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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2019-00322-02

Fecha
4 de junio de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2019-00322-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Modificar el ordinal segundo de la sentencia y en su lugar declarar el reconocimiento desde el 30 de abril de 2016, así: «A título de restablecimiento del derecho, ORDÉNASE a la UAE de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP efectuar el reconocimiento y pago de la pensión gracia a favor del demandante, en cuantía del 75% del promedio de los factores salariales devengados en el último año de servicio anterior a la adquisición del estatus de pensionado. Dicho reconocimiento se hará efectivo a partir del 30 de abril de 2016, por haber operado el fenómeno de la prescripción trienal». Segundo: Confirmar la sentencia proferida el 20 de febrero de 2025 por el Tribunal Administrativo de Santander mediante la cual se accedió parcialmente a lo 23 Radicado: 68001-23-33-000-2019-00322-02 (0931-2025) Demandante: Hermes Rodrigo Téllez Cortés pretendido en la demanda presentada por Hermes Rodrigo Téllez Cortés en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, Ugpp. Tercero. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en el artículo 192 del CPACA. Cuarto. Sin condena en costas en esta instancia Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. Sexto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Ausente con excusa JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. Vmt 24

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2019-00322-02

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

4 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00322-02 (0931-2025)
Demandante: Hermes Rodrigo Téllez Cortés
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

Temas: Pensión gracia - reconocimiento

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia proferida el 20 de febrero de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Santander mediante la cual se accedió a lo pretendido en la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Hermes Rodrigo Téllez Cortés presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de

Radicado: 68001-23-33-000-2019-00322-02 (0931-2025)
Demandante: Hermes Rodrigo Téllez Cortés

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en orden a que
se declarara la nulidad de las resoluciones 22878 del 17 de mayo de 2007 y
PAP044969 del 23 de marzo de 2011, mediante las cuales la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social2 le negó el reconocimiento de la pensión gracia.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reconocimiento y pago de la pensión gracia a partir de 29 de abril de
2016; ii) el pago retroactivo de las mesadas y la indexación de esos valores y el
cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA; iii) el pago
de los intereses de mora y iv) la condena en costas y agencias en derecho a la
entidad demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Hermes Rodrigo Téllez Cortes nació el 5 de agosto de 1955, prestó sus servicios
como docente nacionalizado para el departamento de Santander desde el 21 de
julio de 1977 hasta el 19 de agosto de 1988 y en el municipio de Albania desde el
1º de abril de 1993 hasta la fecha de presentación de la demanda. De manera que
alcanzó el estatus pensional el 5 de agosto de 2005.

3.2. La entidad previsional negó el reconocimiento de la pensión gracia, mediante la
Resolución 22878 del 17 de mayo de 2007, al considerar que los tiempos laborados
en virtud de nombramientos realizados por el Ministerio de Educación Nacional no
resultaban computables para acceder a la prestación. Decisión confirmada a través
de la Resolución PAP 044969 del 23 de marzo de 2011.

3.3. Entre el 1º de enero y el 30 de diciembre de 2004 y entre el 1º de enero y el 30
de octubre de 2005 percibió asignación básica, auxilio de movilización y las primas
de navidad y vacacional.

1 En adelante CPACA.
2 En adelante Ugpp.

3

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Demandante: Hermes Rodrigo Téllez Cortés

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 5, 13, 25, 29, 48, 53 y 58 de la
Constitución Política, las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 43 de 1975
y 91 de 1989.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos 3:

5.1. Los actos demandados fueron expedidos con violación directa de la ley, puesto
que la entidad de previsión desconoció que el docente había acreditado mediante
los actos de nombramiento y certificados laborales más de 20 años de servicios
prestados en planteles territoriales como fue el caso de la Escuela Rural de Medios
de Albania [Santander] y contaba con más de 50 años de edad.

1.2. Contestación de la demanda

6. La Ugpp se opuso a las pretensiones de la demanda, por las razones que se
expresan a continuación4:

6.1. El demandante no acreditó con idoneidad ni suficiencia la concurrencia de todos
los requisitos para acceder al reconocimiento de la pensión gracia, en especial los
20 años de servicios como docente nacionalizado o territorial, toda vez que, solo
completó 11 años y 29 días como docente nacionalizado, «[e]n consecuencia, al ser
sus salarios financiados con recursos del Situado Fiscal, hoy llamado Sistema General de
Participaciones, dicha vinculación se considera de orden NACIONAL siendo incompatible
por las normas vigentes para acceder a la pensión gracia, pues la descentralización no
afecta el tipo de vinculación desarrollada por el recurrente».

6.2. Finalmente propuso las excepciones que denominó: i) presunción de legalidad
de los actos administrativos; ii) inexistencia de la obligación; iii) falta de título y
causa; iv) cobro de lo no debido; v) buena fe; vi) prescripción y vii) genérica.

3 Índice 27 de Samai del Tribunal Administrativo de Santander, actuación denominada
5_ED_68001233300020190032(.pdf) NroActua 27.
4 Índice 27 de Samai del Tribunal Administrativo de Santander, actuación denominada

5_ED_68001233300020190032(.pdf) NroActua 27.

