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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-31-000-2009-01137-01

Régimen especial correspondiente a la rama jurisdiccional y el ministerio público

Fecha
22 de julio de 2021
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernández
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-31-000-2009-01137-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO.- SE REVOCA la sentencia de 12 de diciembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Laboral de Descongestión, que declaró de oficio la excepción de inepta demanda y se inhibió para emitir un pronunciamiento de fondo, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor César Augusto Sandoval Molina, contra la Caja Nacional de Previsión Social, hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en adelante UGPP, y la Fiduciaria La Previsora por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO.- SE NIEGAN las pretensiones de la demanda instaurada en la acción nulidad y restablecimiento del derecho del epígrafe, promovida por el señor César Augusto Sandoval Molina, contra la Caja Nacional de Previsión Social, hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en adelante UGPP, y la Fiduciaria La Previsora, según las consideraciones expresadas en este fallo. TERCERA.- SIN CONDENA en costas de segunda instancia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva. CUARTO.- SE RECONOCE al abogado Carlos Arturo Orjuela Góngora, portador de la tarjeta profesional núm. 6.491 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar en el presente proceso como apoderado judicial de la UGPP, de conformidad con el poder de otorgado, visible en el sistema SAMAI. QUINTO.- Por Secretaría de la Sección Segunda, expídanse a su costa, las copias solicitadas por el apoderado de la UGPP. SEXTO.- Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-31-000-2009-01137-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández

22 de julio de 2021

RÉGIMEN ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA RAMA JURISDICCIONAL Y EL MINISTERIO PÚBLICO / TOPE PENSIONAL / CONDENA EN COSTAS

[L]os artículos 85 del Decreto 01 de 1985, y 138 del CPACA, toda persona que se crea lesionada en un «derecho subjetivo», podrá pedir la nulidad del acto administrativo y consecuentemente solicitar el restablecimiento, por lo tanto, corresponde al afectado demandar aquel acto administrativo que contiene la manifestación de voluntad de la administración que creó, modificó o extinguió la situación jurídica. […] El citado acto administrativo proferido por la entidad, señaló que el demandante se encuentra cobijado por el régimen especial correspondiente a la Rama Jurisdiccional y el Ministerio Público, establecido en los Decretos 546 de 1971 y 717 de 1978, […] [L]a Ley 797 de 2003, modificó, entre otras disposiciones, el artículo 18 de la Ley 100 y estableció en el inciso 4.º del artículo 5.º el límite de 25 smlmv.[…] Luego, a través del Acto Legislativo 01 de 2005, «Por el cual se adicionó el artículo 48 de la Constitución Política», se reiteró en el parágrafo 1.º del artículo 1º el tope pensional de 25 smlmv. […] De acuerdo con lo anterior y tal como lo ha señalado esta Corporación en anteriores oportunidades, a las pensiones les son aplicables los topes consignados en las normas vigentes al momento de su causación, sin que sea dable oponerse a ellos so pretexto de que los regímenes especiales que los cobijan no los prevean o autoricen expresamente. […] [D]icha decisión se ajusta al marco normativo analizado, según el cual, los reconocimientos pensionales, están sujetos a los términos establecidos por la normatividad vigente al momento de su causación y si bien el artículo 8.º del Decreto 546 de 1971 no establecía límite para el pago de las pensiones de los funcionarios de la Rama Judicial y el Ministerio Público, con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 se extendió la sujeción de mesadas pensionales, incluso de regímenes especiales, a los topes fijados por el régimen general, que para el caso concreto corresponden a los señalados en el Decreto 314 de 1994.[…] [L]a Sala revocar la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2013, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Laboral de Descongestión, declaró de oficio la excepción de inepta demanda y se inhibió para emitir un pronunciamiento de fondo, para en su lugar negar las pretensiones de la demanda, instaurada en contra de la Caja Nacional de Previsión Social, hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en adelante UGPP.

FUENTE FORMAL: LEY 100 DE 1993 / DECRETO 314 DE 1994 / DECRETO 546 DE 1971 / DECRETO 717 DE 1978 / LEY 797 DE 2003

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN "A"

Consejero ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá, D.C., veintidós (22) de julio de dos mil veintiuno (2021).

Radicación número: 76001-23-31-000-2009-01137-01(2189-14)

Actor: CÉSAR AUGUSTO SANDOVAL MOLINA

Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP Y FIDUCIARIA LA PREVISORA

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. TEMAS: APLICACIÓN DE TOPES PENSIONALES - RÉGIMEN RAMA JUDICIAL. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA / DECRETO 01 DE 1984.

I. ASUNTO

1. La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia de 12 de diciembre de 2013, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Laboral de Descongestión, declaró de oficio la excepción de inepta demanda y se inhibió para emitir un pronunciamiento de fondo frente a las pretensiones de la demanda, instaurada en contra de la Caja Nacional de Previsión Social, hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en adelante UGPP.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

2.1.1. Pretensiones

2. El señor César Augusto Sandoval Molina, por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del CCA, formuló las siguientes pretensiones:

(i) Declarar la nulidad de la Resolución 48364 de 17 de septiembre de 2008, a través de la cual, la Caja Nacional de Previsión Social le negó su petición de reajuste pensional, para lo cual, la entidad se basó en la aplicación del tope pensional de 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes, de acuerdo con el Decreto 314 de 1994.

(ii) A título de restablecimiento del derecho solicitó que se reajuste su pensión, que fue reconocida por la Resolución 009775 de 29 de mayo de 2000 y que fue reliquidada por las Resoluciones 015236 de 18 de junio de 2001, 08144 de 28 de abril de 2003, 17130 de 3 de septiembre de 2003, 01607 de 4 de abril de 2005 y 31474 de 27 de junio de 2007; esto para que se ajuste al valor a $9´473.501.55, «teniendo en cuenta la aplicación integral del régimen especial de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público, SIN LA APLICACIÓN DEL TOPE PENSIONAL establecido en el Decreto 314 de 1994, reglamentario de la Ley 100 de 1993».

(iii) Condenar a la entidad demandada a pagar las diferencias pensionales que se originen entre la pensión reconocida y la que tiene derecho, desde el 11 de enero de 2002, teniendo en cuenta los incrementos anuales ya determinados, así como las mesadas adicionales de junio y de diciembre.

(iv) Condenar a la entidad a cumplir la sentencia en los términos que consagra los artículos 176 a 178 del CCA.

2.1.2. Supuestos fácticos

3. El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, Sala de Descongestión Laboral, profirió sentencia el 9 de julio de 2004 por medio de la cual ordenó a la Caja Nacional de Previsión Social reliquidar la pensión de jubilación del accionante, con aplicación del régimen especial de la Rama Judicial y del Ministerito Público, señalado en los Decretos 546 de 1971 y 717 de 1978.

4. En cumplimiento de lo anterior la Caja Nacional de Previsión Social profirió la Resolución 31066 de 30 de junio de 2006, sin aplicar el tope.

5. Posteriormente, al allegar nuevos factores salariales, la Caja Nacional de Previsión Social profirió la Resolución 31474 de 27 de junio de 2007 donde determinó la mesada pensional correspondía a $6´588.109,81.

6. En atención a que en diciembre de 2007 la Procuraduría General de la Nación le canceló unos aumentos salariales, el señor Sandoval Molina solicitó a la CAJANAL la reliquidación pensional de conformidad con los nuevos salarios.

7. La Caja Nacional de Previsión Social le negó la reliquidación aplicando el tipo de los 20 salarios mínimos mensuales mediante la Resolución 48364 de 17 de diciembre de 2008.

8. Explicó que la pensión reconocida por la entidad, a través de la Resolución 31474 de 27 de junio de 2007 fue de $6´588.109, efectiva a partir del 11 de enero de 2002, sin embargo, en su consideración, para ese año le correspondería una pensión de $9´473.501, 55, es decir, con una diferencia de $2´885.391.74.

9. Para el año 2003, la diferencia sería de $3´085.650; para el año 2004 la diferencia sería de $3´299.807,98; para el año 2005 de $3´491.860.29; para 2006 de $3´669.847,91; para 2007 de $3´841.968.80; para 2009 de $4´121.180.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

10. Como normas trasgredidas citó los artículos 6.° Constitucional, 6.° del Decreto 546 de 1971 y 12 del Decreto 717 de 1978.

11. En el concepto de violación explicó que la Caja Nacional de Previsión Social se encuentra en la obligación de cumplir fielmente sus funciones y al aplicar el tope a la mesada del demandante establecido en el inciso 1.° del artículo 1.° del Decreto 314 de 1994 se está desconociendo el régimen aplicable a los empleados y funcionarios de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público que hayan laborado por más de 10 años continuos o discontinuos en esta Rama del Poder Público, quienes además se encuentran dentro de las excepciones consagradas por las mismas Leyes 33 de 1985 y 100 de 1993.

