Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2013-00416-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2013-00416-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 13001-23-33-000-2013-00416-02
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
10 de abril de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D.C., diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 13001-23-33-000-2013-00416-02 (3120-2023)
Demandante: Amanda Patricia Fonseca Arango
Demandado: Departamento de Bolívar – E.S.E. Hospital Regional de
Bolívar en Liquidación
Medio de control Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 2080 de 2021
Tema: Sanción moratoria por pago tardío de cesantías. Ley 244
de 1995, adicionada y modificada por la Ley 1071 de 2006-
Prescripción
Decisión: Decide recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 29 de abril de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que
negó las pretensiones de la demanda por prescripción de la sanción moratoria.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda.
1.1. Pretensiones.
La señora Amanda Patricia Fonseca Arango, por intermedio de apoderado judicial, acudió
a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar la nulidad del acto ficto surgido de la
no contestación de la petición formulada el 18 de septiembre de 2009, por la cual solicitó
el reconocimiento y pago del valor que resulte por concepto de sanción moratoria por
cada día de retardo en el pago de las cesantías definitivas
A título de restablecimiento del derecho, pidió que se condene al Departamento de
Bolívar – E.S.E. Hospital Regional de Bolívar en Liquidación, al reconocimiento y pago
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Nº Interno: 3120-2023
Demandante: Amanda Patricia Fonseca Arango
Demandado: E.S.E. Hospital Regional de Bolívar liquidado
de la aludida sanción; que se cumpla la sentencia en los términos del artículo 192 de la
Ley 1437 del 2011 y, al pago de los ajustes de valor a los que haya lugar.
Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:
Que mediante Resolución No. 0067 del 1 de marzo de 2008, la accionante se vinculó
como médica de la Unidad Operativa Local de la Ese Hospital Regional de Bolívar, con
asignación salarial de $1.633.335.
El 18 de junio de ese mismo año, se desvinculó de la entidad ante los incumplimientos
en el pago de sus emolumentos económicos.
Por Resolución No. 0243 del 18 de septiembre de 2008, la demandada reconoció y
ordenó el pago de las sumas correspondientes a los salarios y prestaciones sociales
adeudadas, sin embargo, nunca fueron sufragadas.
La accionante formuló solicitud encaminada, además del reconocimiento de los derechos
salariales y prestacionales adeudados, al reconocimiento de la sanción moratoria, pero
nunca fue resuelta por la ESE Hospital Regional de Bolívar, generando así el acto ficto
que fue demandado.
Culmina que para el momento de presentación de la demanda no había sufragado el
valor de las cesantías.
1.2. Normas violadas y concepto de violación.
Los artículos 2, 11, 13, 25, 48, 53 y 58 de la Constitución Nacional.
El artículo 17 de la Ley 65 de 1945.
El artículo 1 del Decreto 2567 de 1946.
El artículo 1 del Decreto 1160 de 1947.
Los artículos 1 y 2 Ley 244 de 1995.
La parte demandante manifestó que, al haberse desempeñado en un cargo en la ESE
Hospital Regional de Bolívar, la cobijan todas las prestaciones propias de esa condición
que las leyes 244 de 1995 y 1071 de 1995 frente al pago de todas las prestaciones a que
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Nº Interno: 3120-2023
Demandante: Amanda Patricia Fonseca Arango
Demandado: E.S.E. Hospital Regional de Bolívar liquidado
tienen derecho los empleados públicos del orden municipal, en las que se indica que las
cesantías parciales y definitivas deben ser reconocidas 45 días hábiles siguientes a partir
de la firmeza del acto administrativo que las ordena.
2. Contestación de la demanda.
La ESE Regional de Bolívar en Liquidación, contestó la demanda y se opuso a la
prosperidad de las pretensiones, afirmó que la no era cierta configuración del silencio
administrativo pues la entidad mediante Resolución No. 0243 del 18 de septiembre de
2008 reconoció y ordenó el pago de salarios y prestaciones sociales de la demandante,
reconocimiento que debió procurar la demandante por los medios de ley pero que no
hizo.
Agregó que la acción para el cobro de la obligación principal, esto es, salarios y
prestaciones se encuentra caducada y prescrita la acción ejecutiva y que al ser la sanción
moratoria una pretensión accesoria, corre con la misma suerte.
Como excepciones propuso la que denominó: inexistencia de la obligación pretendida.
