Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2018-01293-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2018-01293-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2018-01293-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
29 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintinueve (29) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2018-01293-01 (2708-2023)
Demandante: Unidad Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Demandado: Juan Carlos López Galvis
Tema: Reconocimiento pensional de alto riesgo. Funcionario del
INPEC.
Decisión: Revoca sentencia que accedió a las pretensiones –
Condena en costas
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA/LEY 1437 DE 2011
I. ASUNTO
1. La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por la
demandada contra la sentencia del 31 de enero de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que accedió a las súplicas de la demanda.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda1
2.1.1. Pretensiones
2. La UGPP, por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 de la Ley
1437 del 20112, solicitó declarar la nulidad de la Resolución RDP 052420 de 10 de
diciembre de 2015, por medio de la cual se reconoció una pensión de vejez al señor
Juan Carlos López Galvis, con fundamento en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986.
3. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho, solicitó que se ordene al señor Juan Carlos López Galvis, la devolución
de los dineros recibidos en exceso por concepto del reconocimiento efectuado.
4. Asimismo, pretende que las sumas reconocidas sean indexadas y actualizadas
de conformidad al IPC desde el momento en que se causaron.
1 Folio 6-15 del cuaderno principal.
2 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo», en
adelante CPACA.
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2.1.2. Hechos
5. El señor Juan Carlos López Galvis nació el 1.° de febrero de 1967 y laboró al
servicio del INPEC entre el 16 de septiembre de 1988 y el 29 de febrero de 2016,
siendo su último cargo el de teniente en la ciudad de Bogotá. Señaló, además, que
inicialmente la entidad negó el reconocimiento pensional mediante la Resolución
RDP 009908 del 13 de marzo de 2015, decisión que fue confirmada en sede de
reposición y apelación, al considerar que existía un reconocimiento pensional previo
por parte de Colpensiones, respecto del cual no había certeza sobre su revocatoria.
6. Expuso también que, pese a lo anterior, mediante la Resolución RDP 052420 del
10 de diciembre de 2015 la propia UGPP reconoció al demandado una pensión de
vejez con fundamento en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986, por acreditar 20 años
de servicio en cargos de excepción del INPEC, que fue liquidada con base en el
promedio de lo devengado en el último año de servicios. Finalmente, precisó que,
con posterioridad, la entidad negó la reliquidación de esa prestación y confirmó tal
decisión en sede de reposición y apelación, al considerar que la liquidación
efectuada se ajustaba al ordenamiento jurídico.
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.
7. Como normas vulneradas citó el artículo 128 de la Constitución Política de
Colombia; las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 33 de 1985, 37 de 1993, 91 de
1989, 100 de 1993 ( artículo 36) y los Decretos 2277 de 1979 y Decreto 2090 de
2003 (artículo 3.°).
8. En el concepto de violación explicó que la resolución objeto de censura
desconoció el régimen jurídico aplicable al señor Juan Carlos López Galvis, pues,
aunque laboró en el INPEC desde 1988 hasta 2016, para el 1.º de abril de 1994 no
contaba ni con 15 años de servicio ni con 40 años de edad, de modo que no era
beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993. Por ello, a su juicio, no podía pensionarse con fundamento en el régimen
especial consagrado en la Ley 32 de 1986, sino que debía acreditar los requisitos
establecidos en el Decreto 2090 de 2003 para las actividades de alto riesgo.
9. Por lo expuesto, la entidad afirmó que el demandado no tenía un derecho
adquirido por el cual se le aplicara el artículo 96 de la Ley 32 de 1986, porque
certificó los 20 años de servicio en cargos de excepción del INPEC con
posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003. En consecuencia,
consideró que, para acceder válidamente a la prestación, debía demostrar el
número mínimo de semanas cotizadas previsto por la Ley 797 de 2003 y, además,
el cumplimiento de alguno de los presupuestos del régimen de transición, lo que, a
su juicio no ocurrió. Desde esa perspectiva, la UGPP concluyó que el
reconocimiento pensional efectuado mediante la Resolución RDP 052420 fue
contrario al ordenamiento y por lo tanto debía anularse.
