Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02687-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02687-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02687-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
15 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., quince (15) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02687-00
Accionante: Expedito Lozano Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otros1
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro de proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Reliquidación
pensión de vejez. Decreto 758 de 1990. Tope de 25 smlmv e inclusión de valores
cotizados / DECLARA IMPROCEDENCIA –Falta de cumplimiento de requisito de
relevancia constitucional. Se pretende emplear la acción de tutela como una
instancia adicional al proceso ordinario y reproches carecen de carga argumentativa
Surtido el trámite de ley2, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela
de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 9 de abril de 2026, el señor Expedito Lozano Gómez promovió acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Santander, el Juzgado Segundo Administrativo
de San Gil y la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), con el fin
de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, igualdad, seguridad social y mínimo vital.
2.
Solicitó que se dejara sin efectos la sentencia de 11 de diciembre de 2025, emitida
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho3 que incoó contra la
aludida administradora de pensiones, encaminado a obtener la anulación de los
actos administrativos4 que le reconocieron y reliquidaron la pensión de vejez, en los
1 Juzgado Segundo Administrativo de San Gil y Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).
2 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
3 Expediente 68679-33-33-002-2023-00158-01.
4 Resoluciones GNR 270025 de 28 de julio de 2014, GNR 450216 de 31 de diciembre de 2014, VBP 74946 de
15 de diciembre de 2015, SUB 59564 de 5 de marzo de 2021, SUB 141879 de 17 de junio de 2021 y el acto ficto
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Accionante: Expedito Lozano Gómez
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términos del Decreto 758 de 1990 5 , con la finalidad de que se reajustara dicha
prestación social, en cuanto al ingreso base de liquidación, para que se tuvieran en
cuenta la totalidad de los valores cotizados como docente de planta y de hora cátedra
y las sumas devengadas por concepto de prima de antigüedad.
3.
Mediante la providencia acusada se confirmó la decisión judicial de 15 de agosto
de 2025, que negó las pretensiones de la demanda ordinaria. Se determinó que (i)
respecto de la prima de antigüedad, devengada en los meses de abril, se realizaron
las respectivas cotizaciones, pero no sobre el monto total recibido6, sino sobre el que
resulta de aplicar el artículo 18 de la Ley 100 de 1993, en lo que atañe al límite de la
base de cotización, que corresponde a 25 salarios mínimos legales mensuales
vigentes (smlmv) 7 ; y (ii) los valores reportados en torno al salario devengado
certificado por la Universidad Industrial de Santander (UIS), como docente de planta
y de hora cátedra, coinciden con el IBC reportado y la cotización pagada. En ese
sentido, se concluyó que la entidad demandada realizó el cálculo de la mesada, con
base en el promedio de los IBC reportados en los últimos 10 años de cotización
incluidos los factores salariales debidamente reportados por el empleador, dentro de
los que se incluye la prima de antigüedad, considerado el salario devengado tanto
como docente de planta como de hora cátedra de la UIS (lo que se evidencia en los
ciclos dobles), aplicando, en todo caso, el tope máximo de los 25 smlmv a los valores
reportados como IBC y demás factores.
4.
La parte actora sostuvo que se incurrió en desconocimiento del precedente. Se
inobservó la jurisprudencia del Consejo de Estado 8 respecto de los empleados
públicos de la UIS, que devengaron la prima de antigüedad y son beneficiarios de
una pensión gobernada por el régimen previsto en el Decreto 758 de 1990, en el cual
se incorpora dicho factor en el IBL, en el sentido de imponer a la mesada el tope de
25 smlmv, sin extender dicho límite a la cotización. Así como el criterio general de
que el mencionado tope se aplica en la liquidación final de la prestación, sin una
restricción expresa a la cotización tomada de referencia para dicho cálculo9.
5.
En el mismo sentido, se inobservaron las decisiones que había adoptado el
Tribunal accionado 10 en casos similares al suyo, en las que accedió a las
pretensiones ordinarias, con la precisión de que la mesada se sujetaba al límite de
25 smlmv, pero no la cotización soporte del IBL.
derivado del silencio administrativo que operó frente al recurso de apelación interpuesto contra la Resolución de
5 de marzo de 2021.
5 Con una tasa de reemplazo del 90%.
6 $24.134.547.
7 Límite que para el año 2014 correspondía a $15.400.000, monto que fue tenido en cuenta como IBC para
Colpensiones para efectos de liquidar la mesada del demandante.
