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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2019-00464-01

Fecha
25 de abril de 2024
Consejero ponente
Cesar Palomino Cortes
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2019-00464-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 18 de noviembre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda que accedió a las pretensiones de la demanda incoada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP - contra Gilberto Cala Barajas, y por consiguiente niéguense las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: Sin condena en costas en ambas instancias. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2019-00464-01

Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes

25 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN "B"

Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024).

Radicación : 66001-23-33-000-2019-00464-01 (DIGITAL)
Interno : 2795-2022
Demandante : Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP -
Demandado : Gilberto Cala Barajas (vinculado)
Medio de control : Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Segunda Instancia – Ley 1437 de 2011

TEMA: RECONOCIMIENTO PENSIÓN DE JUBILACIÓN, INSTITUTO
NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC) - MIEMBROS DEL
CUERPO DE CUSTODIA Y VIGILANCIA PENITENCIARIA Y CARCELARIA
NACIONAL.

ASUNTO

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia de 18 de noviembre de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda1

1.1. Pretensiones

La Ugpp por conducto de apoderado, acudió a la jurisdicción en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, para solicitar la nulidad de los siguientes actos
administrativos:

1
Expediente digital folio 1 a 11.

2

Interno: 2795-2022
Demandante: Ugpp
Demandado: Gilberto Cala Barajas

Resolución RDP 007536 de 14 de agosto de 2012 expedida por la entidad
pensional demandante, por medio de la cual reconoció y ordenó el pago de la
pensión de vejez al accionado.

Resolución RDP 042641 de 13 de septiembre de 2013 emitida por la
accionante, mediante la cual reliquidó la prestación pensional.

A título de restablecimiento del derecho solicitó que, se ordene al señor
Cala Barajas a reintegrar las sumas canceladas en virtud de los actos
administrativos demandados.

También, se declare que “el demandante tiene derecho al reconocimiento y
reliquidación de la pensión en los términos de las resoluciones demandadas
con aplicación de la Ley 32 de 1986, y los factores salariales del último año
de servicios con un IBL del 75%, y sin ser la entidad competente para realizar
tal reconocimiento (sic)”.

Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda son los
siguientes:

Gilberto Cala Barajas nació el 10 de octubre de 1964, y adquirió el status
pensional el 15 de septiembre de 2008.

Prestó sus servicios en el INPEC desde el 16 de septiembre de 1988 hasta el
30 de noviembre de 2012.

Desempeñó como último cargo el de Inspector Jefe Código 4137 (Grado 13)
en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de
Pereira.

Por Resolución PAP 057344 de 10 de junio de 2011, la UGPP negó el
reconocimiento y pago de la pensión de vejez solicitada por Gilberto Cala
Barajas, al considerar que no cumplía con el tiempo de servicio requerido
para el efecto.

3

Interno: 2795-2022
Demandante: Ugpp
Demandado: Gilberto Cala Barajas

Mediante Resolución UGM 021643 de 21 de diciembre de 2011, la Ugpp al
resolver un recurso de reposición, confirmó en todas y cada una de sus
partes el acto administrativo anterior.

A través de la Resolución RDP 007536 de 14 de agosto de 2012, la entidad
demandante reconoció y ordenó el pago de la pensión de vejez a favor del
señor Cala Barajas, con el 75% sobre un IBL conformado por el promedio de
los salarios o rentas sobre los cuales cotizó el causante (1 de octubre de
2010 y el 30 de septiembre de 2011), conforme lo establecido en la Ley 32
de 1986, Decreto 407 de 1994 y Acto Legislativo 01 de 2005, en cuantía de
$1.247.852, efectiva a partir del 1 de octubre de 2011, pero condicionada al
retiro definitivo del servicio.

Mediante Resolución 004032 de 31 de octubre de 2012, el INPEC aceptó la
renuncia presentada por Gilberto Cala Barajas a partir del 1 de diciembre de
2012.

Mediante Auto ADP 011173 de 1 de agosto de 2013, la Unidad declaró
improcedente el recurso de apelación interpuesto por el interesado contra la
Resolución RDP 032630 del 19 de julio de 2013.

A través de Resolución RDP 042641 de 13 de septiembre de 2013, la UGPP
reliquidó la pensión de vejez del accionado con el 75% sobre un IBL
promedio devengado en el último año de servicios (1 de diciembre de 2011 y
el 30 de noviembre de 2012), elevando la cuantía a la suma de $1.524.407,
efectiva a partir del 1° de diciembre de 2012.

1.2. Normas violadas y concepto de violación

De la Constitución Política los artículos: 1, 2, 4, 6, 121, 122 y 209. Legales:
Leyes 100 de 1993 artículo 36 y 797 de 2003 artículo 9, y el acto legislativo
01 de 2005.

Al desarrollar el concepto de violación manifestó que, invoca los cargos de
nulidad de falta de competencia y violación directa de la ley o el
quebrantamiento de las normas en que debió fundarse el acto administrativo

4

Interno: 2795-2022
Demandante: Ugpp
Demandado: Gilberto Cala Barajas

demandado, en cuanto se reconoció y liquidó la pensión con fundamento en
la ley 32 de 1986, sin ser la norma aplicable, y liquidando la prestación con el
promedio de lo devengado en el último año de servicios.

Aunado a que, los actos demandados son manifiestamente violatorios de las
normas superiores citadas; dado que, reconocieron y liquidaron la pensión
del demandado aplicando el régimen anterior; esto es, la Ley 32 de 1986,
que solo exigía 20 años de servicio en esta actividad, sin consideración a la
edad, desconociendo que “por estar vinculados los funcionarios del INPEC al
Régimen General de Seguridad Social para poderse beneficiar del régimen
de Transición tenían que cumplir con alguno de los dos requisitos que exige
el art. 36 de la ley 100, esto es edad o tiempo de servicio al 1 de abril de
1994, requisito que no cumplió el señor Cala Barajas quien para la fecha no
tenía 40 años de edad ni 15 años de servicio”.

Luego, transgreden la Ley 100 de 1993, el Decreto 2090 de 2003, y el Acto
Legislativo 01 de 2005, pues “(…) no se exigió el número de semanas
mínimas cotizadas de las cuales 700 (…) debe efectuarse cotización
especial, ni la edad de 55 años, y se reconoció una pensión con la edad de
47 años”.

