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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-02343-01

Fecha
28 de julio de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2015-02343-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1. Revócase la sentencia proferida el 28 de enero de 2021 por el Tribunal Administrativo de Antioquia (sala tercera de decisión), que negó las pretensiones de la demanda incoada por la señora María Celina Botero Tobón contra la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), de acuerdo con la parte motiva; en su lugar: 1.1 Declárase la nulidad de las Resoluciones GNR 121958 de 9 de abril de 2014 y GNR 320739 de 15 de septiembre siguiente y del acto ficto producto del silencio administrativo negativo frente al recurso de apelación interpuesto por la actora el 21 de mayo de 2014 frente a la primera decisión, mediante los cuales Colpensiones le negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, conforme a lo dicho en la motivación. 1.2 Como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento del derecho, ordénase a Colpensiones reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes a la señora María Celina Botero Tobón, identificada con cédula de ciudadanía 22.091.622, de conformidad con el Decreto 758 de 1990, en cuantía equivalente al 45% del salario base fijado en el artículo 20 ibidem, desde el 26 de marzo de 1992, pero con efectos fiscales a partir del 26 de agosto de 2010, que no podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente para la época de su pago, en atención a las consideraciones de esta providencia. 1.3 Colpensiones hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, teniendo en cuenta los índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber: R = Rh. índice final índice inicial 1.4 Colpensiones deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en el artículo 192 del CACA. 2. Sin condena en costas. 15 Expediente 05001-23-33-000-2015-02343-01 (3575-2021) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de María Celina Botero Tobón contra Colpensiones 3. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2015-02343-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

28 de julio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 05001-23-33-000-2015-02343-01 (3575-2021)
Demandante : María Celina Botero Tobón
Demandada : Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones)
Tema : Reconocimiento de pensión de sobrevivientes en
vigencia del Decreto 758 de 1990

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la accionante
contra la sentencia proferida el 28 de enero de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia (sala tercera de decisión), mediante la cual negó
las súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 El medio de control (ff. 43 a 66). La señora María Celina Botero Tobón,
a través de apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), para que se acojan
las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.

1.1.1 Pretensiones. Se declare la nulidad de las Resoluciones «[...] GNR
121958 de 9 de abril de 2014 [y] GNR 320739 de 15 de septiembre de 2014
[y del] Acto Ficto o Presunto resultante del silencio administrativo negativo
frente al recurso de apelación del 21 de mayo de 2014 [...], a través de los
cuales la entidad se declara incompetente para conocer de la prestación y [...]
le niega la pensión de sobrevivientes a la accionante [...]» (sic).

A título de restablecimiento del derecho, pide, en síntesis, el reconocimiento
y pago indexado de dicha prestación a partir del 26 de marzo de 1992, el
cumplimiento de la sentencia en los términos de ley y la condena en costas.

1.1.2 Fundamentos fácticos. Relata la actora que junto con el señor Francisco
de Jesús Correa Marín fueron los padres de la joven Gloria Cecilia Correa
Botero, quien falleció el 26 de marzo de 1992 y había cotizado para pensión

Expediente 05001-23-33-000-2015-02343-01 (3575-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho de María Celina Botero Tobón contra
Colpensiones

en el extinguido Instituto de Seguros Sociales (ISS) desde el 18 de abril de
1983 hasta el 24 de octubre de 1990 (378,57 semanas), a través de distintos
empleadores de manera interrumpida; y en la entonces Caja Nacional de
Previsión Social (Cajanal) durante «29,14 semanas», entre el 6 de septiembre
de 1991 y el 27 de marzo de 1992, por su vinculación con la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Que dependía económicamente de su hija y esta para la fecha de su deceso no
tenía esposo, compañero o más hijos, por lo que solicitó de la demandada el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, negada por medio de los actos
controvertidos con el argumento de que carecía de competencia.

1.1.3 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como
normas violadas por los actos demandados los artículos 13, 42, 48 y 53 de la
Constitución Política; 21 del Código Sustantivo del Trabajo, 10 de la Ley 153
de 1887, 1º. de la Ley 33 de 1973, 1º. de la Ley 33 de 1985, 39 del Decreto
3135 de 1968, 52 del Decreto 1848 de 1969, 27 del Decreto 1160 de 1989, 6º.
y 25 del Decreto 758 de 1990.