4

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Demandante: Hermes Rodrigo Téllez Cortés

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo de Santander en sentencia proferida el 20 de febrero de
20255 accedió a las pretensiones de la demanda, en consecuencia declaró la
nulidad de las resoluciones No 22878 del 17 de mayo de 2007 y PAP 04469 del 23
de marzo de 2011 y, a título de restablecimiento del derecho, le ordenó a la Ugpp
reconocer y pagar la pensión gracia con el 75% del promedio de los factores
salariales devengados durante el año de servicio anterior a la adquisición del estatus
pensional, con efectividad desde el 3 de abril de 2016 por haber operado el
fenómeno de la prescripción trienal. Finalmente, negó la condena en costas.

8. Para tal efecto, luego de realizar un recuento de los preceptos legales y
jurisprudenciales aplicables al asunto, concluyó lo siguiente:

8.1. Hermes Rodrigo Téllez Cortés prestó sus servicios como docente desde el 21
de julio de 1977 en ejercicio de una vinculación del orden nacionalizado hasta el 20
de agosto de 1988, es decir durante 11 años y 1 mes.

8.2. En cuanto al ejercicio de la profesión a partir del año 1993, periodo controvertido
en el presente asunto, se acreditó que la vinculación ostentada en virtud del
nombramiento realizado por el alcalde del municipio de Albania [Santander] con
ocasión de un «convenio interadministrativo de creación y financiación de plazas Docentes
municipales – Plan de Universalización de la Educación Básica Primaria - Crédito», fue del
orden territorial. En consecuencia, el tiempo de servicio que el demandante prestó
desde el 1º de abril de 1993 hasta el 30 de octubre de 2024 era computable para el
reconocimiento de la pensión gracia. En ese sentido el 5 de agosto de 2005 alcanzó
el estatus pensional al cumplir 50 años de edad, fecha en la que contaba con 22
años y 5 meses de servicio.

8.3. Finalmente, al haber alcanzado el estatus pensional el 5 de agosto de 2005,
presentado la reclamación administrativa el 18 de noviembre de 2005 y la demanda
el 3 de abril de 2019, operó el fenómeno de la prescripción respecto de las mesadas
percibidas antes del 3 de abril de 2016.

5 Índice 58 del Tribunal Administrativo de Santander, actuación denominada
28SentenciadePr_20190032200NRPension(.pdf) NroActua 58.

5

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Demandante: Hermes Rodrigo Téllez Cortés

1.4. El recurso de apelación

9. La Ugpp solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y en su lugar
se accediera a las pretensiones de la demanda. Lo anterior, con base en los
siguientes argumentos6:

9.1. El tribunal no analizó en debida forma los hechos y las pruebas aportadas para
emitir el pronunciamiento, puesto que los certificados 4856 y 1187 proferidos por la
gobernación de Santander y el expedido por el Fomag indicaron que la vinculación
ejercida por el docente a partir del año 1993 fue del orden nacional, además «al ser
sus salarios financiados con recursos del Situado Fiscal, hoy llamado Sistema General de
Participaciones, dicha vinculación se considera de orden NACIONAL siendo incompatible
por las normas vigentes para acceder a la pensión gracia».

9.2. Asimismo, «si [el] demandante cuenta con información adicional que pueda modificar
su situación jurídica, es ella quien debe acercarse a las instalaciones de la UGPP y
formalmente solicitarlo, sin embargo, como consta en las pruebas allegadas por la
demandada dentro del proceso, no existe radicada en la entidad una solicitud con los
soportes legales, tal como se expuso en las resoluciones que resuelven los recursos de
alzada […] dentro del expediente administrativo no obra certificación alguna que evidencie
el tiempo de servicio [del] demandante en cada una de las vinculaciones, así como también
de los recursos con los que se cancelaba lo devengado en cada uno de los periodos
laborados de manera discriminada» [sic].

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

10. Mediante el auto proferido el 20 de septiembre de 2024 fue admitido el recurso
de apelación y por el hecho de no mediar solicitud probatoria alguna no se corrió
traslado para alegar de conclusión, según lo previsto en el numeral 5 del artículo
247 del CPACA7.

6 Índice 61 de Samai del Tribunal Administrativo de Santander, actuación denominada
30_MemorialWeb_RECURSODEAPELACION-RAD680012333000201900322-
HERMESRODRIGOTELLEZCORTES(.pdf) NroActua 61.
7 Índice 4 de Samai, actuación denominada: 4Autoqueadmite_09312025admiterecurs(.pdf) NroActua

4.