3. La sentencia de primera instancia.
El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia proferida el 29 de abril de 2022,
negó a las pretensiones de la demanda, estimó que operó el fenómeno de la prescripción,
señalando que la demandante dispuso hasta el 24 de diciembre de 2012 para presentar
la demanda, no obstante, procedió más de medio año después. No se impuso condena
en costas.
El fallo de primera instancia indicó que, conforme a las sentencias de unificación fijadas
en las sentencias CE-SUJO04 de 2016 y CE-SUJ-SII-012-2018 SUJ-012-S2 expedida el
18 de julio de 2018, su naturaleza permite entender que no puede perpetuarse de manera
indefinida en el tiempo.
Por lo tanto, la inactividad de la demandante terminó siendo sancionada, pues teniendo 3
años para interponer su medio de control, permitió el paso del tiempo más allá de lo
correspondiente.
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Nº Interno: 3120-2023
Demandante: Amanda Patricia Fonseca Arango
Demandado: E.S.E. Hospital Regional de Bolívar liquidado
4. El recurso de apelación.
La parte demandante indicó que no solo se solicitó la anulación del acto ficto negativo
surgido de ante la no respuesta a una petición donde se pretendía el reconocimiento y
pago de la sanción moratoria, sino que, a título de restablecimiento, se solicitaron también
las demás sumas de dinero adeudadas por concepto de salarios y prestaciones sociales
que tampoco fueron pagadas.
Agregó que la mora en la consignación de las cesantías definitivas se produjo por la
negligencia de la ESE HOSPITAL REGIONAL DE BOLIVAR; no siendo esto una causa
atribuible la demandante, pues considera que se encuentra probado en el proceso, que
el gerente de la demandada, expidió la resolución número 0243 del 18 de septiembre de
2008, mediante la cual, se reconoció la existencia de la obligación en cabeza de la
demandada; no obstante, nunca realizó el correspondiente pago o consignación de las
sumas reconocidas, por lo que estimó que se genera: «[…] mora en una evidente negligencia
reflejada en el incumplimiento del deber legal por parte del empleador, que se pretende usar en
su propio beneficio y en contra del empleado, en este caso, de la señora AMANDA FONSECA.»
Finalmente, indicó que el agente liquidador de la demandada, calificó y graduó las
reclamaciones presentadas contra la masa de liquidación de la ESE, pero se rechazó la
presentada por la demandante, a pesar de subsanar las falencias anotadas y aclarando
que no había operado el término de caducidad ni prescripción, pues la obligación surgió
de un acto administrativo ficto negativo, por lo que la demanda podría ser presentada en
cualquier tiempo. Por lo tanto, estimó que no era dable afirmar que la mora en el pago de
las cesantías definitivas se produjo por una causa atribuible a la demandante, ya que esta
realizó todas las acciones tendientes a perseguir el pago de salario y prestaciones
sociales adeudados con base a la resolución que ordenó su reconocimiento.
5. Trámite en segunda instancia.
En auto del 22 de marzo de 20241, el despacho sustanciador admitió el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandada y, en virtud del numeral 5 del artículo 67
de la Ley 2080 de 2021, no se corrió traslado para alegar.
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Índice 00005 de Samai
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Demandante: Amanda Patricia Fonseca Arango
Demandado: E.S.E. Hospital Regional de Bolívar liquidado
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso de
conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según el
artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)2, el juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
2. Problema jurídico
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada la Sala debe
decidir si en el presente caso operó el fenómeno jurídico de la prescripción o si, por el
contrario, es procedente ordenar el pago de la sanción moratoria a la señora Amanda
Patricia Fonseca Arango, por la presunta mora en el pago de sus cesantías definitivas.
Debe aclararse que la Sala no se pronunciará sobre los salarios y prestaciones sociales
que supuestamente tampoco fueron pagadas, comoquiera que, en el trámite de primera
instancia, se inadmitió la demanda, entre otras razones, por estimar que había una
indebida acumulación de pretensiones, luego que esa reclamación debía exigirse por vía
ejecutiva, ya que habían sido reconocidas en sede administrativa. Así, al subsanar la
demanda, esta pretensión ya no hizo parte del respectivo acápite.
Siendo consecuente con esta determinación, en la audiencia de inicial del 23 de octubre
de 2018, se fijó el litigio solo en lo pertinente a la sanción moratoria.
Aun así, la apelante insiste en un punto que no es objeto de controversia.
