Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02549-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02549-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-02549-00
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
25 de junio de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02549-00
Demandante: Nellson Bermúdez Fajardo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02549-00
Demandante: Nellson Bermúdez Fajardo
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Tema: Tutela contra providencia judicial, nulidad y restablecimiento del
derecho, reliquidación pensión del INPEC – defectos sustantivos y
por desconocimiento del precedente
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela interpuesta, mediante apoderado judicial, por
Nellson Bermúdez Fajardo contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, de
conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 6 de abril de 2026, Nellson Bermúdez Fajardo interpuso acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Antioquia, por estimar vulnerados los derechos
fundamentales a la legalidad, la igualdad, el debido proceso, la seguridad social, el
mínimo vital y la vida en condiciones dignas. En consecuencia, formuló las siguientes
pretensiones:
«1. Amparar los derechos fundamentales a la LEGALIDAD, IGUALDAD, DEBIDO
PROCESO, SEGURIDAD SOCIAL, MÍNIMO VITAL y LA VIDA EN CONDICIONES
DIGNAS, conculcados a mi representado NELLSON BERMUDEZ FAJARDO, por las
acciones y omisiones de la SALA SÉPTIMA DE ORALIDAD DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA.
2. En consecuencia, dejar sin efectos la Sentencia N° 273 del 29 de septiembre del 2025,
PROFERIDA POR LA SALA SÉPTIMA DE ORALIDAD DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, en el proceso con radicado 05 001 33 33 017 2022
00242 01, ordenándole a la accionada proferir sentencia de reemplazo, en donde se
ordene liquidar la pensión con una tasa de remplazo del 75 % del promedio mensual de lo
devengado en el último año de servicios, incluyendo la totalidad de los factores salariales
que fueron objeto de aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y que se
encuentran enlistados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.»
2. Hechos
De la lectura del expediente de tutela, se advierten como hechos relevantes los
siguientes:
Actuación administrativa que dio origen al medio de control
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Demandante: Nellson Bermúdez Fajardo
El señor Nellson Bermúdez Fajardo nació el 13 de marzo de 1969. Laboró en el
Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional – INPEC, desde el 12 de enero
de 1994 hasta el 30 de diciembre de 2021 (sic), siendo su último cargo el de Teniente
de Prisiones, en el Complejo Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Medellín
«Coped Pedregal».
Señaló que como contraprestación de sus servicios percibió los factores enlistados en
el Decreto 1045 de 1978 y desarrollados expresamente en el Decreto 446 de 1994,
sobre los cuales se realizaron aportes a la Seguridad Social, como son: asignación
básica, sobresueldo, auxilio de transporte, auxilio de alimentación, devengados
mensualmente. Además, de bonificación por servicios, prima de navidad, prima de
servicios, prima de vacaciones y sueldo de vacaciones, devengados cada año.
Hasta el 30 de junio de 2014, el INPEC liquidó los aportes a pensión con los factores
del Decreto 1158 de 1994, es decir, sueldo básico, sobresueldo y bonificación por
servicios prestado. Desde julio de 2014, para los funcionarios posesionados antes del
28 de julio de 2003, los aportes se calcularon con los factores salariales del artículo
45 del Decreto 1045 de 1978, así, sueldo básico, sobresueldo, bonificación por
servicios prestados, auxilio de transporte, subsidio de alimentación, prima de
vacaciones, sueldo de vacaciones, prima de servicios y prima de navidad.
La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, mediante Resolución
SUB 210896 del 6 de agosto de 2019, reconoció la Pensión Especial de Jubilación en
cuantía de $1.869.803, para lo cual tomó como Ingreso Base de Liquidación lo
establecido en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, con los factores salariales
previstos en los artículos 18 y 19 ejusdem y artículo 1° del Decreto 1158 del 3 de junio
de 1994.
Posteriormente, en Resolución RDP 9085 de 4 de septiembre de 2019, Colpensiones
reliquidó la mesada, manteniendo el mismo criterio de aplicación del artículo 21 de la
Ley 100 de 1993, pero solo con los factores descritos en el Decreto 1158 de 1994.
Con la Resolución 5966 del 6 de diciembre de 2020, el INPEC aceptó la renuncia del
señor Bermúdez Fajardo a partir del 3 de marzo de 2021 y solicitó su inclusión en la
nómina de pensionados.
Posteriormente, mediante la Resolución SUB 163396 del 13 de julio de 2021,
Colpensiones efectuó una nueva reliquidación de la mesada pensional, con
fundamento en el régimen especial previsto en la Ley 32 de 1986; no obstante,
mantuvo la liquidación conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993
y los factores del Decreto 1158 de 1994, y fijó el valor de la mesada en $2.170.314.
Contra la anterior decisión se interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto en
Resolución DPE 7647 de 12 de septiembre de 2021, en la que se confirmó
integralmente la Resolución SUB 163396 del 13 de julio de 2021.
El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
El señor Nellson Bermúdez Fajardo interpuso medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones, con el fin de que se declarara la nulidad parcial de las Resoluciones
SUB 210896 de 6 de agosto de 2019, DPE 9085 de 4 de septiembre de 2019, SUB
163396 de 13 de julio de 2021 y DPE 7647 del 12 de septiembre de 2021.
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En consecuencia, solicitó que se reliquidara la pensión especial de vejez por
actividades de alto riesgo, como servidor del INPEC, esto es, tener como tasa de
reemplazo el 75 % del promedio mensual de lo devengado en el último año de
servicios (3 de marzo de 2020 hasta el 2 de marzo de 2021), incluyendo los factores
salariales previstos en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, a saber: asignación
básica mensual, sobresueldo, subsidio de alimentación, auxilio de transporte,
bonificación por servicios prestados, prima de navidad, prima de servicios, prima de
vacaciones y sueldo de vacaciones, sobre los cuales le realizaron aportes al Sistema
de Seguridad Social en Pensiones.
El Juzgado Diecisiete Administrativo de Medellín, en sentencia de 10 de octubre
de 2024, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, para el efecto: (i)
declaró la nulidad parcial de los actos administrativos cuestionados; como
consecuencia, (ii) ordenó a Colpensiones a «(…) reliquidar, indexar y pagar la pensión de
vejez especial por actividades de alto riesgo reconocida al señor NELLSON BERMÚDEZ
FAJARDO, para lo cual deberá tomar como base el 75 % del promedio mensual de la
asignación básica mensual durante el último año de servicios, es decir, entre el 03 de marzo
del 2020 y el 02 de marzo del 2021 y con inclusión de los factores salariales del sueldo básico,
sobresueldo, subsidios de alimentación y transporte, la prima de navidad, la bonificación por
servicios prestados, la prima de servicios y la prima de vacaciones, a partir del 03 de marzo
del 2021»; y, (iii) dispuso que Colpensiones descontara los aportes correspondientes
a los factores salariales cuya inclusión ordenó y sobre los cuales no se efectuó
deducción legal.
Colpensiones interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión al considerar
que los actos administrativos demandados se ajustaron al ordenamiento jurídico,
especialmente a la Ley 100 de 1993, dado que este no es un régimen exceptuado y,
por tanto, corresponde liquidar el IBL con el promedio de los últimos diez años. Que
reconoció y posteriormente reliquidó la pensión especial de vejez del actor en varias
oportunidades (2019 y 2021), aplicando correctamente la Ley 32 de 1986 en virtud del
Acto Legislativo 01 de 2005, así como los artículos 18, 19 y 21 de la Ley 100 de 1993
y el Decreto 1158 de 1994, para lo cual tomó únicamente los factores salariales sobre
los cuales se efectuaron aportes, como lo exige la normativa vigente.
El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia de 29 de septiembre
de 2025, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones
de la demanda.