Aunado a que, los actos demandados liquidaron la pensión con lo devengado
en el último año de servicios, desconociendo que “el IBL no hace parte de la
transición, ya que a la hora de liquidar la pensión solo se tiene en cuenta del
régimen anterior la edad, tiempo de servicio y el monto del 75%, ya que el
IBL es el contenido en el artículo 36 de la ley 100 de 1993”.

2. Contestación de la demanda

Gilberto Cala Barajas se opuso a la prosperidad de las pretensiones al
considerar que2:

2
Samai expediente digital-otras corporaciones (archivo 005 folio 2 a 20).

5

Interno: 2795-2022
Demandante: Ugpp
Demandado: Gilberto Cala Barajas

Está excluido de los requisitos de transición previstos en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993; y, por ende, del requisito de transición contenido en el
artículo 6 del Decreto 2090 de 2003.

Así mismo que, al momento de resolver los conflictos negativos de
competencia entre la Ugpp y Colpensiones, la Sala de Consulta y Servicio
Civil de esta Colegiatura, definió que la UGPP es competente para reconocer
la pensión de los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia que
adquirieron el estatus pensional con antelación al 1 de julio de 2009, como lo
dispone el artículo 3 del Decreto 2196 de 2009.

Señaló que; si bien, Gilberto Cala Barajas no cumple con el régimen general
de transición previsto en la Ley 100, y bajo ese entendido no sería
beneficiario de la pensión de jubilación de que trata el artículo 96 de la Ley
32 de 1986; lo cierto es que, del análisis de las normas que a través del
tiempo han regulado la pensión del Cuerpo de Custodia y Vigilancia
Penitenciaria y Carcelaria Nacional, dichos funcionarios se encuentran
excluidos del régimen de transición general previsto en el artículo 36 de la ley
100 de 1993.

Concluyó que, Gilberto Cala Barajas ingresó al INPEC el 16 de septiembre
de 1988; esto es, antes de la entrada en vigor del Decreto 2090 de 2003 (28
de julio de 2003), y superaba las 500 semanas especiales de que trata el
artículo 63 del decreto enunciado; por lo que, es beneficiario de que la
prestación pensional le sea reconocida bajo el amparo de lo normado en la
Ley 32 de 1986, y sin que sea necesario el cumplimiento de los requisitos de
transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

3. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Risaralda accedió a las pretensiones de la
demanda, y para el efecto3:

3
Samai expediente digital-otras corporaciones (cuaderno principal actuación 26).

6

Interno: 2795-2022
Demandante: Ugpp
Demandado: Gilberto Cala Barajas

Declaró la nulidad de las Resoluciones RDP 007536 de 14 de agosto de
2012 y RDP 042641 de 13 de septiembre de 2013, mediante la cual la UGPP
reconoció y ordenó el pago de una pensión de vejez, y reliquidó la prestación
a favor de Gilberto Cala Barajas; respectivamente.

Advirtió que, no es de recibo afirmar que Gilberto Cala goza del régimen
especial de transición del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003; pues si bien,
prestó sus servicios por más de 20 años en el INPEC; es decir, desde el (16
de septiembre de 1988 hasta el 30 de noviembre de 2012); lo cierto es que,
no es beneficiario del régimen pensional especial de la Ley 32 de 1986, pues
no reúne los presupuestos de la transición consagrada en dicha norma, los
cuales deben observarse con ocasión de la expedición del Decreto 1950 de
2005 y el parágrafo transitorio 5 del Acto Legislativo 01 de 2005.

Sin embargo; y pese a que, a la fecha de entrada en vigencia del Decreto
2090 (28 de julio de 2003) contaba con (500) semanas de cotización, y
laboró de manera ininterrumpida desde el 16 de septiembre de 1988 al 28 de
julio de 2003, ocupando los cargos de dragoneante e inspector
(corresponden a aquellos empleos dedicados a la custodia y vigilancia de los
internos en los centros de reclusión carcelaria Decreto 407 de 1994 art.126,
127 y 133) acumulando 770 semanas, no cumple con los requisitos del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993; esto es, no acreditó 40 años de edad o 15
años de servicio al 1 de abril de 1994 (entrada en vigor de la citada norma),
pues el actor nació el 10 de octubre de 1964, y para dicha calenda contaba
solo con 29 años de edad, y 5 años y 6 meses de servicios.

En suma, consideró que el accionado no reúne los presupuestos de la
transición consagrada en el artículo 6 de Decreto 2090 de 2003, que regula
el régimen pensional de alto riesgo de los servidores del Cuerpo de Custodia
y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC), en concordancia con el parágrafo
transitorio 5 del Acto Legislativo 01 de 2005; y en tal sentido, no le resulta
aplicable el régimen pensional establecido en el artículo 96 de la Ley 32 de
1986. De manera que, no tiene derecho a que la pensión de vejez le sea

7

Interno: 2795-2022
Demandante: Ugpp
Demandado: Gilberto Cala Barajas

reconocida en los términos contenidos en los actos administrativos
enjuiciados; esto es, únicamente con la exigencia de 20 años de servicio al
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

Concluyó que, dentro del plenario no obra prueba que permita arribar a la
conclusión de que en la actualidad el demandado cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 4 del Decreto 2090 de 2003 para disfrutar de la
deprecada prestación, comoquiera que; si bien, cumplió los 55 años de edad
el 10 de octubre de 2019; lo cierto es que, acumula 24 años, 2 meses y 15
días de servicios; es decir, 1.261 semanas, motivo por el cual no alcanza las
1300 semanas exigidas por la norma.

Por último, en lo atinente a la pretensión de devolución de los dineros que
fueron pagadas por la entidad demandante al vinculado con ocasión del
reconocimiento de la pensión de jubilación; señaló que, no está llamada a
prosperar, ya que no obra prueba dentro del plenario que permita considerar
que el tercero vinculado mediando actuaciones de mala fe, es decir,
acudiendo a “maniobras fraudulentas o declaraciones o documentos falsos o
hacer afirmaciones temerarias, entre otras conductas reprochables de la
buena fe”, obtuviera el reconocimiento pensional, puesto que ello responde a
la interpretación que la autoridad judicial efectuó al momento del
reconocimiento de la prestación.