6

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Demandante: Hermes Rodrigo Téllez Cortés

1.6. El Ministerio Público

11. El Ministerio Público no rindió concepto.

2. Consideraciones

2.1. Problema jurídico

12. Se circunscribe a establecer ¿si Hermes Rodrigo Téllez Cortés acreditó la
totalidad de los requisitos para efectos del reconocimiento de la pensión gracia
solicitada, de conformidad con las normas que la regulan?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. En torno a la pensión gracia

13. El sector docente oficial estuvo marcado por condiciones diferenciales en materia
salarial y prestacional, derivadas del nivel de la entidad con la que se iniciara el
vínculo jurídico o la relación legal y reglamentaria. Ciertamente, este aspecto
determinaba el origen de los recursos para la remuneración de estos servidores,
pues mientras la nación asumía los gastos del personal del orden nacional, los
respectivos entes territoriales eran responsables de proveer los recursos necesarios
para el pago de sus empleados dedicados a la labor educativa. Esta situación
conllevaba un trato que, hasta esta época, se ha juzgado como inequitativo para
estos últimos educadores, cuyas prestaciones económicas eran inferiores, pese a
que todos ejecutaban la misma labor.

14. Lo anterior llevó al legislador a adoptar medidas tendientes a equiparar las
condiciones salariales y prestacionales de todos los docentes oficiales, dentro de
las cuales se destacó el reconocimiento de la pensión gracia implementada por
medio de la Ley 114 de 19138 como un reconocimiento a la dedicación al servicio
de la actividad educativa de los docentes territoriales de las escuelas primarias.

8
«Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».

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Demandante: Hermes Rodrigo Téllez Cortés

15. El artículo 4 ibidem determinó que para gozar de dicha prestación era necesario
que el educador cumpliera, entre otros requisitos, 20 años de servicio en
establecimientos educativos oficiales del orden territorial, no recibiera otra pensión
o recompensa de carácter nacional y alcanzara los 50 años de edad, siempre y
cuando hubiese demostrado haber ejercido la docencia con honradez, consagración
y que observara buena conducta.

9
16. Con posterioridad, las leyes 116 de 1928 y 37 de 193310, en sus artículos 6 y 3,
respectivamente, extendieron la pensión gracia a los maestros de secundaria,
normalistas e inspectores de instrucción pública.

17. Asimismo, con la Ley 91 de 1989 se logró la unificación de los distintos regímenes
del magisterio, en aras de finiquitar las divergencias interpretativas derivadas del
proceso gradual de traslado de los costos de las entidades territoriales a la nación
que había ordenado la Ley 43 de 1975 que, en últimas, afectaba las condiciones
laborales del magisterio. Para ello, distribuyó las obligaciones prestacionales de los
docentes (artículos 1 y 2), según se resume a continuación:

Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo

Nacional Vinculados por Las causadas hasta La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del 29/12/1989 y en adelante, los Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional reajustes y la sustitución de hicieren sus veces.
pensiones

Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag

Las causadas hasta el Las respectivas entidades
31/12/1975 y en adelante, los territoriales o las cajas de
reajustes y la sustitución de previsión, o las entidades que
Vinculados por pensiones hicieren sus veces, a las cuales
Nacionalizado nombramiento de venía vinculado este personal
entidad territorial Las causadas en el período La nación o las respectivas
antes y después del de nacionalización (1/1/1976 entidades territoriales o las
1/1/1976 (Ley 43/75) – 31/12/1980), los reajustes y cajas de previsión, o las
la sustitución de pensiones entidades que hicieren sus
veces (estas entidades deben

9
«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
10
«Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos
empleados».

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contribuir en los porcentajes
establecidos en el art. 3 de la
Ley 43/75).
Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1/1/1981 y el territoriales o las cajas de
29/12/1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado dicho personal.
La nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag

18. En el artículo 356 de la Constitución Política se determinó la competencia del
legislador para fijar cuáles servicios estarían a cargo de la nación y cuáles de las
entidades territoriales. En su versión original, definió que el situado fiscal era el
porcentaje de los ingresos corrientes de la nación cedido a los departamentos, el
distrito capital y los especiales de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, para
financiar la educación, en los niveles preescolar, primaria, secundaria y media, así
como la salud.

19. En efecto, la Ley 60 de 199311 asignó la administración de los servicios
educativos estatales a los municipios financiados con recursos propios y con los
provenientes de su participación del situado fiscal, en conjunto con los
departamentos. En el artículo 6 ibidem dispuso la incorporación del personal
docente de los órdenes departamental, distrital y municipal al Fomag, así como la
conservación del régimen prestacional anterior, mientras que a las nuevas
vinculaciones se les aplicaría la Ley 91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones

11
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356
y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».

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sociales causadas antes de la afiliación al señalado fondo y sus reajustes,
reliquidaciones y sustituciones serían cubiertas por la respectiva entidad territorial o
el ente de previsión social a la cual se hubiesen realizado los aportes; a diferencia
de las que se hicieran exigibles con posterioridad, que estarán a cargo del señalado
fondo.

20. La Ley 60 de 1993 también determinó que, para la prestación descentralizada de
los servicios, cada entidad territorial debía manejar en su presupuesto una cuenta
especial independiente con lo cual no afectaría la unidad de caja12, lo que se traduce
en que los recursos para educación no se integrarían con los que el ente territorial
ya administraba. Lo anterior llevó a que los Fondos Educativos Regionales (FER),
creados por el Decreto 3157 de 196813, encargados del sostenimiento de los
servicios educativos, fueran incorporados a la estructura de los departamentos y
distritos14 y más adelante, a las secretarías de educación, según la Ley 115 de
199415 (artículo 179, literal d).