Consideró que Colpensiones aplicó correctamente el régimen pensional especial
previsto en la Ley 32 de 1986, respetó las expectativas legítimas del actor y liquidó la
prestación conforme al artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y a los factores salariales del
Decreto 1158 de 1994, sin que la transición pensional permitiera extender beneficios
al IBL ni a factores no cotizados; además, verificó que la entidad sí incluyó la
bonificación por servicios prestados y que el demandante no aportó prueba que
desvirtuara la legalidad de la liquidación, por lo que resultaba improcedente ordenar
una reliquidación con base en el último año o en la Ley 4ª de 1966, criterio contrario
al Acto Legislativo 01 de 2005 y a los principios de sostenibilidad y equidad del
sistema; igualmente, se rechazó la pretensión subsidiaria de devolución de aportes,
por ser incompatible con la existencia de la pensión reconocida.
3. Argumentos de la acción de tutela
A juicio del actor, la autoridad judicial accionada desconoció el régimen especial
aplicable a los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC vinculados con
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anterioridad al Decreto 2090 de 2003, al aplicar el ingreso base de liquidación previsto
en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. Según afirmó, la interpretación implicó la
pérdida del derecho a la reliquidación de su pensión conforme al régimen especial
establecido en la Ley 32 de 1986 y demás normas concordantes.
Consideró que, por mandato del parágrafo 5 del artículo 48 de la Constitución Política
su prestación debía calcularse íntegramente con el régimen especial vigente antes de
2003, esto es, con el promedio de lo devengado en el último año de servicios y con
todos los factores salariales correspondientes.
Aseguró que la decisión cuestionada vulneró su derecho a la igualdad, porque
desconoció el precedente fijado por el Consejo de Estado en casos análogos sobre el
régimen pensional especial del Cuerpo de Custodia y Vigilancia - INPEC. Según el
accionante, mientras el Consejo de Estado ha interpretado de manera uniforme y
garantista la normativa aplicable, el tribunal demandado adoptó un criterio distinto y
desfavorable sin justificación suficiente, lo que generó un trato desigual frente a
quienes se encuentran en idéntica situación jurídica. A ello se suma la alegada
afectación del debido proceso y del principio de legalidad, dado que la autoridad
judicial habría aplicado normas y jurisprudencia ajenas al caso concreto y contrarias
al precedente relevante, por lo que se apartó injustificadamente de las reglas fijadas
por el Consejo de Estado.
Por otra parte, aseveró que el tribunal accionado transgredió sus derechos
fundamentales a la seguridad social, mínimo vital y vida en condiciones dignas, toda
vez que, depende económicamente de su mesada pensional para cubrir sus
necesidades básicas y las de su familia, pero la mesada reconocida por Colpensiones
es inferior a la que le correspondería si se hubiera aplicado correctamente el régimen
pensional especial.
Enfatizó que la pensión constituye un salario diferido destinado a garantizar una
subsistencia digna en la vejez, y que la decisión judicial cuestionada desconoce este
carácter protector, pese a que ha desplegado todas las actuaciones administrativas y
judiciales posibles para obtener la corrección del acto pensional.
En consecuencia, señaló que la negativa judicial (sumada a su condición de persona
mayor y a la afectación de su mínimo vital) justificaría la intervención del juez
constitucional para evitar la prolongación de un perjuicio que compromete su dignidad
y la de su núcleo familiar.
4. Trámite previo
El 28 de abril de 2026, el despacho de la ponente admitió la acción de tutela y ordenó
notificar al demandante, al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de
Oralidad en condición de demandado y a la Administradora Colombiana de Pensiones
– Colpensiones y al Juzgado Diecisiete Administrativo de Medellín, en condición de
terceros con interés.
5. La respuesta del demandado
El Tribunal Administrativo de Antioquia solicitó que se nieguen las pretensiones de
la acción de tutela, porque no ha vulnerado algún derecho fundamental de la parte
actora y la sentencia cuestionada se encuentra acorde con las normas aplicables, los
argumentos están provistos de razonabilidad jurídica, no omitió la aplicación de una
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regla definida por una sentencia con efecto erga omnes, ni se acreditó la configuración
de otro yerro judicial.
Aseguró que, la sentencia cuestionada aclaró que la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado ha precisado que, en los regímenes especiales
(incluido el del INPEC), la transición solo cobija la edad, el tiempo de servicio o
semanas cotizadas y la tasa de reemplazo, mas no el ingreso base de liquidación ni
los factores salariales, los cuales deben corresponder exclusivamente a aquellos
sobre los que se efectuaron aportes conforme con el Decreto 1158 de 1994; por ello,
aunque el actor alegó haber cotizado factores previstos en el Decreto 1045 de 1978,
la decisión cuestionada no desconoció precedente alguno, pues se ajustó a la
interpretación fijada tras el Acto Legislativo 01 de 2005 y a la regla según la cual el
IBL no es objeto de transición.
Indicó que los argumentos expuestos en la tutela, más que demostrar la configuración
de un defecto, evidencian únicamente la inconformidad del actor con la decisión
adoptada, de modo que su intención es reabrir un debate ya resuelto por el juez
competente, con el único propósito de obtener un fallo favorable a sus intereses.
6. Intervenciones de los terceros vinculados
El Juzgado Diecisiete Administrativo de Medellín remitió el enlace de acceso al
expediente de nulidad y restablecimiento del derecho 05001-33-33-017-2022-00242-
00/01, en el cual se profirió la sentencia cuestionada, sin pronunciarse sobre los
hechos que dieron origen al recurso de amparo.
La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones pidió que se
declarara improcedente la acción de tutela, porque no cumple los requisitos generales
de procedibilidad. Al respecto indicó que no ha vulnerado derechos fundamentales de
la parte actora, pues no tiene petición o trámite pendiente por resolver a favor del
actor. Además, el trámite alegado ya fue objeto de estudio por otro juez el cual no
accedió a las pretensiones solicitadas por el accionante, por lo que existe cosa
juzgada.
Adujo que el actor pretende desnaturalizar la acción de tutela al utilizar un mecanismo
excepcional, inmediato y subsidiario para obtener el reconocimiento de derechos que
deben ser discutidos ante el juez ordinario mediante los procedimientos legales
correspondientes, razón por la cual la tutela resulta improcedente; además, aunque la
defensa del patrimonio público constituye un derecho colectivo, ello no habilita a
desconocer su núcleo esencial ni a convertir la tutela en un medio alterno para reabrir
debates ya definidos, conforme lo ha reiterado la Corte Constitucional, de modo que
el trámite alegado por el accionante no es susceptible de amparo dada la naturaleza
colectiva del derecho invocado y el carácter estrictamente subsidiario del mecanismo
constitucional.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: « Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
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Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción de la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales y específicas de procedencia de la
acción de tutela.
Problema jurídico
Corresponde determinar si el Tribunal Administrativo de Antioquia vulneró los
derechos fundamentales deprecados por el actor, al revocar la decisión de primera
instancia y, en su lugar, negar las pretensiones del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, me la reliquidación mediante el que perseguía la
pensión especial de jubilación por desempeñar actividades de alto riesgo, teniendo
como IBL el 75 % de lo devengado en el último año de servicio, junto con la totalidad
de los factores enlistados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.
La Sala anticipa que negará las pretensiones de la acción de tutela, pues no se
advierte que la providencia judicial haya incurrido en alguno de los defectos alegados
por el tutelante, por el contrario, se evidencia que la decisión está debidamente
sustentada y es razonable, en atención a que actualmente no existe precedente
unificado en la materia.
Sin embargo, de manera previa corresponde abordar el estudio de los requisitos
generales de procedencia, para posteriormente emitir pronunciamiento sobre los
defectos invocados.
Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela en el presente caso
(i) Requisito general de relevancia constitucional
La Sala anota que la acción de tutela cumple con el referido requisito general porque
la parte actora invoca la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, el
debido proceso, la seguridad social, el mínimo vital y la vida en condiciones dignas,
se sustentan con suficiencia las razones por las que la decisión judicial cuestionada
afecta dichos derechos, no se trata de un asunto de mera legalidad o económico y los
cuestionamientos tienen que ver con la ratio decidendi. Tampoco se emplea como una
instancia adicional, porque en primera instancia se había accedido a las pretensiones
de la demanda y fue con ocasión a la providencia acá cuestionada que se
desestimaron las pretensiones del actor.
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Además, en caso de que se configure alguno de los requisitos especiales de tutela
contra providencia judicial se afectaría el derecho a la seguridad social del actor, en
la medida en que la decisión cuestionada implica la reliquidación de la pensión con
base en unas normas mucho más favorables que impactan sobre la mesada que
actualmente se encuentra devengando.
Se cumple con el (ii) Requisito general de subsidiariedad, porque los argumentos
invocados no se enmarcan en las causales del recurso extraordinario de revisión o de
algún otro medio de defensa idóneo para la defensa de los derechos que invoca
vulnerados. En igual sentido, el (iii) Requisito general de inmediatez se satisface,
pues, el ejercicio de la presente acción de tutela resulta oportuno, toda vez que la
sentencia de segunda instancia fue proferida el 29 de septiembre de 2025, Requisito
general de inmediatez se satisface, pues, el ejercicio de la presente acción de tutela
resulta oportuno, toda vez que la sentencia de segunda instancia fue proferida el 29
de septiembre de 2025, notificada mediante correo electrónico enviado el 30 de
septiembre de 20251, y el ejercicio de acción de tutela tuvo lugar el 6 de abril de 20262.
En lo demás, la Sala encuentra que se encuentran satisfechos los requisitos generales
de procedencia, si se tiene en cuenta que la accionante alega una (iv) irregularidad
que genera un efecto determinante y afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) la parte actora identificó de manera razonable los hechos que generaron la
vulneración y, (vi) no se está cuestionando sentencias de tutela.
La Sala pasa a analizar si se configuran los defectos invocados, previo a hacer
relación de los hechos acreditados en el presente asunto.
De los hechos probados en el presente caso
El señor Nellson Bermúdez Fajardo nació el 13 de marzo de 1969 y laboró en el
Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional – INPEC, desde el 12 de enero
de 1994 hasta el 3 de marzo de 2021.
Colpensiones, mediante Resolución SUB 210896 del 6 de agosto de 2019, reconoció
la pensión especial de jubilación; posteriormente, en Resolución RDP 9085 de 4 de
septiembre de 2019, reliquidó la mesada; mediante la Resolución SUB 163396 del 13
de julio de 2021, efectuó una nueva reliquidación de la mesada pensional, con
fundamento en el régimen especial previsto en la Ley 32 de 1986 y en Resolución
DPE 7647 de 12 de septiembre de 2021, confirmó integralmente la Resolución SUB
163396 del 13 de julio de 2021.
Colpensiones reconoció a favor del actor la pensión de jubilación con fundamento en
la Ley 32 de 1986 y con una tasa de reemplazo del 75 %, por haberse vinculado al
INPEC con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003.
El señor Bermúdez Fajardo ejerció demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra Colpensiones, con el propósito de que se ordenara la reliquidación de
su pensión especial de jubilación por actividades de alto riesgo, con fundamento en
que la pensión se liquidó de manera indebida al aplicar el ingreso base de liquidación
previsto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, pese a que, en su criterio, por mandato
1
Acorde con lo previsto en el numeral segundo del artículo 205 del CPACA, «2. La notificación de la providencia se entenderá
realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir
del día siguiente al de la notificación».
2
El término para interponer la acción de tutela vencía el viernes 3 de abril de 2026; no obstante, al tratarse de un día festivo,
dicho plazo se prorrogó automáticamente hasta el siguiente día hábil, esto es, el lunes 6 de abril de 2026, conforme a lo previsto
en el artículo 118 del CGP.
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del parágrafo 5 del artículo 48 de la Constitución Política, la prestación debía
calcularse íntegramente conforme con el régimen especial vigente antes de 2003; esto
es, con el promedio de lo devengado en el último año de servicios y con todos los
factores salariales.
El Juzgado Diecisiete Administrativo de Medellín, en sentencia de 10 de octubre de
2024, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al considerar que
Colpensiones reconoció al demandante como beneficiario del régimen especial del
INPEC, pero no aplicó integralmente la normativa correspondiente. En particular,
desconoció que, por haber ingresado antes de 2003, la pensión debía liquidarse
conforme con la Ley 32 de 1986 y normas concordantes, con tasa del 75 % del
promedio del último año de servicio. Además, omitió incluir los factores salariales
previstos en el Decreto 446 de 1994 sobre los cuales sí se realizaron cotizaciones.
Colpensiones interpuso recurso de apelación con el argumento de que la decisión de
primera instancia no interpretó adecuadamente el régimen aplicable, pues la
prestación fue reconocida conforme a derecho bajo la normativa vigente. Argumentó
que, al no tratarse de un régimen exceptuado, era correcto liquidar el ingreso base
con el promedio de los últimos 10 años según la Ley 100 de 1993, con una tasa del
75 %. Señaló además que la pensión fue reconocida y reliquidada en varias
resoluciones con base en ese criterio y en los factores establecidos en dicha ley, por
lo que no procedía una nueva reliquidación con los factores del último año de servicios.
El Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia de 29 de septiembre de 2025,
revocó y negó las pretensiones de la demanda, con los siguientes argumentos:
«Si bien para el momento del retiro del demandante se encontraba en vigencia el régimen
prestacional del Decreto 2090 de 2003, como se ha reiterado a lo largo de esta
providencia, es en virtud de lo ordenado en el parágrafo transitorio 5º del artículo 1º del
Acto Legislativo 01 de 2005 que se aplica en su caso por la Administradora de Pensiones
la Ley 32 de 1986, que en su artículo 96 consagra el beneficio de gozar de una pensión
de jubilación al cumplir veinte (20) años de servicio, continuos o discontinuos, sin tener en
cuenta la edad; ahora bien, radica la controversia suscitada entre las partes en los términos
en que debe ser liquidada la prestación, para lo cual se hace necesario hacer una lectura
integral y armonizada del mencionado canon que modificó el artículo 48 de la Constitución
Política (…).
Así las cosas, es claro, que las previsiones en razón de las cuales se aplica a los
empleados públicos adscritos al cuerpo de custodia del INPEC el régimen pensional
establecido en la Ley 32 de 1986, fueron expedidas en el marco de la vigencia del Sistema
General de Pensiones estatuido por la Ley 100 de 1993 y de la expedición del Acto
Legislativo 01 de 2005, como la misma Corte Constitucional lo ha señalado, lo cual tenía
por propósito la creación de reglas uniformes que eliminaran privilegios injustificados, que
permitiera asegurar la sostenibilidad financiera del sistema.
Bajo tales circunstancias, no tendría sentido pensar que la aplicación de la Ley 32 de 1986
a los empleados públicos del INPEC vinculados antes de la entrada en vigencia del
Decreto 2090 de 2003, estuviera encaminada, más allá de permitir el acceso a la pensión
de jubilación a los 20 años de servicios con cualquier edad, a que la misma se liquidara,
con el promedio de lo devengado en el último año, y además de todo, con la inclusión de
todos los factores salariales y hasta prestacionales devengados el último año como lo
pretende la parte accionante, parámetros provenientes de un régimen ya descontinuado
que justamente se procuraba dejar en el pasado.
