueltos por medio de las resoluciones SUB 111661
del 26 de abril de 201839 y DIR 9032 del 10 de mayo de 201840, respectivamente,
en el sentido de confirmar la decisión contenida en la Resolución 33382 del 5 de
febrero de 2018, toda vez que no había conservado el régimen de transición al
haberse cambiado voluntariamente al régimen de ahorro individual y comoquiera
que al 1° de abril de 1994 no había acreditado 15 años de servicio. Al respecto
señaló lo siguiente:
«Que mediante Circular interna N.8 de 2014 emitida por Colpensiones se estableció los
criterios de conservación del Régimen de Transición en caso de Traslado al RAIS
correspondiente a la exigencia de cálculo de rentabilidad, de acuerdo al precedente
judicial de las sentencias C – 789 de 2002, C – 754 de 2004, C – 1024 de 2004, SU –
062 de 2010, SU – 130 de 2013 y SU – 856 de 2013, la Ley 797 de 2003, los Decretos
3800 de 2003 y 3995 de 2008 y la Circular 06 de 2011 emitida por la Superintendencia
Financiera de Colombia. Que una vez revisado el aplicativo de Historia Laboral se
observa que el señor JAIMES CARVAJAL HERMES, presentó traslado aprobado al
Régimen de Ahorro Individual volviendo al Régimen de Prima Media con Prestación
Definida a partir del 31 de mayo de 2004, acorde a la información que obra en el
aplicativo en el Sistema de Información de los Afiliados a los Fondos de Pensiones
SIAFP, con lo cual se dará aplicación a la regla 4 de la Circular interna N.8 de 2014
correspondiente a los criterios de conservación del Régimen de Transición en caso de
Traslado al RAIS»
30.13. En consecuencia, negó «la solicitud de reliquidar la prestación de conformidad con
el Decreto 758 de 1990 y la Ley 33 de 1985, ya que las dos normas son anteriores a la Ley
100 de 1993 y para tener derecho a ellas se requiere ser beneficiario del régimen de
transición, lo cual no ocurre en el caso del señor JAIMES CARVAJAL HERMES».
38 Ibidem, documento GRF-AAT-RP-2017-10469795-20180205092001. pdf
39 Ibidem, documento GRF-AAT-RP-2018_2473036-20180426063417 pdf
40 Ibidem, documento GRF-AAT-RP-2018_2473036_2-20180510062255.pdf
22
Radicado: 68001-23-33-000-2021-00420-01 (0913-2023)
Demandante: Hermes Jaimes Carvajal
30.14. El 11 de septiembre de 2020, solicitó un nuevo estudio en el que se le se
reconociera que era beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36
de la Ley 100 de 1993, comoquiera que para la fecha de su entrada en vigencia
para los empleados públicos del orden territorial (30 de junio de 1995) contaba con
más de 15 años de servicio y 40 años de edad y, como consecuencia, se le
reliquidara la pensión con el régimen pensional previsto en el Decreto 758 de 1990,
por medio del cual se aprobó el Acuerdo 049 de 1990, con inclusión del tiempo de
servicio prestado a la UIS, a la ESE Hospital Santo Domingo de Málaga y a la
Secretaría de Salud Departamental Hospital I de Guaca (Santander) antes de la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Asimismo, y que para efectos de obtener
el IBL se incluyera lo devengado por concepto de prima de antigüedad según el
artículo 1 del Decreto 1158 de 199441.
30.15. Con la Resolución SUB 207469 del 29 de septiembre de 2020, Colpensiones
resolvió la anterior petición en la que consideró que: i) de las 1.618 semanas que
cotizó (excluyendo la simultaneidad de tiempo de servicio) 1.173 fueron exclusivas
a Colpensiones, y aunque no pudieran contabilizarse dobles sí le incrementaban el
IBL; ii) se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad el 1° de octubre
de 1997 y regresó al de prima media con prestación definida el 1° de julio de 2004,
no obstante, no perdió el régimen de transición, por cuanto «acredit[ó] antes del 01 de
Abril de 1994, un total de 753 semanas cotizadas» y cumplió con la validación del cálculo
de rentabilidad; iii) el IBL correspondía al previsto en la Ley 100 de 1993; y iv) si
bien había adquirido el estatus pensional el 14 de junio de 2013 la petición de
reliquidación había sido presentada el 7 de noviembre de 2020 motivo por el cual
había operado la prescripción de las mesadas anteriores a dicha fecha. Por lo
anterior, ordenó la reliquidación de la prestación con la aplicación del régimen
previsto en el Decreto 758 de 1990, para tal efecto tuvo en cuenta 1.173 semanas,
una tasa de reemplazo del 84%, un IBL de $15.485.694 en aplicación del tope de
sumas cotizadas hasta 25 SMLMV, lo que resultó en una mesada en cuantía de
$13.007.983, efectiva a partir del 7 de noviembre de 201742.