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2.2. Contestación del demandado.3
10. El señor Juan Carlos López Galvis, por intermedio de apoderado judicial, se
opuso a las pretensiones de la demanda, al considerar que, la Resolución RDP
052420 del 10 de diciembre de 2015 se ajustó al artículo 96 de la Ley 32 de 1986,
en concordancia con el Decreto 407 de 1994, parágrafo transitorio 5.º del Acto
Legislativo 01 de 2005 y al Decreto 2090 de 2003, por tratarse de un servidor del
cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria, respecto de quien el derecho
pensional tiene el carácter de adquirido, irrenunciable y de orden público.
11. Así, afirmó que la pensión fue reconocida conforme al régimen especial
aplicable a los empleados del INPEC. Añadió que, por esa razón, no había lugar a
devolución alguna a favor de la UGPP y, por el contrario, pidió condenar en costas
a la entidad demandante, al estimar que promovió una demanda carente de
fundamento normativo.
12. Finalmente, propuso las excepciones denominadas (i) ineptitud de la demanda;
(ii) prescripción; (iii) inexistencia de la obligación, (iv) cobro de lo no debido; (v)
carencia de la causa y (vi) genérica o innominada.
2.3. La sentencia apelada 4
13. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través de la sentencia del 31
de enero de 2023, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
14. Como fundamento de su decisión, partió de una interpretación sistemática de
la Ley 32 de 1986, los Decretos 407 de 1994 y 2090 de 2003, el Acto Legislativo 01
de 2005 y la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, para
concluir que, aunque el señor Juan Carlos López Galvis acreditó más de 20 años
de servicio en el INPEC como miembro del cuerpo de custodia y vigilancia, ese solo
presupuesto no bastaba para pensionarse con el régimen especial previsto en el
artículo 96 de la Ley 32 de 1986.
15. Señaló que, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, quienes
pretendieran beneficiarse de ese régimen especial, debían demostrar que cumplían
las exigencias del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, en armonía con el artículo 6.º del Decreto 2090 de 2003.
16. Con fundamento en las pruebas obrantes en el dossier, la Sala estableció que
el demandado nació el 1.º de febrero de 1967 y que para el 1.º de abril de 1994
tenía apenas 27 años de edad y 5 años y 6 meses de servicio, de modo que no
cumplía ninguno de los supuestos exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
3 Folio 235-239 del cuaderno principal.
4 Folio 271-280 del cuaderno principal.
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esto es, ni los 40 años de edad ni los 15 años de servicio. A partir de ello, concluyó
que no podía ser beneficiario del régimen de transición y, por ende, tampoco
acceder a la pensión especial de vejez bajo los derroteros de la Ley 32 de 1986,
razón por la cual declaró la nulidad de la Resolución RDP 052420 de 10 de
diciembre de 2015.
17. Pr otro lado, negó la devolución de las sumas pagadas por concepto de
mesadas pensionales, pues considero que el reconocimiento pensional obedeció a
un error de la propia administración al valorar incorrectamente la situación jurídica
del demandado, sin que se evidenciara mala fe del beneficiario.
2.5. Recurso de apelación.5
18. La parte demandada, por conducto de apoderado judicial, interpuso recurso
de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, al considerar que el
tribunal desconoció el régimen pensional especial aplicable a los miembros del
cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC. Sostuvo que el a quo dio prevalencia al
régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sin atender
debidamente lo previsto en el Decreto 2090 de 2003 y en el parágrafo transitorio
5.º del Acto Legislativo 01 de 2005, normas que, a su juicio, permitían mantener la
aplicación de la Ley 32 de 1986 a quienes, como Juan Carlos López Galvis,
ingresaron al INPEC antes de la entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003.
19. Añadió que el tribunal omitió precedentes recientes del Consejo de Estado y
de la propia corporación, en los que se ha considerado desproporcionado exigir,
además de las 500 semanas de cotización especial, el cumplimiento adicional de
los requisitos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo que, en su criterio, debían
negarse las pretensiones de la demanda y mantenerse incólume el reconocimiento
pensional. Subsidiariamente, insistió en que la prestación debía reliquidarse con
base en el 75% de todos los factores salariales devengados en el último año de
servicios.
20. De otro lado, la UGPP interpuso recurso de apelación por adhesión contra los
numerales que negaron el restablecimiento del derecho y la condena en costas.
