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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-01011-01

Fecha
17 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-01011-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el cinco (5) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se negaron las pretensiones. Segundo. Condenar en costas a la parte demandante, según lo manifestado en esta sentencia. Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2021-01011-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

17 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2021-01011-01 (0517-2025)
Demandante: Fanny María Consuelo Suárez Segura.
Demandado: Fondo de Previsión Social del Congreso - FONPRECON

Temas: Reliquidación pensional. IBL. Topes. CONFIRMA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el cinco (5) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se negaron las
pretensiones.

ANTECEDENTES

1. La señora Fanny María Consuelo Suárez Segura instauró demanda1 en
contra del Fondo de Previsión Social del Congreso - FONPRECON en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo
138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
con el fin de que se acceda a las siguientes.

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad del Oficio 20174000018051 del 03 de mayo de
2017 y la nulidad parcial de las Resoluciones 0189 del 16 de mayo de la misma
anualidad y 0525 del 3 de noviembre de 2020, por medio de las cuales la entidad,
en su orden, negó la reliquidación pensional, desató un recurso de reposición y
resolvió una petición.

1 Archivo “2_ED_02DEMANDA26112021_1(.PDF) NroActua 2” contenido en el índice 2 de SAMAI, otros
despachos.

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3. Como restablecimiento del derecho pidió declarar que los últimos 10 años de
servicio están comprendidos entre el 10 de diciembre de 1993 y el 9 de diciembre
de 2003; que la mesada corresponde al 73% de lo cotizado durante dicho lapso, de
conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, suma que no
podrá ser inferior a $7.421.953, efectiva a partir del 10 de diciembre de 2003; que
no se encuentra limitada al tope de 25 SMLMV; que se paguen las diferencias
generadas desde el 9 de noviembre de 2013; que se actualicen los valores
reconocidos de acuerdo con el IPC; se pague los intereses y se cumpla la sentencia
de acuerdo con lo previsto en los artículos 192 y 195 del CPACA.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

4. Que, mediante la Resolución 1278 del 23 de octubre de 2003, FONPRECON
reconoció una pensión de jubilación en favor de la señora Fanny María Consuelo
Suárez Segura a partir del 6 de mayo de 2006, en cuantía equivalente a $6.640.000.

5. Que, a través de sentencia del 1 de noviembre de 2007, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, ordenó reliquidar la pensión “entendiendo por
ingreso base de liquidación lo establecido en el artículo 21 de la ley 100 de 1993, en un
monto del 73% del ingreso base de liquidación» y por medio de la Resolución 0144 del
14 de febrero de 2008, FONPRECON reliquidó la mesada en cumplimiento de la
decisión judicial referida, en un monto equivalente a $4.615.733, con efectos a partir
de la nómina de febrero de 2008.

6. Que el 27 de octubre de 2016, la Jefatura de la Sección de Registro y Control
del Senado certificó que la pensionada devengó la asignación básica, la prima
técnica, la prima de antigüedad y la bonificación por servicios.

7. Que, el 9 de noviembre de 2016 y 17 de enero de 2017 la demandante solicitó
la reliquidación de su mesada pensional, petición que fue negada mediante el Oficio
20174000018051 del 03 de mayo de 2017 y la Resolución 0189 del 16 de mayo del
mismo.

8. Que, a través de la Resolución 0525 del 3 de noviembre de 2020,
FONPRECON reliquidó la pensión y la supeditó a los topes pensionales, sin que
ello hubiere sido ordenado en la sentencia del Tribunal.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

9. Considera violados los artículos 2, 13, 25, 29, 48, 53 y 58 de la Constitución
Política; 21 del CST; 21 de la Ley 100 de 1993; Decretos 1158 de 1994, 314 de
1994 y Leyes 71 de 1988 y 4º de 1992.

