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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2021-00416-01

Fecha
9 de abril de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2021-00416-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR en numeral segundo de la sentencia de 27 de julio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, que concedió parcialmente las súplicas de la demanda dentro del proceso promovido por el señor Milton Espinoza López en contra de Colpensiones, por las razones expuestas en esta providencia, que quedará así: «SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a COLPENSIONES, reliquidar la pensión de vejez del actor, en el equivalente al 75% del promedio de los factores salariales sobre los cuales cotizó en su último año de servicio (1 de marzo de 2017 a 1 de marzo de 2018), teniendo en cuenta el sueldo, sobresueldo, bonificación por servicios prestados, auxilio de transporte, auxilio de alimentación, prima de servicios, prima de navidad y prima de vacaciones». SEGUNDO: CONFIRMAR en sus demás apartes la sentencia de primera instancia. TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia. CUARTO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 50001-23-33-000-2021-00416-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

9 de abril de 2026

Radicado: 50-001-23-33-000-2021-00416-01 (6961-2023)
Demandante: Milton Espinoza López

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 50-001-23-33-000-2021-00416-01 (6961-2023)
Demandante: Milton Espinoza López
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones- Colpensiones
Tema: Reliquidación pensión de alto riesgo funcionario del INPEC.

Decisión: Modificar sentencia que accedió parcialmente a las
pretensiones

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA/LEY 1437 DE 2011

I. ASUNTO

1. La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada contra la sentencia de 27 de julio de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo del Meta1 que concedió parcialmente las súplicas de la demanda.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda2

2.1.1. Pretensiones

2. El señor Milton Espinoza López, por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el
artículo 138 de la Ley 1437 del 20113, solicitó declarar la nulidad de las Resoluciones
SUB 105150 de 22 de junio de 2017, SUB 183102 de 4 de septiembre de 2017, DIR
6613 de 5 de abril de 2018, SUB 216875 de 13 de agosto de 2019 y DPE 11951 de 28
de octubre de 2019, proferidas por Colpensiones en relación con la reliquidación de la
pensión de vejez del demandante.

3. Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento
del derecho, solicitó se ordene a la entidad demandada a reliquidar la pensión de
jubilación del demandante con el 75% de lo percibido durante último año de servicios,

1 Con ponencia de la magistrada Nohra Eugenia Galeano Parra.
2 Folio 3 y siguientes del archivo contenido en el índice 2 de Samai- expediente 50001233300020210041600.
3 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo», en adelante

CPACA.

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esto es, asignación básica, prima de riesgo «equivale al 30% sobre el salario básico»,
subsidio de unidad familiar, bonificación por recreación, las primas de vacaciones, de
navidad, de servicios, de clima, de «capacitación dragoneantes» y «prima vigilante
instructor».

4. Así mismo solicitó el reconocimiento y pago de las «diferencia salarial entre la
mesada reconocida inicialmente y la que se determine en el presente asunto, y el
cumplimiento de la sentencia de acuerdo con el artículo 195 del CPACA.

2.1.2. Hechos

5. El señor Milton Espinoza López ingresó como dragoneante al Cuerpo de Custodia
y Vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC, en dónde laboró
desde el 28 de agosto de 1995 hasta el 28 de febrero de 2018.

6. Mediante Resolución SUB 105150 de 22 de junio de 2017 Colpensiones le
reconoció una pensión especial de vejez en cuantía de $1´460.888.

7. A través de Resolución SUB 183102 del 4 de septiembre de 2017, la entidad
reliquidó dicha pensión en cuantía de $1.471.685.

8. En Resolución DIR 6613 de 5 de abril de 2018, Colpensiones modificó la
Resolución número SUB 183102 de 4 de septiembre de 2017 y reliquidó la pensión
del demandante, por lo que el valor de la mesada pensional ascendió a la suma de
$1´542.139.