30.16. Contraese acto administrativo presentó los recursos de reposición y en
subsidio el de apelación para que se incluyera la prima de antigüedad, las
cotizaciones como independiente del 40% de lo devengado en ejercicio de su
profesión médica, el tiempo de servicio con o sin cotización al ISS prestado antes
de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, a efectos de determinar la tasa de
41 Según se transcribe en la Resolución SUB 207469 del 29 de septiembre de 2020 visible a índice
22 de Samai del tribunal expediente digital, archivo
«1_EXPEDIENTEDIGITAL_LINKEXPD_68001233300020210042000(.pdf) NroActua 22», enlace,
carpeta 016Expediente Administrativo, documento GRF-AAT-RP-2020_9001191-20200929030521.
pdf
42 Ibidem
23
Radicado: 68001-23-33-000-2021-00420-01 (0913-2023)
Demandante: Hermes Jaimes Carvajal
reemplazo en un 90%43.
30.17. El recurso de reposición fue resuelto a través de la Resolución SUB 239444
del 6 de noviembre de 2020, por medio de la cual se modificó el IBL a la suma de
$15.501.860, al que le aplicó una tasa de reemplazo del 84%, lo que arrojó una
mesada en cuantía $13.021.562, efectiva a partir del 7 de noviembre de 201744. En
esta oportunidad indicó que al pensionado no le era aplicable la sentencia SU 769
de 2014 porque había adquirido el estatus antes de la comunicación de la sentencia
y la Corte Constitucional no le había conferido efectos retroactivos al fallo. Así pues,
aunque la prestación se le había reconocido en aplicación del Decreto 758 de 1990
para establecer la tasa de reemplazo solo era posible tener en cuenta las semanas
cotizadas a Colpensiones. En ese sentido señaló:
«el interesado acredita un total de 11,328 días laborados, correspondientes a 1,618
semanas, de las cuales 1,173 semanas se encuentran efectivamente cotizadas a
Colpensiones.
Que, por otra parte, verificadas las Certificaciones Electrónicas de Tiempos Laborados
CETIL establecidos por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo, para
certificar la totalidad del tiempo laborado en entidades públicas, se observa que [el]
solicitante efectuó aportes asumidos por otras cajas de previsión social en los siguientes
periodos:
ENTIDAD LABORÓ DESDE HASTA ENTIDAD
RESPONSABLE
DEPARTAMENTO 19760809 19770808 DEPARTAMENTO
DE SANTANDER DE SANTANDER
ESE HOSP SATO 19800908 19840313 DEPARTAMENTO
DOMINGO MALAGA DE SANTANDER
UNI DIS SNTDER 19840315 19941231 UIS
UNI DIS SNTDER 19950101 19950630 UIS
(…)
Que, si bien los mismos pueden ser incluidos para el estudio de la prestación, dicha
situación daría lugar al reconocimiento de la pensión de Vejez a la luz de la Ley 71 de
1988, con una tasa de reemplazo del 75%, siendo desfavorable para el peticionario, por
lo cual y en virtud del principio “No reformatio in peius”, no es posible desmejorar la
situación jurídica consolidada del pensionado» (sic)
30.18. El recurso de apelación fue resuelto a través de la Resolución DPE 16776 del
18 diciembre de 2020 que confirmó la decisión anterior (Resolución SUB 239444
del 6 de noviembre de 2020)45.
