RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2024 › Radicado 85001-23-33-000-2017-00056-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 85001-23-33-000-2017-00056-01

Fecha
6 de junio de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
8 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 85001-23-33-000-2017-00056-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Declarar fundada la acción especial de revisión presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Yopal el 16 de febrero de 2012, por la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Infirmar la sentencia del 16 de febrero de 2012 proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Yopal. En su lugar, se dispone: Negar las pretensiones de la demanda presentada por Olga María Triana Álvarez en contra de la Caja Nacional de Previsión Social, de acuerdo con lo expuesto en esta decisión. 17 Radicado: 85001-23-33-000-2017-00056-01 (2698-2017) Demandante: UGPP Tercero. No condenar en costas. Devolver el expediente al juzgado de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 85001-23-33-000-2017-00056-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

6 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., seis (6) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción especial de revisión
Radicación: 85001-23-33-000-2017-00056-01 (2698-2017)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Demandados: Olga María Triana Álvarez

Temas: Causales de revisión del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Pensión gracia, descuentos en salud

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la UGPP contra la sentencia
proferida el 16 de febrero de 2012 por el Juzgado Primero Administrativo de Yopal2,
por medio de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda presentada por
Olga María Triana Álvarez.

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
la UGPP solicitó que se infirmara la sentencia proferida el 16 de febrero de 2012 por
el Juzgado Primero Administrativo de Yopal, en la cual se declaró la nulidad parcial
del Oficio GN-32548 del 23 de junio de 2007 expedido por la Caja Nacional de
Previsión Social (Cajanal EICE) y se ordenó la devolución de sumas por concepto

1 En adelante UGPP
2 Expediente de nulidad y restablecimiento derecho radicado 85001-33-31-001-2009-00131-00;
actor: Olga María Triana Álvarez, demandado: Cajanal
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 85001-23-33-000-2017-00056-01 (2698-2017)
Demandante: UGPP

de servicios de salud descontadas de la pensión gracia reconocida a Olga María
Triana Álvarez.

Como consecuencia de lo anterior solicitó i) revocar la sentencia dictada el 16 de
febrero de 2012 por el Juzgado Primero Administrativo de Yopal y ii) condenar en
costas a la parte demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes señalaron los siguientes:

• A través de la Resolución 28662 del 21 de diciembre de 2001, Cajanal le reconoció
a Olga María Triana Álvarez la pensión gracia en suma equivalente a $260.100, a
partir del 15 de junio de 2000.

• Mediante oficio GN-32548 del 23 de junio de 2007, Cajanal resolvió de manera
desfavorable una petición presentada por la pensionada consistente en el reintegro
de los descuentos efectuados a su prestación por concepto de aportes en salud.

• En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho pidió que se
declarara la nulidad del aludido oficio y se ordenara el reintegro de los descuentos
realizados por cotización a salud, desde que adquirió el estatus de pensionada;
asunto que le correspondió al Juzgado Primero Administrativo de Yopal y decidido
por este en sentencia del 16 de febrero de 2012, mediante la cual se accedió a las
pretensiones de la demanda, así:

«PRIMERO: Declarar la nulidad parcial del Oficio No. GN-32548 del 23 de junio de 2007,
en negó la solicitud de reintegro del descuento del 12% por concepto de servicios
asistenciales de salud- de la pensión gracia de la señora Olga Maria Triana Álvarez.

SEGUNDO: Ordenar la devolución de las sumas descontadas de la pensión gracia de la
demandante, como aportes por concepto de servicios de salud, con fundamento en el
acto demandado.
[…]» (sic)

• El 16 de abril de 2013 la pensionada solicitó que se hiciera efectiva la anterior
providencia y con la Resolución RDP 021262 del 9 de mayo de 2013, la UGPP le
dio cumplimiento y, en consecuencia, ordenó el cese de los descuentos en salud
que afectaban la pensión y dispuso informar al Fondo de Pensiones Públicas del
Nivel Nacional (Fopep) y remitir al Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga) la
decisión.

• Con la Resolución RDP 051643 del 7 de noviembre de 2013, la UGPP le dio
cumplimiento a la providencia proferida por ese despacho judicial, ordenó la

2

Radicado: 85001-23-33-000-2017-00056-01 (2698-2017)
Demandante: UGPP

devolución de los descuentos que por concepto de salud se habían practicado a la
mesada y trasladó por competencia al Fosyga y al Fopep para lo que
correspondiera.