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10. Que los actos acusados se expidieron con desconocimiento de la
Constitución y la Ley, porque la entidad desconoce las certificaciones del 27 de
octubre de 2016; 4 de febrero, 2 de marzo y 13 de agosto de 2021, dentro de las
cuales se indican los factores sobre los que se efectuaron las cotizaciones y, que
dan lugar a la reliquidación pensional. Que la demandada no puede imponer el tope
de los 20 SMLMV pues según lo prevé el parágrafo del artículo 35 de la Ley 100 de
1993, las pensiones reconocidas con posterioridad a la vigencia de la Ley 4 de 1992
no estarán sujetas al límite establecido por el artículo 2 de la Ley 71 de 1988, salvo
en los regímenes e instituciones excepcionadas en el artículo 279 ibidem.

11. Considera que a la mesada no puede imponérsele el tope de los 20 SMLMV,
toda vez que esta limitante fue derogada por el parágrafo del artículo 35 de la Ley
100 de 1993. Y aunque, posteriormente, se fijó en 25 SMLMV a través de la Ley
797 de 2003, este máximo no afecta la pensión de la demandante.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

12. La demanda fue admitida el 5 de octubre de 20222. La entidad manifestó3
que la liquidación de la mesada se realizó de acuerdo con la Constitución y la Ley.
Expresó que entre el 6 de diciembre de 1993 y el 5 de diciembre de 2003, periodo
que se tuvo en cuenta para liquidar la prestación, estaban vigentes, en su redacción
original, los artículos 18 de la Ley 100 de 1993 y 1 del Decreto 314 de 1994, según
los cuales el IBC se limitaba a 20 SMLMV; de ahí que, cualquier valor devengado o
cotizado que supere dicho máximo no podrá ser tenido en cuenta para el IBL.
Propuso como excepción: la prescripción trienal.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN4

13. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia del 5 de
diciembre de 2024 negó las pretensiones, por considerar que fueron tenidos en
cuenta todos los factores salariales sobre los cuales se cotizó entre 1993 y el 2003,
a saber, el sueldo básico, la prima técnica, la prima de antigüedad y la bonificación
por servicios. Sin que sea posible incluir el quinquenio ni la licencia por maternidad,
toda vez que no se encuentran enlistados en el Decreto 1158 de 1994.

14. Indicó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia
del 1 de noviembre de 2007, al examinar el derecho, concluyó que le resultaba
aplicable la Ley 100 de 1993 para efectos del reconocimiento, liquidación y pago del
mismo. Asimismo, encontró demostrado que entre 1994 y el 2003, FONPRECON
limitó el IBC al tope de 20 SMLMV, de ahí que, pese a incluirse todos los factores
de cotización, el porcentaje mensual se ve reducido. Añadió que dicha normativa en

2 Índice 4 de SAMAI, otros despachos.
3 Índice 9 de SAMAI, otros despachos.
4 Índice 29 de SAMAI, otros despachos.

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el artículo 18, en armonía con el artículo 2 del Decreto 314 de 1994 limitó la
prestación al tope de 20 SMLMV.

RECURSO DE APELACIÓN

15. La parte demandante5 interpuso recurso de apelación por considerar que si
se tiene en cuenta el certificado en el que constan los factores sobre los que se
efectuaron los aportes a pensión, durante el periodo comprendido entre el 10 de
diciembre de 1993 y el 9 de diciembre de 2003, es procedente la reliquidación de la
mesada pensional. Afirmó que los salarios que se tuvieron en cuenta para el cálculo
del IBL son inferiores a los efectivamente reportados.

16. Estimó que tampoco hay razón para mantener el tope de los 20 SMLMV de
que trata el Decreto 314 de 1994, porque dicha limitante que se impuso cuando la
norma estaba vigente, en la actualidad fue derogada. De ahí que, el derecho
pensional debió reconocerse sin esa limitante, en tanto que la ley 100 de 1993 prevé
expresamente un máximo de 25 SMLMV

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

17. El 11 de abril de 20256 se admitió el recurso de apelación. Las partes
guardaron silencio en la etapa de alegaciones y el Ministerio Público no rindió
concepto.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Problema jurídico

18. La Sala debe determinar si procede la reliquidación de la mesada pensional y
cuál es el límite pensional aplicable a esta, el de 20 o el de 25 SMLMV.