Sea del caso señalar, que aunque el presente asunto no se enmarca estrictamente en los
supuestos fácticos y jurídicos de la mencionadas providencias, puesto que en el caso del
señor NELLSON BERMÚDEZ FAJARDO, la aplicación de la norma anterior, esto es, de
la Ley 32 de 1986, se da con ocasión de lo consagrado en el parágrafo transitorio 5º del
Acto Legislativo 01 de 2005, los argumentos con los que la Corte Constitucional y el
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Demandante: Nellson Bermúdez Fajardo
Consejo de Estado han definido de manera tajante la imposibilidad de mantener en el
tiempo aspectos de regímenes anteriores que contrarían los principios de solidaridad y
sostenibilidad financiera que rigen el Sistema General de Pensiones, son de valiosa
utilidad y de plena aplicación en el presente asunto, toda vez que las transiciones
pensionales consagradas con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, procuran
mantener el acceso a las prestaciones pensionales bajo los requisitos de edad o semanas
de cotización establecidos en la norma anterior, sin que ello se extienda al ingreso base
de liquidación ni a los factores que lo conforman.
Se encuentra entonces, de acuerdo con el acervo probatorio, que dentro del procedimiento
administrativo adelantado en relación con el reconocimiento de la pensión de vejez del
señor NELLSON BERMÚDEZ FAJARDO la Administradora Colombiana de Pensiones -
COLPENSIONES - cumplió en dar aplicación de la Ley 32 de 1986 a través de la
Resolución N° SUB 210896 del 06 de agosto de 2019, respetando las expectativas
legítimas del actor por haberse vinculado al servicio del cuerpo de custodia y vigilancia
con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003, permitiéndole acceder
a la pensión de vejez bajo los presupuestos allí contemplados y disponiendo su liquidación
con base en el promedio de lo cotizado en los últimos 10 años, con los factores salariales
del Decreto 1158 de 1994.
Ahora, pese a la inconformidad planteada por la parte actora con respecto a la forma en
que le fue liquidada su prestación, se debe reiterar que según los argumentos ya
expuestos, las transiciones pensionales con posterioridad a la Ley 100 de 1993, como en
este caso, por la aplicación de la Ley 32 de 1986, mantiene el acceso a las prestaciones
conservando el requisito privilegiado de la edad y el tiempo de servicio contemplado en la
norma anterior, sin que ello se extienda al IBL ni mucho menos a los factores salariales,
por lo que adoptando el precedente jurisprudencial y garantizando los principios propios
del Sistema General de Seguridad Social, especialmente los de solidaridad y
sostenibilidad financiera, debía liquidarse la prestación de acuerdo con el ingreso base de
liquidación del artículo 21 de la citada Ley 100 de 1993 y con inclusión exclusivamente de
los factores salariales del artículo 1º del Decreto 1158 de 1994.
En cuanto a los factores salariales, es necesario tener en cuenta que el Decreto 1158 de
1994, que modificó el artículo 6° del Decreto 691 de 1994 de veintinueve (29) de marzo de
1994, al regular la base cotización, consagró que el salario mensual base para calcular las
cotizaciones al Sistema General de Pensiones de los servidores públicos incorporados al
mismo, estaría constituido por los siguientes factores:
(…)
Así las cosas, no encuentra esta Sala procedente acceder a la reliquidación pensional
solicitada, pues, de conformidad con los preceptos transcritos, COLPENSIONES no
estaba en la obligación de incluir en la liquidación de la pensión de jubilación del
accionante, factores tales como la prima de servicios, sobresueldo, auxilio de transporte,
auxilio de alimentación, prima de vacaciones, sueldo de vacaciones ni la prima de navidad,
etc.
Sumado a lo anterior, si bien la bonificación por servicios prestados solicitada, hace parte
del listado contemplado en el Decreto 1158 de 1994, la misma se advierte, fue tenida en
cuenta por la entidad demandada al momento de liquidar la prestación (…).
(…)
De conformidad con lo anterior, debe advertir esta Sala que, pese a que el a quo para
conceder las pretensiones de la demanda, hace referencia a una sentencia proferida por
el Consejo de Estado del 02 de febrero de 2023 y en la cual, se argumenta, contrario la
posición de esta Sala que, no es posible dar aplicación al artículo 21 de la Ley 100 de 1993
ni a los factores previstos en el Decreto 1158 de 1994, pues no van destinadas a los
empleados del INPEC, se trata de un tema frente al cual no se han dado posiciones
unificadas, por el contrario, como se expuso en líneas anteriores, la máxima Corporación
Contencioso Administrativa también ha emitido pronunciamientos en sentido contrario al
citado por el A Quo, por lo que esta Sala mantiene su criterio en virtud de la autonomía e
independencia judicial, siempre fundamentando la decisión a la luz del marco normativo y
jurisprudencial aplicable, como en esa providencia queda demostrado.
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Demandante: Nellson Bermúdez Fajardo
Por otro lado, frente a la pretensión subsidiaria que busca la devolución de las cotizaciones
realizadas al sistema pensional de los factores salariales no tenidos en cuenta para liquidar
la pensión, es preciso indicar que, como fue advertido por el Consejo de Estado en
providencia del 27 de junio de 2024, es improcedente la devolución de saldos una vez
obtenida la prestación, y aunque en dicha providencia habla del régimen del régimen de
ahorro individual, y se estudió el caso de un docente que contando con la pensión
pretendía se efectuara la devolución de unos saldos de su AFP, es una situación que se
puede asimilar al caso que hoy analiza la Sala, en tanto, es claro que, encontrándose
cubierta la prestación -pensión- , una solicitud de devolución de saldos o de aportes se
hace absolutamente incompatible con el sistema pensional, pues las cotizaciones que se
realizan al sistema durante la vida laboral tiene el único propósito el de cubrir las
contingencias de invalidez, vejez y muerte, así, una vez cubierto el riesgo, en este caso
con la pensión de jubilación, los aportes tienen un carácter solidario y la única manera de
solicitarlos es no haber alcanzado las cotizaciones suficientes para obtener la prestación,
lo cual se reitera, no es el presente caso.»
Conforme con lo expuesto, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho quedó plenamente establecido -y no fue objeto de controversia entre las
partes- que el señor Nellson Bermúdez Fajardo es beneficiario del régimen pensional
especial previsto en la Ley 32 de 1986, en razón de su vinculación como miembro del
Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional – INPEC.
De los defectos invocados en el caso concreto
El señor Nellson Bermúdez Fajardo promovió la presente acción de tutela con el fin
de que se deje sin efecto la sentencia del 29 de septiembre de 2025, mediante la cual
el Tribunal Administrativo de Antioquia revocó la decisión de primera instancia y, en
su lugar, negó la solicitud de reliquidación de la pensión especial de jubilación por
actividades de alto riesgo, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho promovido contra Colpensiones.
Aunque de manera expresa el actor no señaló los defectos que invoca frente a la
providencia cuestionada, de los argumentos expuestos se evidencia que están
orientados a la configuración de defectos sustantivo y por desconocimiento del
precedente. Lo anterior porque alega el desconocimiento del régimen especial
establecido en la Ley 32 de 1986 y demás normas concordantes y la vulneración del
derecho a la igualdad, porque asegura que la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en casos análogos ha accedido a la reliquidación de pensión de funcionarios
del INPEC.
En concreto, la discusión tanto en el medio de control como en sede de tutela se centra
exclusivamente en la forma de liquidación de la pensión, dado que dicha norma no
definió el método para efectuarla.
De los defectos por desconocimiento del precedente judicial3 y sustantivo4 en
el caso concreto
3
Cuando se hace referencia al precedente judicial se alude a la forma en que un caso similar ya ha sido resuelto en el pasado y que sirve como referente
para que se decidan otros conflictos semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser considerado por el juez al momento de decidir el nuevo caso.
