Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-00393-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-00393-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2018-00393-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
16 de abril de 2026
Radicado: 05-001-23-33-000-2018-00393-01 (1886-2024)
Demandante: Emerson Eduardo Cano Álvarez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05-001-23-33-000-2018-00393-01 (1886-2024)
Demandante: Emerson Eduardo Cano Álvarez
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones- Colpensiones
Vinculado: Instituto Penitenciario y Carcelario INPEC
Tema: Reliquidación pensión de alto riesgo funcionario del INPEC
Decisión: Confirma parcialmente sentencia que concedió parcialmente
pretensiones. Adiciona. Sin condena en costas.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA/LEY 1437 DE 2011
I. ASUNTO
1. La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por la
entidad accionada contra la sentencia de 29 de noviembre de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión1, que concedió
parcialmente las súplicas de la demanda.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda2
2.1.1. Pretensiones
2. El señor Emerson Eduardo Cano Álvarez, por intermedio de apoderado judicial
y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 del 20113, solicitó declarar la nulidad de
los siguientes actos administrativos:
a. Resolución GNR 2863 de 6 de enero de 2017, proferida por Colpensiones, a través de
la cual se negó el reconocimiento de la pensión de vejez de conformidad con el régimen
de alto riesgo previsto para los funcionarios del INPEC.
1 Con ponencia de la magistrada Verónica Gutiérrez Tobón.
2 Folio 1 y siguientes del expediente.
3 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo», en adelante
CPACA.
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Demandante: Emerson Eduardo Cano Álvarez
b. La Resolución SUB 209731 de 27 de septiembre de 2017, mediante la cual se resolvió
el recurso de reposición interpuesto contra la anterior decisión, confirmándola.
c. Resolución DIR 16718 del 29 de septiembre de 2017 que resolvió el recurso de
apelación.
3. Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de
restablecimiento del derecho, solicitó se ordene a la entidad demandada a reliquidar
la pensión de jubilación del demandante con el 75% de lo percibido durante último año
de servicios, esto es, asignación básica, bonificación por servicios, prima de riesgo,
subsidio de unidad familiar, bonificación por recreación, las primas de vacaciones,
navidad y servicios, la prima de seguridad.
4. A su vez, pretende que la demandada reconozca y pague el retroactivo
pensional debidamente indexado desde que el actor se retiró del servicio hasta que
efectúe el pago de la sentencia, lo anterior, de acuerdo con el artículo 187 del CPACA;
que se le paguen los intereses moratorios y que se condene en costas y agencias en
derecho a la entidad.
2.1.2. Hechos
5. El señor Emerson Eduardo Cano Álvarez ingresó como dragoneante 5260
grado 02 al Cuerpo de Custodia y Vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario -INPEC, mediante Resolución 005697 de 24 de diciembre de 2015 se
desvinculó de la entidad, acto que le fue notificado el 6 de enero de 2016, con lo que
laboró más de 20 años de servicios.
6. El 5 de septiembre de 2016 solicitó el reconocimiento pensional ante
COLPENSIONES, que le fue denegado mediante Resolución GNR 2863 de 6 de enero
de 2017 por estimar que no contaba con el número de semanas cotizadas y con el
tiempo laborado exigido en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986, esto es 20 años de
servicios continuos o discontinuos.
7. Indicó que solicitó a Colpensiones la corrección de su historia laboral y cargar
los pagos realizados por el ente empleador- INPEC, de los periodos correspondientes
a junio, julio y agosto de 2005; así mismo trasladó una respuesta allegada por el fondo
de pensiones Horizonte, sin embargo, la entidad no realizó dicha corrección.
8. A través de Resoluciones SUB 209731 de 27 de septiembre de 2017 y DIR
16718 del 29 de septiembre de 2017, la entidad resolvió los recursos de reposición y
apelación interpuestos contra la anterior decisión confirmándola en su totalidad.
9. Manifestó que prestó sus servicios en entidades del sector público durante
dichos periodos:
Actividades públicas Tiempo se servicios
Servicio militar obligatorio 12 meses
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Formación académica- Curso dragoneante 15 días
INPEC
Dragoneante INPEC 250 meses
Total 262 meses y 15 días.
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.
10. Como normas vulneradas citó entre otros los artículos 2. °, 4. °, 13, 25, 29, 48,
53, 58 y 125 de la Constitución Política; el artículo 172 numerales 5.° y 6.° de la Ley
65 de 1993; artículos 7.°, 8.°, 168 y 184 del Decreto Ley 407 de 1994; artículo 1.°, 10.°
36 y 96 de la Ley 32 de 1986; artículo 4.° de la Ley 4ª de 1966 y el artículo 39 de la
Ley 1709 de 2014.
11. En el concepto de violación explicó que el régimen salarial y prestacional para
el demandante como servidor del INPEC se encuentra establecido en el Decreto Ley
407 de 1994, la Ley 32 de 1986 y el parágrafo 5.° del Acto Legislativo 01 de 2003, de
acuerdo con el cual su pensión debió reconocerse al acreditarse los 20 años de
servicios, sin importar la edad y que, de acuerdo con dichas normas tiene derecho a
que su pensión se liquide con el 75% de lo devengado durante el último año de
servicios.
12. Advirtió que Colpensiones no tuvo en cuenta el tiempo de servicio militar
obligatorio que realizó en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario INPEC, como
bachiller auxiliar para efectos de contabilizar el tiempo se servicios.
13. Indicó que los actos acusados fueron expedidos con falsa motivación, pues en
ellos se indica, que no se habían realizado las cotizaciones correspondientes a la
seguridad social y, por tanto, que el demandante no contaba con los tiempos de
servicios exigidos en el artículo 96 de la Ley 32 de 1985 para adquirir la pensión.
14. Señaló que, aunque no se encontraban reflejados en la historia laboral, algunos
ciclos, como los de marzo, abril y mayo de 1995, junio de 2000, septiembre de 2002 y
junio, julio y agosto de 2005, fueron pagados al ISS por parte del INPEC, a pesar de
que debían pagarse a los fondos de pensiones privados en el que el demandante
permaneció afiliado por un tiempo y precisó que, de acuerdo con la jurisprudencia
Constitucional, la mora del empleador en el pago de los aportes a pensión no puede
obstaculizar el reconocimiento de las prestaciones económicas amparadas por el
Sistema de Seguridad Social Integral.