43 Según se transcribe en la Resolución SUB 239444 del 6 de noviembre de 2020 visible a índice 22
de Samai del tribunal expediente digital, archivo
«1_EXPEDIENTEDIGITAL_LINKEXPD_68001233300020210042000(.pdf) NroActua 22», enlace,
carpeta 016Expediente Administrativo, documento GRF-AAT-RP-2020_10362527-
20201106102325.pdf
44 Ibidem
45 Ibidem, documento GRF-AAT-RP-2020-10362527_2-20201218053101.pdt
24
Radicado: 68001-23-33-000-2021-00420-01 (0913-2023)
Demandante: Hermes Jaimes Carvajal
2.4. Análisis sustancial del caso concreto
2.4.1. Cuestión previa
31. Antes de resolver el caso bajo análisis, se hace necesario manifestar que, con
la presente decisión, el ponente se acoge a la posición mayoritaria de esta Sala,
expresada en la sentencia del 3 de mayo de 202546, que admite el criterio según el
cual es posible la aplicación del Acuerdo 049 del 1.º de febrero de 1990, aprobado
por el Decreto 758 de 1990, por virtud del régimen de transición de la Ley 100 de
1993, para los casos en los que se hubiese cotizado a las distintas cajas o entidades
administradoras y en el sector público.
32. Posición mayoritaria a la que se acoge, pero que no es la que comparte, toda vez
que el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, previó que sus
disposiciones estarían dirigidas a un sector limitado de la población, sujeto al seguro
social obligatorio.
33. En esa medida, y en concordancia con el marco normativo y jurisprudencial
expuesto en precedencia, es la imposibilidad de acceder al reconocimiento de la
pensión de vejez por parte de trabajadores que no lograron acreditar los requisitos
exigidos por los artículos 1 de la Ley 33 de 1985, o 7 de la Ley 71 de 1988, o 9 de
la Ley 797 de 2003, modificatorio de la Ley 100 de 1993, lo que permite la aplicación
del citado acuerdo.
34. De esta manera, el Acuerdo 049 de 1990 resultaría aplicable únicamente a
aquellos trabajadores que, encontrándose en situación de transición, no alcanzaron
a cumplir los requisitos para pensionarse ni bajo la Ley 33 de 1985, o la Ley 71 de
1988 ni bajo la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, y cuya situación
concreta justificara una interpretación favorable al derecho a la seguridad social. Sin
embargo, se reitera, con esta decisión se acoge la postura mayoritaria de esta Sala,
pese a no ser la que se comparte.
2.4.2. Caso concreto
35. La Sala encuentra necesario señalar que el Tribunal Administrativo de Santander
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda con fundamento en la
postura jurisprudencial según la cual es posible acumular tiempos públicos y
privados a efectos de aplicar las disposiciones contenidas en el Decreto 758 de
1990 para reconocer la pensión de vejez, y que, si bien fue con la expedición de la
46 Radicado 05001-23-33-000-2018-01738-01(0261-2024), C.P. Jorge Edison Portocarrero
Banguera.
25
Radicado: 68001-23-33-000-2021-00420-01 (0913-2023)
Demandante: Hermes Jaimes Carvajal
SU-769 de 2014 que la Corte Constitucional zanjó la discusión, también lo era que,
en igual sentido, de manera pacífica, uniforme y reiterada, se había admitido tal
posibilidad.
36. Por lo tanto, consideró que se debía tomar el número total de semanas cotizadas
durante toda la vida laboral del demandante para determinar la tasa de reemplazo,
pues, aunque hubo cotizaciones dobles durante iguales periodos, esta situación,
per se, no excluía la posibilidad de que se acumularan los tiempos cotizados al ISS
y a otras administradoras. En todo caso, aquellas ya las había descontado y, aun
así, el peticionario reportaba un número de semanas cotizadas superior a 1.250, de
manera que le correspondía un porcentaje de pensión del 90 % del salario mensual
base, según el artículo 20 del Decreto 758 de 1990.
37. Empero en el recurso de apelación, Colpensiones señaló que las semanas que
debieron tenerse en cuenta para tal efecto eran aquellas que fueron cotizadas
exclusivamente al ISS, hoy Colpensiones, y no a otras administradoras del sector
público, es decir, 1.173. Además, indicó que «los tiempos no cotizados al ISS, hoy
Colpensiones, no se han incluido para efectos de estudiar los requisitos para acceder a la
pensión de vejez de conformidad con el Decreto 758 de 1990, por cuanto su fecha de
cumplimiento de la edad es anterior a la fecha de comunicación de la Sentencia SU-769 de
2014, es decir, antes del 16 de octubre de 2014» (sic).
