Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2019-00291-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2025 › Radicado 68001-23-33-000-2019-00291-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2019-00291-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2019-00291-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
13 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicado : 68001-23-33-000-2019-00291-01 (2666-20231)
Demandante : Teresa de Jesús Martínez Cossio
Demandada : Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Reconocimiento de pensión de jubilación por aportes
conforme a la Ley 71 de 1988.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia
del 9 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander2, que negó
las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda.
1.1. Pretensiones.
La señora Teresa de Jesús Martínez Cossio, por intermedio de apoderado judicial, acudió
a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar la nulidad parcial de la Resolución
No. 1788 del 18 de octubre de 2018, por medio de la cual la Secretaría de Educación del
municipio de Barrancabermeja (Santander), le negó el reconocimiento de la pensión de
jubilación por aportes.
A título de restablecimiento del derecho, pidió que se condene a la demandada a: (i)
reconocer y pagar la pensión de jubilación, equivalente al 75% de los salarios y las primas
1 Expediente digital, visible en la herramienta electrónica Samai.
2 M.P. Francy del Pilar Pinilla Pedraza
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Demandante: Teresa de Jesús Martínez Cossio
Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional
recibidas, a partir del 6 de agosto de 2015, sin exigir el retiro definitivo del cargo; ii)
reconocer la compatibilidad entre la pensión y el sueldo oficial docente; (iii) dar
cumplimiento a la sentencia tal como lo disponen los artículos 192 y 195 del CPACA; (iv)
liquidar y pagar los intereses de mora sobre las sumas adeudadas, conforme lo
establecido en el artículo 192 ibidem; (v) la inclusión en la nómina de pensionados con el
pago de las mesadas atrasadas, desde la consolidación del derecho; (vi) ajustar los
valores reclamados; y (vii) condenar en costas.
Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:
La demandante dice que nació el 6 de agosto de 1960, por lo que cuenta con más de 55
años de edad, y que realizó aportes a Colpensiones, reuniendo 1127,29 semanas de
cotización.
Agregó que fue vinculada a la docencia oficial en el año 2008 y que, hasta la fecha de
presentación del medio de control, se desempeñaba como docente oficial en el Municipio
de Barrancabermeja.
Asegura que de conformidad con lo previsto en la Ley 812 de 2003, tendría derecho a la
pensión de jubilación a la edad de 57 años, exigiendo 1.300 semanas de cotización y
retiro del cargo de docente oficial, para la efectividad del ingreso en nómina de
pensionados, lo cual estima que no obedece a la legalidad.
Finalmente, indicó que tiene más de 55 años de edad y reúne más de 1.000 semanas de
cotización a la docencia. Precisa que sus cotizaciones fueron realizadas antes del 23 de
junio de 2003, lo cual le otorga el derecho a obtener la pensión de jubilación por aportes
de conformidad con la ley 812 de 2003 y la Ley 71 de 1988, en compatibilidad con el
salario por pertenecer al régimen anterior.
1.2. Normas violadas y concepto de violación.
Las Leyes 71 de 1988 (artículo 7), 91 de 1989 (artículo 15, numerales 1 y 2), 60 de 1993
(artículo 6), 115 de 1993 (artículo 115), 100 de 1993 (artículo 279) y 812 de 2003 (artículos
1 y 2).
Decreto 3752 de 2013, artículos 1 y 2.
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Nº Interno: 2666-2023
Demandante: Teresa de Jesús Martínez Cossio
Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional
La parte demandante asevera que el acto administrativo demandado desconoce el
contenido de las normas aplicables al caso, pues el reconocimiento de la pensión de
jubilación bajo la égida de la Ley 100 de 1993, vulnera de manera directa las
disposiciones establecidas en la normatividad docente y especialmente el contenido de
la Ley 812 de 2003, la cual permite haber laborado antes del año 2003 para acogerse a
las prerrogativas establecidas en la Ley 71 de 1988, norma anterior aplicable para los
docentes que demuestren actividad laboral antes de junio de 2003.
2. Contestación de la demanda.
La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales
del Magisterio (FOMAG), se opuso a la prosperidad de las pretensiones, exponiendo
que la liquidación de la pensión para los docentes nacionales, debe efectuarse con el
75% de los factores que sirvieron de base para el cálculo de los aportes durante el último
año de servicios, resaltando la legalidad de la resolución demandada en atención a que
la liquidación de la pensión de jubilación de la demandante tuvo lugar en cumplimiento a
las disposiciones legales vigentes y aplicables al caso.
Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones (Vinculada), se opuso a
las pretensiones de la demanda, al estimar que la demandante no cumple con los
requisitos contemplados en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 para ser beneficiaria del
régimen pensional de la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003 y que es vinculante para
los docentes que se encuentren sometidos al régimen laboral del Decreto 1278 de 2002,
máxime cuando no acredita una vinculación legal y reglamentaria con el Estado, con
anterioridad al 26 de junio de 2003 que la haga merecedora de las disposiciones previstas
en las leyes 71 de 1988, 91 de 1989, 33 de 1985, en el Decreto 2277 de 1979 o cualquier
otra normatividad dirigida al régimen prestacional docente que exija una fecha de
vinculación anterior al servicio público antes del año 2003.
3. La sentencia de primera instancia.
El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia proferida el 9 de febrero de
2023 negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas, pues al hacer un
recuento normativo y jurisprudencial, de cara a las pruebas aportadas en el proceso,
concluyó que la demandante no cumple con la edad requerida ni las semanas mínimas
de cotización a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, para ser beneficiaria del
régimen de transición que esta norma contempla.
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Nº Interno: 2666-2023
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Continuó, sobre su decisión de denegar las pretensiones de la demanda, advirtiendo que
si bien acreditó 1170 semanas de cotización ante Colpensiones, su vinculación a la
docencia oficial ocurrió el 28 de septiembre de 2008, es decir, en vigencia de la Ley 812
de 2003, lo que conlleva a que su régimen pensional sea la Ley 100 de 1993, con las
modificaciones de la Ley 797 de 2003, que exige 1300 semanas de cotización y 57 años
como edad de jubilación.
