Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-00461-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-00461-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2018-00461-00
Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Velez
24 de febrero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
CONSEJERA PONENTE: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Bogotá D.C., 24 de febrero de 2022
Acción: Acción de revisión.
Radicación: 11001032500020180046100.
No. Interno: 1832-2018.
Actor: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.
Demandado: Alonso Penilla Prado.
Asunto: Tope pensional Decreto 314 de 1994.
Decisión: Se declara fundada la acción de revisión.
I. Asunto.
1. La Sala procede a dictar sentencia1 dentro de la acción de revisión interpuesta
por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social contra el fallo proferido el 23 de julio de
2015 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en su sala de
descongestión laboral2 que confirmó la sentencia de fecha 30 de julio de 2012
del Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión de Cali3 a través de la cual
accedió a las pretensiones de la demanda dentro del proceso 2011-00156-01,
concernientes a reliquidar la pensión reconocida al señor Alonso Penilla Prado
sin aplicación del tope establecido en el Decreto 314 de 1994 4.
De la acción de revisión5.
2. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social invocó como causales de revisión las
contenidas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que a su
tenor señalan lo siguiente:
1 El proceso ingresó al despacho con nota secretarial de fecha 27 de noviembre de 2020, folio 248.
2 Folios 176-180.
3
Folios 168-175.
4
Por la cual se limita la base de cotización obligatoria en los regímenes del Sistema General de Pensiones.
5 Folios 184 a 200 del expediente.
Acción de Revisión
Radicación: 11001032500020180046100
Interno: 1832-2018
Actor: UGPP.
Demandado: Alonso Penilla Prado.
«ARTÍCULO 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro
público o de fondos de naturaleza pública.
(…)
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario
de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las
causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso,
y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicable»
Negrillas fuera de texto.
3. La UGPP alega que la sentencia cuestionada al ordenar el reconocimiento y
pago de la pensión del accionado sin la aplicación del tope pensional establecido
en el Decreto 314 de 19946 reglamentario de la Ley 100 de 1993, en primer lugar
desconoció el artículo 5º de la Ley 797 de 2003 que estableció un límite de base
de cotización de 25 SMLMV; y en segundo término, vulneró el debido proceso, al
no tener en cuenta que existía falta de legitimación en la causa por pasiva
respecto de la extinta Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL en tanto «no
era la entidad destinataria ni depositaria de los fondos que se recaudan para la
seguridad social en salud».
Contestación de la acción extraordinaria de revisión.
4. El señor Alonso Penilla Prado7 considera improcedentes las causales invocadas
por la UGPP, atendiendo a que los supuestos fácticos que plantea no encajan
dentro de los criterios establecidos por el legislador para ello como quiera que se
limita a señalar que su pensión se ordenó pagar sin aplicación del tope previsto en
el Decreto 314 de 19948, perdiendo de vista que el Decreto 546 de 1971 no previó
esa limitante para su beneficiarios y de otro lado, que no se puede desconocer
que ese aspecto no ha sido pacífico en su manejo jurisprudencial por las altas
Cortes, lo que en su sentir torna en improcedentes las pretensiones del ente
previsional, máxime si se tiene en cuenta que se controvierte el soporte
interpretativo o labor intelectual de juzgamiento, mas no yerros o irregularidades
procesales o probatorias que muestren una decisión desatinada o injusta.
6 Por la cual se limita la base de cotización obligatoria en los regímenes del Sistema General de Pensiones.
7 Folios 232 a 234 del expediente.
8 Por la cual se limita la base de cotización obligatoria en los regímenes del Sistema General de Pensiones.
2
Acción de Revisión
Radicación: 11001032500020180046100
Interno: 1832-2018
Actor: UGPP.
Demandado: Alonso Penilla Prado.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA.
De la competencia.