Lo anterior, con fundamento en que los descuentos por salud se efectuaban a través
de la nómina de pensionados pagada por el Fopep con destino al Fosyga, por lo
que para acatar la decisión judicial era procedente ordenar la cesación de dichos
descuentos y trasladar al Fopep la decisión para que procediera a efectuar la
suspensión de estos, asimismo, trasladar al Fosyga para que, dentro de la órbita de
su competencia, realizara las gestiones tendientes a devolver los aportes
efectuados al sistema general de seguridad social en salud3.

• En Oficio con radicado 201433100102101 del 30 de enero de 2014, el Ministerio
de Salud, Fosyga solicitó ante la UGPP la revocatoria directa de las resoluciones
RDP 021262 del 9 de mayo de 2013 y RDP 051643 del 7 de noviembre de 2013,
toda vez que se le vulneró el derecho al debido proceso, comoquiera que, a través
de los citados actos se le impuso el pago de una sentencia judicial emitida en un
proceso en el que no hizo parte y en el que no fue vencido y condenado.

• Mediante Resolución RDP 013015 del 24 de abril de 2014, la UGPP ordenó
suspender el trámite de revocatoria directa de las anteriores resoluciones teniendo
en cuenta el conflicto de competencia suscitado entre la UGPP, Ministerio de Salud,
Fosyga y el Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social y, declaró la
prejudicialidad en el trámite de revocatoria hasta que la Sala de Consulta y Servicio
Civil del Consejo de Estado dirimiera el conflicto de competencias planteado.

• A través de la Resolución RDP 011282 del 24 de marzo de 2015, la UGPP objetó
la legalidad del fallo proferido por el Juzgado Primero Administrativo de Yopal y
declaró la imposibilidad de su cumplimiento, de conformidad con la sentencia T-488
de 2014 que señaló la posibilidad de la administración en casos excepcionales de
desatender una decisión judicial cuando se advierta que esta transgrede
abiertamente un mandato constitucional o legal inequívoco.

• Contra la anterior decisión Olga María Triana Álvarez interpuso el recurso de
reposición y en subsidio el de apelación, resueltos a través de las resoluciones RDP
024584 del 18 de junio de 2015 y RDP 030398 del 24 de julio de 2015,
respectivamente, en las que se señaló que la sentencia proferida por el Juzgado
Primero Administrativo de Yopal fue arbitrariamente ilegal y contradictoria de las
normas de orden público y la jurisprudencia que ha señalado la obligatoriedad de
realizar aportes con destino al SGSSS por parte de los docentes beneficiarios de la

3 En adelante SGSSS

3

Radicado: 85001-23-33-000-2017-00056-01 (2698-2017)
Demandante: UGPP

pensión gracia, por lo que no era posible acceder a lo ordenado en la decisión
judicial. Por consiguiente, procedió a confirmar en todas y cada una de sus partes
la resolución RDP 011282 del 24 de marzo de 2015.

1.1.3. Sentencia objeto de revisión

El Juzgado Primero Administrativo de Yopal declaró la nulidad parcial del Oficio GN-
32548 del 23 de junio de 2007 expedido por la Caja Nacional de Previsión Social
(Cajanal EICE) y ordenó la devolución de sumas por concepto de servicios de salud
descontadas de la pensión gracia reconocida a Olga María Triana Álvarez.

Para tal efecto observó lo siguiente4:

El acto administrativo demandado negó la solicitud del reintegro de las cotizaciones
por concepto de salud pese a la inexistencia de norma que autorizara el descuento
del 12%, por lo que se desconocieron las disposiciones superiores por aplicación
indebida de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 4 de 1996, 91 de 1989,
100 de 1993 y, 797 y 812 del 2003.

En efecto, el artículo 90 del Decreto 1848 de 1969 alude a que los pensionados
tienen derecho a la prestación asistencial y están obligados a cotizar mensualmente
a la entidad pagadora el 5%, es decir, si no hay prestación asistencial no hay
descuento, por lo que la disposición no era aplicable a la pensionada, en tanto que
el titular de la pensión gracia no financia prestación asistencial alguna que le preste
Cajanal, luego, no podría efectuársele dicho descuento.

En cuanto a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio5
la Ley 91 de 1989 en su artículo 8 señala que sus recursos se componen, entre
otros, por «[e]l 5% de cada mesada pensional que pague el Fondo incluidas las mesadas
adicionales, como aporte de los pensionados», así pues la norma se refiere al
descuento efectuado a las pensiones pagadas por dicho fondo y la pensión gracia
es pagada, en este caso, por Cajanal, en consecuencia, tampoco era aplicable la
disposición en mención.

Finalmente, frente a la Ley 100 de 1993, si bien es cierto prevé en su artículo 157
que todos los colombianos participan en el sistema de seguridad social en salud,
entre ellos, los pensionados en el régimen contributivo, también lo es que en sus
artículos 279 y 280 se precisa que los afiliados al Fomag están exceptuados de la
aplicación de dicha ley. Con todo, no existe disposición que autorice el descuento
en discusión.