21. Sinembargo, las sumas destinadas al pago de prestaciones sociales del
personal docente serían giradas directamente al Fomag, tanto las que provenían del
situado fiscal como las que debía trasladar el respectivo ente territorial por las
prestaciones causadas y no pagadas.

22. La obligación de afiliar a los docentes departamentales, distritales y municipales
financiados con recursos propios de las entidades territoriales al Fomag se
reglamentó con el Decreto 196 de 199516, a través del cual se identificaron las
fuentes de financiación según los tipos de vinculación docente, clasificación
señalada por la Ley 91 de 1989, así:

12
Para la época, se encontraba definido en el artículo 12 de la Ley 38 de 1989 así: «Unidad de Caja.
Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá la situación de fondos a los
organismos y entidades para el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto
General de la Nación.»
13
«Por el cual se reorganiza el Ministerio de Educación Nacional y se estructura el sector educativo
de la Nación»
14
Ley 60 de 1993, artículos 3, numeral 5; y 4, numeral 1.
15
«Por la cual se expide la ley general de educación»
16
«Por medio del cual se reglamentan parcialmente el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el artículo
176 de la Ley 115 de 1994»

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22.1. i) Nacionales y nacionalizados: financiados con recursos de la nación y luego
del situado fiscal. Sus prestaciones quedaron a cargo del Fomag, luego de su
afiliación.

22.2. ii) Departamentales, distritales y municipales: este personal se consideró en tres
grupos, a saber:

23. Por una parte, el personal que venía pagado con recursos propios del ente
territorial, al cual se le respetaría el régimen territorial que lo venía cobijando. En
este caso, las prestaciones causadas antes de su incorporación al Fomag, así como
sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones, son de responsabilidad directa de las
entidades territoriales o de las cajas de previsión, en las que se hayan efectuado los
correspondientes aportes.

24. Por otra parte, los docentes que eran financiados o cofinanciados por el
Ministerio de Educación Nacional mediante convenios y vinculados a plazas del
nivel territorial. Para ellos, las prestaciones sociales serían de cargo de la respectiva
entidad territorial y los recursos para su pago se regirían por el correspondiente
convenio de financiación o de cofinanciación. Vencidos los términos de los
respectivos convenios, los derechos salariales y prestacionales se pagarían con
cargo al situado fiscal.

25. Para los docentes de establecimientos públicos oficiales que eran pagados con
recursos del establecimiento, sus prestaciones serían asumidas por el Fomag.

26. En línea con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 17, en la sentencia
SUJ11-S2 del 21 de junio de 201818 se afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, con el fin de «[…] colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 […]».

19
27. Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C-489 de 2000 declaró la
exequibilidad condicionada de la expresión «[…] vinculados hasta el 31 de diciembre

17
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
18 Expediente con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
19 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C489 del 4 de mayo de 2000.

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de 1980», en el entendido que, comoquiera que constituyen derechos adquiridos que
no podían ser desconocidos por el legislador, las situaciones jurídicas consolidadas
antes de la entrada en vigencia de la normativa demandada quedarían a salvo, es
decir que tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel docente que
haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de
diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás
normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre colmar los
requisitos de edad y tiempo de servicio.

28. En cuanto a las vinculaciones nacionales y la imposibilidad de computar los
tiempos laborados en tal virtud para la pensión gracia, es pertinente mencionar que
la jurisprudencia de la Sala20 ha señalado:

«[…] Sobre los tiempos nacionales.

La ley 114 de 1913 que cre[ó] la pensión de los docentes, estableció una serie de
requisitos para acceder a la misma, entre los cuales dispuso en el numeral 3º del artículo
4º, que el docente debe demostrar que ni recibe ni ha recibido pensión o recompensa
nacional.

Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado
compruebe: […]

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro
pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación
o por un Departamento”.
El artículo 1º de la Ley 91 de 198921 clasificó a los docentes para efectos de las
prestaciones económicas, como territoriales, nacionales y nacionalizados.
Artículo 1º.- Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

20 Sentencia del 17 de noviembre de 2016, exp. 2114-2016, M.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
21 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».

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3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido
en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.»
[…]
Queda claro entonces, que no se ha establecido como requisito para acceder a la
pensión gracia, que el docente deba estar vinculado el día 31 de diciembre de 1980, es
decir, solo es necesario que haya prestado sus servicios como docente antes del año
1981 en instituciones territoriales o nacionalizadas, sin que se puedan computar
tiempos de servicio de carácter nacional, pues la finalidad principal de la pensión
gracia, es reconocer a aquellos docentes un beneficio económico para equilibrar los
ingresos percibidos entre éstos y los docentes nacionales, ante el déficit fiscal en que se
encontraban los entes territoriales para cubrir el pago por la prestación de los servicios
al magisterio» [Se resalta].