No condenó en costas a la parte demandada.

4. Recurso de apelación

Gilberto Cala Barajas interpuso recurso de apelación contra la sentencia
proferida por el Tribunal, y solicitó que la misma sea revocada en atención a
que4:

Son dos los regímenes de pensión vigentes para los miembros del INPEC; el
primero, el previsto en la Ley 32 de 1986 para quienes ingresaron a dicho
cuerpo antes del 28 de julio de 2003; y el segundo, el normado en el Decreto
2090 de 2003 para quienes se incorporaron a partir del 28 de julio de 2003.
4
Samai expediente digital-otras corporaciones (cuaderno principal actuación 30).

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Interno: 2795-2022
Demandante: Ugpp
Demandado: Gilberto Cala Barajas

Por lo anterior, indicó que a los miembros del INPEC no se les exige el
cumplimiento de los requisitos de transición previstos en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993; y, por ende, tampoco los presupuestos de la transición
previstos en el artículo 6 del Decreto 2090 de 2003.

En suma, consideró que la pensión reconocida a Gilberto Cala Barajas junto
con la reliquidación, se encuentran ajustadas a derecho; y en tal sentido, no
hay lugar a declarar su nulidad.

5. Alegatos de conclusión

Mediante auto de 11 de agosto de 20225, se prescindió del período para
correr traslado a las partes conforme al numeral 5 del artículo 67 de la Ley
2080 de 2021, por lo que una vez surtido el término de notificación del auto a
través del cual se admitió el recurso de apelación conforme a lo establecido
en el artículo 3 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, el expediente ingresó
para proferir decisión de segunda instancia.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

De conformidad con lo establecido en el inciso primero del artículo 150 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
le corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las
apelaciones contra las sentencias dictadas por los tribunales administrativos.

2.2. Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte accionada
le corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia del Tribunal que
accedió a las pretensiones de la demanda.

Para el efecto, se establecerá si Gilberto Cala Barajas tiene derecho a la
pensión especial de jubilación bajo el amparo de lo normado en la Ley 32 de

5
Sama índice 4.

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Interno: 2795-2022
Demandante: Ugpp
Demandado: Gilberto Cala Barajas

1986, como ex servidor del INPEC, pese a que no es beneficiario del régimen
de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Con el fin de desatar los problemas jurídicos se abordarán los siguientes
aspectos: (i) Marco normativo y jurisprudencial del régimen pensional
especial para las actividades de alto riesgo de los empleados del Cuerpo de
Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC); (ii) Hechos relevantes probados; y (iii)
Caso concreto.

2.2.1. Marco normativo y jurisprudencial

Como punto de partida y de conformidad con lo previsto en el artículo 48 de
la Constitución Política de 1991, el Sistema General de Pensiones creado por
la Ley 100 de 1993 ha sido aplicado a todos los habitantes del territorio
nacional, conservando los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y
beneficios adquiridos “conforme a disposiciones normativas anteriores,
pactos, acuerdos o convenciones colectivas de trabajo para quienes a la
fecha de vigencia de esta ley hayan cumplido los requisitos para acceder a
una pensión o se encuentren pensionados por jubilación, vejez, invalidez,
sustitución o sobrevivientes de los sectores público, oficial, semioficial en
todos los órdenes del régimen de Prima Media y del sector privado en
general6”.

Sin embargo, en su artículo 140 dispuso que “el Gobierno Nacional expedirá
el régimen de los servidores públicos que laboren en actividades de alto
riesgo, teniendo en cuenta una menor edad de jubilación o un número menor
de semanas de cotización, o ambos requisitos. Se consideran para este
efecto como actividades de alto riesgo para el trabajador aquellas que
cumplen algunos sectores tales como el Cuerpo de Custodia y Vigilancia
Nacional Penitenciaria. Todo sin desconocer derechos adquiridos”. Sobre el
tema, esta Colegiatura señaló que, con fundamento en esta norma, era

6
Artículo 11 de la Ley 100 de 1993.

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Demandante: Ugpp
Demandado: Gilberto Cala Barajas

evidente que las disposiciones contenidas en la Ley 100 “no se les aplican a
los trabajadores comprendidos en esa clasificación7”.
La Ley 32 de 19868 en el canon 96 determinó los requisitos para acceder a
la pensión de jubilación así:

“Artículo 36. Pensión de jubilación. Los miembros del Cuerpo de
Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional, tendrán derecho a gozar de la
pensión de jubilación al cumplir veinte (20) años de servicio, continuos o
discontinuos al servicio de la Guardia Nacional sin tener en cuenta su
edad”.

Posteriormente, fue expedida Ley 65 de 19939, que le otorgó facultades
extraordinarias al gobierno nacional para dictar normas con fuerza de ley;
entre otros, sobre el régimen salarial, prestacional y pensional del personal
de seguridad del INPEC, oportunidad en la que el legislador precisó que las
nuevas disposiciones no podían desmejorar los derechos y garantías de
quienes para ese momento ya prestaban sus servicios al instituto.

Así mismo, el Gobierno nacional expidió el Decreto 407 de 1994, por el cual
estableció el régimen de personal del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario, en cuyo artículo 168 preceptuó lo siguiente:

“Artículo 168. Pensión de jubilación. [Derogado por el artículo 11 del
Decreto 2090 de 2003] Los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia
Penitenciaria y Carcelaria Nacional, que a la fecha de la vigencia del
presente decreto se encuentren prestando sus servicios al Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, tendrán derecho a gozar de
la pensión de jubilación en los términos establecidos en el artículo 96
de la Ley 32 de 1986. El tiempo de servicio prestado en la fuerza pública
se tendrá en cuenta para estos efectos. Con relación a los puntos
porcentuales de cotización, serán determinados por el Gobierno Nacional.
Parágrafo 1º. Las personas que ingresen a partir de la vigencia de este
decreto, al Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria
Nacional, tendrán derecho a una pensión de vejez en los términos que
establezca el Gobierno Nacional, en desarrollo del artículo 140 de la Ley
100 de 1993 para las actividades de alto riesgo.
Parágrafo 2º. El personal Administrativo del Instituto se regirá por las
normas establecidas en la Ley 100 de 1993. (Resaltado fuera de texto)”.