Aduce que «[...] la Ley 33 de 1985, no obstante establecer un régimen especial
para los funcionarios públicos, atenta en contra del artículo 12, 48 y 53
superior al establecer un tratamiento ostensiblemente discriminatorio en
comparación al régimen general de pensiones establecidos en el Decreto 758
de 1990, siendo este más favorable en los términos del artículo 53 de la
Constitución Política. Una vez analizado que la causante dejo causados los
requisitos legales, tiempo de servicio, para que sus beneficiarios accedan a
la prestación económica deprecada con arreglo al Decreto 758 de 1990, se
evidencia que la [demandante] llena a cabalidad los presupuestos formales y
materiales o de hecho para acceder a la pensión de sobrevivientes, pues, es
su beneficiaria [...]».

Que Colpensiones no puede decir que «[...] no podrá proceder a reconocer la
prestación [...] por el hecho de que [la hija de la actora] haya cotizado a
Cajanal la densidad de 29,14 semanas; pues con ellas o sin ellas arrima a
más de 300 semanas que exige el Decreto 758 de 1990 en su artículo 6.
Además, la viabilidad de sumar tiempos [...] ya fue zanjada por la Corte
Constitucional en sentencia SU-769 de 2014 [...]».

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derecho de María Celina Botero Tobón contra
Colpensiones

1.2 Contestación de la demanda (ff. 108 a 117). Colpensiones, a través de
apoderada, contestó el libelo introductorio con oposición a las pretensiones,
frente a los hechos afirmó que algunos son ciertos y otros no; propuso las
excepciones que denominó falta de legitimación en la causa por pasiva, falta
de integración del litis consorcio necesario por pasiva, inexistencia de la
obligación de reconocer una pensión de sobrevivientes, cobro de lo no debido,
prescripción e imposibilidad de condena en costas; y arguyó que «[…] no hay
razones fácticas y jurídicas para proceder al reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes a favor de la demandante [...] por una razón fundamental y es
el hecho de que la causante, al momento de su fallecimiento no se encontraba
afiliada al entonces ISS, sino a Cajanal, hoy UGPP, razón por la cual es a
dicha entidad a la que le corresponde resolver de fondo la petición [...]».

1.3 La providencia apelada (ff. 204 a 215). El Tribunal Administrativo de
Antioquia (sala tercera de decisión), con sentencia de 28 de enero de 2021,
negó las súplicas de la demanda (sin condena en costas), al considerar que
como «[...] la muerte de la señora CORREA BOTERO acaeció el 26 de marzo
de 1992, fecha para la cual no había entrado en vigencia la Ley 100 de 1993
[...] la normatividad aplicable al caso concreto es la anterior a esta para los
empleados públicos -Ley 33 de 1985 y la Ley 12 de 1975, además del Decreto
3135 de 1968-, normas que solo consagran la sustitución pensional o la
pensión de sobrevivientes cuando el empleado público ya había cumplido con
los requisitos para su pensión y solo le faltaba alcanzar la edad».

Agrega que «[...] no es procedente aplicar retrospectivamente la Ley 100 de
1993 con fundamento en el principio de favorabilidad [...] toda vez que este
principio exige que efectivamente haya duda por la existencia de dos
supuestos normativos vigentes y aplicables al mismo supuesto fáctico; no
obstante, en el caso que ocupa la atención de la Sala, la Ley 100 de 1993 no
se encontraba vigente para el 26 de marzo de 1992, fecha de fallecimiento de
la causante».

1.4 El recurso de apelación (ff. 223 a 225 vuelto). Inconforme con la anterior
decisión, la accionante interpuso recurso de apelación, al estimar que «[...] la
sentencia de primera instancia parte de un error de apreciación de los
elementos de convicción arrimados al proceso [...] pues [...] en ningún acápite
se hace referencia a la aplicación del PRINCIPIO DE RETROSPECTIVIDAD
de la ley [...] no se solicitó a la Sala que se le dé aplicación a la LEY 100 DE

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1993, sino a una norma general que rige para los particulares también
vigente para la fecha del óbito, 26/3/1992 que es el Decreto 758 de 1990[, el
cual] exige 150 semanas en los últimos 6 años anteriores al deceso ó 300
semanas en cualquier época con antelación al deceso [...]» (sic).