2.2. Contestación de la demanda
15. La Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones)4,
por intermedio de apoderado judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda, y
señaló que el demandante no tenía derecho que su pensión fuera reconocida de
4 Folio 2 y siguientes del archivo contenido en el índice 12 de Samai- expediente 50001233300020210041600.
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conformidad con lo previsto en la Ley 32 de la Ley 1982, pues no cumplió con los 20
años de servicios como dragoneante para acceder a la prestación.
16. Precisó que el demandante laboró en el cargo de auxiliar bachiller entre el 29
de enero de 1994 y el 20 de enero de 1995, pero dichos tiempos no pueden ser tenidos
en cuenta para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez de alto riesgo, pues
durante dicho periodo no estuvo expuesto a la actividad catalogada por la ley como de
alto riesgo
17. Según lo indicó, no era cierto que Colpensiones omitió actualizar y corregir la
historia laboral del actor, por el contrario, la entidad solicitó al INPEC mediante el oficio
No. 2017-10212570 del 27 de septiembre de 2017 información a fin de determinar los
extremos de la relación laboral del actor y se evidenciaron las siguientes
inconsistencias: «1. El INPEC solo acredita aportes a la Seguridad Social en
Pensiones a partir del mes de junio de 1995, aspecto que difiere del Certificado de
Información laboral Formato Nro. 1 emitido por el Instituto Penitenciario y Carcelario –
INPEC-. 2. Faltan aportes pensionales en ciertos ciclos laborales. 3. No se evidencia
en el expediente administrativo del actor, así como en los documentos anexos con la
demanda, documentación idónea que certifique el tiempo que efectivamente el actor
laboró al servicio del INPEC que permita dar certeza del cumplimiento de los 20 años
de servicio exigidos».
18. Frente a la solicitud de liquidación de la pensión con el último año de servicios
señaló que la prestación reconocida bajo los postulados de la Ley 32 de 1982 sólo
puede ser liquidada de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 100 de
1993, pues la Ley 33 de 1982 no contempla la forma de liquidación de la pensión. Así
mismo, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, establece que un régimen de transición,
de acuerdo con el cual el IBL de los beneficiarios de dichas pensiones debe
determinarse de conformidad con lo previsto en esta ley y sobre los factores enlistados
en el Decreto 1158 de 1994, siempre que sobre éstos se hubiesen realizado
cotizaciones.
19. Señaló que el anterior criterio fue establecido por las sentencias de la Corte
Constitucional C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU- 427 de 2016, así como el
Consejo de Estado en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018.
20. Propuso las excepciones de (i) falta de jurisdicción, (ii) falta de integración del
litisconsorte necesario, (iii) inexistencia de la obligación de reconocer y pagar pensión
especial de vejez de alto riesgo; (iv) inexistencia de la obligación de reconocimiento de
la pensión de vejez, (v) inexistencia de la obligación de reliquidar la pensión con el IBL
del último año de servicios, (vi) inexistencia de la obligación de reliquidar la pensión
con valores no reportados, (vii) inexistencia de la obligación de reconocer y pagar el
retroactivo pensional desde el 5 de enero de 2017, (viii) cobro de lo no debido, (ix)
pago y compensación, (x) improcedencia de la indexación de las condenas, (xi) buena
fe e (xii) improcedencia de la condena en costas.
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21. El Instituto Penitenciario y Carcelario INPEC5 entidad vinculada al proceso,
señaló que los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia de la entidad tienen
derecho a que su pensión sea reconocida de conformidad con lo previsto en la Ley 32
de 1986.
22. Indicó que el actor laboró el INPEC y que ocupó el cargo de dragoneante desde
el 3 de marzo de 1995 hasta el 24 de diciembre de 2015.
23. Adujo que el INPEC no tiene entre sus funciones el reconocimiento y pago de las
pensiones de quienes fueran sus empleados, dado que ello corresponde al Fondo de
Pensiones o Administradora de Pensiones, que, para el presente caso, le corresponde
a Colpensiones, tal y como lo dispone el artículo 14 de la Ley 65 de 1993 y el artículo
5 del Decreto 4936 de 2011. Así mismo en virtud del artículo 53 de la Ley 100 de 1993,
las entidades administradoras del régimen solidario de prestación definida tienen
amplias facultades de fiscalización e investigación sobre el empleador o agente
retenedor de las cotizaciones al régimen, para asegurar el efectivo cumplimiento de la
Ley 100 de 1993.
24. De acuerdo con ello, de no haberse realizado las cotizaciones por uno u otro motivo
al demandante, era obligación de Colpensiones requerir al INPEC para el pago de
estos, lo que no sucedió. Sin embargo el INPEC realizó el pago de aportes teniendo
en cuenta el Decreto 691 de 1994, modificado por el artículo 6 del Decreto 1158 de
1994, pero a partir del mes de julio de 2014 atendiendo pronunciamientos del Consejo
de Estado, el INPEC viene realizando aportes al Sistema de Seguridad en pensiones
a los funcionarios adscritos al Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional,
sobre los factores salariales consagrados en el Decreto 1045 de 1978, tal y como se
registra en el formato 3(B) certificado de salario mes a mes.
25. Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, pues el
reconocimiento de la pensión del demandante corresponde a Colpensiones, por ser
este el fondo de pensiones del demandante.
2.3. La sentencia apelada
26. El Tribunal Administrativo de Antioquia, a través de la sentencia de 29 de
noviembre de 2023, 6 concedió parcialmente las pretensiones de la demanda.
27. Como fundamento de su decisión señaló que el demandante prestó sus
servicios al INPEC, en el cargo de dragoneante de manera ininterrumpida desde el 3
de marzo de 1995 hasta el 24 de diciembre de 2015, es decir por un tiempo total de
20 años y 9 meses, lo anterior, de conformidad con el formato no. 1 correspondiente
5 Folio 216 del expediente
6 índice 53 de Samai- expediente 05001233300020180039300
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al certificado de periodos de vinculación laboral para bonos pensionales elaborado por
el INPEC.
28. Así mismo, precisó que de acuerdo con la certificación electrónica de tiempos
laborados CETIL, se encuentra acreditada la vinculación laborada al INPEC en
actividad de alto riesgo por un tiempo superior a 20 años desde el 3 de marzo de 1995
y sobre los cuales se realizaron aportes al ISS al régimen de ahorro individual.
29. Precisó que el demandante ingresó a laborar al INPEC desde el 24 de enero de
1994, cuando realizó funciones de auxiliar bachiller, sin embargo, comenzó a ejercer
la actividad de alto riesgo a partir del 3 de marzo de 1995.