29. Aunado a lo anterior, para determinar la plaza docente que permite obtener el
beneficio pensional en comento, se recuerdan las reglas que fijó esta Corporación
en sentencia de unificación del 21 de junio de 201822, así:

«[…] (i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a los
presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;

(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se pierde,
o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya intervenido el
delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el respectivo fondo
educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia
definitiva del cargo;

(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida
prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial
o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus
acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o
de las exógenas -situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las
erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy
sistema general de participaciones; y

(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto

22 Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).

13

Radicado: 68001-23-33-000-2019-00322-02 (0931-2025)
Demandante: Hermes Rodrigo Téllez Cortés

como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo
de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial
[…]».

30. En la misma línea, esta Sección en la sentencia de unificación del 11 de agosto
de 202223 indicó:

«[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del docente
territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos posteriores
siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o territoriales».24

[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición buscó
proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese
momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el
único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y
nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos como
las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional, pues
las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]

v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al límite
temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso a la
pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre
de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los requisitos
previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral respecto de
la cual tenían aspiraciones legítimas.

vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el artículo
15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible, esto es, la
interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria,
los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción
pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación

23
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado
15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
24
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-03-
15-000-2019-02219-01 (AC).

14

Radicado: 68001-23-33-000-2019-00322-02 (0931-2025)
Demandante: Hermes Rodrigo Téllez Cortés

siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran
los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se reconoció la pensión
gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó su estatus
con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989 […]». [Se resalta]

31. En suma, para acceder a la pensión gracia los docentes deben acreditar: (i) una
experiencia docente antes del 31 de diciembre de 1980 en una institución educativa
territorial o nacionalizada, (ii) completar 20 años de servicio en una plaza territorial
o nacionalizada y (iii) tener buena conducta durante su desempeño como docente.
No se puede exigir haber completado los requisitos ni encontrarse vinculado en la
fecha señalada, en atención a que pueden ser computados los tiempos laborados
con posterioridad; y no se requiere que el tiempo de servicio sea continuo.

2.3. Caso concreto

32. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

32.1. Hermes Rodrigo Téllez Cortés nació el 5 de agosto de 195525.

32.2. Mediante el Decreto 041 del 14 de marzo de 1993, el alcalde de Albania
[Santander] lo nombró en propiedad en una planta oficial de ese municipio [Escuela
Rural Pueblo Viejo] creada mediante el Decreto 023 del 2 de febrero de 1993, en
virtud del convenio celebrado con el Ministerio de Educación Nacional Fondo MEN,
para lo cual consideró «[q]ue el Municipio de Albania Santander celebró con el Ministerio
de Educación Nacional Fondo MEN un convenio interadministrativo para la creación y
financiación de plazas docentes municipales – Plan de Universalización de la Educación
Básica Primaria – Crédito DIRF 3010-CO. Que con base en dicho convenio el Municipio
creó dos (2) Plazas docentes, mediante Decreto No. 023 de Febrero 2 de 1993».

32.3. La
reclamación fue presentada el 18 de noviembre de 2005, mediante la
Resolución 22878 del 17 de mayo de 2007, la Caja Nacional de Previsión Social
EICE26, en liquidación, negó el reconocimiento de la pensión gracia, con
fundamento en el incumplimiento del requisito de los 20 años de servicio, porque

25 Índice 27 de Samai del Tribunal Administrativo de Santander, actuación denominada
5_ED_68001233300020190032(.pdf) NroActua 27. Según la copia del registro civil de nacimiento.
26 En adelante Cajanal EICE.

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Radicado: 68001-23-33-000-2019-00322-02 (0931-2025)
Demandante: Hermes Rodrigo Téllez Cortés

solo se acreditaron 11 años y 29 días de servicio, en ejercicio de un nombramiento
del orden territorial o nacionalizado. Decisión que fue confirmada mediante la
Resolución PAP 044969 del 23 de marzo de 2011.

32.4. El 26 de octubre de 2005 y el 27 de febrero de 2006, el coordinador de hojas
de vida de la Secretaría de Educación de Santander certificó que el docente había
prestado sus servicios en el nivel de básica primaria, en propiedad, «como
Nacionalizado en forma continua» en la Escuela Rural de Medios de Albania
[Santander], vinculado a través del Decreto 1596 del 6 de julio de 1977, posesionado
desde el 21 de julio de 1977 [Decreto 1596 del 6 de julio de 1977] hasta el 20 de
agosto de 1988.

32.5. El 26 de octubre de 2005 y el 4 de marzo de 2009, el coordinador hojas de vida
de la Secretaría de Educación de Santander certificó que el docente había prestado
sus servicios en el nivel de básica primaria, en propiedad, «como Nacional en forma
continua» en la Escuela Rural Pueblo Viejo de Albania, vinculado mediante el
Decreto 41 del 14 de marzo de 1993, posesionado desde el 1º de abril de 1993.

32.6. El 24 de enero de 2006, el jefe de división centro de atención al público de la
Procuraduría General de la Nación certificó que el docente no registraba sanciones
ni inhabilidades vigentes.