II. TRÁMITE PROCESAL

El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 29 de abril de
2021 (ff. 230 y vuelto) y admitido por esta Corporación a través de auto de 28
de abril de 2022 (ff. 236 y vuelto), en cumplimiento del artículo 247 del
CPACA1; pero en la oportunidad establecida en el numeral 4 ibidem los
sujetos procesales guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio en segunda
instancia.

3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación2, corresponde
a la Sala determinar si a la demandante, en condición de madre de la señora
Gloria Cecilia Correa Botero (q. e. p. d.), le asiste razón jurídica o no para
reclamar de Colpensiones el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes
prevista en el Decreto 758 de 1990.

3.3 Caso concreto. El material probatorio traído al plenario da cuenta de la
situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente demanda,
en tal virtud, se destaca:

a) Registro civil de nacimiento que da cuenta de que la demandante y el señor
Francisco Correa son los padres de la señora Gloria Cecilia Correa Botero,
quien nació el 17 de marzo de 1961 (f. 26).

1
Modificado por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021.
2
Según el artículo 328 del Código General del Proceso, «El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar
de oficio, en los casos previstos por la ley»; asimismo, «El juez no podrá hacer más desfavorable la situación
del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella».

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b) De conformidad con el reporte de semanas cotizadas expedido por
Colpensiones el 14 de enero de 2014 (f. 21), la referida señora trabajó en el
sector privado, de manera interrumpida, del 18 de abril de 1983 al 24 de
octubre de 1990 y efectuó aportes a pensión en el entonces ISS durante 378,57
semanas.

c) El jefe de coordinación de seguridad social y bienestar social de la DIAN
certificó el 11 de octubre de 2013 que la citada señora laboró como empleada
pública en el cargo de profesional tributario, nivel 40, grado 21, del 6 de
septiembre de 1991 al 27 de marzo de 1992 (28 semanas) y realizó aportes
para pensión en la liquidada Cajanal (f. 32).

d) Registros civiles de defunción, según los cuales el señor Francisco Correa
(esposo de la demandante) y su hija fallecieron el 13 de diciembre de 1991 y
el 26 de marzo de 1992, respectivamente (ff. 24 y 25)

e) Resolución de GNR 121958 de 9 de abril de 2014 (ff. 13 a 14), suscrita por
el gerente de Colpensiones, por la que negó a la actora la pensión de
sobrevivientes que peticionó de conformidad con el Decreto 758 de 1990, el
26 de agosto de 2013, pues «[...] la entidad encargada de resolver la solicitud
elevada es la última caja a la que estuvo afiliado el causante [...]»; confirmada
a través de Resolución GNR 320739 de 15 de septiembre del mismo año (ff.
19 a 20), en la que se desató el recurso de reposición interpuesto por la
interesada (ff. 15 a 17).

f) En el curso del proceso judicial se recaudaron los testimonios de los señores
Gabriel Hernán Velásquez, Luz Aida Gutiérrez Ramos, María Trinidad
Gutiérrez Ramos y Diana Cecilia Roldán Posada; y el interrogatorio de parte
de la actora, que relataron acerca de la dependencia económica de esta última
frente a su hija Gloria Cecilia, quien era soltera, sin hijos y para la fecha en la
que fue asesinada vivía únicamente con su progenitora y respondía por todos
los gastos del hogar, toda vez que esta no recibía ningún ingreso económico
porque siempre fue ama de casa (ff. 146 a 148 y CD en f. 152).

De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que la señora Gloria
Cecilia Correa Botero (q. e. p. d.) trabajó para el sector privado del 18 de abril
de 1983 al 24 de octubre de 1990, es decir, durante 378,57 semanas, que cotizó
en el desaparecido ISS; y en la DIAN del 6 de septiembre de 1991 al 27 de

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marzo de 1992, esto es, 28 semanas, con aportes en Cajanal; y falleció en esta
última fecha; asimismo, se tiene que la demandante dependía
económicamente de su hija y el 26 de agosto de 2013 solicitó de la accionada
la pensión de sobrevivientes de conformidad con el Decreto 758 de 1990,
negada a través de los actos acusados, porque, en criterio de Colpensiones, no
es la competente para otorgar ese derecho.