4 Folios del 250 al 254 del cuaderno principal 2
5 En los que se sigue Fomag

4

Radicado: 85001-23-33-000-2017-00056-01 (2698-2017)
Demandante: UGPP

1.2. Las causales de revisión invocadas

La entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, para lo cual expuso los siguientes argumentos6:

• Los descuentos por concepto de cotización o aportes a salud que se debe efectuar
sobre esta mesada pensional están presentes desde el artículo 2 de la Ley 41 de
1966 que estableció que los pensionados del sector público afiliados a Cajanal se
encontraban en la obligación de cotizar mensualmente de su mesada un 5% con
destino a dicho concepto; por su parte el artículo 7 de la Ley 4ª de 1976 señaló el
derecho de estos de disfrutar servicios asistenciales en salud mediante el
cumplimiento de aportes a cargo de los beneficiarios, es decir, de los pensionados.

De igual forma, para quieres consolidaron su derecho con anterioridad a la Ley 100
de 1993 la norma previó en su artículo 143 un mecanismo para no afectar los
ingresos de los pensionados y mantener su poder adquisitivo consistente en el
aumento del monto de las pensiones equivalente a la diferencia entre el valor de la
cotización establecida en la Ley 100 de 1993 (12%), y el valor del aporte que se le
venía efectuado al pensionado (5%) para el caso de los trabajadores del sector
público, lo que indica que respecto de aquellas pensiones que se pagan a través de
Cajanal no se les eximió de efectuar el pago del 12% con destino al SGSSS e
incluso que, a quienes pertenecen a los regímenes de excepción también se les
debe realizar los descuentos por ingresos adicionales con destino al Fosyga.

• El principio de solidaridad frente al SGSSS consiste en el deber que tienen las
personas con capacidad económica de contribuir a su financiación, a través de los
aportes señalados en la Ley. Así las cosas, no resulta proporcional que se pretenda
eximir a los beneficiarios de la pensión de vejez o gracia del deber de contribuir con
el desarrollo del sistema, no sólo en el régimen subsidiado, sino, también en el
régimen contributivo, pues justamente las personas con mayores ingresos subsidian
a los menos favorecidos a través de la compensación de los aportes por unidad de
capitación lo que garantiza que todos tengan los beneficios pese a la diferencia del
monto de los aportes.

• En ese sentido y de acuerdo con las disposiciones legales y jurisprudenciales7, no
existe ninguna norma que exima a los beneficiarios de la pensión gracia de tal
obligación, en la medida en que todos los pensionados tanto del sistema general,
como de los regímenes de excepción, deben cotizar para salud frente a la totalidad
de sus ingresos, pues de lo contrario no sólo se desatendería lo establecido en las

6 Folios del 1 al 20 del cuaderno principal 1
7
Corte Constitucional, Sentencias C-542 de 1998, T-546 de 2014.

5

Radicado: 85001-23-33-000-2017-00056-01 (2698-2017)
Demandante: UGPP

citadas normas sino también se les eximiría del deber de solidaridad contenido en
la Constitución Política. Por lo tanto, la orden judicial cuestionada consistente en
reintegrar los valores sobre los descuentos efectuados a la mesada pensional de
Olga María Triana Álvarez por concepto de salud es irregular y constituye un
desequilibrio frente la obligación de cotización al sistema.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

La parte accionada guardó silencio.

1.4. Concepto del Ministerio Público

En esta oportunidad no se pronunció.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión
presentada el 5 de abril de 2017 contra la sentencia proferida el 16 de febrero de
2012 por el Juzgado Primero Administrativo de Yopal, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 20, inciso 1º, de la Ley 797 de 2003.

Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
20198, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es
competente para conocer de la acción especial de revisión.

2.2. Oportunidad

Al tenor de lo previsto en el artículo 251 del CPACA, la acción de revisión del artículo
20 de la Ley 797 de 2003 debe instaurarse dentro de los 5 años contados a partir
del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial o a partir del
perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.

En el subjudice la sentencia objeto de revisión proferida por el Juzgado Primero
Administrativo de Yopal el 16 de febrero de 2012 quedó ejecutoriada el 9 de marzo
de ese año, por lo que, en principio, habría de declararse que la acción de revisión
se encuentra caducada. Pese a ello, es preciso tener en cuenta que en la sentencia
SU 427 de 2016, la Corte Constitucional estableció que el término de caducidad no
puede contabilizarse antes del 12 de junio de 2013, fecha en la que la UGPP asumió

8 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».

