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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-02025-01

Fecha
23 de octubre de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-02025-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. – CONFIRMAR la sentencia del Trece (13) de junio de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Antioquia que negó las pretensiones de la demanda, conforme a lo expuesto en el presente proveído. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2017-02025-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

23 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 05001-23-33-000-2017-02025-01 (2084-20251)
Demandante: Luz Hurtado Restrepo
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-
UGPP
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Topes pensionales
Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la
sentencia del Trece (13) de junio de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por la Sala
Transitoria del Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la
demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda2.

1.1. Pretensiones

La señora Luz Hurtado Restrepo, por intermedio de apoderado judicial, acudió a esta
jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin, de obtener la nulidad de los siguientes
actos administrativos:

i) Resolución No.RDP 036624 del dos (2) de diciembre de Dos Mil Catorce (2014),
expedida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

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Expediente hibrido
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Número Interno: 2084-2025
Demandante: Luz Hurtado Restrepo
Demandado: Ugpp

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), mediante la cual, se
negó la reliquidación de la pensión de jubilación.
ii) Resolución No. RDP 003422 del veintiocho (28) de enero de Dos Mil Quince (2015)
y, resolución No. RDP 007735 del veintiséis (26) de febrero del Dos Mil Quince
(2015), en los cuales, se resolvieron los recursos de ley, confirmado el acto
administrativo No.RDP 036624.
iii) Resolución No.RDP 048964 del veintiséis (26) de diciembre de Dos Mil Dieciséis
(2016), expedida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), a traves del cual, se
negó la reliquidación de la pensión de vejez.
iv) Resolución RDP 009561 del diez (10) de marzo de Dos Mil Diecisiete (2017) y la
resolución No. RDP 014804 del siete (7) de abril de Dos Mil Diecisiete (2017),
mediante los cuales, se resolvieron los recursos de ley confirmado el acto
administrativo No.RDP 048964.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó: (i) Ordenar a la entidad demandada la
reliquidación de la pensión, teniendo en cuenta, los factores salariales devengados
durante el último año al servicio de la rama judicial como Magistrada del Tribunal Superior
de Medellín Sala Civil, equivalente el 75% del 80% de lo devengado por los Magistrados
de las Altas Cortes; (ii) se reliquide la prestación sin la restricción de tope alguna; (iii)
reajuste de las mesadas de la pensión de vejez; (iv) intereses moratorios o
subsidiariamente la indexación de las sumas adeudadas, desde la fecha de causación y
hasta el pago efectivo3.

Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:

La señora Luz Hurtado Restrepo nació el primero (1) de octubre de Mil Novecientos
Treinta y Siete (1937). Posteriormente, se le reconoció pensión de jubilación mediante
Resolución No. 18771 del ocho (8) de octubre de Mil Novecientos Noventa y Siete (1997)
por parte de Cajanal. Siendo efectiva a partir del primero (1) de abril de Mil Novecientos
Noventa y Seis (1996), hasta cuando se acreditara su retiro del servicio.

Página 2-4. – se cita conforme se relacionan las pretensiones en la demanda
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Número Interno: 2084-2025
Demandante: Luz Hurtado Restrepo
Demandado: Ugpp

Cajanal mediante Resolución No. 13960 del Veintinueve (29) de julio de Dos Mil Tres
(2003), reliquidó la prestación y ordenó el pago en cuantía de $6.180.000, efectiva a partir
del primero (1) de enero de Dos Mil Dos (2002).

Informa que, el Tribunal Administrativo de Antioquía en sentencia del 18 de noviembre
de 2002, condenó al Ministerio de Justicia a pagar la bonificación por compensación
mensual equivalente al 70% y 80% de los ingresos que por todo concepto percibieron los
magistrados de la Alta Corte, a partir del 1 de enero de 2000 y 2001 respectivamente.
Decisión que fue confirmada por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 1 de
diciembre de 2010.

El 14 de agosto de 2014 bajó el radicado No. 2014-514-238469-2, solicitó a la entidad
ordenar la reliquidación de su pensión de jubilación, teniendo en cuenta, el último factor
salarial que le fue reconocido y pagado en la resolución No. 6045 del 24 de noviembre
de 2011, emanada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Medellín, que
dio cumplimiento al fallo aludido anteriormente.

La UGPP a través de resolución No. RDP 036624 del 2 de diciembre de 2014, manifestó
que, para determinar el IBL se daba cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del
Decreto 546 de 1971 y decreto 314 de 1994.

Mediante resoluciones RDP 003422 del 28 de enero de 2015 y RDP 007735 del 26 de
febrero de 2015, la UGPP resolvió los recursos de reposición y apelación, confirmando
todas y cada una de sus partes, la resolución RDP 36624 del 2 diciembre de 2014.

1.2. Concepto de violación.

La demandante sostiene que, los actos administrativos acusados vulneran el Preámbulo
de la Constitución Política y sus artículos 1, 2, 25, 29, 48, 51, 53, 55, 125 y 209; artículo
6 del Decreto 546 de 1971; artículo 132 del Decreto 1660 de 1978; artículo 12 del Decreto
717 de 1978; Decreto 610 de 1998; Decreto 314 de 1994 y artículo 36 Ley 100 de 1993.

