Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-02482-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-02482-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2016-02482-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02482-01 (3002-2025)
Demandante: Álvaro de Jesús Pérez Mejía
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Tema: Ingreso base de liquidación y topes pensionales.
Reliquidación con la inclusión de la bonificación por
compensación
Sentencia de segunda instancia
________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia proferida el 30 de julio de 2025 por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala Transitoria, mediante la cual negó las pretensiones de la
demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Álvaro de Jesús Pérez Mejia presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 1, en
orden a que se declarara la nulidad parcial de las resoluciones RDP 007903 y
RDP 018729 del 23 de febrero y del 13 de mayo de 2016, a través de las cuales
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social2 le negó la reliquidación de la pensión de
vejez.
1 En adelante CPACA.
2 En adelante Ugpp.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 05001-23-33-000-2016-02482-01 (3002-2025)
Demandante: Álvaro de Jesús Pérez Mejía
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) el pago retroactivo, desde el 1° de septiembre de 2003, de «su pensión
de vejez incluyendo el 75% de la “bonificación por compensación” […] devengada para
el último año de servicios (2003)»; ii) la actualización de la condena de conformidad
con el índice de precios al consumidor; iii) el pago de los intereses moratorios
según lo dispuesto en el artículo 195 del CPACA; iv) el cumplimiento de la
sentencia en los términos previstos en el artículo 192 del CPACA; y v) la condena
en costas a la entidad demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Mediante sentencia proferida el 21 de junio de 2013, el Tribunal Administrativo
de Antioquia reconoció a favor de Álvaro de Jesús Pérez Mejía el pago de la
bonificación por compensación a partir del 1° de enero de 2001.
3.2. A través de la Resolución 2805 del 19 de marzo de 2015, modificada por la
Resolución 2956 del 8 de igual mes y año, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial dio cumplimiento a la orden impartida en la referida
sentencia y pagó «por concepto de bonificación por compensación por el periodo
comprendido entre el 1° de enero de 2001 y el 31 de agosto de 2003, fecha de
desvinculación en el cargo» [sic].
3.3. Con ocasión del incremento de «los valores factoriales de la liquidación
pensional» adquirió el derecho al «reajuste en la proporción certificada por esta
entidad como correspondiente al último año de servicios», como consecuencia de lo
cual solicitó a la Ugpp la reliquidación de su pensión de vejez, la cual fue negada
a través de las resoluciones RDP 007903 y RDP 018729 del 23 de febrero y del
13 de mayo de 2016.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 6 del Decreto 546 de 1971; 127 del
Código Sustantivo del Trabajo; y 36 de la Ley 100 de 1993.
5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente:
5.1. El «demandante se encuentra regido por el régimen de transición señalado por el
artículo 36 de la Ley 100 de 1994 [sic] ya que para sus vigencias (1° abril/94) contaba
con más de 15 años de servicio y más de 40 años de edad que le da el derecho a regirse
en el sistema pensional por las disposiciones anteriores a ella que lo son: el Decreto 546
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Demandante: Álvaro de Jesús Pérez Mejía
de 1971 como régimen especial para la rama Judicial donde laboró por más de 20 años,
como así lo certifica la resolución mediante la cual se le pensionó distinguida con el Nro.
1691 de 06 de agosto de 2002 y el fallo judicial de reliquidación emitido por el Juzgado
10 Laboral de Cto. De Medellín de fecha 17 de agosto de 2005» [sic].
5.2. De conformidad con el régimen pensional del cual era acreedor, tenía derecho
a la reliquidación de la pensión de vejez desde la fecha de su reconocimiento,
con la inclusión del factor bonificación por compensación reconocido por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, a través de la sentencia del 21 de junio de
2013.
5.3. Asimismo, «las mesadas deben cancelarse desde la fecha del inicio pensional (1°
de septiembre de 2003) porque son imprescriptibles ya que se originan dentro del lapso
comprendido entre la fecha de su retiro del servicio (1° de septiembre de 2003) y su
reconocimiento en el año de 2013, y de esta hasta la presentación de esta demanda sin
operar la prescripción dada la interrupción que se cumplió con el reclamo de pago hecha
por el demandante el 10 de noviembre de 2015 conforme lo certifica la resolución Nro
RDP 007903 de febrero 23 de 2016» [sic].
1.2. Contestación de la demanda
6. La Ugpp se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, «es
decir a que sea declarada por el despacho la nulidad de los actos administrativos
contenidos expedidos por la entidad, y en consecuencia se ordene el restablecimiento
del derecho en favor de la actora a través de la reliquidación de la pensión reconocida
por lo denominado por esta como “la totalidad de los factores salariales” devengados
durante el último año de servicio, el retroactivo y las costas del proceso».
6.1. Por último, propuso las excepciones que denominó: i) falta de integración del
contradictorio; ii) ausencia de vicios en los actos administrativos demandados; iii)
inexistencia de la obligación; iv) prescripción total del derecho pretendido; y iv)
subrogación en el empleador.
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria, mediante sentencia
proferida el 30 de julio de 2025, negó las pretensiones de la demanda. Para tal
efecto, luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable al asunto,
se pronunció en estos términos:
7.1. Si bien «las Resoluciones RDP 007903 del 23 de febrero de 2016 y RDP 018729
del 13 de mayo de 2016, por medio de las cuales se negó la petición interpuesta por el
actor y se resolvió el recurso de apelación contra la decisión, respectivamente, no
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Demandante: Álvaro de Jesús Pérez Mejía
resolvieron en forma expresa sobre la solicitud de reliquidación de la pensión del señor
PÉREZ MEJÍA con la inclusión de la diferencia de la Bonificación por Compensación que
le fue reconocida por la Rama Judicial en el año 2015, lo cierto es que pese a ello, y que
en términos del artículo 1º de la Ley 610 de 1998, esta bonificación constituye factor
salarial “…para efectos de determinar las pensiones de vejez, invalidez y
sobreviviente…”, en el caso no hay lugar a declarar la nulidad de las resoluciones citadas
y acceder a la reliquidación, pues hacerlo incrementaría el tope máximo de la mesada
pensional, ya de por sí aumentada, que devenga el actor, por lo en este sentido, dígase
desde ya, lo procedente será NEGAR las súplicas de la demanda» [sic].
7.2. Asimismo, aunque de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, el
tope de las mesadas pensionales es de 25 salarios mínimos legales mensuales
vigentes, el demandante adquirió el estatus pensional el 7 de septiembre de
2001, fecha en la que se encontraba vigente el artículo 18 de la Ley 100 de 1993,
sin la reforma introducida por la Ley 797 de 2003, por lo que el monto de la
prestación se encuentra sujeta a dichos lineamientos.
7.3. Finalmente, no condenó en costas, en tanto no se advirtió una «conducta
susceptible de reproche» por parte de la parte actora.
1.4. El recurso de apelación
8. Álvaro de Jesús Pérez Mejia solicitó que se revocara la sentencia de primera
instancia, con sustento en las siguientes consideraciones:
8.1. De conformidad con el régimen de transición del que era beneficiario «se
encuentra regido bajo el régimen especial consagrado en el Decreto 546 de 1978 y por
el cual debe ser gobernado Por ello no es procedente acudir a normas diferentes dado
el principio de su inescindibilidad y porque ninguna disposición prescribe esa posibilidad-
La Ley 4ª. de 1976, norma de carácter general por ningún lado previó el TOPE PARA
LAS PENSIONES ESPECIALES».
8.2. Según la interpretación efectuada por la Corte Constitucional en la sentencia
C-089 de 1997, el límite que estableció la Ley 100 de 1993 «será el límite máximo
al que podrán aspirar los pensionados que se beneficien con las prerrogativas que
señala el parágrafo del Art.3, es decir, los veinte salarios mínimos, salvo que el régimen
pensional al que están sometidos, establece un límite mayor éste. Los pensionados de
los regímenes especiales cuyo sistema fije un límite máximo, superior al que consagra
la ley 100 de 1993, no estarán sujetos a éste, pues la ley 100 no les puede aplicar». Así
las cosas, en tanto era beneficiario del régimen pensional contenido en el Decreto
546 de 1971, «no es de ley la aplicación de los topes pensionales».