6

Radicado: 85001-23-33-000-2017-00056-01 (2698-2017)
Demandante: UGPP

la defensa judicial de los asuntos que tenía a su cargo Cajanal, razón por la cual la
entidad recurrente podía presentar la solicitud de revisión hasta el 13 de junio de
2018.

Así las cosas, comoquiera que la acción de revisión se presentó el 5 de abril de
2017, esto es dentro de los 5 años siguientes luego de que la UGPP asumiera las
funciones a cargo de Cajanal, se impone concluir que la acción se ejerció
oportunamente.

2.3. El problema jurídico

Se circunscribe a determinar ¿si la sentencia proferida por el Juzgado Primero
Administrativo de Yopal el 16 de febrero de 2012 está incursa en las causales de
revisión del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, por haber ordenado a Cajanal (hoy
UGPP) a devolver los valores descontados de la pensión gracia reconocida a Olga
María Triana Álvarez por concepto de aportes a salud, al considerar que sobre esa
prestación no procede tal deducción?

2.4. Marco normativo

2.4.1. Sobre la acción especial de revisión

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 209 de la Ley 797 de 200310 las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser

9 «Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de

fondos de naturaleza pública. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en
cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a
fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia,
de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República
o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o
conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por
el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este
en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
10 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la

Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales».

7

Radicado: 85001-23-33-000-2017-00056-01 (2698-2017)
Demandante: UGPP

revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con
sus competencias.

En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que
reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con
violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal de
revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura
cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso», así las
cosas, la Sala precisa que es necesario que se exponga la vulneración del derecho
al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen11.

Y en torno a la causal prevista en el literal b), esto es, «cuando la cuantía del derecho
reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto, o convención colectiva que le
eran legalmente aplicables», se presenta cuando la sentencia reconoce una
prestación por un monto que no corresponde a lo legal o convencionalmente
establecido.

La finalidad de dicha causal, en esencia, es que las entidades públicas legitimadas
en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 puedan accionar contra una sentencia judicial
ya ejecutoriada y que ha hecho tránsito a cosa juzgada, para corregirla, en tanto, ha
reconocido una prestación periódica cuyo monto o cuantía excede lo legalmente
previsto, con lo cual se pretende restablecer el propósito y la sostenibilidad del
sistema pensional, bajo los principios de solidaridad y equilibrio financiero.

Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indica
que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento
señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 1437 de
2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan». En tal sentido, se han
definido los siguientes12:

«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo
de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas
pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean
consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

11 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado

11001 03 15 000 2018 01884 00.
12 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio

de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733-2018), M.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001-03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P.
William Hernández Gómez.

8

Radicado: 85001-23-33-000-2017-00056-01 (2698-2017)
Demandante: UGPP

ii) Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las
entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en
contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la
prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados
del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social,
así como el principio de universalidad que lo inspira.

iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los
aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de
aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o
en un valor mayor al que corresponde.

v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con
las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión
con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos
mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin
legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al
debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley.»

Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es, que «las entidades
públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una herramienta judicial
para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas
causales»13.

En efecto, las Salas Especiales de Decisión de esta corporación14 han admitido
expresamente que la UGPP está legitimada para promover la revisión de
providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones. Además, la Corte
Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 definió la siguiente regla:

«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado,
según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales
se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de
caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del
12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los
asuntos que tenía a cargo Cajanal».

13 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017,

radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
14 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicado 11001-

03-15-000-2017-00744-00, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.

9

Radicado: 85001-23-33-000-2017-00056-01 (2698-2017)
Demandante: UGPP

Como corolario, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en incluir
causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio de las
pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten
perjuicios de carácter patrimonial al erario»15.

2.4.2. De la pensión gracia

La Ley 114 de 191316 creó la pensión gracia como un reconocimiento a la dedicación
al servicio de la actividad educativa de los docentes territoriales de las escuelas
primarias. El artículo 4 ejusdem determinó que para gozar de dicha prestación era
necesario que el educador cumpliera, entre otros requisitos, 20 años de servicios
en establecimientos educativos oficiales del orden territorial, no recibiera otra
pensión o recompensa de carácter nacional y alcanzara los 50 años de edad,
siempre y cuando hubiese demostrado haber ejercido la docencia con honradez,
consagración y buena conducta.

En línea con lo expuesto, la Sección Segunda de esta Corporación 17 señaló que
«[…] el propósito de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que percibían
los profesores de primaria de las entidades territoriales respecto de las asignaciones que
recibían los docentes vinculados directamente con la Nación; tal diferencia surgía porque,
en virtud de la Ley 39 de 1903, la educación pública primaria estaba en cabeza de los
municipios o departamentos, en tanto la secundaria lo era a cargo de la Nación.»