El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las decisiones que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está
conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial, las decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
Dicho de otro modo: las situaciones fácticas iguales deben decidirse conforme con la misma solución jurídica que ha previsto el órgano de cierre de cada
jurisdicción, a menos que el juez competente exprese razones serias y suficientes para apartarse del precedente. Cuando un juez no aplica la misma razón
de derecho ni llega a la misma conclusión jurídica al analizar los mismos supuestos de hecho, incurre en la violación al derecho a la igualdad. No obstante, la
importancia de la regla de vinculación del precedente judicial, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que esa sujeción no es absoluta, pues
no se puede desconocer la libertad de interpretación que rige la actividad judicial. Simplemente se busca armonizar y salvaguardar los principios de igualdad
y seguridad jurídica para que asuntos idénticos se decidan de la misma forma y, por esa razón, se ha advertido que el funcionario judicial puede apartarse de
su propio precedente o del precedente fijado por el superior jerárquico, siempre que explique de manera expresa, amplia y suficiente las razones por las que
modifica su posición, de ahí que al juez corresponde la carga argumentativa de la separación del caso resuelto con anterioridad.
4
Como lo ha reiterado esta Sala, en los términos de la sentencia T – 1009 de 2000 de la Corte Constitucional, se presenta el denominado defecto sustantivo
cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia, porque su
aplicación resulta del todo inconstitucional o, porque su contenido no guarda relación de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha
aplicado. Sin embargo, para que se predique tal defecto es preciso tener en cuenta que la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
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Demandante: Nellson Bermúdez Fajardo
En relación con el régimen pensional especial de las personas que estuvieron
vinculadas al Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional – INPEC con
anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003 - 28 de julio de 2003-,
la Sección Segunda del Consejo de Estado, se ha pronunciado en el siguiente sentido:
(i) Sentencia del 22 de octubre de 2020, exp 88001-23-33-000-2014-00006-
01(4678-14), Sección Segunda, Subsección A del Consejo de
Estado5. [reiterada en sentencias del 22 de junio de 2023, exp. 52001-23-
33-000-2015-00732-01 (3466-2021). Sección Segunda, Subsección A
del Consejo de Estado6; del 30 de octubre de 2024, exp. 08001-23-
33-000-2021-00064-01 (7181-2023). Sección Segunda, Subsección
A del Consejo de Estado7]
«Pese a que en el anterior recuento quedó claro que los miembros del cuerpo de custodia
y vigilancia del INPEC tienen derecho a la pensión al cumplir con el tiempo de servicio
en los términos del artículo 96 de la Ley 32 de 1986, nada se estableció en relación con
la forma de liquidar la misma, por lo que se debe tener en cuenta que en el artículo 114
ibidem se determinó que en los aspectos no previstos en la ley, se aplican las normas
vigentes para los empleados públicos nacionales, lo cual fue reiterado en el artículo 184
del Decreto 407 de 1994.
De acuerdo con ese marco, debe tenerse en cuenta las disposiciones del régimen
general, concretamente la Ley 4 de 1966, en cuyo artículo 4 se estableció:
«Artículo 4º. A partir de la vigencia de esta Ley, las pensiones de jubilación o de invalidez a que tengan derecho
los trabajadores de una o más entidades de Derecho Público, se liquidarán y pagarán tomando como base el
setenta y cinco por ciento (75%) del promedio mensual obtenido en el último año de servicios».
Con respecto a los factores que constituyen salario para la liquidación de la pensión de
jubilación de que trata la Ley 32 de 1986, esta Subsección, en sentencia del 27 de
septiembre de 20188 sostuvo que serían los dispuestos en el Decreto 446 de 1994, es
decir: la prima de navidad (art. 2), la prima de vacaciones (art. 3), la prima de servicios
(art. 4), los pasajes y gastos de transporte (art. 7), subsidio de transporte (art. 13),
subsidio de alimentación (art. 14), sobresueldo (art. 17). Por el contrario, no constituyen
factor salarial: la prima de instalación y alojamiento (art. 5), la prima de capacitación (art.
6), la prima de clima (art. 8), la prima extracarcelaria (art. 11), la prima de vigilantes
instructores (art. 12) y el subsidio familiar (art. 15).
De acuerdo con lo anterior, debido a que en el régimen específico del INPEC no se
estableció la forma en la que se debe liquidar la pensión, esta Sala concluye que, para
quienes son beneficiarios de la Ley 32 de 1986, el derecho pensional se debe
liquidar con el 75% del promedio mensual obtenido en el último año de servicios
con los factores establecidos en el Decreto 446 de 1994.
Tal como quedó claro en el recuento realizado previamente, la situación de los miembros
del cuerpo de custodia y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, que
hayan ingresado antes de la entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003 se rigen por
lo establecido en la Ley 32 de 1986, en cuanto al tiempo de servicios para acceder a la
pensión».
interpretación de una norma legal o reglamentaria, en razón de que los jueces son autónomos para escoger entre diversas interpretaciones de una disposición
legal, la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico (art. 230 de la Constitución Política).
Para la Corte Constitucional, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo cuando: (i) la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no
tenida en cuenta por el fallador, (ii) a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de
la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de
una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y, finalmente, (iii) cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la
jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que
pesa la cosa juzgada respectiva (Sentencia T – 462 de 2003, Corte Constitucional).
5
M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
6
M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
7
M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
8
Rad. 27001-23-31-000-2011-00242-01 (1344-2014). Demandante: José Arcenio Moreno. Demandados: Caja Nacional de
Previsión Social (Cajanal) y Ministerio de la Protección Social.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02549-00
Demandante: Nellson Bermúdez Fajardo
Ahora bien, en punto a la forma de liquidación de la pensión, la Sala advierte que no
existe postura unificada en la materia al interior del Consejo de Estado, como tampoco
es pacifica la postura de la Sección Segunda del Consejo de Estado, como máximo
órgano en la materia en la jurisdicción y el sostenido por la Corte Constitucional sobre
el mismo tema, tal como se pasa a explicar:
1. Sobre la forma de liquidación, esto es, la reliquidación de la pensión reconocida
con lo devengado en el último año de servicios, la Corporación ha precisado:
(i) Sentencia del 30 de octubre de 2024, exp. 08001-23-33-000-2021-
00064-01 (7181-2023). Sección Segunda, Subsección A del Consejo de
Estado9.
«Ahora, algo importante que debe advertirse es que en el presente caso no se encuentra
en discusión el régimen aplicable al demandante, esto es, la Ley 32 de 1986, toda vez
que lo que se cuestiona es la reliquidación de la pensión reconocida con lo devengado
en el último año de servicios.
Contrario a lo resuelto por el tribunal, en atención al marco normativo y jurisprudencial
expuesto, el demandante por haber ingresado con anterioridad al Decreto 2090 de 2003
tiene derecho a que se le liquide la pensión especial de vejez con el 75% del promedio
mensual obtenido en el último año incluyendo los factores salariales devengados en
dicho período.
Recuérdese, de acuerdo con el artículo 140 de la Ley 100 de 1993, los empleados del
INPEC gozan de un régimen pensional especial por actividades de alto riesgo, que en el
presente caso corresponde al previsto en los artículos 96 de la Ley 32 de 1986 y 168 del
Decreto 407 de 199410.
Entonces, el IBL de la pensión de jubilación del demandante, por virtud de la remisión
normativa prevista en el artículo 114 de la Ley 32 de 1986, reiterada en el artículo 184
del Decreto 407 de 1994, en los aspectos no previstos allí, debe acudirse a lo regulado
en las normas vigentes para los empleados públicos nacionales. De esta manera, el
artículo 4 de la Ley 4.ª de 1966 señala que «las pensiones de jubilación o de invalidez a
que tengan derecho los trabajadores de una o más entidades de Derecho Público, se
liquidarán y pagarán tomando como base el setenta y cinco por ciento (75 %) del
promedio mensual obtenido en el último año de servicios». 11
Con respecto a los factores salariales, tal como se sostuvo líneas atrás, deben incluirse
los previstos en el Decreto 446 de 1994, esto es: las primas de navidad (artículo 2), de
vacaciones (artículo 3) y de servicios (artículo 4), los subsidios de transporte (artículo 13)
y de alimentación (artículo 14), y la bonificación por servicios prestados (artículo 18).13 12
Por el contrario, no constituyen factor salarial los siguientes: la prima de riesgo (artículo
11), y el subsidio familiar (artículo 15). 13
Frente a la bonificación por recreación, esta no constituye factor salarial de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 15 del Decreto 40 de 1998 y 15 del Decreto 2710 de
2001, y tal como se señaló en la sentencia del 4 de agosto de 2010.14
Así las cosas, teniendo en cuenta que taxativamente fue establecido que la prima de
riesgo, subsidio familiar y la bonificación por recreación no constituyen factores salariales
no podrían incluirse dentro de la liquidación pretendida».