38. Para resolver el problema jurídico planteado y teniendo en cuenta los argumentos
expuestos en el recurso de apelación, lo que delimita la competencia del juez en
segunda instancia47, se tiene que en el presente asunto no se encuentra en
discusión que el demandante era beneficiario del régimen de transición del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 y que, en aplicación del principio de favorabilidad,
Colpensiones le aplicó el régimen pensional contenido en el Decreto 758 de 1990
para el reconocimiento prestacional, sino que la controversia gira en torno a la tasa
47 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.
El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».
26
Radicado: 68001-23-33-000-2021-00420-01 (0913-2023)
Demandante: Hermes Jaimes Carvajal
de reemplazo que se debió aplicar de acuerdo con el número de semanas cotizadas,
por cuanto la administradora de pensiones consideró que solo se debían tener en
cuenta aquellas que fueron cotizadas exclusivamente al ISS y si se debió incluir la
prima de antigüedad.
39. Como se expuso en el marco normativo y jurisprudencial la Corte Constitucional,
en la sentencia SU-769 de 2014 estableció que para acceder a la pensión de vejez
era posible acumular tiempos cotizados en entidades públicas, aun cuando el
empleador no hubiese realizado aportes a cajas o fondos de previsión, con las
semanas cotizadas al ISS, con fundamento en el principio de favorabilidad laboral y
en la ausencia de una exigencia de cotización exclusiva al ISS en el Acuerdo 049
de 1990. A tal conclusión se llegó luego de analizar 2 interpretaciones sobre la
acumulación de tiempos, una, que restringía la acumulación solo al ISS y, otra, que
permitía sumar tiempos del sector público y privado, la cual fue la acogida por la
Corte Constitucional al considerarla más garantista y acorde con el principio pro
homine, además, porque con la expedición de la Ley 100 de 1993 lo que se buscó
fue solucionar la fragmentación de regímenes pensionales, para lo cual se permitió
la acumulación de tiempos de servicio.
40. En igual sentido se ha pronunciado esta Sección48, no obstante, también se ha
considerado que esta acumulación solo aplica a quienes no cumplen con los
requisitos de pensión bajo las leyes 33 de 1985, 71 de 1988 o 100 de 1993
(modificada por la Ley 797 de 2003), evitando así la pérdida de beneficios del
régimen de transición49. Sin embargo, como se expuso en precedencia los
argumentos del recurso se delimitan a establecer la tasa de reemplazo que le era
aplicable a Hermes Jaimes Carvajal en aplicación del Decreto 758 de 1990 con el
cual le fue reconocida su pensión.
41. Del material probatorio obrante en el plenario se tiene que Hermes Jaimes
Carvajal cotizó: i) 1.422,43 semanas a Colpensiones de las cuales 371,86 fueron
descontadas por cuanto se efectuaron en periodos simultáneos para un total de
1.050,57 exclusivas a Colpensiones y ii) 589,14 a la UIS, que equivalen a 1.63950.
48 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 7 de noviembre de 2019,
M.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicado 20001-23-39-000-2016-00061-01(1322-17); del 7 de
noviembre de 2019, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, número de radicación 25000-23-42-000-2015-
03699-01(3798-17); y del 23 de abril de 2020, radicado 25000-23-42-000-2016-02417-01 (3351-
2018), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
49 Sentencia del 6 de febrero de 2025, radicado 08001-23-33-000-2020-00332-02 (0326-2024), C.P.
Juan Enrique Bedoya Escobar
50 Tal y como consta en el reporte de semanas cotizadas en pensiones, visible a índice 22 de Samai
del tribunal expediente digital, archivo
«1_EXPEDIENTEDIGITAL_LINKEXPD_68001233300020210042000(.pdf) NroActua 22», enlace,
carpeta 016Expediente Administrativo, documento 069GEN-REQ-IN-2018_2473036-
20180425123803
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Por su parte, en la Resolución SUB 207469 del 29 de septiembre de 2020, que
dispuso la reliquidación de la pensión con la aplicación del citado decreto, reconoció
que el pensionado había acreditado «un total de 11.328 días laborados,
correspondientes a 1.618 semanas» de las cuales solo «1.173 semanas» fueron
cotizadas a Colpensiones y que, por lo tanto, serían las únicas a tener en cuenta
para determinarle la tasa de remplazo, lo que conllevó a que se reconociera la
prestación en un 84%.