Posteriormente, las leyes 116 de 192818 y 37 de 193319 en sus artículos 6 y 3,
respectivamente, extendieron la pensión gracia a los maestros de secundaria,
normalistas e inspectores de instrucción pública.

Al respecto, en sentencia del 29 de agosto de 1997, proferida por la Sala Plena de
esta Corporación, fijó algunos lineamientos relevantes sobre la pensión, así20:

«El numeral 3º. Del artículo 4º. Ib. prescribe que para gozar de la gracia de la pensión
es preciso que el interesado, entre otras cosas, compruebe ‹Que no ha recibido ni recibe
actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional›. (En este aparte de la
providencia se está haciendo referencia a la Ley 114 de 1913).

15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado

11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, entre otras.
16 Por la cual «Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela»
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia SUJ11-S2 del 21 de

junio de 2018, radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
18 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927»
19 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos

empleados»
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de

1997, radicado No. S-699.

10

Radicado: 85001-23-33-000-2017-00056-01 (2698-2017)
Demandante: UGPP

Despréndase de la precisión anterior, de manera inequívoca, que la pensión gracia no
puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye requisito
indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la nación
por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado por cuenta de ella. Por lo
tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los educadores locales o
regionales».

Sin embargo, con el proceso de nacionalización de la educación que instituyó la Ley
43 de 197521 y en línea con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 22,
en la referida providencia de unificación se afirmó que la pensión gracia, debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, con el fin de «colmar las expectativas de
los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980».

Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C-489 de 200023 declaró la
exequibilidad condicionada de la expresión «vinculados hasta el 31 de diciembre de
1980», en el entendido que, comoquiera que constituyen derechos adquiridos que
no podían ser desconocidos por el legislador, las situaciones jurídicas concretadas
antes de la entrada en vigencia de la normativa demandada quedarían a salvo, es
decir que tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel docente que
haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de
diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás
normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre colmar los
requisitos de edad y tiempo de servicio.

En torno a su reconocimiento se ha señalado que los docentes deben acreditar: i)
una experiencia docente antes del 31 de diciembre de 1980 en una institución
educativa territorial o nacionalizada, ii) completar 20 años de servicios en una plaza
territorial o nacionalizada24 y iii) tener buena conducta durante su desempeño como
docente. No se puede exigir haber completado los requisitos ni encontrarse
vinculado en la fecha señalada, teniendo en cuenta que pueden ser computados los
tiempos laborados con posterioridad; y no se requiere que el tiempo de servicio sea
continuo.

21 «Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando

los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se
distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».
22 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
23 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C489 del 4 de mayo de 2000.-
24 Sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicado 2114-2016, M.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra

Vélez; sentencias de unificación del 21 de junio de 2018, radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01
(3805-2014) y del 11 de agosto de 2022 radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).

11

Radicado: 85001-23-33-000-2017-00056-01 (2698-2017)
Demandante: UGPP

El artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 198925 además de restringir el
reconocimiento del derecho a la pensión gracia a aquellos docentes vinculados
hasta el 31 de diciembre de 1980, dispuso la compatibilidad de esta prestación con
la pensión ordinaria de jubilación en los siguientes términos:

«Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el
evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación.»

En similar sentido, el artículo 6 de la Ley 60 de 199326 previó:

«El régimen prestacional y aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados
que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad
y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones
en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualquier otra clase de
remuneraciones. El personal docente de vinculación departamental, distrital y municipal
será incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el
régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial […].»

Ahora bien, es preciso señalar que el reconocimiento de esta prestación económica
estaba a cargo de Cajanal de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 81 de
1976, en los artículos 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 y en el 279 de
la Ley 100 de 1993, parágrafo 2, y en la actualidad la pensión gracia es asumida
por la UGPP.

2.4.3. De los descuentos por concepto de cotización o aportes a salud sobre
la pensión gracia

El artículo 227 de Ley 4ª de 1966 estableció para los pensionados afiliados a Cajanal
la obligación de realizar los aportes para financiar los servicios de salud, sin que se
hubiera hecho alguna excepción para los beneficiarios de la pensión gracia, en los
siguientes términos:

«Artículo 2º. Los afiliados forzosos o facultativos de la Caja Nacional de Previsión Social
cotizarán con destino a la misma, así:
a) Con la tercera parte del primer sueldo y de todo aumento, como cuota de afiliación,
y

25 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.»
26 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con

los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.»
27 derogado por el artículo 289 de la Ley 100 de 1993

12

Radicado: 85001-23-33-000-2017-00056-01 (2698-2017)
Demandante: UGPP

b) Con el cinco por ciento (5%) del salario correspondiente a cada mes. Parágrafo. Los
pensionados cotizarán mensualmente con el cinco por ciento (5%) de su mesada
pensional.»