En primer lugar, comoquiera que Colpensiones en las Resoluciones
demandadas aduce que la entidad encargada de resolver lo peticionado por la
actora es la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por cuanto las
últimas cotizaciones de la hija de la actora fueron como empleada pública en
la extinguida Cajanal, se precisa que el artículo 10 del Decreto 2709 de 19943
establece la regla de competencia para el reconocimiento y pago pensional
cuando concurren aportes en diferentes entidades de previsión social, así:

Artículo 10. Entidad de previsión pagadora. La pensión de jubilación
por aportes será reconocida y pagada por la última entidad de previsión
a la que se efectuaron aportes, siempre y cuando el tiempo de aportación
continuo o discontinuo en ellas haya sido mínimo de seis (6) años. En
caso contrario, la pensión de jubilación por aportes será reconocida y
pagada por la entidad de previsión a la cual se haya efectuado el mayor
tiempo de aportes. […]

Sobre el particular, la sala de consulta y servicio civil de esta Corporación4,
dijo:

[...] la última entidad a la cual hizo cotizaciones o aportes la persona que
reúne los requisitos de tiempo de servicio y de edad exigidos para causar
la pensión de jubilación por aportes es la competente para reconocer y
pagar dicha pensión, siempre que el tiempo de afiliación haya sido igual
o superior a seis (6) años, continuos o discontinuos. De lo contrario, el
reconocimiento y el pago corresponden a la entidad o fondo con el que
se tenga el mayor tiempo de aportación, como regla general.

En relación con la pensión de jubilación por aportes, la Sala de Consulta
en decisión del 10 de octubre de 2016, sostuvo:

[…] en síntesis, quien reúne el requisito de tiempo con

3
«Por el cual se reglamenta el artículo 7°. de la Ley 71 de 1988».
4
Auto de 17 de febrero de 2021, expediente 11001-03-06-000-2020-00244-00(C), C. P. Édgar González
López.

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aportes y cotizaciones a fondos públicos y al ISS, derivados
de vínculos laborales con empleadores públicos y privados,
respectivamente, tiene derecho a la pensión por aportes y su
reconocimiento está a cargo de la última entidad de
previsión a la que estuvo afiliado, siempre que el tiempo
de vinculación haya sido de seis años como mínimo,
continuos o discontinuos. De lo contrario, el
reconocimiento y pago corresponden a la entidad o fondo
al cual se haya hecho la mayor aportación. (Resaltado de
la Sala).

De lo anterior se colige que para el reconocimiento de las pensiones causadas
por acumulación de aportes efectuados en el desaparecido ISS y otros fondos
o cajas, según la regla especial del artículo 10 del Decreto 2709 de 1994, la
competencia recae en la última entidad de previsión social a la que estuvo
afiliado el trabajador, siempre que su tiempo total de vinculación sea
equivalente a 6 o más años, los cuales pueden ser continuos o discontinuos;
de no ser así, la correspondiente prestación deberá ser asumida por el ente
previsional en el cual se haya hecho el mayor período de cotizaciones.

Por tanto, concluye la Sala que Colpensiones sí es la competente para
responder por una eventual condena en la presente controversia frente a la
pensión reclamada, habida cuenta de que la trabajadora fallecida le cotizó
378,57 semanas (7 años, 4 meses y 10 días) al ISS, mientras que en la
extinguida Cajanal solo lo hizo durante 28 semanas (6 meses y 21 días).

Por otra parte, en lo relativo a la pensión de sobrevivientes, se aclara que como
la norma que rige la referida prestación es aquella que se encuentre en vigor
para la fecha del fallecimiento del afiliado y el de la señora Gloria Cecilia
Correa Botero (q. e. p. d.) ocurrió el 26 de marzo de 1992, resulta dable
examinar el derecho pensional según lo establecido en el Decreto 758 de
19905, vigente para dicha época y que sirve de fundamento a la solicitud de la
parte apelante.