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Demandante: Álvaro de Jesús Pérez Mejía
1.5. Intervenciones en segunda instancia
9. Mediante auto proferido el 24 de noviembre de 2025 fue admitido el recurso de
apelación interpuesto por Álvaro de Jesús Pérez Mejía y, en tanto no se presentó
solicitud probatoria no se ordenó correr traslado para alegar de conclusión, según
lo dispuesto en el CPACA, artículo 247, numeral 53.
1.6. El Ministerio Público
10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.
2. Consideraciones
2.1. Los problemas jurídicos
11. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación, los
problemas jurídicos a resolver se circunscriben a determinar:
11.1. ¿Si los beneficiarios del régimen pensional previsto en el Decreto 546 de
1978 se encuentran exceptuados de la aplicación de los topes pensionales?
11.2. Y si la respuesta al anterior interrogante es positiva, ¿si le asistía el derecho
a Álvaro de Jesús Pérez Mejía a la reliquidación de la pensión de vejez, con la
inclusión de la bonificación por compensación, sin considerar los topes
pensionales?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. La bonificación por compensación
12. El artículo 13 de la Constitución Política en desarrollo del derecho a la
igualdad, señaló que todas las personas recibirán la misma protección y trato de
las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades
sin ninguna discriminación y que el Estado deberá promover las condiciones para
que la igualdad sea real y efectiva, así como adoptar las medidas necesarias para
su defensa.
13. En esa medida y ante la notoria desigualdad salarial existente entre algunos
grupos de servidores públicos, el gobierno nacional en ejercicio de sus
3Índice 29 de Samai, actuación denominada: 21Autoqueadmite_16982023admiterecurs(.pdf)
NroActua 29.
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Demandante: Álvaro de Jesús Pérez Mejía
facultades, especialmente las señaladas en el literal b) del artículo 1 de la Ley 4ª
de 1992, expidió el Decreto 610 de 1998, mediante el cual creó la «[b]onificación
por compensación, con carácter permanente, que sumada a la prima especial de
servicios y a los demás ingresos laborales actuales iguale al sesenta por ciento (60%)
de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los Magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo Superior de la
Judicatura», la cual «sólo constituirá factor salarial para efectos de determinar las
pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, en los mismos términos de la prima
especial de servicios de los Magistrados de las Altas Cortes».
14. Lo anterior en consideración a que, para el año fiscal de 1998, la remuneración
de los magistrados de los tribunales superiores de distrito judicial, contencioso
administrativo, nacional y superior militar; los magistrados auxiliares de la Corte
Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, y el Consejo Superior de la
Judicatura; los abogados auxiliares del Consejo de Estado; los fiscales y jefes de
unidad ante el Tribunal Nacional; los fiscales del Tribunal Superior Militar, los
fiscales ante el tribunal de distrito, y los jefes de unidad de fiscalía ante tribunal
de distrito equivalía al 46%, en comparación con la que percibían los magistrados
de las altas cortes. Por ende, acordó un esquema que gradualmente permitiera
superar la desigualdad económica entre los dos niveles mencionados, iniciando
en un 60% para el año 1999, para posteriormente aumentar en un 70% en el año
2000, y finalmente llegar al 80% en el año 2001, de lo que por todo concepto
devengaran anualmente los magistrados de las altas cortes.
15. Asimismo, mediante el Decreto 1239 de 1998 4, el gobierno nacional extendió
los beneficios a los secretarios generales de la Corte Suprema de Justicia, el
Consejo de Estado, la Corte Constitucional y al secretario judicial de la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
16. Sin embargo, estas disposiciones fueron derogadas por el Decreto 2668 del
31 de diciembre de 19985, que a la postre dio origen a una serie de decretos que
reglamentaron la bonificación por compensación en forma anual6.
17. No obstante, mediante sentencia proferida por la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de septiembre de 2001 se declaró
4 «Por el cual se adiciona el Decreto número 610 del 26 de marzo de 1998».
5 «por el cual se derogan los Decretos 610 de marzo 26 de 1998 y 1239 de julio 2 de 1998».
6 Los decretos 664 del 13 de abril de 1999, derogado por el Decreto 2738 del 27 de diciembre de
2000, derogado por el Decreto 1476 del 19 de julio de 2001, derogado por el Decreto 2726 del 17
de diciembre de 2001, derogado por el Decreto 663 del 10 de abril de 2002, derogado por el
Decreto 3570 del 11 de diciembre de 2003.
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Demandante: Álvaro de Jesús Pérez Mejía
nulo el Decreto 26687; situación que generó que los decretos 610 y 1239 de 1998
regresaran al ordenamiento jurídico.
18. Posteriormente, el gobierno nacional mediante el Decreto 4040 de 2004 8 creó
para el mismo grupo de servidores [a que aludía el Decreto 610] la llamada
«Bonificación de Gestión Judicial, con carácter permanente, que sumada a la asignación
básica y demás ingresos laborales iguale al setenta por ciento (70%) de lo que por todo
concepto devenguen los Magistrados de las Altas Cortes, para los funcionarios de la
Rama Judicial, incluida la Fiscalía General de la Nación, y el Ministerio de Defensa
Nacional». En este se estableció, a su vez, su incompatibilidad con la bonificación
por compensación establecida en el Decreto 610 de 19949.
19. Además, en aquel acto se señaló que podrían optar por el reconocimiento y
pago de esta bonificación los servidores señalados en la norma, siempre y
cuando se encontraran en una de las siguientes situaciones:
20. Quienes habían iniciado acciones judiciales relacionadas con la bonificación
por compensación y desistieran de sus pretensiones, para lo cual debían
renunciar expresamente a la posibilidad de iniciar nuevamente acciones, en los
términos del artículo 342 del Código de Procedimiento Civil; y los que no hubieran
efectuado tales reclamaciones y suscribieran contratos de transacción para
precaver litigios futuros relacionados con la bonificación por compensación.
21. Así las cosas, para este grupo de servidores se crearon dos regímenes, el
primero señalado en el Decreto 610 de 1998 que creó la bonificación por
compensación con carácter permanente, que sumada a la prima especial de
servicios y a los demás ingresos laborales igualaba hasta el 80% de lo que por
todo concepto percibían los magistrados de alta corte; y otro, en el que se
concedió una bonificación de gestión judicial en iguales condiciones pero que
solo alcanzaría el hasta 70% de esos ingresos [tal y como lo señala el Decreto
4040 de 2004].
22. No obstante, la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia
proferida el 14 de diciembre de 201110 declaró la nulidad del Decreto 4040 de
7 Proferida dentro del proceso con radicado 395-99, conjuez ponente Álvaro Lecompte Luna.
8 «Por el cual se crea una Bonificación de Gestión Judicial para los Magistrados de Tribunal y
otros funcionarios».
9 «Decreto 4040 de 2004, Artículo 2, Parágrafo 2º. La Bonificación de Gestión Judicial tendrá
efectos fiscales a partir del 1º de enero de 2004 y es incompatible con la Bonificación por
Compensación, que hasta la fecha de expedición del presente Decreto se viene reconociendo a
los servidores citados en el presente artículo» [Se resalta].
10 Radicado 11001-03-25-000-2005-00244-01, NI 10067-2005, demandante: Jairo Hernán
Valcárcel, conjuez ponente: Carlos Arturo Orjuela Góngora.
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Demandante: Álvaro de Jesús Pérez Mejía
2004, pues consideró, entre otras razones, que violaba los principios tutelares de
la Constitución Política de Colombia, en tanto que los destinatarios del Decreto
610 de 1998 adquirieron un derecho que el gobierno nacional no podía suprimir
con uno regresivo, y menos aún a través de una transacción sobre derechos
ciertos e indiscutibles.
23. Al respecto, la Sala de Conjueces advirtió que tal y como se había señalado
en anteriores pronunciamientos11 aquella situación [la de tener dos regímenes
para un mismo grupo de servidores] generaba un trato desigual y discriminatorio.
Al respecto, señaló:
«En tales condiciones, para una misma categoría de servidores que están en un
mismo plano de igualdad, en cuanto en virtud de la soberanía, tienen la facultad de
administrar justicia, ejecutando la misma labor, teniendo el mismo horario, idénticas
funciones y responsabilidades, deben cumplir los mismos requisitos y calidades
generales y específicas para desempeñar el cargo, dos normas aún vigentes, el
decreto 610 de 1998 y el decreto 4040 de 2004, establecieron a su vez dos regímenes
laborales referentes al monto de la asignación mensual, que se diferencian en que en
el primero, el salario es del 80% y en el segundo es el 70% de lo devengado por los
Magistrados de las Altas Cortes.