En similar sentido, el artículo 7 de la Ley 4 de 197628 señaló:

«Artículo 7. Los pensionados del sector público, oficial, semioficial y privado, así como
los familiares que dependen económicamente de ellos de acuerdo con la Ley, según lo
determinan los reglamentos de las entidades obligadas, tendrán derecho a disfrutar de
los servicios médicos, odontológicos, quirúrgicos, hospitalarios, farmacéuticos, de
rehabilitación, diagnóstico y tratamiento de las entidades, patronos o empresas tengan
establecido o establezcan para sus afiliados o trabajadores activos, o para sus
dependientes según sea el caso, mediante el cumplimiento de las obligaciones
sobre aportes a cargo de los beneficiarios de tales servicios» (subrayado)

Con posterioridad, en el artículo 204 de la Ley 100 de 1993 se estableció que el
monto y distribución de las cotizaciones al Sistema de Seguridad en Salud es
obligatorio para todos sus afiliados, incluidos los beneficiarios de la pensión gracia,
toda vez que la norma no distinguió entre este régimen especial y el ordinario de
pensión de jubilación. En este artículo se estableció que la tasa de cotización para
financiar dicho sistema sería del 12%, para tal efecto previó:

«Artículo 204.- La cotización obligatoria que se aplica a los afiliados al Sistema General
de Seguridad Social en Salud según las normas del presente régimen, será máximo 12%
del salario base de cotización, el cual no podrá ser inferior al salario mínimo. Dos terceras
partes de la cotización estarán a cargo del empleador y una tercera parte a cargo del
trabajador. Un punto de la cotización será trasladado al Fondo de Solidaridad y Garantía
para contribuir a la financiación de los beneficiarios del régimen subsidiado.»

A través de la Ley 1122 de 200729 se modificó el artículo 204 de la Ley 100 de 1993,
en el sentido de aumentar el porcentaje de cotización de la siguiente manera:

«Artículo 10. Modificase el inciso 1 del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, el cual
quedará así:

Artículo 204. Monto y distribución de las cotizaciones. La cotización al Régimen
Contributivo de Salud será, a partir del primero (1) de enero del año 2007, del 12,5% del
ingreso o salario base de cotización, el cual no podrá ser inferior al salario mínimo. La
cotización a cargo del empleador será del 8.5% y a cargo del empleado del 4%. Uno
punto cinco (1,5) de la cotización serán trasladados a la subcuenta de Solidaridad del
Fosyga para contribuir a la financiación de los beneficiarios del régimen subsidiado. Las
cotizaciones que hoy tienen para salud los regímenes especiales y de excepción se
incrementarán en cero punto cinco por ciento (0,5%), a cargo del empleador, que será
destinado a la subcuenta de solidaridad para completar el uno punto cinco a los que

28 Este artículo sobre cobertura familiar fue subrogado por el artículo 163 Ley 100 de 1993 en cuanto

al régimen que contempla. Radicación 659 de 1994. Sala de Consulta y Servicio Civil).
29 «Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

y se dictan otras disposiciones.»

13

Radicado: 85001-23-33-000-2017-00056-01 (2698-2017)
Demandante: UGPP

hace referencia el presente artículo. El cero punto cinco por ciento (0,5%) adicional
reemplaza en parte el incremento del punto en pensiones aprobado en la Ley 797 de
2003, el cual sólo será incrementado por el Gobierno Nacional en cero punto cinco por
ciento (0,5%).»

Con posterioridad, a través de la Ley 1250 de 200830 se determinó que la cotización
mensual al régimen contributivo de salud de los pensionados sería del 12% del
ingreso de la respectiva mesada pensional. En lo referente se previó:

«ARTÍCULO 1o. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 204 de la Ley 100 de 1993,
modificado por el artículo 10 de la Ley 1122 de 2007, el cual se entenderá incluido a
continuación del actual inciso primero, así:

“Artículo 204. Monto y distribución de las cotizaciones (…)
“<Aparte tachado INEXEQUIBLE> La cotización mensual al régimen contributivo de
salud de los pensionados será del 12% del ingreso de la respectiva mesada pensional”,
la cual se hará efectiva a partir del primero de enero de 2008”.» (Resaltado del
texto original).