30. Indicó que el demandante era beneficiario del régimen pensional contenido en
la Ley 32 de 1986, pues se vinculó al INPEC con anterioridad al 28 de julio de 2003 y
el 3 de marzo de 2015 cumplió con los 20 años de servicios.
31. En relación con los tiempos laborados en los que no se certificaron las
cotizaciones, advirtió que el artículo 24 de la Ley 100 de 1993 faculta a la entidad
administradora de pensiones para adelantar procesos de cobro coactivo a los
empleadores morosos y que la Corte Constitucional ha señalado que la tarea de éstas
entidades es desplegar los instrumentos jurídicos para asegurar que los aportes de
sus afiliados se consignen efectivamente, pues no pueden ser los trabajadores quienes
asuman los efectos de la falta de pago de los aportes o las inconsistencias en las
historias laborales, dejando de percibir una pensión bajo el supuesto de que las
cotizaciones no se efectuaron. Por ello, la demandada no podía negar la pensión de
alto riesgo solicitada aduciendo que no se encuentran en la historia laboral
cotizaciones por parte del empleador al sistema por varios periodos.
32. De acuerdo con las anteriores consideraciones declaró la nulidad de los actos
acusados y ordenó el reconocimiento de la pensión al demandante de acuerdo con el
régimen especial contemplado en la Ley 32 de 1986, en concordancia con el artículo
4. ° de la Ley 4.° de 1966, con un monto del 75% del promedio mensual obtenido en
el último año de servicios en el INPEC y el Decreto 446 de 1994 en relación con los
factores que constituyen salario para liquidar la prestación.
33. Indicó que al demandante no le era aplicable la sentencia de unificación de 28
de agosto de 2018 proferida por el Consejo de Estado pues al personal del INPEC no
le son aplicables las regulaciones del régimen de transición establecido en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993, pues a estos se les ha dado un tratamiento especial bajo
regulaciones propias.
34. Así las cosas, declaró la nulidad de los actos acusados y ordenó reliquidar la
pensión del demandante con el 75% de los factores devengados durante el último año
de servicios enlistados en el Decreto 446 de 1994, certificados como devengados
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como son la asignación básica, el sobresueldo, las primas de navidad, de vacaciones,
de servicios, los subsidios de alimentación y de transporte y la bonificación por
servicios prestados.
35. Precisó que no había lugar a la inclusión de la prima de riesgo ni al subsidio de
unidad familiar por no constituir factor salarial, lo anterior, de conformidad con lo
previsto en el Decreto 446 de 1994.
36. Por otra parte, señaló que no había responsabilidad de INPEC frente a la
obligación de reconocer y pagar la pensión del demandante, pues esta recae
exclusivamente en cabeza de Colpensiones, entidad que expidió los actos acusados,
lo anterior, sin perjuicio de que puedan ordenarse los descuentos por concepto de
aportes en seguridad social si no fueron cotizados por el empleador.
37. Finalmente, se abstuvo de condenar en costas a la parte demandada, lo
anterior, teniendo en cuenta no se demostró que se hubiesen causado.
2.4. Recurso de apelación7
38. La parte demandada, por conducto de apoderado judicial, interpuso recurso
de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, y como fundamento de
inconformidad señaló en primer lugar que el a quo no tuvo en cuenta lo manifestado
en el proceso frente al tiempo laborado como auxiliar bachiller entre el 29 de enero de
1994 y el 25 de enero de 1995, el cual no podía ser tenido en cuenta para efectos de
reconocimiento de la pensión debido a que en este cargo no ejerció actividades de alto
riesgo.
39. Por otra parte, señaló que el IBL de la pensión del demandante debió ser
liquidada según lo establecido en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y sobre los
factores salariales devengados y consagrados en el Decreto 1158 de 1990.
40. Indicó que la Ley 32 de 1982, no contempla la forma de liquidación de la
pensión, que la fecha de estatus del demandante se causó en vigencia de la Ley 100
de 1993, y que, por lo tanto, la única forma para suplir dicho vacío es acudir a las
normas de carácter general, para el caso concreto la Ley 100 de 1993.
41. Para tal efecto, citó las Sentencias C- 258 de 2013, C- 230 de 2015, C- 427 de
2016 proferidas por la Corte Constitucional y del 28 de agosto de 2018 del Consejo de
Estado, de acuerdo con la cuales el modo de promediar la base de liquidación no
puede ser la estipulado en la legislación anterior, en razón a que el régimen de
transición solo comprende los conceptos de edad, monto y semanas de cotización y
excluye el ingreso base de liquidación.
7 índice 55 de Samai- expediente 05001233300020180039300
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42. Así las cosas, estimó que no era posible reliquidar la pensión teniendo en cuenta
el 75% del promedio de los factores enlistados durante el último año de servicios, pues
ello discrepa del lineamiento jurisprudencial señalado anteriormente.
43. Finalmente, señaló que la obligación de Colpensiones radicaba en reconocer la
prestación con base en lo efectivamente reportado, por lo que no tendría la obligación
de asumir una carga salarial que el empleador omitió reportar, por cuanto no tenía
conocimiento de ello. En ese sentido, no podría liquidar la pensión teniendo en cuenta
factores no reportados, pues ello equivaldría a un enriquecimiento sin causa del
empleado público.
44. Al respecto advirtió que no se autorizó a Colpensiones repetir contra el
empleador la proporción que a éste corresponde en relación con los respectivos
aportes por todo el tiempo de servicios del demandante con la entidad, suma que debía
ser indexada a valor presente y que tampoco se dijo nada frente a la autorización de
descontar del retroactivo pensional las sumas correspondientes a los aportes sobre
los factores cuya inclusión se ordenó.
2.5. Trámite en segunda instancia.
45. A través de auto de 20 de mayo de 20248, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada y se ordenó correr traslado al agente del Ministerio
Público para conceptuar en segunda instancia.
46. La parte demandante, a través de memorial de 4 de septiembre de 20249 solicitó
tener en cuenta la certificación de 18 de diciembre de 2023 proferida por el INPEC,
que no fue tenida en cuenta por el a quo y en la cual, se señalan los factores salariales
que debían ser tenidos en cuenta para liquidar el IBL.
47. La parte demandada y el agente del Ministerio Público guardaron silencio.
48. Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección
procede a decidir previas las siguientes
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
49. Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 10 de la Ley 1437 de 2011.
