Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06997-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06997-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-06997-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
13 de diciembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06997-00
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1 - UGPP
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otro
Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho / Reconocimiento de pensión de sobreviviente pese a
existir cesación de los efectos civiles del matrimonio católico /
Defecto sustantivo y fáctico, y desconocimiento del precedente
judicial
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala la solicitud formulada por la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
y desarrollada en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, y 333 de 2021.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud2
La UGPP promovió solicitud de tutela con el fin de que se amparara su derecho
fundamental al debido proceso, el cual consideró vulnerado con ocasión de la
sentencia del 13 de julio de 2023 proferida por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, en el medio de control de nulidad y restablecimiento de
derecho con radicado 41001233300020150022700.
Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
i) Olga Trujillo Silva interpuso demanda de nulidad y restablecimiento de derecho
contra la UGPP, con el fin de que se declarara la nulidad de las Resoluciones RDP
23378 del 29 de julio de 2014, RDP 27746 del 11 de septiembre de 2014 y RDP
32754 del 28 de octubre de 2014, mediante las cuales se le negó el reconocimiento
1
En adelante UGPP
2 Ver índice 2 de SAMAI. Archivo denominado «ED_TUTELA(.pdf) NroActua 2»
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06997-00
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
de una pensión de sobrevivientes.
ii) El Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia del 6 de octubre de 2020
accedió a las pretensiones de la demanda, al considerar que la demandante logró
demostrar la convivencia con el causante en los últimos 5 años previo a su deceso,
la cual se relaciona con el acompañamiento espiritual, moral y económico; y el deber
de apoyo y auxilio mutuo. Decisión contra la cual la entidad demandada interpuso
recurso de apelación.
iii) El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, a través de sentencia
de 13 de julio de 2023 confirmó la decisión del a quo con argumentos similares.
iv) En relación con esa decisión, la parte demandante considera que las
corporaciones judicial demandadas vulneraron su derecho fundamental al
debido proceso, al incurrir en defecto sustantivo, ya que «interpretaron de manera
errónea la norma en que fundó su decisión, esto es el artículo 13 de la ley 797 de 2003., ii.-
No se tomó en cuenta. Para resolver el caso de la señora OLGA TRUJILLO, las sentencias
que han definido el alcance de la norma aplicable, cuando esta fue proferida con efectos
erga omnes., iii. Contabilizó de manera incorrecta la prescripción trienal». Por otra parte,
adujó que se incurrió en defecto fáctico por indebida valoración del registro civil de
matrimonio aportado al proceso, en el que se observa la nota marginal de
divorcio.
Asimismo, consideró que se incurrió en desconocimiento del precedente contenido
en «la ratio decidendi de la sentencia de constitucionalidad 515 de 2019[, pues], se condenó
[…] a esta Entidad a reconocer y pagar una pensión de sobrevivientes a favor de la señora
Olga Trujillo Silva, en calidad de cónyuge supérstite, pese a haberse encontrado
demostrado en el proceso Contencioso que la sociedad conyugal que existió entre ella y el
Pensionado fallecido, estaba disuelta y liquidada antes de su fallecimiento. Así entonces,
es claro que las decisiones cuestionadas contrariaron abiertamente la ratio decidendi de la
sentencia de constitucionalidad antes mencionada, la que definió específicamente el
alcance de la expresión “con sociedad conyugal vigente” contenida en el literal B del artículo
13 de la ley 797 de 2003».
1.1.2. Pretensiones
Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:
«[…] PRINCIPALES:
Primero. |Sean AMPARADOS los derechos fundamentales deprecados por la UGPP,
vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA SALA CUARTA DE
DECISIÓN y el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A, al ordenar reconocer y
pagar pensión de sobrevivientes del causante a la señora OLGA TRUJILLO SILVA quien
no tiene derecho a la misma.