12. Explicó que ya se dirimió ante la jurisdicción contencioso administrativa el derecho del accionante a que se le aplique el régimen especial establecido en el artículo 6.° del Decreto 546 de 1971, por lo que se le ordenó a la Caja Nacional de Previsión Social reliquidar la pensión del demandante con observancia de lo establecido en las normas especiales.

13. Por tanto, si ya existe una resolución judicial que ordene a la entidad aplicar un régimen especial no puede ahora, a su conveniencia, atender a una norma de otro régimen sólo para decir que la mesada del demandante está sujeta a un tope pensional establecido para las «pensiones ordinarias».

2.2. Contestación

2.2.1. La Caja Nacional de Previsión EICE En Liquidación, a través de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda, al indicar que transgreden el principio de solidaridad consagrado el artículo 48 superior, adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005 y la Ley 100 de 1993, según el cual, debe existir una mínima razonabilidad entre los factores salariales que hayan servido de base para las cotizaciones y el monto de la pensión reconocida.

14. Indicó que a través del Decreto 691 de 1994, el ejecutivo incorporó a todos los servidores públicos al sistema general de pensiones y el sistema general de seguridad social, haciendo la salvedad únicamente de lo señalado en el artículo 279. Por ende, al demandante se le debe reconocer y reajustar su pensión sobre los parámetros de edad y tiempo de servicios señalados en el Decreto 546 de 1971, pero para la liquidación debe atenderse a lo señalado en la Ley 100 de 1993 y los factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994.

15. Indicó que en este caso no hay lugar a reajustar la pensión del demandante comoquiera que la entidad reconoció el valor más alto al que tiene derecho. Finalmente propuso las excepciones de cobro de lo no debido, prescripción, principio de legalidad y de buena fe.

2.2.2. La Fiduciaria La Previsora contestó la demanda señalando que no existe razón alguna para acceder a las pretensiones del señor Sandoval Molina, toda vez que dicha entidad no está encargada de realizar ningún tipo de reconocimiento pensional y mucho menos de efectuar la reliquidación toda vez que no puede ser responsable del hecho de un tercero, como lo es la Caja Nacional de Previsión Social.

16. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, falta de legitimación en la causa por pasiva y prescripción.

2.3. La sentencia apelada

17. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Laboral de Descongestión profirió sentencia el 12 de diciembre de 2013 en la cual declaró de oficio la excepción de inepta demanda y se abstuvo de proferir una decisión de fondo.

18. Luego de realizar una relación de los diversos actos administrativos donde la Caja Nacional de Previsión Social reconoció y reajustó la pensión del demandante, indicó que no solo debió deprecar la nulidad del acto por el cual se negó la reliquidación de la pensión de vejez por la inclusión de nuevos factores salariales, sino que también debió demandar aquel acto que contiene la voluntad de la administración ante lo pretendido en el caso concreto, como es la Resolución No. 48364 de septiembre de 2008 (sic).

19. Indicó que como en este caso el demandante dejó de demandar la citada resolución la Sala debía abstenerse de realizar un pronunciamiento de fondo al estimar lo siguiente:

«[…] no tendría ningún sentido anular un acto administrativo, dejando incólume la Resolución 31474 de junio 27 de 2007 (sic), mediante la cual se atendió la solicitud reliquidatoria del actor, accediendo a lo pretendido, pues con ello se busca en ultimas (sic) mantener la coherencia y unidad entre los actos jurídicos que deben permanecer vigentes en el ordenamiento jurídico.

Así pues, siendo acusables ante la Jurisdicción Contencioso Administrativo (sic), los actos particulares - sin desconocer los de carácter general-, ponen término a un proceso administrativo, es decir, aquellos ACTOS DEFINITIVOS que deciden directa o indirectamente la cuestión objeto de pronunciamiento por parte de la administración, salvo algunas excepciones correspondientes a los actos de trámite que en su fondo también ponen fin a una actuación administrativa, SE DECLARARÁ DE OFICIO LA EXCEPCIÓN DE INEPTA DEMANDA, y, en consecuencia, la Sala se inhibirá de pronunciarse respecto del fondo del asunto ya que se presenta ausencia de la proposición jurídica necesaria para decidir el objeto sobre el cual el actor esgrime las pretensiones de la demanda».

20. Finalmente, en la misma decisión judicial se abstuvo de imponer condena en costas a la parte demandante y reconoció a la UGPP como sucesora procesal de CAJANAL EICE En Liquidación.

2.4. Razones de la apelación

21. La apoderada del accionante presentó recurso de apelación en el cual indicó que la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca desconoció la diferencia entre un acto complejo y un acto simple, toda vez que en cualquier momento se puede solicitar la reliquidación de la pensión sin demandar los actos administrativos por los cuales fue reconocida o incluso reajustada. Indicó que cada reliquidación es un acto administrativo que se agota en sí mismo porque son el resultado de diferentes factores y por tanto son independientes.

22. Explicó que la Resolución 31474 de 27 de junio de 2007 es un acto definitivo que le reconoció al señor Sandoval Molina un derecho sobre el que hubo absoluta conformidad, razón por la cual no fue recurrido ni demandado.

23. Según la apoderada, la Resolución 48364 de 17 de septiembre de 2008, objeto de la demanda, nació por una nueva solicitud de reliquidación soportada en nuevos factores salariales que fueron certificados por la Procuraduría General de la Nación, por lo que la decisión que se tomaba era nueva e independiente de las otras Resoluciones. En ese sentido, la decisión a esa petición en nada afectaba a la Resolución 31474 de 27 de junio de 2008 que había actualizado correctamente la pensión.

24. Finalmente indicó que para efectos de la sentencia de la Corte Constitucional que habla del tope de los 20 salarios mínimos, la pensión del demandante se liquidó de conformidad con el Decreto 546 de 1971 y no bajo los parámetros de la Ley 4ª de 1992 y sus normas complementarias, que es a la que se refiere la sentencia de la Corte Constitucional cuando limitó las pensiones y, además, el señor Sandoval Molina se encontraba en el mismo cargo desde 1985 hasta 2001.

25. Por lo anterior, consideró que debía revocarse la sentencia y ordenarle a la UGPP reliquidar la pensión del demandante, sin aplicación de limitación alguna, junto con el pago de las mesadas anteriores reclamadas.

2.6. Trámite en segunda instancia

26. Por autos calendados el 9 de julio de 2014 y el 1.° de octubre del mismo año, se admitió el recurso de apelación interpuesto y se corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia, respectivamente.

2.6.1. Alegaciones

2.6.1.1. La apoderada del PAB BUEN FUTURO, Patrimonio Autónomo de CAJANAL, precisó que se encargó de la gestión operativa frente al reconocimiento de obligaciones de carácter pensional al constituirse como un patrimonio autónomo de administración y pago, mientras se realizaba, por parte de la extinta CAJANAL EICE en liquidación, la entrega definitiva del trámite y reconocimiento pensional a la UGPP; sin embargo, la facultad de reconocimiento siempre permaneció en cabeza de la extinta CAJANAL EICE en liquidación.

2.6.1.2. Tanto la UGPP, como el demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.

27. Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala de Subsección a decidir previas las siguientes,

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia.

28. De conformidad con el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

29. Asimismo, conforme con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.

30. En el presente caso, el demandante es apelante único, razón por la cual la competencia de la Sala de Subsección se encuentra limitada por el objeto mismo del recurso, cuyo marco está definido en el escrito de apelación.

3.2. Problemas jurídicos

31. Corresponde a la Sala de Subsección establecer, en primer lugar, si en este caso el señor César Augusto Sandoval Molina debió demandar los demás actos administrativos por los cuales se le reajustó la pensión de jubilación, y si dicha omisión generó la configuración de la excepción de inepta demanda.

32. En caso de obtener una respuesta negativa frente al anterior interrogante se establecerá si deben aplicarse los topes señalados el artículo 1.° del Decreto 314 de 1994, a las pensiones de los beneficiarios del régimen establecido en el Decreto 546 de 1971.

3.3. Primer problema jurídico. ¿En este caso el demandante debió demandar los demás actos administrativos por los cuales se le reajustó la pensión de jubilación? ¿Era procedente declarar la inepta demanda?