8 Sentencias emitidas dentro de los procesos 25000-23-25-000-2011-00709-01, C. P. Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren; 68001-23-33-000-2014-00756-01, C. P. Rafael Francisco Suárez Vargas; y 68001-23-33-000-2016-
01377-01 y 68001-23-33-000-2021-00420-01, C. P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
9 Procesos 05001-23-33-000-2017-02025-01, C. P. Jorge Edison Portocarrero Banguera y 73001-23-33-000-
2017-00621-01 C. P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
10 Expedientes 68001-23-33-000-2020-00124-00, M. P. Julio Edisson Ramos Salazar; 68001-23-33-000-2020-
00166-00, M. P. Milciades Rodríguez Quintero; 68001-23-33-000-2021-00420-00, M. P. Claudia Patricia Peñuela
Arce; y 68001-33-33-009-2022-00179-01, M. P. Julio Edisson Ramos Salazar.
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6.
También se configuró defecto fáctico porque se valoraron, de manera indebida,
el escrito de respuesta al auto de pruebas de 15 de julio de 2022 (anexo 10), las
certificaciones expedidas por la UIS, en las que constan su calidad de empleado
público, fechas de ingreso y de retiro y los cargos desempeñados (anexo 11), así
como los IBC de los últimos 10 años de servicios como docente de planta (anexo 13)
y de hora cátedra (anexo 14), y la historia laboral registrada por Colpensiones (anexo
16).
7.
De haberse valorado adecuadamente los aludidos elementos de convicción, se
habría concluido que, aún bajo la óptica de aplicar el tope a la cotización de 25 smlmv
para efectos de determinar el IBL de su mesada, la entidad pensional no tuvo en
cuenta la totalidad de las cotizaciones practicadas de manera concurrente como
docente hora cátedra y de planta de los últimos 10 años, limitado al referido tope
para fijar su asignación pensional.
8.
Lo anterior, por cuanto existen diferencias entre el valor certificado por la UIS
como IBC y el tomado por Colpensiones para obtener el IBL, pero aquellas
diferencias no fueron advertidas por la autoridad judicial accionada. Se limitó a
comparar los valores cotizados y los tenidos en cuenta por Colpensiones en el último
año de servicios, esto es, en el año 2014, y concluyó que, si en esa anualidad se
tenían en cuenta como IBC, ello implicaba que en los últimos 10 años de servicios
se habrían tenido en cuenta de la misma manera, sin verificar ese lapso, pese a que
contaban con los medios de prueba para tal propósito. Es decir, a partir del cálculo
del IBC del último año se dedujo que estaba conforme el realizado para los últimos
10 años, sin soporte probatorio, máxime cuando se pretendía modificar el IBL de
acuerdo con todos los valores cotizados al sistema durante ese período.
9.
En particular, advirtió que de la historia laboral aportada por Colpensiones se
observa que “en febrero de 2014 solo se tomó la cotización de $749.000, quedando
pendiente el valor del salario mensual como profesor de planta, esto es, $8.845.000,
valor que el Tribunal si reporta en el cuadro; en junio solo se tomó el valor de
$8.845.000, sin incluir lo cotizado como docente de planta, esto es, $616.000, valor
que el Tribunal si reporta en el cuadro; en diciembre de 2014 en la historia laboral
solo se reporta el valor de $290.000, quedando pendiente la suma de $10.780.000
cotizada como docente de planta, valor este que el Tribunal si toma en el cuadro
realizado para llegar a la conclusión de que la liquidación realizada por Colpensiones
tomó todos los valores cotizados al sistema, hasta 25 SMLMV”.
10.
De igual modo, se aportaron las liquidaciones con la corrección del IBL,
incrementándolo, con base en la prima de antigüedad y sin incluir este emolumento,
con los respectivos anexos de los aportes realizados al sistema y las sumas
devengadas en abril de cada año por concepto de dicha prima, sin que esas
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Accionante: Expedito Lozano Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otros
pruebas 11 fueran analizadas, lo que conllevó que se arribara a una conclusión
errada.
11.
En esa medida, la autoridad judicial debió verificar el IBL en su integridad, es decir,
corroborar lo cotizado en los últimos 10 años, para efectos de determinar si el cálculo
presentado como cargo de nulidad en la demanda era correcto o no, con base en los
documentos a los que se hizo referencia y las fórmulas previstas en la ley. Sin
embargo, se pretermitió dicho análisis probatorio y se limitó al último año de
cotizaciones, con base en el cual dedujo que como este se había calculado en debida
forma, los demás años se presumían calculados de la misma manera.
