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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2020-00281-01

Fecha
23 de junio de 2022
Consejero ponente
Sandra Lisset Ibarra Velez
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2020-00281-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia No. 103 del 18 de junio de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Tercera de Decisión, que negó las pretensiones de la demanda, incoada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) contra la señora María Elina Beltrán Alvarado, para declarar la nulidad del reconocimiento pensional del señor José Reinel Cardona Grisales (Q.E.P.D). 36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección B, Consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez, Bogotá D.C., 23 de octubre de 2020, Radicación: 47001-23-33-000-2017- 00025-01(4414-2017). 18 Expediente No. 17000-23-33-000-2020-00281-01 No. Interno: 3914-2021 Demandante: UGPP Demandado: María Elina Beltrán Alvarado SEGUNDO: Por la secretaría de la sección segunda, regresar el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2020-00281-01

Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Velez

23 de junio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

CONSEJERA PONENTE: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Bogotá D.C., 23 de junio de 2022.

Radicación: 17001-23-33-000-2020-00281-01
N° Interno: 3914-2021
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)1
Demandado: María Elina Beltrán Alvarado
Tema: Pensión de jubilación – Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (INPEC)2 - Miembros del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional.

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA – DECRETO 01 DE 1984

Teniendo en cuenta que no existen irregularidades, ni nulidades procesales;
decide la Sala3 el recurso de apelación interpuesto por el ente previsional
demandante, como apelante único, contra la sentencia No. 103 del 18 de junio de
20214 dictada por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Tercera de Decisión,
que negó las pretensiones de la demanda encaminadas a declarar la nulidad del
reconocimiento pensional.

ANTECEDENTES

Pretensiones

1. La UGPP, a través de apoderado especial y en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho en lesividad, presentó demanda con la
finalidad de obtener la nulidad de la Resoluciones No. 53879 de 30 de octubre de

1 En lo que sigue UGPP.
2 En adelante INPEC.
3 El expediente ingresó al Despacho el 21 de febrero de 2022, según informe secretarial visible en samai

índice 10.
4
Ver Samaí índice 2 documento 62 FalloPrimeraInstancia folios 1 al 16.

2
Expediente No. 17000-23-33-000-2020-00281-01
No. Interno: 3914-2021
Demandante: UGPP
Demandado: María Elina Beltrán Alvarado

20085, que reconoció la pensión de vejez de conformidad con el régimen especial
de los empleados del INPEC a favor del causante José Reinel Cardona Grisales
(Q.E.P.D); No. PAP 9390 de 17 de agosto de 2010 6; y No. RDP 17225 del 29 de
mayo de 20147, que reliquidaron la pensión de vejez.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó se ordene la devolución de las
sumas percibidas por concepto del reconocimiento pensional y en forma
retroactiva e indexadas, al pago de intereses, y la condena en costas.

Hechos

3. Para una mejor comprensión del asunto, a continuación la Sala ilustra la
situación fáctica expuesta en la demanda.

3.1. Indica que, el señor José Reinel Cardona Grisales (Q.E.P.D) nació el 9 de
junio de 19588, y laboró al servicio del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
INPEC desde 13 de marzo de 1984 hasta el 30 de junio de 2009 (1301 semanas),
adquiriendo el estatus el 12 de marzo de 2004 fecha en que cumplió 20 años de
servicios.

3.2. Manifiesta que, CAJANAL le negó el reconocimiento de la pensión mediante
Resolución No. 30948 del 22 de diciembre de 20049, al estimar que no le es
aplicable la Ley 32 de 1986, teniendo en cuenta que a la entrada en vigencia de
la Ley 100 de 1993, contaba con 36 años de edad y 13 años, 2 meses y 16 días
de servicios. Decisión que fue confirmada en vía gubernativa a través de la
Resolución No. 1319 del 18 de marzo de 2005 10.

3.3. Informa que, mediante Resolución No. 53879 del 30 de octubre de 200811,
CAJANAL le reconoció pensión de vejez en aplicación de la Ley 32 de 1986, con
el 75% del promedio de lo devengado (asignación básica, bonificación por
servicios prestados, sobresueldos) en los últimos diez (10) años de servicios, esto

5
Signada por gerente general de Cajanal.
6
Firmada por el liquidador de Canajal EICE en Liquidación.
7
Suscrita por la subdirectora de determinación de derechos pensionales de la UGPP.
8 Ver Samaí índice 2 documento 02 Demanda folio 95 cédula de ciudadanía.
9 Ver Samaí índice 2 documento 02 Demanda folios 38 al 41.
10
Ver Samaí índice 2 documento 02 Demanda folios 43 al 46
11
Ver Samaí índice 2 documento 02 Demanda folios 47 al 53

3
Expediente No. 17000-23-33-000-2020-00281-01
No. Interno: 3914-2021
Demandante: UGPP
Demandado: María Elina Beltrán Alvarado

es del 1 de junio de 1997 al 30 de mayo de 2007, efectiva a partir del 1 de junio
de 2007 y condicionada a demostrar el retiro del servicio. (Acto Acusado)

3.4. El INPEC mediante la Resolución No. 5952 del 18 de junio de 2009 12, aceptó
la renuncia al cargo de dragoneante del establecimiento penitenciario de mediana
seguridad y carcelario de Manizales presentada por el señor José Reinel Cardona
Grisales a partir del 1 de julio de 2009.