21. Así, reprochó que, si el tribunal declaró la nulidad del acto de reconocimiento
pensional, debió también ordenar la devolución de las sumas pagadas al
demandado, pues la nulidad produce efectos ex tunc y comporta retrotraer las
cosas al estado anterior a la expedición del acto anulado.
22. En esa línea, afirmó que la negativa a disponer el reintegro perpetúa el
detrimento patrimonial ocasionado al sistema pensional, desconoce los principios
de eficiencia, universalidad y solidaridad y genera un enriquecimiento injustificado
en favor del particular. Cuestionó, además, que el tribunal hubiera acudido al
5 índice 50 y 60 de SAMAI del proceso en primera instancia.
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artículo 164 del CPACA para excluir la restitución de las prestaciones pagadas,
pues, según la entidad, en este caso no existía título jurídico válido que impidiera
recuperar los dineros reconocidos sin fundamento legal. Finalmente, solicitó que
también se revocara la decisión de no condenar en costas, al estimar que, si la
demanda debía prosperar en su totalidad, correspondía condenar en costas a la
parte vencida.
2.6. Trámite en segunda instancia
23. A través de auto de 8 de febrero de 20246, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada y se ordenó correr traslado al agente del
Ministerio Público para emitir concepto en segunda instancia.
2.6.1 El agente del Ministerio Público no emitió concepto.
Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección procede
a decidir previas las siguientes,
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
24. Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 7 de la Ley 1437 de 2011.
3.2. Marco de análisis de la segunda instancia
25. Según el artículo 328 del Código General del Proceso, la competencia del juez
de segunda instancia está circunscrita a los argumentos del apelante. Si ambas
partes apelan la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.
26. En el asunto objeto de estudio, la parte demandada es apelante única, por lo
que la competencia de la Sala de Subsección se encuentra limitada a los
argumentos esgrimidos en el recurso de apelación.
3.3. Problema Jurídico
27. Corresponde a la Sala determinar si ¿el demandado tenía derecho a que se le
reconociera su pensión de jubilación de acuerdo con el Decreto 2090 de 2003 y la
Ley 32 de 1986?
6 Folio 271-280 del cuaderno principal.
7 « El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]».
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3.4. Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso
3.4.1. Régimen pensional de los servidores del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario -INPEC.
28. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1.° de la Ley 33 de 1985, los
empleados del Cuerpo de Custodia y Vigilancia de la Penitenciaria Nacional no
estaban sujetos a la regla general definida en esta norma por estar cobijados por
un régimen especial de pensiones.
29. En efecto, la Ley 32 de 1986 estableció el Estatuto Orgánico del Cuerpo de
Custodia y Vigilancia con el fin de regular «todo lo relativo al ingreso, formación,
capacitación, ascensos, traslados, retiros, administración y régimen prestacional
del personal de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional» 8.
30. Dicho régimen se encontraba establecido en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986 9
que contempló la posibilidad de acceder a la pensión de jubilación sin tener en
cuenta la edad, para aquellos funcionarios que cumplan 20 años de servicio
continuo o discontinuo a la Guardia Nacional.
31. Posteriormente, la Ley 100 de 1993 en su artículo 140 dispuso que «el Gobierno
Nacional expedirá el régimen de los servidores públicos que laboren en actividades
de alto riesgo, teniendo en cuenta una menor edad de jubilación o un número
menor de semanas de cotización, o ambos requisitos. Se consideran para este
efecto como actividades de alto riesgo para el trabajador aquellas que cumplen
algunos sectores tales como el Cuerpo de Custodia y Vigilancia Nacional
Penitenciaria. Todo sin desconocer derechos adquiridos» ( Negrilla de la Sala).
32. Ahora bien, el Decreto Ley 407 del 20 de febrero de 1994, expedido en virtud
de las facultades conferidas en el artículo 172 de la Ley 65 de 1993, en su artículo
16810 fijó un régimen especial en materia pensional para el personal de custodia y
vigilancia del INPEC, el cual respetaba los preceptos de la Ley 32 de 1986 que
cobijaba a quienes ejercían como tal antes del 21 de febrero de 1994, en los
siguientes términos:
«ARTÍCULO 168. Los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria
y Carcelaria Nacional, que a la fecha de la vigencia del presente decreto se
encuentren prestando sus servicios al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario,
INPEC, tendrán derecho a gozar de la pensión de jubilación en los términos
establecidos en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986. El tiempo de servicio prestado
en la fuerza pública se tendrá en cuenta para estos efectos.