7
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de mayo de 2020, radicado 20001-2339-
000-2015-00434-01(4589-18), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
8
“Por la cual se adopta el Estatuto Orgánico del Cuerpo de Custodia y vigilancia”.
9
“Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario”.

11

Interno: 2795-2022
Demandante: Ugpp
Demandado: Gilberto Cala Barajas

Respecto de los trabajadores que hacen parte de ese cuerpo, el artículo 126
del citado decreto señaló que “[e]l Cuerpo de Custodia y Vigilancia
Penitenciaria y Carcelaria Nacional está compuesto por Oficiales,
Suboficiales, Dragoneantes, Alumnos y los Bachilleres Auxiliares que presten
el servicio militar en la Institución”.

Posteriormente, el presidente de la República, en uso de las facultades
extraordinarias otorgadas en el numeral 2 del artículo 1710 de la Ley 797 de
2003, que reformó “algunas disposiciones del sistema general de pensiones
previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los
Regímenes Pensionales exceptuados y especiales”, expidió el Decreto 2090
de 2003, “Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud
del trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos y
beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en
dichas actividades”11. Esta norma, en lo pertinente, preceptúa:

Artículo 1º. Definición y campo de aplicación. El presente decreto se
aplica a todos los trabajadores que laboran en actividades de alto riesgo,
entendiendo por actividades de alto riesgo aquellas en las cuales la labor
desempeñada implique la disminución de la expectativa de vida saludable
o la necesidad del retiro de las funciones laborales que ejecuta, con
ocasión de su trabajo.

Artículo 2º. Actividades de alto riesgo para la salud del trabajador. Se
consideran actividades de alto riesgo para la salud de los trabajadores las
siguientes: (…)

7. En el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, la actividad
del personal dedicado a la custodia y vigilancia de los internos en los
centros de reclusión carcelaria, durante el tiempo en el que ejecuten dicha
labor. Así mismo, el personal que labore en las actividades antes
señaladas en otros establecimientos carcelarios, con excepción de
aquellos administrados por la fuerza pública.
10
“Artículo 17. Facultades extraordinarias. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 numeral 10 de la
Constitución Política, revístese por seis (6) meses al Presidente de la República de facultades extraordinarias para:
[…]
2
Expedir o modificar las normas relacionadas con el régimen legal para los trabajadores que laboran en actividades
de alto riesgo y en particular para modificar y dictar las normas sobre las condiciones, requisitos y beneficios,
incluyendo la definición de alto riesgo, conforme a estudios y criterios actuariales de medición de disminución de
expectativa de vida saludable y ajustar las tasas de cotización hasta en 10 puntos, siempre a cargo del empleador,
con el objeto de preservar el equilibrio financiero del sistema”. 12 Publicado en diario oficial 45262 de 28 de julio de
2003.
11
En sentencia C-663 de 29 de agosto de 2007, la Corte Constitucional, declaró este artículo exequible
condicionalmente “…en el entendido que para el cómputo de las 500 semanas, también se podrán acreditar
semanas de cotización efectuadas en cualquier actividad que hubiere sido calificada jurídicamente como de alto
riesgo”.

12

Interno: 2795-2022
Demandante: Ugpp
Demandado: Gilberto Cala Barajas

(…)

Artículo 3º. Pensiones especiales de vejez. Los afiliados al Régimen de
Prima Media con prestación definida del Sistema General de Pensiones,
que se dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades
indicadas en el artículo anterior, durante el número de semanas que
corresponda y efectúen la cotización especial durante por lo menos 700
semanas, sean estas continuas o discontinuas, tendrán derecho a la
pensión especial de vejez, cuando reúnan los requisitos establecidos en el
artículo siguiente.

Artículo 4º. Condiciones y requisitos para tener derecho a la pensión
especial de vejez. La pensión especial de vejez se sujetará a los
siguientes requisitos:

1. Haber cumplido 55 años de edad.

2. Haber cotizado el número mínimo de semanas establecido para el
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, al que se refiere el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9o de la Ley
797 de 2003[12].

La edad para el reconocimiento especial de vejez se disminuirá en un (1)
año por cada (60) semanas de cotización especial, adicionales a las
mínimas requeridas en el Sistema General de Pensiones, sin que dicha
edad pueda ser inferior a cincuenta (50) años.

Artículo 5º. Monto de la cotización especial. El monto de la cotización
especial para las actividades de alto riesgo es el previsto en la Ley 100 de
1993, más diez (10) puntos adicionales a cargo del empleador.

Puestas, así las cosas, se concluye que la actividad del personal dedicado a
la custodia y vigilancia de internos del INPEC y de otros establecimientos
carcelarios tiene el carácter de alto riesgo; por tanto, dichos servidores
públicos gozan del régimen pensional establecido por el aludido Decreto
2090 de 2003.

Empero, esta disposición estableció un régimen de transición consistente en
que quienes a 28 de julio de 2003 hubieren cotizado al menos 500 semanas,
tendrían derecho a que una vez cumplidas 1000 semanas cotizadas, 13 la
pensión de jubilación les sea reconocida en las mismas condiciones

12
“Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo.
A partir del 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1º. de enero de
2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015”.
13
Artículo 9º de la Ley 797 de 2003. “A partir del 1º de enero del año 2005 el número de semanas se
incrementará en 50 y a partir del 1º.de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300
semanas en el año 2015”.

13

Interno: 2795-2022
Demandante: Ugpp
Demandado: Gilberto Cala Barajas

establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto
riesgo, de la siguiente manera:

Artículo 6. Régimen de transición. <Artículo CONDICIONALMENTE
exequible>14 Quienes a la fecha de entrada en vigencia del presente
decreto hubieren cotizado cuando menos 500 semanas de cotización
especial, tendrán derecho a que, una vez cumplido el número mínimo de
semanas exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión, esta
les sea reconocida en las mismas condiciones establecidas en las normas
anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo.

Parágrafo. Para poder ejercer los derechos que se establecen en el
presente decreto cuando las personas se encuentren cubiertas por el
régimen de transición, deberán cumplir en adición a los requisitos
especiales aquí señalados, los previstos por el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, modificado por el artículo 18 de la Ley 797 de 2003.