El precitado Decreto reguló lo concerniente a la pensión de sobrevivientes de
los afiliados al ISS, así:

ARTÍCULO 25. PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES POR MUERTE

5
«Por el cual se aprueba el Acuerdo número 049 de febrero 1 de 1990 emanado del Consejo Nacional de
Seguros Sociales Obligatorios».

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derecho de María Celina Botero Tobón contra
Colpensiones

POR RIESGO COMÚN. Cuando la muerte del asegurado sea de origen
no profesional, habrá derecho a pensión de sobrevivientes en los
siguientes casos:

a) Cuando a la fecha del fallecimiento, el asegurado haya reunido el
número y densidad de cotizaciones que se exigen para adquirir el
derecho a la pensión de invalidez por riesgo común y,

b) Cuando el asegurado fallecido estuviere disfrutando o tenga causado
el derecho a la pensión de invalidez o de vejez según el presente
Reglamento.

ARTÍCULO 26. CAUSACIÓN Y PERCEPCIÓN DE LA PENSIÓN DE
SOBREVIVIENTES. El derecho a la pensión de sobrevivientes se causa
cuando se reúnen los requisitos establecidos en el presente Reglamento
y se reconoce y paga a partir de la fecha del fallecimiento del asegurado
o del pensionado.

ARTÍCULO 27. BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE
SOBREVIVIENTES POR MUERTE POR RIESGO COMÚN. Son
beneficiarios de la pensión de sobrevivientes por riesgo común, los
siguientes derecho habientes:

1. En forma vitalicia, el cónyuge sobreviviente y, a falta de éste, el
compañero o la compañera permanente del asegurado.
[...]

2. Los hijos legítimos, naturales y adoptivos menores de 18 años, los
inválidos de cualquier edad, los incapacitados por razón de sus estudios,
siempre que dependan económicamente del asegurado y mientras
subsistan las condiciones de minoría de edad, invalidez y los estudiantes
aprueben el respectivo período escolar y no cambien o inicien nueva
carrera o profesión por razones distintas de salud. La invalidez será
calificada por los médicos laborales del Instituto.

3. A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos,
tienen derecho en forma vitalicia, los padres del asegurado, incluidos los
adoptantes, que dependían económicamente del causante.

4. A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, hijos con
derecho o padres, la pensión corresponderá a los hermanos inválidos que
dependían económicamente del asegurado y hasta cuando cese la
invalidez.

ARTÍCULO 28. CUANTÍAS DE LAS PENSIONES DE
SOBREVIVIENTES POR RIESGO COMÚN.

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[...]

4. Si no hubiere cónyuge supérstite o compañero o compañera
permanente, ni hijos con derecho, la sustitución pensional corresponderá
a los padres que dependían económicamente del causante.

[...]

PARÁGRAFO 1º. Cuando por extinción o pérdida del derecho, faltare
alguno de los beneficiarios del respectivo orden, la cuota parte de su
pensión, acrecerá en forma proporcional a la de los demás.

PARÁGRAFO 2º. Se entenderá que hay dependencia económica cuando
el beneficiario no tenga ingresos o éstos sean inferiores al salario mínimo
legal.

Del mismo modo, el referido Decreto, en su artículo 6º., estipuló:

REQUISITOS DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ. Tendrán derecho
a la pensión de invalidez de origen común, las personas que reúnan las
siguientes condiciones:

a) Ser inválido permanente total o inválido permanente absoluto o gran
inválido y,

b) Haber cotizado para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, ciento
cincuenta (150) semanas dentro de los seis (6) años anteriores a la fecha
del estado de invalidez, o trescientas (300) semanas, en cualquier época,
con anterioridad al estado de invalidez [subraya la Sala].

Así las cosas, se concluye que la pensión de sobrevivientes contenida en el
Decreto 758 de 1990 se causa para los beneficiarios que dependan
económicamente del trabajador, en la medida en que se demuestre que cotizó
150 semanas dentro de los 6 años anteriores a la fecha de su deceso o 300 en
cualquier época.