8 Índice 4 de Samai.
9 Índice 15 de Samai.
10 « El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones
de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el
de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan
los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]».
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3.2. Marco de análisis de la segunda instancia
50. Según el artículo 328 del Código General del Proceso, la competencia del juez
de segunda instancia está circunscrita a los argumentos del apelante. Si ambas partes
apelan la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.
51. En el asunto objeto de estudio, la entidad demandada es apelante única, por lo
que la competencia de la Sala de Subsección se encuentra limitada a los argumentos
esgrimidos en el recurso de apelación.
3.3. Problema Jurídico
52. La Sala de Subsección deberá establecer si el demandante tiene derecho a
que se le reconozca una pensión especial de alto riesgo prevista en la Ley 32 de 1986
para los miembros del cuerpo de Custodia y vigilancia del INPEC.
53. En caso afirmativo deberá establecer si el IBL de la pensión debe determinarse
teniendo en cuenta la totalidad de los factores devengados durante el último año de
servicios de conformidad con la Ley 32 de 1986 y el Decreto 407 de 1994 o por el
contrario le es aplicable el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto
reglamentario 1158 de 1994, de conformidad con las reglas previstas en la sentencia
de unificación de 28 de agosto de 2018 proferida por el Consejo de Estado.
54. Finalmente deberá establecer si debe ordenarse el descuento por los aportes
en pensión que se llegaren a adeudar a cargo del demandante y su empleador INPEC.
3.4. Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso
3.4.1. Régimen pensional de los servidores del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario -INPEC.
55. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1.° de la Ley 33 de 1985, los
empleados del Cuerpo de Custodia y Vigilancia de la Penitenciaria Nacional no
estaban sujetos a la regla general definida en esta norma por estar cobijados por un
régimen especial de pensiones.
56. En efecto, la Ley 32 de 1986 estableció el Estatuto Orgánico del Cuerpo de
Custodia y Vigilancia con el fin de regular «todo lo relativo al ingreso, formación,
capacitación, ascensos, traslados, retiros, administración y régimen prestacional del
personal de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional» 11.
11 Artículo 1°.
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57. Dicho régimen se encontraba establecido en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986 12
que contempló la posibilidad de acceder a la pensión de jubilación sin tener en cuenta
la edad, para aquellos funcionarios que cumplan 20 años de servicio continuo o
discontinuo a la Guardia Nacional.
58. Posteriormente, la Ley 100 de 1993 en su artículo 140 dispuso que «el Gobierno
Nacional expedirá el régimen de los servidores públicos que laboren en actividades de
alto riesgo, teniendo en cuenta una menor edad de jubilación o un número menor
de semanas de cotización, o ambos requisitos. Se consideran para este efecto
como actividades de alto riesgo para el trabajador aquellas que cumplen algunos
sectores tales como el Cuerpo de Custodia y Vigilancia Nacional Penitenciaria. Todo
sin desconocer derechos adquiridos» ( Negrilla de la Sala).
59. Ahora bien, el Decreto Ley 407 del 20 de febrero de 1994, expedido en virtud de
las facultades conferidas en el artículo 172 de la Ley 65 de 1993, en su artículo 16813
fijó un régimen especial en materia pensional para el personal de custodia y vigilancia
del INPEC, el cual respetaba los preceptos de la Ley 32 de 1986 que cobijaba a
quienes ejercían como tal antes del 21 de febrero de 1994, en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 168. Los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y
Carcelaria Nacional, que a la fecha de la vigencia del presente decreto se encuentren
prestando sus servicios al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, tendrán
derecho a gozar de la pensión de jubilación en los términos establecidos en el artículo 96
de la Ley 32 de 1986. El tiempo de servicio prestado en la fuerza pública se tendrá en
cuenta para estos efectos.
Con relación a los puntos porcentuales de cotización, serán determinados por el Gobierno
Nacional.
PARÁGRAFO 1o. Las personas que ingresen a partir de la vigencia de este decreto, al
Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional, tendrán derecho a una
pensión de vejez en los términos que establezca el Gobierno Nacional, en desarrollo del
artículo 140 de la Ley 100 de 1993 para las actividades de alto riesgo.
PARÁGRAFO 2o. El personal Administrativo del Instituto se regirá por las normas
establecidas en la Ley 100 de 1993.»
60. Posteriormente, con base en el artículo 17 de la Ley 797 de 2003 se confirieron
facultades extraordinarias al presidente de la República, por el término de seis meses,
para expedir el régimen legal de los trabajadores que laboran en actividades de alto
riesgo. Con base en ellas, profirió el Decreto 2090 de 26 de julio de 2003 en el cual
se incluyó al personal dedicado a la custodia y vigilancia del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario INPEC, como destinatario de las normas sobre actividades
de alto riesgo.
12 “Por el cual se adopta el Estatuto Orgánico del Cuerpo de Custodia y Vigilancia”.
13 Este artículo fue derogado por el artículo 11 del Decreto 2090 de 2003.
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61. Esta disposición determinó un régimen de transición consistente en que quienes a
28 de julio de 2003 hubieren cotizado al menos 500 semanas, tendrían derecho a que
una vez cumplidas 1000 semanas cotizadas, la pensión de jubilación les sea
reconocida en las mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que
regulaban las actividades de alto riesgo. Esta Corporación en varias ocasiones 14
señaló que como el artículo 6.° del Decreto 2090 de 2003 previó unos supuestos para
la transición de un régimen especial y al mismo tiempo para un régimen general, se
debía dar la interpretación más favorable al trabajador y con ello, dar prevalencia solo
a la exigencia de las 500 semanas.
62. Así, con el Decreto 2090 de 200315 se derogó el artículo 168 del Decreto 407 de
1994 y se incluyó como actividad de alto riesgo la ejercida por el personal dedicado a
la custodia y vigilancia de los internos en los centros de reclusión carcelaria en el
INPEC, norma que además estableció un régimen de transición consistente en que
quienes a 28 de julio de 2003 hubieren cotizado al menos 500 semanas, tendrían
derecho a que una vez cumplidas 1000 semanas cotizadas, la pensión de jubilación
les fuese reconocida en las mismas condiciones:
«Artículo 6º.Régimen de transición. Quienes a la fecha de entrada en vigencia del presente
decreto hubieren cotizado cuando menos 500 semanas de cotización especial, tendrán
derecho a que, una vez cumplido el número mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de
2003 para acceder a la pensión, esta les sea reconocida en las mismas condiciones
establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo.
