Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-02182-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-02182-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2019-02182-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
6 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Radicado: 05001-23-33-000-2019-02182-01 (6175-2023)1
Demandante: Cristiam Natalia Arango Escobar
Demandado: Nación-Ministerio de Educación - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio – Fiduprevisora S.A.
Medio de control Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 2080 de 2021
Tema: Sanción moratoria por pago tardío de cesantías. Ley 244
de 1995, adicionada y modificada por la Ley 1071 de 2006.
Decisión: Decide recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia del 19 de julio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia2,
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda.
1.1. Pretensiones.
La señora Cristiam Natalia Arango Escobar, por intermedio de apoderada judicial, acudió
a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar la nulidad del acto ficto que se
configuró el 13 de diciembre de 2018, frente a la reclamación del 13 de septiembre de
ese año ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en cuanto no
respondió la solicitud de reconocimiento de la sanción moratoria, en los términos de las
leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.
A título de restablecimiento del derecho, pidió que se condene a la Nación, Ministerio
de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, al
reconocimiento y pago de la aludida sanción; que se cumpla la sentencia en los términos
1
Expediente digital, puede ser consultado en el aplicativo Samai en el siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=050012333000201902182011100103
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Magistrado ponente: John Jairo Alzate López
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Nº Interno: 6175-2023
Demandante: Cristiam Natalia Arango Escobar
Demandado: FOMAG
del artículo 192 de la Ley 1437 del 2011 y, al pago de los ajustes de valor a los que haya
lugar.
Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:
El 15 de agosto de 2014, la señora Cristiam Natalia Arango Escobar, en su condición de
docente estatal en el departamento de Antioquia, solicitó al FOMAG el reconocimiento y
pago del auxilio de cesantías parciales.
La Secretaría de Educación de Antioquia en representación de la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fomag, mediante Resolución No. 201500300243 del 13 de octubre
de 2015, reconoció y ordenó el pago de las cesantías. En ese orden de ideas, el pago se
realizó por intermedio de entidad bancaria el 16 de marzo de 2016, es decir, habiendo
transcurrido 475 días de mora, pues el término con el que contaba la entidad para
sufragar, venció el 27 de noviembre de 2014.
Por lo anterior, el 13 de septiembre de 2018, la actora pidió el reconocimiento y pago de
la sanción moratoria por el retardo en el reconocimiento y pago de la prestación;
trascurrido el plazo legalmente otorgado, la entidad guardó silencio y, por ello, se
configuró el silencio administrativo negativo.
Como consecuencia de lo anterior, solicitó ante la Procuraduría General de la Nación, la
fijación de audiencia prejudicial, siendo está declarada fallida y habilitando así a la
accionante para acudir a la jurisdicción.
1.2. Normas violadas y concepto de violación.
Los artículos 5, 9 y 15 de la Ley 91 de 1989.
Los artículos 1 y 2 de la Ley 244 de 1995.
Los artículos 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006.
Decreto 2831 de 2005.
La parte demandante manifestó que las leyes 244 de 1995 y 1071 de 1995 regularon el
pago de las cesantías parciales y definitivas de los servidores públicos y se estableció
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Nº Interno: 6175-2023
Demandante: Cristiam Natalia Arango Escobar
Demandado: FOMAG
que esta debe ser reconocida 15 días después de hacer la solicitud y el pago ha de
efectuarse en los 45 días siguientes al reconocimiento.
Afirmó que, aun cuando, las normas son claras y la interpretación que ha dado esta
Corporación también lo es, el FOMAG pagó por fuera del término de 70 días hábiles y,
por ello, debe reconocer y pagar la sanción moratoria.
2. Contestación de la demanda.
La Fiduprevisora S.A. contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de las pretensiones,
afirmó que la configuración del silencio administrativo frente a la petición del 13/09/2018
es un hecho ajeno a la entidad y que, verificada la fecha en la cual se puso a disposición
de la docente el dinero correspondiente a cesantías, se advirtió que fue dentro del término
previsto, por lo que no se genera mora.
Agregó que el Fondo tiene la función del pago de prestaciones, sin embargo, la
expedición del acto administrativo de reconocimiento corresponde a las secretarías de
educación y por otro lado se encarga a una sociedad fiduciaria de la administración de
los recursos del fondo, y de pagar las prestaciones. De ahí que la entidad fiduciaria es
quien deberá proceder con los pagos de las prestaciones, luego de contar con el acto
administrativo emitido por la respectiva secretaría, previo el trámite legal para su
concesión que compromete el reporte de todos los entes mencionados.