8 Artículo 1°.
9 “Por el cual se adopta el Estatuto Orgánico del Cuerpo de Custodia y Vigilancia”.
10 Este artículo fue derogado por el artículo 11 del Decreto 2090 de 2003.
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Con relación a los puntos porcentuales de cotización, serán determinados por el
Gobierno Nacional.
PARÁGRAFO 1o. Las personas que ingresen a partir de la vigencia de este
decreto, al Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional,
tendrán derecho a una pensión de vejez en los términos que establezca el Gobierno
Nacional, en desarrollo del artículo 140 de la Ley 100 de 1993 para las actividades
de alto riesgo.
PARÁGRAFO 2o. El personal Administrativo del Instituto se regirá por las normas
establecidas en la Ley 100 de 1993.»
33. Posteriormente, con base en el artículo 17 de la Ley 797 de 2003 se confirieron
facultades extraordinarias al presidente de la República, por el término de seis
meses, para expedir el régimen legal de los trabajadores que laboran en actividades
de alto riesgo. Con base en ellas, profirió el Decreto 2090 de 26 de julio de 2003
en el cual se incluyó al personal dedicado a la custodia y vigilancia del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, como destinatario de las normas sobre
actividades de alto riesgo.
34. Esta disposición determinó un régimen de transición consistente en que quienes
a 28 de julio de 2003 hubieren cotizado al menos 500 semanas, tendrían derecho
a que una vez cumplidas 1000 semanas cotizadas, la pensión de jubilación les sea
reconocida en las mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que
regulaban las actividades de alto riesgo. Esta Corporación en varias ocasiones 11
señaló que como el artículo 6.° del Decreto 2090 de 2003 previó unos supuestos
para la transición de un régimen especial y al mismo tiempo para un régimen
general, se debía dar la interpretación más favorable al trabajador y con ello, dar
prevalencia solo a la exigencia de las 500 semanas.
35. Así, con el Decreto 2090 de 200312 se derogó el artículo 168 del Decreto 407
de 1994 y se incluyó como actividad de alto riesgo la ejercida por el personal
dedicado a la custodia y vigilancia de los internos en los centros de reclusión
carcelaria en el INPEC, norma que además estableció un régimen de transición
consistente en que quienes a 28 de julio de 2003 hubieren cotizado al menos 500
semanas, tendrían derecho a que una vez cumplidas 1000 semanas cotizadas, la
pensión de jubilación les fuese reconocida en las mismas condiciones:
«Artículo 6º.Régimen de transición. Quienes a la fecha de entrada en vigencia del
presente decreto hubieren cotizado cuando menos 500 semanas de cotización
especial, tendrán derecho a que, una vez cumplido el número mínimo de semanas
exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión, esta les sea reconocida
en las mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban
las actividades de alto riesgo.
11 Entre otras puede consultarse la sentencia de 23 de junio de 2022, dictada por la Subsección B, en el
proceso de nulidad de acto propio, radicado 17001-23-33-000-2020-00281-01 (3914-2021), con ponencia de
la consejera Sandra Lisset Ibarra Vélez.
12 Expedido con base en las facultades extraordinarias conferidas en el artículo 17 de la Ley 797 de 2003.
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Parágrafo. Para poder ejercer los derechos que se establecen en el presente
decreto cuando las personas se encuentren cubiertas por el régimen de transición,
deberán cumplir en adición a los requisitos especiales aquí señalados, los previstos
por el artículo 36 de la Ley 100 de1993, modificado por el artículo 18 de la Ley 797
de 2003»13.
36. Sobre el parágrafo de la norma, esta Sección Segunda consideró en diferentes
oportunidades14 que deben aplicarse las condiciones o requisitos de acceso a los
regímenes especiales de actividades por alto riesgo conforme a los postulados
establecidos en el artículo 6.° del Decreto Ley 2090 de 2003, sin las exigencias
adicionales enunciadas en el parágrafo de esa norma, con base en una
interpretación favorable al trabajador, establecido en el artículo 53 de la
Constitución Política y dado que en estos casos guarda íntima relación con el
derecho de acceso al reconocimiento pensional.