De tal manera, la norma posterior, el decreto 4040 de 2004, creó una desigualdad
manifiesta entre iguales, como son los Magistrados de Tribunales, posibilitando un
trato diferenciado basado en la validez del consentimiento dado para aceptar una
transacción o desistimiento de un derecho irrenunciable.
Para la Sala, independientemente de la situación, categoría o status social, político,
económico o intelectual de un trabajador público o privado, está prohibido
constitucionalmente renunciar a sus derechos adquiridos, o transar o conciliar sobre
derechos ciertos e indiscutibles» [sic].
24. Además, en aquella oportunidad, la Sala reiteró que «los destinatarios del
decreto 610 de 1998, […] ganaron el derecho a la bonificación allí establecida desde que
ingresar[on] al servicio de la Rama Judicial en sus condiciones de Magistrados, no
pudiéndose mediante otra norma o acto jurídico afectárseles tal derecho, por estar
cobijados por el principio mínimo fundamental de derecho del trabajo, de la
irrenunciabilidad de los derechos laborales por sus titulares, y por ello, no podrá un
tercero, - el Estado o los particulares - suprimirlos, pues, su carácter de derecho humano
fundamental así lo impone, quedando amparados por la regla pro operario “De la
Condición Más Beneficiosa”, consagrada en el artículo 53 inc. 5º de la Constitución
Política». De acuerdo con lo anterior, concluyó que el decreto demandado
afectaba esencialmente el derecho de igualdad entre servidores del mismo nivel
o rango sin justificación alguna; disminuía inequitativamente la remuneración
11 Al efecto citó la sentencia proferida por laSala de Conjueces de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con ponencia del conjuez Luis Eduardo Pineda
Palomino, sentencia del 7 de julio de 2011, expediente 2009-00603.
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Demandante: Álvaro de Jesús Pérez Mejía
mensual de aquellos que tienen el mismo derecho que sus pares judiciales; y le
«abr[ía] camino al quebrantamiento de un postulado fundamental en estas relaciones de
trabajo, como es el de que no se puede transigir o conciliar sobre derechos ciertos e
indiscutibles».
25. En sentencia del 18 de mayo de 2016, la sala de conjueces de la Sección
Segunda de esta corporación señaló que solo a partir de la declaratoria de
nulidad del Decreto 4040 de 2004 [dispuesta en la sentencia del 14 de diciembre
de 2011, que cobró ejecutoria el 27 de enero de 2012] es que se «superó la
discusión en relación con la vigencia simultánea entre el régimen contemplado en el
decreto 610 de 1998, denominado “Bonificación por Compensación”, dirigido a algunos
servidores de la rama judicial, incluida la Fiscalía General de la Nación y Ministerio de
Defensa, que con anterioridad a la publicación del decreto se encontraran
desempeñando los cargos enumerados [allí]».
26. De acuerdo con lo anterior, advirtió que ante la coexistencia de 2 regímenes
salariales diferentes [contenidos en los decretos 610 de 1998 y 4040 de 2004],
no podía aludirse a la exigibilidad del derecho a reclamar [en los términos del
decreto 3135 de 1968], pues no era posible establecer cuál de ellos era el
exigible; de manera que concluyó que esta exigibilidad se «reputa[ba] sólo hasta la
fecha de ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, es
decir, a partir del 28 de enero de 2012».
27. Por otro lado, analizó el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, en virtud del cual
advirtió que el régimen de la prima especial de servicios allí contenida no hizo
distinción entre salario y prestaciones sociales, pues aludió únicamente a
ingresos laborales totales; de acuerdo con lo cual, concluyó que el auxilio de
cesantías debía ser tenido en cuenta para realizar la liquidación de la prima
especial de servicios de los servidores mencionados en el artículo 15 de la Ley
4ª de 1992, quienes tendrían derecho a percibir una suma equivalente a lo que
por todo concepto devengan los congresistas.
28. Además, precisó que este régimen tiene una clara incidencia en la
determinación de la bonificación por compensación de los servidores públicos
que se encontraban sujetos al Decreto 610 de 1998, pues esta norma previó la
nivelación salarial al 60%, 70% y 80% «de lo que por todo concepto devenguen los
Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la
Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado» para los años 1998, 1999, 2000
y siguientes, respectivamente. En este sentido, y teniendo en cuenta que la prima
especial de servicios no solo es un ingreso laboral sino que también cuenta con
un carácter salarial limitado en atención a lo decidido por la Corte Constitucional
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en la sentencia C-681 del 6 de agosto de 200312, no existían razones para que
se hiciera «abstracción de la misma, o de cualquiera de los factores que se tienen en
cuenta para su liquidación, al momento de fijar el monto a cancelar por concepto de
bonificación por compensación a favor de los servidores mencionados en el artículo 2º
del Decreto 610 de 1998» (sic).
29. En ese sentido, concluyó que «e[ra] necesario que el monto percibido por los
Magistrados de las Altas Cortes por [concepto de prima especial], y que haya sido
liquidado teniendo en cuenta las cesantías percibidas por los Congresistas, debe ser un
factor para determinar el valor de la bonificación por compensación».
30. Finalmente, el gobierno nacional expidió otra serie de decretos que asignaban
unos valores fijos anuales por concepto de bonificación por compensación, y que
fueron derogados secuencialmente por decretos posteriores13, hasta llegar al
Decreto 1102 de 201214, por la cual dispuso que a partir del 27 de enero de 2012,
la bonificación por compensación que venían percibiendo con carácter
permanente los servidores de la rama judicial, la justicia penal militar, la Fiscalía
General de la Nación y agentes del ministerio público equivaldría a un valor que
sumado a la asignación básica y demás ingresos laborales igualara al 80% de lo
que por todo concepto devengaran anualmente los magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo
Superior de la Judicatura; y que esta sólo constituiría factor salarial para efecto
del ingreso base de cotización del Sistema General de Pensiones y del Sistema
General de Seguridad Social en Salud en los mismos términos de la Ley 797 de
2003.
31. Además, en aquel acto se dispuso que como consecuencia de la declaratoria
de nulidad del Decreto 4040 de 2004, los servidores que venían percibiendo la
bonificación de gestión judicial percibirían, a partir de la fecha de ejecutoria de
esa sentencia, la bonificación por compensación en los mismos términos y
condiciones señaladas para su reconocimiento en el artículo 1° de ese decreto
[artículo 2].
12 Que declaró inexequible el aparte del artículo 15 de la Ley 4ª de 1992 que aludía a que esta
prima no tendría carácter salarial.
13 Decretos 4040 de 2004, 944 de 2005, 401 de 2006, 630 de 2007, 670 de 2008, 735 de 2009,
1400 de 2010,
1051 de 2011, 887 de 2012, y 1102 de 2012.
14 «Por la cual se modifica la bonificación por compensación para los Magistrados de Tribunal y
otros funcionarios».
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Radicado: 05001-23-33-000-2016-02482-01 (3002-2025)
Demandante: Álvaro de Jesús Pérez Mejía
2.2.2. El régimen pensional de los servidores de la Rama Judicial y el
Ministerio Público
32. El Decreto 546 del 27 de marzo de 1971, mediante el cual se estableció el
«régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados de la Rama
Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares», en su artículo 6 previó los
requisitos que debían acreditar los destinatarios de esa disposición para efectos
de ser beneficiarios de la pensión de jubilación, en los siguientes términos:
«Artículo 6º. Los funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto, tendrán
derecho, al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50, si son mujeres, y
cumplir 20 años de servicio continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la
vigencia de este Decreto, de los cuales 10 hayan sido exclusivamente a la Rama
Jurisdiccional o al Ministerio Publico, o ambas actividades, a una pensión ordinaria
vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que
hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades citadas».
33. De otra parte, el artículo 12 del Decreto 717 del 20 de abril de 1978 15 se
encargó de desarrollar lo relacionado con los factores salariales con base en los
cuales se debían liquidar las pensiones de los empleados destinatarios del
régimen en mención, frente a lo cual dispuso:
«De otros factores de salario. Además de la asignación básica mensual fijada por la
ley para cada empleo, constituyen factores de salario todas las sumas que habitual y
periódicamente reciba el funcionario o empleado como retribución por sus servicios.
