Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00942-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2022 › Radicado 25000-23-42-000-2019-00942-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00942-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2019-00942-01
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
9 de junio de 2022
1
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00942-01 (4325-2021)
Demandante: UGPP
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO (LESIVIDAD)
Radicación: 25000-23-42-000-2019-00942-01 (4325-2021)
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL1
Demandados: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE
PENSIONES2 Y LUIS HORACIO CASTILLO LEÓN
Temas: Lesividad. Reconocimiento de pensión especial
de jubilación de la Ley 32 de 1986. Aplicación del
régimen de transición del artículo 168 del Decreto
407 de 1994 y del artículo 6.° del Decreto 2090 de
2003. No son aplicables los postulados del
régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100
de 1993.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011 (Modificada por la Ley 2080 de 2021)
O-112-2022
ASUNTO
Decide la Subsección el recurso de apelación formulado por la parte
demandante contra la sentencia proferida el 10 de agosto de 2021 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F
que denegó las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la
Ley 1437 del 20113, formuló en síntesis las siguientes:
Pretensiones (Folio 1, C1)
1 En adelante UGPP.
2 Colpesiones.
3 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,
o CPACA.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00942-01 (4325-2021)
Demandante: UGPP
1. Declarar la nulidad de la Resolución RDP 038886 del 23 de diciembre de
2014, por medio de la cual la UGPP reconoció una pensión de vejez a favor
del señor Luis Horacio Castillo León en aplicación de los preceptos de la
Ley 32 de 1986, la cual se fijó en cuantía de $1.673.172 con efectividad
desde el 1.° de abril de 2014, pero condicionada a la demostración del retiro
definitivo del servicio.
2. Como consecuencia de esta declaración y a título de restablecimiento del
derecho, se ordene al señor Castillo León restituir a la entidad libelista de
manera retroactiva e indexada, la suma recibida por concepto de pensión
de jubilación desde el momento en que se otorgó dicha prerrogativa y hasta
cuando se verifique el cumplimiento del fallo.
3. Condenar al demandado al pago indexado de los valores adeudados y al
reconocimiento de los intereses comerciales y moratorios, así como de las
costas a que haya lugar.
Supuestos fácticos relevantes (Folio 1 vuelto, C1)
1. El señor Luis Horacio Castillo León nació el 30 de septiembre de 1965.
Aquel laboró al servicio del Ministerio de Justicia entre el 16 de agosto de
1988 y el 30 de junio de 2009 en calidad de dragoneante, lapso durante el
cual realizó aportes a pensión a la extinta Caja Nacional de Previsión Social
(Cajanal).
2. Posteriormente, estuvo vinculado directamente con el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC) para los siguientes períodos: i) del 1.°
de julio de 2009 al 30 de septiembre de 2012 en desempeño del cargo de
inspector jefe, con cotizaciones realizadas al otrora Instituto de los Seguros
Sociales (ISS) y, ii) del 1.° de octubre de 2012 al 30 de diciembre de 2016
bajo el empleo de teniente de prisiones, cuyos aportes fueron efectuados
a Colpensiones.
3. El demandado fue retirado del servicio del INPEC en virtud de la
Resolución 004818 del 30 de septiembre de 2016, ello con efectividad
desde el 31 de diciembre del mismo año.
4. La UGPP expidió la Resolución RDP 038886 del 23 de diciembre de 2014,
a través de la cual reconoció a favor del señor Castillo León una pensión
de vejez en cuantía de $1.673.172, liquidada con el 75% del promedio de
los salarios percibidos por este sobre los cuales realizó aportes entre el 1.°
de abril de 2013 y el 30 de marzo de 2014, efectiva desde el 1.° de abril de
2014, pero condicionada a la demostración del retiro definitivo del servicio.
5. En el referido acto administrativo, la entidad demandante indicó que la
prestación reconocida estaría a cargo del Fondo de Pensiones Públicas
(FOPEP) y «Cajanal traslados ISS». Asimismo, ordenó el descuento de la
suma equivalente a $3.820.701 por concepto de cotizaciones pendientes
sobre factores no incluidos y conminó que se iniciara la gestión de cobro al
INPEC por valor de $11.462.279 correspondiente a los respectivos aportes
patronales adeudados.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00942-01 (4325-2021)
Demandante: UGPP
6. El señor Castillo León el 1.° de julio de 2009 decidió trasladar su afiliación
de la entonces Cajanal liquidada, al Instituto de los Seguros Sociales (hoy
Colpensiones).
SOBRE LA AUDIENCIA INICIAL
En el presente proceso no se celebró dicha diligencia, debido a que conforme
al auto del 23 de abril de 2021 (folios 275 a 277, C1), el a quo prescindió de
esta en aplicación del artículo 182A del CPACA (adicionado por el artículo 42
de la Ley 2080 de 2021), ello con el fin de correr traslado para alegar de
conclusión y proferir sentencia anticipada por tratarse de un litigio de pleno
derecho sin pruebas pendientes para practicar.
No obstante, se destaca que en dicha providencia y en atención al artículo 175
del CPACA (modificado por el artículo 38 de la Ley 2080 de 2021), el tribunal
de primera instancia resolvió las excepciones previas formuladas por los
demandados, así:
«[…] Colpensiones en el escrito de contestación propone la excepción previa de falta
de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que el acto demandado fue
proferido por la UGPP, siendo evidente que no se ha efectuado ningún requerimiento
a Colpensiones, por lo que no está llamado a responder por las pretensiones de la
demanda.
[…] En el caso de autos se observa que la demanda fue dirigida contra el señor Luis
Horacio Castillo León y Colpensiones, al considerar la demandante que no podía
reconocer la pensión al demandado y que posiblemente la entidad encargada de
reconocer la prestación sería Colpensiones.
Se advierte entonces que la Administradora Colombiana de Pensiones fue notificada
en debida forma (fl. 7 archivo 22 expediente digital) por lo que la legitimación en la
causa de hecho no se encuentra llamada a prosperar en esta etapa procesal; y la
legitimación material deberá ser analizada en la sentencia conforme a lo expuesto.
Por su parte, el demandado señor Luis Horacio Castillo León en la contestación de la
demanda propone la excepciones de "ausencia de vicios del acto administrativo",
"inexistencia de la obligación de devolver sumas de dinero recibidas de buena fe",
"cobro de lo no debido", "improcedencia de devolución de sumas en tanto ello resulta
de una ilegalidad condicionada" e "innominada"; frente a éstas debe decirse que no
tienen la calidad de previas por cuanto no dan lugar a la inhibición para conocer sobre
el fondo del asunto.
Así pues, los argumentos en que se sustentan se deberán tener como alegaciones
de la defensa susceptibles de ser analizadas en la sentencia, junto con los demás
fundamentos de la contestación de la demanda. […]». (Folios 275 a 276, C1).
Por otra parte, se observa que en el proveído en comento también se emitió
un pronunciamiento sobre la fijación del litigio en el siguiente sentido:
«[…] PROBLEMA JURÍDICO: Se contrae a determinar si el demandado cumplió o no
con las exigencias de efectuar el aporte mínimo de semanas de cotización especial,
el número mínimo de semanas exigidos por la Ley 797 de 2003, si el demandado
cumplió con alguna de las condiciones para ser beneficiario del régimen de transición
que contempla el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, como lo pide el artículo 6 del
Decreto 2090 de 2003, para que fuera merecedor al reconocimiento de la pensión
especial de jubilación con el régimen de los empleados del INPEC; y si la entidad que
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00942-01 (4325-2021)
Demandante: UGPP
debe reconocer la prestación es Colpensiones. […]». (Mayúscula del texto original.