4. El recurso de apelación.
4.1 La parte demandante, inconforme con la decisión, interpuso recurso de apelación
dentro de la oportunidad legal, en el que indica que las consideraciones del fallador de
primera instancia, no se adecúan a la situación fáctica de las normas previstas para el
reconocimiento de la demandante, procediendo con un recuento normativo en materia de
pensiones para los docentes estatales.
Insistió que la demandante ha laborado por un lapso superior a 20 años en entidades
públicas y privadas, dejando prueba de ello en el curso del proceso.
Aseguró que a la fecha de presentación de los alegatos de conclusión ante el a quo, la
docente «(…) seguía y sigue al día de hoy laborando y cotizando al Fondo Nacional De
prestaciones Sociales del Magisterio desde el 11 DE JUNIO DE 2002 cuando empezó a
laborar mediante CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, PARA LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE SANTANDER Y QUE NO FUÉRON TACHADOS DE
FALSOS DENTRO DEL MISMO, es decir, que actualmente cuenta con 35 años de
servicio, contados desde su primera vinculación, toda vez que según se extracta de las
pruebas debidamente aportadas, la docente, laboró mediante contratos de prestación de
servicios para el departamento de santander (sic) y el municipio de Barrancabermeja
desde el año 2002. »
Recalcó que, por estar la demandante dentro de la transitoriedad del régimen del sector
docente por haberse vinculado con anterioridad al 26 de junio de 2003, se le deben aplicar
las disposiciones de la Ley 71 de 1988 que consagra la pensión por aportes.
5. Alegatos de conclusión.
Mediante auto del 23 de marzo de 2023, fue concedido el recurso de apelación por parte
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Demandante: Teresa de Jesús Martínez Cossio
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del Tribunal y con providencia del 22 de marzo de 2024, el despacho sustanciador lo
admitió conforme al artículo 67 de la Ley 2080 de 20213. Oportunidad desaprovechada
por las partes para presentar sus alegatos de conclusión y el Ministerio Público para
rendir concepto, según constancia secretarial del 19 de abril de 2024.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso de
conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según el
artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)5, el juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
2. Problema jurídico
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, le
corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia del Tribunal Administrativo de
Santander, que negó las pretensiones. Para el efecto se analizará si a la accionante le
asiste razón al reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley
71 de 1988; o, por el contrario, carece de razón, pues no es beneficiaria del régimen de
transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y su vinculación al servicio
oficial docente fue con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, como
lo concluyó el a quo.
Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes aspectos:
2.1. Marco normativo y jurisprudencial; 2.2. Hechos probados; y 2.3. Caso concreto.
2.1 Marco normativo y jurisprudencial.
2.1.1. El derecho fundamental a la seguridad social
3 Visible a índice 00008 de la herramienta electrónica Samai.
4 Visible a índice 00013 de la herramienta electrónica Samai.
5 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse
durante la audiencia.»
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Como es bien sabido, la seguridad social es un derecho reconocido como un derecho
fundamental. La Constitución Política de Colombia en su artículo 48 define la seguridad
social como un servicio público de carácter obligatorio que debe ser prestado bajo la
dirección, coordinación y control del Estado a través de las entidades dispuestas por ello,
como una garantía irrenunciable de todas las personas6.
Ciertamente este derecho, guarda una estrecha relación con la dignidad humana puesto
que permite que cualquier persona haga frente a las circunstancias que las privan de su
capacidad para ejercer plenamente sus derechos y disfrutar de los aspectos sencillos de
la vida. Se ha reconocido, por las Naciones Unidas que la seguridad social desempeña
una importante labor en la reducción y el alivio de la pobreza y la prevención de la
exclusión social.
Ahora bien, la protección que el orden constitucional le confiere al derecho a la seguridad
social también encuentra respaldo en varios instrumentos internacionales que reconocen
este derecho. Así sucede con la Declaración Universal de Derechos Humanos la cual
establece que: “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la
seguridad social, y obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional,
habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los
derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre
desarrollo de su personalidad”.
Por su parte, el artículo 16 de la Declaración Americana de los Derechos de la Persona
afirma que: “Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las
consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de
cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener
los medios de subsistencia”.
En igual sentido, el artículo 9° del Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales
pregona que “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda
persona a la seguridad social, incluso al seguro social”.
De manera similar, el artículo 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prescribe
que: “Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las
6 Corte Constitucional Sentencia T-321 de 1999.
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consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente
para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del
beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes”.
Como se infiere de las normas internacionales mencionadas, el derecho a la seguridad
social busca proteger a todas las personas que, se encuentran en imposibilidad física o
mental para obtener los medios de subsistencia que le permitan llevar una vida digna a
causa de la vejez, del desempleo o de una enfermedad o incapacidad laboral.
La Corte Constitucional, se ha pronunciado sobre la necesidad que existe de cubrir
riesgos que son propios a la condición humana que no pueden desconocerse y requieren
un alto grado de protección. Tal es el caso, de la pensión de vejez, que es uno de los
mecanismos que, en virtud del derecho a la seguridad social, protege a las personas
cuando se produce una disminución de la producción laboral que impide o dificulta
obtener los recursos para disfrutar de una vida digna”7 .
En este sentido, la pensión de vejez ha sido definida por la jurisprudencia constitucional
como un "salario diferido del trabajador, fruto de su ahorro forzoso durante toda una vida
de trabajo". Por lo tanto, "el pago de una pensión no es una dádiva súbita de la Nación,
sino el simple reintegro que del ahorro constante durante largos años, es debido al
trabajador"8.
Por su parte, el Convenio núm. 102 “Sobre la Seguridad Social” de la Organización
Internacional del Trabajo establece un deber de los estados miembros de garantizar el
derecho a la seguridad social.
2.1.2. Marco normativo y jurisprudencial del régimen pensional docente
En un inicio, los docentes oficiales fueron destinatarios de la pensión de jubilación
prevista por la Ley 6ª de 1945, según la cual, quien acumulara 20 años de servicio y
llegara a 50 años de edad, tendría derecho a una pensión vitalicia de jubilación liquidada
con el 75% del «promedio de los sueldos devengados durante el último año».