3.3.1. En primer lugar, debe precisarse, tal como lo señaló esta Subsección a través de providencia de 25 de abril de 2019, que sólo es viable proponer y declarar, de parte o de oficio, próspera la excepción previa de «ineptitud de la demanda por la falta de cualquiera de los requisitos formales» o «por la indebida acumulación de pretensiones» y; en relación con otras situaciones, se debe acudir a las demás excepciones previas previstas en el artículo 100 del Código General del Proceso, sin que haya vocación para realizar una denominación en términos diferentes a los señalados por la ley.

33. En este sentido, «al encontrarse otras falencias que otrora han servido como sustento para la declaratoria de una “ineptitud sustantiva de la demanda”, en lugar de acudir a esa denominación, se deben utilizar las herramientas que los estatutos procesales prevén para tal efecto, como por ejemplo, ordenar corregir la demanda o dejar sin efecto el auto admisorio para proceder al rechazo de la misma en atención a la causal legalmente prescrita para el efecto».

34. Ahora bien, según los artículos 85 del Decreto 01 de 1985, y 138 del CPACA, toda persona que se crea lesionada en un «derecho subjetivo», podrá pedir la nulidad del acto administrativo y consecuentemente solicitar el restablecimiento, por lo tanto, corresponde al afectado demandar aquel acto administrativo que contiene la manifestación de voluntad de la administración que creó, modificó o extinguió la situación jurídica.

35. Así entonces, es de suma importancia identificar en la demanda, con toda precisión, el acto administrativo que generó la lesión alegada sobre el derecho subjetivo, para que pueda válidamente traducirse en un restablecimiento en favor de la parte demandante, esto comoquiera que, es a través de las pretensiones que se concreta la órbita de decisión del juez, y es el estudio de las mismas el que permite determinar el alcance y los efectos jurídicos que eventualmente se obtendrían con la nulidad del acto administrativo demandado.

36. En ese hilo de ideas y tal como se indicó en la providencia en cita, deben guardar congruencia la nulidad del acto con el restablecimiento del derecho pretendido, a efectos de que el funcionario judicial pueda adoptar una decisión de fondo que decida las pretensiones de la demanda

37. De acuerdo con lo anterior, corresponde al juez analizar en cada caso, si el acto definitivo particular que se demanda es una declaración de voluntad de la administración dirigida a producir efectos jurídicos, es decir, si crea, modifica o extingue la situación subjetiva de la cual se pueda pedir el correspondiente restablecimiento en sede judicial y a través del respectivo medio de control.

38. En este caso, para el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, la parte demandante omitió cuestionar el acto administrativo que dispuso el último reajuste pensional efectuado por la Caja Nacional de Previsión Social, como lo es la Resolución 31474 de 27 de junio de 2007.

39. El citado acto administrativo proferido por la entidad, señaló que el demandante se encuentra cobijado por el régimen especial correspondiente a la Rama Jurisdiccional y el Ministerio Público, establecido en los Decretos 546 de 1971 y 717 de 1978, por lo cual señaló:

«Teniendo en cuenta lo anterior, este despacho, observa que la Resolución No. 31066 del 30 de junio de 2006, se profirió conforme a derecho, toda vez que se dio aplicación al Decreto 546 de 1971, efectuando la liquidación con la asignación básica más elevada y con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio, y además no se aplicó el tope de los 20 salario (sic) mínimos de conformidad con lo establecido en la Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca del 09 de julio de 2004.
Sin embargo este despacho observa que con ocasión del derecho de petición interpuesto, el interesado aporta un nuevo certificado de factores salariales, el cual es diferente en sus valores al que obra a folios 57 y 58 del plenario el cual fue tenido en cuenta para liquidar la pensión a través de la resolución No. 31066 del 30 de junio de 2006, motivo suficiente para que se proceda a realizar una nueva liquidación de la pensión, con el 75% de la asignación más alta, devengada en el último año de servicios y con la inclusión de todos los factores salariales, es decir el periodo comprendido entre el 11 de enero de 2001 y el 10 de enero de 2002, de conformidad con la liquidación anexa, la cual hace parte integral de la presente Resolución.
En consecuencia de lo anterior, el valor de la pensión reliquidada es de SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO NUEVE PESOS CON 81/100 M/CTE ($6.588.109,81), efecțiva a partir del 11 de enero de 2002.»

40. Ahora bien, en la Resolución 48364 de 17 de septiembre de 2008, se plasmó el iter administrativo surtido para su expedición, donde se señaló que el interesado mediante escrito de 13 de mayo de 2008 solicitó a la entidad la reliquidación de su pensión de jubilación por nuevos factores de salario, que surgieron con ocasión del cumplimiento de un fallo del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por la Procuraduría General de la Nación, esto es, por el incremento de la bonificación por compensación en un 60% a partir del 1.° de enero de 1999; luego, en el equivalente al 70% desde el 1.° de enero del 2000 y en el 80% a partir del 1.° de enero de 2001 respectivamente.

41. Asimismo, se relató que el señor Sandoval Molina interpuso acción de tutela contra CAJANAL, por lo que el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Bogotá, en providencia del 24 de junio de 2008, tuteló el derecho de petición del demandante. En consecuencia, CAJANAL procedió a pronunciarse sobre la solicitud de reliquidación pensional.

42. Por lo anterior, se efectuó la siguiente liquidación:

«Que la liquidación se efectúa con el 75% de lo devengado sobre la asignación mensual más elevada del último año conforme a lo establecido en el artículo 6 del decreto 546 de 1971, así:

FACTORES I.P.C PROMEDIO PROMEDIO PROPORCIÓN
MENSUAL ACTUAL (IPC) POR AÑO

ASIGNACIÓN BÁSICA - 2002 $ 2,022,448.00
PRIMA DE NAVIDAD - 2001 $ 359,100.08
BONIFICACIÓN SERVIC. PRESTADOS $ 1,415,713.00
PRIMA DE VACACIONES - 2001 $ 172,536.42
PRIMA ESPECIAL DE SERVICIO - 2002 $ 1,109,663.00
GASTOS DE REPRESENTACIÓN - 2002 $ 2,022,448.00
PRIMA DE SERVICIOS - 2001 $4, 165,634.83
BONIFICACIÓN POR COMPENSACIÓN - 2002 $ 6,661,529.00
TOTAL = $13,929,072.33
Pensión: ($13.929.072,33 X 75% ) = $ 10.446.804.25

[…]
Que de acuerdo con el decreto 314/94, artículo 1.°, inciso 1.°, se debe ajustar el valor de la pensión a la suma equivalente a 20 salarios mínimos, esto es, a ($6.180.000) SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS CON 0/100 M/CTE, teniendo en cuenta el salario mínimo mensual vigente a la fecha de efectividad.
Que teniendo en cuenta que la suma arrojada por la presente reliquidación AJUSTADA a 20 SMMLV es decir ($6,180.000.00) M7CTE; es inferior a la cuantía de la Resolución No. 31474 del 27 de junio de 2007 que reliquida la pensión de vejez en cuantía de ($6.588.109,81) M/CTE, en consecuencia se determina que la pensión pagada es superior a la presente reliquidación.

Que dando aplicación al principio de favorabilidad no es procedente acceder a lo solicitado ya que se les mejoraría la prestación, siendo conveniente que el beneficiario continúe cobrando la pensión acostumbrada».

43. Como se aprecia de lo anterior, es evidente que la Resolución 48364 creó una situación jurídica frente al derecho subjetivo reclamado por el señor César Augusto Sandoval Molina, comoquiera que no accedió a su solicitud de reliquidación pensional con base en nuevos tiempos de servicios en la Procuraduría General de la Nación, esto, al considerar que la suma que arrojaba la citada reliquidación superaba los topes pensionales señalados en el Decreto 314 de 1994 (20 salarios mínimos mensuales legales vigentes)

44. De acuerdo con lo anterior, era procedente formular la demanda exclusivamente contra la Resolución 48364 de 17 de septiembre de 2008, comoquiera que goza de autonomía frente a la decisión anterior, como lo es la Resolución 31474 de 27 de junio de 2007, decisión frente a la cual el demandante demostró su conformidad, como lo indicó en el recurso de apelación.

45. Así las cosas, no le asistió razón al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca cuando se inhibió para emitir una decisión de fondo en el asunto del epígrafe, ni mucho menos para declarar probada de oficio la citada excepción, toda vez que sí demandó la manifestación de voluntad de la Administración que, con base en la aplicación del Decreto 314 de 1994, no accedió a su solicitud de reliquidación pensional.