B. Trámite procesal y la contestación de la demanda
12.
Mediante auto de 13 de abril de 202612, se admitió la acción de tutela y se ordenó
notificar a las autoridades demandadas. De igual modo, ordenó comunicar la
decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.
(i) Juzgado Segundo Administrativo de San Gil
13.
Adujo que no se evidenciaba vulneración alguna al derecho al debido proceso,
dado que las decisiones adoptadas en el proceso fueron debidamente motivadas
tanto en la ley como en la jurisprudencia y los elementos probatorios allegados al
expediente.
(ii) Tribunal Administrativo de Santander
14.
Indicó que se pretende reabrir el debate jurídico que ya surtió su trámite en primera
y segunda instancia sin irregularidad o nulidad alguna que invalidara su curso, luego,
la oposición frente a la postura e interpretación adoptada en la providencia judicial
atacada hace parte de la valoración probatoria, confrontación y análisis jurídico
realizado de cara a proferir tal decisión, y ello no transgrede derecho fundamental
alguno ni configuran los supuestos de los defectos predicados. En ese sentido,
advirtió que la tutela no satisface el presupuesto de la relevancia constitucional.
(iii) Colpensiones
15.
Sostuvo que la autoridad judicial accionada procedió conforme a la ley y la
Constitución, en la medida en que aplicó las normas que regulan la materia, los
preceptos constitucionales sobre el particular y la jurisprudencia existente sobre el
tema y sus actuaciones no transgreden o amenazan los derechos fundamentales del
accionante.
11 Que corresponden a los anexos 13, 14, 15, 16 y 19 Cuadro 1. de la demanda).
12 Notificado el 20 de abril de 2026.
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Accionante: Expedito Lozano Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otros
16.
Por tanto, la tutela en este caso no es el mecanismo adecuado para conceder el
derecho reclamado por el actor, en razón a que no puede constituirse como una
tercera instancia para analizar el litigio objeto de debate, máxime cuando modificar
órdenes judiciales ya ejecutoriadas desconocería los principios de certeza, seguridad
jurídica y legalidad, por lo que este asunto debe declararse improcedente.
II. CONSIDERACIONES
C. Análisis del caso concreto
17. La tutela no satisface el presupuesto de relevancia constitucional, en tanto el
accionante la ejerce como si se tratara de una suerte de tercera instancia. Pretende
que se acoja la manera como, a su juicio, se debió haber zanjado el litigio. Para cuyo
efecto, se limita a presentar inconformidad con la decisión judicial atacada en cuanto
a la jurisprudencia aplicable y la valoración probatoria efectuada.
18. El Tribunal accionado anotó que la jurisprudencia aludida por el demandante se
refiere al límite del monto de las mesadas pensiones a los 25 smlmv en cumplimiento
de la sentencia C-258 de 2013 de la Corte Constitucional, sin que en tales
pronunciamientos se fije posición alguna frente a la no aplicación de ese límite al
IBC, por lo que no es dable inferir que al no establecerse ello expresamente la
posición de esa Corporación es su no aplicación.
19. También señaló que, además de que no fue abordada dicha cuestión por el
Consejo de Estado, aceptar el criterio del demandante resultaría contrario a la
normativa y jurisprudencia aplicable. Desde la expedición de la Ley 100 de 1993 el
legislador previó un límite en la base de cotización aplicable al sistema de seguridad
social en pensiones, el cual, a partir de la Ley 797 de 2003 (artículo 18), fue
modificado estableciéndolo en 25 smlmv, lo cual declaró exequible la Corte
Constitucional en la sentencia C-078 de 2017.
20. Con base en lo expuesto, se evidencia que el Tribunal accionado abordó lo
relativo al tope de los 25 smlmv, en el sentido de indicar que como la jurisprudencia
del Consejo de Estado no lo había establecido de manera específica, no era dable
colegir, como lo pregonaba el demandante, que se dirigía únicamente al monto
pensional y no al IBC, máxime cuando tal postura contrariaba la normativa
pensional.
21. Por tanto, el accionante, al insistir en la manera como se debe interpretar el
aludido tope, lo que realmente pretende es que se acoja el modo que considera
adecuado y el cual le concedería lo reclamado en sede ordinaria, sin tener en cuenta
que el cuestionamiento fue zanjado por el juez natural de la causa ni destinar
motivación alguna que desvirtuara, desde la óptica constitucional, que el
razonamiento efectuado por la autoridad judicial comporta una afrenta a sus
derechos fundamentales.