En este caso, la secretaría de educación territorial a la que se encuentra adscrita la
demandante, atendió al reconocimiento de cesantías parcial, respetando el turno de
radicación y la disponibilidad presupuesta para tal efecto; sin embargo, debió verificar
previamente que el peticionario hubiera presentado solicitud anterior y que el Fomag
contara con el rubro presupuestal para el pago de dicha prestación.
Como excepciones propuso las que denominó: caducidad, falta de agotamiento del
requisito de procedibilidad, cálculo indebido de la sanción moratoria, inexistencia de la
obligación y cobro de lo no debido, buena fe, improcedencia de indexación,
improcedencia de condena en costas y genérica.
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Nº Interno: 6175-2023
Demandante: Cristiam Natalia Arango Escobar
Demandado: FOMAG
3. La sentencia de primera instancia.
El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia proferida el 19 de julio de
2023, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, pues declaró la nulidad
del acto ficto acusado y a título de restablecimiento del derecho, ordenó el pago de la
sanción moratoria por el periodo comprendido entre el 14 de septiembre de 2015 y el 15
de marzo de 2016, indexado y con los respectivos ajustes de ley3.
La providencia recurrida declaró la prescripción de la sanción moratoria causada entre el
28 de noviembre de 2014 y el 13 de septiembre de 2015 y condenó en costas a la entidad
demandada.
El fallo de primera instancia indicó que con ocasión a la petición de pago de cesantías
parciales elevada por la demandante el 15 de agosto de 2014 4, el término de 15 días
hábiles para expedir el acto administrativo que tenía la entidad corrió hasta el 8 de
septiembre de 2014; sin embargo, la Resolución No. 201500300243 que resolvió la
solicitud fue expedida el 13 de octubre de 2015, esto es, fuera de la oportunidad que tenía
para ello.
En ese sentido, expuso que era procedente aplicar la regla jurisprudencial fijada en la
sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, por la expedición del acto administrativo
por fuera del término, es decir, que la sanción moratoria corre 70 días hábiles después de
la radicación de la solicitud de reconocimiento, ya que esta se hizo en vigencia de la Ley
1437 de 2011.
Así las cosas, señaló: «El plazo que tenía para proferir el acto administrativo de reconocimiento de las
cesantías parciales era hasta el 8 de septiembre de 2014 (15 días que dispone el art. 4 de la Ley 1071 de
2006) y el término de ejecutoria de diez (10) días venció el 22 de septiembre de 2014, lo que significa que,
a partir del día siguiente, esto es, del 23 de septiembre de 2014 corrieron los cuarenta y cinco (45) días que
tenía la entidad para el pago, término que venció el 27 de noviembre de 2014».
Por lo anterior, concluyó que la mora en el pago de la obligación se causó entre el 28 de
noviembre de 2014 y el 15 de marzo de 2016, fecha anterior a la cual estuvo a disposición
de la demandante las cesantías reclamadas.
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Expediente digital
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Fecha en que la demandante radicó su solicitud de reconocimiento de cesantías
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Nº Interno: 6175-2023
Demandante: Cristiam Natalia Arango Escobar
Demandado: FOMAG
Sobre la prescripción sostuvo que, en el caso sub examine, la demandante solicitó el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria el 13 de septiembre de 2018, por ello, de
conformidad con lo previsto en el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral y
según fue analizado en sentencia de unificación proferida el 25 de agosto de 2016 por el
Consejo de Estado5, la sanción causada en los tres (3) años anteriores a esa fecha se
encuentra prescrita, determinando: «[…] la sanción causada entre el 28 de noviembre de 2014 y el
13 de septiembre de 2015 se encuentra afectada de dicho fenómeno, pero la sanción causada entre el 14
de septiembre de 2015 y el 15 de marzo de 2016, no se encuentra prescrita. En este sentido se ordenará
el reconocimiento de la sanción por este último periodo».
4. El recurso de apelación.
La parte demandada indicó que en el presente caso operó el fenómeno de la
prescripción del derecho, toda vez que la obligación de pago se hizo exigible el 27 de
noviembre de 2014, por lo que debió elevar la solicitud hasta el 26 de noviembre de 2017;
sin embargo, la reclamación de la sanción moratoria la realizó hasta el 13 de septiembre
de 2018, por lo que solicita la revocatoria de la sentencia de primera instancia, para en
su lugar negar las pretensiones de la demanda.