Acorde con lo anterior, la norma transcrita se tiene que exige i) 500 semanas
de cotización especial, ii) el número mínimo de semanas exigido por la Ley
797 de 2003 para acceder a la pensión; y iii) el cumplimiento de las
condiciones reguladas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para acceder
al régimen pensional de alto riesgo. Sobre cada requisito se precisa lo
siguiente:

i) En relación con las 500 semanas de cotización especial a que alude la
norma, esta Corporación,15 en concordancia con lo señalado por la Corte
Constitucional, ha señalado que la interpretación más favorable a los
trabajadores “es aquella que les permite acreditar el número de semanas de
cotización para mantenerse en el régimen de transición, con las semanas
cotizadas en los diferentes regímenes previos donde tales cotizaciones
hayan sido jurídicamente calificadas como de alto riesgo, así tales
cotizaciones no tuvieren el carácter de “especiales” al momento de
entrar a regir el Decreto 2090 de 2003”. (Resaltado fuera de texto).

14
En sentencia C-663 de 29 de agosto de 2007, la Corte Constitucional, declaró este artículo exequible
condicionalmente “…en el entendido que para el cómputo de las 500 semanas, también se podrán acreditar
semanas de cotización efectuadas en cualquier actividad que hubiere sido calificada jurídicamente como de alto
riesgo”.
15
Véanse entre otras, las sentencias del 12 de junio de 2014 proferida dentro del proceso 05001 23 31 000 2012
00100 01 (3287-2013), M.P. Bertha Lucía Ramírez De Páez; y del 22 de abril de 2015 proferida dentro del proceso
25000 23 25 000 2011 00807 01 (2555-13), M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

14

Interno: 2795-2022
Demandante: Ugpp
Demandado: Gilberto Cala Barajas

ii) Sobre el segundo requisito, según el cual se debe atender lo dispuesto
en el numeral 2.º del artículo 9 de la Ley 797 de 2003 que modificó el
artículo 33 de la Ley 100 de 1993, de acuerdo con la interpretación que ha
realizado esta Corporación y la Corte Constitucional de la norma, el aludido
requisito equivale a 1000 semanas de cotización bajo el entendido de que es
condición necesaria para ser beneficiario del régimen de transición y no
como un requisito para acceder al derecho pensional. Así se ha señalado16:

“La Sala debe precisar que la hermenéutica del inciso primero del artículo
6 del Decreto 2090 de 2003 en el que se fijan los requisitos o condiciones
del régimen de transición especial para actividades de alto riesgo, permite
señalar: i) que son beneficiarios del régimen de transición especial quienes
a 28 de julio de 2003, fecha de entrada en vigencia del Decreto 2090 de
200317, hubieren cotizado cuando menos 500 semanas en cualquier
actividad que haya sido calificada jurídicamente como de alto riesgo; ii)
estas personas deben cumplir con “el número mínimo de semanas exigido
por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión”, esto es, un mínimo de
1000 semanas, como lo establece el numeral 2 del artículo 9 de la Ley 797
de 2003. Este mínimo de 1000 semanas de cotización debe entenderse
como requisito necesario para ser beneficiario de la transición y no
como un requisito para acceder al derecho pensional; iii) una vez
cumplido el número mínimo de mil semanas de cotización, tendrán el
derecho a que la pensión les sea reconocida en las mismas condiciones
establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de
alto riesgo, que para el caso de los servidores públicos es el Decreto 1835
de 1994, artículo 6º. (Resaltado fuera de texto).

iii) Respecto del cumplimiento de los requisitos reguladas en el artículo 36
de la Ley 100 de 1993, esta Corporación ha sostenido lo siguiente:18

En criterio de la Sala, entender a partir de la literalidad de la norma que el
régimen especial de transición en pensiones de alto riesgo señalado en el
artículo 6 del Decreto 2090 de 2003, además del requisito de las 500
semanas de cotización especial, exige para el caso del demandante el
cumplimiento adicional de los requisitos previstos en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, resulta desproporcionado y más gravoso, pues el
señor […] cumple con el requisito especial de las 500 semanas, y
aspira a un reconocimiento pensional bajo las condiciones
establecidas en el artículo 6º del Decreto 1835 de 1994.

16
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 29 de junio de 2017, radicado 08001 23 33
000 2012 00082 01 (0391-14), M.P. César Palomino Cortés.
17
Publicación en el Diario Oficial 45.262
18
Véanse entre otras, las sentencias del 12 de junio de 2014 proferida dentro del proceso 05001 23 31 000 2012
00100 01 (3287-2013), M.P. Bertha Lucía Ramírez De Páez; y del 22 de abril de 2015 proferida dentro del proceso
25000 23 25 000 2011 00807 01 (2555-13), M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

15

Interno: 2795-2022
Demandante: Ugpp
Demandado: Gilberto Cala Barajas

Acogiendo en esta oportunidad el criterio interpretativo ya expresado en
asuntos similares al presente, debe señalar la Sala que las exigencias
adicionales a las que se refiere el parágrafo del artículo 6 del Decreto
2090 de 2003 colocan en una situación desventajosa, en virtud del
tránsito legislativo, al demandante que se encontraba próximo a
cumplir los requisitos para obtener la pensión de vejez en las
condiciones previstas en el artículo 6 del Decreto 1835 de 1994.
La finalidad de un régimen de transición consiste en que el legislador
establezca un sistema de protección para que los cambios producidos por
un tránsito legislativo no afecten a quienes, si bien no han adquirido el
derecho a la pensión por no haber cumplido los requisitos para ello, tienen
una expectativa legítima de adquirir ese derecho.