Folios 276 vuelto a 277, C1).
SENTENCIA APELADA
(Folios 316 a 327, C1)
El a quo profirió sentencia escrita el 10 de agosto de 2021, por medio de la
cual negó las pretensiones de la entidad demandante con fundamento en las
siguientes consideraciones:
Inicialmente, el tribunal de primera instancia resaltó que a partir del artículo 6.º
del Decreto 2090 de 2003, se colige que para tener derecho al régimen de
transición consagrado en tal norma, se exige el cumplimiento de dos
requisitos: i) que el servidor haya cotizado por lo menos 500 semanas en
actividades de alto riesgo y además acredite el número mínimo de semanas
previstas en la Ley 797 de 2003. No obstante, esta regulación contempla
adicionalmente que tales funcionarios deben colmar las exigencias del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 que igualmente consagra un marco jurídico
transicional consistente en demostrar 35 años de edad si es mujer y 40 si se
es hombre, o 15 años de servicio.
No obstante, precisó que en los términos expuestos por la Corte Constitucional
y el Consejo de Estado en sentencias C-663 de 2007 y 3287-2013 del 12 de
junio de 2014 respectivamente, es posible concluir que en aplicación de los
principios de favorabilidad e inescindibilidad de la norma, no es posible exigir
al servidor que haya laborado en actividades de alto riesgo que cumpla
simultáneamente los requisitos fijados en el Decreto 2090 de 2003 y en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo que en suma debe dársele prevalencia
a la regulación que le permita acceder al derecho pensional.
Seguidamente advirtió que contrario a lo manifestado por la entidad
demandante, el señor Luis Horacio Castillo León no debe cumplir las
exigencias adicionales del Decreto 2090 de 2003 propias del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, toda vez que al haberse vinculado al servicio del Estado en
actividades de alto riesgo desde el 16 de septiembre de 1988, es beneficiario
de la transición que determinó el artículo 1.º del Decreto 1950 de 2005, según
el cual, cuando la vinculación los miembros del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional fue anterior a la entrada en vigor
del Decreto 2090 de 2003, su régimen pensional aplicable sería el consagrado
en la Ley 32 de 1986, norma que para el reconocimiento de la pensión no exige
el cumplimiento de los aspectos tenidos en cuenta por la parte libelista.
Con base en lo expuesto señaló que bajo el entendido de que la razón principal
de la demanda formulada por la UGPP, fue que el demandado no colmó los
requerimientos propios del régimen de transición para que la prestación
debatida haya sido sometida a la normativa especial para los exservidores del
INPEC, claramente en esta oportunidad no hallan eco favorable los
argumentos de la parte activa para acceder a sus pretensiones.
Acerca de la entidad encargada del reconocimiento pensional debido a la
vinculación en la actuación de Colpensiones, en primer lugar recordó que el
demandado es beneficiario del régimen especial aplicable al personal del
INPEC que desempeña labores de alto riesgo y en tal medida, se encuentra
acreditado que cumplió el estatus de pensionado el 15 de septiembre de 2008
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00942-01 (4325-2021)
Demandante: UGPP
cuando cumplió 20 años de servicio en el entorno penitenciario, tal como fue
indicado en el acto administrativo de reconocimiento prestacional.
Destacó que como lo ordenó el artículo 4.º del Decreto 2196 del 12 de junio de
2009, el demandado fue trasladado de la extinta Cajanal a Colpensiones, sin
embargo, sostuvo que no puede perderse de vista el hecho de que para tal
fecha el afiliado ya había cumplido los requisitos para el reconocimiento
pensional, el cual se consolidó el 15 de septiembre de 2008, de suerte que la
extinta Cajanal no había perdido la competencia para efectuar el
reconocimiento pensional a favor de aquel. En tal sentido, aseveró que en
virtud de las atribuciones que fueron asignadas a la UGPP conforme a la Ley
1151 de 2007, era dicha autoridad la que estaba obligada a asumir el pago de
la aludida prerrogativa sin perjuicio de la afiliación posterior del pensionado a
Colpensiones.
Finalmente adujo que en el presente caso no resulta válido afirmar que la
prerrogativa otorgada por la entidad libelista afecta su patrimonio, pues en el
expediente quedó demostrado que mediante Resolución 38886 del 23 de
diciembre de 2014 se ordenó el reclamo de la respectiva cuota parte pensional
al Fondo de Pensiones Públicas (FOPEP) y a «Cajanal traslados ISS», lo cual
evidencia que se concurrió al pago de la pensión en la proporción que le
correspondía a cada parte.
Acorde con estos razonamientos, el tribunal de primera instancia emitió
sentencia en el sentido de denegar las pretensiones de la demanda.
RECURSO DE APELACIÓN
(Folios 337 a 339, C1)
La parte demandante formuló recurso de apelación contra la decisión
reseñada anteriormente y solicitó que esta sea revocada a fin de que se
acceda a sus pretensiones.
Al respecto argumentó que el acto administrativo reprochado se expidió con
base en normas en las que no debía fundarse, toda vez que se tuvo en cuenta
el régimen de la Ley 32 de 1986, cuando en realidad el señor Castillo León
para el 1.° de abril de 1994 no contaba con 15 años de servicio ni 40 años de
edad como lo exige el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, ello para poder ser
beneficiario del régimen de transición.
Por tal motivo aseguró que la situación pensional del demandado debe
resolverse de acuerdo con la Ley 100 de 1993 y no como erróneamente fue
determinado en el acto administrativo censurado que dio aplicación al régimen
pensional especial del artículo 6.º del Decreto 2090 de 2003 que remitía a las
previsiones de la Ley 32 de 1986.
Añadió que el tribunal de primera instancia no tuvo en cuenta que el
demandado no efectuó aportes para pensión por lo menos por un monto de
500 semanas de cotización especial como lo exigen las normas referidas, así
como tampoco cumplió con el número mínimo de semanas previsto en la Ley
797 de 2003 para que accediera a la pensión en las mismas condiciones
reseñadas que regulan las actividades de alto riesgo del INPEC.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00942-01 (4325-2021)
Demandante: UGPP
Por último, indicó que no comparte la decisión sobre la declaratoria como
improbada de la excepción de falta de legitimación por pasiva de
Colpensiones, pues cuando es claro que la parte pasiva se trasladó de manera
masiva el 1.º de julio de 2009 a dicha entidad, en el entendido de que la extinta
Cajanal había sido liquidada, tanto así que el servidor realizó aportes al
entonces ISS como se probó con el certificado de información laboral radicado
20145142491312 del 22 de agosto de 2014.
Con base en lo expuesto afirmó que es la autoridad vinculada la que estaría
llamada a estudiar el reconocimiento pensional del señor Castillo León cuando
este cumpla los requisitos exigidos de edad y densidad de semanas, dado que
el régimen aplicable no es el aplicado por la UGGP y convalidado por el a quo.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La ausencia de un período probatorio en esta instancia tornaba improcedente
agotar el trámite de alegaciones finales de acuerdo con lo previsto en el
artículo 247, numeral 5.° del CPACA (modificado por el artículo 67 de la Ley
2080 de 2021, vigente para la época de interposición del recurso de apelación
objeto de estudio).