Marco normativo y jurisprudencial

Liquidación pensional

19. La Ley 100 de 1993, en el artículo 21 prevé:

«[…] ARTÍCULO 21. INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN. Se entiende por
ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esta ley, el promedio de
los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10)
años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este
fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia,

5 Índice 33 de SAMAI, otros despachos
6 Índice 4 de SAMAI.

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actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.

Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre
los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, resulte superior al previsto en
el inciso anterior, el trabajador podrá optar por este sistema, siempre y cuando
haya cotizado 1250 semanas como mínimo […]»

20. Por su parte, el Decreto 1158 de 1994, en el artículo 1 establece:

«ARTÍCULO 1. El artículo 6 del Decreto 691 de 1994, quedará así:

"Base de cotización".

El salario mensual base para calcular las cotizaciones al Sistema General de
Pensiones de los servidores públicos incorporados al mismo, estará constituido
por los siguientes factores:

a) La asignación básica mensual;
b) Los gastos de representación;
c) La prima técnica, cuando sea factor de salario;
d) Las primas de antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean factor
de salario;
e) La remuneración por trabajo dominical o festivo;
f) La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en
jornada nocturna;
g) La bonificación por servicios prestados»

Topes pensionales

21. Por su parte, el Decreto 314 de 1994, «Por el cual se limita la base de
cotización obligatoria del Sistema General de Pensiones», en el artículo 2 estableció
que «[…] el monto de las pensiones de vejez, de invalidez y de sobrevivientes, para
los afiliados al Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, no podrá
ser superior a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales».

22. La Ley 797 de 20037, modificó el inciso 4º del artículo 18 de la Ley 100 de
1993, en el sentido de que «El límite de la base de cotización será de veinticinco
(25) salarios mínimos legales mensuales vigentes para trabajadores del sector
público y privado. Cuando se devenguen mensualmente más de veinticinco (25)
salarios mínimos legales mensuales vigentes la base de cotización será
reglamentada por el gobierno nacional y podrá ser hasta de 45 salarios mínimos
legales mensuales para garantizar pensiones hasta de veinticinco (25) salarios
mínimos legales».

23. Dicho umbral fue elevado a rango constitucional a través del Acto legislativo
1 de 2005, así:

7 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de

1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales».

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«ARTÍCULO 1o. Se adicionan los siguientes incisos y parágrafos al artículo 48
de la Constitución Política:
[…]
Parágrafo 1o. A partir del 31 de julio de 2010, no podrán causarse pensiones
superiores a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, con
cargo a recursos de naturaleza pública […]»

24. Al respecto, la Corte Constitucional8, ha sostenido que es legítimo imponer
topes máximos para reconocer el derecho pensional sin que por ello el derecho a la
seguridad social se entienda afectado, en tanto que «[…] son medidas que, […]
toman en consideración fenómenos económicos y sociales con un indudable
propósito de desarrollar principios básicos fundamentales dentro de la creación de
un complejo sistema de seguridad social tendiente a garantizar los derechos
irrenunciables de la persona […]».

25. Por su parte, esta corporación9 ha señalado que la imposición de los topes
pensionales «[…] permite que las prestaciones a reconocer tengan el respaldo
presupuestal correspondiente a partir de las cotizaciones realizadas, por tal motivo
resultaría contrario a la sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social que se
ordene la reliquidación de una mesada pensional a partir de cotizaciones que no
debían efectuarse, que finalmente es lo que solicita el accionante, al pretender una
mesada con el tope 25 de SMMLV, cuando durante su vida laboral el límite de la
cotización fue sobre la base de 20 SMMLV. […]». Igualmente, que se aplicaran
aquellos consignados en las normas vigentes al momento de su causación.

Resolución del caso concreto

26. El objeto de discusión se circunscribe a determinar si procede la reliquidación
de la mesada pensional con inclusión de todos los factores sobre los que se cotizó,
si se calculó con un salario inferior y si el tope a aplicar es de 20 o 25 SMLMV.