Ahora, si bien las mencionadas normas no establecen de manera expresa la
pensión gracia como susceptible de la cotización en salud, ha de entenderse
incluida por cuanto se trata de una prestación a cargo de Cajanal y sobre la cual la
ley no previó ninguna excepción al respecto.

Finalmente, el artículo 26 del Decreto 806 de 1998 señaló que las personas con
capacidad de pago deberán afiliarse al régimen contributivo mediante la realización
de aportes financiados directamente por el afiliado o en concurrencia entre este y
su empleador, lo que incluye a los pensionados por jubilación, vejez, invalidez,
sobrevivientes o sustitutos, tanto del sector público como del sector privado, sin
hacer ningún tipo de exclusión a quienes son beneficiarios de regímenes especiales.

Por lo tanto, aquellas personas que cumplan con los requisitos de ley para
pensionarse y adquieran una pensión de jubilación, con inclusión de la pensión
gracia, se les seguirá descontando en cada mesada el porcentaje de ley, para la
sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social en Salud. De esta manera, sobre la
pensión que se reconoce y paga a través de Cajanal, hoy UGPP, se debe efectuar
el descuento del 12% con destino a ese sistema.

Ahora bien, a pesar de que en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 se exceptuó de
la aplicación del sistema integral de seguridad social a los afiliados al Fomag, ello
se predica exclusivamente de aquellas prestaciones a cargo de este fondo y no de

30 «Por la cual se adiciona un inciso al artículo 204 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo

10 de la Ley 1122 de 2007 y un parágrafo al artículo 19 de la Ley 100 de 1993 modificado por el
artículo 6o de la Ley 797 de 2003.»

14

Radicado: 85001-23-33-000-2017-00056-01 (2698-2017)
Demandante: UGPP

la pensión gracia cuyo reconocimiento se encuentra atribuido a Cajanal, hoy
obligación asumida por la UGPP, en virtud de lo dispuesto en el artículo 156, literal
i) de la Ley 1151 de 2007.

Así las cosas, los docentes que han accedido a la pensión gracia no están
exceptuados de realizar las cotizaciones con destino al Sistema de Seguridad Social
en Salud y por ende son afiliados al régimen contributivo, al tenor de lo dispuesto
en el numeral 1, del literal a) del artículo 157 de la Ley 100 de 199331, postura en la
cual han coincidido la Corte Constitucional32 y esta corporación33.

De conformidad con lo anterior queda claro que los beneficiarios de la pensión
gracia son afiliados obligatorios del régimen contributivo del Sistema de Seguridad
Social en Salud, en consecuencia, deben realizar las cotizaciones para salud
previstas en las leyes 100 de 1993 y 1250 de 2008.

2.5. Caso concreto

En consideración a los supuestos en que se funda la acción especial de revisión, la
Sala advierte lo siguiente:

Frente a la causal de revisión del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
consistente en que «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso»,
la Sala precisa que es necesario que se exponga la vulneración de tal derecho, no
obstante, de los argumentos expuestos en el recurso no se cuestiona la
competencia del juez que dictó la providencia, las normas procesales tenidas en

31 «Artículo 157. Tipos de participantes en el sistema general de seguridad social en salud. A partir

de la sanción de la presente Ley, todo colombiano participará en el servicio esencial de salud que
permite el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Unos lo harán en su condición de afiliados
al régimen contributivo o subsidiado y otros lo harán en forma temporal como participantes
vinculados.
A. Afiliados al Sistema de Seguridad Social.
Existirán dos tipos de afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud:
1. Los afiliados al Sistema mediante el régimen contributivo son las personas vinculadas a través de
contrato de trabajo, los servidores públicos, los pensionados y jubilados y los trabajadores
independientes con capacidad de pago. Estas personas deberán afiliarse al Sistema mediante las
normas del régimen contributivo de que trata el capítulo I del título III de la presente Ley.»
32 Corte Constitucional, sentencias T-659 de 2009, T-546 de 2014, T-835 de 2014 y T-581 de 2015,

entre otras.
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de septiembre de 2013,

radicado 25000 23 25 000 2011 00805 01 (2090 -2012), M.P. Gerardo Arenas Monsalve. Tal posición
se ha replicado en sentencias posteriores, entre otras, en las siguientes: sentencias del 26 de enero
de 2017, radicado 63001 23 33 000 2014 00239 01 (1932-2015) M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez ;
del 15 de marzo de 2018, radicado: 11001 03 25 000 2013 00392 00 (0849-13), M.P. William
Hernández Gómez; del 29 de agosto de 2019, radicado: 11001032500020140013700 (0343-2014),
M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, del 24 de agosto de 2023, radicado: 11001-03-25-000-2014-00841-
00, M.P. Cesar Palomino Cortés

15

Radicado: 85001-23-33-000-2017-00056-01 (2698-2017)
Demandante: UGPP

cuenta para resolver el asunto, ni la falta de garantías de audiencia, defensa y
contradicción, así como tampoco la falta de motivación de la decisión o el
desconocimiento del derecho a un proceso público y sin dilaciones o a impugnar la
decisión, en esencia, no se alegó y acreditó la violación de las garantías que
componen el debido proceso para que proceda esta causal.