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Accionante: Expedito Lozano Gómez
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22. El hecho de que el Tribunal accionado no haya acogido la postura que sobre el
tope de los 25 smlmv pregona el tutelante no implica desconocimiento de precedente
alguno, cuanto más si dicha autoridad explicó que el tema no había sido examinado
de manera puntual por la máxima corporación de lo contencioso-administrativo, por
lo que se basó en la normativa que se avenía a la situación pensional para dilucidar
ese aspecto.
23. Además, el Tribunal accionado hizo referencia a una de las sentencias invocadas
por el actor en el escrito de tutela como desconocida (expediente 68001-23-33-000-
2021-00420-01, C. P. Juan Enrique Bedoya Escobar), respecto de la cual advirtió
que si bien en esta se sostuvo que no puede superarse el tope de los 25 smlmv en
la liquidación final de la prestación, también precisó que es dable aplicar ese tope
de las normas generales a los regímenes especiales, siempre y cuando establezca
un límite superior al previsto en la normativa especial, por lo que no es válido afirmar
una ausencia de topes para los beneficiarios de leyes especiales. Por ende, no se
podría colegir que el referido límite no aplica respecto de la base de cotización de
los regímenes especiales.
24. La autoridad judicial accionada concluyó que la omisión por parte de la normativa
especial de no estipular el límite máximo de la base de cotización no es óbice para
sustraerse de aplicar los umbrales regulados por la Ley 100 de 1993. Sería
desproporcionado que las mesadas que se encuentran en transición no estén
sujetas a tope alguno. En ausencia de norma expresa en el régimen especial, rige
la del sistema general de pensiones, conforme a la cual las pensiones sí están
sujetas a tope, que corresponde a 25 smlmv tanto frente a la mesada, como al IBC.
25. Ahora bien, la parte actora, además de la sentencia sobre la que se pronunció el
Tribunal accionado, señaló 5 pronunciamientos más del Consejo de Estado, en los
que, según su dicho, se estableció que el mencionado límite no se aplicaba al IBC,
sino al monto de la mesada. Sin embargo, consultadas tales decisiones judiciales
no se ajustan a la situación pensional del demandante y en cuanto a dicho tope no
se evidencia que hayan acogido el criterio al que él hace mención. Por ende, no se
sustenta adecuadamente en qué consistió el presunto desconocimiento del
precedente alegado.
26. Lo anterior, por cuanto la sentencia dictada dentro del proceso 25000-23-25-000-
2011-00709-0113 versó sobre la reliquidación pensional de una persona que laboró
en la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores y frente al tope de los
25 smlmv, contrario a lo sostenido por el actor, se aclaró que, “de la lectura del
artículo 18 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 5º de la Ley 797 de
2003 que, a su vez, fue reglamentado por el artículo 3º del Decreto 510 de 2003, se
obtiene que el tope de 25 SMLMV es con relación al ingreso base de cotización y al
monto de la mesada pensional”. Es decir, que “la mesada pensional mensual que
arroje la reliquidación de la pensión del actor, no puede superar el monto de los 25
13 C. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
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SMLMV, pero, no debe conjeturarse que ese límite es con respecto al monto de lo
que devengó en dólares el demandante, convertidos a pesos colombianos”. Lo
anterior, indica que se precisó que dicho límite no era para lo devengado por el allí
demandante, sino para el IBC y el monto de la mesada, como lo concluyó el Tribunal
aquí accionado.
27. En la sentencia emitida en el proceso 68001-23-33-000-2014-00756-0114, si bien
se abordó un caso de reliquidación pensional de una persona que laboró como
docente en la UIS, lo cierto es que allí se ordenó incluir en el IBL la prima de
antigüedad, en razón a que no la tuvo en cuenta Colpensiones al momento de
calcular la prestación social, diferente al caso del accionante, en la que sí fue
incluida, pero sin que superara para el IBC los 25 smlmv. Además, en aquella
decisión judicial no se hizo referencia al tope de los 25 smlmv.