“Los regímenes de transición, en consecuencia, (i) recaen sobre
expectativas legítimas de los asociados y no sobre derechos adquiridos; (ii)
su fundamento es el de salvaguardar las aspiraciones de quienes están
cerca de acceder a un derecho específico de conformidad con el régimen
anterior y (iii) su propósito es el de evitar que la subrogación, derogación o
modificación del régimen anterior, impacte excesivamente las aspiraciones
válidas de los asociados, especialmente si existe la posibilidad de
minimizar esa incidencia y de armonizar las expectativas ciudadanas y los
cambios legislativos a través de un régimen de transición”19

La norma en mención exige a los beneficiarios del régimen de transición en
ella establecido cumplir, además de los requisitos especiales, los previstos
por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Al respecto, como quiera que la
disposición jurídica establece requisitos para la transición de un régimen
pensional especial y a su vez requisitos para ser beneficiario del régimen
de transición general, la interpretación que más favorece al
demandante es la que permite, ante dos normas concurrentes, la
aplicación preferente de la regla de transición que le posibilite el
reconocimiento de su pensión especial de vejez. […]

Y, frente a la coexistencia del régimen de transición previsto en el Decreto
2090 de 2003 y el que establece la Ley 100 de 1993 señaló que “El
régimen de transición previsto en el Decreto 2090 de 2003 resulta ser un
régimen de transición distinto al de la Ley 100 de 1993, lo cual plantea
cuestiones atinentes a la aplicación del régimen más favorable al
trabajador…En ese orden de ideas, en el hipotético caso en que en una
situación concreta un trabajador se vea amparado por ambos regímenes
de transición, el de la Ley 100 y el del Decreto 2090 de 2003, lo cierto es
que al existir dos normas vigentes y aplicables para una misma
situación, debe prevalecer a la luz de la Constitución aquel régimen
que resulte más favorable y benéfico para el trabajador involucrado,
por tratarse de disposiciones pensionales”.

Luego entonces, por ser más favorable frente a las expectativas
pensionales del demandante quien estaba próximo a cumplir con los
requisitos para acceder al derecho en las condiciones descritas en el
Decreto 1835 de 1994, y en virtud del principio de inescindibilidad de la

19
Corte Constitucional, Sentencia C-663 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

16

Interno: 2795-2022
Demandante: Ugpp
Demandado: Gilberto Cala Barajas

norma frente a una disposición en la que se fijan requisitos de un régimen
de transición de naturaleza especial y a la vez los previstos en el régimen
de transición dispuesto en la Ley 100 de 1993, para la Sala la fuente que
debe aplicarse en el caso particular es el inciso primero del artículo 6
del Decreto 2090 de 2003, y entender que el actor es beneficiario del
régimen especial de transición por haber acreditado 500 semanas de
cotización en actividades de alto riesgo al 28 de julio de 2003, fecha
de entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003. [Resaltado fuera de
texto].

De la jurisprudencia transcrita se advierte que esta Subsección ha
encontrado desproporcionada la exigencia adicional de los requisitos
previstos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, por lo tanto, ha entendido
que la interpretación que más favorece al demandante es la que permite,
ante dos normas concurrentes, la aplicación preferente de la regla de
transición que le posibilite el reconocimiento de su pensión especial de
vejez.

A partir de tal entendimiento, se precisa que las decisiones que la Sección
Segunda del Consejo de Estado ha proferido desde el año 2015 22 aplican las
condiciones o requisitos de acceso a los regímenes especiales de
actividades por alto riesgo conforme los postulados establecidos en el
artículo 6 del Decreto Ley 2090 de 2003, sin las exigencias adicionales
enunciadas en el parágrafo de esa norma (artículo 6 del Decreto 2090 de
2003), pues tal y como lo ha señalado la Corte Constitucional en Sentencia
C-663 de 2007,20 “en el hipotético caso en que en una situación concreta un
trabajador se vea amparado por ambos regímenes de transición, el de la Ley
100 y el del Decreto 2090 de 2003, lo cierto es que al existir dos normas
vigentes y aplicables para una misma situación, debe prevalecer a la luz de
la Constitución aquel régimen que resulte más favorable y benéfico
para el trabajador involucrado, por tratarse de disposiciones
pensionales”.

Al mismo tiempo, basta con demostrar que la actividad considerada de alto
riesgo se ejerció por dicha cantidad de semanas previo a la entrada en vigor
de la aludida norma, en cualquier tiempo, sin necesidad de probar que se
20
Corte Constitucional, Sentencia C-663-07 del 29 de agosto de 2009, referencia expediente D-6603.

17

Interno: 2795-2022
Demandante: Ugpp
Demandado: Gilberto Cala Barajas

realizaron “cotizaciones especiales”, dada la declaratoria de exequibilidad
condicionada de la norma que ordenó la Corte Constitucional en Sentencia
C-663 de 2007,21 según la cual, tal exigencia puede interpretarse como
«semanas de cotización efectuadas en cualquier actividad que hubiere sido
calificada jurídicamente como de alto riesgo”.

En consecuencia, se consideraba que, para causar el derecho a la pensión
bajo los parámetros del referido régimen de transición, se tendría que haber
cumplido con los siguientes requisitos:

i) Para el 28 de julio de 2003, fecha en que entró a regir el Decreto 2090
de 2003, el servidor contara con al menos 500 semanas de cotización en
cualquier actividad que haya sido calificada legalmente como de alto riesgo,
y;22

ii) En lo que atañe a las cotizaciones, debe cumplir con el número
mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la
pensión, esto es, al menos con 1000 semanas. Este aspecto debe
entenderse como requisito necesario para ser beneficiario de la transición.

Ahora bien, el artículo 2 del Decreto 1950 de 2005 dispuso que a partir de la
entrada en vigencia del Decreto Ley 2090 de 2003, a los miembros del
Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional se les
aplicará el régimen de alto riesgo allí establecido. Empero, “con anterioridad
a dicha fecha se aplicará el régimen hasta ese entonces vigente para dichas
personas por razón de los riesgos de su labor, esto es, el dispuesto para el
efecto por la Ley 32 de 1986, para lo cual deben haberse cubierto las
cotizaciones correspondientes de conformidad con el Decreto-ley 407 de
1994 en concordancia con el artículo 1º del Decreto 1835 de 1994”.

21
“Primero. - Declarar EXEQUIBLE el artículo 6º del Decreto Ley 2090 de 2003, por los cargos de la demanda, en
el entendido de que para el cómputo de las "500 semanas de cotización especial", se podrán acreditar las semanas
de cotización efectuadas en cualquier actividad que hubiere sido calificada jurídicamente como de alto riesgo.”
22
Ver sentencia del 11 de junio de 2020, radicado 25000 23 25 000 2012 00916 01 (0213-16), M.P. Rafael
Francisco Suárez Vargas.

