Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00234-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00234-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2023-00234-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
12 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción especial de revisión – Artículo 20 Ley 797 de 2003
Radicación: 11001 03 25 000 2023 00234 00 (2769-2023)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Demandado: Carmen Lilia Guerrero Bravo
Tema: Causales a) y b) artículo 20 Ley 797 de 2003
Decisión: Declara infundada la acción especial de revisión. Los argumentos
expuestos se dirigen a cuestionar el contenido sustancial de la
decisión objeto de revisión.
La Sala decide la acción especial de revisión interpuesta contra la sentencia del 11 de
noviembre de 2021 expedida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través
de la cual confirmó la emitida por el Juzgado Primero Administrativo de Cali, el 3 de marzo
de 20202, que había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES.
Proceso ordinario
1. La señora Carmen Lilia Guerrero Bravo instauró demanda contenciosa
administrativa3 en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con el objeto de que se declarara la nulidad parcial de las Resoluciones 0832 del 31 de
enero de 2006 y 033844 del 16 de agosto de 2018, por medio de las cuales se reconoció
y ordenó el pago de una pensión de vejez y, posteriormente, se reliquidó dicha prestación,
respectivamente.
2. Como consecuencia de lo anterior, pidió que se ordenara a la Ugpp reliquidar
su pensión incluyendo como factores salariales las primas de riesgo, de servicios y de
navidad, el auxilio de alimentación, la unidad familiar y el auxilio de transporte,
1 En adelante UGPP.
2 Se precisa que en la parte resolutiva de la sentencia de segunda instancia se mencionó incorrectamente
la fecha de la de primera, pues se señaló que se expidió el «21» de marzo de 2020, pero al constatar
directamente en la providencia de primer grado, esta data del 3 de marzo de 2020.
3 Folios 33 a 46 del archivo 01Expediente201600192.pdf del expediente digital visible en el índice 15 de
Samai.
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Demandante: Ugpp
devengados durante el último año de servicio; el pago de los intereses moratorios, la
indexación y la imposición de costas a la demandada.
3. En la contestación de la demanda, la Ugpp sostuvo que en el régimen especial
aplicable a los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC no se previeron
los factores a tener en cuenta para liquidar la pensión, razón por la cual «es necesario
remitirnos a los señalados en el Decreto 1045 de 1978 y que fueron devengados en el
último año de servicios»4.
4. El Juzgado Primero Administrativo de Cali5 resolvió la controversia en sentencia
del 3 de marzo de 2020, en la cual accedió parcialmente a las pretensiones. En
consecuencia, dispuso:
[…]
CONDÉNASE, a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL UGPP a reliquidar
la pensión vejez a favor de la señora CARMEN LILIA GUERRERO BRAVO, debidamente
indexada y actualizada, sobre el 75% del promedio de los factores salariales acreditados
en el último año de servicios, incluyendo, además de los ya percibidos, esto es asignación
básica y bonificación por servicios prestados, el SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN, AUXILIO
DE TRANSPORTE, PRIMA DE VACACIONES, PRIMA DE NAVIDAD y PRIMA DE
SERVICIOS, mismos que se encuentran inmersos en el artículo 45 del Decreto 1045 de
1978 y conforme dicho en la parte motiva de la presente providencia.
[…]
5. Puso de presente que a los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia
penitenciaria y carcelaria nacional que ingresaron al servicio con anterioridad a la entrada
en vigencia del Decreto 2090 del 26 de julio de 2003, les resultaba aplicable el régimen
especial previsto en la Ley 32 de 1986. Precisó que, aunque la referida norma no reguló
expresamente los factores salariales computables para la liquidación pensional, por
remisión normativa debía acudirse a las disposiciones generales contenidas en el artículo
45 del Decreto 1045 de 1978, según jurisprudencia del Consejo de Estado.
6. En ese sentido, indicó que procedía liquidar la prestación de la accionante con
base en lo percibido durante el último año de servicio, incluidos los factores salariales
contemplados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, y no en los términos del artículo
21 de la Ley 100 de 1993, como lo determinó la demandada.
7. Advirtió que la entidad omitió incluir dentro del ingreso base de liquidación de la
pensión, algunos emolumentos devengados por la demandante durante el año anterior
al retiro definitivo del servicio que constituían contraprestación directa de la labor
desempeñada, tales como el subsidio de alimentación, el auxilio de transporte, la prima
4 Página 2 de la contestación.
5 Folios 107 a 115 del expediente digital archivo 76001333300120190011700 EXPEDIENTE COMPLETO
visible en el índice 21 de Samai.