46. Por lo anterior, corresponde a la Sala dilucidar el segundo problema jurídico como sigue a continuación.

3.3.2. ¿Deben aplicarse los topes señalados en el artículo 1.° del Decreto 314 de 1994, a las pensiones de los beneficiarios del régimen establecido en el Decreto 546 de 1971?

47. Con miras a resolver este problema jurídico, considera la Sala necesario hacer alusión a la jurisprudencia reciente en relación con la interpretación y aplicación del régimen especial de pensiones consagrado en el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971, para los beneficiarios del régimen de transición, esto a efectos de verificar si a los beneficiarios del régimen establecido en el Decreto 546 de 1971 le son aplicables los topes pensionales del régimen general.

3.3.2.1. Postura unificada en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo frente al ingreso base de liquidación de los beneficiarios del Decreto 546 de 1971 cobijados por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

48. A través de la sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ-S2-021-20 de 11 de junio de 2020 la Sección Segunda del Consejo de Estado unificó su criterio frente al ingreso base de liquidación de los beneficiarios del Decreto 546 de 1971 cobijados por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, en el sentido de señalar que el funcionario o empleado de la Rama Jurisdiccional o del Ministerio Público beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 adquiere el derecho a la pensión de jubilación, siempre que se acrediten los siguientes presupuestos:

i) Para el 1.º de abril de 1994, cuando cobró vigencia la Ley 100 de 1993 en el ámbito nacional o para el 30 de junio de 1995 cuando empezó a regir en el ámbito territorial, tenga: a) 40 años de edad si es hombre, 35 años de edad si es mujer o, b) 15 años o más de servicios efectivamente cotizados.

ii) Reúna además los requerimientos propios del régimen de la Rama Judicial y del Ministerio Público estipulados en el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971 para consolidar el estatus pensional que son: a) el cumplimiento de la edad de 50 años si es mujer, o de 55 años si es hombre; b) el tiempo de 20 años de servicios, continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de dicho decreto, que tuvo lugar el 16 de julio de 1971; c) de esos 20 años de servicio, por lo menos 10 años lo debieron ser exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades.

iii) Por tanto, determinó que esa pensión se le debe reconocer con los elementos del régimen anterior consagrados en el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971 que son: a) la edad de 50 años si es mujer, de 55 años si es hombre; b) el tiempo de servicios de 20 años, continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de dicho decreto; c) de esos 20 años de servicio, por lo menos 10 años lo debieron ser exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades; d) la tasa de reemplazo del 75%,

iv) Sobre el ingreso base de liquidación puntualizó que no hace parte del régimen de transición pensional, sino que corresponde al señalado por los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, según el caso, es decir, si le faltare más de 10 años para consolidar el derecho al entrar a regir esta Ley, será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión actualizados anualmente con base en la IPC certificado por el DANE, pero, si faltare menos de 10 años, el ingreso base de liquidación será: (a) El promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (b) El cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior actualizado anualmente con base en IPC certificado por el DANE;

49. Para el efecto, acogió la tesis expuesta por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018. Tal postura se acompasa con la tesis anunciada por la Corte Constitucional en las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-395 de 2017, SU-210 de 2017, y SU-023 de 2018, según la cual el propósito del legislador era evitar la aplicación ultractiva de las reglas del ingreso base de liquidación de los regímenes vigentes antes de la expedición de la Ley 100 de 1993.

(v) En cuanto a los factores de liquidación determinó que se debían incluir los establecidos en el Decreto 1158 de 1994, es decir: la asignación básica mensual; los gastos de representación; la prima técnica, cuando sea factor de salario; las primas de antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean factor de salario; la remuneración por trabajo dominical o festivo; la remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna; y la bonificación por servicios prestados.

50. Asimismo, indicó que, en desarrollo de la Ley 4ª. de 1992, que a su vez dio cumplimiento a lo establecido por el literal e) del numeral 19 del artículo 150 de la Carta Política, tienen derecho a que se computen como factores salariales en la liquidación de su pensión los siguientes:

(a) Prima especial de que trata por la Ley 332 de 1996, que modificó la Ley 4ª. de 1992, para los magistrados y agentes delegados ante la Rama Judicial.

(b) La bonificación por compensación creada por el Decreto 610 de 1998 para los magistrados y por el Decreto 1102 de 2012 para los magistrados y agentes del Ministerio Público ante magistrados de tribunales.

(c) La prima de productividad para los empleados judiciales ordenada por el Decreto 2460 de 2006.

(d) La bonificación por actividad judicial establecida por el Decreto 3900 de 2008 para los jueces y procuradores judiciales 1.

(e) La bonificación judicial instituida por el Decreto 383 de 2013 para los servidores de la Rama Judicial.

51. Lo anterior, toda vez que, en forma expresa las normas señaladas establecieron que constituyen factores de salario por lo que se tienen en cuenta para efecto de determinar el ingreso base de cotización, siempre y cuando respecto de ellos se hayan efectuado los aportes correspondientes.

52. De ahí que la providencia en cita consideró que prestaciones tales como las primas de vacaciones, de servicios y de navidad no deben ser incluidas en la liquidación de la pensión, dado que no constituyen factor salarial.

(vi). Finalmente, consideró que las reglas jurisprudenciales constituyen precedente vinculante y obligatorio en los siguientes casos: (i) respecto de los asuntos similares que actualmente se están tramitando en el seno de la administración; (ii) respecto de los procesos similares que se están adelantando en juzgados, tribunales administrativos y Consejo de Estado. En consecuencia, no tiene efectos respecto de aquellos asuntos en los que ya existe sentencia ejecutoriada. En tal virtud, los conflictos judiciales ya resueltos están amparados por la cosa juzgada y en consecuencia resultan inmodificables.

3.3.2.2. Topes pensionales

53. Tal como se señaló en la sentencia de la Corte Constitucional C - 258 de 2013, a que se hizo alusión en el acápite precedente, el tope de las mesadas pensionales en el ordenamiento jurídico colombiano es una limitación impuesta en beneficio de la igualdad, sostenibilidad financiera, el interés mayoritario y la distribución equitativa de los recursos limitados del Sistema de Seguridad Social, razón por la cual la mera la existencia de regímenes especiales no implica que las mesadas pensionales adquiridas bajo estos sean ilimitadas, en desmedro de las personas menos favorecidas económicamente y del alcance de la cobertura del Sistema. En esa medida, en el ordenamiento jurídico colombiano se han dispuesto diferentes topes a esta prestación.

54. Según el marco normativo analizado por la Corte, en la sentencia en cita, desde la Ley 4ª de 1976, «por la cual se dictan normas sobre materia pensional de los sectores público, oficial, semioficial y privado y se dictan otras disposiciones» determinó en el artículo 2.º el tope de 22 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

55. Posteriormente, la Ley 71 de 1988, «por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras disposiciones», en su artículo 2.º dispuso un límite de 15 smlmv.

56. Luego, por medio de la Ley 100 de 1993, «Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones», en el parágrafo 3.º del artículo 18, se impuso que la cuantía máxima sería de 20 smlmv para el ingreso base de liquidación de los afiliados al régimen de prima media.

57. En desarrollo de la anterior disposición se profirió el Decreto 314 de 1994, «Por el cual se limita la base de cotización obligatoria del Sistema General de Pensiones» que en su artículo 2.º estableció el tope de 20 smlmv.

58. Con posterioridad, la Ley 797 de 2003, modificó, entre otras disposiciones, el artículo 18 de la Ley 100 y estableció en el inciso 4.º del artículo 5.º el límite de 25 smlmv.

59. Luego, a través del Acto Legislativo 01 de 2005, «Por el cual se adicionó el artículo 48 de la Constitución Política», se reiteró en el parágrafo 1.º del artículo 1º el tope pensional de 25 smlmv.

60. Ahora bien, la Corte Constitucional en sentencia C-089 de 1997 al estudiar el parágrafo del artículo 35 de la Ley 100 de 1993, el cual establecía que «Las pensiones de jubilación reconocidas con posterioridad a la vigencia de la ley 4a. de 1992 no estarán sujetas al límite establecido por el artículo 2o. de la ley 71 de 1988, que por esta ley se modifica, salvo en los regímenes e instituciones excepcionadas (sic) en el artículo 279 de esta ley», declaró la inexequibilidad del aparte subrayado, con base en el siguiente razonamiento:

«[…]
Es decir, el parágrafo acusado no puede excluir del beneficio que por él se crea, a los pensionados de los regímenes especiales, en la forma genérica como lo hizo, pues con ello se desconoce el derecho a la igualdad de quienes, a pesar de hallarse en un régimen especial, están sujetos al límite que establece la ley 71 de 1988.