18

Interno: 2795-2022
Demandante: Ugpp
Demandado: Gilberto Cala Barajas

Al respecto, cabe recordar que el parágrafo 5 del artículo 1 del Acto
Legislativo 01 de 2005, estableció lo siguiente:

Artículo 1. Se adicionan los siguientes incisos y parágrafos al artículo 48
de la Constitución Política: (…)

Parágrafo transitorio 5. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 140
de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 2090 de 2003, a partir de la entrada en
vigencia de este último decreto, a los miembros del cuerpo de custodia y
vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional se les aplicará el régimen de
alto riesgo contemplado en el mismo. A quienes ingresaron con
anterioridad a dicha fecha se aplicará el régimen hasta ese entonces
vigente para dichas personas por razón de los riesgos de su labor,
este es el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986, para lo cual
deben haberse cubierto las cotizaciones correspondientes. [Resalta la
Sala].

En desarrollo de tal disposición, basta con acreditar que la vinculación del
servidor del INPEC se hubiese dado con anterioridad al 28 de julio de 2003
(fecha de entrada en vigor del Decreto 2090 de 2003), para que tenga
derecho a las prerrogativas señaladas en la Ley 32 de 1986.

Acorde con esto, se advierte que las pensiones que gozan de un régimen
especial no se rigen por las disposiciones previstas en las Leyes 33 y 62 de
1985; por ende, a la pensión de jubilación reconocida a los empleados del
INPEC, bajo los requisitos de la Ley 32 de 1986 y 407 de 1994, no les es
aplicable dicha normativa; tal y como así lo dispone el artículo 1 de la Ley 33
de 1985 que reza:

Artículo 1º. El empleado oficial que sirva o haya servicio veinte (20) años
continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco años (55),
tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una
pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por
ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes
durante el último año de servicio.
No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que
trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que
la ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de
un régimen especial de pensiones.

19

Interno: 2795-2022
Demandante: Ugpp
Demandado: Gilberto Cala Barajas

2.3. Hechos probados

Edad

Se encuentra demostrado que Gilberto Cala Barajas nació el 10 de octubre
de 1964,23 según se desprende de la fotocopia de la cédula de ciudadanía
que reposa en el proceso.

Tiempo de servicios y vinculación del accionante

Expediente administrativo de Gilberto Cala Barajas24.
Formulario único de solicitudes prestacionales que radicó el señor Cala
Barajas ante la UGPP el 22 octubre de 200825.

Certificado de información laboral (formato 1) de 4 de octubre de 2011
expedido por el INPEC, en el que se evidencia que el señor Cala Barajas
laboró en las siguientes entidades26:

ENTIDAD TIEMPO TOTAL DÍAS
INPEC 16/09/1988 6 años, 10 meses y
Dragoneante a 10 días
26/07/1995
INPEC 27/07/1995 8 años, 8 meses y 7
inspector a días
6/04/2004
INPEC 7/04/2004 2 meses y 8 días
Director (E) a
15/06/2004
INPEC 16/06/2004 1 año, 10 meses y 1
Inspector a días
27/04/2006
INPEC 28/04/2006 60 días
Director (E) a
27/06/2006
INPEC 28/06/2006 7 meses y 7 días
Inspector a
6/02/2007
INPEC 7/02/2007 4 meses y 21 días
Director (E) a
9/07/2007
INPEC 10/07/2007 5 años, 4 meses y 20
inspector a días
30/11/2012
Tiempo total laborado (8.824) días equivalente a: 24 años, 1 mes y 29
días

23
Expediente digital #1 folio 97.
24
Expediente digital # 1 folio 85.
25
Expediente digital # 1 folio 87 y 380.
26
Expediente digital # 1 folio 91 y 339 a 343.

20

Interno: 2795-2022
Demandante: Ugpp
Demandado: Gilberto Cala Barajas

Certificado de factores salariales de 1 de octubre de 2008 emitido por el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario para los años 1998 a 200827.

Actos administrativos demandados

Resolución RDP 007536 de 14 de agosto de 2012 proferida por la UGPP, por
medio de la cual reconoció y ordenó el pago de la pensión de vejez a favor
de Gilberto Cala Barajas, con una tasa de remplazo del 75% sobre un IBL
conformado por el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha
cotizado el causante (1 de octubre de 2010 y el 30 de septiembre de 2011),
conforme lo establecido en la Ley 32 de 1986, Decreto 407 de 1994 y Auto
Legislativo 01 de 2005, en cuantía de $1.247.852, efectiva a partir del 1de
octubre de 2011.

Resolución RDP 0042641 de 13 de septiembre de 2013 suscrita por la
entidad demandante, mediante la cual reliquidó la pensión de vejez al señor
Cala Barajas con el 75%, sobre un IBL conformado por el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales cotizó entre el (1/12/2011 al 30/11/2012),
en cuantía de 1.524.407, a partir del 1 de diciembre de 2012.

2.4. Caso concreto

La entidad demandante pide la nulidad de los actos administrativos
enjuiciados, por medio de los cuales reconoció y reliquidó la prestación
pensional al accionado con fundamento en la Ley 32 de 1986, sin ser la
norma aplicable, y liquidando la prestación con el promedio de lo devengado
en el último año de servicios.

El Tribunal accedió a las súplicas de la demanda al considerar que; si bien es
cierto, a la fecha de entrada en vigencia del Decreto 2090 (28 de julio de
2003) el demandado contaba con (500) semanas de cotización, y laboró
desde el (16 de septiembre de 1988 al 28 de julio de 2003), en el cargo de
dragoneante e inspector, y logró acumular 770 semanas; lo cierto es que, no
cumple con los requisitos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993; es decir, no

27
Expediente digital # 1 folio 177 a 187.

21

Interno: 2795-2022
Demandante: Ugpp
Demandado: Gilberto Cala Barajas

acreditó 40 años de edad o 15 años de servicio al 1 de abril de 1994 (entrada
en vigor de la citada norma), pues para dicha calenda tenía 29 años de edad,
y 5 años y 6 meses de servicios.

Inconforme con esta decisión Gilberto Cala Barajas por intermedio de
apoderado, pidió que se revoque la sentencia del a quo toda vez que a los
miembros del INPEC no se les exige el cumplimiento de los requisitos de
transición previstos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; y, por ende,
tampoco los presupuestos de la transición previstos en el artículo 6 del
Decreto 2090 de 2003.