5. La demanda en ejercicio de la acción de revisión que ocupa la atención de la
Sala fue interpuesta9 en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, motivo por el cual, esta Corporación es competente
para conocer de ella en aplicación de lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 249
ibídem10. Así como también, atendiendo el criterio de especialización, por tratarse
de un asunto de carácter pensional, la Sección Segunda es competente para
conocer del presente mecanismo extraordinario al tenor de lo previsto en el
artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999, modificado por el artículo 1º del Acuerdo 55
de 200311 y el Acuerdo 080 de 201912, toda vez que la modificación introducida
por la Ley 2080 de 2021 en su artículo 68, concerniente a que de los recursos de
revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces
administrativos conocerán los Tribunales Administrativos no resulta aplicable al
presente proceso, en virtud de que esta norma se refiere a las demandas que se
presenten un año después de publicada esa ley, lo cual no corresponde con la
situación del sub examine.
Problema jurídico.
6. Le corresponde a la Sala establecer si la sentencia del 23 de julio de 2015
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que confirmó el fallo de
fecha 30 de julio de 2012 emitido por el juzgado quinto administrativo de
9 En fecha 21 de marzo de 2018, tal como se observa en el folio 200 del plenario.
10 «Artículo 249. Competencia.
(…)
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las
secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces administrativos conocerán los
Tribunales Administrativos.» (Resalta la Sala).
11 «Artículo 1. Distribución de negocios entre las secciones. El artículo 13 del Acuerdo No. 58 de 1999, por el cual se
expidió el reglamento del Consejo de Estado, quedará así:
Artículo 13.- Distribución de los negocios entre las secciones.
Para efectos de repartimiento, los negocios de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre
sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:
(…)
Sección Segunda:
(…)
3-. El recurso extraordinario de revisión contra las sentencias de única instancia dictadas por los tribunales
administrativos, en asuntos relacionados con la competencia de esta sección».
12 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Acción de Revisión
Radicación: 11001032500020180046100
Interno: 1832-2018
Actor: UGPP.
Demandado: Alonso Penilla Prado.
descongestión del circuito judicial de Girardot, se encuentra incursa en las
causales de revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003, es decir, establecer si el ajuste de la pensión del señor Alonso Penilla
Prado en su calidad de beneficiario del régimen de transición previsto en la Ley
100 de 1993 sin aplicación del tope previsto en el Decreto 314 de 1994, comporta
el pago de una mesada pensional que vulnera el debido proceso y excede lo
debido de acuerdo con la ley.
7. Previo a resolver la cuestión litigiosa, atendiendo los argumentos expuestos por
el demandado en el escrito contentivo de la respuesta a la acción de revisión
interpuesta y teniendo en cuenta que la UGPP invocó como causales las previstas
en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, corresponde a esta
Sala analizar de manera independiente cada una de ellas a partir de los
argumentos que les sirven de sustento en la demanda del sub examine.
De la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003:
Cuando el reconocimiento de la pensión se obtuvo con violación al debido
proceso.
8. La entidad previsional accionante adujo que la sentencia objeto de la acción de
revisión al haber ordenado el reconocimiento y pago de la pensión del accionado
sin la aplicación del tope pensional establecido en el Decreto 314 de 1994 13
reglamentario de la Ley 100 de 1993, vulneró su derecho al debido proceso, al no
tener en cuenta que existía falta de legitimación en la causa por pasiva respecto
de la extinta Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL en tanto «no era la
entidad destinataria ni depositaria de los fondos que se recaudan para la
seguridad social en salud».
9. En ese orden de ideas, debe señalar la Sala que el sustento de la causal
referida no está en consonancia con el litigio fijado y desatado en el proceso que
culminó con las sentencias ahora controvertidas, el cual se circunscribió al control
de legalidad del acto administrativo contenido en la Resolución PAP 042921 del 11
de marzo de 201114 con la que la UGPP negó el ajuste de la pensión del señor
Alonso Penilla Prado dando aplicación al tope pensional de 20 SMLMV
establecido en el artículo 1º del Decreto 314 de 1994 reglamentario de la Ley 100
13
Por la cual se limita la base de cotización obligatoria en los regímenes del Sistema General de Pensiones.
14 Folios 138 y 139.
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Acción de Revisión
Radicación: 11001032500020180046100
Interno: 1832-2018
Actor: UGPP.