Sin embargo, ha de entenderse que el límite que establece la ley 100 de 1993, será el límite máximo al que podrán aspirar los pensionados que se benefician con la prerrogativa que señala el parágrafo del artículo 35, es decir, los veinte (20) salarios mínimos, salvo si el régimen pensional al que están sometidos establece un límite mayor a éste.

Una interpretación diferente, conduciría a la existencia de un grupo de pensionados privilegiados, excluídos de los límites máximos que la ley ha previsto para el reconocimiento y valor de las pensiones.

Es síntesis, los pensionados de los regímenes especiales cuyo sistema pensional fije un límite máximo, superior al que consagra la ley 100 de 1993, no estarán sujetos a éste, pues la ley 100 no se les puede aplicar. Por el contrario, si esos límites son inferiores, tienen derecho a solicitar la aplicación de la ley de seguridad social, por ser más favorable a sus intereses.

Así las cosas, para evitar interpretaciones que desconozcan los derechos de los pensionados de los regímenes especiales, a los que se refiere el aparte acusado, la Corte declarará su inexequibilidad». (Negrilla original.

61. Igualmente, a través de la sentencia C-155 de 1997, la Corte se pronunció con respecto a los artículos 2.º de las Leyes 4ª de 1976 y 71 de 1988, en atención a una demanda de inconstitucionalidad por medio de la cual se alegaba la inexistencia de justificación para el establecimiento de regímenes diferentes. Al respecto se advirtió que:

«[…] es perfectamente legítimo que, la ley conceda un límite mínimo o máximo al monto de la pensión, si con ello se pretende administrar recursos limitados; en este orden de ideas, el monto de la pensión es un criterio relevante de diferenciación (…) Además, el medio empleado es adecuado, pues al establecer unos topes máximos a la mesada pensional, el legislador protege los recursos existentes para el pago de las pensiones, a fin de asignarlos preferencialmente a aquellos que se encuentran en una escala económica inferior.
[…]».

62. De acuerdo con el análisis del marco normativo en cita, la Corte Constitucional en la sentencia C-258 de 2013, concluyó: «De lo anterior se deduce que (i) desde el año de 1976 todas las mesadas de los funcionarios públicos se encontraban sometidas a topes pensionales, (ii) el artículo 17 de la Ley 4 de 1992 no consagró un límite máximo en el valor de la pensión, es decir, no existía claridad si las pensiones adquiridas de conformidad con este régimen estaban sometidas a las reglas generales sobre topes, (iii) a pesar de que la jurisprudencia constitucional sugería la aplicación general de límites, ciertas autoridades administrativas y algunas judiciales interpretaron que el régimen dispuesto por el artículo 17 de la Ley 4 de 1992 no estaban sometido a ningún valor máximo.».

63. Finalmente es de indicar que a través de la sentencia T- 079 de 2019, la Corte analizó un caso de reliquidación pensional con base en el régimen del Decreto 546 de 1971, donde estimó que el reconocimiento de derechos pensionales sin limitación alguna, implica establecer un sistema de privilegios a un grupo que se encuentra en una posición favorable respecto de las condiciones actuales de la mayoría de la sociedad, que quebranta los principios estructurales del sistema (solidaridad, equidad y eficiencia). En dicho pronunciamiento la Corte estimó que los topes pensionales también son aplicables al citado régimen, con el siguiente razonamiento:

«[…]
112. Ciertamente, el régimen de transición establecido por la Ley 100 de 1993 tuvo por objeto respetar las expectativas legítimas de las personas que aspiraban a obtener su derecho a la pensión con fundamento en los requisitos de la norma anterior. Con todo, si bien en el artículo 36 de la citada disposición se previó una transición para garantizar únicamente los aspectos del régimen especial relacionados con la edad, monto -entendido como tasa de remplazo- y número de semanas o tiempo de servicio, también se implementaron unos nuevos requisitos para el derecho a la pensión aplicables a toda la población.

113. En esa medida, aspectos diferentes a los anteriormente señalados no se ampararon con la transición. De ello resulta claro que el tope pensional no fue un aspecto cobijado por la transición, pues la Ley 100 de 1993 y normas concordantes establecieron límites sobre la materia.

114. Es decir, la misma Ley 100 de 1993, en su artículo 279, no incluyó, dentro de las personas exceptuadas de su aplicación, a los funcionarios del Ministerio Público. Sobre todo, teniendo en cuenta que mediante el Decreto 691 de 1994 se incorporó a los servidores pertenecientes al Ministerio Público al Sistema General de Pensiones, a partir del 1º de abril de 1994 (artículo 1º numeral 1º)

[…]
121. En ese sentido, el marco jurídico constitucional, legal y jurisprudencial sistemáticamente ha establecido que las mesadas pensionales están sujetas a un tope máximo, lo cual tiene alcance respecto a las pensiones reconocidas en virtud del Decreto 546 de 1971, tal y como sucede con la pensión de la señora Julieta del Carmen Alvis González.

122. En línea con lo anterior, resulta regresivo y, además contrario al marco jurídico aludido, considerar que las pensiones reconocidas en virtud de regímenes especiales, como los de la Rama Judicial y del Ministerio Público, carecen de límites. En consecuencia, resultaba manifiestamente contrario a la normativa vigente afirmar, como lo hizo el juez de tutela, que la pensión de la señora Alvis González no estaba sujeta a límites.

123. Ahora bien, pese a que en las sentencias C-089 de 1997 y C-155 de 1997, la Sala Plena de esta Corporación determinó que ninguna mesada pensional con cargo a los recursos públicos podía ser superior a 20 SMLMV, el Juzgado Primero de Familia de Sincelejo decidió apartarse del precedente constitucional con efectos erga omnes.

[…]

127. Los principios de igualdad, sostenibilidad financiera del sistema, interés general y distribución equitativa de los recursos limitados del Sistema de Seguridad Social, así como la solidaridad, eficiencia, universalidad y progresividad en los términos establecidos en la Constitución y la ley, son los contenidos fundamentales que justifican el núcleo del derecho a la seguridad social. Por esta sencilla razón, estos principios ni siquiera pueden ser desconocidos por los regímenes especiales de pensión.

128. En esa medida, la jurisprudencia constitucional ha reconocido, de manera uniforme y reiterada, que la importancia de la sostenibilidad financiera del sistema radica en que permite lograr la cobertura universal y el pago futuro de las pensiones a cargo del sistema. Por eso, ha sido enfática en que el derecho a la pensión adquirido en virtud de la extensión de los regímenes especiales no impide el reconocimiento y reliquidación pensional con limitación, pues “los topes en las mesadas pensionales han sido consagrados, al menos, desde la Ley 4ª de 1976, la Ley 71 de 1988 y la Ley 100 de 1993, así, en las Sentencias C-089 de 1997 y C-155 de 1997”.

[…]».

64. El marco normativo y jurisprudencia permite advertir que desde 1976 la legislación nacional ha fijado topes máximos para el reconocimiento y pago de mesadas pensionales, tanto para el régimen general como para los regímenes especiales, toda vez que como lo señaló la Corte Constitucional «en caso de que las normas especiales de tales regímenes no dispusieran un límite cuantitativo para las mesadas, debía aplicarse el tope señalado en las reglas generales, específicamente en la Ley 100 y las disposiciones que la modifican en lo pertinente».

65. De acuerdo con lo anterior y tal como lo ha señalado esta Corporación en anteriores oportunidades, a las pensiones les son aplicables los topes consignados en las normas vigentes al momento de su causación, sin que sea dable oponerse a ellos so pretexto de que los regímenes especiales que los cobijan no los prevean o autoricen expresamente.

3.4. Caso concreto.

66. Los medios de prueba allegados al expediente, en el presente proceso permiten tener por acreditados los siguientes hechos relevantes:

Edad del demandante: El señor César Augusto Sandoval Molina nació el día 4 de marzo de 1944.

Vinculación laboral y tiempo de servicios:

67. El demandante laboró en la Procuraduría General de la Nación, desde el 25 de mayo de 1971 y hasta el 10 de enero de 2002. El último cargo desempeñado fue el de Procurador Judicial II.

68. De lo anterior se extrae que al 1.° de abril de 1994 el demandante contaba con 50 años y 27 días de edad y completó 22 años, 10 meses y 6 días de servicios, con lo que cumplió con los requisitos para ser beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el cual permite aplicar disposiciones sobre edad y tiempo de servicios vigentes con anterioridad a esta Ley como es el régimen especial de pensiones de los servidores de la Rama Judicial y del Ministerio Público, consagrado en el artículo 6.° del Decreto 546 de 1971, con lo cual adquirió el estatus pensional el 4 de marzo de 1999.