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Número Interno: 2084-2025
Demandante: Luz Hurtado Restrepo
Demandado: Ugpp

Señala que, la restricción de la mesada a 20 salarios mínimos, conforme al Decreto 314
de 1994, resulta improcedente, debido a que está cobijada por el régimen especial de la
Rama Judicial (Decreto 546 de 1971) y por el régimen de transición previsto en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993, lo que, la exime de los límites establecidos para el régimen
general.

En consecuencia, la liquidación de la pensión debe realizarse conforme a los Decretos
546 de 1971 y 717 de 1978, incluyendo todos los factores salariales percibidos
(asignación mensual, primas, bonificaciones, viáticos, etc.), conforme a la Resolución
6045 de 2011 de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

Asimismo, argumenta que, la Sentencia C-258 de 2013 no es aplicable a los beneficiarios
del Decreto 546 de 1971, dado que, el Consejo de Estado ha reconocido que los
regímenes de transición deben aplicarse integralmente, sin sujeción a los topes
pensionales de dicha sentencia, puesto que, hacerlo de esa manera desconocería la
jurisprudencia vigente y el principio de inescindibilidad normativa.

Finalmente, se concluye que la pensión de la señora Hurtado Restrepo fue causada bajo
el Decreto 546 de 1971, pues, cumplió los requisitos de edad y tiempo de servicio exigidos
para 1997 y, por tanto, debe reliquidarse sin aplicar los topes del Decreto 314 de 1994,
ni las restricciones de la Sentencia C-258 de 2013, declarando la nulidad de los actos
administrativos que negaron su reajuste.

2. Contestación de la demanda4.

La parte demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones, argumentando que,
los actos expedidos tienen presunción de validez, no contienen vicio alguno. Fueron
expedidos por la autoridad competente, observando la ritualidad exigida para su creación
y ejecutoria.

Precisó que, la demandante tenía la obligación de cotizar al sistema de pensiones, por lo
tanto, al ser beneficiaria del derecho a la reliquidación al incluirse nuevos factores
salariales sobre los cuales, no se hizo la deducción con destino a completar su cotización,
era pertinente descontar de la resolución que le reconoció el derecho aludido los montos

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Número Interno: 2084-2025
Demandante: Luz Hurtado Restrepo
Demandado: Ugpp

correspondientes a los porcentajes insolutos no cotizados, por lo tanto, hay inexistencia
de la obligación para devolver los aportes al sistema general de seguridad social.

Manifiesta que, la Ley 100 de 1993 creó el régimen de transición (artículo 36) como un
beneficio para quienes, al 1° de abril de 1994, tuvieran 35 años (mujeres), 40 años
(hombres) o 15 años de servicios cotizados, garantizando que se les respete la edad, el
tiempo de servicio y el monto de la pensión previstos en el régimen anterior.

En este caso, el solicitante está amparado por el Decreto 546 de 1971, que regulaba la
pensión de los funcionarios de la Rama Jurisdiccional antes de la vigencia de la Ley 100.
Sin embargo, tras la entrada en vigor de esta ley, se unificaron los regímenes
exceptuando solo los señalados en el artículo 279 ibidem, donde no se incluyen dichos
funcionarios.

Aunque el Decreto 546 de 1971 contenía reglas especiales, la liquidación de la pensión
debe realizarse conforme al Decreto 1158 de 1994, que reglamenta los factores salariales
aplicables bajo el sistema general.

Así las cosas, los actos administrativos se fundamentaron en las normas jurídicas
vigentes para la fecha en que la actora adquirió su derecho.

Igualmente, aduce que los nuevos factores reconocidos se les debe aplicar la
prescripción trienal.

Finalmente, formuló como excepciones las que denominó : «prescripción total del derecho
pretendido».

3. La sentencia de primera instancia.

La Sala de Transitoria del Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del
Trece (13) de junio de Dos Mil Veinticinco (2025)5, negó las pretensiones de la demanda,
sin condena en costas.

El A-quo confirmó la validez de los actos administrativos demandados, que negaron la
reliquidación solicitada en el año 2014 y 2016, al considerar que, las resoluciones estaban
fundadas en derecho, por lo que no procedía su nulidad.

5
Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 50.

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Número Interno: 2084-2025
Demandante: Luz Hurtado Restrepo
Demandado: Ugpp

Respecto del tope pensional, determinó que el monto de 20 SMMLV previsto en el artículo
18 de la Ley 100 de 1993 es aplicable al caso, toda vez que, la actora adquirió su estatus
pensional en 1995, cuando aún no existía la modificación introducida por la Ley 797 de
2003 ni el Acto Legislativo 01 de 2005, que elevó el límite a 25 SMMLV.

De igual manera, desestimó la aplicación del artículo 3° del Decreto 314 de 1994, que
excluye a algunos servidores del límite pensional, señalando que, dicha excepción no
cobija a los magistrados, conforme a la Sentencia SU-210 de 2017, la cual, ratificó que
los topes pensionales tienen fundamento constitucional en la sostenibilidad del sistema,
y son aplicables incluso a las pensiones reconocidas bajo regímenes especiales, como
el Decreto 546 de 1971.