Demandado: Alonso Penilla Prado.
de 1993, el cual nada tiene que ver con el planteamiento de la entidad accionante
dentro del sub examine para sustentar la causal analizada, en la medida que se
refirió expresamente a la vulneración del derecho al debido proceso por cuanto la
extinta Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL «no era la entidad
destinataria ni depositaria de los fondos que se recaudan para la seguridad social
en salud» lo que obliga a la Sala a despachar de manera desfavorable este cargo
de la demanda.
De la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003:
Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.
10. Como sustento de esta causal, la UGPP señala que la sentencia objeto de la
acción de revisión al haber ordenado el reconocimiento y pago de la pensión del
accionado sin la aplicación del tope pensional establecido en el Decreto 314 de
199415 reglamentario de la Ley 100 de 1993 desconoció el artículo 5º de la Ley
797 de 2003, que estableció un límite de base de cotización de 25 SMLMV.
11. Al efecto, observa la Sala que en el fallo controvertido se dejó consignado
que el señor Alonso Penilla Prado es beneficiario de lo establecido en el Decreto
546 de 1971 por encontrarse inmerso en el régimen de transición pensional
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, respecto del cual resulta
inaplicable el tope pensional establecido en el Decreto 314 de 1994 en la medida
que la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios en ninguna de sus
disposiciones prevén la aplicación de tope o límite para las pensiones especiales,
y por el contrario, lo que estableció el Decreto 546 de 1971 fue precisamente que
las pensiones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y del
Ministerio Público se liquidarán en cuantía equivalente al 75% de la asignación
mensual más elevada devengada en el último año de servicio.
12. No obstante lo anterior, la UGPP expidió la Resolución RDP 000466 del 8 de
enero de 201616 mediante la cual objetó la legalidad del fallo proferido por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 23 de julio de 2015 y declaró la
imposibilidad de su cumplimiento conforme a la sentencia T-488 de 2014 en
15
Por la cual se limita la base de cotización obligatoria en los regímenes del Sistema General de Pensiones.
16 Folios 151-154.
5
Acción de Revisión
Radicación: 11001032500020180046100
Interno: 1832-2018
Actor: UGPP.
Demandado: Alonso Penilla Prado.
cuanto ordenó realizar la reliquidación de la pensión del señor Alonso Penilla
Prado sin aplicación del tope pensional establecido en el Decreto 314 de 1994 y
en su lugar, dispuso liquidarla con el 75% de la asignación más elevada que
hubiere devengado en el último año de servicio a partir del 1º de noviembre de
2005, aduciendo lo siguiente:
«[…] Se concluye que al haberse incorporado los funcionarios de la Rama Judicial
al Sistema General de Pensiones, quedaron sometidos al tope establecido en el
artículo 18 de la Ley 100 de 1993, motivo por el cual la normativa aplicable es la
contenida en el Decreto 314 de 1994, el cual establece que la mesada pensional
no puede exceder los topes de 20-25 salarios mínimos legales mensuales
vigentes, pues no se estableció ninguna excepción al respecto, por lo que estos
funcionarios no pueden tener mesadas pensionales por encima de los topes o
límites de cuantía establecidos.
En este orden, se debe señalar que el Sistema General de Pensiones está previsto
para que no hayan pensiones por encima de los topes legalmente señalados, esto
se puede establecer cuando se observa que la cotización mensual no puede
exceder los topes de 20 o 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, según
sea el caso; es así que al momento de calcular el IBL se deben tener en cuenta las
cotizaciones realizadas, las que luego de promediadas y al aplicarle la tasa de
reemplazo, nunca podrán superar los topes o límites de pensión establecidos por
el legislador, como quiera que la finalidad es mantener el principio de la
sostenibilidad financiera y progresividad del sistema pensional […]».
13. En contra del citado acto administrativo, el accionado presentó recurso de
apelación que fue resuelto en forma desfavorable por la UGPP a través de la
Resolución RDP 014244 del 31 de marzo de 201617.