69. Frente al reconocimiento y reajuste de su pensión de jubilación se surtió el siguiente iter administrativo y judicial:

Mediante Resolución 009775 de 29 de mayo de 2000, proferida por la Caja Nacional de Previsión Social se ordenó el reconocimiento de su pensión de jubilación, cuya liquidación se efectuó «con el 75% del salario promedio de 5 años 10 meses, conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100/93, y sentencia 168 del 20 de abril de 1995 de la Corte Constitucional, entre el 01 de abril de 1994 y el 30 de enero de 2000». Para ello se incluyó: la asignación básica, los gastos de representación, la prima especial, la prima de nivelación, la bonificación por servicios prestados, para un monto pensional de $3´290.328.

Por Resolución 015236 de 8 de junio de 2001, la Caja Nacional de Previsión Social le reliquidó la pensión de jubilación, con el tiempo laborado hasta el 30 de junio de 2000 y con la inclusión de la bonificación por compensación, con lo cual se incrementó la cuantía pensional a $3´796.154 pesos.

Nuevamente, por Resolución 08144 de 28 de abril de 2003, CAJANAL le reliquidó la pensión de jubilación, atendiendo al tiempo laborado hasta el 10 de enero de 2002, incrementándose la cuantía a $4´844.821 pesos.

Mediante sentencia de 31 de marzo de 2003 proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Santiago de Cali, dictada dentro de la acción promovida por el señor Sandoval Molina contra CAJANAL, ordenó, como mecanismo transitorio, reliquidar la pensión del demandante teniendo en cuenta el régimen establecido en el Decreto 546 de 1971 «es decir, fijando su monto en el 75% sobre la asignación mensual más alta devengada durante el último año de servicio.

A través de la Resolución 17130 de 3 de septiembre de 2003 CAJANAL dio cumplimiento a la anterior decisión judicial, para lo cual reliquidó la pensión del demandante atendiendo a lo percibido en el año 2001 como son la asignación básica, gastos de representación, prima de navidad, bonificación por servicios prestados, prima de servicios, prima de vacaciones prima especial de servicios y bonificación por compensación. De Acuerdo con dicha liquidación la cuantía pensional se incrementó la cuantía pensional a $6.299.507.12.

La entidad indicó que sería «Efectiva a partir del 11 de enero de 2002, pero con efectos fiscales a partir del 31 de marzo de 2003, fecha en que fue proferida la sentencia por parte de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Santiago de Cali». En la citada Resolución también se dispuso limitar la cuantía pensional a $6´180.000, equivalente a 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes en virtud de lo señalado por el artículo 2.° del Decreto 314 de 1994.

El 9 de julio de 2004, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dictó sentencia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho insaturado por el señor Sandoval Molina, dentro del radicado 2002-5410, en la cual indicó que con como el demandante cumplió con los requisitos para ser beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, debía aplicarse a su caso el régimen especial de pensiones de los servidores de la Rama Judicial y del Ministerio Público, consagrado en el artículo 6.° del Decreto 546 de 1971 y por ende debía reliquidarse la pensión del demandante teniendo en cuenta el régimen establecido en el Decreto 546 de 1971, es decir, fijando su monto en el 75% sobre la asignación mensual más alta devengada durante el último año de servicio, con la inclusión de las primas de navidad, servicios, vacaciones, la bonificación por servicios prestados, la prima de antigüedad, y el subsidio de alimentación. Esto con efectividad desde el 1.° de febrero de 2000, sin referirse a los topes pensionales.

Mediante la Resolución 01607 de 4 de abril de 2005, la Caja Nacional de Previsión Social dio cumplimiento a la sentencia de 9 de julio de 2004 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, para lo cual señaló que continuaría pagando la pensión en suma de $6´180.000, pero con efectividad desde el 11 de enero de 2002, cuando se acreditó el retiro oficial del servicio, «para no violar el artículo 126 de la Constitución Nacional que prohíbe doble asignación del tesoro nacional».

Por escrito de 6 de febrero de 2006, el demandante solicitó dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca de 9 de julio de 2004, para que se paguen las diferencias generadas desde el 11 de enero de 2002 al 30 de marzo de 2003.

Mediante fallo proferido por el Juzgado Veinte Penal del Circuito del Valle del Cauca, en el proceso radicado 2006-0152, se tuteló el derecho de petición del señor César Augusto Sandoval Molina y ordenó a CAJANAL dar respuesta a la solicitud de 5 de junio de 2006.

Con la Resolución 31066 de 30 de junio de 2006 CAJANAL, en cumplimiento del fallo mencionado, dio respuesta a la petición señalada y reajustó la pensión con efectividad desde el 11 de enero de 2002. En esta oportunidad no tuvo en cuenta los topes pensionales por lo que incrementó la pensión del demandante a $6´394.379,13. En esta oportunidad tuvo en cuenta la asignación básica, los gastos de representación, la prima de navidad, la bonificación por servicios prestados, la prima de servicios, la prima de vacaciones, la prima especial de servicios y la bonificación por compensación.

Como ya se indicó, la Resolución 31474 de 27 de junio de 2007 reajustó la pensión del demandante, al advertir que con la petición el señor Sandoval Molina aportó un nuevo certificado de factores salariales, por lo cual señaló:

«Teniendo en cuenta lo anterior, este despacho, observa que la Resolución No. 31066 del 30 de junio de 2006, se profirió conforme a derecho, toda vez que se dio aplicación al Decreto 546 de 1971, efectuando la liquidación con la asignación básica más elevada y con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio, y además no se aplicó el tope de los 20 salario (sic) mínimos de conformidad con lo establecido en la Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca del 09 de julio de 2004.
Sin embargo este despacho observa que con ocasión del derecho de petición interpuesto, el interesado aporta un nuevo certificado de factores salariales, el cual es diferente en sus valores al que obra a folios 57 y 58 del plenario el cual fue tenido en cuenta para liquidar la pensión a través de la resolución No. 31066 del 30 de junio de 2006, motivo suficiente para que se proceda a realizar una nueva liquidación de la pensión, con el 75% de la asignación más alta, devengada en el último año de servicios y con la inclusión de todos los factores salariales, es decir el periodo comprendido entre el 11 de enero de 2001 y el 10 de enero de 2002, de conformidad con la liquidación anexa, la cual hace parte integral de la presente Resolución.
En consecuencia de lo anterior, el valor de la pensión reliquidada es de SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO NUEVE PESOS CON 81/100 M/CTE ($6.588.109,81), efecțiva a partir del 11 de enero de 2002.»

A folios 287 y s.s. obra copia de la Resolución 3364 de 12 de diciembre de 2007, suscrita por el secretario general de la Procuraduría General de la Nación, a través del cual se dio cumplimiento a la sentencia proferida el 16 de julio de 2003 por parte del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Conjueces, por la cual se les ordenó a la Nación- Departamento Administrativo de la Función Pública, al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, reconocer y pagar, entre otros, al señor Sandoval Molina, la bonificación por compensación mensual, actualizada e indexada equivalente al 60% de los ingresos que por todo concepto perciba los magistrados de la Corte Constitucional Corte Suprema de Justicia Consejo Superior de la judicatura y el Consejo de Estado a partir del 1.° de enero de 1999; luego, en el equivalente al 70% desde el 1.° de enero del 2000 y en el 80% a partir del 1.° de enero de 2001 respectivamente. Allí se indicó que el Consejo de Estado en sentencia del 8 de noviembre de 2006 resolvió el recurso de apelación interpuesto por las entidades demandadas confirmando en todas sus partes el fallo de primera instancia.
Mediante memorial de 13 de mayo de 2008, el demandante solicitó a CAJANAL el reajuste pensional con base en la bonificación por compensación percibida en el año 2002, que según lo indicó, correspondió a $6´661.529, con lo cual el monto de su mesada pensional correspondería a $9´473.501.55.
Como ya se indicó, a través de la Resolución 48364 de 17 de septiembre de 2008, CAJANAL se pronunció sobre la solicitud de reliquidación pensional, a partir de la cual realizó la siguiente liquidación:

«Que la liquidación se efectúa con el 75% de lo devengado sobre la asignación mensual más elevada del último año conforme a lo establecido en el artículo 6 del decreto 546 de 1971, así:

FACTORES I.P.C PROMEDIO PROMEDIO PROPORCIÓN
MENSUAL ACTUAL (IPC) POR AÑO

ASIGNACIÓN BÁSICA - 2002 $ 2,022,448.00
PRIMA DE NAVIDAD - 2001 $ 359,100.08
BONIFICACIÓN SERVIC. PRESTADOS $ 1,415,713.00
PRIMA DE VACACIONES - 2001 $ 172,536.42
PRIMA ESPECIAL DE SERVICIO - 2002 $ 1,109,663.00
GASTOS DE REPRESENTACIÓN - 2002 $ 2,022,448.00
PRIMA DE SERVICIOS - 2001 $4, 165,634.83
BONIFICACIÓN POR COMPENSACIÓN - 2002 $ 6,661,529.00
TOTAL = $13,929,072.33
Pensión: ($13.929.072,33 X 75% ) = $ 10.446.804.25

[…]
Que de acuerdo con el decreto 314/94, artículo 1.°, inciso 1.°, se debe ajustar el valor de la pensión a la suma equivalente a 20 salarios mínimos, esto es, a ($6.180.000) SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS CON 0/100 M/CTE, teniendo en cuenta el salario mínimo mensual vigente a la fecha de efectividad.
Que teniendo en cuenta que la suma arrojada por la presente reliquidación AJUSTADA a 20 SMMLV es decir ($6,180.000.00) M7CTE; es inferior a la cuantía de la Resolución No. 31474 del 27 de junio de 2007 que reliquida la pensión de vejez en cuantía de ($6.588.109,81) M/CTE, en consecuencia se determina que la pensión pagada es superior a la presente reliquidación.

Que dando aplicación al principio de favorabilidad no es procedente acceder a lo solicitado ya que se les mejoraría la prestación, siendo conveniente que el beneficiario continúe cobrando la pensión acostumbrada».

3.5. Análisis de la Sala.

70. De conformidad con el acervo probatorio allegado al proceso se tiene que la decisión adoptada por CAJANAL en la Resolución 48364 de 17 de septiembre de 2008 se ajustó a derecho, con base en las siguientes razones:

71. En efecto, si bien el accionante es beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, comoquiera que para el 1º de abril de 1994 tenía más de 50 años de edad y 22 de servicios, en consecuencia, su pensión de jubilación se debía reconocer en atención al régimen pensional especial consagrado en el Decreto 546 de 1971, en su artículo 6.°, para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y el Ministerio Público.
72. Sin embargo, el citado Régimen no contiene ninguna previsión sobre topes máximos aplicables a las mesadas pensionales razón por la cual, debía acudirse a las normas del régimen general vigente para la fecha en que se hizo efectivo el derecho, es decir, el 10 de enero de 2002 (retiro definitivo del servicio), razón por la cual CAJANAL debió acudir a los topes indicados en el parágrafo tercero del artículo 18 de la Ley 100 de 1993 y su Decreto Reglamentario 314 de 1994, que lo fijaban en 20 smlmv.

73. Ahora bien, el salario mínimo para el año 2002 correspondía a la suma de $309.000 pesos, por lo que 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes ascendían a $6.180.000 pesos.

74. De acuerdo con lo anterior, en la Resolución 48364 de 17 de septiembre de 2008 la entidad advirtió que el reajuste solicitado por el demandante generaba una mesada pensiona de $10´446.804.25 para el año 2002, monto que superaba los 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes establecidos en el Decreto 314 de 1994, razón por la cual estableció que se debía ajustar el valor de la pensión $6´180.000 «teniendo en cuenta el salario mínimo mensual vigente a la fecha de efectividad».

75. Sin embargo, estimó que como esa suma era inferior a la determinada en la Resolución No. 31474 del 27 de junio de 2007 donde le reliquidó la pensión de vejez al accionante en $6´588.109,81, estableció que en aplicación del principio de favorabilidad no accedía a lo solicitado para que el demandante continuara recibiendo la cantidad reconocida anteriormente.

76. Como se aprecia, dicha decisión se ajusta al marco normativo analizado, según el cual, los reconocimientos pensionales, están sujetos a los términos establecidos por la normatividad vigente al momento de su causación y si bien el artículo 8.º del Decreto 546 de 1971 no establecía límite para el pago de las pensiones de los funcionarios de la Rama Judicial y el Ministerio Público, con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 se extendió la sujeción de mesadas pensionales, incluso de regímenes especiales, a los topes fijados por el régimen general, que para el caso concreto corresponden a los señalados en el Decreto 314 de 1994.

77. En esa medida, la pretensión del señor César Augusto Sandoval Molina según la cual, debe reajustarse su pensión de jubilación sin limitación alguna, implica el desconocimiento de los principios de igualdad, sostenibilidad financiera del sistema, interés general y distribución equitativa de los recursos limitados del Sistema de Seguridad Social, así como la solidaridad, que no pueden ser desconocidos por los regímenes especiales de pensión.

78. De acuerdo con lo anterior, corresponde a la Sala revocar la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2013, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Laboral de Descongestión, declaró de oficio la excepción de inepta demanda y se inhibió para emitir un pronunciamiento de fondo, para en su lugar negar las pretensiones de la demanda, instaurada en contra de la Caja Nacional de Previsión Social, hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en adelante UGPP.

3.6. Otras decisiones.

3.5.1. Mediante escrito 31 de julio de 2020 el apoderado de la UGPP, Carlos Arturo Orjuela Góngora, solicitó la expedición de copias simples del auto admisorio de la demanda, escrito de la demanda, contestación, sentencia de primera instancia y el recurso de apelación.

79. Por ser procedente la citada solicitud, por Secretaría de la Sección Segunda, se expedirán a costa del apoderado las citadas piezas procesales.

3.5.2. Mediante escrito de 30 de julio de 2020, visible en el Sistema SAMAI, el demandante, haciendo uso del derecho de petición, solicitó a esta Subsección proferir la sentencia correspondiente.

80. Al respecto, es menester recordar que, todas las personas tienen derecho a presentar peticiones ante los jueces de la República y que éstas sean resueltas, siempre y cuando el objeto de su solicitud no recaiga sobre los procesos que un funcionario judicial adelanta.

81. En concordancia con esto, resulta necesario hacer una distinción entre los actos de carácter estrictamente judicial y los actos administrativos que pueden tener a cargo los jueces, puesto que respecto de los actos administrativos son aplicables las normas que rigen la actividad de la administración pública, mientras que, respecto de los actos de carácter judicial, se estima que estos se encuentran gobernados por la normatividad correspondiente a la Litis.

82. De acuerdo con lo anterior, no es dable presentar una solicitud orientada a obtener la definición de aspectos del proceso a través del derecho de petición señalado en el artículo 23 constitucional, razón por la cual se estima improcedente su petición.

3.6. De la condena en costas en segunda instancia

83. Al tenor de lo señalado por el artículo 171 del CCA, no se impondrá condena en costas de segunda instancia a cargo de la parte accionante, en atención a su conducta desplegada dentro del proceso del epígrafe.

84. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO.- SE REVOCA la sentencia de 12 de diciembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Laboral de Descongestión, que declaró de oficio la excepción de inepta demanda y se inhibió para emitir un pronunciamiento de fondo, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor César Augusto Sandoval Molina, contra la Caja Nacional de Previsión Social, hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en adelante UGPP, y la Fiduciaria La Previsora por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO.- SE NIEGAN las pretensiones de la demanda instaurada en la acción nulidad y restablecimiento del derecho del epígrafe, promovida por el señor César Augusto Sandoval Molina, contra la Caja Nacional de Previsión Social, hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en adelante UGPP, y la Fiduciaria La Previsora, según las consideraciones expresadas en este fallo.

TERCERA.- SIN CONDENA en costas de segunda instancia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva.

CUARTO.- SE RECONOCE al abogado Carlos Arturo Orjuela Góngora, portador de la tarjeta profesional núm. 6.491 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar en el presente proceso como apoderado judicial de la UGPP, de conformidad con el poder de otorgado, visible en el sistema SAMAI.

QUINTO.- Por Secretaría de la Sección Segunda, expídanse a su costa, las copias solicitadas por el apoderado de la UGPP.

SEXTO.- Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de veintidós (22) de julio de dos mil veintiuno (2021).