28. Asimismo, en el fallo dictado en el expediente 68001-23-33-000-2016-01377-
0115, aunque se analizó una reliquidación pensional, en esta se ordenó tener en
cuenta los últimos 10 años de servicios con una tasa de reemplazo del 90%, dado
que en sede administrativa la pensión se liquidó con base en el último año de
servicios y con una tasa del reemplazo del 75%. Aspectos que no fueron debatidos
en el proceso ordinario dentro del que se dictó la providencia que ahora se reprocha
en sede de tutela. Y, en todo caso, tampoco se abordó lo referente al tope de los 25
smlmv.
29. En el proceso 05001-23-33-000-2017-02025-01 se zanjó una controversia que
tenía como fin reliquidar la pensión de jubilación reconocida bajo el Decreto 546 de
1971 (Rama Judicial), con base en todos los favores salariales devengados en el
último año de servicios y con exclusión del tope pensional. En ese sentido, se tiene
que la situación pensional de la allí demandante difiere de la del actor y, en todo
caso, en lo relativo a los topes pensionales, aclaró que “la jurisprudencia unificó el
criterio en cuanto a la aplicación general de los topes pensionales, incluso frente a
los regímenes especiales, por cuanto, las pensiones son financiadas con recursos
del erario. Estos límites buscan evitar subsidios excesivos del Estado a las
pensiones de mayor cuantía, garantizar la equidad distributiva y asegurar la
sostenibilidad del sistema”. Por tanto, se concluyó que en ese caso la entidad
demandada estaba facultada para aplicar el régimen general respecto de los topes
pensionales, dado que el Decreto 546 de 1971 no fijó un límite específico para sus
beneficiarios, lo que no impide acudir a la normativa general. Es decir, en dicha
providencia se avaló la aplicación de dichos topes del régimen general a los
regímenes pensionales especiales.
30. En similar sentido en la sentencia dictada el proceso de 73001-23-33-000-2017-
00621-01, que versaba también sobre una pensión reconocida bajo el amparo del
Decreto 546 de 1971, se indicó que “si bien el Decreto 546 de 1971 no estableció
14 C. P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
15 C. P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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un tope pensional para sus beneficiarios, ello no impide acudir a la normativa
general, porque se tiene que con la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 se
extendió la sujeción de mesadas pensionales, incluso de regímenes especiales, a
los topes fijados por el régimen general”.
31. En atención a lo hasta aquí expuesto, se colige que en las decisiones judiciales
presuntamente desatendidas no se indicó, como lo afirmó el accionante, que los
topes pensionales solamente aplican para el monto de la mesada y no para el IBC.
Por tanto, advierte la Sala que, más allá de un presunto desconocimiento del
precedente, el accionante pretende que se acoja su interpretación.
32. En cuanto al presunto desconocimiento de decisiones judiciales que la autoridad
judicial había adoptado en litigios previos al suscitado por él, se precisa que hizo
referencia a 4 sentencias16, en las que si bien se concedieron las pretensiones
ordinarias, ello acaeció porque no se liquidaron las pensiones debatidas en los
términos del Decreto 758 de 1990, en cuanto a la tasa de reemplazo, el tiempo a
tener en cuenta y la inclusión de la prima de antigüedad para calcular la mesada.
Situación que difiere de la controversia del accionante, en la medida en que a él sí
se le reconoció su pensión con base en la aludida normativa, por lo que se le tuvo
en cuenta de manera adecuada la tasa de reemplazo y el período de liquidación, así
como la inclusión de la prima de antigüedad, diferente es que sobre esta se haya
aplicado el tope de los 25 smlmv respecto del IBC.
33. Por consiguiente, al no versar las controversias sobre similares supuestos
fácticos y jurídicos, no es dable pretender que la autoridad judicial conceda las
pretensiones solamente con fundamento en que en aquellas providencias se adoptó
esa determinación, dado que era disímil el problema jurídico. En ese sentido, no se
evidencia desconocimiento del precedente horizontal, sino la intención de que se
accedan a sus súplicas de reliquidación pensional, sin consideración alguna a la
motivación brindada por el juez natural de la causa para negarlas.
34. Por otro lado, la parte actora aduce que se incurrió en defecto fáctico, en la
medida en que no se valoraron los elementos de convicción que demostraban que
no se incluyeron la totalidad de las cotizaciones efectuadas como docente de planta
y de cátedra durante los últimos 10 años de servicios para efectos de calcular su
mesada. Además, se realizó el ejercicio de verificación frente a la anualidad de 2014,
pese a que ello debía efectuarse para la totalidad del aludido período, el cual, aduce,
en todo caso, no se realizó en debida forma.