9
M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
10
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de junio de 2023 radicado 52001-23-33-000-2015-
00732-01 (3466-2021).
11
Este criterio fue expuesto por esta Subsección en el recuento normativo realizado en la sentencia de 22 de octubre de 2020,
proferida dentro del proceso con radicado 88001 23 33 000 2014 00006 01(4678-14), reiterado en providencias del 4 de mayo
de 2023 (1736-2017) y del 22 de junio de 2023 (3466-2021).
12
Este criterio fue expuesto por esta Subsección en el recuento normativo realizado en la sentencia de 22 de octubre de 2020,
proferida dentro del proceso con radicado 88001-23-33-000-2014-00006-01(4678-14).
13
Ibidem.
14
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, expediente 25000-23-25-000-2006-07509-01 (0112-
09), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
12
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Demandante: Nellson Bermúdez Fajardo
(ii) Sentencia del 25 de abril de 2024, exp. 66001-23-33-000-2019-
00464-01, Sección Segunda, Subsección B del Consejo de
Estado15.
«Al respecto, cabe recordar que el parágrafo 5 del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de
2005, estableció lo siguiente:
Artículo 1. Se adicionan los siguientes incisos y parágrafos al artículo 48 de la
Constitución Política: (…)
Parágrafo transitorio 5. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley 100
de 1993 y el Decreto 2090 de 2003, a partir de la entrada en vigencia de este último
decreto, a los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia Penitenciaria y Carcelaria
Nacional se les aplicará el régimen de alto riesgo contemplado en el mismo. A quienes
ingresaron con anterioridad a dicha fecha se aplicará el régimen hasta ese entonces
vigente para dichas personas por razón de los riesgos de su labor, este es el dispuesto
para el efecto por la Ley 32 de 1986, para lo cual deben haberse cubierto las cotizaciones
correspondientes.
En desarrollo de tal disposición, basta con acreditar que la vinculación del servidor del
INPEC se hubiese dado con anterioridad al 28 de julio de 2003 (fecha de entrada en
vigor del Decreto 2090 de 2003), para que tenga derecho a las prerrogativas señaladas
en la Ley 32 de 1986.
Acorde con esto, se advierte que las pensiones que gozan de un régimen especial no se
rigen por las disposiciones previstas en las Leyes 33 y 62 de 1985; por ende, a la pensión
de jubilación reconocida a los empleados del INPEC, bajo los requisitos de la Ley 32 de
1986 y 407 de 1994, no les es aplicable dicha normativa; tal y como así lo dispone el
artículo 1 de la Ley 33 de 1985 que reza:
Artículo 1º. El empleado oficial que sirva o haya servicio veinte (20) años continuos o
discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco años (55), tendrá derecho a que por
la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base
para los aportes durante el último año de servicio.
No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en
actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la ley haya determinado
expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones.».
(iii) Sentencia del 30 de abril de 2026, exp 63001-23-33-000-2019-00132-01
(1474-2021). Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado16.
«45. Al respecto, tal como lo ha señalado esta Corporación de manera reciente 17, de
acuerdo con el artículo 140 de la Ley 100 de 1993, los empleados del Inpec gozan de un
régimen pensional especial por actividades de alto riesgo, que en el presente caso
corresponde al previsto en los artículos 96 de la Ley 32 de 1986 y 168 del Decreto 407
de 1994.
46. Contrario a lo señalado por el a quo, en la sentencia del 14 de mayo de 2020, el
Consejo de Estado se pronunció respecto de la forma de establecer el IBL cuando se
trate de eventos en los que la persona se encuentre en el régimen de transición. Sin
embargo, se advierte que en el caso concreto las reglas fijadas en este no resultan
extensibles a los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia, pues se trata de
empleados exceptuados de la aplicación de la Ley 33 de 1985 [artículo 1].
15
M.P. César Palomino Cortés.
16
M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda de la Subsección A, sentencia proferida el 25 de
abril de 2024, rad. 66001-23-33-000-2019-00464-01 (2795-2022); y de la Subsección B, fallo del 30 de octubre de 2024, rad.
(7181-2023).
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47. En efecto, por virtud de la remisión normativa prevista en el artículo 114 de la Ley 32
de 1986, reiterada en el artículo 184 del Decreto 407 de 1994, en los aspectos no
previstos allí, debe acudirse a lo regulado en las normas vigentes para los empleados
públicos nacionales. De esta manera, el artículo 4 de la Ley 4ª de 1966 señala que «las
pensiones de jubilación o de invalidez a que tengan derecho los trabajadores de una o
más entidades de Derecho Público, se liquidarán y pagarán tomando como base el
setenta y cinco por ciento (75 %) del promedio mensual obtenido en el último año de
servicios»18.
48. Respecto de los factores salariales, tal como se indicó antes, deben incluirse los
previstos en el Decreto 446 de 1994, a saber: las primas de navidad [artículo 2], de
vacaciones [artículo 3] y de servicios [artículo 4], los subsidios de transporte [artículo 13]
y de alimentación [artículo 14], y la bonificación por servicios prestados [artículo 18]36 19.
Por el contrario, no constituyen factor salarial la prima de riesgo [artículo 11] y el subsidio
familiar [artículo 15].
49. Frente a la bonificación por recreación y prima de seguridad, estos no constituyen
factores salariales en atención a que así se estableció en forma taxativa 20.
50. En suma, el demandado tenía derecho al reconocimiento pensional con base en el
75% de lo devengado durante el último año de servicio, así como a la inclusión de la
asignación básica y la bonificación por servicios prestados, de acuerdo con lo expuesto
antes».
Por su parte, la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado al resolver un
recurso extraordinario de revisión, precisó las razones por las que los empleados del
Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional están sujetos a
un régimen especial para acceder a la pensión de jubilación contemplado en el artículo
96 de la Ley 32 de 1986 (que ingresaron antes de la entrada en vigencia del Decreto
2090 de 2003 —28 de julio de 2003), no les resulta aplicable la sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2018 emitida por esta Corporación21, sobre el ingreso
base de liquidación de las pensiones reconocidas en virtud del régimen de transición
de la Ley 100 de 1993 a la luz de la Ley 33 de 1985. En los términos que se pasan a
transcribir:
«51. Por tanto, aunque la entidad recurrente pretende la aplicación de la sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2018 emitida por esta Corporación14, aquella decisión
se enmarcó en el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas en virtud del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993 a la luz de la Ley 33 de 1985, situación que
difiere a la del hoy demandado, por contar con un régimen especial como lo consideró la
decisión al desatar el recurso de apelación.
52. De acuerdo con lo expuesto, el señor Helmer Aguja Mur, por haber ingresado al
servicio con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003 —28 de julio
de 2003—, pues laboró como dragoneante del INPEC del 18 de agosto de 1993 al 28 de
febrero de 2015, tenía derecho a que se le liquidara la pensión especial de vejez con el
75% del promedio mensual obtenido en el último año de servicios, incluyendo los factores
salariales devengados en dicho período, conforme lo dispuso la providencia proferida por
el Tribunal.