Segundo. Consecuentemente:
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Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
a.- DEJAR sin efectos las decisiones contenidas en las sentencias del 6 de octubre de
2020 y 13 de julio de 2023 emitidas por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA
SALA CUARTA DE DECISIÓN y el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A, dentro
del proceso contencioso No. 41001233300020150022700 por la flagrante vía de hecho
y el abuso palmario del derecho en que incurrieron los estrados judiciales al reconocer
erradamente la pensión de sobrevivientes a favor de la señora OLGA TRUJILLO SILVA
quien no reunió los requisitos fijados por el artículo 13 de la ley 797 de 2003 y reiterados
en la sentencia C-515 de 2019 para ser beneficiaria de esa prestación.
b.- ORDENAR al CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A, que proceda a dictar
nueva sentencia ajustada a derecho, revocando la decisión del 06 de octubre de 2020
proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA SALA CUARTA DE
DECISIÓN y como consecuencia se niegue las pretensiones solicitadas por la señora
OLGA TRUJILLO SILVA dentro del proceso contencioso del N°
41001233300020150022700, por encontrar que la señora SILVA SANCHEZ no tiene
derecho a reconocimiento pensional de sobrevivencia alguno.
ACCESORIAS:
En caso de que esa H. Magistratura determine que en este caso procede otro medio de
defensa judicial solicitamos:
Primero. AMPARAR de manera TRANSITORIA los derechos fundamentales deprecados
por la UGPP, vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA SALA
CUARTA DE DECISIÓN y el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A, al ordenar reconocer la
pensión de sobrevivientes del causante a favor de la señora OLGA TRUJILLO SILVA
quien no tiene derecho a la misma.
Segundo. Consecuentemente a lo anterior SUSPENDER el cumplimiento de las
sentencias del 6 de octubre de 2020 y 13 de julio de 2023 proferidas por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL HUILA SALA CUARTA DE DECISIÓN y el CONSEJO DE
ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA -
SUBSECC1ÓN A dentro de la acción contenciosa N° del 2015-00227 para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable al Erario equivalente al pago de más de
$272.144.122,80 M/cte, entre mesadas pensionales, retroactivos e indexación, que se
ordenan cancelar a favor de la señora OLGA TRUJILLO SILVA, mientras se resuelve la
actuación judicial que esa H. Corporación determine debemos iniciar para controvertir la
legalidad de las órdenes impartidas en las sentencias controvertidas[…]».
1.2. Informes rendidos en el proceso
1.2.1. Olga Trujillo Silva3 solicitó que se declare improcedente la tutela, toda vez
que la verdadera intención de la entidad demandante es convertirla en una tercera
instancia y revivir una problemática que ya concluyó, para que se analicen los
reparos que dejó de proponer en su recurso de apelación, pues, se encuentran
esbozados nuevos hechos y pretensiones, que no fueron objeto de debate en
primera ni en segunda instancia.
3 Ver índice 10 de SAMAI del expediente 11001-03-15-000-2023-06997-00. Actuación denominada
RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_1PRONUNCIAMIENTOT(.pdf)
NroActua 10
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Asimismo, refirió que no sé logró demostrar que las sentencias acusadas adolezcan
de defectos ni que con ellas se vulneró el debido proceso, la Constitución Política
se haya presentado abuso del derecho.
1.2.2. El Tribunal Administrativo del Huila4 solicitó que sea deniegue el amparo
pretendido, en tanto la providencia cuestionada analizó en su integridad el acervo
probatorio (en particular la historia clínica del causante y la prueba testimonial), el
marco normativo y el precedente jurisprudencial aplicable, razón por la cual, no es
de recibo aceptar que se haya vulnerado derecho fundamental alguno.
1.2.3. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, guardó silencio.
2. Consideraciones
En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico y iv) solución del caso
concreto.
2.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
numeral 7 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021,5 esta Sala es competente para
conocer de la presente solicitud de amparo contra el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, y otro.
2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado6 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema.7 Al respecto señaló lo
siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
4 Ver índice 12 de SAMAI. Actuación denominada
RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_ANEXO20230699700(.pdf) NroActua 12
5 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01,
M.P. María Elizabeth García González.
7 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-06997-00
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de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
[Resalta la Sala]. […]»
Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena,8 adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para
la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar
además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos
fundamentales.