Parágrafo. Para poder ejercer los derechos que se establecen en el presente decreto
cuando las personas se encuentren cubiertas por el régimen de transición, deberán cumplir
en adición a los requisitos especiales aquí señalados, los previstos por el artículo 36 de la
Ley 100 de1993, modificado por el artículo 18 de la Ley 797 de 2003» 16.
63. Sobre el parágrafo de la norma, esta Sección Segunda consideró en diferentes
oportunidades17 que deben aplicarse las condiciones o requisitos de acceso a los
regímenes especiales de actividades por alto riesgo conforme a los postulados
establecidos en el artículo 6.° del Decreto Ley 2090 de 2003, sin las exigencias
adicionales enunciadas en el parágrafo de esa norma, con base en una interpretación
favorable al trabajador, establecido en el artículo 53 de la Constitución Política y dado
que en estos casos guarda íntima relación con el derecho de acceso al reconocimiento
pensional.
14 Entre otras puede consultarse la sentencia de 23 de junio de 2022, dictada por la Subsección B, en el
proceso de nulidad de acto propio, radicado 17001-23-33-000-2020-00281-01
(3914-2021), con ponencia de la consejera Sandra Lisset Ibarra Vélez
15 Expedido con base en las facultades extraordinarias conferidas en el artículo 17 de la Ley 797 de 2003.
16 Artículo declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-663 de 2007, en el entendido de
que para el cómputo de las "500 semanas de cotización especial", se podrán acreditar las semanas de cotización
efectuadas en cualquier actividad que hubiere sido calificada jurídicamente como de alto riesgo.
17 Sentencia de la Subsección B de 25 de abril de 2024, dictada dentro del proceso radicación 66001-23-33-000-
2019-00464-01 ; Sentencia de la Subsección A de 30 de octubre de 2024 proferida en el proceso radicado 17001-
23-33-000-2022-00044-01 (2987-2024).
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64. Ahora bien, luego, se expidió el Decreto 1950 de 13 de junio de 2005 que
reglamentó el artículo 140 de la Ley 100 de 1993 en el que se dispone que, a partir de
la vigencia del Decreto Ley 2090 de 2003 a los miembros del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional se les aplica el régimen contemplado en
el mismo y con anterioridad a esa fecha se aplicará el régimen vigente, esto es el de
la Ley 32 de 1986, para lo cual deben cubrirse las cotizaciones correspondientes de
conformidad con el Decreto 407 de 1994:
« Artículo 1º. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley 100 de
1993 y el Decreto-ley 2090 de 2003, a partir de la entrada en vigencia de este último
decreto, a los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria
Nacional se les aplicará el régimen de alto riesgo contemplado en el mismo. Con
anterioridad a dicha fecha se aplicará el régimen hasta ese entonces vigente para
dichas personas por razón de los riesgos de su labor, esto es, el dispuesto para el
efecto por la Ley 32 de 1986, para lo cual deben haberse cubierto las cotizaciones
correspondientes de conformidad con el Decreto-ley 407 de 1994 en concordancia con
el artículo 1º del Decreto 1835 de 1994.»
65. Con posterioridad y en ese mismo sentido, el Acto legislativo 01 de 22 de julio de
2005, en su parágrafo 5.°18 estableció que (i) a partir de la entrada en vigencia del
Decreto 2090 de 2003 a los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia
Penitenciaria y Carcelaria Nacional se les aplicará el régimen de alto riesgo
contemplado en el mismo y a (ii) quienes ingresaron con anterioridad a dicha fecha se
aplicará el régimen hasta ese entonces vigente para dichas personas por razón de los
riesgos de su labor, esto es el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986, para lo
cual deben haberse cubierto las cotizaciones correspondientes.
66. De acuerdo con lo anterior, con la expedición del Decreto 1950 de 2005 ( artículo
2.°) y lo establecido en el parágrafo 5.° del acto Legislativo 01 de 2005, basta con
acreditar que la vinculación del servidor del INPEC se hubiese dado con anterioridad
al 28 de julio de 2003, cuando entró en vigencia del Decreto 2090 de 2003, a efectos
de obtener el reconocimiento a que tenga derecho acorde con lo dispuesto en la Ley
32 de 1986 tal como lo ha sostenido esta Corporación con anterioridad 19
67. En esta misma línea la Corte Constitucional en sentencia T 021- de 2022 consideró
que la interpretación que permite materializar los principios de supremacía
constitucional (artículo 4.° Superior) y favorabilidad laboral (artículo 53 Superior) en el
caso concreto es aquella que le da primacía al Acto Legislativo 01 de 2005, parágrafo
5.° del artículo 1.°, con base en el cual se aplica la Ley 32 de 1986 a los funcionarios
del INPEC que hubieren ingresado a la entidad antes de la entrada en vigencia del
Decreto Ley 2090 de 2003, es decir, el 28 de julio de 2003. Esto señaló la Corporación,
18 «Parágrafo transitorio 5º. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto
2090 de 2003, a partir de la entrada en vigencia de este último decreto, a los miembros del cuerpo de custodia y
vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional se les aplicará el régimen de alto riesgo contemplado en el mismo. A
quienes ingresaron con anterioridad a dicha fecha se aplicará el régimen hasta ese entonces vigente para dichas
personas por razón de los riesgos de su labor, este es el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986, para lo
cual deben haberse cubierto las cotizaciones correspondientes.»
19 Sentencia de 30 de octubre de 2024, dictada dentro del proceso radicado interno 2987-2024 con ponencia del
consejero Dr. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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luego de traer a colación las intervenciones de los congresistas frente al parágrafo 5°
transitorio del Acto legislativo en mención:
«57.8 La aplicación de estos criterios al conflicto interpretativo previamente expuesto,
permiten a esta Sala determinar que el régimen de transición de los funcionarios del
INPEC es el establecido en el Decreto 1950 de 2005 y el Acto Legislativo 01 de 2005,
como se observa a continuación:
• Según el criterio jerárquico, se debe preferir la norma que tenga rango superior. En
este caso están involucradas, por una parte, la Ley 100 de 1993 y el Decreto Ley 2090
de 2003, y por el otro, el Decreto 1950 de 2005 y el Acto Legislativo 01 de 2005. Por
ende, ésta última disposición jurídica es la que debería primar al tener naturaleza
constitucional, lo que redundaría en una aplicación del principio de supremacía de la
Constitución establecido en el artículo 4° Superior: “La Constitución es norma de
normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma
jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”.