Son factores de salario:
a) Los gastos de representación.
b) La prima de antigüedad.
c) El auxilio de transporte.
d) La prima de capacitación.
e) La prima ascensional.
f) La prima de servicio.
g) Los viáticos percibidos por los funcionarios y empleados en comisión en desarrollo
de comisiones de servicio».
34. Igualmente, el artículo 9 del referido Decreto 546, de manera clara señaló que
para la liquidación de las pensiones de que trata dicha norma no serían incluidos
los viáticos recibidos por el empleado o funcionario, a menos que ellos sean de
carácter permanente y se hubiese recibido dentro de los últimos tres años,
durante un lapso continuo de seis meses o mayor.
35. A su turno, el artículo 7 de esta normativa frente al tiempo mínimo de servicio
15«Por el cual se establecen las equivalencias de nomenclatura, clasificación y grado de
remuneración para los empleos señalados en los Decretos-ley 0717 y 0719 de 1978»
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Radicado: 05001-23-33-000-2016-02482-01 (3002-2025)
Demandante: Álvaro de Jesús Pérez Mejía
prestado de manera exclusiva a la Rama Judicial y/o al Ministerio Público, indicó
que: «(s)i el tiempo de servicio exigido en el primer inciso del Artículo anterior se hubiere
prestado en la rama jurisdiccional o en el Ministerio Público en lapso menor de 10 años,
la pensión de jubilación se liquidará en la forma ordinaria establecida para los empleados
de la rama administrativa del Poder Público» (resalta la Sala).
36. En conclusión, el monto de la pensión de los servidores de la Rama Judicial y
del Ministerio Público, beneficiarios del régimen previsto en el Decreto 546 de
1971, comprende la asignación mensual más elevada que hubieren devengado
en el último año de servicio, en un valor equivalente al 75% de todos los factores
percibidos durante dicho lapso.
2.2.3. Ingreso base de liquidación en el régimen pensional previsto en el
Decreto 546 de 1971, de los beneficiarios del régimen de transición de la
Ley 100 de 1993
37. La Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Pensiones cuyo fin es
garantizar el amparo a la población para contingencias provenientes de la vejez,
la invalidez y la muerte; sin embargo, en aras de la protección de los derechos
adquiridos de los empleados que reunían ciertos requisitos al momento de la
entrada en vigencia de la citada norma (1º de abril de 1994), se estipuló un
régimen de transición en el artículo 36 ibidem, en el cual se estableció:
«La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55)
años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en
la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las
mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al
momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de
edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince
(15) o mas años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al
cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas
personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones
contenidas en la presente Ley».
38. Según la anterior cita, se consolida como beneficiario del régimen de transición
el trabajador que al 1 de abril de 1994 contara con alguno de los siguientes
requisitos: i) 35 años de edad o más si es mujer, ii) 40 años o más si es hombre
o iii) 15 años o más de servicios cotizados, es decir, es suficiente reunir uno solo
de estos para gozar del derecho adquirido.
39. El mencionado régimen de transición no solo aplica para los regímenes que
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Radicado: 05001-23-33-000-2016-02482-01 (3002-2025)
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regulan el sistema prestacional a gran escala como la Ley 6 de 1945, el Decreto
3135 de 1968, la Ley 33 de 1985 y la Ley 71 de 1988, sino que también procede
para los regímenes especiales, como son los decretos 546 de 1971 referente a
los empleados y funcionarios de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público,
929 de 1976 y 720 de 1978 referentes a los empleados de la Contraloría General
de la República, entre otros.
40. Ahora bien, la jurisprudencia de la Sección Segunda de esta Corporación
unificó la interpretación frente a la forma en la que debía ser liquidada la pensión
de quienes eran beneficiarios de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de
1996, en el sentido de entender que el ingreso base de liquidación sí hacía parte
del régimen de transición, es decir, que debía ser liquidado conforme con las
disposiciones especiales anteriores. En ese sentido, en sentencia del 4 de agosto
de 201016 esta corporación señaló:
«(…) Se observa, entonces, que la Ley 100 de 1993 creó un régimen de transición,
que ha sido entendido como un beneficio consagrado en favor de las personas que
cumplan determinados requisitos, para que al entrar en vigencia la nueva ley, en lo
que atañe a la edad, tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y monto de
la pensión, se sigan rigiendo por lo establecido en el régimen anterior al cual se
encontraban afiliados».
41. Con posterioridad, la Sala Plena de la Corporación, en sentencia del 28 de
agosto de 201817, rectificó la referida interpretación y concluyó que el ingreso
base de liquidación previsto en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
debía aplicarse también a quienes eran beneficiarios del régimen de transición,
es decir, que solo podía aplicarse el régimen anterior en los aspectos
relacionados con la edad, tiempo de servicios y tasa de reemplazo.
42. En esa misma línea, la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en sentencia de unificación del 11 de junio de 2020 18, señaló que el
funcionario o empleado de la Rama Judicial o del Ministerio Público que sea
beneficiario del régimen de transición previsto en el mencionado artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, tendría derecho al reconocimiento pensional conforme con las
disposiciones del Decreto 546 de 1971, en los siguientes términos:
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000-
23-25-000-2006-07509-01.
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto
de 2018, Radicación: 52001-23-33-000-2012-00143-01, demandante: Gladis del Carmen
Guerrero de Montenegro.
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 11 de junio de
2020, radicación: 15001-23-33-000-2016-00630-01 (4083-2017) CE-SUJ-S2-021-20.
Demandante: Cándida Rosa Araque de Navas.
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Radicado: 05001-23-33-000-2016-02482-01 (3002-2025)
Demandante: Álvaro de Jesús Pérez Mejía
«(…) 4.1. El funcionario o empleado de la Rama Jurisdiccional o del Ministerio Público
beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993 adquiere el derecho a la pensión de jubilación, siempre que se acrediten los
siguientes presupuestos:
i) Para el 1.º de abril de 1994, cuando cobró vigencia la Ley 100 de 1993 en el ámbito
nacional o para el 30 de junio de 1995 cuando empezó a regir en el ámbito territorial,
tenga: a) 40 años de edad si es hombre, 35 años de edad si es mujer o, b) 15 años o
más de servicios efectivamente cotizados.
ii) Reúna además los requerimientos propios del régimen de la Rama Judicial y del
Ministerio Público estipulados en el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971 para
consolidar el estatus pensional que son: a) el cumplimiento de la edad de 50 años si
es mujer, o de 55 años si es hombre; b) el tiempo de 20 años de servicios, continuos
o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de dicho decreto, que tuvo lugar
el 16 de julio de 1971; c) de esos 20 años de servicio, por lo menos 10 años lo
debieron ser exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a
ambas actividades.»
«iii) Con los elementos del régimen anterior consagrados en el artículo 6.º del Decreto
546 de 1971 que son: a) la edad de 50 años si es mujer o de 55 años si es hombre;
b) el tiempo de servicios de 20 años, continuos o discontinuos anteriores o posteriores
a la vigencia de dicho decreto; c) de esos 20 años de servicio, por lo menos 10 años
lo hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a
ambas actividades; d) la tasa de reemplazo del 75%; e) el ingreso básico de
liquidación de que tratan los artículos 21 y 36, inciso 3.°, de la Ley 100 de 1993, según
el caso; es decir, si le faltare más de 10 años, será el promedio de los salarios o rentas
sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al
reconocimiento de la pensión actualizados anualmente con base en la IPC certificado
por el DANE, y si le faltare menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión,
el ingreso base de liquidación será: (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que
les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior,
actualizado anualmente con base en IPC certificado por el DANE; y f) con los factores
de liquidación contemplados por el artículo 1.° del Decreto 1158 de 1994 al igual que
por los artículos 14 de la Ley 4ª. De 1992 con la modificación de la Ley 332 de 1996;
1.° del Decreto 610 de 1998; 1.° del Decreto 1102 de 2012; 1.° del Decreto 2460 de
2006; 1.° del Decreto 3900 de 2008; y 1.° del Decreto 383 de 2013, según se trate de
magistrados o empleados de la Rama Judicial o del Ministerio Público».