Ahora bien, la Corte Constitucional9 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante en la constitución; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya
presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y
iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se
cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar
improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos,10 el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto
sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales.11
8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.:
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios.
Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de
2005.
10 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
11 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.3. Problema jurídico
La Sala deberá definir si: ¿la presente solicitud de tutela cumple con los requisitos
de procedibilidad adjetiva, en especial, el de la subsidiariedad?
Solo de superar lo anterior, se determinará si: ¿El Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la
UGPP con ocasión de la sentencia del 16 de julio de 2023 mediante la cual confirmó
la decisión de reconocer una pensión de sobreviviente en favor de Olga Trujillo
Silva, pese a que se encontraba divorciada del causante para el momento de su
deceso, al incurrir, presuntamente, en desconocimiento del precedente y defectos
fáctico y sustantivo?
2.4. Análisis de la Sala
2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva – De la subsidiariedad
El artículo 86 constitucional señala que: «[…] Esta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6
del Decreto 2591 de 1991 dispone las causales de improcedencia de la solicitud de
amparo:
«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»
Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha definido
la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia12, es decir, no es un mecanismo
de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco constituye un
último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de un derecho,
pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos
fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e
inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.
2.4.2. Caso concreto
La UGPP acudió al juez de tutela con el fin de que se amparara su derecho
fundamental al debido proceso y, en consecuencia, se dejará sin efectos la
12 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-
1121 de 2003.
6
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sentencia proferida el 13 de julio de 2023 por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, por medio de la cual confirmó la decisión de reconocer una
pensión de sobreviviente en favor de Olga Trujillo Silva, pese a que se encontraba
divorciada del causante para el momento de su deceso
En este orden de ideas, se considera que las inconformidades planteadas por la
parte actora deben ser dilucidadas por el juez natural del asunto a través del
Recurso Extraordinario de Revisión, en los términos de los artículos 248 y 250 de la
Ley 1437 de 201113, que señalan:
Artículo 248.Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y
por los jueces administrativos.
Artículo 250.Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, son causales de revisión:
[…]
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del
reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la
sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida. [..:]
En concordancia con lo expuesto por el a quo en sede de tutela, es pertinente
recordar que esta Subsección14 ha reiterado los elementos estructurales de la
causal séptima del artículo 250 del C.P.A.C.A. de la siguiente manera:
«[…] El numeral séptimo del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo regula la causal del recurso extraordinario de revisión
por “7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo
del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la
sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida (…)”.
Sobre el particular, esta Corporación, en sendos pronunciamientos, ha indicado los
elementos estructurales que componen la causal señalada en el numeral séptimo del
artículo 250 del CPACA, a saber:
(i) Que el objeto del recurso sea una sentencia mediante la cual se decrete la pérdida o
se reconozca a favor de determinada persona una prestación periódica, dentro de las
cuales cabe mencionar las pensiones de jubilación, de vejez, de invalidez, de sustitución,
y la asignación de retiro de los miembros de la fuerza pública, principalmente. En cuanto
al carácter de la prestación decretada, se aclara que la causal no se refiere únicamente
a pensiones, sino que se extiende a prestaciones periódicas.
Lo anterior significa que no son susceptibles de esa causal las sentencias que niegan
dicha clase de prestación periódica, como tampoco las que resuelvan sobre aspectos
posteriores a su reconocimiento, en particular los concernientes a su reliquidación,
factores dejados de incluir y, en general, modificación o discusión de su monto.
13 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
14Providencia del 4 de marzo de 2021 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, C.P. César Palomino Cortés, radicado 20130122300, actor: María Nelly Díaz Álvarez.