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Demandante: Ugpp
de vacaciones, la prima de navidad y la prima de servicios, dispuestos en el artículo 45
del Decreto 1045 de 1978.
8. Destacó que la ausencia de aportes frente a los mencionados rubros no impedía
su incorporación para efectos de la reliquidación de la pensión, toda vez que, al momento
de dar cumplimiento a la decisión judicial, la entidad se encontraba facultada para realizar
los descuentos respectivos sobre los valores otorgados. No obstante, excluyó la prima
de riesgo y el subsidio por unidad familiar, al considerar que no tenían carácter salarial
para fines pensionales.
9. Por otro lado, sostuvo que estaban prescritas las diferencias pensionales
causadas con anterioridad al 16 de febrero de 2015, habida cuenta de que la solicitud
correspondiente fue presentada en sede administrativa el 16 de febrero de 2018.
10. La Ugpp interpuso recurso de apelación6 en el cual adujo que el régimen
pensional aplicable a los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) es el establecido en la Ley 32 de 1986, en
lo relativo a los requisitos para acceder a la pensión, esto es, edad y tiempo de servicios,
así como respecto de los factores que integran el ingreso base de liquidación. Estimó
que, si bien dicha disposición no consagró expresamente los factores computables para
la liquidación pensional, correspondía acudir a los contemplados en el artículo 45 del
Decreto 1045 de 1978, devengados durante el último año de servicios. Por tanto,
argumentó que, al momento de reconocer la pensión de la demandante, tuvo en cuenta
todos los conceptos enlistados en la citada norma, razón por la cual no era procedente
ordenar la inclusión de nuevos rubros.
11. El 11 de noviembre de 20217, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
confirmó la sentencia de primera instancia. Expuso que la providencia impugnada se
ajustó a la postura jurisprudencial fijada por el Consejo de Estado en sentencia del 25 de
abril de 2019, en la que se establecieron parámetros para la liquidación del derecho
pensional contenido en la Ley 32 de 1986. Planteó que ante la ausencia de norma
expresa que determinara los factores salariales a tener en cuenta para el reconocimiento
de la pensión de quienes permanecían cobijados por ese régimen excepcional, procedía
acudir a los parámetros del artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.
12. Puntualizó que mediante la Resolución RDP 033844 del 16 de agosto de 2018,
la entidad aplicó el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y liquidó la pensión con el 75 % del
promedio de los salarios devengados en el último año de servicio teniendo en cuenta
como factores salariales la asignación básica y la bonificación por servicios prestados.
13. Agregó que para la fecha en que entró a regir el Decreto 407 de 1994 (21 de
febrero de 1994) la demandante prestaba sus servicios en el cuerpo de custodia y
vigilancia penitenciaria en el cargo de dragoneante, comoquiera que laboró en esa
entidad del 26 de marzo de 1982 al 30 de abril de 2014. En consecuencia, concluyó que
6 Páginas 148 y 149 ibidem.
7 Archivo 003 2019-00117-01 Carmen Lilia Guerrero Bravo vs UGPP visible en el índice 21 de Samai.
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Demandante: Ugpp
se regía íntegramente por la Ley 32 de 1986, normativa que exige, para el reconocimiento
de la pensión de jubilación, únicamente 20 años de servicios continuos o discontinuos,
sin requerir el cumplimiento de una edad específica. Reiteró que el ingreso base de
liquidación debía determinarse conforme a lo consagrado en el artículo 45 del Decreto
1045 de 1978.
14. Por otra parte, explicó que del material probatorio se evidenció que durante el
último año de servicio prestado por la actora —entre el 30 de abril de 2013 y el 30 de abril
de 2014, percibió: asignación básica mensual, primas de riesgo, de vacaciones, de
navidad y de servicios, subsidios de alimentación y de unidad familiar, auxilio de
transporte y bonificaciones por recreación y por servicios.
15. Señaló que de los anteriores factores, solo la asignación básica, el subsidio de
alimentación, el auxilio de transporte, las primas de servicios, de vacaciones y de navidad
y la bonificación por servicios, se encontraban previstos en el artículo 45 del Decreto 1045
de 1978 por lo que debían integrar el ingreso base de liquidación de la pensión.