No obstante, en el asunto sub examine Colpensiones allegó escrito de
alegatos de conclusión (ver índice 9 del registro en SAMAI), por medio del cual
solciitó que se confirme el fallo apelado que declaró probada la excepción de
falta de legitimación en la causa por pasiva a su favor, ello con base en la
siguiente argumentación:
Señaló que no existe ninguna obligación por parte de la Administradora
Colombiana de Pensiones respecto de las pretensiones invocadas en la
demanda, toda vez que al revisarlas, se puede verificar que aquellas van
dirigidas contra un acto administrativo emitido por la UGPP, que le reconoció
un derecho pensional al demandado bajo el régimen especial de los
empleados del INPEC estipulado en la Ley 32 de 1986, sin que se observe
pedimento alguno relacionado con las obligaciones propias de la autoridad
vinculada.
De igual modo, acotó que al no existir prueba sobre el deber prestacional a
cargo de Colpensiones, y al mismo tiempo, al no haber recibido ninguna
solicitud en sede administrativa relacionada, se concluye que en el presente
caso no tendría fundamento la intervención de aquella entidad.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en la
respectiva alzada, la cual en el presente caso fue presentada únicamente por
la parte demandante.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00942-01 (4325-2021)
Demandante: UGPP
Problema jurídico
En ese orden, el problema jurídico a resolver en esta instancia se resume en
las siguientes preguntas:
¿El señor Luis Horacio Castillo León era beneficiario del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y por lo tanto, se ajusta a
derecho el reconocimiento de la pensión especial de jubilación por actividades
de alto riesgo conforme a las previsiones de la Ley 32 de 1986, otorgada por
la entidad demandante en virtud de la Resolución RDP 038886 del 23 de
diciembre de 2014?
¿Es Colpensiones la entidad encargada de verificar el reconocimiento y pago
de una pensión de jubilación a favor del demandado?
Al respecto la Sala sostendrá la siguiente tesis: al demandado no le eran
aplicables las exigencias del régimen de transición del artículo 36 de la Ley
100 de 1993, sino las contempladas en el artículo 168 del Decreto 407 de
1994 y en el artículo 6.° del Decreto 2090 de 2003, las cuales en todo caso,
este acreditó en debida forma, y por lo tanto lo hacían titular del derecho al
reconocimiento y pago de una pensión de jubilación conforme al artículo 96
de la Ley 32 de 1986, tal como lo determinó la entidad demandante, ello sin
que Colpensiones deba asumir el reconocimiento de la prestación. Lo anterior
de acuerdo con las siguientes consideraciones:
Régimen pensional aplicable a los funcionarios del INPEC
En primer lugar, debe ponerse de presente que la Ley 100 de 19934
reglamentó en su artículo 11 lo siguiente:
«Artículo 11. Campo de aplicación. El Sistema General de Pensiones
consagrado en la presente ley, se aplicará a todos los habitantes del territorio
nacional, conservando y respetando, adicionalmente todos los derechos,
garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos y establecidos
conforme a disposiciones normativas anteriores, pactos, acuerdos o
convenciones colectivas de trabajo para quienes a la fecha de vigencia de esta
ley hayan cumplido los requisitos para acceder a una Pensión o se encuentren
pensionados por jubilación, vejez, invalidez, sustitución o sobrevivientes de los
sectores público, oficial, semioficial en todos los órdenes del régimen de Prima
Media y del sector privado en general. […]».
Conforme con la norma citada, el Sistema General de Pensiones aplica para
todos los habitantes del territorio nacional, sin hacer distinción entre servidores
públicos, trabajadores oficiales, empleados del sector privado, o
independientes, entre otros. Lo anterior, desde el 1.º de abril de 1994 según el
artículo 151 ibidem y, en el caso de los servidores públicos del orden territorial,
a partir del 30 de junio de 1995 de acuerdo con el parágrafo del mismo artículo.
Asimismo, con el fin de proteger expectativas legítimas de aquellas personas
que se encontraban más cerca de acceder a su pensión a la fecha en que hizo
tránsito la legislación, el legislador diseñó un régimen de transición en dicha
materia, regulado en el artículo 36 ejusdem, según el cual:
4 «Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00942-01 (4325-2021)
Demandante: UGPP
«[…] La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el
número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las
personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y
cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de
edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la
establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás
condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión
de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley. […]».
Por su parte, el artículo 279 de la regulación bajo estudio indicó:
«[…] Artículo 279. Excepciones. El sistema Integral de Seguridad Social
contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto 1214 de
1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la
presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones
Públicas.
Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, creado por la Ley 914 de 1989, cuyas prestaciones a
cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración.
Este fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en
favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la
reglamentación que para el efecto se expida.
Se exceptúan también, los trabajadores de las empresas que al empezar a regir
la presente ley, estén en concordato preventivo y obligatorio en el cual se hayan
pactado sistemas o procedimientos especiales de protección de las pensiones,
y mientras dure el respectivo concordato.
Igualmente, el presente régimen de seguridad social, no se aplica a los
servidores públicos de la Empresa Colombiana de Petróleos, ni a los
pensionados de la misma. Quienes con posterioridad a la vigencia de la
presente ley, ingresen a la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, por
vencimiento del término de contratos de concesión o de asociación, podrán
beneficiarse del régimen de seguridad social de la misma, mediante la
celebración de un acuerdo individual o colectivo, en término de costos, forma
de pago y tiempo de servicio, que conduzca a la equivalencia entre el sistema
que los ampara en la fecha de su ingreso y el existente en Ecopetrol.
Parágrafo 1.º La empresa y los servidores de que trata el inciso anterior,
quedan obligados a efectuar los aportes de solidaridad previstos en esta ley.
Las entidades empleadoras referidas en el presente artículo, quedan facultadas
para recibir y expedir los bonos correspondientes a los períodos de vinculación
o cotización a que hubiere lugar, de conformidad con la reglamentación que
para tal efecto se expida. […]»
De acuerdo con los preceptos transcritos, es evidente que con la Ley 100 de
1993 se derogaron los regímenes pensionales existentes para ese momento,
y se unificaron e integraron en uno solo de carácter general. No obstante, el
legislador dejó vigentes transitoriamente algunas de las normas preexistentes
para aquellas personas que se encontraran cobijadas por lo regulado en el
artículo 36 ibidem, y en los preceptos especiales expresamente indicados en
el artículo 2795.
5 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia del 23 de mayo de 2013. Radicación
11001032500020100029100 (2390-10).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00942-01 (4325-2021)
Demandante: UGPP
En segundo lugar, el mentado Sistema General de Seguridad Social en su
artículo 140 reguló unas normas especiales previstas para quienes
desarrollaran actividades de alto riesgo en la siguiente forma:
«Artículo 140. Actividades de alto riesgo de los servidores públicos. De
conformidad con la Ley 4a. de 1992, el Gobierno Nacional expedirá el régimen
de los servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo, teniendo
en cuenta una menor edad de jubilación o un número menor de semanas de
cotización, o ambos requisitos. Se consideran para este efecto como
actividades de alto riesgo para el trabajador aquellas que cumplen
algunos sectores tales como el Cuerpo de Custodia y Vigilancia Nacional
Penitenciaria. Todo sin desconocer derechos adquiridos.
El Gobierno Nacional establecerá los puntos porcentuales adicionales de
cotización a cargo del empleador, o del empleador y el trabajador, según cada
actividad.». (Negrilla fuera del texto original).
Pues bien, en lo que respecta a la normativa en materia prestacional
consagrada para el personal de vigilancia y custodia del INPEC, debe tenerse
en cuenta que incluso con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100
de 1993, dichos funcionarios ya tenían consolidado un régimen especial
desarrollado en la Ley 32 de 19866, la cual en su artículo 96 previó frente al
derecho pensional lo siguiente:
«Artículo 96. Pensión de jubilación. Los miembros del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia Penitenciaria Nacional, tendrán derecho a gozar de la pensión de
jubilación al cumplir veinte (20) años de servicio, continuos o discontinuos al
servicio de la Guardia Nacional, sin tener en cuenta su edad.»