14. En ese orden de ideas, se hace necesario para la Sala analizar lo concerniente
a la aplicación del tope pensional establecido en el Decreto 314 de 1994 respecto
de la pensión reconocida al accionado por la extinta CAJANAL EICE por cuanto
constituye el aspecto central de la controversia planteada dentro del sub examine.
15. Lo primero que ha de señalar la Sala, es que con antelación a la entrada en
vigor de la Ley 100 de 1993, existían normas que fijaban límites máximos para el
reconocimiento y pago de mesadas pensionales, dentro de las que se
encuentran la Ley 4ª de 197618, en cuyo artículo 2º previó que «Las pensiones a
que se refiere el Artículo anterior no podrán ser inferiores al salario mínimo
mensual más alto, ni superiores a 22 veces este mismo salario»; la Ley 71 de
17
Folios 155-158.
18
«Por la cual se dictan normas sobre materia pensional de los sectores público, oficial, semioficial y privado y se dictan
otras disposiciones».
6
Acción de Revisión
Radicación: 11001032500020180046100
Interno: 1832-2018
Actor: UGPP.
Demandado: Alonso Penilla Prado.
198819 y el Decreto 1160 de 1989, que en sus artículos 2° y 3° impusieron un
nuevo límite de 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes a dichos
reconocimientos pensionales.
16. Posteriormente, la Ley 100 de 1993, en su artículo 18, estableció que «Cuando
el Gobierno Nacional limite la base de cotización a 20 salarios mínimos, el monto
de las pensiones en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida no podrá
ser superior a dicho valor», lo que conllevó a que el presidente de la República
expidiera el Decreto 314 de 4 de febrero de 1994, «Por el cual se limita la base de
cotización obligatoria del Sistema General de Pensiones», en el que dispuso que
«el monto de las pensiones de vejez, de invalidez y de sobrevivientes, para los
afiliados al Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, no podrá
ser superior a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales».
17. Luego se expidió la Ley 797 de 200320, que modificó el inciso 4º del artículo 18
de la Ley 100 de 1993, en el sentido de que «El límite de la base de cotización
será de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes para
trabajadores del sector público y privado. Cuando se devenguen mensualmente
más de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes la base de
cotización será reglamentada por el gobierno nacional y podrá ser hasta de 45
salarios mínimos legales mensuales para garantizar pensiones hasta de
veinticinco (25) salarios mínimos legales».
18. A través del Acto legislativo 01 de 2005, se elevó a rango constitucional el
límite para el reconocimiento pensional a 25 SMLMV, así:
« […] ARTÍCULO 1o. Se adicionan los siguientes incisos y parágrafos al artículo 48
de la Constitución Política:
[…]
Parágrafo 1o. A partir del 31 de julio de 2010, no podrán causarse pensiones
superiores a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, con
cargo a recursos de naturaleza pública […]».
19. Ahora bien, la Corte Constitucional en su jurisprudencia21 ha señalado que
19 «por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras disposiciones».
20
«Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se
adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales».
21 Sentencia C-155 de 1997, M. P. Fabio Morón Díaz.
7
Acción de Revisión
Radicación: 11001032500020180046100
Interno: 1832-2018
Actor: UGPP.
Demandado: Alonso Penilla Prado.
resulta legítimo que la ley señale topes máximos al monto de la pensión, sin que
por ello el derecho a la seguridad social se entienda afectado, pues aquellos «[…]
que ha consagrado el legislador a lo largo de los últimos años, son medidas que,
precisamente, toman en consideración fenómenos económicos y sociales con un
indudable propósito de desarrollar principios básicos fundamentales dentro de la
creación de un complejo sistema de seguridad social tendiente a garantizar los
derechos irrenunciables de la persona, acorde a un sistema que comprende
obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los recursos destinados a
garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico de salud y
servicios complementarios, mediante un servicio público eficiente, universal,
solidario, integral, unitario y participativo, cuya dirección, coordinación y control
está a cargo del Estado y prestado por entidades públicas o privadas en los
términos y condiciones establecidas en las leyes».