43. De acuerdo con la interpretación jurisprudencial referida, quienes siendo
beneficiarios de la transición tuviesen derecho al reconocimiento pensional en los
términos del Decreto 546 de 1971, se les aplicarán las disposiciones de esa
norma en cuanto a tiempo de servicio, edad y tasa de reemplazo; pero el ingreso
base de liquidación será el establecido en los artículos 21 y 36, inciso 3, de la Ley
100 de 1993, según sea el caso.
44. Finalmente, la Sala Plena de la Sección Segunda precisó que las
consideraciones expuestas en la mencionada decisión de unificación tendrían
aplicación retrospectiva y que la regla fijada será vinculante en los asuntos
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Radicado: 05001-23-33-000-2016-02482-01 (3002-2025)
Demandante: Álvaro de Jesús Pérez Mejía
similares que no contaran con sentencia ejecutoriada al momento de la citada
providencia. Asimismo, advirtió que en caso de presentarse recurso
extraordinario de revisión contra sentencias proferidas con fundamento en tesis
anteriores que sostuvo la corporación, deberá prevalecer el carácter de cosa
juzgada, en tanto no hay lugar a entender que lo fueron con abuso del derecho o
fraude a la ley. En ese sentido dispuso:
«SEGUNDO: Advertir a la comunidad en general que las consideraciones expuestas
en esta providencia en relación con el tema que se unifica jurisprudencia, tienen
aplicación retrospectiva, y que la regla jurisprudencial fijada es vinculante en los
siguientes casos: (i) respecto de los asuntos similares que actualmente se están
tramitando en el seno de la administración; (ii) respecto de los procesos similares que
se están adelantando en juzgados, tribunales administrativos y Consejo de Estado.
En consecuencia, no tiene efectos respecto de aquellos asuntos en los que ya existe
sentencia ejecutoriada. En tal virtud, los conflictos judiciales ya resueltos están
amparados por la cosa juzgada y en consecuencia resultan inmodificables».
45. Tampoco puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de
unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen
de transición, con fundamento en tesis anteriores que sostuvo la Sección
Segunda del Consejo de Estado, la cuales replanteó la Sala Plena, lo fueron con
abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer
recurso extraordinario de revisión contra sentencia ejecutoriada que haya
reconocido la pensión con fundamento en jurisprudencia diferente de la ratio
decidendi aquí expuesta, prevalecerá el carácter de cosa juzgada, sin perjuicio
de lo previsto en las causales de revisión reguladas en el artículo 250 del CPACA.
2.2.4. Límites al reconocimiento de la pensión
46. Los límites máximos de la prestación que protege la contingencia de la vejez
fueron previstos en el ordenamiento desde la Ley 4ª de 1976 y se reiteraron en
las leyes 71 de 1988, 100 de 1993 y 797 de 2003.
47. En efecto, el artículo 2 de la Ley 4ª de 197619 dispuso que las pensiones de
jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes, de los sectores público, oficial,
semioficial, en todos sus órdenes, y en el sector privado, «no podrán ser inferiores
al salario mínimo mensual más alto, ni superiores a 22 veces este mismo salario».
[Se resalta]. En igual sentido, el artículo 2 de la Ley 71 de 1988 señaló que
ninguna pensión podría exceder de 15 veces el salario mínimo legal mensual 20,
disposición que también está contenida en el artículo 18 de la Ley 100 de 1993
19 Por la cual se dictan normas sobre materia pensional de los sectores público, oficial, semioficial
y privado y se dictan otras disposiciones
20 Dicha previsión también se reiteró en el artículo 3 del Decreto 1160 de 1989.
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Demandante: Álvaro de Jesús Pérez Mejía
que limitó la base de cotización a 20 SMLVM. No obstante, esta disposición fue
modificada por la Ley 797 de 2003 que aumentó dicha suma a 25 SMLVM. Al
respecto, el Acto Legislativo 1 de 2005 precisó que «a partir del 31 de julio de 2010,
no podrán causarse pensiones superiores a veinticinco (25) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, con cargo a recursos de naturaleza pública».
48. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado que «el legislador puede,
por razones de política legislativa, señalar cuáles son los límites máximos y mínimos que
deben implantarse para que las reservas de dinero destinadas al pago de las pensiones,
tanto en el sector público como en el privado, no pierdan por un lado su capacidad
adquisitiva, pero por otro garanticen y protejan los recursos existentes para el pago de
las pensiones (C.P. art. 48 y 53)»21. Lo anterior, pues consideró que, dentro de
ciertos límites, el legislador tiene libertad para determinar el monto y los alcances
de los recursos a fin de lograr el mejor uso de ellos en un sistema solidario de
seguridad social, en armonía con el deber de protección de los recursos
existentes para el pago de las pensiones, a fin de asignarlos preferencialmente a
aquellos que se encuentran en una escala económica inferior.
49. En aquella oportunidad, la Corte recordó que «los topes máximos pensionales,
en tratándose de la pensión de vejez, continúan produciendo efectos jurídicos frente
a las situaciones jurídicas consolidadas al amparo de su vigencia [la de la
Constitución], valga decir, las leyes 4 de 1976 y 71 de 1988 continúan irradiando sus
efectos en estas materias» [Se resalta].
50. A su vez, la Corte Constitucional22 ha precisado que también les son aplicables
las normas generales que fijan los topes pensionales a los regímenes especiales,
siempre y cuando establezcan un límite superior al previsto por la normativa
especial; y consideró inaceptable predicar la ausencia de topes para los
beneficiarios de leyes especiales, es decir, que no podría admitirse la «existencia
de un grupo de pensionados privilegiados, excluidos de los límites máximos que la ley
ha previsto para el reconocimiento y valor de las pensiones»23.
51. Asimismo, y para el caso específico de los regímenes especiales de
pensiones, en las sentencias C-089 de 1997 y C-155 de 1997, esa corporación
sostuvo que en caso de que las normas especiales de tales regímenes no
dispusieran un límite cuantitativo para las mesadas, debía aplicarse el tope
señalado en las reglas generales, específicamente en la Ley 100 y las
disposiciones que la modifican en lo pertinente. Análisis que se expuso en la
sentencia C-258 de 2013, en los siguientes términos:
21 Sentencia C-155 de 1997.
22 Sentencia C-089 de 1997.
23 Sentencia C-089 de 1997.
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«Esa preocupación por fijar límites a los subsidios que el Estado destina al pago de
las más altas pensiones por medio del establecimiento de topes, existía además
desde antes de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005, e incluso con
anterioridad a la promulgación de la Ley 100 de 1993. Como se indicó en apartes
anteriores, desde la Ley 4 de 1976, el Legislador ha sometido a topes mínimos y
máximos el valor que una persona puede recibir por razón de su pensión; así, esa
normativa estableció un valor máximo de 22 smmlv. Posteriormente, la Ley 71 de
1988 disminuyó el tope a 15 smmlv y la Ley 100 de 1993 lo elevó, en su artículo 18,
a 20 smmlv para los afiliados al régimen de prima media. Más recientemente, el
artículo 5 de la Ley 797 de 2003 elevó el tope a 25 smmlv; ese mismo criterio fue
luego acogido por el Acto Legislativo 01 de 2005.
En concordancia con la anterior preocupación y para el caso específico de los
regímenes especiales de pensiones, en las sentencias C-089 de 1997 y C-155 de
1997, esta Corporación también sostuvo que en caso de que las normas especiales
de tales regímenes no dispusieran un límite cuantitativo para las mesadas,
debía aplicarse el tope señalado en las reglas generales, específicamente en la
Ley 100 y las disposiciones que la modifican en lo pertinente.
Por las anteriores razones la Sala no puede mantener en el ordenamiento la regla de
la ausencia de topes en el régimen de pensiones materia de análisis. Hacerlo, como
en el caso de los anteriores elementos del régimen, (i) vulneraría el principio de
igualdad en tanto conduce a la transferencia de subsidios públicos excesivos a un
grupo de personas que no sólo no están en condición de vulnerabilidad o debilidad,
sino que, por el contrario, por regla general pertenecen a un sector privilegiado de la
población; y (ii) avalaría la continuidad de un sacrificio desproporcionado de los
principios y finalidades de la seguridad social» (sic) [se resalta].