Por consiguiente, se reitera, por parte de la Subsección que solo nos pronunciaremos de
la sanción moratoria.
Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes aspectos:
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«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse
durante la audiencia»
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2.1. Marco normativo y jurisprudencial sobre la sanción moratoria; 2.2 Hechos probados;
2.3. Caso concreto y 2.4 Condena en costas.
2.1 Marco normativo y jurisprudencial sobre la sanción moratoria
La Ley 244 del 29 de diciembre de 1995 « por medio de la cual se fijan términos para el pago
oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras
disposiciones» señala el procedimiento para la liquidación y pago de las cesantías
definitivas de todos los servidores públicos, y en el parágrafo del artículo 2 regula la
sanción moratoria causada por el incumplimiento de la entidad pública empleadora
consistente en un día de salario por cada día de retardo hasta el pago efectivo de las
mismas3.
Esta ley fue adicionada y modificada por la Ley 1071 del 31 de julio de 2006, con el objeto
de «reglamentar el reconocimiento de cesantías definitivas o parciales a los trabajadores y servidores del
Estado, así como su oportuna cancelación» (art. 1). Igualmente, estipuló el término para la
expedición de la resolución que reconoce las cesantías y la procedencia de la sanción
moratoria, en los artículos 4 y 5 así:
Artículo 4. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la
solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios,
la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las
cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos
determinados en la ley.
Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá
informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la
solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.
Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta
en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.
Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta
y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena
la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta
prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.
Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al
beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de
las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto
en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se
demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.
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“Parágrafo. - En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará
de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas,
para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir
contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a éste”.
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Ahora bien, con el fin de establecer el momento a partir del cual se hace exigible la
sanción por mora, la mencionada sentencia de unificación del 18 de julio de 2018 estudió
las distintas hipótesis que pueden presentarse en cuanto a la forma y oportunidad del
acto de reconocimiento de la prestación (acto ficto o expreso oportuno o extemporáneo),
la notificación, interposición de recursos y términos de ejecutoria de dicha actuación, y
determinó las siguientes reglas jurisprudenciales4:
SEGUNDO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de Estado para
señalar en cuanto a la exigibilidad de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías,
las siguientes reglas:
i) En el evento en que el acto que reconoce las cesantías definitivas y parciales se expida por
fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria corre 70 días hábiles
después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que corresponde a: i) 15 días para
expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago.
ii) Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser notificado al
interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se verifica la notificación,
iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el acto no fue notificado, para determinar
cuándo corre la ejecutoria, deberá considerarse el término dispuesto en la ley5 para que la
entidad intentará notificarlo personalmente, esto es, 5 días para citar al peticionario a recibir
la notificación, 5 días para esperar que compareciera, 1 para entregarle el aviso, y 1 más para
perfeccionar el enteramiento por este medio. Por su parte, cuando el peticionario renuncia a
los términos de notificación y de ejecutoria, el acto adquiere firmeza a partir del día que así lo
manifieste. En ninguno de estos casos, los términos de notificación correrán en contra del
empleador como computables para sanción moratoria.
iii) Cuando se interpone recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique el acto
que lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el pago de la cesantía, correrán
pasados 15 días de interpuesto.
Por último, la citada sentencia de unificación también sentó jurisprudencia en cuanto al
salario de liquidación de la sanción moratoria y la imposibilidad de indexar esa base (sin
perjuicio de la actualización de la respectiva condena):
TERCERO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de Estado para
señalar que, en tratándose de cesantías definitivas, el salario base para calcular la sanción
moratoria será la asignación básica vigente en la fecha en que se produjo el retiro del servicio
del servidor público; a diferencia de las cesantías parciales, donde se deberá tener en cuenta
para el mismo efecto la asignación básica vigente al momento de la causación de la mora sin
que varíe por la prolongación en el tiempo.
CUARTO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de Estado para
señalar que es improcedente la indexación de la sanción moratoria por pago tardío de las
cesantías. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA .
4
La Sección Segunda consideró que “en el evento en que la administración no resuelva la solicitud de la prestación social –cesantías
parciales o definitivas- o lo haga de manera tardía, el término para el cómputo de la sanción moratoria iniciará a partir de la radicación
de la petición correspondiente, de manera que se contarán 15 días hábiles para la expedición del acto administrativo de
reconocimiento (Art. 4 L. 1071/2006), 10 del término de ejecutoria de la decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley 1437 de 2011) [5 días si la
petición se presentó en vigencia del Código Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 1984, artículo 51], y 45 días hábiles a partir
del día en que quedó en firme la resolución”.