Por lo tanto, el Tribunal concluyó que la UGPP actuó conforme a derecho al aplicar el
límite de 20 SMMLV, por lo que, negó las súplicas de la demanda, confirmando la validez
de los actos administrativos demandados y la legalidad de la liquidación vigente de la
pensión de la señora Luz Hurtado Restrepo.

En atención a lo expuesto, ordenó lo siguiente

«PRIMERO: NEGAR las súplicas de la demanda interpuesta por la señora LUZ HURTADO
RESTREPO en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP-
, de conformidad con las razones expuestas en esta decisión.

SEGUNDA: sin condena en costas»

4. El recurso de apelación

La parte demandante, solicitó la revocatoria de la sentencia, con fundamento en los
siguientes argumentos6:

Expone que, la UGPP aplicó erróneamente el límite de los 20 SMMLV previsto en el
Decreto 310 de 1994, ignorando el artículo 3° de la citada normatividad, que exceptúa de
esas restricciones a los servidores con pensiones reconocidas conforme a leyes
preexistentes. Argumenta que, como Magistrada con más de 20 años de servicio, está
cobijada por el régimen especial de los Decretos 546 de 1971 y 717 de 1978, y es
beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo que,

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Página 136-140. Se cita conforme fue argumentado por la parte apelante.

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Demandante: Luz Hurtado Restrepo
Demandado: Ugpp

su pensión debe liquidarse con base en el 75% de la asignación más alta del último año
de servicio, incluyendo todos los factores salariales, entre ellos la bonificación por
compensación.

Aduce que, conforme al principio de inescindibilidad normativa, tanto la UGPP como el
A-quo, actuaron de manera arbitraria al liquidar la pensión de jubilación de la actora
aplicando simultáneamente normas especiales vigentes para los Magistrados de la Rama
Judicial antes de la Ley 100 de 1993, y normas del Sistema General de Pensiones. Esta
actuación desconoce que la demandante está amparada por el régimen de transición.
Por lo tanto, la edad, el tiempo de servicio y el monto de su pensión deben regirse
exclusivamente por el régimen anterior al que estaba afiliada.

Asimismo, se alega que no es aplicable ni el tope de 20 SMMLV del Decreto 310 de 1994,
ni el límite de 25 SMMLV del Acto Legislativo 01 de 2005, ya que, este último rige
únicamente para mesadas causadas después del 31 de julio de 2010.

Finalmente, cita la sentencia de unificación 4683-2013 (M.P. Gerardo Arenas Monsalve),
en la cual, el Consejo de Estado precisó que, el régimen de transición respeta no solo el
porcentaje del monto pensional, sino también la base de liquidación conforme al régimen
anterior.

En consecuencia, solicita revocar la sentencia de primera instancia y se ordene la
reliquidación integral de su pensión, conforme al régimen especial aplicable, sin sujeción
a los topes del Sistema General de Pensiones.

5. Trámite de segunda instancia

Mediante auto del quince (15) de agosto de Dos Mil Veinticinco (2025)7, el despacho
sustanciador admitió el recurso de apelación y, al no existir pruebas que decretar en
segunda instancia, el proceso ingresó al despacho para fallo.

6. Concepto del Ministerio Público

El Ministerio Público expresó que, si bien la demandante está amparada por el régimen
especial establecido en el Decreto 546 de 1971, el cual, no contempla límite para las

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Samai, índice 6

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Número Interno: 2084-2025
Demandante: Luz Hurtado Restrepo
Demandado: Ugpp

pensiones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, no puede desconocerse
la aplicación de los topes previstos en el régimen general. Por ello, en el presente litigio
se resuelve conforme al artículo 18 de la Ley 100 de 1993, reglamentado por el Decreto
314 de 1994.

Asimismo, indicó que la parte actora sostiene que el artículo 3º del Decreto 314 de 1994
excluye su caso del límite pensional, al establecer: “Artículo 3º. Las limitaciones del presente
Decreto no se aplicarán a aquellos servidores públicos que tengan derecho a una pensión superior a las
cifras mencionadas de acuerdo con las leyes preexistentes .” Sin embargo, esta interpretación no

es compartida, pues se considera que dicha disposición se refiere a quienes adquirieron
su estatus pensional antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, y no a quienes
lo hicieron bajo el régimen de transición. Este último aspecto incide directamente en el
cálculo del I.B.L., por lo que, al haberse adquirido el estatus pensional en noviembre de
1995, el caso de la actora queda sujeto al régimen de transición de la Ley 100 de 1993
y, en consecuencia, a los topes establecidos en dicha normativa.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso de
conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según el
artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)8, el Juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala establecer, si revoca la sentencia de la Sala Transitoria del
Tribunal Administrativo de Antioquia que negó las pretensiones de la demanda. Para el
efecto, se plantea el siguiente cuestionamiento:

8
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá
hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.”