3.5. Que CAJANAL mediante la Resolución No. PAP 009390 de 17 de agosto de
201013 reliquidó la pensión de vejez sobre el salario promedio entre el 1 de julio de
1999 hasta el 30 de junio de 2009 y los con los factores salariales de bonificación
por servicios prestados, sobresueldo y asignación básica en cuantía a $970.175,
efectiva a partir del 1 de Julio de 2009, condicionada a demostrar retiro definitivo
del servicio. (Acto Acusado)

3.6. Señala que la UGPP a través de la Resolución No. RDP 17225 del 29 de
mayo de 201414, reliquidó la pensión de vejez, con el promedio de los salarios entre
1 de julio de 2008 y el 30 de junio de 2009, con los factores salariales de asignación
básica mes, auxilio de alimentación, auxilio de transporte, prima de navidad,
sobresueldo, bonificación por servicios prestados, prima de vacaciones, en
cuantía de la misma a $1.266.015, efectiva a partir del 1 de Julio de 2009
condicionada al retiro definitivo del servicio. (Acto Acusado)

3.7. Sostiene que la UGPP mediante la Resolución No. RDP 003723 de 29 de
enero de 201615 la UGPP negó la reliquidación de pensión, en razón a que la prima
de riesgo y el subsidio de unidad familiar no constituyen factores salariales a incluir
en la liquidación de la prestación. Decisión confirmada en vía gubernativa a través
de las Resoluciones No. RDP 015350 de 12 de abril de 201616 y No. RDP 016325
del 20 de abril de 201617.

12
Ver Samaí índice 2 documento 02 Demanda folio 86.
13
Ver Samaí índice 2 documento 02 Demanda folios 54 al 59.
14
Ver Samaí índice 2 documento 02 Demanda folios 60 al 64
15
Ver Samaí índice 2 documento 02 Demanda folios 67 al 70.
16
Ver Samaí índice 2 documento 02 Demanda folios 72 al 74
17
Ver Samaí índice 2 documento 02 Demanda folios 76 al 79.

4
Expediente No. 17000-23-33-000-2020-00281-01
No. Interno: 3914-2021
Demandante: UGPP
Demandado: María Elina Beltrán Alvarado

3.8. Relata que el señor José Reinel Cardona Grisales falleció el 12 de diciembre
de 201818.

3.9. Cuenta que la UGPP mediante la Resolución No. RDP 011781 del 09 de abril
de 201919, la UGPP reconoció y ordenó el pago de una pensión de sobrevivientes
con ocasión del fallecimiento de José Reinel Cardona Grisales, a partir de 13 de
diciembre de 2018 a la señora María Elina Beltrán.

Concepto de violación

7. La parte demandante cimenta sus pretensiones en los artículos 1, 2, 4, 6,
121,123 inciso 2º, 124 y 128 del Constitución Política; Ley 32 de 1986; Decreto
407 de 1994; Decreto 2090 de 2003; Ley 100 de 1993; y Ley 797 de 2003.

8. Para el efecto, sostiene que el demandado laboró en el INPEC por más de 20
años, desempeñando el cargo de dragoneante en el INPEC, por lo que al 1 de
abril de 1994, el causante tenía tan solo 10 años y 19 días de servicio y 35 años
de edad, pues no contaba con los 15 de años de servicio, ni con los 40 años de
edad, como lo exige el artículo 36 ibídem para ser beneficiario del régimen de
transición allí establecido y en ese orden debía acreditar los requisitos pensionales
dispuestos en el artículo 6° del Decreto 2090 de 2003; y cumplir con el requisito
de los 55 años de edad y 1250 semanas de cotización, de las cuales por lo menos
700 semanas deben tener cotización especial, acreditando el requisito de edad el
15 de junio de 2013 fecha en la que cumplió 55 años, y señalando que adicional
a ello, debe acreditar las 1250 semanas exigidas en el artículo 9° de la Ley 797 de
2003.

Contestación de la demanda

9. La demandada, se opone a la prosperidad de las pretensiones al considerar que
de acuerdo con lo previsto en el parágrafo transitorio 5° del acto legislativo 01 de
2005 y el decreto 1950 de 2005, que reglamentó el artículo 140 de la Ley 100 de
1993 y la sentencia C-651 de 2015, para el reconocimiento y pago de la pensión
de jubilación conforme con la Ley 32 de 1986 (20 años de servicios sin edad), el

18
Ver Samaí índice 2 documento 02 Demanda folio 91 registro civil de defunción.
19
Ver Samaí índice 2 documento 02 Demanda folios 81 al 84.