Posteriormente, sus derechos pensionales fueron regidos por la Ley 33 de 1985, norma
que consagró el derecho a obtener una pensión de jubilación para aquellos que
7 Sentencia T 163 de 2013
8 Sentencia C.177 de 1998.
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acumularan 20 años de servicio y cumplieran 55 años de edad, liquidada con el 75% «del
salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio».
Con la Ley 91 de 1989 se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
concebido como una cuenta especial de la nación, que tenía como finalidad realizar el
pago de las prestaciones sociales de los docentes. En estos términos, el Fondo tiene
dentro de sus funciones, reconocer la pensión gracia, de jubilación, post mortem, de retiro
por vejez, de invalidez y la sustitución pensional.
Ahora bien, en la misma ley mencionada, se determinó que a los docentes afiliados a
dicho Fondo se les aplicaría el mismo régimen pensional de los empleados del sector
público nacional. Así lo prescribe, el artículo 15 literal b) de la Ley 91 de 1989 según el
cual” para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1 de enero de 1990, cuando
se cumplan los requisitos de Ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación
equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional”. (Subrayado fuera de texto).
En ese orden, aunque si bien es cierto que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 determinó
que la pensión ordinaria de jubilación de los docentes corresponderá al equivalente al
75% del salario mensual promedio del último año de servicios, también lo es que, no
especificó los requisitos de reconocimiento de la prestación, y por ello, remite al régimen
vigente para los pensionados del sector público nacional. Ahora bien, ese régimen
atendiendo a la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado 9,
corresponde al consagrado para el sector público en la Ley 33 de 1985, esto teniendo en
cuenta que el régimen de seguridad social en materia pensional establecido en la Ley
100 de 1993 no se aplica a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, por expreso mandato del artículo 279 de esta normativa.
De acuerdo con lo anterior, el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 consagra que el empleado
oficial que sirva o haya servido 20 años continuos o discontinuos y llegue a la edad de 55
años tendrá derecho a que la respectiva Caja de Previsión le pague una pensión mensual
9 Sentencia del 20 de octubre de 2014, proferida por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado. Radicado
68001233100020110027601.
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vitalicia de jubilación equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los
aportes durante el último año de servicio. Por su parte, el artículo 3° de esta misma
disposición, modificado por el artículo 1° de la Ley 62 de 1985, indica que la base de
liquidación de los aportes estará constituida por la asignación básica, los gastos de
representación, la prima técnica, los dominicales y feriados, las horas extras, la
bonificación por servicios prestados y trabajo suplementario o realizado en jornada
nocturna o en días de descanso obligatorio. Y precisa que, en todo caso, “las pensiones
de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos
factores que hayan servido de base para calcular los aportes”.
Así las cosas, la expedición de la Ley 100 de 1993, no varió las condiciones de como se
venían reconociendo las pensiones para el sector docente, puesto que como dicho
gremio estaba exceptuado, se les seguía aplicando las condiciones fijadas, en las ya
mencionada Ley 91 de 1989 en concordancia con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y
27 del Decreto 3135 de 1968, este último derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de
1985.
Esta realidad cambió con la expedición de la Ley 812 de 2003 “Por la cual se aprueba el
Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario", puesto que a
través del artículo 8110introdujo importantes cambios en el régimen de los docentes
oficiales, con el fin de incorporar a este sector al sistema de seguridad en pensiones
regulado por la Ley 100 de 1993.
En efecto, el artículo 81 en cita, determinó que el régimen de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales que se encontraban vinculados al servicio público educativo
oficial sería «[…] el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con
anterioridad a la entrada en vigencia de [esa] ley»; sin embargo, en seguida reguló que
los docentes oficiales vinculados a partir de su entrada en vigor (27 de junio de 2003),
deben ser afiliados al Fomag y tendrán los derechos del régimen pensional de prima
media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, «con los requisitos previstos
en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres
y mujeres».
10 Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 2341 de 2003, Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 3752
de 2003.
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El Acto Legislativo 01 de 2005, por medio del cual se reformó el artículo 48 de la
Constitución Política, ratificó el alcance del art. 81 de la Ley 812 de 2003 en relación con
el régimen docente. En el parágrafo transitorio núm.1o dispuso que “El régimen pensional
de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el
artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la
vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes
del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003”.
La Sección Segunda del Consejo de Estado, en el marco del anunciado cambio
legislativo, profirió la Sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 201911,
en la cual estableció que para definir el régimen pensional que regula el derecho a la
pensión de jubilación y/o vejez para los docentes nacionales, nacionalizados o
territoriales, es necesario tomar como punto de partida la fecha de ingreso al servicio
educativo oficial docente. En esos términos quedó explicado en la citada sentencia:
«[…]
I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para
los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio
público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003.
II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se
vincularon a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos
docentes, también afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho
régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y
mujeres».
De acuerdo con estas interpretación, la Sección Segunda concluyó que para quienes se
hayan vinculado al servicio público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigor
de la Ley 812 de 2003, lo cual ocurrió el 27 de junio del mismo año 12 la liquidación de la
pensión ordinaria de jubilación sería la que corresponde “al mismo régimen de pensión
ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley
33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta solo aquellos sobre los que se
hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de
1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
11 Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino Cortés.
12 Diario Oficial No. 45.231, de 27 de junio de 2003.
10
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Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional
mencionado artículo”13.
Ahora bien, para los docentes que ingresaron al servicio educativo a partir de la Ley 812
de 2003, en el mismo fallo se dispuso lo siguiente:
«[…] 68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y
son beneficiarios del régimen pensional de prima media en las condiciones previstas en la
Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo en lo que tiene que ver con la edad, la que, según el
artículo 81 de la citada Ley 812 de 2003 se unificó para hombres y mujeres en 57 años 14. Esto
quiere decir, que para el ingreso base de liquidación de este grupo de docentes debe tenerse
en cuenta lo previsto en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.