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Número Interno: 2084-2025
Demandante: Luz Hurtado Restrepo
Demandado: Ugpp

I. Establecer si la demandante, por ser beneficiaria del régimen de transición, está
excluida del tope de los 20 SMMLV previsto en el artículo 3 del Decreto 314 de
1994 y, en consecuencia, tiene derecho a la reliquidación de su pensión de
jubilación, incluyendo la totalidad de los factores salariales devengados en el
último año de servicios, de conformidad con el régimen especial previsto en el
Decreto 546 de 1971.

2.1.1. Marco normativo y jurisprudencial

El establecimiento de topes pensionales en el ordenamiento jurídico colombiano
responde a una política legislativa de carácter estructural, orientada a preservar la
sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social en pensiones y a materializar
los principios constitucionales de solidaridad, eficiencia, universalidad y equidad.

Históricamente, la regulación de los límites mínimos y máximos de las pensiones se
introdujo con la Ley 4 de 1976, cuyo artículo 2 fijó un rango entre un (1) y veintidós (22)
salarios mínimos mensuales, aplicable a todos los sectores público, oficial, semioficial y
privado. Esta disposición fue posteriormente modificada por la Ley 71 de 1988, que redujo
el tope a quince (15) SMLMV, evidenciando una preocupación creciente por controlar el
gasto pensional del Estado.

La Ley 100 de 1993, al crear el Sistema General de Pensiones, mantuvo esta orientación
al disponer en su artículo 18 que la base de cotización no podría superar los veinte (20)
salarios mínimos legales mensuales vigentes. Con la Ley 797 de 2003, dicha suma se
incrementó a veinticinco (25) SMLMV, y finalmente el Acto Legislativo 01 de 2005
incorporó en la Constitución el principio de sostenibilidad financiera, estableciendo que a
partir del 31 de julio de 2010, no podrían reconocerse ni causarse pensiones superiores
a ese mismo límite con cargo a recursos públicos.

Desde el punto de vista constitucional, esta evolución normativa se enmarca en los
artículos 48 y 53 de la Constitución Política, los cuales, facultan al legislador para adoptar
medidas que garanticen la viabilidad del sistema y el uso racional de los recursos
destinados a la seguridad social. La Corte Constitucional, en su consolidada
jurisprudencia, particularmente en las sentencias C-089 de 1997, C-155 de 1997, C-258
de 2013, SU-230 de 2015 y SU-395 de 2017, ha reiterado que la imposición de topes

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Número Interno: 2084-2025
Demandante: Luz Hurtado Restrepo
Demandado: Ugpp

pensionales constituye una expresión legítima del poder de configuración legislativa, al
tiempo que promueve la equidad intergeneracional y la redistribución justa de los
subsidios estatales.

El Tribunal ha enfatizado que mantener pensiones sin límite no solo contraviene los
principios de igualdad y solidaridad, sino que implica una carga fiscal desproporcionada
que afecta la sostenibilidad del sistema y el acceso universal a la seguridad social. Por
ello, la jurisprudencia constitucional ha extendido la aplicación de los topes a los
regímenes especiales, precisando que no puede existir un grupo de pensionados exentos
de las restricciones legales, pues ello generaría un trato preferente injustificado y un
desequilibrio financiero.

La Sentencia C-258 de 2013, determinó:

«Esa preocupación por fijar límites a los subsidios que el Estado destina al pago de las más
altas pensiones por medio del establecimiento de topes, existía además desde antes de la
expedición del Acto Legislativo 01 de 2005, e incluso con anterioridad a la promulgación de
la Ley 100 de 1993. Como se indicó en apartes anteriores, desde la Ley 4 de 1976, el
Legislador ha sometido a topes mínimos y máximos el valor que una persona puede recibir
por razón de su pensión; así, esa normativa estableció un valor máximo de 22 smmlv.
Posteriormente, la Ley 71 de 1988 disminuyó el tope a 15 smmlv y la Ley 100 de 1993 lo
elevó, en su artículo 18, a 20 smmlv para los afiliados al régimen de prima media. Más
recientemente, el artículo 5 de la Ley 797 de 2003 elevó el tope a 25 smmlv; ese mismo
criterio fue luego acogido por el Acto Legislativo 01 de 2005.

En concordancia con la anterior preocupación y para el caso específico de los regímenes
especiales de pensiones, en las sentencias C-089 de 1997 y C-155 de 1997, esta Corporación
también sostuvo que en caso de que las normas especiales de tales regímenes no
dispusieran un límite cuantitativo para las mesadas, debía aplicarse el tope señalado en las
reglas generales, específicamente en la Ley 100 y las disposiciones que la modifican en lo
pertinente.

Por las anteriores razones la Sala no puede mantener en el ordenamiento la regla de la
ausencia de topes en el régimen de pensiones materia de análisis. Hacerlo, como en el caso
de los anteriores elementos del régimen, (i) vulneraría el principio de igualdad en tanto
conduce a la transferencia de subsidios públicos excesivos a un grupo de personas que no
sólo no están en condición de vulnerabilidad o debilidad, sino que, por el contrario, por regla
general pertenecen a un sector privilegiado de la población; y (ii) avalaría la continuidad de
un sacrificio desproporcionado de los principios y finalidades de la seguridad social. »

Así las cosas, desde la Ley 4 de 1976, el legislador ha mantenido un límite máximo a las
mesadas pensionales «22, luego 15, luego 20 y finalmente 25 SMLMV», criterio que fue
constitucionalizado por el Acto Legislativo 01 de 2005. Reafirmándose la aplicabilidad de
los topes pensionales incluso frente a los beneficiarios de regímenes especiales, como
mecanismo para garantizar la coherencia del sistema.