5
Expediente No. 17000-23-33-000-2020-00281-01
No. Interno: 3914-2021
Demandante: UGPP
Demandado: María Elina Beltrán Alvarado

causante acreditó con suficiencia veinte (20) años, once (11) meses y dos (2) días,
antes de la entrada en vigencia del Decreto 2090 del 26 de julio de 2003; esto es
el 28 del mismo mes y año, lo que determinó la consolidación de su derecho
pensional. De este modo, sostiene que los actos administrativos enjuiciados se
ajustan a derecho y propone las excepciones cosa juzgada constitucional,
constitucionalidad y legalidad de los actos acusados, exigencia de la aplicación de
la ley que no estaba vigente al momento de consolidar el derecho, existencia de
un derecho adquirido, inexistencia de la obligación, garantía plena del equilibrio
financiero de las pensiones de alto riesgo por puntos adicionales sobre los cuales
se cotizan, de cobro de lo no debido, inexistencia del derecho y de la obligación,
inexistencia de causa para demandar, prescripción, buena fe, y confianza legitima.

La sentencia de primera instancia

10. El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Tercera de Decisión, negó las
pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas.

11. Para decidir así fijó como problemas jurídicos, determinar:

“¿Contaba el causante José Reinel Cardona Grisales con derecho a que su
mesada pensional se reliquidara de conformidad con lo establecido en el artículo
96 de la Ley 32 de 1986?

¿El demandado está obligado a reintegrar las sumas de dinero que recibió en
exceso en la liquidación de su pensión?”

12. El a quo, luego de analizar la normativa aplicable al régimen de transición
pensional previsto en la Ley 100 de 1993, las normas que gobiernan el pensión de
jubilación de las funcionarios del INPEC y la situación fáctica del causante,
determinó que el señor José Reinel Cardona Grisales, de conformidad con el
artículo 168 del Decreto 407 de 1994 tiene derecho a gozar de la pensión de
jubilación en los términos establecidos en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986,
pues, prestó sus servicios en el INPEC desde el 13 de marzo de 1984 al 30 de
junio de 2009, lo que demuestra que al 27 de julio de 2003, fecha de entrada en
vigencia del Decreto 2090 de 2003 contaba con más de 500 semanas de
cotización especial.

6
Expediente No. 17000-23-33-000-2020-00281-01
No. Interno: 3914-2021
Demandante: UGPP
Demandado: María Elina Beltrán Alvarado

13. De este modo, declaró probadas las excepciones de Constitucionalidad y
legalidad de los actos acusados; inexigencia(sic) de aplicación de la Ley que no
estaba vigente al momento de consolidar el derecho, existencia de un derecho
adquirido, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido; inexistencia del
derecho y de la obligación e inexistencia de causa para demandar, y negó las
pretensiones de la demanda.

14. En cuanto a las costas estimó que, de acuerdo con lo previsto en el artículo
188 de la Ley 1437 de 2011, no hay lugar a su condena a la parte demandante.

Recurso de apelación

15. El ente previsional demandante, como apelante único, interpone recurso de
apelación con el propósito que sea revocado el fallo de primera instancia y, en su
lugar, se accedan a las suplicas de la demanda, centro su inconformidad al afirmar
que el a quo no tuvo en cuenta que el señor José Reinel Cardona Grisales nació
el 9 de junio de 1958, y laboró como dragoneante en el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario- INPEC desde el 13 de marzo de 1984 hasta el 30 de
junio de 2009, cumpliendo con los 20 años, pues al 1 de abril de 1994 (fecha de
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993) el causante no tenía 15 de años de
servicio ni 40 años de edad como lo exige el artículo 36 ibídem para ser
beneficiario del régimen de transición, y en tal sentido afirma que “en virtud de lo
dispuesto en el artículo 6° del Decreto 2090 de 2003 norma aplicable como quiera
que los 20 años de servicio en cargos de excepción del INPEC los cumplió en
vigencia del Decreto 2090 de 2003, que exige 20 años de servicios y haber
cumplido los requisitos señalados en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para
ser merecedor de los beneficios señalados en la Ley 32 de 1986., hecho que no
lo hace merecedor del régimen especial de la Ley 32 de 1986, situación que es
contraria a lo señalado en el acto administrativo materia de demanda, pues como
se vio tanto las normas como la jurisprudencia aplicable al caso en concreto si
establecieron que se debía regir por lo señalado en el régimen general de
pensiones señalado en la Ley 100 de 1993 articulo 36 y 279, en concordancia con
el artículo 1 del Decreto 691 de 1994”.

Alegatos en segunda instancia y concepto del Ministerio Público

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Expediente No. 17000-23-33-000-2020-00281-01
No. Interno: 3914-2021
Demandante: UGPP
Demandado: María Elina Beltrán Alvarado

16. La parte demandada presenta sus alegatos solicitando se confirme la decisión
del tribunal al estimar que es beneficiaria del régimen especial establecido en la
Ley 32 de 1982 aplicable para los funcionarios del INPEC. La parte demandante,
el Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

CONSIDERACIONES DE LA SALA PARA FALLAR

Problema Jurídico

17. De acuerdo con el cargo formulado en el recurso de apelación del ente
previsional demandante, como apelante único, le corresponde a la Sala determinar
si el causante era beneficiario del régimen legal establecido para los servidores
públicos que laboren en actividades de alto riesgo para el reconocimiento
pensional o por el contrario su derecho pensional se enmarcaba en lo previsto en
la Ley 797 de 2003.