En otros términos, corresponde a quien alega la causal demostrar la violación del
debido proceso y este hecho debe estar claramente documentado en el expediente,
para de esta manera quebrantar la cosa juzgada de la sentencia impugnada y
permitir el restablecimiento de la justicia material desconocida con esta, que es el
objetivo legítimo de esta acción especial de revisión34, lo que no ocurrió en el
presente asunto, razón por la cual no se encuentra fundada esta causal.

En torno a la causal prevista en el literal b) ejusdem, esto es, «cuando la cuantía del
derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto, o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables», esta Sala evidencia que en la sentencia
recurrida se excedió lo debido de acuerdo con la ley, pues se demostró que i) a Olga
María Triana Álvarez se le reconoció una pensión gracia; ii) según lo dispuesto en
el literal a) del numeral 1) del artículo 157 de la Ley 100 de 1993 y en el literal c)
numeral 1) del artículo 26 del Decreto 806 de 1998, hace parte de los afiliados del
régimen contributivo del SGSSS; iii) las cotizaciones o aportes a salud al SGSSS
son obligatorias para todos sus afiliados; iv) como beneficiaria de la pensión gracia
no está excluida de tal obligación, toda vez que la norma no distinguió entre este
régimen especial y el ordinario de pensión de jubilación. Por lo tanto, debe realizar
las cotizaciones por concepto de salud.

Por consiguiente, se debe infirmar la sentencia proferida el 16 de febrero de 2012
por el Juzgado Primero Administrativo de Yopal. y se procederá a emitir la sentencia
de reemplazo, conforme con lo establecido en el inciso 2 del artículo 255 del
CPACA, en el que se determinó que si el competente encuentra fundada la causal
«del literal b) el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, invalidará la sentencia revisada y dictará
la que en derecho corresponde».

2.6. Sentencia de reemplazo

En efecto, de acuerdo con el marco normativo expuesto en acápites anteriores los
beneficiarios de la pensión gracia se consideran afiliados al régimen contributivo del
SGSSS y por lo tanto deben realizar las cotizaciones en salud previstas en las leyes
100 de 1993 y 1250 de 2008, pues a dichos pensionados no se les excluyó de tal
obligación.

34
Sentencia del 13 de octubre de 2020, 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV), M.P. Alberto Montaña Plata.

16

Radicado: 85001-23-33-000-2017-00056-01 (2698-2017)
Demandante: UGPP

En consecuencia, sobre la pensión gracia reconocida a Olga María Triana Álvarez
se deben efectuar las cotizaciones que las mencionadas leyes disponen por
concepto de descuentos a salud, equivalentes al 12% del ingreso de la respectiva
mesada pensional en aplicación de lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 1250 de
2008.

2.7. Costas

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA, no se dispondrá sobre la
condena en costas por la naturaleza del asunto.

3. Conclusión

Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que se configuró la causal
invocada en el literal b) del artículo 20 de la ley 797 de 2003, razón por la cual se
declarará fundada la acción especial de revisión, comoquiera que a Olga María
Triana Álvarez no le asiste razón en su pretensión de obtener la nulidad parcial del
Oficio GN-32548 del 23 de junio de 2007, expedido por Cajanal, que resolvió de
manera desfavorable la solicitud de reintegro de los descuentos efectuados a su
prestación por concepto de aporte en salud, razón por la cual, la Sala infirmará la
sentencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Yopal el 16 de febrero
de 2012.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Declarar fundada la acción especial de revisión presentada por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero
Administrativo de Yopal el 16 de febrero de 2012, por la causal prevista en el literal
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 de acuerdo con las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Infirmar la sentencia del 16 de febrero de 2012 proferida por el Juzgado
Primero Administrativo de Yopal. En su lugar, se dispone:

Negar las pretensiones de la demanda presentada por Olga María Triana Álvarez
en contra de la Caja Nacional de Previsión Social, de acuerdo con lo expuesto en
esta decisión.

17

Radicado: 85001-23-33-000-2017-00056-01 (2698-2017)
Demandante: UGPP

Tercero. No condenar en costas.

Devolver el expediente al juzgado de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Ausente con excusa

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MAG

18

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.