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Demandante: Luz Hurtado Restrepo
Demandado: Ugpp

En suma, el análisis normativo y jurisprudencial permite concluir que la existencia de
topes pensionales constituye una herramienta esencial de justicia distributiva y
sostenibilidad fiscal, orientada a equilibrar el derecho individual a la pensión con el interés
colectivo en la preservación de los recursos públicos. Su observancia en todos los
regímenes «ordinarios y especiales» no vulnera derechos adquiridos, sino que consolida un
sistema pensional más equitativo, solidario y financieramente responsable.

Con fundamento en los derroteros trazados en la citada sentencia se procede a decidir
el presente caso.

2.2 Hechos probados.

A continuación, procede la Sala a analizar las particularidades del caso objeto de
juzgamiento frente al marco normativo que rige la materia. En ese sentido, y con base en
el material probatorio aportado al plenario y de acuerdo con los hechos constatados por
esta Corporación, se destaca:

a) De conformidad con la cédula de ciudadanía visible a índice 19 del expediente, la
actora nació el 01 de octubre de 1937.

b) Resolución No. 018771 del ocho (8) de octubre de Mil Novecientos Noventa y Siete
(1997), mediante la cual, la Caja Nacional de Previsión Social reconoció y ordenó
el pago de una pensión mensual vitalicia por vejez. Acto administrativo, que
determinó que la demandante adquirió el status jurídico el 10 de noviembre de
1995.9

c) Resolución No 13960 del Veintinueve (29) de julio de Dos Mil Tres (2003)10,
mediante la cual, la Caja Nacional de Previsión Social, reliquidó la pensión de
jubilación, de la siguiente forma:

«la peticionaria fue pensionada por esta Entidad mediante la resolución 18771 de fecha 8 de
octubre de 1997 en cuantía de $1.520.047 M/CTE, efectiva a partir del 01 de abril de 1996.

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Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 93, documento 56, pagina 2
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Número Interno: 2084-2025
Demandante: Luz Hurtado Restrepo
Demandado: Ugpp

Que esta Entidad Reliquido la anterior pensión mediante Resolución No. 2284 del 19 de
diciembre de 2000 en cuantía de $ 3.567.939.13 M/CTE efectiva a partir del 01 de enero de
2000.

Posteriormente esta Entidad da cumplimiento a un fallo de tutela y se reliquida mediante
Resolución No. 3923 del 08 del 2001, en cuantía de $5.609.615.30 M/CTE efectiva a partir del
01 de enero de 2000. Condicionada a retiro del servicio oficial

Entidad desde hasta días deducidos laborados

Rama jurisdiccional 19750610 19780730 1131
Rama jurisdiccional 19790101 19960330 6210
Rama jurisdiccional 19960401 19991230 1350
8691
Que se allegaron nuevos tiempos así:

Entidad desde hasta días deducidos laborados

Rama jurisdiccional 20000101 20011230 720
720

Que laboró un total de: 9411 días

Que el último cargo desempeñado por el peticionario fue el de MAGISTRADA DE LA SALA
CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN.

Que la peticionaria fue retirada del servicio mediante ACTA No. 30 CORRESPONDIENTE A LA
SESIÓN ORDINARIA DE LA SALA PLENA a partir del 01 de enero de 2002

Que de conformidad con el Decreto 546 de 1971 art. 6 aplicando el 75% sobre el salario
promedio de asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicio, se
determina la cuantía de la pensión así:

Factores: Asignación básica-2001; Prima de navidad-2001; Bonificación servicio prestado-2001;
Prima de servicios 2001; Prima de vacaciones 2001; Prima especial-2001; Bonificación por
compensación: 2001.

Pensión: ($8.397.136,82 x75%) = $6.297.852,62

Que de acuerdo con el Decreto 314/94 artículo 10, inciso 10, se debe ajustar el valor de la
pensión a la suma equivalente a 20 salarios mínimos, esto es, a ($6.180.000,oo) teniendo en
cuenta el salario mínimo legal vigente a la fecha de efectividad .

Efectividad a partir del 01 de enero de 2002.».

d) Resolución No. 6045 del veinticuatro (24) de noviembre de Dos Mil Once (2011),
mediante la cual, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dio
cumplimiento a una sentencia, reconociendo la bonificación por compensación del
período comprendido entre el 1 de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2001 11.

e) La Coordinadora del Área Financiera de la Dirección Seccional Administración
Judicial Medellín, el quince (15) de julio de Dos Mil Catorce (2014) certificó que la

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Número Interno: 2084-2025
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Demandado: Ugpp

señora Luz Hurtado de Álvarez laboró en la rama judicial Antioquia, desde el 09
de junio de 1975 hasta el 31 de diciembre de 2001 y el último cargo que
desempeño fue Magistrada de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín12.

f) La secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, certificó el diez (10) de
octubre de Dos Mil Uno (2001), que la demandante desempeñó el cargo de
Magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín
en forma continua e interrumpida, así13:

«Del 1 de octubre de 1989 al 5 de marzo de 1991, en periodo de prueba Desde el 6 de marzo
de 1991, en propiedad».

g) Petición de reliquidación pensional, radicada el 14 de agosto de 2014 ante la
UGPP, en la cual, solicitó por primera vez que, le tuvieran en cuenta el último factor
salarial que le fue reconocido y pagado según resolución No. 6045 del 24 de
noviembre de 2011, donde se reconoció la bonificación por compensación14.

h) La UGPP, mediante Resoluciones: RDP 036624 del 02 de diciembre de 201415,
negó la petición de reliquidación de pensión; RDP 003422 del 28 de enero de 2015
mediante la cual, se resolvió el recurso de reposición y RDP 007735 del 26 de
febrero de 201516 resolvió el recurso de apelación, ambas confirmando la negativa
inicial. Actos administrativos que se dieron como resultado de la petición elevada
el día 14 de agosto de 2014.

i) Petición de reliquidación pensional, radicada el 29 de noviembre de 2016 ante la
UGPP, en la cual solicitó por segunda vez, tener en cuenta el último factor salarial
que fue reconocido y pagado según resolución No. 6045 del 24 de noviembre de
2011, donde se reconoció la bonificación por compensación.17

j) La UGPP, mediante Resoluciones RDP 048964 del 26 de diciembre de 201618,
negó la petición de reliquidación de pensión; RDP 009561 del 10 de marzo de
201719 mediante la cual, se resolvió el recurso de reposición y RDP 014804 del 07

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Demandante: Luz Hurtado Restrepo
Demandado: Ugpp

de abril de 201720 que resolvió el recurso de apelación, confirmando la negativa
inicial. Actos administrativos que se dieron como resultado de la petición elevada
el día 29 de noviembre de 2016.

2.3 Caso concreto

Según lo acreditado en el plenario, la señora Luz Hurtado Restrepo laboró en la Rama
Judicial desde el nueve (9) de junio de Mil Novecientos Setenta y Cinco (1975) hasta
el treinta y uno (31) de diciembre de Dos Mil Uno (2001), desempeñándose en su último
cargo, como Magistrada de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín. Adquiriendo
su estatus el diez (10) de noviembre de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995).

Mediante Resolución No. 018771 del 8 de octubre de 1997, la Caja Nacional de
Previsión Social reconoció y ordenó el pago de la pensión mensual vitalicia, efectiva a
partir del primero (1) de abril de Mil Novecientos Noventa y Seis (1996), por un valor de
$1.520.047. Posteriormente, mediante acto administrativo No. 13960 del 29 de julio de
2003, la misma entidad, reliquidó la pensión de jubilación aplicando el 75% sobre la
asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicio, conforme al
régimen especial previsto en el artículo 6 del Decreto 546 de 1971, fijando la mesada en
$6.297.852. No obstante, en aplicación del artículo 1 del Decreto 314 de 1994, se ajustó
el valor de la pensión al límite equivalente a 20 salarios mínimos legales mensuales
vigentes a la fecha de efectividad, para un total de $6.180.000.

Por su parte, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en cumplimiento del fallo
judicial21, reconoció mediante Resolución No. 6045 del 24 de noviembre de 2011, la
bonificación por compensación correspondiente al período comprendido entre el primero
(1) de enero de Dos Mil (2000) y el treinta y uno (31) de diciembre de Dos Mil Uno (2001).

De igual manera, se encuentra probado que la demandante, presentó petición de
reliquidación pensional ante la UGPP, radicada el catorce (14) de agosto de Dos mil
Catorce (2014), solicitando incluir como factor salarial el valor reconocido y pagado
mediante la acto administrativo No. 6045 de 2011, relativo a la bonificación por
compensación, sin que se aplicara el límite pensional, argumentando que, conforme al

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21 sentencia 18 de noviembre de 2002, proferida por el Tribunal Amdinistrativo de Antioquida. confirmada mediante sentencia del 1 de diciembre de
2010, emitida por el Consejo de Estado, sección segunda, subsección B

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Demandante: Luz Hurtado Restrepo
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artículo 3 del Decreto 314 de 1994, las restricciones allí previstas no aplican a los
servidores públicos con derecho a una pensión superior. Además, sostuvo que, la
limitación de 25 salarios mínimos legales mensuales, solo empezó a regir a partir del
primero (1) de julio de Dos Mil Trece (2013), de acuerdo con la Sentencia C-258 de 2013
de la Corte Constitucional.

Sin embargo, la entidad demandada, mediante Resolución No. 036624 del 2 de
diciembre de 2014, negó la solicitud de reliquidación, indicando que, el ingreso base de
liquidación se determinó conforme al artículo 6 del Decreto 546 de 1971, aplicando el
75% sobre el promedio mensual más alto devengado en el último año de servicio,
incluyendo todos los factores salariales «en especial, la bonificación por compensación», así: IBL:
$12.008.804 x 75% = $9.006.603. No obstante, precisó que, a dicha liquidación debían
aplicarse los topes legales, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 100 de 1993, que
limita la base de cotización a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes,
en concordancia con los artículos 1 y 2 del Decreto 314 de 1994. Además, citó la
Sentencia C-258 de 2013, según la cual, todos los servidores públicos están sujetos a
los topes pensionales previstos en la ley. En consecuencia, la suma reconocida fue de
$6.180.000.