37. Ahora bien, luego, se expidió el Decreto 1950 de 13 de junio de 2005 que
reglamentó el artículo 140 de la Ley 100 de 1993 en el que se dispone que, a partir
de la vigencia del Decreto Ley 2090 de 2003 a los miembros del Cuerpo de Custodia
y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional se les aplica el régimen
contemplado en el mismo y con anterioridad a esa fecha se aplicará el régimen
vigente, esto es el de la Ley 32 de 1986, para lo cual deben cubrirse las cotizaciones
correspondientes de conformidad con el Decreto 407 de 1994:
« Artículo 1º. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley 100 de
1993 y el Decreto-ley 2090 de 2003, a partir de la entrada en vigencia de este último
decreto, a los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y
Carcelaria Nacional se les aplicará el régimen de alto riesgo contemplado en el
mismo. Con anterioridad a dicha fecha se aplicará el régimen hasta ese entonces
vigente para dichas personas por razón de los riesgos de su labor, esto es, el
dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986, para lo cual deben haberse cubierto
las cotizaciones correspondientes de conformidad con el Decreto-ley 407 de 1994
en concordancia con el artículo 1º del Decreto 1835 de 1994.»
38. Con posterioridad y en ese mismo sentido, el Acto legislativo 01 de 22 de julio
de 2005, en su parágrafo 5.° 15 estableció que (i) a partir de la entrada en vigencia
del Decreto 2090 de 2003 a los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia
Penitenciaria y Carcelaria Nacional se les aplicará el régimen de alto riesgo
contemplado en el mismo y a (ii) quienes ingresaron con anterioridad a dicha fecha
13 Artículo declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-663 de 2007, en el entendido
de que para el cómputo de las "500 semanas de cotización especial", se podrán acreditar las semanas de
cotización efectuadas en cualquier actividad que hubiere sido calificada jurídicamente como de alto riesgo.
14 Sentencia de la Subsección B de 25 de abril de 2024, dictada dentro del proceso radicación 66001-23-33-
000-2019-00464-01 ; Sentencia de la Subsección A de 30 de octubre de 2024 proferida en el proceso radicado
17001-23-33-000-2022-00044-01 (2987-2024).
15 «Parágrafo transitorio 5º. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley 100 de 1993 y el
Decreto 2090 de 2003, a partir de la entrada en vigencia de este último decreto, a los miembros del cuerpo de
custodia y vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional se les aplicará el régimen de alto riesgo contemplado
en el mismo. A quienes ingresaron con anterioridad a dicha fecha se aplicará el régimen hasta ese entonces
vigente para dichas personas por razón de los riesgos de su labor, este es el dispuesto para el efecto por la
Ley 32 de 1986, para lo cual deben haberse cubierto las cotizaciones correspondientes.»
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se aplicará el régimen hasta ese entonces vigente para dichas personas por razón
de los riesgos de su labor, esto es el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986,
para lo cual deben haberse cubierto las cotizaciones correspondientes.
39. De acuerdo con lo anterior, con la expedición del Decreto 1950 de 2005 (artículo
2. °) y lo establecido en el parágrafo 5. ° del acto Legislativo 01 de 2005, basta con
acreditar que la vinculación del servidor del INPEC se hubiese dado con
anterioridad al 28 de julio de 2003, cuando entró en vigencia el Decreto 2090 de
2003, a efectos de obtener el reconocimiento pensional acorde con lo dispuesto en
la Ley 32 de 1986 tal como lo ha sostenido esta Corporación con anterioridad.16
40. En esta misma línea la Corte Constitucional en sentencia T 021- de 2022
consideró que la interpretación que permite materializar los principios de
supremacía constitucional (artículo 4.° Superior) y favorabilidad laboral (artículo 53
Superior) en el caso concreto es aquella que le da primacía al Acto Legislativo 01
de 2005, parágrafo 5.° del artículo 1.°, con base en el cual se aplica la Ley 32 de
1986 a los funcionarios del INPEC que hubieren ingresado a la entidad antes de la
entrada en vigencia del Decreto Ley 2090 de 2003, es decir, el 28 de julio de 2003.