18. Para resolver lo anterior, la Sala analizará el contexto normativo y
jurisprudencial de la pensión de jubilación para los funcionarios del INPEC y el
análisis del caso concreto

Marco normativo pensión de jubilación reconocida a los empleados del INPEC

19. Sea lo primero de indicar, que las pensiones que gozan de un régimen especial
no se rigen por las disposiciones previstas en las Leyes 33 y 62 de 1985, por lo tanto,
a la pensión de jubilación reconocida a los empleados del INPEC, bajo los requisitos
de la Ley 32 de 1986 y 407 de 1994, no les es aplicable dicha normativa. Así se
encuentra consignado en el artículo inicial de la Ley 33 de 1985, cuyo texto, en lo
pertinente, dispone:

«Artículo 1º. El empleado oficial que sirva o haya servicio veinte (20) años
continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco años (55),
tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una
pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por
ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante
el último año de servicio.

No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan
en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la ley haya

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Expediente No. 17000-23-33-000-2020-00281-01
No. Interno: 3914-2021
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determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen
especial de pensiones.»

20. En atención a lo anterior, se expidió la Ley 32 de 1986, «(p)or la cual se adopta
el Estatuto Orgánico del Cuerpo de Custodia y vigilancia», que reguló todo lo
relativo al ingreso, formación, capacitación, ascensos, traslados, retiros,
administración y régimen prestacional del personal de Custodia y Vigilancia y
Penitenciaria Nacional.

21. Dicha ley, en su artículo 96 estableció los requisitos para acceder a la pensión
de jubilación, así:

«Artículo 36. Pensión de jubilación. Los miembros del Cuerpo de Custodia
y Vigilancia Penitenciaria Nacional, tendrán derecho a gozar de la pensión
de jubilación al cumplir veinte (20) años de servicio, continuos o discontinuos
al servicio de la Guardia Nacional sin tener en cuenta su edad.»

22. Por lo dicho, se tiene que los empleados del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del
INPEC gozan de un régimen prestacional especial para efectos de la pensión de
jubilación, consistente en que tendrán derecho a que se les reconozca tal prestación
al cumplir 20 años de edad a cualquier edad.

23. Posteriormente, fue expedida Ley 65 de 1993, «(p)or la cual se expide el Código
Penitenciario y Carcelario», en donde se le otorgaron facultades extraordinarias al
Gobierno Nacional para dictar normas con fuerza de ley, entre otros aspectos, sobre
el régimen salarial, prestacional y pensional del personal de seguridad del INPEC,
oportunidad en la que el legislador dejó expresamente consignado que las nuevas
disposiciones no podían desmejorar los derechos y garantías de quienes para ese
momento ya prestaban sus servicios al instituto.

24. En desarrollo de dichas facultades, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 407
de 1994, «(p)or el cual se establece el régimen de personal del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario», norma que en su artículo 168 dispuso:

«ARTÍCULO 168. Los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia
Penitenciaria y Carcelaria Nacional, que a la fecha de la vigencia del presente
decreto se encuentren prestando sus servicios al Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario, INPEC, tendrán derecho a gozar de la pensión de
jubilación en los términos establecidos en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986.
El tiempo de servicio prestado en la fuerza pública se tendrá en cuenta para

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Expediente No. 17000-23-33-000-2020-00281-01
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Demandado: María Elina Beltrán Alvarado

estos efectos.

Con relación a los puntos porcentuales de cotización, serán determinados por
el Gobierno Nacional.

PARAGRAFO 1o. Las personas que ingresen a partir de la vigencia de este
decreto, al Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional,
tendrán derecho a una pensión de vejez en los términos que establezca el
Gobierno Nacional, en desarrollo del artículo 140 de la Ley 100 de 1993 para
las actividades de alto riesgo.

PARAGRAFO 2o. El personal Administrativo del Instituto se regirá por las
normas establecidas en la Ley 100 de 1993.»

25. Así las cosas, los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC que
para el 21 de febrero de 1994, fecha de entrada en vigencia del Decreto 407 de
1994, que se encontraran prestando sus servicios a la entidad tendrían derecho a
gozar de la pensión de jubilación en los términos establecidos en el artículo 96 de
la Ley 32 de 1986. Por el contrario, quienes ingresaron a laborar como guardias de
dicha institución con posterioridad a la mencionada fecha, la prestación será
reconocida conforme a lo dispuesto por el Gobierno Nacional sobre la materia en
desarrollo del artículo 140 de la Ley 100 de 1993.