53. Recuérdese que, de acuerdo con el artículo 140 de la Ley 100 de 1993, los
empleados del INPEC gozan de un régimen pensional especial por actividades de alto
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia proferidas el 22 de
octubre de 2020, dentro del proceso con radicado 88001-23-33-000-2014-00006-01(4678-14); criterio reiterado en providencias
del 4 de mayo de 2023 (1736-2017) y del 22 de junio de 2023 (3466-2021).
19
Ibidem.
20
La bonificación por recreación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 del Decreto 40 de 1998 y 15 del Decreto
2710 de 2001; la prima de seguridad de acuerdo con el artículo 24 del Decreto 1029 del 21 de mayo de 2013.
21
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 28 de agosto de 2018. Exp. 52001-23-33-000-
2012-00143-01. CP. César Palomino Cortés.
14
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riesgo, que en el presente caso corresponde al previsto en los artículos 96 de la Ley 32
de 1986 y 168 del Decreto 407 de 1994 22.
54. En consecuencia, el IBL de la pensión de jubilación del señor Helmer Aguja Mur,
adoptado por el Tribunal no puede calificarse como arbitrario ni irrazonable, por cuanto,
en virtud de la remisión normativa prevista en el artículo 114 de la Ley 32 de 1986,
reiterada en el artículo 184 del Decreto 407 de 1994, se determinó que, en los aspectos
no regulados expresamente en dichas disposiciones, debía acudirse a lo previsto para
los empleados públicos nacionales en las normas vigentes. Este ejercicio interpretativo,
respaldado por decisiones anteriores de esta Corporación, condujo a aplicar lo dispuesto
en el artículo 4 de la Ley 4ª de 1966, según el cual «las pensiones de jubilación o de
invalidez a que tengan derecho los trabajadores de una o más entidades de Derecho
Público, se liquidarán y pagarán tomando como base el setenta y cinco por ciento (75 %)
del promedio mensual obtenido en el último año de servicios».
55. Este criterio, además, fue reiterado por esta Subsección en el recuento normativo
efectuado en la sentencia del 22 de octubre de 2020, expediente 4678-1417, la cual,
aunque no fue citada expresamente en la decisión objeto de revisión, se encontraba
vigente para la época en que esta fue proferida (…).
56. Esta postura, incluso, fue reiterada por esta Corporación en decisiones posteriores,
entre ellas, la del 9 de junio de 2022, en la cual se precisó que, para determinar si al
personal de custodia y vigilancia del INPEC le resulta aplicable el régimen especial
previsto en la Ley 32 de 1986, no es necesario acudir a lo dispuesto en el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, toda vez que dichos servidores públicos cuentan con un régimen de
transición particular, regulado en disposiciones normativas distintas. [Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia 9 de
junio de 2022. Exp. 25000-23-42-000-2019-00942-01 (4325-2021). C.P. William
Hernández Gómez.]».
2. Sobre la necesidad de liquidar la pensión con base en los últimos 10 años de la
prestación de servicios, el Consejo de Estado, Sección Segunda, también ha dicho
lo siguiente:
(i) Sentencia del 16 de octubre de 2020, exp. 76001-23-31-000-2011-01329-01,
Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado23.
«39. Así las cosas, se tiene que al accionante le fue calculada su pensión de jubilación
con fundamento en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 en armonía con los emolumentos
establecidos en los Decretos 691 y 1158 de 1994 como ingreso base de cotización (IBC),
en atención a las reglas de interpretación fijadas tanto por la Corte Constitucional como
por el Consejo de Estado, establecidas en las sentencias citadas en el acápite
precedente, en el sentido de que en tal inciso el legislador excluyó del régimen de
transición la expectativa de las personas beneficiarias de este de obtener su pensión con
el IBL que consagraba el régimen anterior al que se encontraban afiliados al entrar en
vigor aquella, por lo que se someten a lo dispuesto en la mencionada norma o en el
inciso 3º del artículo 36 ibídem, según corresponda, tal como lo hizo la extinta CAJANAL
en el presente caso; lo que además guarda relación con el artículo 48 superior, en cuanto
dispone que «(p)ara la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los
factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones (…).»
40. Es de indicar, que los fallos de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado,
mencionados con anterioridad, en los cuales se precisó la aplicación del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, en particular, en lo que tiene que ver con el IBL
pensional, la sala plena de esta Corporación advirtió que «(…) por regla general, ha dado
aplicación al precedente en forma retrospectiva, método al que se acudirá en esta
sentencia, disponiendo que las reglas jurisprudenciales que se fijaron en este
pronunciamiento se aplican a todos los casos pendientes de solución tanto en vía
administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en
22
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 22 de junio de 2023. Exp. 52001-23-33-000-2015-00732-
01 (3466-2021).
23
M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica,
resultan inmodificables».
41. Por lo anterior, habrá de revocarse la sentencia apelada, por cuanto de acuerdo con
los lineamientos jurisprudenciales relacionados con la materia, el IBL se somete a lo
dispuesto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 o en el inciso 3º del artículo 36 ibídem,
según corresponda, con la inclusión de los factores sobre los cuales se hayan efectuado
los correspondientes aportes, además de los previstos en los Decretos 691 y 1158 de
1994 como ingreso base de cotización (IBC) y no los del Decreto 1045 de 1978, como lo
determina el a quo».
(ii) Sentencia de tutela del 30 de enero de 2025, exp. 11001-03-15-000-2024-
05617-01, Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado24.
En un caso en que la autoridad judicial allí demandada concluyó que «(…) para obtener
el ingreso base liquidación de la pensión del demandante, se debe aplicar lo establecido en el
artículo 21 de la Ley 100 de 1993 —lo cotizado en los últimos 10 años— y se tomaran los factores
establecidos en los artículos 18 y 19 ibidem como el artículo 1° del Decreto 1158 de 1994, siempre
que sobre los mismos se hubieren efectuado aportes al Sistema General de Pensiones». La
Sección Segunda Subsección B del Consejo de Estado, en condición de juez de tutela
consideró:
«A juicio de esta Sala, la autoridad judicial demandada realizó una valoración jurídica y
probatoria acorde con las circunstancias que rodearon el reconocimiento pensional y la
reliquidación de la pensión vejez de Ovidio Quevedo Muñoz, situación distinta es, que
considerara que, de cara con la sentencia de unificación del Consejo de Estado, para
obtener el IBL se debía tomar «los factores establecidos en los artículos 18 y 19 ibidem
como el artículo 1° del Decreto 1158 de 1994, siempre que sobre los mismos se hubieren
efectuado aportes al Sistema General de Pensiones» y aplicar el contenido del artículo
21 de la Ley 100 de 1993, esto es, lo cotizado en los últimos diez años, pues, su derecho
pensional fue reconocido a partir del 28 de febrero de 2012, es decir, bajo su vigencia.
En concordancia con lo anterior, en cuanto al desconocimiento del precedente alegado,
lo cierto es que se dio aplicación al criterio jurisprudencial imperante actualmente en la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo».
3. En el mismo sentido, debe indicarse que la Corte Constitucional en
pronunciamientos de tutela (SU y T) ha defendido la postura, según la cual, para efecto
de la reliquidación de la pensión de un exempleado del INPEC cobijado por la Ley 32
de 1986, aunque el régimen aplicable sea la Ley 32 de 1986, el IBL no es un aspecto
cubierto por el régimen de transición, sino que se rige por las reglas de la Ley
100 de 1993, esto es, se aplica el promedio de los últimos 10 años o del tiempo
que faltare. Tal como se pasa a relacionar:
(i) Sentencia SU-395 de 201725, exp. T-3.358.903, T-3.358.979, T-3.364.831, T-
3.364.917 y T-3.428.879 (Acumulados), Sala Plena de la Corte
Constitucional26.