16. Precisó que no procedía incluir la prima de riesgo y la bonificación por
recreación, por cuanto no estaban referidas en la norma mencionada. Finalmente,
consideró que no era cierto que la entidad hubiese incluido en la liquidación pensional
todos los conceptos del artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, como lo alegó en el recurso
de apelación.
Demanda de la acción especial de revisión
17. La Ugpp, en ejercicio de la acción especial de la referencia, solicitó infirmar la
sentencia del 11 de noviembre de 2021, expedida por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca; con tal propósito, invocó las causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003, esto es «cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso» y «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables»,
respectivamente.
18. Manifestó que existió una indebida aplicación del precedente judicial,
concretamente de las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-
427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017 y T-039 de 2018, así
como de los autos 326 de 2014 y 229 de 2017, proferidos por la Corte Constitucional, y
de la sentencia del 28 de agosto de 20188 emitida por el Consejo de Estado.
19. En desarrollo de las causales invocadas, alegó que la prevista en el literal a)
es procedente en tanto la reliquidación de la pensión en los términos dispuestos en la
providencia cuestionada, no se ajusta a las disposiciones legales y jurisprudenciales
aplicables. Alegó que para determinar el ingreso base de liquidación debían tenerse en
cuenta las previsiones del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, así como los factores
señalados en el artículo 1.º del Decreto 1158 de 1994. Por ello, la providencia acusada
8 Expediente 52001 23 33 000 01 00143 01.
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Demandante: Ugpp
desconoció los principios de legalidad consagrados en los artículos 1, 2, 6, 29, 121, 123
inciso 2.º y 124 de la Constitución Política.
20. Por su parte, en cuanto a la causal b) consideró que la cuantía del derecho
reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley, toda vez que la accionada está
sometida a las disposiciones pensionales contenidas en la Ley 32 de 1986 únicamente
respecto de las condiciones de edad, tiempo de servicios y monto de la prestación; sin
embargo, para la determinación del ingreso base de liquidación resultaba pertinente
acudir al artículo 21 de la Ley 100 de 1993, esto es, el 75 % del promedio de lo devengado
durante los diez años anteriores al reconocimiento pensional.
21. Resaltó que la interpretación acogida en las decisiones recurridas es errónea,
en la medida en que las autoridades judiciales sustentaron el ingreso base de liquidación
en una norma inaplicable al caso concreto. Lo anterior, por cuanto, a partir de la
expedición de la Ley 100 de 1993, la forma de calcular las pensiones de vejez quedó
regida por lo dispuesto en el artículo 21 de tal norma.
22. En lo que respecta a la afectación del patrimonio público se concretó que con
la orden consignada en la decisión discutida se generó un detrimento al erario, pues se
impuso a la Nación el pago de una prestación excesiva con recursos destinados a la
financiación del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones.
Contestación de la acción especial
23. La demandada guardó silencio durante esta etapa procesal9.
II. CONSIDERACIONES.
Competencia
24. De conformidad con lo previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), aplicable por
remisión del inciso 3 del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el Consejo de Estado 10 es
competente para resolver la acción especial de revisión contra las sentencias
ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos. Así las cosas, se abordará el
análisis de esta controversia.
Oportunidad
25. La sentencia objeto de revisión quedó ejecutoriada el 25 de noviembre de
202111, es decir, bajo la vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, cuyo artículo 251 establece un plazo de cinco años,
9 Como se dejó constancia en el auto que decretó pruebas, visible en el índice 16 de Samai.
10 En atención al criterio de especialización laboral y conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo
080 del 12 de marzo de 2019, el conocimiento del asunto corresponde a la Sección Segunda del Consejo
de Estado.
11 Según archivo 005 EJECUTORIA Y DEVOLUCION JUZ 001-2019-00117-01 VAHD (Cali) del expediente
digital.
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Demandante: Ugpp
contados a partir del día siguiente a la ejecutoria, para presentar la demanda de acción
especial de revisión; por lo tanto, fue presentada oportunamente, al haberse radicado el
10 de mayo de 202312.
Problema jurídico
26. Le corresponde a la Sala determinar si la sentencia expedida el 11 de
noviembre de 2021 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca está inmersa dentro
de las causales previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, pues habría incurrido
en vulneración del derecho al debido proceso y en un reconocimiento excesivo del
derecho al ordenar la reliquidación pensional de la demandante con base en los factores
salariales devengados durante el último año de servicio, en aplicación del artículo 45 del
Decreto 1045 de 1978, pese a que, según la Ugpp, el IBL debía fijarse conforme al
artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.