32.7. El 11 de diciembre de 2006, el Juzgado 33 Penal del Circuito de Bogotá amparó
el derecho de petición del docente infringido por la Cajanal EICE al guardar silencio
respecto de la solicitud presentada el 11 de noviembre de 2005. El 4 de febrero de
2008, el Juzgado 30 Penal del Circuito de Bogotá tuteló el derecho de petición a
favor del docente respecto de la solicitud presentada el 20 de junio de 2007.

32.8. El
5 de noviembre de 2015, la coordinadora de historias laborales de la
Secretaría de Educación de Santander, mediante el formato único para la
expedición de historia laboral, certificó que el docente había ejercido en el nivel de
primaria en propiedad, durante 22 años, 7 meses y 5 días contados desde la
vinculación del 1° de abril de 1993, en los siguientes términos:

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Radicado: 68001-23-33-000-2019-00322-02 (0931-2025)
Demandante: Hermes Rodrigo Téllez Cortés

Novedad Acto administrativo Desde
Ingreso Decreto 1596 del 06/07/1977 21/07/1977 [hasta
Escuela Rural «Los» Medios el 20/08/1988,
Albania durante 11 años, 1
mes]
Ingreso Decreto 41 del 14/03/1993 01/04/1993
Escuela Rural Pueblo Viejo
Albania
Cambios de sueldo Decreto 1367-1369 del 26/04/2010 01/01/2010
Escuela Rural Pueblo Viejo
Albania
Cambios de sueldo Decreto 1027-1055 del 04/04/2011 01/01/2011
Escuela Rural Pueblo Viejo
Albania
Cambios de sueldo Decreto 826-827 del 25/04/2012 01/01/2012
Escuela Rural Pueblo Viejo
Albania
Cambios de sueldo Decreto 1001-1002 del 21/05/2013 01/01/2013
Escuela Rural Pueblo Viejo
Albania
Cambios de sueldo Decreto 171-172-174 del 07/02/2014 01/01/2014
Escuela Rural Pueblo Viejo
Albania
Cambios de sueldo Decreto 1060-1092-1116 del 01/01/2015
Escuela Rural Pueblo Viejo 26/05/2015
Albania

32.9. El 30 de octubre de 2024, el director de talento humano de la Secretaría de
Educación de Santander certificó la prestación del servicio del docente por 31 años,
6 meses y 30 días, en la Escuela Rural Pueblo Viejo de Albania [Santander], entre
el 1° de abril de 1993 y el 1° de enero de 2024, sin que se indicara que la vinculación
había finalizado.

2.4. Análisis sustancial

32. El Tribunal Administrativo de Santander accedió a las pretensiones de la
demanda, al concluir que el demandante había acreditado los requisitos para
adquirir el reconocimiento de la pensión gracia, comoquiera que la vinculación
ostentada en el año 1993 fue del orden territorial.

17

Radicado: 68001-23-33-000-2019-00322-02 (0931-2025)
Demandante: Hermes Rodrigo Téllez Cortés

33. La Ugpp solicitó que se revocara la decisión adoptada por el tribunal de primera
instancia, al considerar que contrario a lo expuesto en dicho proveído, la vinculación
del demandante fue del orden nacional al provenir de los recursos del Situado
Fiscal, además no fue acreditado en el expediente que los tiempos laborados
después del año 1993 fueran computables para el reconocimiento de la prestación.

34. De acuerdo con lo anterior, la sala verificará si, como se afirma en el recurso de
apelación, el docente no acreditó los requisitos para acceder al reconocimiento de
la pensión gracia, para esos efectos si: i) contaba con 50 años de edad; ii) ejerció la
docencia con buena conducta; iii) acreditaba una experiencia anterior al 31 de
diciembre de 1980 en una institución educativa territorial o nacionalizada y; iv)
completó 20 años de servicio en una plaza territorial o nacionalizada.

35. Al respecto, se advierte que Hermes Rodrigo Téllez Cortés contaba con más de
50 años de edad [nació el 5 de agosto de 1955, por lo que cumplió con ese requisito
en el año 2005]. Asimismo, se encuentra acreditado el requisito de la buena
conducta, en tanto que el jefe de división centro de atención al público de la
Procuraduría General de la Nación certificó que el docente no reportaba sanciones
ni inhabilidades vigentes.

36. Ahora bien, en relación con el requisito de contar con experiencia docente con
vinculación territorial o nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980, en el
expediente se evidencia que se desempeñó como docente, en propiedad, en la
Escuela Rural de Medios de Albania [Santander] a partir del 21 de julio de 1977
hasta el 20 de agosto de 1988.

37. Al respecto, se encuentran las certificaciones proferidas por i) el coordinador de
hojas de vida de la Secretaría de Educación de Santander, el 26 de octubre de 2005
y el 27 de febrero de 2006 y ii) por la coordinadora de historias laborales de la
mencionada entidad territorial, el 5 de noviembre de 2015. En estas se indicó que
el docente había laborado en ejercicio de una vinculación nacionalizada en la
Escuela Rural de Medios de Albania [Santander] durante 11 años y 1 mes, en el
nivel de básica primaria.