26. Es de señalar, que la Ley 100 de 1993 en su artículo 139 estableció que el
Gobierno Nacional debía determinar cuáles eran las actividades de alto riesgo que
requerían de un tratamiento especial respecto el número de semanas cotizadas y
el monto de la pensión, fue así como en el artículo 32 ibídem catalogó estas
actividades de los servidores públicos así:

«ARTÍCULO 140. ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS. De conformidad con la Ley 4a. de 1992, el Gobierno Nacional
expedirá el régimen de los servidores públicos que laboren en actividades de
alto riesgo, teniendo en cuenta una menor edad de jubilación o un número
menor de semanas de cotización, o ambos requisitos. Se consideran para este
efecto como actividades de alto riesgo para el trabajador aquellas que
cumplen algunos sectores tales como el Cuerpo de Custodia y Vigilancia
Nacional Penitenciaria. Todo sin desconocer derechos adquiridos.

El Gobierno Nacional establecerá los puntos porcentuales adicionales de
cotización a cargo del empleador, o del empleador y el trabajador, según cada
actividad.»

27. Este artículo, catalogó la actividad desarrollada por el cuerpo de custodia y
vigilancia del INPEC como de alto riesgo y dispuso nuevamente que será el

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Gobierno Nacional quien debe expedir un régimen para este tipo de servidores,
teniendo en cuenta una menor edad de jubilación o un número menor de semanas
de cotización, o ambos requisitos.

28. Ahora bien, el presidente de la República, en uso de las facultades
extraordinarias otorgadas en el artículo 17 (numeral 2) 20 de la Ley 797 de 2003,
que reformó «(…) algunas disposiciones del sistema general de pensiones
previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes
Pensionales exceptuados y especiales», expidió el Decreto 2090 de 2003, «(p)or
el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se
modifican y señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de
pensiones de los trabajadores que laboran en dichas actividades» 21, el cual en su
artículo 2º, numeral 7º, enlistó como actividad de alto riesgo para la salud del
trabajador la desarrollada en el INPEC. Veamos:

«ARTÍCULO 2o. ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD DEL
TRABAJADOR. Se consideran actividades de alto riesgo para la salud de
los trabajadores las siguientes:

(…)

7. En el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, la actividad del
personal dedicado a la custodia y vigilancia de los internos en los centros
de reclusión carcelaria, durante el tiempo en el que ejecuten dicha labor.
Así mismo, el personal que labore en las actividades antes señaladas en
otros establecimientos carcelarios, con excepción de aquellos
administrados por la fuerza pública.»

29. A su vez, en los artículos 3º y 4º ídem se establecieron las condiciones y
requisitos para ser beneficiario de la pensión especial de jubilación, así:

«Artículo 3º. Pensiones especiales de vejez. Los afiliados al Régimen de
Prima Media con prestación definida del Sistema General de Pensiones, que
se dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades indicadas
en el artículo anterior, durante el número de semanas que corresponda y

20 «Artículo 17. Facultades extraordinarias. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 numeral 10 de

la Constitución Política, revístese por seis (6) meses al Presidente de la República de facultades
extraordinarias para:
(…)
2. Expedir o modificar las normas relacionadas con el régimen legal para los trabajadores que laboran en
actividades de alto riesgo y en particular para modificar y dictar las normas sobre las condiciones, requisitos
y beneficios, incluyendo la definición de alto riesgo, conforme a estudios y criterios actuariales de medición
de disminución de expectativa de vida saludable y ajustar las tasas de cotización hasta en 10 puntos, siempre
a cargo del empleador, con el objeto de preservar el equilibrio financiero del sistema
(…).»
21
Publicado en diario oficial 45262 de 28 de julio de 2003.

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Expediente No. 17000-23-33-000-2020-00281-01
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efectúen la cotización especial durante por lo menos 700 semanas, sean
estas continuas o discontinuas, tendrán derecho a la pensión especial de
vejez, cuando reúnan los requisitos establecidos en el artículo siguiente.

Artículo 4º. Condiciones y requisitos para tener derecho a la pensión especial
de vejez. La pensión especial de vejez se sujetará a los siguientes requisitos:

1. Haber cumplido 55 años de edad.

2. Haber cotizado el número mínimo de semanas establecido para el Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones, al que se refiere el artículo 36 de la Ley
100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797de 2003.

La edad para el reconocimiento especial de vejez se disminuirá en un (1) año por
cada (60) semanas de cotización especial, adicionales a las mínimas requeridas en
el Sistema General de Pensiones, sin que dicha edad pueda ser inferior a cincuenta
(50) años.»

30. El artículo 6º del Decreto 2090 de 2003, consagró un régimen de transición de
la siguiente forma:

«Artículo 6º. Régimen de transición. Quienes a la fecha de entrada en vigencia
del presente decreto hubieren cotizado cuando menos 500 semanas de cotización
especial, tendrán derecho a que, una vez cumplido el número mínimo de semanas
exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión, esta les sea reconocida
en las mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban
las actividades de alto riesgo.

Parágrafo. Para poder ejercer los derechos que se establecen en el presente
decreto cuando las personas se encuentren cubiertas por el régimen de transición,
deberán cumplir en adición a los requisitos especiales aquí señalados, los previstos
por el artículo 36 de la Ley 100 de1993, modificado por el artículo 18 22 de la Ley
797 de 2003.»