69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de pensiones y
no la regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que se deben incluir en el ingreso
base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron
las respectivas cotizaciones […]».
En resumen, a los docentes vinculados antes del 27 de junio de 2003 se les aplicaran las
leyes 91 de 1989 y 33 de 1985. Requisito de edad: 55 años. Requisito de tiempo o
semanas: 20 años de servicio. Monto: 75%.con un IBL o Componente temporal: del último
año anterior a la adquisición del derecho a la pensión, en consideración de la
compatibilidad del ejercicio de la docencia con el goce de la pensión de jubilación prevista
por el art. 5º de la Ley 224 de 1972; o último año de prestación de servicios, según
corresponda.
En contraste, a los docentes vinculados a partir del 27 de junio de 2003, se les aplicará
la Ley 100 de 1993 y Ley 797 de 2003. Requisito de edad: 57 años. Requisito de tiempo
de servicios: según corresponda de acuerdo con el artículo 33 de la Ley 100 de 1993.
Monto: el que resulte de aplicar las reglas previstas en el artículo 34 de la Ley 100 de
1993, según corresponda en el tiempo y con IBL o componente temporal de los últimos
10 años o toda la vida laboral, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.
De acuerdo con lo anterior, el régimen de los docentes vinculados con antelación a la
promulgación de la Ley 812 de 2003, es el previsto en la Ley 91 de 1989 que, a su vez,
remite al «[…] régimen vigente para los pensionados del sector público nacional»,
contenido en los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este
último derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.
13 0937-2017. MP CésarPalomino Cortés.
14 La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y derogó el artículo 3 del Decreto
3752 de 2003.
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Es importante destacar, aunque parezca de Perogrullo que, el régimen de los
pensionados del sector público nacional, consagrado en la Ley 33 de 1985, solo permite
sumar los tiempos públicos servidos al sector oficial.
2.1.3. La Ley 71 de 1988- Finalidad y alcance
Antes de la expedición de la Ley 71 de 1988, no era posible que los trabajadores del
sector público y del sector privado sumaran el tiempo servido en los dos sectores para
efectos de obtener su derecho pensional, esto traía como consecuencia que unos y otros
no logran en varias oportunidades completar el tiempo para acceder a dicha prestación.
A través de esta, el legislador buscó dar solución a esta contingencia consagrando la
“pensión de jubilación por acumulación de aportes”, según el artículo 7º de esta
disposición, como aquella que se obtiene sumando los tiempos de cotización en el sector
público y privado. De acuerdo con ello, a partir de esta normatividad, los empleados
oficiales y públicos y los trabajadores particulares que acrediten, 55 años si es mujer y
60 años si es varón, y 20 años de aportes sufragados en cualquier tiempo en una o varias
entidades de previsión social o de las que hagan sus veces, con los efectuados ante el
I.S.S., tendrán derecho a acceder a la prestación jubilatoria mediante la acumulación de
aportes y cotizaciones derivados de la relación contractual particular u oficial y la legal y
reglamentaria.
52. Es importante mencionar que el nacimiento en el ordenamiento jurídico de la Ley 71
de 1988, no produjo ninguna modificación en los regímenes ordinarios de pensión que
existían hasta ese momento. Así quedó claramente señalado en el artículo 11º de la
misma Ley 71 en el que se indicó que "esta ley y las leyes 33 de 1973, 12 de 1975, 4a.
de 1976, 44 de 1980, 33 de 1985, 113 de 1985 y sus decretos reglamentarios, contienen
los derechos mínimos en materia de pensiones y sustituciones pensionales y se aplicarán
en favor de los afiliados de cualquier naturaleza de las entidades de previsión social, del
sector público en todos sus niveles y de las normas aplicables a las entidades de
previsión social del sector privado, lo mismo que a las personas naturales y jurídicas que
reconozcan y paguen pensiones de jubilación, vejez e invalidez".
La Corte Constitucional en la Sentencia C-012 de 1994, puso de presente que con
anterioridad a la Ley 71 de 1998 “los regímenes jurídicos sobre pensiones no permitían
obtener el derecho a la pensión de jubilación acumulando el tiempo servido en entidades
oficiales, afiliadas a instituciones de previsión social oficiales y a las cuales se habían
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hecho aportes, con el tiempo servido a patronos particulares, afiliados al Instituto
Colombiano de los Seguros Sociales, y al cual, igualmente se había aportado, aun
cuando si era procedente obtener el derecho a la pensión acumulando el tiempo servido
a diferentes entidades oficiales, cuando se hubieren hecho aportes a diferentes entidades
de previsión social oficial o al ISS".
En el contexto descrito, el establecimiento de la pensión de jubilación por aportes se
convirtió en una garantía para los empleados oficiales y públicos y los trabajadores
particulares, de sumar todas las cotizaciones realizadas en su historia laboral,
independientemente de si estas tuvieron origen en el sector público o privado, para cubrir
su riesgo de vejez.
La Sección Segunda, también se ha pronunciado sobre las implicaciones que ha tenido
la expedición de la Ley 71 de 1998 al consagrar la pensión por aportes. Sobre dicha
prestación, esta Corporación15 también se ha pronunciado de la siguiente manera:
«[…] En el modelo de prestaciones sociales y de seguridad social anterior a la Constitución
de 1991 y la Ley 100 de 1993, el sistema pensional aplicable a los trabajadores del sector
privado era diferente al aplicable a los servidores públicos, al punto de que por regla general
no era posible, para efectos de la pensión, sumar el tiempo servido en una u otra calidad de
vínculo laboral. Para remediar esta situación el Congreso expidió la Ley 71 de 1988, la cual,
en su artículo 7 de la Ley 71 de 1988 consagró la denominada “pensión de jubilación por
acumulación de aportes”, es decir, aquella que se obtiene sumando los tiempos de
cotización y de servicios en el sector público y en el privado.»
De acuerdo con todo lo dicho, la pensión por aportes representó la oportunidad para
empleados públicos y privados de sumar sus aportes para efectos pensionales.
2.1.4. Aplicación de la pensión por aportes regulada por la Ley 71 de 1988, a los
docentes vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003.