35. En la providencia acusada se indicó que se verificaría “a modo ilustrativo” la
vigencia 2014, en cuanto a los valores devengados y certificados por el empleador
16 Dictadas en los expedientes (i) 68001-23-33-000-2020-00124-00 y 68001-23-33-000-2020-00166-00, asuntos
que se encuentran en trámite de apelación ante el Consejo de Estado, asignados a los despachos a cargo de los
consejeros de Estado Elizabeth Becerra Cornejo y Luis Eduardo Mesa Nieves, respectivamente; (ii) 68001-23-
33-000-2021-00420-00, en la que se dictó la sentencia del Consejo de Estado a la que se refirió de manera
puntual el Tribunal accionado; y (iii) 68001-33-33-009-2022-00179-01
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Accionante: Expedito Lozano Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otros
del demandante, con inclusión de la prima de antigüedad, confrontado con el valor
cotizado y reportado en Colpensiones. Como resultado del anterior ejercicio,
concluyó que coincidían los valores reportados en torno al salario devengado
certificado por la UIS (como docente de planta y de cátedra, siendo incluso superior
en los meses de febrero y junio), el IBC reportado y la cotización pagada.
36. Para la Sala el hecho de que la autoridad judicial no haya incluido en la
providencia el cuadro de comparación de los aludidos montos respecto de los
últimos 10 años de servicios no implica que se haya incurrido en defecto fáctico.
Indicó que la anualidad del 2014 era a modo ilustrativo, de lo que no es dable inferir
que no se desarrolló tal ejercicio, máxime cuando concluyó que, “conforme lo
verificado, la entidad demandada realizó la reliquidación de pensión de vejez de la
accionante teniendo en cuenta el promedio de los IBC reportados en los últimos 10
años de cotización incluidos los factores salariales debidamente reportados por el
empleador, dentro de los que se incluye la prima de antigüedad, considerado el
salario devengado tanto como docente de planta como docente de hora catedra de
la UIS (lo que se evidencia en los ciclos dobles), aplicando, en todo caso, el tope
máximo (25 smlmv) a los valores reportados como Ingreso Base de Cotización y
demás factores”.
37. Loanterior, indica que la autoridad judicial valoró el material probatorio que
reposaba en el plenario para determinar que la administradora de pensiones liquidó
en debida forma la prestación social del demandante. Conclusión que resulta
razonable y acorde con los postulados de la sana crítica. Diferente es que el
accionante no comparta dicha valoración por no resultarle favorable a sus intereses.
Circunstancia que no lo habilita para emplear la tutela como si fuera una instancia
adicional.
38. Además, el tutelante alega una presunta inconsistencia en las cotizaciones del
año 2014 que fueron analizadas por el Tribunal accionado, en el sentido de indicar
que se omitieron valores para los meses de febrero, junio y diciembre. Sin embargo,
la Sala advierte que ello no corresponde a la realidad. Lo anotado por el juez natural
de la causa tiene soporte en el reporte emitido por Colpensiones actualizado al 5 de
diciembre de 2022, el cual obra en el expediente ordinario17, frente a los aportes a
pensión realizados en esos períodos, los cuales demuestran que, en efecto, se
reportaron cotizaciones para los meses en que laboró como docente de planta y de
cátedra, bajo el calificativo de ciclo doble. Distinto es que el tutelante se refiera a las
semanas cotizadas por el empleador (información que también está contenida en el
aludido reporte), en los que no se observan los dos ciclos. Sin embargo, ello no
implica que el empleador no haya efectuado las cotizaciones que correspondían,
pues, se insiste, ello lo demuestra Colpensiones en el mencionado documento.
17 Consultado en la herramienta electrónica Samai el expediente 68679-33-33-002-2023-00158-00, obra en el
índice 1, archivo “2_ED_EXPEDIENTE_01DEMANDA”, páginas 140 a 152.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02687-00
Accionante: Expedito Lozano Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otros
39. Por ende, la decisión judicial acusada lejos de comportar desconocimiento del
precedente o defecto fáctico, materializa la autonomía judicial de la que están
revestidas las autoridades judiciales para decidir las controversias puestas en su
conocimiento con base en la jurisprudencia y normativa aplicable y el material
probatorio debidamente recaudado.
40.
En ese orden de ideas, comoquiera que no se supera el requisito de relevancia
constitucional, se declarará la improcedencia de la solicitud de amparo.
41.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, en
atención a las consideraciones planteadas.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional el expediente para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE18
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
18 VF
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