Dijo que en atención a lo suficientemente decantado por el Consejo de Estado, la
indemnización por mora no es objeto de indexación, pues se trata de una “sanción o
penalidad” que busca el pago oportuno de cesantías, pero su fin no es compensar ni
indemnizar al trabajador.
Finalmente, frente a la condena en costas dijo que se debe tener en cuenta que la entidad
accionada actuó de conformidad con la Ley 91 de 1989, situación que debe ser observada
para efectos de la imposición de esta condena.
5. Alegatos de conclusión
En auto del 8 de marzo de 20246, el despacho sustanciador admitió el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandada y, en virtud del numeral 5 del artículo 67
de la Ley 2080 de 2021, no se corrió traslado para alegar.
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Radicado No. 08001-23-31-000-2011-00628-01 (0528-14)
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Índice 00005 de Samai
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Nº Interno: 6175-2023
Demandante: Cristiam Natalia Arango Escobar
Demandado: FOMAG
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso de
conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según el
artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)7, el juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
2. Problema jurídico
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada la Sala debe
decidir si en el presente caso operó el fenómeno jurídico de la prescripción o si por el
contrario, es procedente ordenar el pago de la sanción moratoria a la señora Cristiam
Natalia Arango Escobar, por la presunta mora en el pago de sus cesantías parciales.
Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes aspectos:
2.1. Marco normativo y jurisprudencial sobre la sanción moratoria; 2.2 Hechos probados;
2.3. Caso concreto y 2.4 Condena en costas.
2.1 Marco normativo y jurisprudencial sobre la sanción moratoria
La Ley 244 del 29 de diciembre de 1995 «por medio de la cual se fijan términos para el pago
oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras
disposiciones» señala el procedimiento para la liquidación y pago de las cesantías
definitivas de todos los servidores públicos, y en el parágrafo del artículo 2 regula la
sanción moratoria causada por el incumplimiento de la entidad pública empleadora
consistente en un día de salario por cada día de retardo hasta el pago efectivo de las
mismas8.
Esta ley fue adicionada y modificada por la Ley 1071 del 31 de julio de 2006, con el objeto
7
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse
durante la audiencia»
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“Parágrafo. - En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará
de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas,
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Nº Interno: 6175-2023
Demandante: Cristiam Natalia Arango Escobar
Demandado: FOMAG
de «reglamentar el reconocimiento de cesantías definitivas o parciales a los trabajadores y servidores del
Estado, así como su oportuna cancelación» (art. 1). Igualmente, estipuló el término para la
expedición de la resolución que reconoce las cesantías y la procedencia de la sanción
moratoria, en los artículos 4 y 5 así:
Artículo 4. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la
solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios,
la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las
cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos
determinados en la ley.
Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá
informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la
solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.
Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta
en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.
Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta
y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena
la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta
prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.
Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al
beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de
las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto
en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se
demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.
Ahora bien, con el fin de establecer el momento a partir del cual se hace exigible la
sanción por mora, la mencionada Sentencia de Unificación del 18 de julio de 2018 estudió
las distintas hipótesis que pueden presentarse en cuanto a la forma y oportunidad del
acto de reconocimiento de la prestación (acto ficto o expreso oportuno o extemporáneo),
la notificación, interposición de recursos y términos de ejecutoria de dicha actuación, y
determinó las siguientes reglas jurisprudenciales9:
SEGUNDO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de Estado para
señalar en cuanto a la exigibilidad de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías,
las siguientes reglas:
i) En el evento en que el acto que reconoce las cesantías definitivas y parciales se expida por
fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria corre 70 días hábiles
después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que corresponde a: i) 15 días para
expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago.
para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir
contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a éste”.
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La Sección Segunda consideró que “en el evento en que la administración no resuelva la solicitud de la prestación social –cesantías
parciales o definitivas- o lo haga de manera tardía, el término para el cómputo de la sanción moratoria iniciará a partir de la radicación
de la petición correspondiente, de manera que se contarán 15 días hábiles para la expedición del acto administrativo de
reconocimiento (Art. 4 L. 1071/2006), 10 del término de ejecutoria de la decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley 1437 de 2011) [5 días si la
petición se presentó en vigencia del Código Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 1984, artículo 51], y 45 días hábiles a partir
del día en que quedó en firme la resolución”.