31. El primer inciso de esta última norma fue declarado exequible
condicionadamente por la Corte Constitucional mediante sentencia C-633 de 29
de agosto de 200723, «en el entendido de que para el cómputo de las ‘500
semanas de cotización especial’, se podrán acreditar las semanas de cotización
efectuadas en cualquier actividad que hubiere sido calificada jurídicamente como
de alto riesgo.»

22
Artículo declarado inexequible mediante sentencia C-1056/03
23
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

12
Expediente No. 17000-23-33-000-2020-00281-01
No. Interno: 3914-2021
Demandante: UGPP
Demandado: María Elina Beltrán Alvarado

32. Esta norma ha sido analizada por la jurisprudencia de esta Corporación 24, para
señalar que acreditar 500 semanas de cotización en actividades de alto riesgo
para la entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003, concede el derecho a
acceder a la prestación en los términos de la norma inmediatamente anterior y lo
que debe entenderse del parágrafo del artículo 6º del Decreto 2090 de 2003 es
que la intención del legislador fue la de adicionar este requisito en armonía con el
régimen general de pensiones.

33. Igualmente, interpretó que exigir, adicionalmente, el estar cobijado por el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, resulta desproporcionado y más gravoso cuando
el servidor aspira al reconocimiento en los términos de la norma anterior, por
cuanto conllevan una situación más desventajosa en virtud del tránsito legislativo.
Adicionalmente, destacó que la finalidad de un régimen de transición consiste en
que el legislador defina un sistema de protección para que los cambios producidos
por una reforma en la normativa no afecten a quienes, pese a no haber adquirido
el derecho a la pensión porque les falta reunir todos los requisitos, sí tiene una
expectativa legítima de adquirir el derecho.

34. Así las cosas, se ha entendido que como el artículo 6º del Decreto 2090 de
2003 establece unos supuestos para la transición de un régimen especial y al
mismo tiempo para un régimen general, se debe dar la interpretación que más
favorezca al servidor, es decir, la que permite la aplicación preferente de la regla
de transición que le posibilite el reconocimiento de su pensión especial de
jubilación, con fundamento en el principio de favorabilidad, consagrado en el
artículo 53 de la Constitución Política, para lo cual se destaca el siguiente aparte
de la mencionada sentencia C-663 de 2007: «en el hipotético caso en que en una
situación concreta un trabajador se vea amparado por ambos regímenes de transición, el
de la Ley 100 y el del Decreto 2090 de 2003-, lo cierto es que al existir dos normas
vigentes y aplicables para una misma situación, debe prevalecer a la luz de la Constitución
aquel régimen que resulte más favorable y benéfico para el trabajador involucrado, por
tratarse de disposiciones pensionales.».

35. De esta manera, cuando resulta más favorable, se ha optado por dar aplicación
al primer inciso del artículo 6º del Decreto 2090 de 2003 cuando se acreditan 500

24
En este sentido se puede ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 29 de
junio de 2017, radicación: 08001-23-33-000-2012-00082-01(0391-14), demandante: Gilberto Antonio Rondón
Sepúlveda.

13
Expediente No. 17000-23-33-000-2020-00281-01
No. Interno: 3914-2021
Demandante: UGPP
Demandado: María Elina Beltrán Alvarado

semanas de cotización en actividades de alto riesgo al 28 de julio de 2003, fecha
de entrada en vigencia del Decreto 2090 de 200325. En consecuencia, los
siguientes son los requisitos de la transición en comento:

Para el 28 de Cuando menos 500 semanas en cualquier actividad que haya
julio de 2003 sido calificada jurídicamente como de alto riesgo
Cotizaciones Deben cumplir con “el número mínimo de semanas exigido por
la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión”, esto es, un
mínimo de 1000 semanas, como lo establece el numeral 2 del
artículo 9 de la Ley 797 de 2003.
Este mínimo de 1000 semanas de cotización debe entenderse
como requisito necesario para ser beneficiario de la transición
y no como un requisito para acceder al derecho pensional26.

36. Así, cumplido lo anterior tendrán el derecho a que la pensión les sea
reconocida en las mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que
regulaban las actividades de alto riesgo.

37. No desconoce esta subsección que la regla de interpretación propuesta se
aparta de la que en anteriores providencias se había expuesto, como la contenida
en la providencia del 12 de junio de 2014 que sostuvo:

«(…) el Decreto 2090 de 2003 al establecer el régimen de transición especial
de las actividades de alto riesgo permite a los beneficiarios acceder a la
pensión de vejez en las condiciones dispuestas en el régimen anterior
excepto en lo que tiene que ver con el tiempo de servicio, dado que la
especialidad del régimen exige la acreditación del mínimo de semanas de
cotización dispuesto en la Ley 100 de 1993, que es más exigente que el
dispuesto en las Leyes anteriores, dado que pasó de 20 años a 1050
semanas en 2005 y 25 adicionales por año desde el 2006 hasta llegar a 1300
en 2015.»27.