• De conformidad con el criterio cronológico se debe preferir la norma posterior sobre la
anterior, de manera que prevalezca la voluntad expresada después en el tiempo. En el
debate actual estaría una Ley de 1993 y un Decreto Ley del 2003, pero por otra parte
un Decreto y un Acto Legislativo que datan del 2005, por lo que resultaría claro que
también se deberían preferir éstas últimas disposiciones al ser proferidas en un
momento subsiguiente.
• En cuanto al criterio de especialidad debe primar la norma que regula un tema especial
sobre la legislación que tenga un carácter más general. Respecto al régimen de
pensiones referido, se resalta que la Ley 100 de 1993 regula el Sistema General de
Seguridad Social en pensiones y el Decreto Ley 2090 de 2003 fija las condiciones para
las actividades de alto riesgo, dentro de las cuales están incluidas las labores de los
trabajadores del cuerpo de custodia del INPEC. En cambio, el Decreto 1950 de 2005 y
el Acto Legislativo 01 de 2005 se refieren específica y únicamente a “los miembros del
Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional” y no fija reglas
generales ni lineamientos sobre el resto de actividades riesgosas. Por ende, también
prevalecerían estas normas sobre aquellas, atendiendo su carácter especial».
68. Establecido lo anterior, debe precisarse que, en relación con la liquidación de la
pensión, la Ley 32 de 1986 no indicó los factores que deben tenerse en cuenta por lo
que es necesario acudir a lo dispuesto en el artículo 114 ibidem que dispuso que en
los aspectos no establecidos en la ley se aplicarían las normas vigentes para los
empleados públicos nacionales, lo cual fue reiterado por el artículo 184 del Decreto
407 de 1994, como se precisó por parte de esta Corporación en sentencia de 22 de
octubre de 2020, en los siguientes términos 20:
«Pese a que en el anterior recuento quedó claro que los miembros del cuerpo de custodia
y vigilancia del INPEC tienen derecho a la pensión al cumplir con el tiempo de servicio en
los términos del artículo 96 de la Ley 32 de 1986, nada se estableció́́́́ en relación con la
forma de liquidar la misma, por lo que se debe tener en cuenta que en el artículo 114
ibidem se determinó́́́́ que en los aspectos no previstos en la ley, se aplican las normas
vigentes para los empleados públicos nacionales, lo cual fue reiterado en el artículo 184
del Decreto 407 de 1994.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 22 de
octubre de 2020, radicado N.º 88001-23-33-000-2014-00006-01(4678-14).
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De acuerdo con ese marco, debe tenerse en cuenta las disposiciones del régimen general,
concretamente la Ley 4 de 1966, en cuyo artículo 4 se estableció́́́́ :
«ARTÍCULO 4o. A partir de la vigencia de esta Ley, las pensiones de jubilación o de
invalidez a que tengan derecho los trabajadores de una o más entidades de Derecho
Público, se liquidarán y pagarán tomando como base el setenta y cinco por ciento (75%)
del promedio mensual obtenido en el último año de servicios».
Con respecto a los factores que constituyen salario para la liquidación de la pensión de
jubilación de que trata la Ley 32 de 1986, esta Subsección, en sentencia del 27 de
septiembre de 201821 sostuvo que serían los dispuestos en el Decreto 446 de 1994, es
decir: la prima de navidad (art. 2), la prima de vacaciones (art. 3), la prima de servicios
(art. 4), los pasajes y gastos de transporte (art. 7), subsidio de transporte (art. 13), subsidio
de alimentación (art. 14), sobresueldo (art. 17). Por el contrario, no constituyen factor
salarial: la prima de instalación y alojamiento (art. 5), la prima de capacitación (art. 6), la
prima de clima (art. 8), la prima extracarcelaria (art. 11), la prima de vigilantes instructores
(art. 12) y el subsidio familiar (art. 15).
De acuerdo con lo anterior, debido a que en el régimen específico del INPEC no se
estableció́ la forma en la que se debe liquidar la pensión, esta Sala concluye que,
para quienes son beneficiarios de la Ley 32 de 1986, el derecho pensional se debe
liquidar con el 75% del promedio mensual obtenido en el último año de servicios
con los factores establecidos en el Decreto 446 de 1994.» (Negrilla Fuera de texto)
69. Como se advierte de todo lo anterior, las pensiones que gozan de un régimen
especial no se rigen por las disposiciones contenidas en las Leyes 33 y 62 de 1985,
por lo tanto, a la pensión de jubilación reconocida a los empleados del INPEC, bajo los
requisitos de la Ley 32 de 1986, los Decretos 407 de 1994, 2093 de 2003, 1950 de
2005 artículo 2.° y el parágrafo 5.° transitorio del Acto Legislativo 01 de 2005 no les es
aplicable dicha normativa, tal como lo consagra el artículo 1.° de la Ley 33 de 1985, ni
tampoco las previsiones de la Ley 100 de 1993, como lo ha señalado esta Corporación
en anteriores oportunidades22.
70. En este sentido las reglas fijadas en la sentencia del 28 de agosto de 2018 no
resultan extensibles a los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia, pues en la
citada decisión el Consejo de Estado se pronunció sobre la forma de establecer el IBL
cuando se trate de eventos en los que la persona se encuentre en el régimen de
transición de la Ley 100 de 1993.
3.5. Caso concreto
3.5.1. De las pruebas.
71. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala de Subsección advierte como
relevantes las siguientes pruebas:
21 Rad. 27001-23-31-000-2011-00242-01 (1344-2014). Demandante: José Arcenio Moreno. Demandados: Caja
Nacional de Previsión Social (Cajanal) y Ministerio de la Protección Social
22 Sentencia de 21 de mayo de 2020 dentro del proceso radicado 20001-23-39-000-2015-00434-01 (4589-2018).
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• El señor Emerson Eduardo Cano Álvarez prestó sus servicios al Instituto
Penitenciario y Carcelario INPEC, en los siguientes periodos:
Entidad Cargo Desde Hasta Tiempos de
servicio
INPEC23 Auxiliar 29 de enero de 20 de enero de 11 meses y 20
bachiller 1994 1995 días.
INPEC24 dragoneante 3 de marzo de 24 de 20 años, 9
1995 diciembre de meses y 21
2015 días de
servicios
• Que durante el periodo comprendido entre el 24 de diciembre de 2014 y el 24
de diciembre de 2015 devengó los siguientes factores 25:
• Asignación básica.