Aunque en oportunidades anteriores, el suscrito ponente de esta decisión había salvado
el voto en asuntos como el que se discute en esta ocasión, a partir de la sentencia del 30
de enero del 2023 acompaño la posición mayoritaria de la Sala, en la que se determinó
que la Ley 71 de 1988 si era aplicable a los docentes estatales.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección B; sentencia de 9 de junio de 2011; expediente: 25000-23-25-000-2005-
05520-01(1117-09); consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve.
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Ciertamente, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, llegó a la
mencionada conclusión al interpretar la Ley 71 de 1988, de conformidad con lo previsto
en los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989.
La Sala expresó en esta oportunidad varios razonamientos que dan lugar a esta
interpretación. En síntesis, estos fueron los siguientes:
En primer lugar, el legislador tuvo la intención al establecer en el numeral 2, literal b), del
artículo 15 de la Ley 91 de 1989 que los docentes «gozarán del régimen vigente para los
pensionados del sector público nacional» lo que significa que dicha expresión también
incluye que puedan ser beneficiarios de la Ley 71 de 1988 puesto que esta normativa
está dirigida a todos los empleados públicos en general, sin hacer exclusión expresa de
algún sector.
En segundo lugar, interpretar que el artículo 15.2 literal b), de la Ley 91 de 1989 no
remitió también al 7 de la Ley 71 de 1988 implicaría aceptar que los docentes no hacen
parte de la categoría de «empleados oficiales» 16 a los que esta última norma gobierna.
Tal entendimiento conllevaría a aseverar, sin ser cierto, (i) que esta última ley no contiene
un régimen pensional aplicable a los empleados «del sector público nacional» cuando
los cobija a todos; y (ii) que la Ley 33 de 1985 es la única aplicable a esta clase de
trabajadores, cuando no es así.
En tercer lugar, la Ley 71 de 1988, fijó unos derechos pensionales que no pueden ser
desconocidos a ningún servidor público o trabajador privado. En efecto, en su artículo
11, analizado antes en esta providencia y que debe ser interpretado de manera
sistemática con el 7 por ser parte de un mismo texto legal y referirse a igual materia,
determinó que su contenido y las disposiciones que quedaron vigentes de las leyes 4 de
1976, 33 de 1973, 12 de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985, junto con la Ley 33 de 1985,
comprenden los «derechos mínimos» en materia de pensiones y sustituciones
pensionales aplicables «al sector público en general y en todos los niveles».
En cuarto lugar, no hay un mandato legal que disponga que los docentes oficiales deben
ejercer durante toda su vida laboral la enseñanza en el sector público para que se les
aplique el numeral 2 literal b), del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, esto es, para tener
derecho a pensionarse con las normas del régimen pensional de los empleados del
sector público nacional. En efecto, el numeral referido trae como única condición la de
ser docente oficial nacional o nacionalizado vinculado a partir del 1.° de enero de 1981 o
del 1.° de enero de 1990. En ninguno de sus apartes exige que deba ejercerse durante
un determinado tiempo la docencia oficial.
16 El Decreto 2277 de 1979 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente» los clasificó en su artículo 3
como «empleados oficiales de régimen especial».
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En quinto lugar, si bien la Ley 33 de 1985 en su artículo 1 dispuso que quedaban cobijados
por sus reglas todos los empleados públicos salvo «los empleados oficiales que trabajan
en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya
determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de
pensiones», lo cierto es que tal enunciado normativo que establece una excepción tan
estricta no implica que a los docentes no los pueda gobernar otra norma en temas
pensionales porque las leyes 71 de 1988 y 91 de 1989 se expidieron con posterioridad.
Para la Sala, los argumentos expuestos en esta oportunidad, no solo ofrecen una
interpretación sistemática de las normas que regulan el régimen docente, sino además
de ello, corresponden a una interpretación que materializa el principio de favorabilidad en
materia laboral consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política. Ciertamente,
considerar que la denominada pensión por aportes creada por la Ley 71 de 1988, es
aplicable a los docentes oficiales, conlleva a la obligación de optar por la situación más
favorable al empleado, incluso cuando de la norma surjan varias interpretaciones
posibles, como en el presente, en donde respecto al numeral 2, literal b), del artículo 15
de la Ley 91 de 1989 en donde se afirma que los docentes «gozarán del régimen vigente
para los pensionados del sector público nacional» podría acogerse una primera
interpretación que los excluye, porque expresamente no se mencionó la Ley 71 de 1988,
y una segunda, que si los incluye, bajo la idea que los docentes como empleados públicos
también pueden acceder al régimen pensional por aportes señalado en la pluricitada Ley
71 de 1988, postura que fue expuesta por la Sala.
De igual manera, esta posición, también encuentra sustento en una interpretación
finalista de la Ley 71 de 1988 que como se expuso en párrafos precedentes, tenía como
objetivo que cualquier empleado del sector público o privado, contara con la posibilidad
de sumar sus cotizaciones, sin importar el origen del sector en donde éstas fueron
causadas, en tal sentido, considerar que los docentes no tienen derecho a sumar sus
aportes a la luz de dicha normativa, trae como consecuencia, una transgresión al derecho
a la igualdad de este sector de la población, puesto que mientras el art. 7º de la Ley 71
de 1988 permite que accedan a la pensión por aportes todos los empleados públicos,
oficiales y los trabajadores privados, una interpretación restrictiva los excluiría, y con ello
se crea una barrera de acceso al derecho a la pensión de aquellos que no puedan
obtenerla sumando únicamente los tiempos públicos.
Ciertamente aplicar una interpretación favorable, según la cual los docentes también
puedan acumular las semanas sin importar que cambien de empleador, permite sin duda
que se materialice el derecho fundamental a percibir una pensión de vejes, que solamente
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tiene origen en el trabajo continuado del trabajador que espera en algún momento recibir
el ahorro que ha guardado para disfrutar de un descanso remunerado y en condiciones
dignas.
2.1.5. Marco Normativo para reconocer el pago de la pensión de jubilación por
aportes.