Análisis del problema jurídico
27. Examinado el caso concreto, la Sala anuncia que declarará infundada la acción
especial de revisión, pues los planteamientos empleados para sustentar las causales
aducidas pretenden reabrir el debate jurídico ya resuelto, como se pasa a explicar.
28. La acción especial de revisión, estipulada en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003 fue concebida como una herramienta judicial cuyo «propósito primordial [consiste
en]13 realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de
modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario»14.
29. Esta Corporación, en forma pacífica15 ha sostenido que la acción especial no
constituye una instancia adicional para debatir el reconocimiento de un derecho, pues su
procedencia está circunscrita a que se configure alguna de las causales contempladas
por el legislador con el fin de que se revisen las providencias «que impongan al tesoro
público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de
dinero o pensiones de cualquier naturaleza».
30. En el presente asunto, la Ugpp invocó como sustento las causales previstas
en el artículo 20 de la Ley 797 de 200316, al considerar que la sentencia cuestionada
incurrió en vulneración del debido proceso, así como en un reconocimiento excesivo del
12 Índice 4 de Samai.
13 Se reemplaza la palabra «en» incluida en el texto original, por la expresión incluida en paréntesis, para
facilitar la lectura.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado 11001
03 25 000 2014-00845-00 (2743-13).
15 En sentencia del 30 de julio de 2025, referencia 11001 03 15 000 2025 02260 00, la Sala especial de
decisión No. 6, sostuvo lo siguiente: «En consecuencia, este recurso no es la vía para corregir los yerros
probatorios de las partes, ni para reconducir el proceso en hechos, pruebas o argumentos, revivir términos
o reabrir el debate surtido en el trámite ordinario.». [se destaca]
16 «a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso» «b) Cuando la cuantía
del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables».
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derecho, toda vez que la demandada se encuentra sometida al régimen contemplado en
la Ley 32 de 1986 únicamente en lo relativo a la edad, el tiempo de servicios y el monto
de la prestación y por ello el IBL se debía establecer conforme al artículo 21 de la Ley
100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.
31. En relación con la causal del literal a) se precisa que el derecho fundamental
al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, constituye una
garantía orientada a equilibrar la relación entre el Estado y los particulares, asegurando
el respeto de sus derechos dentro de las actuaciones judiciales y administrativas, el cual,
comprende, los siguientes elementos17:
i) El derecho al juez natural o funcionario competente.
ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento,
esto es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la
actuación judicial o administrativa.
iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho
a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el
derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones,
el derecho a que se produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la
decisión y la garantía de non bis in idem.
32. Adicionalmente, la Sala18 ha considerado que lo anterior no impide para que
se revisen reparos distintos en los que se sustente una manifiesta vulneración al debido
proceso.
33. A partir de lo expuesto, la Sala considera que los argumentos empleados por
la UGPP para soportar el cargo de vulneración del derecho fundamental al debido
proceso no reflejan el desconocimiento de las garantías que lo integran, sino que se
dirigen, en realidad, a cuestionar lo relativo al ingreso base de liquidación y a los factores
salariales tenidos en cuenta para ordenar la reliquidación pensional de la señora Guerrero
Bravo. En efecto, el planteamiento no apunta a advertir la existencia de una irregularidad
procesal o una indebida determinación del régimen jurídico aplicable con la expedición
de la sentencia objeto de revisión sino a cuestionar las normas que se tuvieron de base
para determinar el IBL, presupuesto para el cual no está concebida dicha causal.
34. En lo que respecta a la causal b), la entidad recurrente insistió en que la
pensionada estaba sometida a la Ley 32 de 1986 exclusivamente en lo relativo a la edad,
el tiempo de servicios y el monto de la prestación, mientras que el IBL debía determinarse
conforme al artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y en ese contexto la reliquidación implicó
el reconocimiento de una prestación en cuantía superior a la legalmente debida.
17 Sentencia del 18 de julio de 2011, radicado: 11 001 0327 000 2006 00044 00.
18 Sentencia del 22 de mayo de 2026, expediente 11001 03 25 000 2020 01009 00 (3098-2020).
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35. Al respecto, en la sentencia recurrida se analizó el régimen pensional aplicable
a la señora Carmen Lilia Guerrero Bravo y se concluyó que su situación pensional se
encontraba regida por la Ley 32 de 1986, comoquiera que para la fecha en que entró a
regir el Decreto 407 de 1994 -21 de febrero de 1994- ya prestaba sus servicios en el
cargo de dragoneante del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria
Nacional, habiendo laborado en esa entidad del 26 de marzo de 1982 al 30 de abril de
2014. Asimismo, se indicó que ante la ausencia de norma especial que regulara los
factores salariales computables para la liquidación de la prestación de los beneficiarios
de aquella entidad, correspondía acudir a lo dispuesto en el artículo 45 del Decreto 1045
de 1978, en los términos de la postura jurisprudencial fijada por el Consejo de Estado
para ese momento.