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

Con impedimento aceptado
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

Relatoría: AJSD/Cle/Lmr.
Ff. 39 y s.s.
Reglamentario de la Ley 100 de 1993 «Por el cual se limita la base de cotización obligatoria del Sistema General de Pensiones».
Folios 131 y s.s.
Folios 148 a 157 cuaderno principal.
Ff. 257 y s.s.
Escrito que obra a folios 268 y s.s.
No identificó la sentencia.
Folio. 318
Folio 320.
«ARTÍCULO 129. Modificado por el art. 2, Decreto Nacional 597 de 1988 , Modificado por el art. 38, Ley 446 de 1998. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión.
[…]».
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»

Reglamentario de la Ley 100 de 1993 «Por el cual se limita la base de cotización obligatoria del Sistema General de Pensiones».
Consejero Ponente: William Hernández Gómez, Rad. 25000-23-42-000-2016-03390-01 (4082-2017).
Ibidem
« Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra
clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente »
«Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. […]»
Aparte introducido por la Ley 1437 de 2011.
Pese a que en la sentencia se indicó que se debió demandar la Resolución 48364 de 17 de septiembre de 2008 es evidente que se cometió un error de digitación, toda vez que se hacía referencia a la Resolución 31066 de 30 de junio de 2006.
Folios 49 y siguientes del cuaderno principal.
Reglamentario de la Ley 100 de 1993 «Por el cual se limita la base de cotización obligatoria del Sistema General de Pensiones».
Reglamentario de la Ley 100 de 1993 «Por el cual se limita la base de cotización obligatoria del Sistema General de Pensiones».
Ibidem
Al respecto se anota que el artículo 37 de este decreto dispone que «regirá 30 días después de su publicación en el Diario Oficial […]», y fue publicado en el Diario Oficial No. 33.339 16 de junio de 1971.

Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018, Radicación: 52001-23-33-000-2012-00143-01, demandante: Gladis del Carmen Guerrero de Montenegro. Sentencia C-089 de 1997.
« Artículo segundo. Las pensiones a que se refiere el artículo anterior no podrán ser inferiores al salario mínimo mensual más alto, ni superiores a 22 veces éste mismo salario. »
« Artículo 2º. Ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual, ni exceder de quince (15) veces dicho salario; salvo lo previsto en convenciones colectivas, pactos colectivos y laudos arbitrales. Parágrafo. El límite máximo de las pensiones, sólo será aplicable a las que se causen a partir de la vigencia de la presente Ley. »
« PARÁGRAFO 3o. Cuando el Gobierno Nacional límite la base de cotización a veinte (20) salarios mínimos, el monto de las pensiones en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida no podrá ser superior a dicho valor. ».
« Artículo 2º Monto de las pensiones en el Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida. En desarrollo del parágrafo tercero del artículo 18 de la Ley 100 de 1993, el monto de las pensiones de vejez, de invalidez y de sobrevivientes, para los afiliados al Régimen Solidario de Prima Media con prestación Definida, no podrá ser superior a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales. »
«Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales»
Aparte en subrayas declarado inexequible en la sentencia en cita. Con ponencia del magistrado Carlos Bernal Pulido. Sentencias SU-395 de 2017, SU-230 de 2015, C-258 de 2013. Aspectos del régimen especial al cual la persona se encontraba vinculada al momento de entrada en vigencia del Sistema General de Seguridad Social
Sentencia SU-023 de 2018
“ARTÍCULO 279. EXCEPCIONES. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas. Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida. Se exceptúan también, los trabajadores de las empresas que al empezar a regir la presente Ley, estén en concordato preventivo y obligatorio en el cual se hayan pactado sistemas o procedimientos especiales de protección de las pensiones, y mientras dure el respectivo concordato. Igualmente, el presente régimen de Seguridad Social, no se aplica a los servidores públicos de la Empresa Colombiana de Petróleos, ni a los pensionados de la misma. Quienes con posterioridad a la vigencia de la presente Ley, ingresen a la Empresa Colombiana de Petróleos-Ecopetrol, por vencimiento del término de contratos de concesión o de asociación, podrán beneficiarse del régimen de Seguridad Social de la misma, mediante la celebración de un acuerdo individual o colectivo, en término de costos, forma de pago y tiempo de servicio, que conduzca a la equivalencia entre el sistema que los ampara en la fecha de su ingreso y el existente en Ecopetrol”. En sentencia C-089 de 1997, esta Corporación fijó de manera inequívoca su postura frente a la aplicación del monto máximo de 20 SMLMV para el reconocimiento de la pensión previsto en la Ley 100 de 1993, a los servidores públicos excluidos del régimen general de pensiones.

Validez de topes pensionales que fue reiterada mediante sentencia C-155 de 1997. En sentencia C-111 de 2006, este Tribunal sostuvo que: “El principio de solidaridad exige la ayuda mutua entre las personas afiliadas, vinculadas y beneficiarias, independientemente del sector económico al cual pertenezcan, y sin importar el estricto orden generacional en el cual se encuentren. Este principio se manifiesta en dos subreglas, a saber: En primer lugar, el deber de los sectores con mayores recursos económicos de contribuir al financiamiento de la seguridad social de las personas de escasos ingresos, por ejemplo, mediante aportes adicionales destinados a subsidiar las subcuentas de solidaridad y subsistencia del sistema integral de seguridad social en pensiones, cuando los altos ingresos del cotizante así lo permiten. En segundo término, se acuden a otras herramientas del sistema de seguridad social en aras de contribuir por el bienestar general y el interés común, tales como, (i) el aumento razonable de las tasas de cotización, siempre y cuando no vulneren los derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida digna; (ii) la exigencia proporcional de períodos mínimos de fidelidad o de carencia, bajo la condición de no hacer nugatorio el acceso a los derechos de la seguridad social y, eventualmente; (iii) el aumento de las edades o semanas de cotización, con sujeción a los parámetros naturales de desgaste físico y psicológico, como lo reconocen los tratados internacionales del derecho al trabajo”. En sentencia SU-210 de 2017, se sostuvo que: “las diferentes medidas de orden económico, institucional y legal que debe desplegar de manera progresiva el Estado para materializar dicho derecho (obligaciones positivas), también cuenta, como todo derecho fundamental, con garantías de protección frente a la actuación de las autoridades públicas y los particulares que puedan desconocer sus contenidos”. En efecto, en sentencia C-258 de 2013, reiteró que este postulado “ordena al Estado garantizar la sostenibilidad financiera del sistema pensional en aras de asegurar su cobertura universal, la inclusión de las clases menos favorecidas y el pago efectivo de las mesadas pensionales”, por lo que con relación a los topes pensionales indicó que “son un límite existente desde antes de la expedición el (sic) Acto Legislativo 01 de 2005 y que su incorporación en el texto superior mediante su artículo 48 busca establecer los topes “para todas las mesadas pensionales con cargo a los recursos de naturaleza pública”, con el fin último de “limitar y reducir los subsidios que el Estado destina a la financiación de las pensiones más altas, muchas de ellas originadas en los regímenes pensionales especiales vigentes antes de la expedición de la Ley 100 de 1993” (negrillas y subrayas propias del texto). Sentencia T-360 de 2018. Sentencia SU-210 de 2017. Sentencias C-089 de 1997 y C-155 de 1997. Sentencias de la Subsección B, de 12 de junio de 2020, Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00631-01(4225-15) con ponencia del consejero Carmelo Perdomo Cuéter y de 13 de noviembre de 2020 dictada dentro del proceso radicado 25000-23-42-000-2016-01911-01, con ponencia de la consejera Sandra Lisset Ibarra Vélez
Según copia del registro civil de nacimiento visible a folio 15 del Cuaderno Anexo 1. Certificación expedida por el Jefe de la Sección de Nómina y Registro de la Procuraduría General de la Nación, visible a folio 19 ibidem. Según se indica en la Resolución 3364 de 12 de diciembre de 2007 obrante a folios 288 y s.s. del Cuaderno Anexo 1. Folios 36 -38 del Anexo 1 de pruebas. Negrilla de la Sala. Folios 78 y s.s. Anexo 1. Folios 91 y s.s. Cuaderno Anexo 1. Folios 100 y siguientes Cuaderno Anexo 1. Folios 115 a 125 Cuaderno Anexo 1. Folio 133 y s.s. Folios 168 y 169 del Cuaderno Anexo 1. Folios 175 y s.s. Ibidem. Folios 176 Ibidem.

Pese a que en la sentencia se indicó que se debió demandar la Resolución 48364 de 17 de septiembre de 2008 es evidente que se cometió un error de digitación, toda vez que se hacía referencia a la Resolución 31066 de 30 de junio de 2006. Del cuaderno 1. Anexo de pruebas
No se indicó radicado
Folio 280 Cuaderno Anexo 1. Folios 49 y siguientes del cuaderno principal.
https://www.salariominimocolombia.net/2002
Visible en el sistema SAMAI. Sentencia de la Corte Constitucional T – 172 de 2016. Magistrado Ponente Alberto Rojas Ríos.
«ARTÍCULO 171. Modificado por el art. 55, Ley 446 de 1998 Condena en costas. En todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil.»

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