52. En esas condiciones, la aplicación de topes a la totalidad de las pensiones, ya
sean ordinarias o especiales, resulta indispensable para salvaguardar la
estabilidad financiera del sistema pensional. Así pues, desde la expedición de la
Ley 4ª de 1976, se ha establecido que las pensiones de los servidores públicos
deben sujetarse a límites máximos en su cuantía, dado que esta restricción
permite garantizar una distribución justa y proporcional de los recursos públicos
limitados destinados a la seguridad social. De este modo, se materializan los
principios constitucionales y legales de solidaridad, eficiencia, equidad,
universalidad y sostenibilidad fiscal, pilares fundamentales para la viabilidad del
régimen pensional.
2.4. Lo probado dentro del proceso
53. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
53.1. Mediante la Resolución 21691 del 6 de agosto de 2002, Cajanal le reconoció
a Álvaro de Jesús Pérez Mejía «una pensión mensual vitalicia por vejez», de
conformidad con el Decreto 546 de 1971, al cual tenía derecho por ser
beneficiario del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993. Así las
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Demandante: Álvaro de Jesús Pérez Mejía
cosas, la prestación se liquidó con «el 75% del promedio de lo devengado sobre el
salario promedio de 7 años 10 meses 28 días», para lo cual se tuvieron en cuenta
los siguientes factores: asignación básica, prima especial, bonificación por
servicios prestados, prima de nivelación y bonificación por compensación.
53.1.1. En el acto de reconocimiento pensional se señaló como fecha de estatus
pensional el 7 de septiembre de 2001 y se condicionó su efectividad al retiro del
servicio.
53.1.2. El Juzgado Décimo Laboral del Circuito, en sentencia proferida el 17 de
agosto de 2005, concluyó que tenía derecho a la liquidación de la prestación con
base en la asignación mensual más elevada durante el último año de servicio
«que para el caso del demandante, es entre el primero (1°) de septiembre de 2002 al 30
de agosto de 2003». En ese sentido ordenó a Cajanal «reajustar, a partir del primero
(1°) de agosto de 2005, la pensión de jubilación que le viene cancelando al doctor Álvaro
de Jesús Pérez Mejía, en cuantía de $270.714,91, adicionales a la mesada pensional
que actualmente cancela».
53.1.3. A través de la Resolución 1599 del 24 de febrero de 2006, Cajanal dio
cumplimiento al fallo relacionado en el párrafo anterior.
53.2. Mediante la sentencia proferida el 21 de junio de 2013, por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces, se ordenó a «la Nación -Consejo
Superior de la Judicatura- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial reconocer y
pagar a los demandantes el reajuste que resulte de la diferencia salarial entre el régimen
del Decreto 610 de 1998 y el Decreto 4040 de 2004».
53.3. A través de la Resolución 2805 del 19 de marzo de 2015, la directora
ejecutiva de administración judicial, en cumplimiento de la sentencia relacionada
en el párrafo anterior, liquidó las diferencias de la bonificación por compensación
correspondientes al periodo comprendido entre el 1° de enero de 2001 y el 31 de
agosto de 2003. Este acto administrativo fue modificado por la Resolución 2956
del 8 de abril de 2015, porque «en el cuadro resumen de la sentencia se registró un
valor errado».
53.4. La directora administrativa de la División de Tesorería certificó que en
cumplimiento de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia
«ordenó liquidar los valores de la bonificación por compensación, por el periodo
comprendido entre el 01 de enero de 2001 y el 31 de agosto de 2003, así:» i)
$3.611.667 para el año 2001; ii) $3.890.622 para el año 2002; y iii) $4.372.143
entre el 1° de enero y el 31 de agosto de 2003.
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Demandante: Álvaro de Jesús Pérez Mejía
53.5. El 10 de noviembre de 2015 solicitó la reliquidación de la pensión de vejez,
la cual fue negada por la Ugpp con la Resolución 007903 del 23 de febrero de
2016, con sustento en lo siguiente:
«Que una vez revisado y analizado el factor salarial de bonificación de compensación,
para esta subdirección de determinación pensional no es claro y no se tiene certeza
frente a qué periodo fue pagado por la entidad nominadora si fue un pago mensual o
total de cada anualidad, ahora bien para que se proceda a una reliquidación de la
pensión de vejez y que se tenga en cuenta el factor de compensación, es necesario
que se allegue un nuevo certificado de factores salariales donde se determine
claramente el pago real que recibió el peticionario como en este caso la bonificación
por compensación.»
53.6. A través de la Resolución RDP 018729 del 13 de mayo de 2016, la Ugpp
confirmó el anterior acto, porque «si bien es cierto al expediente pensional fue
allegada la documentación antes mencionada la misma se encuentra en copia simple
careciendo por tal razón de valor probatorio, de conformidad con lo mencionado en el
artículo 254 del C.P.C.».
53.7. El Área de Talento Humano de la Dirección Seccional de la Rama Judicial de
«Medellín-Antioquia», certificó que el demandante, durante los años 2000, 2001,
2002 y 2003 había devengado mensualmente los siguientes factores: sueldo
mensual, «bonif. Compensación» y prima especial.
53.8. De conformidad con el certificado expedido por el Fondo de Pensiones
Públicas del Nivel Nacional24, en el mes de septiembre del año 2024, por
concepto de mesada pensional el demandante devengaba $18.837.277,15 [sin
descuentos25].
53.9. Mediante el Oficio DEAJALO24-14881 del 17 de octubre de 2024, el director
administrativo del grupo de sentencias de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial informó:
«Mediante Resolución 2805 de 19 de marzo de 2015 y 2956 de 8 de abril de 2015, la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, procedió a dar cumplimiento a la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala de Conjueces
del 21 de junio de 2013, en la cual se le canceló la bonificación por compensación,
del 80% de todos los ingresos anuales que perciben los magistrados de alta
corporación atendiendo el decreto 610 de 1998, en el periodo comprendido entre el 1
de enero de 2001 al 31 de agosto de 2003.
Respecto de los aportes a seguridad social en pensión, es importante indicarle que
no dio lugar a dichos aportes porque según el artículo 18 de la ley 100 de 1993, que
24 En adelante Fopep.
25 El valor neto que recibía después de aplicados los descuentos correspondía a $16.388.377,15.
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Demandante: Álvaro de Jesús Pérez Mejía
era la vigente en las fechas comprendidas entre el 1 de enero de 2001 al 31 de agosto
de 2003, nos indicaba el tope máximo de cotización, que correspondía a 20 salarios
mínimos mensuales vigentes, y una vez analizado en el sistema de KACTUS, se
evidencio que ya habían sido descontados estos aportes por nómina.»
2.5. Análisis sustancial del caso concreto
54. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria, negó las
pretensiones de la demanda, al considerar que el demandante no tenía derecho
a la reliquidación de la pensión de jubilación, toda vez que esta le fue reconocida
sobre los 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, esto es, sobre el tope
máximo previsto en el artículo 18 de la Ley 100 de 1993, sin la modificación de
la Ley 797 de 2003.
55. Álvaro de Jesús Pérez Mejía solicitó que se revocara la sentencia de primera
instancia al considerar que, contrario a lo concluido por el a quo, no le eran
aplicables los topes pensionales en tanto era beneficiario del régimen especial
de la Rama Judicial.
56. Previo a analizar los argumentos del recurso de apelación, se precisa que en
el sub judice no se encuentra en discusión el régimen pensional que le era
aplicable al demandante, el cual fue definido por el Juez Décimo Laboral del
Circuito de Medellín, autoridad judicial que en sentencia del 17 de agosto de 2005
definió que tenía derecho a la liquidación de la prestación con base en la
asignación mensual más elevada durante el último año de servicio « que para el
caso del demandante, es entre el primero (1°) de septiembre de 2002 al 30 de agosto de
2003». En cumplimiento de esta decisión la entidad de previsión profirió la
Resolución 1599 del 24 de febrero de 2006, la cual, en la actualidad rige la
situación pensional de Álvaro de Jesús Pérez Mejía.