• Bonificación por servicios prestados.
• Auxilio de alimentación.
• Auxilio de transporte.
• Bonificación por recreación.
• Prima de riesgo.
• Prima de vacaciones.
• Prima de servicios.
• Prima de navidad.
• Sobresueldo.
• Subsidio de unidad familiar.
• Vacaciones.
• Prima de seguridad 12%.
• De acuerdo con la certificación electrónica de tiempos laborados CETIL, durante
los periodos señalados anteriormente de realizaron aportes a pensión sobre los
siguientes factores: 26
• Asignación básica.
• Sobresueldo.
• Bonificación por servicios prestados.
• Auxilio de alimentación.
• Auxilio de transporte.
• Bonificación por servicios prestados.
• Vacaciones.
• Prima de vacaciones.
• Prima de navidad.
• Prima de servicios.
23 Folio 92 del expediente.
24 Folio 50 del expediente.
25 Folios 127 y siguientes del expediente.
26 Folio 322 y siguientes del expediente.
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• A través de Resolución GNR 2863 de 6 de enero de 2017 Colpensiones negó
el reconocimiento de una pensión especial de vejez prevista en la Ley 32 de 1986 al
señor Emerson Eduardo Cano Álvarez, por estimar que no contaba con el número de
semanas cotizadas y con el tiempo laborado exigido por la norma para ser beneficiario
de la prestación, pues acreditaba con 19 años, 1 mes y 22 días de servicio (1023
semanas)27
• Mediante Resolución SUB 209731 de 27 de septiembre de 2017 la entidad
resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la anterior decisión confirmándola
en su totalidad. 28. En esta oportunidad, precisó que, como consecuencia de las
inconsistencias en la historia laboral en relación con los tiempos cotizados y no
cargados a la misma, solicitó a la Dirección de Afiliaciones e Historia Laboral la
validación de los mismos, y esta, luego de verificar el expediente administrativo, señaló
que el actor contaba con 1015 semanas al servicio del INPEC, siendo necesarias 1029
semanas correspondientes a 20 años para adquirir la prestación.
• En Resolución DIR 16718 del 29 de septiembre de 201729, la entidad resolvió el
recurso de apelación interpuesto contra la misma resolución, confirmándola. Precisó
que el demandante contaba con 1024 semanas de cotización como dragoneante al
servicio del INPEC, por lo que no contaba con los 20 años de servicios requeridos por
la Ley 32 de 1986 para acceder a la prestación e indicó que no podían tenerse en
cuenta los periodos laborados entre el 29 de enero de 1994 y 20 de enero de 1995
durante los cuales el actor se desempeñó como bachiller auxiliar, pues no estuvo
expuesto a la actividad catalogada como de alto riesgo por la ley.
3.5.2. Análisis de la Sala
72. El señor Emerson Eduardo Cano Álvarez en calidad de exfuncionario del Cuerpo
de Custodia y Vigilancia del INPEC, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho solicitó la nulidad de la Resolución GNR 2863 de 6 de
enero de 2017 proferida por Colpensiones, a través de la cual se negó el
reconocimiento de una pensión de jubilación de conformidad con el régimen especial
de alto riesgo previsto en el Decreto 2090 de 2003 y la Ley 32 de 1986 y de las
Resoluciones SUB 209731 de 27 de septiembre de 2017 y DIR 16718 de 29 de
septiembre de 2017 a través de las cuales se resolvieron los recursos de reposición y
apelación interpuestos contra la anterior decisión, confirmándola en su totalidad.
73. El juez de primera instancia encontró demostrado que el actor cumplió con los
requisitos previstos en el Decreto 2090 de 2003 y la Ley 32 de 1986, para ser
beneficiario del régimen especial previsto para los funcionarios del INPEC que
desempeñen cargos catalogados como de alto riesgo, pues de las pruebas allegadas
27 Folio 34 del expediente
28 Folio 39 del expediente
29 Folio 44 del expediente.
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se probó que ingresó al INPEC antes de la entrada en vigor del Decreto 2090 de 2003
y laboró durante 20 años en la entidad, en donde ocupó el cargo de dragoneante. En
ese sentido, declaró la nulidad de los actos acusados, y a título de restablecimiento
del derecho, reconoció la pensión de jubilación al demandante en cuantía del 75% de
los factores devengados durante el último año de servicios enlistados en el Decreto
446 de 1994, esto es, asignación básica, sobresueldo, bonificación por servicios
prestados, los auxilios de transporte y de alimentación, y las primas de servicios, de
navidad y de vacaciones.
74. Por su parte, la demandada señala que el actor no cumplía con los requisitos
establecidos en la Ley 32 de 1994 para adquirir la pensión dado que no se pueden
contabilizar los periodos laborados como auxiliar bachiller, esto es, desde el 29 de
enero de 1994 hasta el 25 de enero de 1995 y además, que para el reconocimiento de
la pensión debe liquidarse con lo señalado en el régimen general artículos 21 y 36
inciso 3.° de la Ley 100 de 1993, el Decreto 1158 de 1994 y además, que no se ordenó
el descuento de valor alguno por concepto de aportes en pensiones dejados de realizar
a cargo del empleador y el empleado.
75. Revisado el expediente se advierte que, según las certificaciones de periodos de
vinculación laboral para bonos pensionales y pensiones de 10 de marzo de 2010, 30 el
demandante laboró al servicio del INPEC ocupando el cargo de dragoneante desde el
3 de marzo de 1995 hasta el 24 de diciembre de 2015, esto es, durante 20 años, 9
meses y 21 días. En este sentido si bien hubo una vinculación previa como auxiliar
bachiller, de una parte, ese tiempo no fue desempeñado en una actividad de alto riesgo
y de otra, los 20 años de servicios requeridos en la norma fueren acreditados con
suficiencia en el desempeño del cargo de dragoneante, no siendo necesario sumarle
tiempos adicionales.
76. En ese sentido, el actor es beneficiario del régimen especial de alto riesgo previsto
en el Decreto 2090 de 2003 y la Ley 32 de 1986, pues durante más de 20 años se
desempeñó como dragoneante, que según lo dispuesto en los artículos 10 de la Ley
32 de 1986 y 126 y 127 del Decreto Ley 407 de 1994, este cargo corresponde al
Cuerpo de Custodia y Vigilancia.