Ahora bien, en lo atañedero al campo de aplicación de esta normativa, se
advierte que cobijaba, en forma forzosa u obligatoria, a (i) los trabajadores
nacionales o extranjeros que presten sus servicios a empleadores particulares
mediante contrato de trabajo o de aprendizaje, (ii) los funcionarios de
seguridad social del Instituto de Seguros Sociales y (iii) «Los pensionados por
jubilación cuyas pensiones vayan a ser compartidas con las pensiones de
vejez a cargo del Instituto de Seguros Sociales o asumidas totalmente por él»;

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derecho de María Celina Botero Tobón contra
Colpensiones

y de manera facultativa, a los trabajadores independientes, los sacerdotes
diocesanos y miembros de las comunidades religiosas y los servidores de
entidades oficiales que al 17 de julio de 1977 se encontraban registradas como
empleadores ante el ISS (artículo 1°).

De igual manera, la Corte Constitucional6 ha precisado que su «[…]
jurisprudencia […] establece la posibilidad de acumular tiempos de servicio
cotizado a cajas o fondos de previsión social o que, en todo caso, fueron
laborados en el sector público y debieron ser cotizados, con las semanas
aportadas al Instituto de Seguros Sociales, para efectos del reconocimiento
de la pensión de vejez bajo el régimen del Acuerdo 049 de 1990. Tal
posibilidad opera tanto para acreditar las 500 semanas de cotización dentro
de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad como las 1000 semanas
de tiempo cotizadas en cualquier tiempo. Adicionalmente, las solicitudes de
reconocimiento pensional que se realicen con fundamento en el Acuerdo 049
de 1990 deben resolverse computando los tiempos cotizados tanto en el sector
público como en el privado, con indiferencia de si la fecha de causación o
adquisición del derecho a la pensión de vejez operó con anterioridad a la
fecha de la Sentencia SU-769 de 2014», con la que unificó su criterio al
respecto.

En lo concerniente a la posibilidad de acumular tiempos cotizados a distintas
cajas o fondos de previsión social, además al entonces ISS, hoy Colpensiones,
para acreditar los requisitos previstos en el Decreto 758 de 1990, tanto la Corte
Constitucional7 como el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia se
han pronunciado acerca de su procedencia.

Sobre el particular, la sección segunda de esta Corporación, en providencia de
23 de abril de 2020, expediente 25000-23-42-000-2016-02417-01 (3351-
2018), C. P. Gabriel Valbuena Hernández, dijo:

Lo anterior, toda vez que tanto la jurisprudencia de la Corte
Constitucional como de esta Sección han establecido la posibilidad de
acumular tiempos de servicio cotizado a cajas o fondos de previsión
social o que, en todo caso, fueron laborados en el sector público o
privado y debieron ser cotizados, con las semanas aportadas al Instituto
de Seguros Sociales, indicando que dicha posibilidad opera tanto para

6
Sentencia T-280 de 20 de junio de 2019, magistrada ponente Gloria Stella Ortiz Delgado.
7
Ibidem.

10

Expediente 05001-23-33-000-2015-02343-01 (3575-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho de María Celina Botero Tobón contra
Colpensiones

acreditar las 500 semanas de cotización dentro de los 20 años anteriores
al cumplimiento de la edad como las 1000 semanas de tiempo cotizadas
en cualquier tiempo.

En ese contexto, aunque tal interpretación se realizó en torno a la pensión de
vejez consagrada en el Decreto 758 de 1990, emerge con claridad que nada
obsta para que se puedan acumular los tiempos aportados por la finada hija de
la actora a distintas cajas de previsión social (incluido el ISS y Colpensiones),
en la medida en que, en últimas, lo que interesa es que se hayan efectuado
cotizaciones al ISS y la prestación deba ser asumida por Colpensiones.

En este orden de ideas, está acreditado en el expediente que la finada acumuló
378,57 semanas en Colpensiones y 28 en la otrora Cajanal, con lo cual alcanzó
405,57 semanas de aportes pensionales, es decir, más de las 300 exigidas en
cualquier época por el mencionado Decreto.