42. Con fundamento en el marco jurídico expuesto, y contrario a lo considerado por
Colpensiones, para esta Sala era posible acumular tanto los tiempos públicos
respecto de los cuales el empleador no hubiese efectuado cotizaciones a algún
fondo o caja de previsión y los cotizados en entidades públicas o fondos de previsión
con las aportadas al ISS. Por lo tanto, tal y como lo reconoció el a quo, se deben
tener en cuenta el total de las semanas cotizadas durante toda la vida laboral de
Hermes Jaimes Carvajal, las cuales superaron las 1.250 pues acreditó un total de
1.639 semanas51, luego de que fueran descontadas las registradas en periodos
laborales simultáneos.
43. Sobre el particular, el parágrafo 2 del artículo 20 del Decreto 758 de 1990
determinó la tabla de tasas de reemplazo así:
«Parágrafo 2° La integración de la pensión de vejez o de invalidez de que trata este
artículo, se sujetará a la siguiente tabla:
PORCENTAJE DE PENSION SOBRE SALARIO MENSUAL DE BASE
Número % Inv. P. % Inv. P.
% Gran Inv. Vejez
semanas total absoluta
500 45 51 57 45
550 48 54 60 48
600 51 57 63 51
650 54 60 66 54
700 57 63 69 57
750 60 66 72 60
800 63 69 75 63
850 66 72 78 66
900 69 75 81 63
950 72 78 84 72
1.000 75 81 87 75
1.050 78 84 90 78
1.100 81 87 90 81
1.150 84 90 90 84
1.200 87 90 90 87
1.250 o 90 90 90 90
51 Ibidem
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más
Número de semanas: Número de semanas cotizadas.
% Inv. P. Total: Porcentaje Invalidez Permanente Total.
% Inv. P. Absoluta: Porcentaje Invalidez Permanente Absoluta.
% Gran Inv.: Porcentaje Gran Invalidez» [Se resalta].
44. De la disposición transcrita se observa que el pensionado acreditó más de 1.250
semanas de cotización, por ende, tiene derecho a una tasa de reemplazo del 90%.
45. Ahora bien, Colpensiones adujo que la SU 769 de 2014 que zanjó las distintas
posiciones sobre la acumulación de tiempos de servicio para acceder al
reconocimiento pensional en aplicación del Decreto 758 de 1990 había sido
proferida con posterioridad al 14 de junio de 2013, fecha en la que el demandante
acreditó su estatus pensional, argumento que no es de recibo para esta Sala por
cuanto aquel ya era el precedente jurisprudencial vigente al momento en el que la
administradora analizó la aplicación del citado decreto y accedió a la reliquidación
pensional con fundamento en sus parámetros.
46. Así pues, la Resolución SUB 207469 mediante la cual Colpensiones ordenó la
reliquidación de la prestación en virtud del Decreto 758 de 1990 fue expedido el 29
de septiembre de 2020, es decir, con posterioridad a la citada sentencia y, en
consecuencia, era ese el criterio jurisprudencial vigente y el que debía ser aplicado
al momento de analizar la situación fáctica propuesta.
47. Sobre el particular, cabe agregar que las sentencias de unificación proferidas por
la Corte Constitucional tienen, como regla general, efectos hacia el futuro (ex nunc),
lo que significa que su aplicación rige desde el momento de su expedición y no
afecta situaciones jurídicas consolidadas con anterioridad. Esto se fundamenta en
el principio de seguridad jurídica y en la necesidad de garantizar la estabilidad de
las relaciones jurídicas52. Sin embargo, en casos excepcionales, cuando se trata de
la protección de derechos fundamentales, la Corte ha optado por la posibilidad de
aplicar efectos retroactivos (ex tunc), particularmente en el marco de la acción de
tutela, para evitar la consolidación de perjuicios irreparables53.