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Nº Interno: 6175-2023
Demandante: Cristiam Natalia Arango Escobar
Demandado: FOMAG
ii) Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser notificado al
interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se verifica la notificación,
iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el acto no fue notificado, para determinar
cuándo corre la ejecutoria, deberá considerarse el término dispuesto en la ley 10 para que la
entidad intentará notificarlo personalmente, esto es, 5 días para citar al peticionario a recibir
la notificación, 5 días para esperar que compareciera, 1 para entregarle el aviso, y 1 más para
perfeccionar el enteramiento por este medio. Por su parte, cuando el peticionario renuncia a
los términos de notificación y de ejecutoria, el acto adquiere firmeza a partir del día que así lo
manifieste. En ninguno de estos casos, los términos de notificación correrán en contra del
empleador como computables para sanción moratoria.
iii) Cuando se interpone recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique el acto
que lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el pago de la cesantía, correrán
pasados 15 días de interpuesto.
Por último, la citada Sentencia de Unificación también sentó jurisprudencia en cuanto al
salario de liquidación de la sanción moratoria y la imposibilidad de indexar esa base (sin
perjuicio de la actualización de la respectiva condena):
TERCERO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de Estado para
señalar que, en tratándose de cesantías definitivas, el salario base para calcular la sanción
moratoria será la asignación básica vigente en la fecha en que se produjo el retiro del servicio
del servidor público; a diferencia de las cesantías parciales, donde se deberá tener en cuenta
para el mismo efecto la asignación básica vigente al momento de la causación de la mora sin
que varíe por la prolongación en el tiempo.
CUARTO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de Estado para
señalar que es improcedente la indexación de la sanción moratoria por pago tardío de las
cesantías. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA .
Ahora, resulta relevante destacar que en sentencia de unificación SUJ-034-CE-S2-2023
del 2 de noviembre de 2023, esta Corporación respecto de la prescripción de la sanción
moratoria por el pago inoportuno o no pago de cesantías, expuso:
PRIMERO: UNIFICAR la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado para
señalar en cuanto a la prescripción de la sanción moratoria de las cesantías definitivas
consagrada en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, se fijan las siguientes reglas:
(i) El plazo trienal de la prescripción de la sanción moratoria por el incumplimiento en el pago
de las cesantías definitivas, regulado por el artículo 151 del CPTSS, se inicia a contabilizar
desde que la penalidad se hace exigible, esto es, al vencimiento del plazo legal para el pago
de la prestación social. Si el reclamo de la sanción se presenta después de los tres años
contados desde su exigibilidad, se configura la prescripción total.
(ii) El término de la prescripción extintiva de la sanción moratoria derivada del pago tardío o
no pago de las cesantías definitivas se interrumpe por una sola vez con la reclamación
oportuna, y por un lapso igual de tres años, que no puede ser entendido como un término que
habilita al beneficiario para presentar múltiples solicitudes, sin que opere la prescripción.
(iii) Si la administración reconoce y/o paga las cesantías después de extinguido el derecho
por prescripción, esa circunstancia no revive la oportunidad para reclamar la sanción
moratoria.
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Artículo 69 CPACA.
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Demandante: Cristiam Natalia Arango Escobar
Demandado: FOMAG
SEGUNDO: Advertir a los operadores jurídicos y a la comunidad en general que las reglas de
unificación fijadas en esta sentencia son aplicables retrospectivamente a todos los asuntos
que se encuentren en trámite en sede administrativa o judicial y no podrán ser aplicadas
retroactivamente a aquellos casos cobijados por el fenómeno de la cosa juzgada.
2.3. Hechos probados.
i) Formato para solicitud de anticipo de cesantías, diligenciado con la información de la
demandante y radicado ante la Gobernación de Antioquia el 15 de agosto de 2014.
ii) Resolución No. 201500300243 del 13 de octubre de 2015, «Por la cual se reconoce y
ordena el pago de una CESANTÍA PARCIAL para REPARACIÓN DE VIVIENDA», a
nombre de CRISTIAM NATALIA ARANGO ESCOBAR, con la cual la Secretaría de
Educación de Antioquia reconoció la suma de $7.112.550 por concepto de anticipo de
cesantías.
iii) En la resolución anterior se lee lo siguiente sobre la solicitud de esta prestación:
iv) Certificación del 21 de mayo de 2019, expedido por la Fiduprevisora S.A., en el cual
hace constar que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio programó
pago de cesantía parcial reconocida por la Secretaría de Educación de Antioquia, a la
señora Cristiam Natalia Arango Escobar, así:
v) Reclamación administrativa de sanción moratoria radicado el 13 de septiembre de
2018 ante el departamento de Antioquia.
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Nº Interno: 6175-2023
Demandante: Cristiam Natalia Arango Escobar
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2.3. Caso concreto.