Se advierte que el requisito relativo a la dependencia económica también ha
sido plenamente demostrado con los testimonios y el interrogatorio de parte
recaudados en el curso del proceso, en los que los deponentes coincidieron en
expresar que la causante en vida era el único soporte económico de la actora,
por cuanto esta carecía de otra fuente de ingresos, máxime cuando tales
afirmaciones no fueron controvertidas o desvirtuadas por la entidad
accionada.

En consecuencia, a la demandante le asiste el derecho a la pensión de
sobrevivientes que causó su extinta hija, según los artículos 6, 208 y 25 del
Decreto 758 de 1990, la cual deberá ser otorgada por Colpensiones, en cuantía
equivalente al 45%9 del salario base contemplado en el parágrafo 1º. del
artículo 20 ibidem, en cuanto prevé que «[e]l salario mensual de base se
obtiene multiplicando por el factor 4.33, la centésima parte de la suma de los

8
«INTEGRACION DE LAS PENSIONES DE INVALIDEZ POR RIESGO COMUN Y DE VEJEZ. Las
pensiones de invalidez por riesgo común y por vejez, se integrarán así:
I. PENSIONES DE INVALIDEZ.
1. Pensión de Invalidez Permanente Total:
a) Con una cuantía básica igual al cuarenta y cinco por ciento (45%) del salario mensual de base y,
b) Con aumentos equivalentes al tres por ciento (3%) del mismo salario mensual de base por cada cincuenta
(50) semanas de cotización que el asegurado tuviere acreditadas con posterioridad a las primeras quinientas
(500) semanas de cotización. El valor total de la pensión no podrá superar el 90% del salario mensual de
base ni ser inferior al salario mínimo legal mensual ni superior a quince veces este mismo salario».
9
Toda vez que el artículo 20 del Decreto 758 de 1990 establece dicho porcentaje de liquidación para la
pensión de invalidez permanente total y un incremento porcentual que solo procede cuando se exceden 500
semanas de cotización (la causante únicamente completó 405,57).

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Medio de control de nulidad y restablecimiento del
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Colpensiones

salarios semanales sobre los cuales cotizó el trabajador en las últimas cien
(100) semanas. El factor 4.33 resulta de dividir el número de semanas de un
año por el número de meses»; prestación que, en todo caso, no podrá ser
inferior al salario mínimo legal mensual vigente para el momento de su pago.

Por último, resulta oportuno precisar que, por ser el derecho pensional de
carácter imprescriptible, este se causa día a día y se puede solicitar en
cualquier época por el interesado. Contrario sensu, para el caso de las mesadas
pensionales adeudadas, el legislador ha establecido el fenómeno de la
prescripción, de manera que se pagan solamente las causadas hasta tres (3)
años antes de la fecha en que se haya formulado la correspondiente
reclamación ante la demandada, conforme al artículo 41 del Decreto 3135 de
196810. Por consiguiente, comoquiera que la demandante presentó la
respectiva reclamación después de 25 años y 5 meses (26 de agosto de 2013),
contados a partir de la fecha en que la obligación se hizo exigible (26 de marzo
de 1992), se declararán prescritas las mesadas causadas con antelación al 26
de agosto de 2010.

Con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y
apreciados en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más
disquisiciones sobre el particular, la Sala revocará la sentencia de primera
instancia, que negó las súplicas de la demanda; en su lugar, se declarará la
nulidad de las Resoluciones GNR 121958 de 9 de abril de 2014 y GNR
320739 de 15 de septiembre siguiente y del acto ficto producto del silencio
administrativo negativo frente al recurso de apelación interpuesto por la actora
el 21 de mayo de 2014 frente a la primera decisión; y, a título de
restablecimiento del derecho, se ordenará a Colpensiones reconocerle la
pensión de sobrevivientes deprecada de conformidad con el Decreto 758 de
1990, en cuantía equivalente al 45% del salario base fijado en el artículo 20
ibidem, desde el 26 de marzo de 1992, pero con efectos fiscales a partir del 26
de agosto de 2010, por prescripción trienal.