Esto señaló la Corporación, luego de traer a colación las intervenciones de los
congresistas frente al parágrafo 5.° transitorio del Acto legislativo en mención :
«7.8 La aplicación de estos criterios al conflicto interpretativo previamente expuesto,
permiten a esta Sala determinar que el régimen de transición de los funcionarios
del INPEC es el establecido en el Decreto 1950 de 2005 y el Acto Legislativo 01 de
2005, como se observa a continuación:
• Según el criterio jerárquico, se debe preferir la norma que tenga rango superior. En
este caso están involucradas, por una parte, la Ley 100 de 1993 y el Decreto Ley
2090 de 2003, y por el otro, el Decreto 1950 de 2005 y el Acto Legislativo 01 de
2005. Por ende, ésta última disposición jurídica es la que debería primar al tener
naturaleza constitucional, lo que redundaría en una aplicación del principio de
supremacía de la Constitución establecido en el artículo 4° Superior: “La
Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la
Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones
constitucionales”.
• De conformidad con el criterio cronológico se debe preferir la norma posterior sobre
la anterior, de manera que prevalezca la voluntad expresada después en el tiempo.
En el debate actual estaría una Ley de 1993 y un Decreto Ley del 2003, pero por
otra parte un Decreto y un Acto Legislativo que datan del 2005, por lo que resultaría
claro que también se deberían preferir éstas últimas disposiciones al ser proferidas
en un momento subsiguiente.
• En cuanto al criterio de especialidad debe primar la norma que regula un tema
especial sobre la legislación que tenga un carácter más general. Respecto al
régimen de pensiones referido, se resalta que la Ley 100 de 1993 regula el Sistema
General de Seguridad Social en pensiones y el Decreto Ley 2090 de 2003 fija las
condiciones para las actividades de alto riesgo, dentro de las cuales están incluidas
16 Sentencia de 30 de octubre de 2024, dictada dentro del proceso radicado interno 2987-2024 con ponencia
del consejero Dr. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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las labores de los trabajadores del cuerpo de custodia del INPEC. En cambio, el
Decreto 1950 de 2005 y el Acto Legislativo 01 de 2005 se refieren específica y
únicamente a “los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y
Carcelaria Nacional” y no fija reglas generales ni lineamientos sobre el resto de
actividades riesgosas. Por ende, también prevalecerían estas normas sobre
aquellas, atendiendo su carácter especial».
3.5. Caso concreto
3.5.1. De las pruebas
41. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala de Subsección advierte
como relevantes las siguientes pruebas:
• El señor Juan Carlos López Galvis nació el 1. ° de febrero de 1967. 17
• Para efectos del reconocimiento de su pensión, acreditó los siguientes
tiempos de servicio:
Entidad Desde Hasta Total
Instituto 16 de septiembre 29 de febrero de 27 años, 5
Penitenciario y de 1988. 2016 meses y 13
18
carcelario INPEC días.
• Durante su vinculación al INPEC se desempeñó como dragoneante,
inspector, inspector jefe y teniente.19
• El señor López Galvis cumplió 20 años al servicio del INPEC el 16 de
septiembre de 2008.
• En el periodo comprendido entre el 16 de septiembre de 1988 y el 30 de
junio de 2009, realizó aportes a pensión a Cajanal y a partir del 1. ° de julio
de 2009, comenzó a cotizar al ISS. 20
17 Copia de la Cédula de Ciudadanía visible a folio 48 del cuaderno principal.
18 Folio 138 del cuaderno principal.
19 Folio 43 del cuaderno principal.
20 Folio 43 del cuaderno principal.
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• Mediante Resolución 52420 del 10 de diciembre de 2015 la UGPP le
reconoció una pensión especial de vejez al demandado de conformidad con
lo previsto en la Ley 32 de 1986, el Decreto 407 de 1990 y el Acto Legislativo
01 de 2005, en cuantía de $1´716.351, efectiva a partir del 1.° de octubre de
2014, condicionada al retiro efectivo del servicio.21
3.5.2. Análisis de la Sala
42. En el caso objeto de estudio la UGPP solicitó la nulidad de la Resolución RDP
052420 del 10 de diciembre de 2015, mediante la cual se reconoció pensión
especial de vejez al señor Juan Carlos López Galvis, con fundamento en la Ley 32
de 1986, el Decreto 407 de 1994 y el Acto Legislativo 01 de 2005, al estimar que el
demandado no reunía los requisitos para acceder a dicha prestación en los
términos allí previstos.
43. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, al considerar que el demandado no cumplía las
exigencias para consolidar el derecho pensional bajo las prerrogativas de la Ley 32
de 1986. Para tal efecto, razonó que dicho régimen solo resultaba aplicable a
quienes hubiesen ingresado al INPEC antes de la entrada en vigencia del Decreto
2090 de 2003 y, además, satisficieran los requisitos de transición previstos en el
artículo 6.° de esa normativa, los cuales remitían, a su vez, al cumplimiento de
alguno de los supuestos establecidos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esto
es, haber acreditado 15 años de servicios o, en su defecto, tener 40 años de edad,
condiciones que -a juicio del a quo- no se acreditaban en el presente caso.
44. Inconforme con esa decisión, la parte demandada interpuso recurso de
apelación y, en síntesis, sostuvo que el señor Juan Carlos López Galvis sí era
beneficiario del régimen de transición aplicable, en tanto no resultaban exigibles,
para el reconocimiento pensional discutido, los requisitos previstos en el artículo 36
de la Ley 100 de 1993, tal como lo entendió el tribunal de primera instancia.
45. Sobre el particular, la Sala considera que, en el presente asunto, no resultan
exigibles los requisitos previstos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para el
reconocimiento de la pensión especial de vejez conforme al régimen de transición
consagrado en el Decreto 2090 de 2003. Ello, por cuanto, de conformidad con el
artículo 2.° del Decreto 1950 de 2005 y con lo dispuesto en el parágrafo 5.° del Acto
Legislativo 01 de 2005, basta acreditar que la vinculación del servidor del INPEC
se produjo con anterioridad al 28 de julio de 2003, fecha de entrada en vigencia del
Decreto 2090 de 2003, para efectos de acceder al reconocimiento pensional en los
términos de la Ley 32 de 1986, tal como lo ha sostenido esta Corporación en
anteriores oportunidades.
21 Folio 101-102 del cuaderno principal.
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46. En el sub judice, de conformidad con el acervo probatorio obrante en el
expediente, se tiene que el demandado inició labores en el INPEC el 16 de
septiembre de 1988, esto es, con anterioridad al 28 de julio de 2003, fecha en la
que entró en vigencia el Decreto 2090 de 2003. Asimismo, para ese momento
acreditaba más de 500 semanas de cotización especial, por lo que cumplía los
supuestos exigidos para beneficiarse del régimen de transición previsto en dicha
normativa y, en consecuencia, obtener el reconocimiento de su derecho pensional
bajo las disposiciones de la Ley 32 de 1986. Por ende, se concluye que la
prestación del señor Juan Carlos López Galvis se rige por ese régimen, en los
mismos términos en que fue reconocida en el acto administrativo demandado.
47. Ahora bien, aunque en el recurso de apelación el apoderado del señor Juan
Carlos López Galvis solicitó, además de la revocatoria de la sentencia de primera
instancia, la reliquidación de la prestación, al considerar que esta no se ajustaba a
derecho, la Sala se abstendrá de emitir pronunciamiento sobre ese aspecto. Lo
anterior, por cuanto tal cuestión desborda el objeto de la controversia aquí
examinada, que se circunscribió a determinar la legalidad del reconocimiento
pensional bajo las prerrogativas de la Ley 32 de 1986, y no la forma en que fue
liquidada la prestación.
48. Finalmente, respecto de la pretensión formulada por la entidad demandante,
encaminada a obtener la restitución de las sumas pagadas con ocasión del
reconocimiento pensional, toda vez que, como quedó acreditado, el señor Juan
Carlos López Galvis sí era beneficiario del régimen de transición previsto en el
Decreto 2090 de 2003 y, por ende, su prestación debía ser reconocida bajo los
derroteros de la Ley 32 de 1986.
49. En consecuencia, la Sala revocará la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, denegará las pretensiones de la demanda.
3.6. De la condena en costas en segunda instancia.
50. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
51. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
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artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
52. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
53. En consecuencia, se impondrán costas de ambas instancias a la parte
demandante por ser la parte vencida en el proceso y dado que se revoca la
sentencia de primera instancia. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366
del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.
54. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 31 de enero de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del proceso de la referencia, por
las razones expuestas en precedencia y en su lugar DENEGAR las pretensiones
de la demanda.
SEGUNDO: CONDENAR en costas de ambas instancias a la entidad demandante.
Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas
serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen
previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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