Bajo el contexto que se ha descrito, los docentes tienen derecho a que se aplique la Ley
71 de 1988, siempre y cuando se hayan vinculado al ejercicio docente público oficial con
anterioridad al 27 de junio de 2003, fecha en la que entró en vigencia la Ley 812 del
mismo año. Cumplida esta condición, y en el evento en que los docentes hayan prestado
sus servicios en entidades públicas y privadas, podrán acceder al reconocimiento de la
pensión por aportes, de acuerdo a lo requisitos establecidos en el artículo 7º de dicha
normativa, que dispone lo siguiente:
«Artículo 7. A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y
trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier
tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan
sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o
distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de
jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y
cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer.
El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el reconocimiento
y pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que correspondan a las
entidades involucradas».
Esta disposición, fue reglamentada por el Decreto 2709 del 13 de diciembre de 1994, de
la siguiente manera:
«Artículo 1°. Pensión de jubilación por aportes. La pensión que se refiere el artículo 7o. de la
Ley 71 de 1988, se denomina pensión de jubilación por aportes.
Tendrán derecho a la pensión de jubilación por aportes quienes al cumplir 60 años o más de
edad si es varón, o 55 años o más si se es mujer, acrediten en cualquier tiempo, 20 años o
más de cotizaciones o aportes continuos o discontinuos en el Instituto de Seguros Sociales y
en una o varias de las entidades de previsión social del sector público.
Artículo 2°. Efectividad y pago de la pensión de jubilación por aportes. La pensión de jubilación
por aportes, para los servidores públicos se hará efectiva una vez se retiren del servicio. Para
los demás trabajadores, se requiere la desafiliación de los seguros de invalidez, vejez o
muerte y accidente de trabajo y enfermedad profesional, salvo las excepciones previstas en
la ley.
Artículo 3°. Incompatibilidad de la pensión de jubilación por aportes. La pensión de jubilación
por aportes es incompatible con las pensiones de jubilación, invalidez, vejez y retiro por vejez.
El empleado o trabajador podrá optar por la más favorable cuando haya concurrencia entre
ellas.
Artículo 4°. Entidad de previsión. Para efectos de la pensión de jubilación por aportes, se
tendrá como entidad de previsión social a cualquiera de las cajas de previsión social, fondos
16
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de previsión, o las que hagan sus veces del orden nacional, departamental, intendencial,
comisarial, municipal o distrital y al Instituto de los Seguros Sociales.
[…]
Artículo 6º. Salario base para la liquidación de la pensión de jubilación por aportes. El salario
base para la liquidación de esta pensión, será el salario promedio que sirvió de base para los
aportes durante el último año de servicios, salvo las excepciones contenidas en la ley.
Si la entidad de previsión es el ISS se tendrá en cuenta el promedio del salario base sobre el
cual se efectuaron los aportes durante el último año y dicho instituto deberá certificar lo
pagado por los citados conceptos durante el período correspondiente.
Artículo 8o. Monto de la pensión de jubilación por aportes. El monto de la pensión de jubilación
por aportes será equivalente al 75 % del salario base de liquidación. El valor de la pensión de
jubilación por aportes, no podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente ni superior
a quince (15) veces dicho salario, salvo lo previsto en la ley».
Siguiendo el tenor literal de las normas transcritas, para tener derecho a una pensión de
jubilación, bajo la Ley 71 de 1988, se requiere que los empleados oficiales y trabajadores
cumplan los siguientes requisitos: 1) que acumulen 20 años continuos o discontinuos
cotizados en una o varias entidades de previsión de cualquier orden y en el ISS (hoy
Colpensiones); 2) que cumplan la edad de 55 años si es mujer y 60 si es hombre.
De otra parte, en lo que se refiere al monto que se tiene en cuenta para liquidar esta
pensión de jubilación por aportes, este corresponde al 75% del salario promedio base
para los aportes durante el último año de servicios.
2.2 Hechos probados. A continuación, procede la Sala a analizar las particularidades
del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que rige la materia. En ese
sentido, en atención al material probatorio traído al plenario y de conformidad con los
hechos constatados por esta Corporación, se destaca:
a) Según registro civil y cédula de ciudadanía, la señora Teresa de Jesús Martínez Cossio
nació 9 de agosto de 1960.