38. Luego, en sentencia de 22 de abril de 2015, la subsección A, aplicó el régimen
de transición previsto en el inciso primero del artículo 6º del Decreto 2090 de 2003,
refiriéndose al requisito de cumplir el número mínimo de semanas exigido por la
Ley 797 de 2003, como el equivalente al previsto en el artículo 9º de la citada Ley
797, esto es, 1000 semanas 28.

25
En este mismo sentido, se pueden consultar, entre otras, las sentencias de la Subsección B, sentencia de
12 de junio de 2014, número interno: 3287-2013 y de la Subsección A, sentencia de 22 de abril de 2015,
número interno: 2555-13.
26
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 29 de junio de 2017, radicación: 08001-
23-33-000-2012-00082-01(0391-14), demandante: Gilberto Antonio Rondón Sepúlveda.
27
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de junio de 2014 Radicación:
050012331000201200100-01(3287-2013), demandante: Jaime Alberto Villamil Castro.
28
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de
abril de 2015, radicación: 250002325000201100807-01(2555-2013); demandante: Fernando Sandoval
Cabrera.

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Expediente No. 17000-23-33-000-2020-00281-01
No. Interno: 3914-2021
Demandante: UGPP
Demandado: María Elina Beltrán Alvarado

39. Lo anterior, llevó a la subsección B a precisar la regla hermenéutica del inciso
primero del artículo 6º del Decreto 2090 de 2003 en los términos ya señalados,
puesto que expone una interpretación de la norma que se acompasa en mayor
medida con el principio de favorabilidad del artículo 53 de la Constitución Política,
según el cual, si una norma tiene varias interpretaciones posibles se debe optar
por la que resulte más favorable al trabajador.

40. En esas condiciones, se concluye que los servidores públicos que ejercen
actividades de alto riesgo, les fue concedido un régimen de transición con el
Decreto 2090 de 2003 consistente en que quienes a 28 de julio de 2003 hubieren
cotizado al menos 500 semanas, tendrán derecho a que una vez cumplidas 1000
semanas cotizadas29, la pensión de jubilación les sea reconocida en las mismas
condiciones establecidas en la norma anterior que regula las actividades de alto
riesgo.

Caso concreto

41. Es importante recordar, que la sentencia apelada negó las pretensiones de la
demanda al considerar que el causante, era destinatario del régimen especial de
los funcionarios del INPEC consagrado en la Ley 32 de 1986 y en el Decreto 407
de 1994, y su derecho pensión debía ser reconocido con base en las citadas
normas.

42. El ente previsional demandante, como apelante único, disiente de tal decisión
toda vez que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, (1 de abril de 1994),
el causante no acreditaba la edad de 40 años y los 15 años de servicios para ser
considerado beneficiario del régimen de transición, por lo que su derecho
pensional debería ser reconocido de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 797 de
2003.

29
Artículo 9º de la Ley 797 de 2003. «(a) partir del 1º de enero del año 2005 el número de semanas se
incrementará en 50 y a partir del 1º.de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300
semanas en el año 2015».

15
Expediente No. 17000-23-33-000-2020-00281-01
No. Interno: 3914-2021
Demandante: UGPP
Demandado: María Elina Beltrán Alvarado

43. Para resolver el punto, teniendo en cuenta los hechos enunciados con
anterioridad, los cuales no se encuentran en discusión, se desprende que el
causante señor José Reinel Cardona Grisales (Q.E.P.D):

43.1. Nació el 9 de junio de 195830

43.2. De acuerdo el Formato No. 1 certificación de periodos de vinculación laboral
para bonos pensionales y pensiones, expedido el 20 de febrero de 201431 por el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, el señor José Reinel
Cardona Grisales (Q.E.P.D), prestó sus servicios así:

Entidad Cargo Periodo de vinculación laboral y aportes Entidad a la
Emperadora Desde Hasta que realiza
Día Mes Año Día Mes Año aportes
INPEC Dragoneante 13 03 1984 30 06 2009 Cajanal

43.3. CAJANAL a través de la Resolución No. 53879 del 30 de octubre de 200832,
le reconoció al señor José Reinel Cardona Grisales (Q.E.P.D) pensión de vejez en
aplicación de la Ley 32 de 1986, con el 75% del promedio de lo devengado
(asignación básica, bonificación por servicios prestados, sobresueldos) en los
últimos diez (10) años de servicios. Reliquidada con posterioridad por CAJANAL
y la UGPP mediante las Resoluciones No. No. PAP 009390 de 17 de agosto de
201033 y No. RDP 17225 del 29 de mayo de 2014 34.

44. En este punto la Sala se pregunta entonces, si el señor José Reinel Cardona
Grisales (Q.E.P.D) es beneficiario el régimen especial establecido para los
servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo para el
reconocimiento pensional (Ley 32 de 1986) o por el contrario si para su derecho
pensional se debe aplicar la Ley 797 de 2003.

45. En consecuencia, se observa, que el señor José Reinel Cardona Grisales
(Q.E.P.D) inició sus servicios en el INPEC a partir del 13 de marzo de 1984, fecha
en la cual no se encontraba en vigencia el Sistema de Seguridad Integral de que
trata la Ley 100 de 1993, esto es, el 1º de abril de 1994.