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Artículo 69 CPACA.
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Ahora, resulta relevante destacar que en sentencia de unificación SUJ-034-CE-S2-2023
del 2 de noviembre de 2023, esta Corporación respecto de la prescripción de la sanción
moratoria por el pago inoportuno o no pago de cesantías, expuso:
PRIMERO: UNIFICAR la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado para
señalar en cuanto a la prescripción de la sanción moratoria de las cesantías definitivas
consagrada en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, se fijan las siguientes reglas:
(i) El plazo trienal de la prescripción de la sanción moratoria por el incumplimiento en el pago
de las cesantías definitivas, regulado por el artículo 151 del CPTSS, se inicia a contabilizar
desde que la penalidad se hace exigible, esto es, al vencimiento del plazo legal para el pago
de la prestación social. Si el reclamo de la sanción se presenta después de los tres años
contados desde su exigibilidad, se configura la prescripción total.
(ii) El término de la prescripción extintiva de la sanción moratoria derivada del pago tardío o
no pago de las cesantías definitivas se interrumpe por una sola vez con la reclamación
oportuna, y por un lapso igual de tres años, que no puede ser entendido como un término que
habilita al beneficiario para presentar múltiples solicitudes, sin que opere la prescripción.
(iii) Si la administración reconoce y/o paga las cesantías después de extinguido el derecho
por prescripción, esa circunstancia no revive la oportunidad para reclamar la sanción
moratoria.
SEGUNDO: Advertir a los operadores jurídicos y a la comunidad en general que las reglas de
unificación fijadas en esta sentencia son aplicables retrospectivamente a todos los asuntos
que se encuentren en trámite en sede administrativa o judicial y no podrán ser aplicadas
retroactivamente a aquellos casos cobijados por el fenómeno de la cosa juzgada.
2.3. Hechos probados.
i) Resolución No. 0067 del 1 de marzo de 2008, por la cual se designó a la señora
Amanda Patricia Fonseca Arango como médica de la unidad operativa local San
Franciscos de Asís de Regidor para prestar el servicio social obligatorio de medicina.
ii) Resolución No. 0243 del 18 de septiembre de 2008, por la cual se reconoce y se
autoriza el pago de las prestaciones sociales definitivas a un funcionario de la ESE
Hospital Regional de Bolívar.
iii) Petición elevada el 18 de septiembre de 2009 por la demandante a la entidad
demandada, en la que pretende:
«PRETENSIONES
SEGUNDA. - De acuerdo con lo establecido en la Ley 244 de 1.995 y 1071 de 2.006, se le pague
hasta la fecha DOSCIENTOS TREINTA X SEIS (236) DIAS de salario, a razón de CINCUENTA Y
CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATROPESOS CON CINCUENTA CENTAVOS
($54.444,50) diarios, lo cual equivale, a la fecha a la suma de DOCE MILLONES OCHOCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS MCTE ($12.848.902,oo). Además de los
valores que se causen hasta que se hago efectivo el pago de las cesantías definitivas.»
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2.3. Caso concreto.
De acuerdo con el devenir fáctico de la actuación, se tiene acreditado que la demandante
se desvinculó de la entidad accionada el 18 de junio de 2008 por renuncia.
Mediante Resolución No. 0243 del 18 de septiembre de 2008, la ESE Regional de Bolívar
dispuso la liquidación definitiva de las prestaciones sociales de la demandante.
El referido acto administrativo fue notificado a la interesada el 29 de septiembre de 2008,
quedó ejecutoriado el 6 de octubre de esa misma anualidad, como se observa a
continuación:
Conforme a lo anterior, la ejecutoria de dicho acto administrativo se contabilizó a partir
del 7 de octubre de 2008, por lo que los 45 días con los que contaba la demandada para
pagar vencieron el 12 de diciembre de 2008. Así las cosas, la mora se genera a partir del
13 de diciembre de 2008.
Es decir, tenía para pedir la sanción moratoria hasta el 13 de diciembre de 2011, sin
embargo, interrumpió la prescripción con la petición de 18 de septiembre de 2009, por lo
que el término se agotaba el 18 de septiembre de 2012.