b) Copia de los «FORMATO UNICO PARA LA EXPEDICION DE CERTIFICADO DE
HISTORIA LABORAL» expedido el 12 de marzo de 2019 por el Fomag, con los cuales
se precisa la situación laboral de la accionante:
Secretaría de Educación Municipal de Barrancabermeja
• Cargo: docente
• Régimen de pensiones: municipal
• Nivel: Prescolar y primaria
• Grado de escalafón: 2A
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• Tipo de nombramiento: provisionalidad y propiedad
• Activo: no
Historia laboral:
Hasta
Novedad Entidad / Plantel educativo Acto administrativo Desde
Sin
Resolución 740 de 11 Sin especificar
especificar- Colegio Agropecuario La Fortuna Sin especificar
de agosto de 2008
Provisionalidad
Ingreso y
Resolución 740 de 11 28 de septiembre Sin especificar
reingreso - Colegio Agropecuario La Fortuna
de agosto de 2008 de 2008
Provisionalidad
Ingreso y
Instituto Técnico en Resolución 1242 de 3 3 de agosto de Sin especificar
reingreso -
Comunicación Barrancabermeja de agosto de 2009 2009
Provisionalidad
Ingreso y Resolución No. 1719
13 de octubre de
reingreso - Técnico Superior de Comercio de 13 de octubre de Sin especificar
2009
Provisionalidad 2009
Ingreso y
Resolución 875 de 12 13 de julio de
reingreso - General Córdoba Sin especificar
de julio de 2010 2010
Provisionalidad
Ingreso y
Resolución 2469 de 1 1 de noviembre
reingreso - Diego Hernández de Gallego Sin especificar
de noviembre de 2010 de 2010
Provisionalidad
Sin
Resolución 0168 de 21
especificar- Sede José Prudencio Padilla Sin especificar Sin especificar
de febrero de 2011
Provisionalidad
Sin
Sede Principal José Antonio Resolución 0090 de 30
especificar- Sin especificar Sin especificar
Galán de enero de 2012
Provisionalidad
Sin
Sede Principal José Antonio Resolución 0584 de 12
especificar- Sin especificar Sin especificar
Galán de abril de 2012
Provisionalidad
Ingreso y Sin especificar
Resolución 0151 de 22 24 de enero de
reingreso - Sede Campo 16
de enero de 2014 2014
Provisionalidad
Ingreso y Sin especificar
Resolución 0473 de 25 12 de marzo de
reingreso - Sede Manuela Beltrán
de marzo de 2014 2014
Provisionalidad
Ingreso y Sin especificar
Resolución 0859 de 4
reingreso - Sede Manuela Beltrán 7 de julio de 2014
de julio de 2014
Provisionalidad
Ingreso y Sin especificar
Resolución 1060 de 13 13 de agosto de
reingreso - Sede Manuela Beltrán
de agosto de 2014 2014
Provisionalidad
Ingreso y Sin especificar
Resolución 1222 de 31 4 de agosto de
reingreso - Sede Principal Real de Mares
de julio de 2015 2015
Provisionalidad
Ingreso y Sin especificar
Resolución 1433 de 2 20 de agosto de
reingreso - Sede Principal Real de Mares
de septiembre de 2015 2015
Provisionalidad
Ingreso y Sin especificar
Resolución 0426 de 12 13 de abril de
reingreso - Sede Central Integrada
de abril de 2016 2016
Provisionalidad
Ingreso y Sin especificar
Resolución 0663 de 6 7 de mayo de
reingreso - Sede Central Integrada
de mayo de 2016 2016
Provisionalidad
Ingreso y Sin especificar
Resolución 0817 de 16 16 de junio de
reingreso - Sede Central Integrada
de junio de 2016 2016
Provisionalidad
Ingreso y Sin especificar
Resolución 1020 de 21 25 de julio de
reingreso - Sede Central Integrada
de julio de 2016 2016
Provisionalidad
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Ingreso y Sin especificar
Resolución 1190 de 9 11 de agosto de
reingreso - Sede Mi Granjita
de agosto de 2016 2016
Provisionalidad
Ingreso y Sin especificar
Resolución 1278 de 29 29 de agosto de
reingreso - Sede La Paz
de agosto de 2016 2016
Provisionalidad
Sin Sin especificar
Resolución 0057 de 16
especificar- Sede La Independencia Sin especificar
de enero de 2018
Provisionalidad
Que los aportes pensionales se efectuaron al fondo del magisterio desde el año 2008.
c) Resumen de semanas cotizadas a Colpensiones, actualizado a 19 de enero de 2019,
con aportes desde el 30 de septiembre de 1982 hasta el 31 de octubre de 2010, así:
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d) «FORMATO ÚNICO PARA LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE SALARIOS»
expedido el 28 de enero de 2019 por el Fomag, el cual da cuenta de la asignación básica
y demás factores salariales pagados por la Secretaría de Educación Municipal de
Barrancabermeja, a favor demandante, desde el 28 de septiembre de 2008 hasta el 31
de diciembre de 2018, como docente de básica primaria, nombrada en provisionalidad y
con régimen de pensiones municipal.
d) Resolución No. 1788 del 18 de octubre de 2018 emanada de la Secretaría de
Educación Municipal del Municipio de Barrancabermeja (Santander), por medio de la cual
se reconoce una pensión de vejez a la demandante, en los términos de la Ley 100 de
1993, con efectividad a partir del 7 de agosto de 2018 por sus servicios prestados como
docente de vinculación municipal/situado fiscal y la cual está distribuida para su
reconocimiento en un 79,5% a cargo de Colpensiones y el 20,5% a cargo del Fomag (en
cabeza de la Fiduprevisora S.A.)
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2.3 Caso concreto
La señora Teresa de Jesús Martínez Cossio acude en sede de nulidad y restablecimiento
del derecho para solicitar el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes, con
el 75% de los factores salariales devengados en el año anterior a la adquisición del
estatus pensional.
El Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda, al estimar
que a la actora no le es aplicable las prerrogativas de la Ley 71 de 1988 comoquiera que
al momento de entrar en vigor la Ley 100 de 1993, 1 de abril de 1994, no acreditaba la
edad mínima ni el tiempo de cotización requerido, para ser beneficiaria del régimen de
transición previsto en el artículo 36 ibidem.
También es del caso decir que el a-quo sustentó su negativa, atendiendo a que la primera
vinculación de la demandante a la docencia oficial y consecuentes aportes al FOMAG,
datan del 28 de septiembre de 2008, es decir, con posterioridad a la entrada en vigencia
de la Ley 812 de 2003.
La demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, por cuanto el
a quo aplicó un régimen pensional que no corresponde, pues tratándose de los docentes
estatales deben ser los contemplados en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de
1994, existiendo la posibilidad de aplicar la Ley 71 de 1988 por la vía de la Ley 91 de
1989.
Agregó a la impugnación que la docente estuvo vinculada mediante contratos de
prestación de servicios con la Secretaría de Educación Municipal de Santander desde el
11 de junio de 2002, los cuales no fueron tachados de falsos dentro del proceso.
De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que la demandante nació el 9
de agosto de 1960 y prestó sus servicios de la siguiente manera:
Tiempo en Entidad de
Empleador Lapso
semanas previsión social
ISS, hoy
Sector privado 30 de septiembre de 1982 a 11 1155,00 Colpensiones
de julio de 2010
Municipio de
Barrancabermeja – 297,57 Fomag
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Secretaría de Educación 19 de agosto de 200817 a 6 de
Municipal (Docente) agosto de 2017
Total tiempo de servicio 1.452,57 semanas
Asimismo, mediante Resolución No. 1788 del 18 de octubre de 2018, la Secretaría de
Educación Municipal de Barrancabermeja, reconoce una pensión de vejez a la
demandante, en los términos de la Ley 100 de 1993, a partir del 7 de agosto de 2018 y
con el pago supeditado al retiro definitivo del servicio.