No obstante, con la expedición de la Ley 65 de 1993, el Legislador otorgó al
presidente de la República facultades extraordinarias para dictar normas con
fuerza de ley sobre la composición, clasificación y categoría del Cuerpo de
Custodia y Vigilancia, así como sobre el régimen salarial, prestacional y
pensional del personal que laboraba en tal calidad, ello en armonía con el
precitado artículo 140 de la Ley 100 de 1993.
En virtud de aquel mandato, tuvo origen el Decreto Ley 407 del 20 de febrero
de 1994, que en su artículo 168 fijó un régimen especial en materia pensional
para el personal de custodia y vigilancia del INPEC, el cual respetaba los
preceptos de la Ley 32 de 1986 que cobijaba a quienes ejercían como tal antes
del 21 de febrero de 19947. Al respecto, el canon en comento señaló lo
siguiente:
«ARTÍCULO 168. PENSION DE JUBILACION. Los miembros del Cuerpo de
Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional, que a la fecha de la
vigencia del presente decreto se encuentren prestando sus servicios al Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, tendrán derecho a gozar de la
pensión de jubilación en los términos establecidos en el artículo 96 de la Ley
32 de 1986. El tiempo de servicio prestado en la fuerza pública se tendrá en
cuenta para estos efectos.
Con relación a los puntos porcentuales de cotización, serán determinados por
el Gobierno Nacional.
6 «Por la cual se adopta el Estatuto Orgánico del Cuerpo de Custodia y Vigilancia.»
7 Fecha de entrada en vigencia del Decreto Ley 407 de 1994.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00942-01 (4325-2021)
Demandante: UGPP
PARAGRAFO 1o. Las personas que ingresen a partir de la vigencia de este
decreto, al Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional,
tendrán derecho a una pensión de vejez en los términos que establezca el
Gobierno Nacional, en desarrollo del artículo 140 de la Ley 100 de 1993 para
las actividades de alto riesgo.
PARAGRAFO 2o. El personal Administrativo del Instituto se regirá por las
normas establecidas en la Ley 100 de 1993.».
Ahora, sin perjuicio de lo anterior, con posterioridad al marco regulatorio en
mención, se profirió el Decreto Ley 2090 de 20038 con fundamento en las
facultades extraordinarias conferidas al Gobierno Nacional en la Ley 797 del
mismo año, esto a fin de regular en materia laboral y prestacional a los
trabajadores que desempeñaran actividades de alto riesgo como lo era el
cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC.
En tal sentido, se observa que el campo de aplicación del Decreto 2090 de
2003 se definió así:
«Artículo 1º. Definición y campo de aplicación. El presente decreto se
aplica a todos los trabajadores que laboran en actividades de alto riesgo,
entendiendo por actividades de alto riesgo aquellas en las cuales la labor
desempeñada implique la disminución de la expectativa de vida saludable o la
necesidad del retiro de las funciones laborales que ejecuta, con ocasión de su
trabajo.»
Sobre ello, debe precisarse que el mentado decreto derogó la regulación
anterior prevista en el Decreto Ley 407 de 1994, al punto de que el artículo 4.º
ibidem fijó las condiciones y requisitos para obtener la pensión especial de
jubilación para los servidores referidos, así:
«ARTÍCULO 4º. CONDICIONES Y REQUISITOS PARA TENER DERECHO A
LA PENSIÓN ESPECIAL DE VEJEZ. La pensión especial de vejez se sujetará
a los siguientes requisitos:
1. Haber cumplido 55 años de edad.
2. Haber cotizado el número mínimo de semanas establecido para el Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones, al que se refiere el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9o de la Ley 797 de 2003 […].»
Empero, aún bajo dicho entendido, el artículo 6.° del Decreto 2090 de 2003
previó un régimen de transición para aquellos trabajadores que estuvieren
próximos a adquirir el derecho pensional en virtud de las prerrogativas
anteriores al decreto en mención, ello con el fin de salvaguardar sus
expectativas legítimas y que estas no se vieran afectadas por el tránsito
normativo de nuestro ordenamiento. Lo anterior, de la siguiente forma:
«Artículo 6º. Régimen de transición. Quienes a la fecha de entrada en
vigencia del presente decreto hubieren cotizado cuando menos 500 semanas
de cotización especial, tendrán derecho a que, una vez cumplido el número
mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión,
esta les sea reconocida en las mismas condiciones establecidas en las normas
8 Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan
las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en
dichas actividades.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00942-01 (4325-2021)
Demandante: UGPP
anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo.
Parágrafo. Para poder ejercer los derechos que se establecen en el presente
decreto cuando las personas se encuentren cubiertas por el régimen de
transición, deberán cumplir en adición a los requisitos especiales aquí
señalados, los previstos por el artículo 36 de la Ley 100 de1993, modificado
por el artículo 189 de la Ley 797 de 2003.»
El primer inciso de esta última normativa fue declarado exequible
condicionadamente por la Corte Constitucional mediante sentencia C-663 de
29 de agosto de 2007, al estimar que «para el cómputo de las ‘500 semanas
de cotización especial’, se podrán acreditar las semanas de cotización
efectuadas en cualquier actividad que hubiere sido calificada jurídicamente
como de alto riesgo.».
Esta norma también ha sido analizada por la jurisprudencia del Consejo de
Estado10 para señalar que demostrar 500 semanas de cotización en
actividades de alto riesgo para la entrada en vigencia del Decreto 2090 de
2003, concede el derecho a acceder a la prestación en los términos de la
norma inmediatamente anterior y lo que debe entenderse del parágrafo del
artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 es que la intención del legislador fue la de
complementar este requisito en armonía con el régimen general de pensiones.
Igualmente, se interpretó que exigir adicionalmente el estar cobijado por el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, resulta desproporcionado y más gravoso
cuando el servidor aspira al reconocimiento en los términos de la norma
anterior, por cuanto conllevan una situación más desventajosa en virtud del
tránsito legislativo. En suma, destacó que la finalidad de un régimen de
transición consiste en que el legislador defina un sistema de protección para
que los cambios producidos por una reforma en la normativa no afecten a
quienes, pese a no haber adquirido el derecho a la pensión porque les falta
reunir todos los requisitos, sí tienen una expectativa legítima de adquirir el
derecho.
Al respecto, la Sección Segunda11 se ha pronunciado de manera reciente
respecto al aludido punto, al confirmar que sería contraria a la intención del
legislador exigir a los trabajadores beneficiarios del régimen de transición del
Decreto 2090 de 2003, el cumplimiento adicional de los aspectos contenidos
en el Sistema General de Pensiones. Lo anterior, conforme se cita:
«[…] Más adelante, con la expedición del Decreto 2090 de 2003, por medio del
cual se definieron las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y
se modificaron las condiciones […] previó en su artículo 6 un régimen de
transición para aquellos quienes a su entrada en vigencia -28 de julio de 2003-
, acreditaran 500 semanas de cotización en ejercicio o desempeño de las ya
mencionadas actividades alto riesgo […]
De la lectura del parágrafo de este último artículo se advierte que este exige,
además de los requisitos contemplados en dicha norma, el cumplimiento de las
9 Artículo declarado inexequible mediante sentencia C-1056/03
10 En este sentido se puede ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 29
de junio de 2017, radicación: 08001-23-33-000-2012-00082-01(0391-14), demandante: Gilberto Antonio
Rondón Sepúlveda.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 28 de octubre de 2021,
demandante: María Yolanda Castañeda Orjuela, radicación: 17001-23-33-000-2016-00572-01(0614-20).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00942-01 (4325-2021)
Demandante: UGPP
condiciones reguladas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para acceder al
régimen pensional de alto riesgo.