Contra dicha decisión se interpusieron los recursos de ley, resueltos mediante los
siguientes actos: Resolución RDP 03662403422 del 28 de enero de 2015, que resolvió
el recurso de reposición, y Resolución RDP 007735 del 26 de febrero de 2015, que
decidió el de apelación, ambas confirmando la negativa inicial.

Persistiendo su inconformidad, la actora radicó una nueva petición de reliquidación el
veintinueve (29) de noviembre de Dos Mil Dieciséis (2016). La entidad, mediante acto
administrativo RDP 048964 del 26 de diciembre de 2016, volvió a negar la solicitud;
decisión que fue confirmada por las Resoluciones RDP 009561 del 10 de marzo de
2017«recurso de reposición» y RDP 014804 del 7 de abril de 2017 «recurso de apelación».

Precisado lo anterior, y con el propósito de resolver la cuestión litigiosa, se resalta que, la
demandante laboró en la Rama Judicial por más de veinticinco (25) años22 . En virtud de
ello, le fue reconocida pensión de jubilación bajo el régimen especial consagrado en el
Decreto 546 de 1971.

En consecuencia, de acuerdo con el marco normativo y jurisprudencial vigente, el
legislador ha previsto de manera expresa la existencia de límites máximos y mínimos en

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materia pensional, con el propósito de garantizar la sostenibilidad financiera y la equidad
del sistema de seguridad social.

En efecto, el artículo 2 de la Ley 4 de 1976, estableció que las pensiones de jubilación,
invalidez, vejez y sobrevivientes, no podrían ser inferiores al salario mínimo ni superiores
a veintidós. Esta disposición fue modificada por el artículo 2 de la Ley 71 de 1988, que
redujo dicho tope a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Con la creación del Sistema General de Pensiones, se mantuvo esta orientación al
disponer en el artículo 18 de la Ley 100 de 1993, que la base de cotización no podría
superar los veinte (20) SMLMV; límite que fue ampliado a veinticinco (25) SMLMV,
mediante el artículo 5 de la Ley 797 de 2003. Este último parámetro fue acogido por el
Acto Legislativo 01 de 2005, mediante el cual, se incorporó en la Constitución el principio
de sostenibilidad financiera, estableciendo que, a partir del 31 de julio de 2010, no podrían
reconocerse ni causarse pensiones superiores a ese mismo límite, con cargo a recursos
públicos.

Desde esta perspectiva, los topes pensionales encuentran fundamento en los artículos
48 y 53 de la Constitución Política, que consagran los principios de sostenibilidad
financiera y solidaridad. Dichos principios obligan al Estado a preservar el equilibrio
económico del sistema y evitar privilegios desproporcionados en el uso de recursos
públicos. Por ello, los límites pensionales se establecen en el ordenamiento jurídico, con
el propósito de garantizar la igualdad, la eficiencia, la universalidad y la progresividad del
sistema de seguridad social integral.

En este sentido, en las sentencias C-089 de 1997, C-155 de 1997, C-258 de 2013 y SU-
210-2017, la Corte precisó que, la existencia de topes máximos constituye una medida
idónea y razonable para evitar subsidios excesivos hacia personas que, por regla general,
no se encuentran en condición de vulnerabilidad y, para priorizar la atención de quienes
requieren una mayor protección del sistema.

Ello, no implica vulnerar el principio de inescindibilidad normativa, conforme al cual, «una
disposición debe aplicarse en su integridad, sin que sea posible tomar los aspectos más favorables de
distintos regímenes para crear uno nuevo en beneficio particular, en detrimento de la seguridad jurídica» 22.
Dicho principio, no se desconoce cuándo la finalidad es acompasar las normas expedidas

22
Radicación número: 25000-23-42-000-2014-01659-01(3683-17), Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER, del veintiuno (21) de octubre
de dos mil veintiuno (2021).

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en los distintos regímenes, con lo previsto en la Constitución Política, teniendo en cuenta
que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 4, la Constitución es la norma de normas, lo
que significa que toda ley, decreto, acto administrativo o norma jurídica debe estar
subordinada a ella. En caso de conflicto entre una norma legal y la Constitución,
prevalece esta última. Por ende, como lo ha sostenido el Tribunal Constitucional, la
fijación de topes pensionales responde a una decisión legítima de política pública,
adoptada por el legislador en ejercicio de su margen de configuración normativa. Está
potestad, lejos de vulnerar derechos adquiridos, se encuentra orientada a garantizar el
equilibrio entre las prestaciones reconocidas y la capacidad real de financiación del
sistema.

Por tanto, el límite de tope pensional no es un aspecto sujeto a la transición prevista en
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta que, deben observarse las reglas
generales del sistema de seguridad social integral, para determinar el monto pensional,
con independencia del régimen especial al cual pertenezca el beneficiario.