Visto lo anterior y del análisis de las pruebas allegadas al proceso, la
Subsección precisa sin mayores disquisiciones que Gilberto Cala Barajas
nació el 10 de octubre de 1964 y laboró en el INPEC desde el (16/09/1988
hasta el 30/11/2021), ocupando los cargos de dragoneante e inspector; es
decir, ingresó con anterioridad a la fecha en que entró a regir el Decreto 2090
de 2003 (el 28 de julio de 2003), y acreditó más de 20 años de servicios en
esa entidad.

De entrada, la Sala advierte que en cumplimiento del artículo 140 de la Ley
100 de 1993, se autorizó al gobierno nacional para la expedición del régimen
de los servidores públicos que laboraran en actividades de alto riesgo; por lo
que, se expidió el Decreto 2090 de 2003 en cuyo canon 6 estableció un
régimen de transición para obtener el derecho pensional bajo la norma
anterior, que para el sub examine es la Ley 32 de 1986.

En esa dirección debemos recordar entonces que, para obtener el derecho
pensional bajo lo previsto en Ley 32 de 1986, en virtud del régimen de
transición del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003, se debía acreditar a la
fecha de entrada en vigencia de este decreto (28 de julio de 2003), cuando
menos 500 semanas de cotización especial y cumplir en adición los
requisitos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo
1828 de la Ley 797 de 2003.

28
Artículo declarado inexequible mediante sentencia C-1056/03.

22

Interno: 2795-2022
Demandante: Ugpp
Demandado: Gilberto Cala Barajas

Empero, es de indicarse que frente al segundo supuesto; esto es, con
relación al cumplimiento de los requisitos del artículo 36 de la Ley 100 de
1993, esta Corporación ha establecido; como se dijo el líneas atrás, que
exigirlo resulta desproporcionado y más gravoso cuando el servidor aspira al
reconocimiento en los términos de la norma anterior, por cuanto conllevan
una situación más desventajosa en virtud del tránsito legislativo; razón por la
que, en el caso que nos ocupa no interesa que el accionado para la fecha en
que entró en vigor el Sistema de Seguridad Integral de que trata la Ley 100
de 1993; esto es, el 1 de abril de 1994, no acreditara 40 años de edad o 15
de servicios. Amén de que, dicha exigencia desapareció con la expedición
del Acto Legislativo 01 de 2005.

Así, entonces, en casos como el que ocupa la atención de la Subsección,
resulta innecesario realizar un análisis en relación con los requisitos del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993; dado que, basta con que al 28 de julio de
2003 el señor Cala Barajas hubiera ingresado al INPEC para que el
reconocimiento de la pensión de jubilación se hiciera según lo dispuesto en
la Ley 32 de 1986; esto es, al cumplir 20 años de servicio, continuos o
discontinuos, al servicio de la Guardia Nacional, sin tener en cuenta su edad.

En acatamiento de lo anterior, se tiene que el demandado inició labores en el
INPEC el 16 de septiembre de 1988; es decir, antes de la entrada en
vigencia del Decreto 2090 de 2003 (28 de julio de 2003), con lo que se
concluye que cumplía con los requisitos de la norma para; en virtud del
régimen de transición del mencionado decreto, obtener el derecho pensional
bajo el amparo de lo normado en la Ley 32 de 1986.

Así las cosas, la Sala destaca que la decisión del Tribunal no fue acertada,
pues los actos administrativos enjuiciados se encuentran ajustados a
derecho; dado que, el reconocimiento de la prestación pensional del señor
Cala Barajas se reconoció de conformidad con las normas anteriores al
Decreto 2090 de 2003, que regulaban las actividades de alto riesgo; esto es,
en los términos establecidos en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986, por ser

23

Interno: 2795-2022
Demandante: Ugpp
Demandado: Gilberto Cala Barajas

beneficiario del parágrafo transitorio 5 del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de
2005, tal como se indicó en la Resolución 007536 de 14 de agosto de 2012;
motivo por el cual, no le queda otro camino a esta Colegiatura que revocar la
sentencia del Tribunal que accedió a las súplicas de la demanda.

Condena en costas

Frente a la condena en costas, la Sala hace las siguientes manifestaciones:

El artículo 361, del Código General del proceso, estipula:

“Composición. Las costas están integradas por la totalidad de las
expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las
agencias en derecho.

Las costas serán tasadas y liquidadas con criterios objetivos y verificables en
el expediente, de conformidad con lo señalado en los artículos siguientes.”
(Resaltado por la Sala).

Dispone el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011:

“Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código
de Procedimiento Civil”

No obstante, esta Sala ha sido del criterio que la norma transcrita deja a
disposición del juez valorar la procedencia o no de la condena en costas, ya
que para ello debe examinar la actuación procesal de la parte vencida,
tenerse certeza de su causación y que la conducta desplegada adolezca de
temeridad y mala fe, no basta el simple hecho de los resultados del
proceso29.

En el caso concreto, revisado el actuar de las partes a lo largo del proceso no
se evidencia temeridad o mala fe, conforme con lo anterior, no se condenará
en costas en esta instancia.

III. DECISIÓN

29
Radicado 15001-23-33-000-2013-00072, de 27 de enero de 2017 MP. Carmelo Perdomo Cuéter; Radicado:
13000-33-33-000-2014-00390 (1327-16), de 8 de septiembre de 2017, M.P. Sandra Lissett Ibarra Vélez.

24

Interno: 2795-2022
Demandante: Ugpp
Demandado: Gilberto Cala Barajas

De conformidad con las anteriores consideraciones y el acervo probatorio
que reposa en el expediente, la Sala revoca la sentencia apelada que
accedió a las súplicas de la demanda impetrada por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social - UGPP- contra Gilberto Cala Barajas.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 18 de noviembre de 2021 proferida
por el Tribunal Administrativo de Risaralda que accedió a las pretensiones de
la demanda incoada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP -
contra Gilberto Cala Barajas, y por consiguiente niéguense las pretensiones
de la demanda.

SEGUNDO: Sin condena en costas en ambas instancias.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmada electrónicamente)

25

Interno: 2795-2022
Demandante: Ugpp
Demandado: Gilberto Cala Barajas

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
(Firmada electrónicamente)

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
(Firmada electrónicamente)

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