Al respecto, encuentra esta Sala que tal y como se ha indicado en providencias
previas de esta Corporación, la lectura literal de dicha disposición contraviene
la naturaleza del régimen de transición del mencionado canon, y transgrede la
intencionalidad del legislador al reglamentar este tipo de prerrogativas a favor
de los trabajadores, que no es otra que la de salvaguardar las garantías del
ordenamiento jurídico y proteger la expectativa legítima de acceder a la pensión
especial de vejez bajo las condiciones previstas en el régimen aplicable.
«[…] En criterio de la Sala, entender a partir de la literalidad de la norma que el
régimen especial de transición en pensiones de alto riesgo señalado en el
artículo 6 del Decreto 2090 de 2003, además del requisito de las 500 semanas
de cotización especial, exige para el caso del demandante el cumplimiento
adicional de los requisitos previstos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
resulta desproporcionado y más gravoso, pues el señor […] cumple con el
requisito especial de las 500 semanas, y aspira a un reconocimiento pensional
bajo las condiciones establecidas en el artículo 6º del Decreto 1835 de 1994.
Acogiendo en esta oportunidad el criterio interpretativo ya expresado en
asuntos similares al presente, debe señalar la Sala que las exigencias
adicionales a las que se refiere el parágrafo del artículo 6 del Decreto 2090 de
2003 colocan en una situación desventajosa, en virtud del tránsito legislativo,
al demandante que se encontraba próximo a cumplir los requisitos para obtener
la pensión de vejez en las condiciones previstas en el artículo 6 del Decreto
1835 de 1994.
La finalidad de un régimen de transición consiste en que el legislador
establezca un sistema de protección para que los cambios producidos por un
tránsito legislativo no afecten a quienes, si bien no han adquirido el derecho a
la pensión por no haber cumplido los requisitos para ello, tienen una expectativa
legítima de adquirir ese derecho. […]»
[…]
En virtud de la norma en cita, aquellas personas que desarrollan alguna de las
actividades de alto riesgo reguladas en el Decreto 2090 de 2003 tienen derecho
a la aplicación de los requisitos previstos en los Decretos 1281 de 1994 o 1835
de 1994, según el caso, siempre y cuando:
1. Hubiesen cotizado a la fecha de entrada en vigencia del Decreto 2090 de
2003, esto es, el 28 de julio de dicho año, cuando menos 500 semanas de
cotización en la ejecución de una actividad catalogada como de alto riesgo.
Para el efecto, se advierte que la exigencia de semanas de cotización especial
a que hace referencia el artículo 6 del Decreto 2090 ejusdem puede
interpretarse como «[…] semanas de cotización efectuadas en cualquier
actividad que hubiere sido calificada jurídicamente como de alto riesgo […]»,
de acuerdo con el ordinal primero de la sentencia C-663 de 2007 que declaró
la exequibilidad condicionada de la norma en cita […]
2. La segunda parte del inciso primero del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003
prevé que el derecho se causa «[…] una vez cumplido el número mínimo de
semanas exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión […]», a
partir de lo cual se les reconocerá la pensión «[…] en las mismas condiciones
establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto
riesgo […]».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00942-01 (4325-2021)
Demandante: UGPP
[…] Tal como indicó la Sección en la sentencia recién citada, la Sala considera
que el requisito al que se hace alusión únicamente contempla cotizar 1000
semanas, sin que aplique el aumento de estas, estipulado en la Ley 797 de
2003 al modificar el artículo 33 de la Ley 100 de 1993. Ello en virtud de que no
es razonable ni proporcional exigir el requisito de densidad de la Ley 797
ejusdem cuando las previsiones de la norma anterior al Decreto en cita, esto
es, el Decreto 1281 de 1994 exige 1000 semanas para causar el derecho y,
según el caso concreto, una edad de 55 años. […]».
En ese orden, se ha entendido que como el artículo 6.° del Decreto 2090 de
2003 prevé unos supuestos para la transición de un régimen especial y al
mismo tiempo para un régimen general, se debe dar la interpretación que más
favorezca al servidor, es decir, la que permite la aplicación preferente de la
regla de transición que le posibilite el reconocimiento de su pensión especial
de jubilación, con fundamento en el principio de favorabilidad, consagrado en
el artículo 53 de la Constitución Política.
De otro lado, se agrega que el Acto Legislativo 01 de 2005 delimitó bajo ciertas
circunstancias la extensión de los regímenes pensionales especiales hasta el
31 de julio de 2010, así
«[…] Parágrafo transitorio 2o. Sin perjuicio de los derechos adquiridos, el
régimen aplicable a los miembros de la Fuerza Pública y al Presidente de la
República, y lo establecido en los parágrafos del presente artículo, la vigencia
de los regímenes pensionales especiales, los exceptuados, así como
cualquier otro distinto al establecido de manera permanente en las leyes
del Sistema General de Pensiones expirará el 31 de julio del año 2010. […]”
(Negritas intencionales).
Es así como se desprende que hasta el 31 de julio de 2010, podían afianzarse
situaciones jurídicas que comprometieran el reconocimiento de pensiones de
vejez a aquellos empleados que, por la actividad que desempeñaran o por la
naturaleza de la entidad a la cual se encontraran vinculados, gozaran de un
régimen excepcional de pensiones.
Por consiguiente, es diáfano que el Acto Legislativo 01 de 2005 procuró fijar el
derrotero que debía seguirse de cara a aplicar uno u otro régimen especial de
pensión, en el sentido de delimitar la configuración de este derecho de carácter
económico sujeto al cumplimiento de ciertas exigencias temporales
específicas en cada caso para que, como resultado de ello, el interesado
pueda hacerse acreedor legítimo de la prestación pretendida.
Bajo esta intelección, es plausible colegir que los siguientes son los requisitos
de la transición prevista en el Decreto 2090 de 2003:
i) que para el 28 de julio de 2003, fecha en que entró a regir aquella norma, el
servidor que estuviere próximo a adquirir el derecho a la pensión bajo las
prerrogativas anteriores, contara con al menos 500 semanas de cotización en
cualquier actividad que haya sido calificada legalmente como de alto riesgo, y;
ii) en lo que atañe a las cotizaciones, debe cumplir con «el número mínimo de
semanas exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión”, esto es,
al menos con 1.000 semanas, como lo prevé el numeral 2 del artículo 9 de la
Ley 797 ejusdem. Este aspecto debe entenderse como requisito necesario
para ser beneficiario de la transición.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00942-01 (4325-2021)
Demandante: UGPP
En suma, para el caso de los servidores del INPEC que hubiesen
desempeñado actividades peligrosas, como es el caso del demandado por
haber ejercido los cargos de dragoneante, inspector, inspector jefe y teniente
de prisiones (pertenecientes al Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria
y Carcelaria Nacional. Ver certificado de información laboral obrante a folio 77
del cuaderno 1), no resulta válido estudiar su situación en punto a la aplicación
de los preceptos del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993 según lo afirmado por la entidad libelista en su recurso.