24
M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
25
El asunto versa sobre el caso de un dragoneante que trabajó en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- durante
más de 20 años y a quien la Caja Nacional de Previsión Social -Cajanal E.I.C.E.- le concedió pensión de jubilación en el año
1996. Un año más tarde se le reliquidó la pensión, pero al considerar que no fueron tenidos en cuenta todos los factores salariales
devengados durante el último año de servicio, tramitó la respectiva acción de nulidad y restablecimiento del derecho cuyo
conocimiento correspondió en primera instancia al Juzgado Séptimo Administrativo en descongestión de Bogotá que accedió a
su pretensión, en seguida de lo cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó parcialmente lo decidido y reconoció la
prestación de conformidad con el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y consideró como factores salariales únicamente
los enlistados en el Decreto 691 y 1154 de 1994, en tanto que no debían considerarse aquellos pagos sobre los cuales no se
efectuó el respectivo descuento en pensión. De inmediato, el actor acudió a la acción de tutela sobre la base de que se vulneraban
sus derechos fundamentales por la presunta inaplicación de la tesis de inescindibilidad de la ley laboral y favorabilidad de la
norma pensional. Caso en el cual la Corte precisó.
26
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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«(…) sobre el alcance del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993, según el cual sólo deben mantenerse las prerrogativas de los regímenes
anteriores en cuanto a (i) edad, (ii) tiempo de servicios y (iii) monto de la pensión,
entendido como tasa de reemplazo. De manera que el ingreso base de liquidación y los
factores salariales por aplicar deben ser los consagrados en la Ley 100 de 1993 y el
desarrollo normativo posterior (Decreto 1158 de 1994). A esta misma inferencia llegó el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la sentencia impugnada, atendiendo la
interpretación constitucionalmente admisible en los términos de los argumentos ya
explicados en la presente sentencia.».
(ii) Sentencia T-109 de 2019, exp. T-6.879.514; T-6.911.555; T-6.911.556; T-
6.911.557; T-6.919.786; T-6.919.936; T-6.925.081; T-6.925.092; T-7.006.210; T-
7.019.536; T-7.035.791. Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional27.
«47. En razón de lo anterior, el Acto Legislativo 01 de 2005 (el cual modificó el artículo 48 de
la Constitución) indicó que la ley debía establecer “un procedimiento breve para la revisión de
las pensiones reconocidas con abuso del derecho o sin el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la ley o en las convenciones y laudos arbitrales válidamente celebrados”. A
partir de dicha reforma constitucional, se entiende que tal procedimiento es el que debe seguir
cualquier administradora de pensiones cuando encuentra irregularidades en el reconocimiento
de prestaciones derivadas de la seguridad social.
Ahora bien, como se indicó en la sentencia SU-427 de 2016, ese mandato constitucional no
ha tenido un desarrollo legal específico. Por lo tanto, desde hace varios años se ha acudido al
recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para que las
administradoras de pensiones puedan solicitar que se examinen nuevamente las prestaciones
concedidas a partir de fraude a la ley y/o con abuso del derecho, de conformidad con lo
dispuesto por la sentencia C-258 de 2013.
48. Posteriormente, la sentencia sU-230 de 2015 confirmó los fallos de tutela que negaron el
amparo promovido por un pensionado contra una providencia de la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia en la cual se dispuso que, al momento de fijar el valor de la
mesada pensional, debía tenerse en cuenta el promedio de los salarios devengados por el
trabajador durante los últimos diez años de servicios, en lugar de lo dispuesto en el régimen
anterior a la Ley 100 de 1993. Al resolver el caso concreto, la providencia reiteró la regla de
aplicación del IBL al concluir que, aun cuando el régimen de transición permite a los
beneficiarios acceder al reconocimiento de la pensión de vejez bajo los parámetros
establecidos en legislaciones anteriores a la Ley 100 de 1993, tal consideración tiene que ver
con los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo. Otros
aspectos, como el IBL, deben fijarse en el marco del sistema general de seguridad social.
Igualmente, dicha decisión señaló que la sentencia C-258 de 2013 no solo “fijó unos
parámetros determinados para el régimen especial dispuesto en la Ley 4[ª] de 1992” sino que
además “estableció una interpretación sobre la aplicación del IBL a los regímenes especiales
sujetos a la transición del artículo 36 [de] la Ley 100”.
Así, en la sentencia SU-230 de 2015, la Sala Plena “reafirmó la interpretación sobre el artículo
36 de la Ley 100 establecida en la sentencia C-258 de 2013, fallo en el que por primera vez la
Sala analizó el IBL, en el sentido de que, el modo de promediar la base de liquidación no puede
ser la estipulada en la legislación anterior, en razón a que el régimen de transición solo
comprende los conceptos de edad, monto y semanas de cotización y excluye el promedio de
liquidación. Por tanto, el IBL debe ser contemplado en el régimen general para todos los
efectos”.
49. Así mismo, la Sala estima pertinente reiterar que la interpretación del artículo 36 de la Ley
100 de 1993 anteriormente descrita abarca a todos los regímenes anteriores a la expedición
de dicha normativa, esto es, cobija tanto a quienes estuvieron afiliados al denominado
régimen general (Ley 33 de 1985) como a los demás regímenes especiales (Rama Judicial,
Procuraduría General de la Nación, Registraduría Nacional del Estado Civil, etc.).
27
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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En otras palabras, la interpretación establecida por la Corte Constitucional en relación con el
ingreso base de liquidación como aspecto excluido del régimen de transición es aplicable para
todas las normas anteriores a la Ley 100 de 1993, incluso aquellas que contemplan regímenes
especiales».
Efectuado el anterior recuento jurisprudencial, la Sala considera que la autoridad
judicial demandada no incurrió en los defectos invocados, porque la decisión de no
acceder a la reliquidación de la pensión de jubilación en el equivalente al setenta y
cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante
el último año de servicio, fue razonable y estuvo soportada en las normas y criterios
jurisprudenciales aplicables, a partir de los cuales, en ejercicio de la autonomía e
independencia que caracteriza la actividad judicial, concluyó que resultaba
improcedente ordenar una reliquidación con base en el último año o en la Ley 4ª de
1966, criterio contrario al Acto Legislativo 01 de 2005 y a los principios de
sostenibilidad y equidad del sistema.
De hecho, el tribunal demandado puso de presente que, al no existir un precedente
unificado del Consejo de Estado, se apartaría del criterio fijado por la Sección Segunda
en la sentencia del 2 de febrero de 2023, decisión que había servido de fundamento
a la providencia de primera instancia.
Mismas razones por las que tampoco es posible predicar la existencia de un defecto
sustantivo, en el entendido que el precedente jurisprudencial aludido pone en
evidencia la divergencia en la interpretación de las normas que fundamentan la
decisión cuestionada y los reparos formulados por el accionante.
De manera que, no queda duda que, a la fecha, no existe un precedente judicial en la
materia, por lo cual a la autoridad judicial demandada podía, en virtud del principio de
independencia judicial, analizar las particularidades del asunto para adoptar la
decisión que mejor se ajustara a la jurisprudencia existente y, en ese contexto, acogió
el que consideró que resultaba aplicable, aspecto en el cual el juez constitucional no
puede intervenir.
Lo anterior, porque al juez de tutela no le corresponde definir la interpretación que
debe efectuarse de una norma, ante la disparidad de posturas válidas sobre el
particular, en el entendido que la finalidad de esta acción no es la de determinar cuál
interpretación resulta ser la más adecuada, cuando justamente no ha sido un aspecto
unificado jurisprudencialmente, prorrogativa que excede la órbita de este mecanismo
constitucional.
En suma, en el presente caso no se configuraron los defectos sustantivo y por
desconocimiento del precedente invocados, en consecuencia, se impone negar las
pretensiones de la acción de tutela que ejerció el señor Nellson Bermúdez Fajardo
contra la providencia del 29 de septiembre de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
18
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Demandante: Nellson Bermúdez Fajardo
FALLA
1. Negar las pretensiones de la acción de tutela que ejerció el señor Nellson Bermúdez
Fajardo contra la providencia del 29 de septiembre de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
19
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