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Radicado: 68001-23-33-000-2019-00322-02 (0931-2025)
Demandante: Hermes Rodrigo Téllez Cortés

38. Ahora, si bien de esta vinculación no se aportó el acto administrativo de
designación, se encuentra que esta fue debidamente acreditada, en tanto, los
certificados fueron expedidos por la autoridad competente para esos efectos y frente
a estas no se advierte cuestionamiento alguno. Asimismo, de conformidad con el
precedente jurisprudencial expuesto antes, para acreditar la calidad de docente
territorial se requiere copia de los actos administrativos en los que conste el vínculo,
no obstante, «también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad
nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se
encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial27» como ocurrió en el sub
judice.

39. En cuanto al tiempo prestado después de 1981, en el expediente obra el Decreto
041 del 14 de marzo de 1993, mediante el cual el alcalde de Albania [Santander] lo
nombró en propiedad en una planta oficial de ese municipio, creada mediante el
Decreto 023 del 2 de febrero de 1993, en virtud del convenio celebrado con el
Ministerio de Educación Nacional Fondo MEN, para lo cual consideró «[q]ue el
Municipio de Albania Santander celebró con el Ministerio de Educación Nacional Fondo
MEN un convenio interadministrativo para la creación y financiación de plazas docentes
municipales – Plan de Universalización de la Educación Básica Primaria – Crédito DIRF
3010-CO. Que con base en dicho convenio el Municipio creó dos (2) Plazas docentes,
mediante Decreto No. 023 de Febrero 2 de 1993» [se resalta].

40. Asimismo, de conformidad con los certificados laborales expedidos el 26 de
octubre de 2005, el 4 de marzo de 2009, el 5 de noviembre de 2015 y el 30 de
octubre de 2014, proferidos por la Secretaría de Educación de Santander, el
demandante prestó sus servicios como docente en la Escuela Rural Pueblo Viejo
de Albania entre el 1° de abril de 1993 y, al menos, el 1° de enero 2024.

41. En suma, se advierte que el docente prestó sus servicios con una vinculación
territorial o nacionalizada durante más de 20 años, comoquiera que durante ese
lapso ocupó la plaza municipal, puesto que en el decreto de nombramiento se indicó
que se trataba de «plazas docentes municipales» creadas por el municipio. En ese
sentido, no se advierte que el hecho de que se hubiese efectuado en el marco del

27 Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).

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Radicado: 68001-23-33-000-2019-00322-02 (0931-2025)
Demandante: Hermes Rodrigo Téllez Cortés

referido convenio interadministrativo hubiese modificado o mutado la naturaleza con
la que fueron creadas.

42. Al respecto, el artículo 4 y su parágrafo del Decreto 61 de 1992 determinó que
los recursos de financiación del Plan de Universalización de la Educación Básica
Primaria provendrían del «Crédito Internacional 3010 BIRF-CO, con las contrapartidas
nacionales estipuladas en éste, con aportes de los presupuestos departamentales,
municipales cuando se suscriban los convenios respectivos, y con aportes de la comunidad.
El Ministerio de Educación velará porque la asignación de los recursos necesarios garantice
el cumplimiento del Plan. Parágrafo. Los recursos asignados al Plan son ejecutados por el
Fondo del Ministerio de Educación, los Fondos Educativos Regionales, FER y los Centros
Experimentales Piloto, CEP, de cada Departamento y del Distrito Capital; las Tesorerías
Municipales y el Agente Financiero seleccionado, cuando sea necesario, para la ejecución
de obras civiles».

33. Así las cosas, de conformidad con el Decreto 61 de 1992, el Ministerio de
Educación Nacional suscribió convenios con las entidades territoriales con el
objetivo de implementar las «políticas trazadas en el plan de apertura educativa» que
contemplaba la reorientación del plan de universalización de la educación básica
primaria, como prioritaria en las acciones del sector educativo. Para esos efectos
fueron utilizados recursos del crédito internacional y de los presupuestos
departamentales y municipales; es decir, que los referidos convenios se utilizaron
como herramienta para distribuir los recursos del mencionado crédito con el fin de
que el plan tuviera cobertura en las diferentes entidades territoriales.

34. En ese sentido, resulta pertinente recordar que de acuerdo con la jurisprudencia
de la Sección Segunda de esta Corporación «lo esencialmente relevante, frente al
reconocimiento de la aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es,
que sea de carácter territorial o nacionalizada28», por lo que, el que la plaza ocupada
por Hermes Rodrigo Téllez Cortés a partir del 1° de abril de 1993 fuera financiada
con los recursos definidos en el mencionado convenio no modificó la naturaleza
municipal con la que fue expresamente creada.

28 Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).