77. Así las cosas, no le asiste razón a la demandada al señalar que no podían
contabilizarse los tiempos como auxiliar dado que de una parte el a quo no los tuvo en
cuenta en la sumatoria de tiempos y, además, el actor acreditó con suficiencia el
cumplimiento de los 20 años de servicios como dragoneante, cargo de alto riesgo.
78. De otra parte, es evidente que la pensión del demandante se rige bajo los requisitos
de la Ley 32 de 1986, los Decretos 407 de 1994, 2093 de 2003, 1950 de 2005 artículo
2.° y el parágrafo 5.° transitorio del Acto Legislativo 01 de 2005 por lo que no le es
aplicable la Ley 33 de 1985, ni tampoco las previsiones de la Ley 100 de 1993. En este
30 Folio 50 del expediente.
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sentido las reglas fijadas en la sentencia del 28 de agosto de 2018 no resultan
extensibles a su caso. En esa medida no goza de vocación de prosperidad el
argumento del recurrente según el cual el ingreso base de liquidación de la pensión
del demandante debió determinarse, de acuerdo con lo previsto en el inciso 3.º del
artículo 36 o del artículo 21 de la Ley 100 de 1993 e incluyendo los factores salariales
señalados en el Decreto 1158 de 1994.
79. Esto por cuanto, para quienes son beneficiarios de la Ley 32 de 1986, el derecho
pensional se debe liquidar con el 75% del promedio mensual obtenido en el último año
de servicios con los factores establecidos en el Decreto 446 de 1994, tal como lo
señaló el a quo, por lo que dicho argumento tampoco tiene vocación de prosperidad.
80. Así las cosas, para quienes son beneficiarios de la Ley 32 de 1986, el derecho
pensional se debe liquidar con el 75% del promedio mensual obtenido en el último año
de servicios con los factores establecidos en el Decreto 446 de 1994, tal como lo
señaló el a quo.
81. Revisado el expediente, se encuentra demostrado que en el periodo comprendido
entre el 24 de diciembre de 2014 y el 24 de diciembre de 2015, el demandante
devengó entre otros factores salariales, la asignación básica, el sobresueldo, la
bonificación por servicios prestados, los auxilios de transporte, y de alimentación, las
primas de servicios, de navidad y de vacaciones, 31que se encuentran enlistados como
tal en el Decreto 446 de 1994, por lo que su inclusión resultaba procedente para
efectos de liquidar el IBL en el caso concreto.
82. La parte demandada señaló no podía liquidar la pensión teniendo en cuenta
factores no reportados, pues ello equivaldría a un enriquecimiento sin causa del
empleado público e indicó que el a quo no autorizó a Colpensiones a repetir contra el
empleador la proporción que a éste corresponde en relación con los respectivos
aportes por todo el tiempo de servicios del demandante con la entidad, así como
tampoco se dijo nada frente a la autorización de descontar del retroactivo pensional
las sumas correspondientes a los aportes sobre los factores cuya inclusión se ordenó.
83. Advierte la Sala que, revisadas las certificaciones electrónicas de tiempos
laborados - CETIL, 32 se observa que, durante el periodo comprendido entre diciembre
de 2014 y diciembre de 2015, se efectuaron cotizaciones sobre la totalidad de los
emolumentos que fueron incluidos por el Tribunal para determinar el IBL de la pensión
del demandante, esto es, asignación básica, sobresueldo, bonificación por servicios
prestados, los auxilios de alimentación y de transporte y las primas de vacaciones, de
navidad y de servicios.
84. Sin embargo, dado que la pensión no solo se sufraga con los aportes del último
año de servicios es evidente que le asiste razón a COLPENSIONES en que debe
31 Folio 127 y siguientes del expediente.
32 Folio 322 y siguientes del expediente.
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Demandante: Emerson Eduardo Cano Álvarez
ordenarse el descuento de aquellos aportes que no se efectuaron tanto a cargo del
demandante, como del empleador. Esto sin que pueda considerarse que la omisión de
los aportes por parte del empleador es causa para denegar el reconocimiento
pensional dado que es al empleador a quien le incumbe la obligación legal de practicar
los descuentos y realizar los aportes pensionales que, por mandato expreso del
legislador, son objeto de cotización obligatoria. Conviene recordar que la realización
de tales aportes no constituye una facultad dispositiva del trabajador, sino un deber
jurídico imperativo a cargo del empleador, derivado tanto del régimen legal de la
seguridad social como de la condición de norma de orden público que ostentan las
disposiciones que regulan la materia.
85. En esa medida, la Sala confirmará parcialmente la sentencia de primera instancia
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia y adicionará una numeral
referente a la obligación de Colpensiones sobre la realización de los descuentos en
aportes pensionales, de acuerdo con las consideraciones expuestas
3.6. De la condena en costas en segunda instancia.
86. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente
a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
87. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso
de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo
188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
88. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
89. En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas, toda vez
que las peticiones del recurso de apelación están siendo concedidas de manera
parcial, por manera que no puede predicarse que alguna de las partes haya sido
vencida en el proceso. En consecuencia, se prescindirá de la condena en costas en
esta instancia.
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Demandante: Emerson Eduardo Cano Álvarez
90. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia de 29 de noviembre de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia dentro del proceso de radicado
05001-23-33-000-2018-00393-00 adelantado por el señor Emerson Eduardo Cano
Álvarez contra Colpensiones y el INPEC, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: ADICIONAR la sentencia proferida el 29 de noviembre de 2023 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, señalada en el numeral anterior, para señalar que
la Administradora Colombiana de Pensiones deberá realizar los descuentos en aportes
en pensión sobre los factores cuya inclusión en la liquidación pensional se ordena.
Para ello se autoriza a la entidad, descontar de los valores adeudados al libelista en
virtud de la condena, los saldos pendientes parciales o totales en su contra si existen
por concepto de aportes a pensión que en la proporción que como trabajador le
correspondía efectuar por el período de su relación laboral con el INPEC. Igualmente,
COLPENSIONES deberá realizar las actuaciones interadministrativas
correspondientes para que se adelante el cobro respectivo ante el INPEC frente a las
sumas faltantes por concepto de cotizaciones a pensión que le habría correspondido
como empleadora. Lo anterior, debidamente actualizadas y sin interrumpir la
efectividad de la mesada pensional.
TERCERO: Sin condena en costas a la parte demandada en esta instancia.
CUARTO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen
previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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