De acuerdo con el devenir fáctico de la actuación, se tiene acreditado que la demandante
solicitó el pago de sus cesantías parciales el 15 de agosto de 2014. Por lo tanto, el acto
administrativo debió expedirse en el término de 15 días exigido en el artículo 5 de la Ley
1071 de 2006, esto es, el 8 de septiembre de 2014, de modo, que la Resolución No.
201500300243 del 13 de octubre de 201511 fue extemporánea.
Visto lo anterior, siguiendo el criterio hermenéutico de la Sala, se tiene que el término de
exigibilidad de la sanción moratoria en el sub lite empezó a correr desde el 9 de
septiembre de 2017, como se muestra en el siguiente cuadro:
Reclamación para el pago de las cesantías 15 de agosto de 2014
parciales
Vencimiento del término para el 8 de septiembre de 2014
reconocimiento - 15 días (Art. 4 L.
1071/2006
Vencimiento del término de 22 de septiembre de 2014
ejecutoria – 10 días (Arts. 76 y 87
CPACA)
Vencimiento del término para el pago - 45 días 27 de noviembre de 2014
(Art. 5 Ley 1071 de 2006)
Por lo anterior, se causó un período de mora desde el 28 de noviembre de 2014 (día
siguiente al vencimiento del término para pagar las cesantías definitivas) hasta el 15 de
marzo de 2016, lo que generó un retardo de 1 año, 3 meses y 17 días.
Sin embargo, de acuerdo con la única objeción alegada en el recurso de alzada, no puede
perderse de vista que, si bien en principio, se configuró una mora por el pago tardío del
auxilio de cesantías, en el caso que nos ocupa debe estudiarse la figura jurídica de la
prescripción.
Frente a este aspecto y de conformidad con los antecedentes normativos y
jurisprudenciales anotados en precedencia, tenemos que el plazo para la prescripción de
la sanción moratoria por el pago tardío o no pago de cesantías, consagrado en la Ley 244
de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, es de tres (3) años contados a partir del
momento en el que la sanción se hace exigible, es decir al vencimiento del plazo legal
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Notificada personalmente a la demandante el 30 de octubre de 2015.
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Demandante: Cristiam Natalia Arango Escobar
Demandado: FOMAG
para el pago de la prestación.
Descendiendo al sub examine, se observa que la sanción moratoria empezó a causarse
el 28 de noviembre de 2014, y el plazo para que la interesada elevara la correspondiente
solicitud vencía el 28 de noviembre de 2017; no obstante, la respectiva petición fue
radicada solo hasta el 13 de septiembre de 2018, fecha inconcusamente posterior al
agotamiento de los 3 años siguientes al inicio de causación de la mora, cuando ya se
había consumado el fenómeno prescriptivo.
En consecuencia y, como conclusión de lo explicado, se impone para la Sala revocar la
sentencia de primera instancia, para en su lugar, declarar probada la excepción de
prescripción extintiva y negar las pretensiones de la demanda, tal como se dispondrá en
la parte resolutiva de esta sentencia.
2.4. Condena en costas.
De la interpretación del artículo 188 de la Ley 1437 de 201112, esta Sala ha sido del
criterio que la norma transcrita deja a disposición del juez valorar la procedencia o no de
la condena en costas, ya que para ello debe examinar la actuación procesal de la parte
vencida, tener certeza de su causación y que la conducta desplegada adolece de
temeridad y mala fe, no basta el simple hecho de las resultas del proceso.
En esos términos, en el caso concreto, tras revisar la actuación de las partes a lo largo
del proceso, no se evidencia temeridad ni mala fe. Por lo tanto, se revocará la condena
impuesta en primera instancia y se abstendrá de imponerlas en esta sede.
III. DECISIÓN
En atención a lo anterior, la Sala revocará la sentencia del Tribunal Administrativo de
Antioquia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, para en su lugar
denegarlas.
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Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta
carencia de fundamento legal.
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Demandante: Cristiam Natalia Arango Escobar
Demandado: FOMAG
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley.
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 19 de julio de 2023, por medio de la cual el
Tribunal Administrativo de Antioquia accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, conforme a la parte motiva. En su lugar se dispone:
DECLARAR probada la excepción de prescripción extintiva de la sanción moratoria
por el pago tardío de las cesantías y en consecuencia, NEGAR las pretensiones de
la demanda.
SEGUNDO: Sin condena en costas en ambas instancias.
TERCERO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto Cfr. Rad. AV
68001-23-33-000-2019-00291-01 (2666-2023)
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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