27. Pues bien, revisadas las pruebas obrantes en el expediente se advierte que
la entidad demandada efectuó la liquidación de la mesada pensional en aplicación
de las disposiciones contenidas en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, es decir,
con base en el promedio de los salarios sobre los cuales cotizó la demandante
durante los 10 años anteriores al reconocimiento pensional, sin que exista prueba
alguna que permita inferir que la entidad se abstuvo de incluir los factores sobre los
cuales se efectuaron las cotizaciones o que el salario base utilizado para el cálculo

8 Sentencia C-155 de 1997, M. P. Fabio Morón Díaz.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, MP: Elizabeth Becerra Cornejo, sentencia del 29 de

enero de 2026, radicado: 25000-23-42-000-2016-04596-02 (2006-2025).
También véase:
Sentencias de la Subsección B, de 12 de junio de 2020, radicado: 76001-23-31-000-2011-00631-01(4225-15).
M.P. Carmelo Perdomo Cuéter; del 13 de noviembre de 2020, radicado: 25000-23-42-000-2016-01911-01, M.P.
Sandra Lisset Ibarra Vélez; del 18 de febrero de 2021, radicado: 25000-23-42-000-2014-01410-01(4503-17),
M.P Cesar Palomino Cortés; de 29 de abril de 2021, radicado: 25000-23-42-000-2015-01246-01(4456-18), M.P.
Carmelo Perdomo Cueter y del 23 de octubre de 2025, radicado: 05001-23-33-000-2017-02025-01 (2084-2025).
M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera. Sentencias de la Subsección A, de 22 de julio de 2021, radicado:
76001-23-31-000-2009-01137-01(2189-14), M.P. Gabriel Valbuena Hernández y del 16 de octubre de 2025,
25000-23-42-000-2013-01443-02 (4431-2017), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.

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de la mesada hubiere sido disminuido.

28. Recuérdese que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 167 del CGP,
incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el
efecto jurídico que ellas persiguen. Por lo que, al funcionario, encargado de dirimir
la controversia, le corresponde valorar de forma eficaz la prueba allegada y las
cargas procesales desde la autorresponsabilidad que tienen los sujetos dentro de
una causa para demostrar los hechos que le sirven de sustento a sus pretensiones.
Así las cosas, la demandante no demostró que la entidad hubiera liquidado la
pensión con base en un salario inferior o sin los factores correspondientes.

29. Ahora, en lo que se refiere a los topes pensionales, es preciso destacar que,
en atención a que las cotizaciones, entre 1993 y el 2003, que dieron lugar al
reconocimiento pensional se efectuaron con el tope de los 20 SMLMV, pues durante
dicho lapso estaban vigentes el artículo 18 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 1 del
Decreto 314 de 1994, y que así también lo indica la demandada en la liquidación
que se aportó en cumplimiento de la prueba de oficio ordenada por el Tribunal10, no
es procedente aumentar el monto de la prestación al límite que se fijó de manera
posterior, esto es, a 25 SMLMV, porque no existen cotizaciones directamente
relacionadas con el incremento pretendido. Acceder a dicho pedimento, supondría
imponer al sistema una carga adicional que no se previó.

30. Si bien no se desconoce que esta corporación ha sostenido que a las
pensiones les resultan aplicables los topes consignados en las normas vigentes al
momento de su causación, también lo es que toda prestación debe tener un
respaldo presupuestal, pues ordenar la reliquidación de una mesada pensional a
partir de cotizaciones que no se efectuaron, resultaría contrario a la sostenibilidad
del Sistema de Seguridad Social, de manera que, dado que durante la vida laboral
el límite de cotización fue sobre la base de 20 SMLMV, no hay lugar a variar el tope
en los términos pedidos por la demandante.

31. En ese orden ideas, del acervo probatorio obrante en el proceso se
desprende que la decisión adoptada por FONPRECON mediante los actos
acusados, se ajustó a derecho.

De la condena en costas en segunda instancia

32. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.

10Mediante auto de 5 de septiembre de 2024, obrante en el índice 21 de SAMAI, otros despachos. Los
documentos obran en el índice 25 de SAMAI, otros despachos.

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33. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

34. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

35. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la parte
recurrente, por cuanto no se accedió a las peticiones del recurso de apelación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el cinco (5) de diciembre de dos mil
veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la
cual se negaron las pretensiones.

Segundo. Condenar en costas a la parte demandante, según lo manifestado en
esta sentencia.

Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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