Lo expuesto se justifica en la medida en que dicha regulación general no les
era aplicable a aquellos funcionarios por expreso mandato del artículo 140
ibidem, habida cuenta de que no solo con anterioridad a la entrada en vigencia
del SGSS estos tenían una regulación específica en materia prestacional
contenida en la Ley 32 de 1986, sino que además en el primer precepto aludido
se conminó al Gobierno Nacional a expedir el régimen propio de estos
empleados.
En virtud de ello, para funcionarios como el señor Castillo León, las
condiciones, requisitos y postulados relacionados con la verificación de la
transición normativa aplicable en lo que respecta a sus derechos pensionales,
no pueden ser los contemplados en la Ley 100 de 1993, sino en el artículo 168
del Decreto 407 de 1994 y el artículo 6.° del Decreto 2090 de 2003 (según sea
el caso), tal como se expuso con anterioridad, aunado a la salvedad
jurisprudencial respecto de la imposibilidad de atender las exigencias del
parágrafo de este último precepto enlistado, por cuanto lo propio implicaría
tornar más gravosa la situación de quien se supone que debe verse
beneficiado con la observancia de un régimen de transición.
En tal sentido, no son de recibo los argumentos de impugnación de la entidad
apelante al aducir que el demandado no cumplió con los postulados del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para que con motivo del aludido marco
jurídico transicional, le hubiera sido reconocida la pensión con base en la Ley
32 de 1986. Esto en razón a que aquellos requisitos no eran los que debían
verificarse, sino los de la normativa especial y determinada exclusivamente
para los servidores que ejecutaban actividades peligrosas, tal como pasa a
verificarse a continuación.
Sobre la situación particular del demandado
Al respecto, se torna indispensable poner de presente los medios de
convicción recaudados y practicados que demarcan el contexto factual del
presente caso, los cuales se relacionan a continuación:
Certificado de información laboral emitido por el INPEC el 9 de mayo de 2014,
en el que se indica que el señor Luis Horacio Castillo León ha desempeñado los
siguientes empleos: i) como dragoneante al servicio del Ministerio de Justicia
desde el 16 de septiembre de 1988 hasta el 17 de diciembre de 1992; ii) como
inspector desde el 18 de diciembre de 1992 hasta el 12 de septiembre de 1999;
iii) como inspector jefe desde el 13 de septiembre de 1999 hasta el 4 de febrero
de 2013; y iv) como teniente de prisiones desde el 5 de febrero de 2013, y por lo
menos, hasta la fecha de expedición del referido documento.
De este documento igualmente se extrae que el demandado realizó aportes a
pensión a las siguientes entidades y períodos: i) del 16 de septiembre de 1988 al
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00942-01 (4325-2021)
Demandante: UGPP
30 de junio de 2009 a la extinta Cajanal (hoy UGPP), ii) del 1.º de julio de 2009 al
30 de septiembre de 2012 al entonces ISS y iii) del 1.º de octubre de 2012 hasta
la fecha de emisión de la mentada prueba a Colpensiones. (Folio 77, C1).
Resolución RDP 038886 del 23 de diciembre de 2014, por medio de la cual la
UGPP reconoció y ordenó el pago de una pensión de jubilación a favor del señor
Castillo León en cuantía de $1.673.172, efectiva desde el 1.º de abril de 2014,
pero cuyo goce fue condicionado a la demostración del retiro definitivo del servicio.
Se destaca que en este acto administrativo se consideró que el reclamante era
beneficiario del régimen de transición del Decreto 2090 de 2003, por lo que se
determinó su derecho prestacional con base en los postulados de la Ley 32 de
1986 en punto a los requisitos y la tasa de reemplazo, y se liquidó en atención al
promedio de los factores salariales sobre los cuales debieron efectuarse aportes
durante el último año de servicio. (Folios 82 a 85, C1).
Resolución 004818 del 30 de septiembre de 2016, a través de la cual el director
general del INPEC aceptó la renuncia presentada por el demandado al cargo de
teniente de prisiones, código 4222, grado 16, adscrito al Cuerpo de Custodia y
Vigilancia del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario
de Villavicencio, lo anterior con efectividad a partir del 31 de diciembre del mismo
año. (Folio 163, C1).
Reporte de semanas cotizadas a Colpensiones por parte del señor Luis
Horacio Castillo León desde el 1.º de agosto de 2009 hasta el 31 de diciembre de
2016, en el cual se indica que durante dicho período, aquel acumuló un total de
342,86, de las cuales 214, 28 son con tarifa de actividades de alto riesgo
relacionadas con su vinculación con el INPEC. (Folios 263 a 266, C1).
Una vez evidenciado el material probatorio obrante en la actuación, se hace
necesario resaltar que la discusión en la presente instancia radica en
determinar si como lo estimó el a quo, el demandado era beneficiario del
régimen de transición que permite que su pensión de jubilación se encuentre
legalmente reconocida al haberse dado aplicación a la Ley 32 de 1986; o si
por el contrario, como lo plantea la parte activa en su recurso, el señor Castillo
León no había adquirido aquella garantía transicional, al punto de que el
derecho otorgado en virtud del acto administrativo demandado no se ajusta a
derecho.
Pues bien, en principio se advierte que aquel inició su vinculación con el
Estado a través del Ministerio de Justicia en calidad de dragoneante, esto
desde el 16 de septiembre de 1988. No obstante, también se advierte que con
posterioridad y sin interrupciones en la prestación del servicio, el demandado
fue vinculado directamente al INPEC donde ocupó las plazas de inspector
desde el 18 de diciembre de 1992 hasta el 12 de septiembre de 1999, luego la
de inspector jefe desde el 13 de septiembre de 1999 hasta el 4 de febrero de
2013, y finalmente la de teniente de prisiones desde el 5 de febrero de 2013
hasta el 31 de diciembre de 2016.
Sobre la calidad de las labores que el pensionado ha ejercido en virtud de la
mentada relación legal y reglamentaria, debe tenerse en cuenta que este
efectivamente ha desempeñado actividades de alto riesgo en razón de sus
cargos, pues los empleos en mención hacen parte del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional según los artículos 126 y 127 del
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00942-01 (4325-2021)
Demandante: UGPP
Decreto 407 de 199412, cuyas labores son catalogadas de tal manera conforme
al artículo 140 de la Ley 100 de 1993, al punto de que su situación prestacional
debía ser regulada especialmente de conformidad con los Decretos 407 de
1994 y 2090 de 2003.
Es decir, en este escenario de competencia del ad quem, no existe discusión
sobre la calificación como riesgosas de las funciones realizadas por el
pensionado al servicio del Ministerio de Justicia y del INPEC en virtud de las
posiciones funcionales ocupadas como dragoneante, inspector, inspector jefe
y teniente, pues la alzada solo se centra en el debate acerca del cumplimiento
de los requisitos por parte de este último para acceder a los beneficios de la
transición normativa y la consecuente aplicación de los postulados
pensionales de la Ley 32 de 1986.
Advertido lo anterior, el primer análisis que se logra desprender del contexto
fáctico y jurídico del sub examine, es que el señor Luis Horacio Castillo León
efectivamente era titular de los beneficios de la transición prevista en el artículo
168 del Decreto 407 de 1994, según la cual podía obtener el reconocimiento
de una pensión de vejez en aplicación de los postulados del artículo 96 de la
Ley 32 de 1986.
Al respecto se encuentra que, la primera norma en comento planteó lo
siguiente: «[…] los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria y
carcelaria nacional, que a la fecha de la vigencia del presente decreto se encuentren
prestando sus servicios al instituto nacional penitenciario y carcelario, INPEC, tendrán
derecho a gozar de la pensión de jubilación en los términos establecidos en el artículo
96 de la ley 32 de 1986. […]».