7
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(ii) Que la cuestión decidida en dicha sentencia haya sido la «aptitud legal» para acceder
o perder el derecho de gozar de esa prestación periódica. Los supuestos señalados por
la norma pueden resumirse así:
a) Cuando la persona obtuvo el reconocimiento sin tener derecho a él. Esto puede
ocurrir, por ejemplo, en el evento en el que la sentencia reconoce una pensión a quien
no reúne los requisitos;
b) Cuando la persona que ha obtenido el reconocimiento pierde su aptitud legal por
cuestiones de hecho. Tal es el caso de quien recibe una pensión de invalidez y recupera
su salud, con la consecuente posibilidad de reintegrarse a la vida laboral;
c) Cuando sobrevenga una causal legal para la pérdida de la prestación. [..:]»
En cuanto al recurso extraordinario de revisión en materia de lo contencioso-
administrativo como mecanismo de defensa idóneo y eficaz y la falta de
subsidiariedad, la Corte Constitucional, en sentencia SU – 026 de 2021, sostuvo lo
siguiente:
«[…] 5.1. En la sentencia C-520 de 2009, al estudiar una demanda contra el artículo
57 (parcial) de la Ley 46 de 1998, la Corte Constitucional se refirió a la naturaleza y
finalidad del recurso extraordinario de revisión en el ordenamiento jurídico colombiano.
Expuso que este recurso, previsto por el legislador en la jurisdicción ordinaria –civil,
penal y laboral– y la jurisdicción contencioso-administrativa[36], es una excepción al
principio de cosa juzgada de las sentencias ejecutoriadas, pues busca “enmendar los
errores o ilicitudes cometidos en su expedición, así como restituir el derecho del afectado
a través de una nueva providencia fundada en razones de justicia material, que resulte
acorde con el ordenamiento jurídico”[37].
5.2. El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo de defensa que fue creado
para deshacer las sentencias ejecutoriadas cuando se tiene conocimiento de falencias
que llevaron al juez a emitir un fallo contrario al derecho.[38] En ocasiones, es necesario
dejar sin valor una sentencia ejecutoriada “debido a que, por circunstancias no conocidas
en el momento de adoptar la decisión, o acaecidas con posterioridad a la decisión, se
revela que ésta se fundó en un error, fraude o ilicitud”[39]. Este recurso, entonces,
constituye una excepción necesaria al principio de cosa juzgada, en la media en que
busca restablecer la justicia material al anular una sentencia ilegítima y ordenar emitir un
nuevo fallo acorde con el ordenamiento jurídico.
5.3. En la sentencia C-450 de 2015, esta Corporación reiteró que el recurso de revisión
es una herramienta para restituir los derechos al debido proceso y acceso a la
administración de justicia del afectado a través de una nueva sentencia. Sin embargo,
debido a su naturaleza excepcional, el legislador limitó su ejercicio al cumplimiento de
unas causales taxativas de procedencia. Al respecto, este fallo señaló:
“La revisión, que no es un recurso sino una acción, pretende, como lo ha señalado la
doctrina y la jurisprudencia, un examen detallado de ciertos hechos nuevos que afectan
la decisión adoptada y el sentido de justicia que de ella emana. La acción de revisión, en
la medida en que afecta la certeza brindada por la cosa juzgada, es no sólo
extraordinaria, sino que además procede por las causales taxativamente señaladas por
la ley, y no es posible aducir otras distintas. Y esta taxatividad es razonable, pues se
trata de una figura que modifica providencias amparadas en el principio de cosa juzgada,
y por ello las causales previstas para la revisión deben ser aplicadas e interpretadas en
sentido restringido”[40]
[…]
5.5. Respecto de la tipología y comprensión particular de estas causales, el Consejo
de Estado precisó que, a excepción del numeral 4°, ninguno de los numerales que
posibilitan la revisión extraordinaria apuntan a reabrir el debate jurídico ni refutan el
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criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley. Por el contrario, las causales cuestionan
puntualmente las irregularidades procesales y probatorias que afectaron la integridad de
la decisión y vulneraron los derechos de las partes. Al respecto, dicha autoridad judicial
expuso que “las causales de los numerales 5 y 8 son de índole procesal, mientras que
las causales de los numerales 1, 2, 3, 6 y 7 recaen sobre aspectos que atañen a la
validez o insuficiencia de los elementos de prueba que determinaron el sentido de la
decisión” [41].
5.6. Lo anterior erige al recurso extraordinario de revisión en materia contencioso-
administrativa como un medio de defensa idóneo y eficaz cuando la vulneración del
derecho al debido proceso tiene origen en un fallo judicial que se encuentra ejecutoriado.