30 Ver Samaí índice 2 documento 02 Demanda folio 95 cédula de ciudadanía.
31
Ver Samaí índice 2 documento 02 Demanda folio 87.
32
Ver Samaí índice 2 documento 02 Demanda folios 47 al 53
33
Ver Samaí índice 2 documento 02 Demanda folios 54 al 59.
34
Ver Samaí índice 2 documento 02 Demanda folios 60 al 64

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Expediente No. 17000-23-33-000-2020-00281-01
No. Interno: 3914-2021
Demandante: UGPP
Demandado: María Elina Beltrán Alvarado

46. De esta manera, como ya se vio, en cumplimiento del artículo 140 de la Ley
100 de 1993, que autorizó al Gobierno Nacional para la expedición del régimen de
los servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo, se expidió el
Decreto 2090 de 2003, (p)or el cual se definen las actividades de alto riesgo para
la salud del trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos y
beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas
actividades, que en su artículo 6º estableció un régimen de transición para obtener
el derecho pensional bajo la norma anterior, que para el caso analizado es la Ley
32 de 1986.

47. Por consiguiente, para obtener el derecho pensional bajo la Ley 32 de 1986,
en virtud del régimen de transición del artículo 6º del Decreto 2090 de 2003, visto
con anterioridad, se debía acreditar a la fecha de entrada en vigencia de este
decreto, esto es, el 28 de julio de 2003, cuando menos 500 semanas de cotización
especial y cumplir en adición los requisitos del artículo 36 de la Ley 100 de1993,
modificado por el artículo 1835 de la Ley 797 de 2003.

48. Es de señalar, que frente al segundo supuesto, es decir, con relación al
cumplimiento de los requisitos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esta
Corporación ha establecido, como se dijo con anterioridad, que exigirlo resulta
desproporcionado y más gravoso cuando el servidor aspira al reconocimiento en
los términos de la norma anterior, por cuanto conllevan una situación más
desventajosa en virtud del tránsito legislativo, razón por la que en el asunto no
interesa que el accionado para la fecha en que entró en vigencia del el Sistema
de Seguridad Integral de que trata la Ley 100 de 1993, esto es, el 1º de abril de
1994, no acreditara 40 años de edad o 15 de servicios, pues solo lograba
demostrar 10 años y 15 días de servicios y 35 de edad.

49. En esta medida, lo procedente para el reconocimiento de las pensiones bajo
el régimen anterior, que regulaba las actividades de alto riesgo, es el estudio del
cumplimiento del primer supuesto, esto es, acreditar cuando menos 500 semanas
de cotización especial al 28 de julio de 2003, fecha de entrada en vigencia del
Decreto 2090 de 2003.

35
Artículo declarado inexequible mediante sentencia C-1056/03

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Expediente No. 17000-23-33-000-2020-00281-01
No. Interno: 3914-2021
Demandante: UGPP
Demandado: María Elina Beltrán Alvarado

50. Al respecto, la Sala36 ha sido reiterativa en indicar que de acuerdo con “lo
dispuesto en el parágrafo transitorio 5º del artículo 48 de la Constitución Política,
adicionado por el artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2005, no desconoce lo
dispuesto en el artículo 140 de la Ley 100 de 1993 ni en el Decreto 2090 de 2003,
por lo que el régimen de transición establecido en este decreto seguirá
produciendo efectos para la aplicación de la Ley 32 de 1986 para el
reconocimiento pensional, para lo cual deben haberse cubierto las cotizaciones
correspondientes”

51. Visto lo anterior, se tiene que el señor José Reinel Cardona Grisales (Q.E.P.D)
inició labores al servicio del INPEC el 13 de marzo de 1984, por lo que al 28 de
julio de 2003, fecha en la que entró a regir el Decreto 2090 de 2003, acreditaba
7076 días que equivalen a 19 años, 4 meses y 15 días de cotización, esto es más
de 500 semanas de cotización cumpliendo los supuestos establecidos para
conservar la transición y por ende, regirse por la norma anterior, esto es, bajo las
disposiciones de la Ley 32 de 1986. Razón por lo cual la Sala, habrá confirmar la
sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia No. 103 del 18 de junio de 2021 proferida
por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Tercera de Decisión, que negó las
pretensiones de la demanda, incoada por la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
contra la señora María Elina Beltrán Alvarado, para declarar la nulidad del
reconocimiento pensional del señor José Reinel Cardona Grisales (Q.E.P.D).

36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección B, Consejera
Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez, Bogotá D.C., 23 de octubre de 2020, Radicación: 47001-23-33-000-2017-
00025-01(4414-2017).

18
Expediente No. 17000-23-33-000-2020-00281-01
No. Interno: 3914-2021
Demandante: UGPP
Demandado: María Elina Beltrán Alvarado

SEGUNDO: Por la secretaría de la sección segunda, regresar el expediente al
tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase,

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
Los Consejeros,

Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CÉSAR PALOMINO CORTÉS CARMELO PERDOMO CUÉTER

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante
el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema
valida la integridad y autenticad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

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