20. Por otra parte, se debe señalar que uno de los objetivos de la Ley 100 de
1993, fue el de unificar la normativa respecto a la diversidad de regímenes
pensionales especiales existentes. No obstante lo anterior y con el propósito de
evitar menoscabar derechos a personas que se encontraban próximas a ser
pensionadas o tuviesen cierto tiempo de servicio, se previó en su artículo 36 un
régimen de transición normativo en favor de las personas que al momento de
entrar en vigor el sistema de seguridad social integral (1° de abril de 1994)
contaran con 35 o más años de edad si son mujeres o 40 o más si son hombres,
o 15 o más años de servicios cotizados, a quienes se les reconocería la pensión
de jubilación de conformidad con el régimen anterior al cual se encontraban
afiliados.
21. Precisamente, uno de los sistemas especiales anteriores a la Ley 100 de
1993 fue el previsto para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y el
Ministerio Público, contenido en el Decreto 546 de 27 de marzo de 1971, que
preceptuó:
« […] Artículo 6º. Los funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto,
tendrán derecho al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50, si son
mujeres, y cumplir 20 años de servicio continuos o discontinuos, anteriores o
posteriores a la vigencia de este Decreto, de los cuales por lo menos 10 lo hayan
sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas
actividades, a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la
asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de
servicio en las actividades citadas […]».
8
Acción de Revisión
Radicación: 11001032500020180046100
Interno: 1832-2018
Actor: UGPP.
Demandado: Alonso Penilla Prado.
22. Sin embargo esa norma no estableció un límite máximo a los montos de las
pensiones reconocidas en virtud del descrito régimen especial pensional, lo cual
no imposibilita la aplicación de dicha limitación, en la medida en que, conforme lo
expuso la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013 y T-360 de 2018,
estos «[…] son un límite existente desde antes de la expedición el [sic] Acto
Legislativo 01 de 2005 y que su incorporación en el texto superior mediante su
artículo 48 busca establecer los topes “para todas las mesadas pensionales con
cargo a los recursos de naturaleza pública”, con el fin último de “limitar y reducir
los subsidios que el Estado destina a la financiación de las pensiones más altas,
muchas de ellas originadas en los regímenes pensionales especiales vigentes
antes de la expedición de la Ley 100 de 1993”», de manera que deviene «[…]
desproporcionado y contrario a los principios constitucionales del Estado Social de
Derecho y a los que inspiran el sistema general de pensiones, la interpretación
conforme a la cual las mesadas de quienes se encuentran en transición no están
sujetas a tope” »22 (subrayas fuera del texto original).
23. Sobre este aspecto, la citada Corporación, en la sentencia T-73 de 2019,
expuso lo siguiente:
«[…] 112. Ciertamente, el régimen de transición establecido por la Ley 100 de
1993 tuvo por objeto respetar las expectativas legítimas de las personas que
aspiraban a obtener su derecho a la pensión con fundamento en los requisitos de
la norma anterior. Con todo, si bien en el artículo 36 de la citada disposición se
previó una transición para garantizar únicamente los aspectos del régimen
especial relacionados con la edad, monto -entendido como tasa de remplazo23- y
número de semanas o tiempo de servicio24, también se implementaron unos
nuevos requisitos para el derecho a la pensión aplicables a toda la población25.
113. En esa medida, aspectos diferentes a los anteriormente señalados no se
ampararon con la transición. De ello resulta claro que el tope pensional no fue un
aspecto cobijado por la transición, pues la Ley 100 de 1993 y normas
concordantes establecieron límites sobre la materia.
[…]
122. En ese sentido, el marco jurídico constitucional, legal y jurisprudencial
sistemáticamente ha establecido que las mesadas pensionales están sujetas a un
tope máximo, lo cual tiene alcance respecto a las pensiones reconocidas en virtud
del Decreto 546 de 1971 […]». Subrayas fuera del texto original.
22
Así lo señaló en la sentencia T-360 de 2018.
23 Sentencias SU-395 de 2017, SU-230 de 2015, C-258 de 2013.
24
Aspectos del régimen especial al cual la persona se encontraba vinculada al momento de entrada en vigencia del
Sistema General de Seguridad Social.