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Radicado: 68001-23-33-000-2019-00322-02 (0931-2025)
Demandante: Hermes Rodrigo Téllez Cortés

43. Ahora, en cuanto a las certificaciones expedidas por la Secretaría de Educación
de Santander, según las cuales las vinculaciones del docente eran del orden
nacional, esta subsección encuentra que el acto de nombramiento resulta suficiente
para desvirtuar dicha afirmación, puesto que, como se indicó antes, resultan idóneos
para acreditar la naturaleza territorial y nacionalizada de las vinculaciones que
ostentó el demandante. En ese sentido, se recuerda que de conformidad con la
jurisprudencia de esta Corporación «para acreditar la calidad de docente territorial, se
requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo […] que dé cuenta de
manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial», como en efecto ocurrió en el presente asunto, en el
cual fue allegado el decreto de nombramiento proferido por el alcalde de Albania
que permite tener certeza del tipo de vinculación.

44. En consonancia, el demandante acreditó que había prestado sus servicios como
docente con vinculación territorial así: i) en la Escuela Rural de Medios de Albania
entre el 21 de julio de 1977 y el 20 de agosto de 1988, durante 11 años, y 1 mes; y
ii) en la Escuela Rural Pueblo Viejo de Albania 1° de abril de 1993 y el 1º de enero
de 202429, durante 30 años y 9 meses.

45. Respecto de la consolidación del estatus pensional, la Sala encuentra que, para
el 5 de agosto de 2005, cuando el docente cumplió los 50 años de edad, contaba
con 22 años, 4 meses y 9 días de servicio, de manera que fue hasta que completó
el requisito de los 50 años de edad que ello ocurrió.

46. Ahora, en cuanto al cómputo de la prescripción, se observa que el docente
alcanzó el estatus pensional el 5 de agosto de 2005, cuando cumplió 50 años de
edad, la reclamación fue presentada el 18 de noviembre de 200530, la demanda el
30 de abril de 201931, de manera que el mencionado fenómeno operó respecto de
las mesadas causadas antes del 30 de abril de 201632.

29 Fecha tomada de la certificación proferida por el director de talento humano de la Secretaría de

Educación de Santander, el 30 de octubre de 2024.
30 Según lo dispuesto en la Resolución 22878 del 17 de mayo de 2007.
31 Según el acta de reparto.
32 En el presente asunto se acoge la posición mayoritaria de la sala frente a la forma en la que se

debe efectuar el cómputo de la prescripción cuando se trata del reconocimiento de prestaciones
periódicas, de la cual me aparto tal como lo expuse en el salvamento de voto dentro del expediente
con radicado 13001-23-33-000-2013-00416-02 (3120-2023).

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Radicado: 68001-23-33-000-2019-00322-02 (0931-2025)
Demandante: Hermes Rodrigo Téllez Cortés

47. Así las cosas, se impone modificar el ordinal segundo de la sentencia proferida
el 20 de febrero de 2025, en cuanto a la fecha en que operó la prescripción y se
confirmará en todo lo demás, al encontrar acreditados los requisitos para el
reconocimiento de la prestación, estos son: i) una vinculación como docente
territorial o nacionalizada anterior al 31 de diciembre de 1980; ii) más de 50 años de
edad [nació el 5 de agosto de 1955]; iii) una experiencia como docente oficial del
orden territorial o nacionalizada por más de 20 años y iv) el ejercicio de la docencia
con buena conducta.

2.5. Costas

48. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

49. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

50. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma33.

33 En igual sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).

22

Radicado: 68001-23-33-000-2019-00322-02 (0931-2025)
Demandante: Hermes Rodrigo Téllez Cortés

51. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

52. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de imponerlas en esta instancia.

3. Conclusión

53. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que Hermes Rodrigo Téllez
Cortés acreditó los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia, alcanzó
el estatus pensional el 5 de agosto de 2005; sin embargo, por haber operado el
fenómeno de la prescripción se tendrán en cuenta las mesadas causadas desde el
30 de abril de 2016. En esas condiciones se modificará el ordinal segundo y se
confirmará en lo demás la sentencia proferida el 20 de febrero de 2025, por el
Tribunal Administrativo de Santander.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Modificar el ordinal segundo de la sentencia y en su lugar declarar el
reconocimiento desde el 30 de abril de 2016, así:

«A título de restablecimiento del derecho, ORDÉNASE a la UAE de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP efectuar el reconocimiento
y pago de la pensión gracia a favor del demandante, en cuantía del 75% del promedio
de los factores salariales devengados en el último año de servicio anterior a la
adquisición del estatus de pensionado. Dicho reconocimiento se hará efectivo a partir
del 30 de abril de 2016, por haber operado el fenómeno de la prescripción trienal».

Segundo: Confirmar la sentencia proferida el 20 de febrero de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Santander mediante la cual se accedió parcialmente a lo

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Radicado: 68001-23-33-000-2019-00322-02 (0931-2025)
Demandante: Hermes Rodrigo Téllez Cortés

pretendido en la demanda presentada por Hermes Rodrigo Téllez Cortés en contra
de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, Ugpp.

Tercero. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en
el artículo 192 del CPACA.

Cuarto. Sin condena en costas en esta instancia

Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

Sexto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Ausente con excusa

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.

Vmt

24

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