En igual sentido el Consejo de Estado, sostuvo23:

«36. Por cuanto resulta evidente, que la intención del legislador siempre ha sido la de establecer
límites inequívocos a la cuantía de la pensión, y así han quedado expresamente contenidos en
los diversos regímenes pensionales por lo que la Corte Constitucional, en sede de revisión de
tutelas y de constitucionalidad, y también en su labor unificadora de la interpretación de los
derechos fundamentales, ha decantado una uniforme jurisprudencia alrededor de los topes
pensionales, estableciendo que están en consonancia con la Constitución Política por sustentarse
en los principios de sostenibilidad financiera del sistema pensional, igualdad y de solidaridad, y
por ello los encuentra aplicables a todas las pensiones que se financian con recursos públicos,
aun siendo especiales y sin distinguir que su reconocimiento hubiere sido por virtud del régimen
de transición de la Ley 100 de 1993.

37. Tal como ha sido planteado en las providencias T-892 de 2013, T-320 de 2015, T-360 de
2018, T-073 de 2019, SU 230 de 2015, SU 210 de 2017 y C-258 de 2013, en donde la ratio
decidendi es el tope pensional establecido por el legislador para limitar la cuantía de la pensión,
inclusive para aquellas personas que la obtuvieron por norma especial aplicable por la transición
de la Ley 100 de 1993».

A su vez, esta Subsección en un asunto de condiciones fácticas similares, determinó24:

«51. CAJANAL le reconoció a la demandante la pensión de jubilación al amparo del régimen
especial previsto en el Decreto 546 de 1971 para los servidores de la Rama Judicial y el Ministerio
público.

52. CAJANAL estaba facultada para acudir al régimen general en cuanto a la aplicación de topes
pensionales, toda vez que el especial no reguló dicho aspecto. En tal sentido, las sentencias C-
089 y C-155 de 1997 precisaron que cuando la normativa especial no establece el límite máximo
de las mesadas pensionales, es posible aplicar las reglas generales previstas para esos efectos,

23
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 13 de noviembre de 2020, radicado: 25000- 23-42-000-2016-01911-01 (5824-
2018).
24
Radicado numero: 25-000-23-42-000-2013-00652-02 (0455-2021) consejera ponente Elizabeth Becerra Cornejo del 26 de junio del 2025.

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Demandado: Ugpp

pues de lo contrario se permitiría que algunos pensionados gozaran de privilegios
injustificados(....).

53. Los límites pensionales se han previsto en el ordenamiento en aras de materializar los
principios de sostenibilidad financiera, igualdad, solidaridad, eficiencia, universalidad y
progresividad que orientan el Sistema de Seguridad Social Integral.

(…)

El legislador fijó límites máximos pensionales con el propósito de reducir los subsidios del Estado
a las pensiones más altas, garantizar que los pensionados de menores ingresos también tuvieran
acceso al pago oportuno de sus prestaciones y el derecho a la igualdad. Estas razones son las
que impiden concebir un régimen pensional sin topes en las mesadas y las que han inspirado al
legislador para establecerlos desde la Ley 4 de 1976. »

En consecuencia, la jurisprudencia unificó el criterio en cuanto a la aplicación general de
los topes pensionales, incluso frente a los regímenes especiales, por cuanto, las
pensiones son financiadas con recursos del erario. Estos límites buscan evitar subsidios
excesivos del Estado a las pensiones de mayor cuantía, garantizar la equidad distributiva
y asegurar la sostenibilidad del sistema.

Vistas así las cosas, la entidad demandada estaba facultada para aplicar el régimen
general respecto de los topes pensionales, teniendo en cuenta que, el Decreto 546 de
1971 no fijó un límite específico para sus beneficiarios, lo que no impide acudir a la
normativa general. En ese orden, no resulta procedente invocar la exclusión del artículo
3º del Decreto 314 de 1994.

Finalmente, tampoco le asiste razón a la parte apelante al sostener que no se le puede
aplicar el límite de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes previsto
en el Acto Legislativo 01 de 2005, pues este solo rige para las mesadas causadas
después del 31 de julio de 2010. Dado que, la demandante adquirió su estatus pensional
el 10 de noviembre de 1995 y su mesada se hizo efectiva a partir del 1º de enero de 2002,
siendo este el año que debe tomarse como referencia para calcular la cuantía, sin que
sean aplicables las modificaciones introducidas por la Ley 797 de 2003 ni por el
mencionado Acto Legislativo, tal como lo señaló el A quo.

Por consiguiente, admitir la inexistencia de topes en los regímenes especiales implicaría
desconocer los principios citados en líneas anteriores, y permitiría la consolidación de
privilegios incompatibles con la finalidad solidaria del sistema pensional.

En consecuencia, los argumentos planteados por la parte apelante no están llamados a
prosperar, motivo por el cual, debe confirmarse la decisión de primera instancia

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Demandado: Ugpp

2.4 Condena en costas.

Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala temeridad
o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es decir, no se cumplen los
presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. – CONFIRMAR la sentencia del Trece (13) de junio de Dos Mil Veinticinco
(2025), proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Antioquia que negó
las pretensiones de la demanda, conforme a lo expuesto en el presente proveído.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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