48. A lo anterior, cabe agregar que las decisiones de las altas cortes son de
obligatorio cumplimiento para las autoridades judiciales y administrativas una vez
son proferidas con lo que se asegura la coherencia y uniformidad en la
52 Artículo 230 de la Constitución Política
53 Sentencia SU309 de 2019
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interpretación del ordenamiento jurídico. Por su parte el artículo 10 del CPACA
indica de manera expresa el deber de las autoridades administrativas de aplicar en
forma uniforme las normas jurídicas a situaciones que compartan iguales supuestos
fácticos o jurídicos:
«Artículo 10. Deber de aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia. Al resolver
los asuntos de su competencia, las autoridades aplicarán las disposiciones
constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan
los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Con este propósito, al adoptar las decisiones
de su competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial
del Consejo de Estado en las que se interpreten y apliquen dichas normas»
49. En ese sentido, la Sección Segunda de esta Corporación, en providencias del 7
de noviembre de 201954 y del 23 de abril de 202055 reconoció la posibilidad de
acumular tiempos de servicio público con las cotizaciones efectuadas en el ISS para
obtener el beneficio a que alude el Decreto 758 de 1990. Así pues, al expedirse el
acto que analizó la posibilidad de acudir al Decreto 758 para reliquidar la pensión
este era criterio imperante en las altas cortes. Además, porque fue el legislador el
que en el artículo 13 de la Ley 100 de 1993 previó que, para el reconocimiento de
las pensiones y prestaciones de los dos regímenes en él dispuestos, se tendrían en
cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a su vigencia, al ISS o a
cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado, o el tiempo de servicio
como servidores públicos, cualquiera sea el número de semanas cotizadas o el
tiempo de servicio.
50. Ahora bien, contrario a lo expuesto por el recurrente la SU 769 de 2014 a través
de la cual la Corte Constitucional encontró necesario fijar una posición unificada
sobre la acumulación de tiempos de servicio para quienes les era aplicable el
Decreto 758 de 199056, sí era aplicable al caso bajo estudio por ser el criterio vigente
al proferirse el acto administrativo que ordenó la reliquidación de la pensión del
demandante según los parámetros de la citada norma y aunque la sentencia no
señaló los efectos temporales de su decisión, estos se entienden hacia el futuro y,
comoquiera que la administradora comprobó que era beneficiario del régimen de
transición y reliquidó la pensión bajo tal decreto igualmente debió aplicar el
precedente que respecto de él indicó la procedencia de acumulación de tiempo de
servicio para acceder a la prestación y, por lo tanto, para determinar la tasa de
reemplazo.
54 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, i) sentencia del 7 de noviembre de 2019,
M.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicado 20001-23-39-000-2016-00061-01(1322-17); y ii) sentencia
del 7 de noviembre de 2019, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, número de radicación 25000-23-42-
000-2015-03699-01(3798-17).
55 Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección A, sentencia del 23 de abril de 2020, radicado
25000-23-42-000-2016-02417-01 (3351-2018), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
56 mediante el cual se aprobó el Acuerdo 049 de 1990
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51. En ese sentido, se insiste que al 29 de septiembre de 2020 fecha en la que
Colpensiones expidió la Resolución SUB 207469 en la que accedió a la reliquidación
de la prestación pensional con la aplicación del Decreto 758 de 1990, tanto los
tiempos públicos respecto de las cuales el empleador no hubiese efectuado
cotizaciones a fondo o caja alguna de previsión como los cotizados en entidades
públicas o fondos de previsión eran acumulables con los aportados al ISS para
acceder a la pensión y, por lo tanto, también eran los que debían tenerse en cuenta
para determinar la tasa de reemplazo con fundamento en dicha normativa.
52. La entidad también alegó que los IBC correspondieron a los valores sobre los
cuales el empleador realizó las respectivas cotizaciones. Al respecto debe señalarse
que, si no se efectuaron cotizaciones sobre algún factor salarial devengado y
enlistado en el Decreto 1158 de 1994, debiendo hacerlo, no podría, en perjuicio del
pensionado no ser tenido en cuenta, pues la entidad tiene mecanismos para
reclamar lo que no se pagó, y es su deber hacer uso de ellos.
53. En consecuencia, de conformidad con el certificado expedido por el jefe de la
división de talento humano de la UIS en el que se reportó que entre los años 2008
a 2017 Hermes Jaimes Carvajal había percibido, además, de la asignación salarial,
la prima de antigüedad, tal y como consta en los certificados de salario mes a mes
y Cetil en los que se señaló aquella como factor salarial, esta prima debió componer
el IBC y se debió incluir en el IBL al liquidar la prestación, sin que la falta de
cotización fuera oponible a él.