Como se aprecia, el demandado antes del 21 de febrero de 1994 cuando entró
en vigencia el Decreto 407 de 199413, ya se encontraba vinculado al INPEC,
pues había sido nombrado como dragoneante desde el 16 de septiembre de
1988 y luego como inspector adscrito a la menada institución a partir del 18 de
diciembre 1992. De hecho, lo cierto es que aquel había adquirido o
12 «ARTÍCULO 126. COMPOSICION. El Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria
Nacional está compuesto por Oficiales, Suboficiales, Dragoneantes, Alumnos y los Bachilleres Auxiliares
que presten el servicio militar en la Institución.
ARTÍCULO 127. CATEGORIAS Y GRADOS. Para efectos de mando, régimen disciplinario, obligaciones
y derechos consagrados en este decreto, las categorías de oficiales, Suboficiales, Dragoneantes,
Alumnos y Auxiliares de Guardia comprenden los siguientes grados:
a) Categoría de oficiales:
1. Comandante Superior.
2. Mayor.
3. Capitán.
4. Teniente;
b) Categoría de Suboficiales:
1. Inspector Jefe.
2. Inspector.
3. Subinspector;
c) Categoría de Dragoneantes:
1. Dragoneantes.
2. Distinguidos;
[…]»
13 Publicado en el Diario Oficial 41.233 del 21 de febrero de 1994.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00942-01 (4325-2021)
Demandante: UGPP
consolidado válidamente su derecho pensional desde el 16 de septiembre de
2008 cuando acreditó el cumplimiento de 20 años de servicio oficial en
actividades de alto riesgo, pues conforme al artículo 96 de la Ley 32 de 1986,
no debía demostrar ninguna edad específica para acceder a la prerrogativa en
mención.
No obstante, al margen de la prestación que en su momento el señor Castillo
León ya había estructurado a su favor, este solo reclamó el reconocimiento de
la pensión hasta el año 2014, es decir, en vigencia de la Ley 100 de 1993 y
del Decreto 2090 de 2003 que derogó el artículo 168 del Decreto 407 de 1994.
Ahora, como se adujo con antelación, la segunda norma aludida contempló un
régimen de transición en su artículo 6.°, según el cual, a quienes resultaran
beneficiarios de sus postulados, les sería aplicable para el acceso al derecho
pensional en comento, el artículo 96 de la Ley 32 de 1986, ello en punto a los
requisitos y monto.
En ese orden, a fin de determinar si el demandado es beneficiario del marco
jurídico transicional del Decreto 2090 de 2003, y en consecuencia verificar si
en efecto era destinatario de las previsiones sobre pensión de jubilación
conforme a la Ley 32 de 1986, es pertinente recordar que con base en lo
expuesto en el acápite del marco normativo aplicable, aquel debía acreditar al
28 de julio de 200314 el cumplimiento de un mínimo de 500 semanas de
cotización especial por actividades de alto riesgo, tal como lo exige el primer
inciso del artículo 6.° del decreto en mención.
Sobre el punto se destaca a partir del material probatorio recaudado que el
señor Castillo León, a la fecha previamente señalada, contaba con 784
semanas de cotización derivadas de labores de alto riesgo desarrolladas al
servicio del Ministerio de Justicia y el INPEC como dragoneante e inspector
respectivamente desde el 16 de septiembre de 1988, ello para un tiempo
acumulado de 14 años, 10 meses y 12 días de servicio oficial. Al acreditar este
monto, claramente se superaron las 500 semanas mínimas requeridas en el
inciso primero del artículo 6.° del Decreto 2090 de 2003 para aplicar el régimen
de transición desarrollado en dicho precepto.
Sin perjuicio de lo anterior, se recuerda que en adición a la exigencia temporal
en comento, según lo precisado por la jurisprudencia del Consejo de Estado15
en casos similares al sub examine, sin tener en cuenta el parágrafo del artículo
6.° del Decreto 2090 de 2003 que incrementaba de manera desproporcionada
la carga de requisitos a los beneficiarios del aludido régimen de transición, lo
que también debían demostrar los reclamantes para consolidar su derecho
prestacional bajo la égida de la normativa anterior sobre pensiones de alto
riesgo como la consagrada en la Ley 32 de 1986, era acumular el «[…] número
mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de 2003 […]», el cual debe entenderse
para todos los efectos en un monto equivalente a 1.000 semanas.
Lo propio fue objeto de pronunciamiento por parte del Consejo de Estado 16 de
la siguiente forma:
14 Fecha de entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 28 de octubre de 2021,
demandante: María Yolanda Castañeda Orjuela, radicación: 17001-23-33-000-2016-00572-01(0614-20).
16 Idem.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00942-01 (4325-2021)
Demandante: UGPP
«[…] Tal como indicó la Sección en la sentencia recién citada, la Sala considera que
el requisito al que se hace alusión únicamente contempla cotizar 1000 semanas,
sin que aplique el aumento de estas, estipulado en la Ley 797 de 2003 al modificar el
artículo 33 de la Ley 100 de 1993. Ello en virtud de que no es razonable ni
proporcional exigir el requisito de densidad de la Ley 797 ejusdem cuando las
previsiones de la norma anterior al Decreto en cita, esto es, el Decreto 1281 de
1994 exige 1000 semanas para causar el derecho y, según el caso concreto, una
edad de 55 años. […]». (Negrita fuera de texto).
De esta forma, en lo que respecta a la densidad de tiempo cotizado por el
particular demandado, se observa que para completar este requisito en
comento, a aquel le hacía falta un monto total de 216 semanas contadas desde
el 28 de julio de 2003 cuando acumulaba 784 semanas como se preció
anteriormente. Por ello, al margen de haber demostrado más de 500 semanas
que lo hacían beneficiario de la transición aludida, lo cierto es que aún estaba
pendiente que realizara aportes por actividades de alto riesgo a lo largo de 4
años, 1 mes y 3 días (equivalentes a 216 semanas), tiempo que satisfizo hasta
el 1.º de septiembre de 2007.
En suma, desde esta última data era viable considerar que el señor Luis
Horacio Castillo León colmaba las exigencias propias del artículo 6.º del
Decreto 2090 de 2003, a fin de que fuera beneficiario de las condiciones
normativas para el reconocimiento de la pensión de jubilación especial
contemplada en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986, esto es, cuando lograra
20 de años de servicio adscrito como servidor del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia Penitenciaria Nacional (consolidados el 16 de septiembre de 2008),
sin que debiera demostrar edad alguna.
De conformidad con lo expuesto hasta este punto, resulta evidente que el
demandado efectivamente fue beneficiario en su momento del régimen de
transición del artículo 168 del Decreto 407 de 1994, y en todo caso, también
lo fue respecto de las previsiones propias del artículo 6.° del Decreto 2090 de
2003. Por ello, sin hesitación la Sala infiere que su pensión de jubilación
efectivamente debía reconocerse como lo determinó la UGPP a través del acto
administrativo cuestionado.
Ahora bien, si se observa con detenimiento la Resolución RDP 038886 del 23
de diciembre de 2014 (folios 82 a 85, C1), se verifica que, sin que exista
discusión entre las partes en esta oportunidad sobre la fecha de efectividad de
la prestación o sobre su forma de liquidación, lo cierto es que aquella se
concedió con la observancia de los requisitos y monto derivados de la
aplicación de la Ley 32 de 1986, luego de haber considerado al demandado
como un beneficiario del régimen de transición del Decreto 2090 de 2003 por
mandato expreso del parágrafo transitorio 5.° del Acto Legislativo 01 de 2005.