En este punto es necesario resaltar que, en el recurso de alzada presentado por la parte
demandante, esta alegó que a la fecha de presentación del recurso, se encontraba
vinculada al servicio de la docencia oficial y cotizando al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, en atención a los contratos de prestación de servicios que ha
suscrito con la Secretaría de Educación de Santander, desde el 11 de junio de 2002 y
que además de haber sido allegados al proceso, no fueron tachados de falsos dentro del
mismo. Por lo tanto, debe tenerse en cuenta que la demandante prestó sus servicios
como docente para el departamento de Santander y el Municipio de Barrancabermeja
desde el año 2002.
No obstante, si bien se advierte que en los alegatos de conclusión allegados en el trámite
de primera instancia, se hace referencia a un periodo de aportes del 11 de junio de 2002
al 29 de junio de 2002, en atención a una OPS (orden de prestación de servicios), no
puede perderse de vista que ese lapso de supuesta vinculación que pretende hacer valer
el extremo activo, no fue referido en ningún acápite de la demanda ni en los alegatos de
conclusión, como un periodo laboral al servicio de la docencia oficial y mucho menos si
fue con la Secretaría de Educación Municipal de Barrancabermeja o el departamento de
Santander que pretendía hacer valer para la prosperidad de sus pretensiones.
Aunado a lo anterior, de una revisión exhaustiva a los documentos enunciados y
aportados como pruebas por la parte activa dentro todo el trámite de primera instancia18,
se puede corroborar que los contratos de prestación de servicios no fueron mencionados
y mucho menos allegados al proceso, como indicó la parte demandante. Tampoco los
agregó o solicitó como pruebas en segunda instancia.
En este orden de ideas, la situación pensional de la accionante se rige por las Leyes 100
17
Con unos lapsos discontinuos, arrojados en la historia laboral.
18 En la demanda se advierte en el acápite de pruebas lo siguiente: VI PRUEBAS, anexo registro civil de nacimiento de mi
representada, para demostrar la edad de cincuenta y cinco (55) años. Anexo certificado de aportes al ISS hoy Colpensiones, Anexo
certificado de tiempo de servicio oficial, para demostrar los años de servicio al estado como docente nacional. Anexo certificado de
salarios (status de pensionada), fotocopia de la cédula de ciudadanía.
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de 1993 y 797 de 2003, tal como se dispuso en la Resolución 1788 del 18 de octubre de
2018 que reconoció la prestación por vejez de la demandante, dado que su ingreso al
servicio educativo oficial ocurrió con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003 (agosto de 2008); sin embargo, esta normativa no despojó a los docentes de la
posibilidad de acudir a otros regímenes anteriores que les resulte más favorables, desde
luego, siempre que acrediten que son beneficiarios de la transición de que trata el artículo
36 de la Ley 100 de 1993.
Por tanto, con el ánimo de desatar la cuestión litigiosa, lo primero que ha de advertirse
es que la demandante no está amparada por el régimen de transición previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, puesto que para el 30 de junio de 199519 tenía 34 años
de edad y contaba con menos de 10 años cotizados ante el ISS hoy Colpensiones, por
lo que no le asiste el derecho a la pensión de jubilación por aportes de conformidad con
la Ley 71 de 1988.
Así las cosas, dado que la demandante no es beneficiaria del régimen de transición del
precitado artículo 36 y se vinculó al servicio oficial docente con posterioridad a la entrada
en vigor de la Ley 812 de 2003, pese a que su afiliación la asume el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, en materia pensional le son aplicables las normas
contenidas en la Ley 100 de 1993, junto con las modificaciones introducidas por la Ley
797 de 2003, tal como lo estableció el acto administrativo demandado.
Y si bien es viable acudir a la Ley 71 de 1988 por el régimen de transición del artículo 81
de la Ley 812 de 2003, este escenario solo era viable en la medida en que se hubiere
acreditado alguna vinculación de tipo legal y reglamentaria o contractual, lo cual no se
acreditó en el plenario según se advirtió en precedencia.
En atención a los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los elementos
de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo con las reglas de la
sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, se confirmará la sentencia de primera
instancia, que negó las súplicas de la demanda.
2.4 Condena en costas.
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Según el artículo 151 (parágrafo) de la Ley 100 de 1993, «El Sistema General de Pensiones para los servidores públicos del nivel
departamental, municipal y distrital, entrará a regir a más tardar el 30 de junio de 1.995, en la fecha que así lo determine la respectiva
autoridad gubernamental»
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Nº Interno: 2666-2023
Demandante: Teresa de Jesús Martínez Cossio
Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional
No habrá lugar a la condena en costas, ya que no se cumplen los presupuestos exigidos
por el artículo 188 del CPACA, pues esta Sala ha sostenido que dichas normas otorgan
al juez la facultad de valorar la procedencia de las costas, lo cual implica examinar la
actuación procesal de la parte vencida, verificar con certeza su causación y constatar que
la conducta desplegada revele temeridad o mala fe. No es suficiente el simple resultado
adverso del proceso.
En esos términos, en el caso concreto, tras revisar la actuación de las partes a lo largo
del proceso, no se evidencia temeridad ni mala fe. Por lo tanto, se revocará la condena
impuesta en primera instancia y se abstendrá de imponerlas en esta sede.
III. DECISIÓN
En atención a lo anterior, la Sala confirmará la sentencia del Tribunal Administrativo de
Santander, que negó a las pretensiones de la demanda, salvo la condena en costas.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia del nueve (9) de febrero de dos mil veintitrés
(2023) proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó las pretensiones
de la demanda en el proceso instaurado por la señora Teresa de Jesús Martínez Cossio
contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (Fomag), salvo la condena en costas que se revoca.
SEGUNDO. - Sin condena en costas en ninguna de las instancias.
TERCERO. - Por Secretaría, devolver el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
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Nº Interno: 2666-2023
Demandante: Teresa de Jesús Martínez Cossio
Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto Cfr. Rad. AV
05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024)
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del
CPACA.
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