54. En efecto, según el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, durante la relación laboral,
tanto los afiliados como los empleadores tienen la obligación de realizar
cotizaciones al sistema de pensiones. Por su parte, el artículo 22 establece que el
empleador es el responsable del pago de estos aportes, incluido la parte
correspondiente al trabajador, la cual debe descontar de su salario y transferir a la
entidad de previsión social dentro de los plazos fijados por el gobierno. Aun si no
realiza dicho descuento, sigue siendo responsable del pago total. Esta obligación
se reitera en el Decreto 692 de 199457.
55. No obstante, el artículo 53 de la Ley 100 de 1993 otorga a las administradoras
de pensiones facultades de fiscalización sobre los empleadores, permitiéndoles
verificar la exactitud de las cotizaciones y aportes. En esa línea, el Decreto 1161 de
199458 les impuso el deber de revisar que las consignaciones sean correctas y se
ajusten a la ley y en caso de que se detecte omisión en el pago o montos inferiores
57 «Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993»
58 «Por el cual se dictan normas en materia del Sistema General de Pensiones»
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a los exigidos, el marco legal colombiano establece los mecanismos necesarios
para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones y las consecuencias de su
incumplimiento. Ello, para que el trabajador acceda a su derecho con todas las
garantías que le otorga el ordenamiento, pero también con la finalidad de asegurar
la sostenibilidad financiera del sistema pensional.
56. En ese sentido se pronunció esta corporación en la sentencia de unificación del
28 de julio de 202259 en la que analizó la inclusión de la prima de riesgo en el IBL
para los servidores del DAS que desarrollaron actividades de alto riesgo y que
fueron cobijados por el régimen de transición de las leyes 860 de 2003 y 100 de
1993. Sobre el particular señaló que «si el empleador no cumplió la obligación de realizar
los descuentos en el porcentaje a su cargo y el del empleado destinados a las cotizaciones
para el sistema de pensión sobre los factores devengados que, de conformidad con el
Decreto 1158 de 1994 y la Ley 860 de 2003, debían ser base de cotización o si omitió el
traslado de la cotización especial por alto riesgo, sin que la entidad de previsión social
hubiera adelantado las gestiones pertinentes para su cobro, ello no es oponible al
interesado para que la pensión especial se reconozca y liquide de acuerdo con los
parámetros indicados en esta sentencia» [Se resalta].
57. En consecuencia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1° del Decreto 1158
de 1994, la pensión de jubilación del demandante debió reliquidarse con la inclusión
de la prima de antigüedad, sin perjuicio de que la administradora haga uso de los
mecanismos para reclamar lo que no se pagó por este factor.
58. Valga precisar que como consecuencia de la reliquidación ordenada por el a quo
[que con esta decisión se confirma] no puede superarse el tope de los 25 SMLMV
en la liquidación final de la prestación, caso en el cual la entidad está habilitada para
realizar el ajuste que corresponda en el monto final de la prestación.
59. Esto es así, pues lo cierto es que los límites máximos de la prestación que
protege la contingencia de la vejez fueron previstos en el ordenamiento desde la
Ley 4ª de 1976 y se reiteraron en las leyes 71 de 1988, 100 de 1993 y 797 de 2003.
60. En efecto, el artículo 2 de la Ley 4ª de 197660 dispuso que las pensiones de
jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes, de los sectores público, oficial,
semioficial, en todos sus órdenes, y en el sector privado, «no podrán ser inferiores al
salario mínimo mensual más alto, ni superiores a 22 veces este mismo salario». [Se
resalta]. En igual sentido, el artículo 2 de la Ley 71 de 1988 señaló que ninguna
59 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia SUJ-028-CE-S2-2022 del 28 de julio de 2022,
radicado 25000-23-42-000-2013-02380-01 (2656-2014) M.P. William Hernández Gómez
60 Por la cual se dictan normas sobre materia pensional de los sectores público, oficial, semioficial y
privado y se dictan otras disposiciones
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pensión podría exceder de 15 veces el salario mínimo legal mensual 61, disposición
que también está contenida en el artículo 18 de la Ley 100 de 1993 que limitó la
base de cotización a 20 SMLVM. No obstante, esta disposición fue modificada por la
Ley 797 de 2003 que aumentó dicha suma a 25 SMLVM. Al respecto, el Acto
Legislativo 1 de 2005 precisó que «a partir del 31 de julio de 2010, no podrán causarse
pensiones superiores a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, con
cargo a recursos de naturaleza pública».
61. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que «el legislador puede, por
razones de política legislativa, señalar cuáles son los límites máximos y mínimos que deben
implantarse para que las reservas de dinero destinadas al pago de las pensiones, tanto en
el sector público como en el privado, no pierdan por un lado su capacidad adquisitiva, pero
por otro garanticen y protejan los recursos existentes para el pago de las pensiones (C.P.
art. 48 y 53)»62. Lo anterior, pues consideró que dentro de ciertos límites, el legislador
tiene libertad para determinar el monto y los alcances de los recursos a fin de lograr
el mejor uso de ellos en un sistema solidario de seguridad social, en armonía con el
deber de protección de los recursos existentes para el pago de las pensiones, a fin
de asignarlos preferencialmente a aquellos que se encuentran en una escala
económica inferior.
62. En aquella oportunidad, la Corte recordó que «los topes máximos pensionales, en
tratándose de la pensión de vejez, continúan produciendo efectos jurídicos frente a las
situaciones jurídicas consolidadas al amparo de su vigencia [la de la Constitución],
valga decir, las leyes 4 de 1976 y 71 de 1988 continúan irradiando sus efectos en estas
materias» [Se resalta].
63. A su vez, la Corte Constitucional63 ha precisado que también les son aplicables
las normas generales que fijan los topes pensionales a los regímenes especiales,
siempre y cuando establezcan un límite superior al previsto por la normativa
especial; y consideró inaceptable predicar la ausencia de topes para los
beneficiarios de leyes especiales, es decir, que no podría admitirse la «existencia de
un grupo de pensionados privilegiados, excluidos de los límites máximos que la ley ha
previsto para el reconocimiento y valor de las pensiones».64
64. Asimismo, y para el caso específico de los regímenes especiales de pensiones,
en las sentencias C-089 de 1997 y C-155 de 1997, esa corporación también sostuvo
que en caso de que las normas especiales de tales regímenes no dispusieran
un límite cuantitativo para las mesadas, debía aplicarse el tope señalado en
las reglas generales, específicamente en la Ley 100 y las disposiciones que la
61 Dicha previsión también se reiteró en el artículo 3 del Decreto 1160 de 1989.
62 Sentencia C-155 de 1997.
63 Sentencia C-089 de 1997.
64 Sentencia C-089 de 1997.
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modifican en lo pertinente. Análisis que expuso en la Sentencia C-258 de 2013.
65. Así las cosas, se adicionará la sentencia apelada para señalar que como
consecuencia de la reliquidación ordenada no podrá superarse el tope de los 25
SMLMV en la liquidación final de la prestación, caso en el cual la entidad estará
habilitada para realizar el ajuste que corresponda en el monto final de la prestación.
66. Finalmente, la Sala no emitirá un pronunciamiento respecto de los intereses
moratorios, toda vez que con este argumento la parte recurrente no controvirtió lo
decidido por el a quo, sino que expuso iguales razones a las planteadas en la
sentencia para llegar a la conclusión de que no eran procedentes tal y como lo
dispuso la autoridad judicial de primera instancia.
67. Así las cosas, se impone confirmar la sentencia proferida el 4 de agosto de 2022
por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
2.5. Costas
68. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
69. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
70. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma65.
65En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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71. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
72. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, actuación
temeraria o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
3. Conclusión
73. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que Hermes Jaimes Carvajal
tiene derecho a que la tasa de reemplazo para determinar el monto de su pensión
sea del 90% por cuanto cotizó más de 1.250 semanas de conformidad con el
régimen pensional aplicado por Colpensiones, esto es el Decreto 758 de 1990, y
que en su liquidación se debe incluir la prima de antigüedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 4 de agosto de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Santander, mediante la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda en el proceso promovido por Hermes Jaimes Carvajal
contra la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).
Segundo. Adicionar la sentencia proferida el 4 de agosto de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Santander, así: como consecuencia de la reliquidación ordenada
no podrá superarse el tope de los 25 SMLMV en la liquidación final de la prestación,
caso en el cual la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) estará
habilitada para realizar el ajuste que corresponda en el monto final de la prestación.
Tercero. No condenar en costas en esta instancia.
Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
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Demandante: Hermes Jaimes Carvajal
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto
Cfr. Rad. AV 08001-23-33-000-
2020-00332-02 (0326-2024)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MAG
36
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