Bajo tal intelección, la decisión de reconocimiento pensional efectuada por la
entidad demandante, se ajusta a derecho conforme a las consideraciones
esbozadas a lo largo de esta providencia, al punto de que el referido acto
administrativo debe permanecer incólume frente a su presunción de legalidad,
habida cuenta de que no existe duda de que el señor Castillo León sí es titular
legítimo del derecho al pago de una pensión de jubilación especial por
actividades de alto riesgo como la que fue concedida.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00942-01 (4325-2021)
Demandante: UGPP
Sobre la legitimación en la causa por pasiva de Colpensiones
Frente a este punto contemplado en el segundo cuestionamiento del problema
jurídico, la Sala encuentra inicialmente que efectivamente la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la UGPP, tuvo como
fundamento para el señalamiento de ilegalidad contra la Resolución RDP
038886 del 23 de diciembre de 2014, el hecho de que el reconocimiento
prestacional efectuado al señor Castillo León no se ajustaba a los postulados
normativos aplicables, pues dicha entidad estimó que aquel no era beneficiario
del régimen de transición previsto para los servidores que desempeñaran
actividades de alto riesgo.
Pues bien, una vez descartada esta argumentación en el entendido de que
dicho acto administrativo conserva su presunción de legalidad por haberse
expedido conforme a derecho, no se advertirían razones diferentes para
analizar la competencia de Colpensiones en esta oportunidad en relación con
una eventual asunción del pago de la pensión de jubilación bajo estudio, pues
dicha autoridad no hizo parte de la expresión de voluntad administrativa
censurada al no haber sido objeto de reclamación en vía administrativa
respecto del derecho en litigio.
Ahora, el sustento de la parte activa para asegurar que es la entidad vinculada
la que debía realizar el reconocimiento de la prestación en comento, es que el
particular demandado realizó sus últimos aportes a pensión a aquella y no a la
UGPP, por lo que era la primera quien debía responder por tal prerrogativa,
así como por lo que se determinara respecto de su validez y eficacia.
No obstante, al margen de que efectivamente conforme al reporte de semanas
cotizadas a Colpensiones, esta hubiese sido la última entidad de previsión del
señor Castillo León, lo cierto es que no debe predicarse en el presente
escenario judicial la responsabilidad de aquella en punto al pago de la pensión,
toda vez que la autoridad libelista otorgó el derecho desde el año 2014 con el
debido sustento para su financiamiento, sin que hubiese sido necesario recurrir
a la figura de la compartibilidad entre ambas instituciones en razón de las
respectivas cuotas partes, ello habida cuenta de que lo propio se determinó en
debida forma a cargo del Fondo de Pensiones Públicas (FOPEP) junto con los
respectivos traslados de aportes por parte del entonces ISS (hoy
Colpensiones), necesarios en esa anualidad para asumir el otorgamiento y
abono mensual de la prerrogativa.
Al respecto se observa que en la Resolución RDP 038886 del 23 de diciembre
de 2014 (folios 82 a 85, C1), la parte demandante precisó lo siguiente:
«[…] Esta pensión estará a cargo de:
ENTIDAD DÍAS VALOR CUOTA
FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS –FOPEP- 7485 $1.362.011,00
FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS –FOPEP- CAJANAL 1710 $311.161,00 […]»
TRASLADO ISS
Lo anterior denota que como el demandado adquirió el estatus pensional
desde el 16 de septiembre de 2008 cuando acreditó 20 años de servicio por el
ejercicio de empleos adscritos al Cuerpo de Custodia y Vigilancia Nacional, es
decir, cuando aún realizaba aportes a la extinta Cajanal según el certificado
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00942-01 (4325-2021)
Demandante: UGPP
de información laboral (folio 77, C1), claramente era la UGPP quien al
momento de la solicitud de reconocimiento prestacional formulada en el año
2014, debía asumir el pago del derecho en litigio con el modelo de financiación
adoptado, esto es, en virtud del esquema de pago dividido en cuotas partes
junto con FOPEP y con base en el traslado de aportes realizados en su
momento al ISS para dicha anualidad. Lo expuesto sin perjuicio de lo que se
determine en vía administrativa o judicial respecto de los aportes realizados
con posterioridad a esa data ante Colpensiones.
Por lo reseñado hasta este punto, tampoco es procedente considerar que el
acto administrativo reprochado se encuentra viciado de nulidad por falta de
competencia de la autoridad demandante para asumir la carga de la
prerrogativa en cuestión, de suerte que se corrobora la procedencia de haber
declarado probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
de la Administradora Colombiana de Pensiones en el sub examine, tal como
lo concibió en su oportunidad el tribunal de primera instancia.
En conclusión: al demandado no le eran aplicables los requisitos y
condiciones propias del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de
1993, a fin de verificar la normativa aplicable para el reconocimiento de su
pensión de jubilación, pues debido a su labor como miembro del Cuerpo de
Custodia y Vigilancia del INPEC, la cual implicaba actividades de alto riesgo,
el marco jurídico transicional que en realidad gobernaba su situación, era el
consagrado en el artículo 168 del Decreto 407 de 1994 y posteriormente el
previsto en el artículo 6.° del Decreto 2090 de 2003.
Ahora, debido a que el demandado acreditó el cumplimiento de las exigencias
propias de la transición contemplada en las últimas dos normas referidas, se
colige que aquel había adquirido el derecho a que su prestación fuera
reconocida con base en los postulados del artículo 96 de la Ley 32 de 1986,
tal como se determinó por parte de la entidad demandante en el acto
administrativo reprochado, razón por la cual este debe entenderse ajustado a
la ley respecto de los argumentos de anulación esgrimidos en esta causa
judicial, y por lo tanto, tendrá que permanecer en el tránsito jurídico.
Lo anterior implica que efectivamente es la UGPP la entidad encargada de
reconocer y asumir el pago de la pensión de vejez del demandado, sin que
Colpensiones tenga legitimación en la causa para responder por lo propio con
base en los planteamientos de esta demanda, más aún cuando no existe
riesgo de que se encuentre desfinanciada la prerrogativa, si se tiene en cuenta
que la entidad libelista la reconoció desde el año 2014 con base en un
esquema de pago compartido con FOPEP en atención al traslado de aportes
que en su momento se realizó a la demandante por parte del entonces ISS.
Decisión de segunda instancia
Según lo expuesto, se impone confirmar la sentencia proferida el 10 de agosto
de 2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F que denegó las pretensiones de la demanda, ello habida cuenta
de que no prosperan los argumentos del recurso de apelación formulado por
la entidad libelista.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00942-01 (4325-2021)
Demandante: UGPP
De la condena en costas
Esta subsección en providencia de 7 de abril de 201617, sobre la condena en
costas en vigencia del CPACA determinó el criterio objetivo-valorativo para la
imposición de dicha carga bajo los siguientes fundamentos:
a) «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo
valorativo» –CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye
la mala fe o temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según
sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos
más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la
complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887
de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así
pactado por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP18, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»
De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA regula que
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la
sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con
excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público19, tal como
acontece en el presente caso en el que una entidad estatal promovió el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de
lesividad con el fin de proteger el erario, por lo que no hay lugar a que esta
condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
17 Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, demandante: María del
Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
18 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]».
19 Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil […].»
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00942-01 (4325-2021)
Demandante: UGPP
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia proferida el 10 de agosto de 2021 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F
que negó las pretensiones de la demanda, en el proceso que en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social (UGPP) contra el señor Luis Horacio Castillo León y la
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).
Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el sistema de registro SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.