La suma que deberá cancelar la entidad accionada por concepto de las
mesadas adeudadas se actualizará de acuerdo con la fórmula según la cual el
valor presente (R) se determinará multiplicando el valor histórico (Rh) por el
10
«Artículo 41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en tres
años contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del
empleado o trabajador ante la autoridad competente sobre un derecho o prestación debidamente
determinado interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual».

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Colpensiones

guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor
certificado por el DANE (vigente a la fecha de la sentencia) por el índice
inicial (vigente a la fecha de la causación de la prestación). La fórmula que
debe aplicar la entidad demandada es la siguiente:

R = Rh. índice final
índice inicial

Se aclara que por tratarse de obligaciones de tracto sucesivo, dicha fórmula
debe aplicarse mes por mes, para cada mesada prestacional y para los demás
emolumentos teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento
de la causación de cada uno de ellos.

Lo anterior, sin perjuicio de lo estipulado en el artículo 192 del CPACA, cuya
observancia por parte de la Administración debe darse sin necesidad de
mandato judicial.

En relación con la condena en costas y las agencias en derecho que
corresponde a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del proceso,
esta Corporación, en sentencia de 1.º de diciembre de 201611, se pronunció
así:

En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en costas
en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:

Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil.

La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial
gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción
es entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar,
determinar, mandar lo que ha de hacerse».

Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas no
presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas generales
11
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01
(1908-2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, actor: Ramiro Antonio Barreto Rojas, demandada: Nación –
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y departamento
del Tolima.

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Medio de control de nulidad y restablecimiento del
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del procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo 366 del
CGP).

En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones
(civil, comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en
materia de costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP),
corresponde al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio
de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por
las partes, previa imposición de la medida, que limitan el arbitrio judicial
o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de la norma.

Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida
esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso
normal de las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo
sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda,
excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen
hechos contrarios a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se
utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o
con propósitos dolosos o fraudulentos; se obstruya, por acción u
omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca el desarrollo normal y
expedito del proceso; o se hagan transcripciones o citas deliberadamente
inexactas (artículo 79 CGP).

Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses del demandante,
se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la vía judicial del
derecho que le asistía de acceder a la pensión gracia, pues con base en el
ordenamiento que la rige y los lineamientos jurisprudenciales en la
materia, así lo consideró.

Por consiguiente, esta Sala considera que la referida normativa deja a
disposición del juez la procedencia o no de la condena en costas, puesto que
para ello debe examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar
su causación y no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron
desfavorables a sus intereses, pues dicha imposición surge después de tener
certeza de que la conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala
fe, por lo que, al no predicarse tal proceder de la parte demandada, no se
impondrá condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

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Colpensiones

FALLA:

1. Revócase la sentencia proferida el 28 de enero de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia (sala tercera de decisión), que negó las
pretensiones de la demanda incoada por la señora María Celina Botero Tobón
contra la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), de
acuerdo con la parte motiva; en su lugar:

1.1 Declárase la nulidad de las Resoluciones GNR 121958 de 9 de abril de
2014 y GNR 320739 de 15 de septiembre siguiente y del acto ficto producto
del silencio administrativo negativo frente al recurso de apelación interpuesto
por la actora el 21 de mayo de 2014 frente a la primera decisión, mediante los
cuales Colpensiones le negó el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes, conforme a lo dicho en la motivación.

1.2 Como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento
del derecho, ordénase a Colpensiones reconocer y pagar la pensión de
sobrevivientes a la señora María Celina Botero Tobón, identificada con cédula
de ciudadanía 22.091.622, de conformidad con el Decreto 758 de 1990, en
cuantía equivalente al 45% del salario base fijado en el artículo 20 ibidem,
desde el 26 de marzo de 1992, pero con efectos fiscales a partir del 26 de
agosto de 2010, que no podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual
vigente para la época de su pago, en atención a las consideraciones de esta
providencia.

1.3 Colpensiones hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA,
teniendo en cuenta los índices de inflación certificados por el DANE y
mediante la aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de
Estado, a saber:

R = Rh. índice final
índice inicial

1.4 Colpensiones deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro
del plazo indicado en el artículo 192 del CACA.

2. Sin condena en costas.

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derecho de María Celina Botero Tobón contra
Colpensiones

3. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

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