57. Ahora bien, en cuanto al tope pensional, de conformidad con el marco
normativo aplicable, se evidencia que desde la expedición de la Ley 4ª de 1976
el legislador estableció límites máximos a las pensiones, política que se ha
mantenido de manera constante en el ordenamiento jurídico. Así, la Ley 100 de
1993 dispuso [en su artículo 18] que la base de cotización no podía exceder de
20 SMLMV, límite que operaba como referente máximo dentro del régimen de
prima media y que solo fue modificado con la expedición de la Ley 797 de 2003,
la cual elevó dicho tope a 25 SMLMV, regla que fue posteriormente consolidada
a nivel constitucional mediante el Acto Legislativo 1 de 2005.
58. En relación con este aspecto, sostuvo el recurrente que, según la
interpretación efectuada por la Corte Constitucional en la sentencia C-089 de
1997, el límite que estableció la Ley 100 de 1993 «será el límite máximo al que
20
Radicado: 05001-23-33-000-2016-02482-01 (3002-2025)
Demandante: Álvaro de Jesús Pérez Mejía
podrán aspirar los pensionados que se beneficien con las prerrogativas que señala el
parágrafo del Art.3, es decir, los veinte salarios mínimos, salvo que el régimen pensional
al que están sometidos, establece un límite mayor éste. Los pensionados de los
regímenes especiales cuyo sistema fije un límite máximo, superior al que consagra la ley
100 de 1993, no estarán sujetos a éste, pues la ley 100 no les puede aplicar» [sic]. Así
las cosas, en tanto era beneficiario del régimen pensional contenido en el Decreto
546 de 1971, «no es de ley la aplicación de los topes pensionales».
59. Frente a lo anterior, se advierte que el pensionado dio un alcance equivocado
a la interpretación efectuada por la Corte Constitucional en la sentencia C-089 de
1997, puesto que, en esa decisión dicho tribunal no concluyó que los topes
pensionales no fueran aplicables a los regímenes especiales, sino, todo lo
contrario. En ese sentido, como se desarrolló en líneas anteriores, en la
mencionada providencia se sostuvo que en caso de que las normas especiales
de tales regímenes no dispusieran un límite cuantitativo para las mesadas, debía
aplicarse el tope señalado en las reglas generales, específicamente en la Ley
100 y las disposiciones que la modifican en lo pertinente.
60. Lo anterior al concluir que, de acuerdo con el ordenamiento constitucional y
legal vigente, la aplicación de topes a la totalidad de las pensiones, ya sean
ordinarias o especiales, resulta indispensable para salvaguardar la estabilidad
financiera del sistema pensional. Asimismo, porque mantener en el ordenamiento
actual la regla de ausencia de topes para los regímenes pensionales vulneraría
el principio de igualdad «en tanto conduce a la transferencia de subsidios públicos
excesivos a un grupo de personas que no sólo no están en condición de vulnerabilidad
o debilidad, sino que, por el contrario, por regla general pertenecen a un sector
privilegiado de la población26».
61. Así las cosas, como se explicó, en tanto, en el régimen pensional contenido
en el Decreto 546 de 1971 no se estableció de manera expresa un tope, para
efectos de la liquidación pensional de sus beneficiarios, se debe acudir a las
disposiciones del régimen general, contenidas en el artículo 18 de la Ley 100 de
1993; norma que inicialmente estableció que la base de cotización no podía
exceder de 20 SMLMV, límite que operó hasta la modificación introducida con la
Ley 797 de 2003.
62. En ese orden, de acuerdo con el referido tránsito normativo, el análisis debe
efectuarse a la luz de la vigencia normativa aplicable al momento en que se
consolidó el derecho. De manera que, si el demandante adquirió su estatus
pensional en el año 2001, para esa fecha se encontraba vigente el límite de 20
SMLMV previsto en la Ley 100 de 1993 sin que aún hubiera entrado a regir la
26 Corte Constitucional, sentencia C-258 de 2013.
21
Radicado: 05001-23-33-000-2016-02482-01 (3002-2025)
Demandante: Álvaro de Jesús Pérez Mejía
modificación introducida por la Ley 797 de 2003 ni, por supuesto, la reforma
constitucional del año 2005. En consecuencia, el reconocimiento debía sujetarse
al tope de 20 SMLMV, por ser el límite legal vigente al momento de la
consolidación del estatus pensional.
63. No obstante, esta Sala no pasa por alto que Álvaro de Jesús Pérez Mejía
continuó laborando hasta el 31 de agosto de 2003, lo que permite evidenciar que
efectuó aportes a pensión luego de la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003
[29 de enero de 2003], por lo que, durante los últimos 7 meses y 3 días de servicio
su IBC debió tener como límite los 25 SMLMV señalados en la referida norma
pues así lo dispone el artículo 18 de la Ley 100 de 199327.
64. En el presente asunto se pretende la nulidad de los actos demandados y, como
consecuencia, la reliquidación de la pensión de vejez con la inclusión de la
bonificación por compensación reconocida al demandante a través de la
sentencia proferida el 21 de junio de 2013, por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Conjueces, dentro del expediente con radicado 05001-23-31-000-
27 ARTÍCULO 18. BASE DE COTIZACIÓN. <Inciso 4 y parágrafos modificados por el
artículo 5 de la Ley 797 de 2003. (El artículo 5 de la Ley 797 de 2003 transcribe todo el artículo).
El nuevo texto es el siguiente:> La base para calcular las cotizaciones a que hace referencia el
artículo anterior, será el salario mensual.
El salario base de cotización para los trabajadores particulares, será el que resulte de aplicar lo
dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo.
El salario mensual base de cotización para los servidores del sector público, será el que señale
el Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4a. de 1992.
El límite de la base de cotización será de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales
vigentes para trabajadores del sector público y privado. Cuando se devenguen mensualmente
más de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes la base de cotización será
reglamentada por el gobierno nacional y podrá ser hasta de 45 salarios mínimos legales
mensuales para garantizar pensiones hasta de veinticinco (25) salarios mínimos legales.
Las cotizaciones de los trabajadores cuya remuneración se pacte bajo la modalidad de salario
integral, se calculará sobre el 70% de dicho salario.
En todo caso, el monto de la cotización mantendrá siempre una relación directa y proporcional al
monto de la pensión.
PARÁGRAFO 1o. En aquellos casos en los cuales el afiliado perciba salario de dos o más
empleadores, o ingresos como trabajador independiente o por prestación de servicios como
contratista, en un mismo período de tiempo, las cotizaciones correspondientes serán efectuadas
en forma proporcional al salario, o ingreso devengado de cada uno de ellos, y estas se
acumularán para todos los efectos de esta ley sin exceder el tope legal. Para estos efectos, será
necesario que las cotizaciones al sistema de salud se hagan sobre la misma base.
En ningún caso el ingreso base de cotización podrá ser inferior a un salario mínimo legal mensual
vigente. Las personas que perciban ingresos inferiores al salario mínimo legal mensual vigente,
podrán ser beneficiarias del Fondo de Solidaridad Pensional, a efectos de que éste le complete
la cotización que les haga falta y hasta un salario mínimo legal mensual vigente, de acuerdo con
lo previsto en la presente ley.
22
Radicado: 05001-23-33-000-2016-02482-01 (3002-2025)
Demandante: Álvaro de Jesús Pérez Mejía
2009-01509-00. En esta providencia, se ordenó reajustar ese factor con ocasión
de la diferencia salarial que tuvo lugar «entre el régimen del Decreto 610 de 1998 y
el Decreto 4040 de 2004».
65. Así las cosas, como consecuencia de la referida decisión, aumentó el salario
base de cotización del demandante, que debía ser tenido en cuenta por el
empleador para efectos de realizar los aportes al sistema general de pensiones.
66. En el expediente obra el oficio DEAJALO24-14881 del 17 de octubre de 2024,
con el cual el director administrativo del grupo de sentencias de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial informó que, cuando se adelantó el reajuste
de la bonificación por compensación, ordenada por la jurisdicción, no se
efectuaron aportes a seguridad social «porque según el artículo 18 de la ley 100 de
1993, que era la vigente en las fechas comprendidas entre el 1 de enero de 2001 al 31
de agosto de 2003, nos indicaba el tope máximo de cotización, que correspondía a 20
salarios mínimos mensuales vigentes, y una vez analizado en el sistema de KACTUS,
se evidenci[ó] que ya habían sido descontados estos aportes por nómina» [se resalta].