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No obstante, en atención al trámite de conciliación extrajudicial adelantado ante la
Procuraduría General de la Nación6, el término se suspendió 74 días, por lo que el plazo
máximo para la radicación de la demanda se extendió hasta el 1 de diciembre de 2012.
Es decir, que tenía hasta al 1 de diciembre de 2012 para presentar la demanda ante la
jurisdicción, sin embargo, como solo lo hizo hasta el 7 de junio de 2013 le prescribió la
sanción moratoria tal y como lo concluyó el a-quo en el fallo apelado.
Por tal razón, los argumentos expuestos por la apelante no son de recibo porque van
encaminados a relegar el entendimiento que esta Sección le ha dado a la prescripción de
la sanción moratoria.
De hecho, en la sentencia de unificación SUJ- 034 - CE-S2 -2023 del 2 de noviembre de
20237, anteriormente referida, la Sección Segunda indicó:
94. Cuando ha operado el fenómeno del silencio administrativo negativo, la demanda puede
interponerse en cualquier tiempo, por mandato del numeral 1°, literal d) del artículo 164 del CPACA.
No obstante, es fundamental recordar que la prescripción extintiva sigue siendo aplicable, tal como se
explicó en precedencia.
95. Aunado a lo anterior, el segundo contenido del artículo 151 del CPTSS, señala que «El simple
reclamo escrito del trabajador, recibido por el {empleador}, sobre un derecho o prestación debidamente
determinado, interrumpirá la prescripción, pero sólo por un lapso igual.» (negrilla fuera de texto).
96. Así entonces, la reclamación tiene la virtualidad de interrumpir la prescripción, siempre que el
interesado reclame ante la administración el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria dentro de los tres años siguientes a su exigibilidad, evento en el cual la prescripción se
interrumpe, por una sola vez y por un lapso igual, en el cual, el beneficiario de la sanción deberá
reclamarla judicialmente.
97. La Sala estima necesario aclarar el alcance que tiene el aparte normativo que prevé la posibilidad
de interrumpir la prescripción por un lapso igual, que no puede ser entendido como un término que
habilita al beneficiario para presentar una nueva solicitud, sin que opere la prescripción.
Precisamente, el entendimiento dado en el aparte 96 citado es el que pretende
desconocer la recurrente, pues, aunque el acto que se enjuicia era ficto no implica que
pueda pedirse su cuestionamiento en cualquier tiempo porque su censura fue
interrumpida hasta por un lapso igual de tres años, de suerte que al no haberse reclamado
judicialmente durante ese interregno inexorablemente se le extinguió el derecho que
reclama.
6
Solicitud de conciliación extrajudicial del 16 de agosto de 2011 y expedición de constancia de no conciliación del 28 de octubre de
2011.
7
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 080012333000201200200-02 (2459-2014)
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En otras palabras, la prescripción toca con el derecho sustancial independiente de que el
acto ficto se pueda demandar en cualquier tiempo.
En consecuencia y, como conclusión de lo explicado, a pesar de las precisiones en las
fechas señaladas por el a quo, se impone para la Sala confirmar la sentencia de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda por la configuración del fenómeno de
la prescripción.
2.4. Condena en costas.
De la interpretación del artículo 188 de la Ley 1437 de 20118, esta Sala ha sido del criterio
que la norma transcrita deja a disposición del juez valorar la procedencia o no de la
condena en costas, ya que para ello debe examinar la actuación procesal de la parte
vencida, tener certeza de su causación y que la conducta desplegada adolece de
temeridad y mala fe, no basta el simple hecho de las resultas del proceso.
En esos términos, en el caso concreto, tras revisar la actuación de las partes a lo largo
del proceso, no se evidencia temeridad ni mala fe. Por lo tanto, se revocará la condena
impuesta en primera instancia y se abstendrá de imponerlas en esta sede.
III. DECISIÓN
En atención a lo anterior, la Sala confirmará la sentencia del Tribunal Administrativo de
Bolívar del 29 de abril de 2022 que negó las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley.
FALLA
8
Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta
carencia de fundamento legal.
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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 29 de abril de 2022, por medio de la cual el
Tribunal Administrativo de Bolívar negó las pretensiones de la demanda
SEGUNDO: Sin condena en costas en ambas instancias.
TERCERO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Salvamento de voto Aclaración de voto Cfr. Rad. AV
68001-23-33-000-2019-00291-01 (2666-2023)
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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