25 Sentencia SU-023 de 2018.
9
Acción de Revisión
Radicación: 11001032500020180046100
Interno: 1832-2018
Actor: UGPP.
Demandado: Alonso Penilla Prado.
123. En línea con lo anterior, resulta regresivo y, además contrario al marco
jurídico aludido, considerar que las pensiones reconocidas en virtud de regímenes
especiales, como los de la Rama Judicial y del Ministerio Público, carecen de
límites […]» Subrayas fuera del texto original.
25. Criterio que también ha sido acogido por la jurisprudencia de esta
Subsección del Consejo de Estado26, en la cual ha señalado que «[…] desde
1976 la legislación nacional ha fijado valores máximos para el pago de mesadas
pensionales, prescripciones que resultan aplicables a los regímenes especiales.
Por tanto, a las pensiones les son aplicables los topes consignados en las
normas vigentes al momento de su causación, sin que sea dable oponerse a
ellos so pretexto de que los regímenes especiales que los cobijan no los prevean
o autoricen expresamente […]».
26. En ese orden de ideas y teniendo en cuenta que en las sentencias
controvertidas se ordenó reconocer y pagar al señor Alonso Penilla Prado la
pensión sin aplicación del tope pensional establecido en el Decreto 314 de 1994
reglamentario de la Ley 100 de 1993, lo cual conforme al marco normativo y
jurisprudencial analizado resulta improcedente. Para la Sala, tal determinación
comporta el evidente reconocimiento de una mesada pensional en cuantía
superior y desproporcional a la que en derecho corresponde al accionado, lo que
implica la configuración de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003 invocada por la entidad previsional en su demanda.
27. Con base en todo lo expuesto, esta Sala declarará fundada la presente acción
especial de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social y en
consecuencia, infirmará la sentencia proferida el 23 de julio de 2015 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en su sala de descongestión laboral 27,
que confirmó la sentencia del fecha 30 de julio de 2012 del Juzgado Quinto
Administrativo de Descongestión de Cali 28 a través de la cual accedió a las
pretensiones de la demanda dentro del proceso 2011-00156-01, concernientes a
26 Conforme fue considerado en la sentencia proferida el 12 de junio de 2020 dentro del proceso 76001-23-31-000-2011-
00631-01(4225-15) con ponencia del Dr. Carmelo Perdomo Cuéter y ratificado en el fallo de fecha 22 de julio de 2021
proferido en el proceso 76001-23-31-000-2009-01137-01(2189-14) del cual fue ponente el Dr. Gabriel Valbuena
Hernández.
27
Folios 176-180.
28 Folios 168-175.
10
Acción de Revisión
Radicación: 11001032500020180046100
Interno: 1832-2018
Actor: UGPP.
Demandado: Alonso Penilla Prado.
reliquidar la pensión reconocida al señor Alonso Penilla Prado sin aplicación del
tope establecido en el Decreto 314 de 199429 y proferirá decisión de reemplazo.
Sentencia de reemplazo.
28. A través de la Resolución 08367 del 2 de mayo de 200330 la extinta Caja
Nacional de Previsión Social en Liquidación ordenó el reconocimiento y pago de
la pensión de vejez al señor Alonso Penilla Prado en cuantía de $5´238.086.94,
efectiva a partir del 7 de julio de 2002 dada su condición de beneficiario del
Decreto 546 de 1971, quedando condicionada a demostrar su retiro definitivo del
servicio, liquidación que se efectuó con el 75% del promedio de lo devengado
sobre el salario promedio de 8 años y 3 meses conforme a lo establecido en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
29. A través de Resolución 04890 del 17 de agosto de 200531, la Caja Nacional
de Previsión dio cumplimiento a un fallo del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca y en consecuencia reliquidó por un nuevo factor salarial la pensión de
vejez del señor Alonso Penilla Prado, en cuantía $9´537.500 efectiva a partir del
1° de junio de 2005, condicionada a demostrar su retiro definitivo del servicio,
aplicándole el tope de 25 SMLMV de acuerdo con el Decreto 510 de 2003.