36. En esa medida, conviene precisar que la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 2018 emitida por esta Corporación e invocada como sustento en el presente
asunto, tuvo por objeto el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas en
virtud del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 en concordancia con la Ley 33 de
1985, situación que difiere del caso de la demanda en el sub lite, por contar con un
régimen especial, como lo estimó el Tribunal al desatar el recurso de apelación.
37. En efecto, conforme el artículo 140 de la Ley 100 de 1993, los empleados del
INPEC gozan de un régimen pensional especial por actividades de alto riesgo, que en el
presente caso corresponde al previsto en los artículos 96 de la Ley 32 de 1986 y 168 del
Decreto 407 de 1994.
38. Por tanto, no es procedente calificar como desproporcionado el IBL fijado por
el Tribunal para la pensión de jubilación de la señora Guerrero Bravo. Ello, por cuanto el
artículo 114 de la Ley 32 de 1986, reiterado en el artículo 184 del Decreto 407 de 1994,
dispone que, en los aspectos no regulados expresamente por dicho régimen especial,
debe acudirse a las normas vigentes para los empleados públicos del orden nacional.
Bajo ese entendimiento, respaldado por decisiones anteriores de esta Corporación, 19
resulta aplicable el artículo 4 de la Ley 4ª de 1966, según el cual «las pensiones de
jubilación o de invalidez a que tengan derecho los trabajadores de una o más entidades
de Derecho Público, se liquidarán y pagarán tomando como base el setenta y cinco por
ciento (75 %) del promedio mensual obtenido en el último año de servicios».
39. Así las cosas, en lo concerniente a los factores salariales el a quo acertó al
establecer que debían incluirse: la asignación básica, el subsidio de alimentación, el
auxilio de transporte, las primas de servicios, de vacaciones y de navidad y la bonificación
por servicios al estar previstos en el Decreto 1045 de 1978. Motivo por el cual no procede
la causal alegada, pues el planteamiento de la entidad recurrente no evidencia un exceso
19 Al respecto, en sentencia del 9 de junio de 2022, radicado: 25000-23-42-000-2019-00942-01 (4325-
2021), C. P. William Hernández Gómez, se indicó que para determinar la procedencia del régimen especial
previsto en la Ley 32 de 1986 respecto de los integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC,
no es necesario acudir a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por cuanto dichos servidores
cuentan con un régimen transitorio propio, regulado por disposiciones especiales.
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Demandante: Ugpp
en la cuantía del derecho reconocido; por el contrario, lo que se advierte es que se
pretendía reabrir el debate jurídico.
40. Máxime si se tiene en cuenta que tal entendimiento no fue desconocido por la
Ugpp, puesto que en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera
instancia reconoció que, aunque la Ley 32 de 1986 no consagró los conceptos salariales
para la liquidación pensional de los funcionarios del INPEC, debía remitirse al artículo 45
del decreto mencionado, luego no puede pretender reabrir el debate bajo un
entendimiento jurídico distinto al que pretendió en el curso del proceso ordinario, lo que
impone declarar infundada la acción especial de revisión.
Condena en costas
41. La Sala ha considerado que como la acción especial de revisión prevista en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 busca prevenir un eventual detrimento del tesoro, de
los fondos de naturaleza pública y, en general, pretende garantizar la sostenibilidad
financiera del Sistema Pensional, no es procedente imponer condena en costas. Lo
anterior comoquiera que se trata de una acción que tiene por objeto controvertir
providencias judiciales, con el fin de salvaguardar el interés público20.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, contra la sentencia del 11 de noviembre de 2021 expedida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en las
consideraciones.
SEGUNDO. Sin condena en costas.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
20 Al respecto, el artículo 188 del CPACA establece que la condena en costas procede «salvo en los
procesos en que se ventile un interés público».
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Radicación: 11001 03 25 000 2023 00234 00 (2769-2023)
Demandante: Ugpp
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
AAP
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