67. Al respecto se advierte lo siguiente: i) el reajuste de la bonificación por
compensación se realizó por el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2001
y el 31 de agosto de 2003; ii) de conformidad con el Decreto 610 de 1998, la
bonificación por compensación «constituirá factor salarial para efectos de determinar
las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes»; ii) sobre el reajuste de la
bonificación del periodo comprendido entre el 1° de enero de 2001 y el 28 de
enero de 2003 [entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003] al empleador no le
correspondía efectuar aportes al sistema de pensiones, porque, como se indicó,
estos ya se habían realizado sobre el tope máximo de 20 SMLMV; y iii) el
empleador sí tenía la obligación de realizar aportes al sistema pensional con
ocasión del reajuste del referido factor por el periodo comprendido entre el 29 de
enero y el 31 de agosto de 2003, toda vez que, en este lapso ya había entrado a
regir la reforma introducida por la Ley 797, según la cual el tope máximo
correspondía a 25 SMLMV.
68. Así las cosas, contrario a lo concluido por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Álvaro de Jesús Pérez Mejía sí tenía derecho a la reliquidación de la
pensión teniendo en cuenta que, entre el 29 de enero y el 31 de agosto de 2003,
los aportes al sistema pensional se debieron efectuar teniendo en cuenta como
límite para establecer la base de cotización los 25 SMLMV, el cual no fue aplicado
en el sub judice, toda vez que, como lo señaló la entidad empleadora, únicamente
se tuvo en cuenta el tope de 20 SMLMV; lo que conllevó a que para la liquidación
de la prestación se tuviera en cuenta un ingreso base de liquidación inferior al
que correspondía y, como consecuencia, le fuera reconocida una mesada
23
Radicado: 05001-23-33-000-2016-02482-01 (3002-2025)
Demandante: Álvaro de Jesús Pérez Mejía
pensional inferior a aquella de la que era acreedor según el régimen jurídico
aplicable.
69. Por lo expuesto, se declarará la nulidad de los actos demandados con los que
se negó al demandante la reliquidación de la pensión de jubilación y, como
consecuencia, se ordenará a la Ugpp reliquidar la prestación con la inclusión de
la diferencia salarial reconocida por el Tribunal Administrativo de Antioquia en la
sentencia proferida el 21 de junio de 2013, con ocasión de «la diferencia salarial
entre el régimen del Decreto 610 de 1998 y el Decreto 4040 de 2004», por el periodo
comprendido entre el 29 de enero y el 31 de agosto de 2003, teniendo como límite
el tope de los 25 SMLMV previsto en el artículo 18 de la Ley 100 de 1993.
70. De otra parte, de acuerdo con lo señalado en el Oficio DEAJALO24-14881 del
17 de octubre de 2024, se evidenció que la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, entre el 29 de enero y el 31 de agosto de 2003 efectuó cotizaciones al
sistema pensional teniendo como límite uno inferior al que legalmente
correspondía, por lo que, se ordenará a la Ugpp adelantar las gestiones
necesarias con el fin de que la entidad empleadora reliquide los aportes a pensión
en favor del demandante por el mencionado lapso, teniendo como tope los 25
SMLMV.
71. Ahora bien, de conformidad con los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y
102 del Decreto 1848 de 1969, resulta oportuno precisar que entre la fecha en la
cual el demandante solicitó la reliquidación de la prestación, esto es el 10 de
noviembre de 2015, y la de la efectividad de la pensión, el 31 de agosto de 2003,
transcurrieron más 3 años, por lo que se configuró el fenómeno jurídico de la
prescripción. Asimismo, para efectos de determinar las mesadas que se vieron
afectadas por este, se tendrá en cuenta la fecha de la reclamación, puesto que,
entre esta y la presentación de la demanda [10 de noviembre de 2016] no
transcurrieron más de 3 años. En esa línea se ordenará el pago de las diferencias
causadas por la reliquidación a partir del 10 de noviembre de 201228.
72. En consecuencia, se revocará la sentencia proferida el 30 de julio de 2025
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria, mediante la cual se
negaron las pretensiones de la demanda y, en su lugar, se declarará la nulidad
de las resoluciones RDP 007903 del 23 de febrero de 2016 y RDP 018729 del
13 de mayo de 2016, a través de las cuales la Ugpp negó la reliquidación de la
pensión. Asimismo, a título de restablecimiento del derecho se ordenará la
28
En el presente asunto se acoge la posición mayoritaria de la sala frente a la forma en la que se
debe efectuar el cómputo de la prescripción cuando se trata del reconocimiento de prestaciones
periódicas, de la cual me aparto tal como lo expuse en el salvamento de voto dentro del
expediente con radicado 13001-23-33-000-2013-00416-02 (3120-2023).
24
Radicado: 05001-23-33-000-2016-02482-01 (3002-2025)
Demandante: Álvaro de Jesús Pérez Mejía
reliquidación de la prestación con la inclusión del reajuste de la bonificación por
compensación ordenado por la jurisdicción, por el periodo comprendido entre el
29 de enero y el 31 de agosto de 2003, teniendo como límite el tope de los 25
SMLMV previsto en el artículo 18 de la Ley 100 de 1993; y se ordenará a la
Ugpp adelantar las gestiones necesarias con el fin de que la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, reliquide los aportes al sistema pensional a favor del
demandante del periodo correspondiente entre el 29 de enero y el 31 de agosto
de 2003, teniendo en cuenta el reajuste de la bonificación por ese lapso.
2.6. Costas
73. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».
74. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma
enunciada, no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda
el litigio y solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las
normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.
75. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde
al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación
subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa
imposición de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para
dar paso a una aplicación razonable de la norma29.
76. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado
si se causaron dichas costas.
77. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
29
En este sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia de 1º de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-23-33-
000-2013-00065-01 (1908-2014).
25
Radicado: 05001-23-33-000-2016-02482-01 (3002-2025)
Demandante: Álvaro de Jesús Pérez Mejía
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
3. Conclusión
78. Con fundamento en lo expuesto, se encuentra que Álvaro de Jesús Pérez
Mejía tenía derecho a la reliquidación de la pensión de jubilación, teniendo en
cuenta el reajuste de la bonificación por compensación reconocida por la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo, durante el periodo comprendido
entre el 29 de enero y el 31 de agosto de 2003, teniendo como límite el tope de
los 25 SMLMV previsto en el artículo 18 de la Ley 100 de 1993.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia proferida el 30 de julio de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Transitoria, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia. En su lugar, se dispone:
Segundo. Declarar la nulidad de las resoluciones RDP 007903 del 23 de febrero
de 2016 y RDP 018729 del 13 de mayo de 2016, a través de las cuales la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social negó la reliquidación de la pensión de vejez solicitada por
Álvaro de Jesús Pérez Mejía.
Tercero. A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social reliquidar a favor de Álvaro de Jesús Pérez Mejía, la pensión
de jubilación reconocida a través de la Resolución 1599 del 24 de febrero de
2006, con la inclusión de las diferencias salariales causadas por el reajuste de la
bonificación por compensación ordenada por el Tribunal Administrativo de
Antioquia dentro del expediente con radicado 05001-23-31-000-2009-01509-00.
Para esos efectos tendrá en cuenta el tope de 25 salarios mínimos legales
mensuales vigentes previsto en el artículo 18 de la Ley 100 de 1993, modificado
por la Ley 797 de 2003.
Cuarto. Ordenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social adelantar las gestiones
26
Radicado: 05001-23-33-000-2016-02482-01 (3002-2025)
Demandante: Álvaro de Jesús Pérez Mejía
necesarias con el fin de que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
reliquide a favor de Álvaro de Jesús Pérez Mejía, los aportes al sistema general
de pensiones por el periodo comprendido entre el 29 de enero y el 31 de agosto
de 2003, teniendo en cuenta el tope de 25 salarios mínimos legales mensuales
vigentes previsto en el artículo 18 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley
797 de 2003.
Quinto. Declarar la prescripción de las diferencias pensionales causadas con
anterioridad al 10 de noviembre de 2012.
Sexto. La entidad demandada hará la actualización sobre las sumas adeudadas,
de conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, en
consideración a los índices de precios al consumidor (IPC) certificados por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y mediante la
aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:
R = Rh. índice final__
índice inicial
Sexto. Sin condena en costas en esta instancia.
Séptimo. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado
en el artículo 192 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del
CPACA.
JMC
27
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