30. Mediante petición presentada el 20 de junio de 2008 el accionado le solicitó a
CAJANAL EICE en liquidación la aclaración o modificación de la Resolución
4890 del 17 de agosto de 2005, en el sentido de abstenerse de aplicar el tope
pensional de la Ley 100 de 1993, la cual fue resuelta en forma desfavorable a
través de la Resolución PAP 042921 del 11 de marzo de 201132 por parte del
liquidador de dicha entidad previsional.
31. Inconforme con la anterior decisión el señor Alonso Penilla Prado presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la entidad previsional referida con el objeto de obtener la
declaratoria de nulidad de la Resolución PAP 042921 del 11 de marzo de
29
Por la cual se limita la base de cotización obligatoria en los regímenes del Sistema General de Pensiones.
30
Folios 86-90.
31 Folios 113 y 114.
32 Folios 138 y 139.
11
Acción de Revisión
Radicación: 11001032500020180046100
Interno: 1832-2018
Actor: UGPP.
Demandado: Alonso Penilla Prado.
201133. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del
derecho solicitó condenar al ente previsional a ajustar la pensión que le fue
concedida sin aplicación del tope previsto en el Decreto 314 de 1994 34 en
cuantía de $9´815.884 teniendo en cuenta la aplicación integral del régimen de
la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Publico del Decreto 546 de 1971, realizar
el pago de la diferencia de las mesadas en virtud de la reliquidación solicitada,
indexar las diferencias de las mesadas pensionales y/o sumas adeudadas por
dicho concepto y finalmente, cancelar los intereses a que haya lugar.
32. El juzgado quinto administrativo de descongestión del circuito de Cali, a través
de la sentencia del 30 de julio de 201235, encontró acreditado que al accionado le
era aplicable el régimen pensional previsto en el artículo 6º del Decreto 546 de
1971 dada su condición de beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, razón por la cual, declaró la nulidad del acto acusado en los
términos solicitados y ordenó a la Caja Nacional de Previsión Social EICE
reliquidar su derecho pensional en cuantía del 75% de la asignación mensual más
elevada que hubiere devengado en el último año de servicio y sin aplicación del
tope pensional establecido en el Decreto 314 de 1994 a partir del 1º de noviembre
de 2005.
33. Decisión que fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
en su sala de descongestión laboral, mediante la sentencia de fecha 30 de julio de
201236.
34. En virtud de lo expuesto, la UGPP expidió la Resolución RDP 000466 del 8 de
enero de 201637 a través de la cual objetó la legalidad del fallo proferido por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 23 de julio de 2015 y declaró la
imposibilidad de su cumplimiento conforme a la sentencia T-488 de 2014, en
cuanto ordenó realizar la reliquidación de la pensión del accionado sin aplicación
del tope pensional establecido en el Decreto 314 de 1994 y en su lugar, dispuso
liquidarla con el 75% de la asignación más elevada que hubiere devengado en el
último año de servicio a partir del 1º de noviembre de 2005.
33
Folios 138 y 139.
34 Por la cual se limita la base de cotización obligatoria en los regímenes del Sistema General de Pensiones.
35
Folios 168 a 175.
36
Folios 176-180.
37 Folios 151-154.
12
Acción de Revisión
Radicación: 11001032500020180046100
Interno: 1832-2018
Actor: UGPP.
Demandado: Alonso Penilla Prado.
35. De este modo, se observa que el ajuste efectuado a la pensión del accionado
en los términos de las providencias controvertidas no se encuentra ajustado al
ordenamiento jurídico y al criterio jurisprudencial actual en lo concerniente a la
aplicación del tope pensional previsto en el Decreto 314 de 1994 38.