De hecho, la jurisprudencia constitucional ha reconocido la innegable semejanza entre
la acción de tutela y el recurso de revisión cuando se busca proteger este derecho:
“A través de ese medio [recurso extraordinario especial de revisión] se plantearía la
controversia sobre el debido proceso en términos idénticos a los que constituyen el
presupuesto para resolver la acción de tutela, al punto que un pronunciamiento del juez
constitucional dejaría sin oficio al juez competente. Los dos procesos, el extraordinario
especial de revisión y el de tutela, tendrían identidad de causa petendi y de petitum, y
resulta claro que no puede haber, sobre la misma causa, dos pronunciamientos judiciales
concurrentes”[42].
5.7. Estas similitudes entre los dos mecanismos de defensa han llevado a la Corte
Constitucional a establecer la siguiente subregla de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales:
“[E]l recurso de revisión constituye un mecanismo idóneo y eficaz de defensa judicial
dependiendo de la naturaleza de los derechos invocados por el peticionario, y la
cobertura brindada por las causales aplicables al proceso específico. Así, el recurso será
eficaz cuando a) la única violación alegada sea el derecho al debido proceso y,
eventualmente, la de otros derechos que no tienen carácter fundamental, o b) cuando el
derecho fundamental cuya protección se solicita sea susceptible de ser protegido de
manera integral dentro del trámite del recurso, porque concurren en él (i) causales de
revisión evidentemente dirigidas a salvaguardar dicho derecho, y (ii) en caso de
prosperar el recurso, decisiones que restauran de forma suficiente y oportuna el
derecho.”[43]
5.8. Dicho de otro modo, la acción de tutela desplazará el recurso extraordinario de
revisión siempre que (i) el derecho fundamental cuya protección se solicita no sea
susceptible de ser protegido de manera integral dentro del trámite del recurso; y (ii) las
causales de revisión no se encuadren dentro de los hechos denunciados por el
accionante. En síntesis, para la Sala Plena “la acción de tutela se torna improcedente
cuando al interior de un proceso contencioso-administrativo se alega la vulneración al
debido proceso y este derecho fundamental es susceptible de ser protegido mediante el
trámite del recurso extraordinario de revisión”[44]. […]»
De acuerdo con la normativa y la jurisprudencia en cita, se tiene que la sentencia
del 13 de julio de 2023, hoy acusada, fue proferida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, y contra esta no procede recurso alguno; además,
como causal de procedencia del recurso extraordinario de revisión, de acuerdo con
los motivos en que la parte actora sustenta los defectos alegados, en el presente
asunto en particular se evidencia que confluyen los elementos estructurales para
que proceda el estudio por la causal séptima del artículo 250 del C.P.A.C.A. que
versa sobre la aptitud legal para acceder o perder el derecho de gozar de la
prestación periódica reconocida.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-06997-00
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Dicho lo anterior, sea lo primero indicar que la exigencia en la interposición de los
recursos de manera oportuna tiene como finalidad evitar que la solicitud de amparo
suplante los mecanismos ordinarios establecidos en nuestro ordenamiento jurídico.
Es decir, se persigue que, en la tutela contra providencias judiciales, no haya
negligencia en el deber de acudir ante la administración judicial, para la concreción
de las garantías otorgadas por la Constitución Política.
Es decir, para que el juez constitucional pueda pronunciarse sobre el fondo del
asunto planteado es necesario que este supere los requisitos generales de
procedencia de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, de tal manera
debe concluirse que el amparo de la referencia resulta improcedente por
desconocimiento del principio de subsidiariedad.
De acuerdo con lo expuesto, en el caso bajo estudio no se satisface el requisito de
procedencia general de la solicitud de tutela contra providencia judicial de la
subsidiariedad; razón por la cual, la Sala declarará improcedente la solicitud de
tutela presentado por la UGPP contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, y otro.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Declarar improcedente la solicitud de tutela promovida por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, y
el Tribunal Administrativo del Huila, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta decisión judicial.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-06997-00
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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