36. Lo anterior, también le permite a la Sala concluir que lo señalado por la Caja
Nacional de Previsión en la Resolución en la 04890 del 17 de agosto de 200539 en
cuanto le aplicó el tope al derecho pensional reconocido al accionado se ajustó al
ordenamiento jurídico, toda vez que los reconocimientos pensionales están sujetos
a los términos establecidos por la normatividad vigente al momento de su
causación y si bien el artículo 8º del Decreto 546 de 1971 no consagró límite para
el pago de las pensiones de los funcionarios de la Rama Judicial y el Ministerio
Público, con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 se extendió la sujeción
de mesadas pensionales, incluso de regímenes especiales, a los topes fijados por
el régimen general, que para el caso concreto corresponden a los señalados en el
Decreto 314 de 199440.
37. Por consiguiente, la pretensión del señor Alonso Penilla Prado según la cual,
debe ajustarse su pensión de jubilación sin la aplicación del tope pensional
establecido por el Decreto 314 de 1994 reglamentario de la Ley 100 de 1993,
implica el desconocimiento de los principios de igualdad, sostenibilidad financiera
del sistema, interés general y distribución equitativa de los recursos limitados del
Sistema de Seguridad Social, así como la solidaridad, que no pueden ser
desconocidos por los regímenes especiales de pensión.
38. De acuerdo con lo anterior, corresponde a la Sala infirmar la sentencia
proferida el 23 de julio de 2015, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, Sala Laboral de Descongestión, confirmó el fallo dictado por el
Juzgado quinto administrativo de descongestión del circuito de Cali el 30 de julio
de 2012 dentro del proceso 2011-00156-00, para en su lugar revocar esta
providencia y negar las pretensiones de la demanda, instaurada por el señor
Alonso Penilla Prado contra de la Caja Nacional de Previsión Social, hoy Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, en adelante UGPP.
38
Por la cual se limita la base de cotización obligatoria en los regímenes del Sistema General de Pensiones.
39 Folios 113 y 114.
40 Por la cual se limita la base de cotización obligatoria en los regímenes del Sistema General de Pensiones.
13
Acción de Revisión
Radicación: 11001032500020180046100
Interno: 1832-2018
Actor: UGPP.
Demandado: Alonso Penilla Prado.
39. Finalmente, cabe resaltar que en el presente asunto no se observa una
justificación que implique el reconocimiento de la condena en costas, si se tiene en
cuenta que la parte demandada hizo uso de su derecho de defensa y
contradicción atendiendo a la acción interpuesta en su contra por la UGPP,
aunado a no encontrarse acreditada la causación de expensas dentro del proceso,
requisito indispensable para su imposición conforme lo dispone el numeral 8º del
artículo 365 del Código General Proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO.- Declarar fundada la acción de revisión presentada por la Unidad
Administrativa de Gestión Pensional y Parafiscales por la causal señalada en el
literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 contra la sentencia del 23 de julio de
2015, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala
Laboral de Descongestión, confirmó el fallo dictado por el Juzgado quinto
administrativo de descongestión del circuito de Cali el 30 de julio de 2012 dentro
del proceso 76-001-33-31-705-2011-00156-01.
SEGUNDO.- Infirmar la sentencia del 23 de julio de 2015, por medio de la cual el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Laboral de Descongestión,
confirmó el fallo dictado por el Juzgado quinto administrativo de descongestión del
circuito de Cali el 30 de julio de 2012 dentro del proceso 76-001-33-31-705-2011-
00156-01, en consecuencia, revocar esta providencia y en su lugar, negar las
súplicas de la demanda formulada por el señor Alonso Penilla Prado contra la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social, UGPP.
TERCERO.- Sin codena en costas, por las razones expuestas en la parte motiva.
14
Acción de Revisión
Radicación: 11001032500020180046100
Interno: 1832-2018
Actor: UGPP.
Demandado: Alonso Penilla Prado.
CUARTO.- Devolver al tribunal de origen el expediente contentivo del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho que fue enviado en calidad de préstamo a esta
Corporación. Cumplido lo anterior, archivar el expediente.
Notifíquese y cúmplase.
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Firma Electrónica
CÉSAR PALOMINO CORTÉS CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firma Electrónica Firma Electrónica
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica
mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el
sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento en el link:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
15
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