9. Mediante Resolución SUB 216875 de 13 de agosto de 2019, la entidad negó la
reliquidación de la pensión del actor y posteriormente, a través de Resolución DPE
11951 de 28 de octubre de 2019, confirmó dicha decisión.

10. El señor Espinoza López presentó su renuncia para ser incluido en nómina de
pensionados y ésta fue aceptada en febrero de 2018.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.

11. Como normas vulneradas citó entre otros los artículos 53 y 58 de la Constitución;
el parágrafo 5. ° del Acto Legislativo 01 de 2003, las Leyes 33 y 62 de 1985, 32 de
1986 y los Decretos 1045 de 1978, 1302 de 1978 (artículos 2.° y 3.°) y 407 de 1994.

12. En el concepto de violación explicó que el régimen salarial y prestacional para el
demandante como servidor del INPEC se encuentra establecido en el Decreto Ley 407
de 1994, la Ley 32 de 1986 y el parágrafo 5.° del Acto Legislativo 01 de 2003, de
acuerdo con el cual su pensión debió reconocerse al acreditarse los 20 años de

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servicios, sin importar la edad, sin embargo, la entidad accionada inaplicó lo dispuesto
en los artículos 45 de 1978, 2.° y 3.° del Decreto 1302 de 1978 y las Leyes 33 y 62 de
1985, que resultan más beneficiosas para el actor, pues de acuerdo con éstas tiene
derecho a que su pensión se liquide con el 75% de lo devengado durante el último año
de servicios.

2.2. Contestación de la demanda

13. La Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones)4,
por intermedio de apoderada judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda, y
señaló que la prestación reconocida bajo los postulados de la Ley 32 de 1982 sólo
puede ser liquidada de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 100 de
1993, pues la Ley 33 de 1982 no contempla la forma de liquidación de la pensión.

14. Indicó que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, establece que un régimen de
transición, de acuerdo con el cual el IBL de los beneficiarios de dichas pensiones debe
determinarse de conformidad con lo previsto en esta ley y sobre los factores enlistados
en el Decreto 1158 de 1994, siempre que sobre éstos se hubiesen realizado
cotizaciones.

15. Señaló que el anterior criterio fue establecido por el Consejo de Estado en la
sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, en el que la corporación precisó
además que, para los servidores públicos beneficiarios de un régimen de transición
especial de jubilación, como lo es este caso, el periodo para liquidar la pensión es el
previsto en el inciso 3. ° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 o del artículo 21 de la
misma ley, según el tiempo que faltaba para adquirir el derecho a la pensión a la fecha
de entrada en vigencia de esta disposición.

16. Propuso las excepciones de (i) prescripción, (ii) inexistencia del derecho reclamado
o cobro de lo no debido, (iii) improcedencia de la indexación y (iv) buena fe.

2.3. La sentencia apelada.

17. El Tribunal Administrativo del Meta, a través de la sentencia de 27 de julio de 20235
concedió parcialmente las pretensiones de la demanda.

18. Como fundamento de su decisión señaló que, para que un funcionario del INPEC
pueda acceder al régimen especial de pensiones contemplado en la Ley 32 de 1986
respecto de la edad, tiempo de servicio, número de semanas cotizadas y la tasa de
remplazo, deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 1º, del Decreto
1950 de 2005, y en el parágrafo 5º, del artículo 1º, del Acto Legislativo 01 de 2005,
esto es haberse vinculado al INPEC, antes de la entrada en vigencia del Decreto 2090

4 Folio 2 y siguientes del archivo contenido en el índice 12 de Samai- expediente 50001233300020210041600.
5 índice 39 de Samai- expediente 50001233300020210041600.

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de 2003, y el ingreso base de liquidación se regirá por artículo 4.° de la Ley 4ª de 1966
y el Decreto 446 de 1994. Estableció que difería de la posición adoptada por el
Consejo de Estado según la cual debían también acreditar 500 semanas antes de la
entrada en vigencia del citado Decreto 2090 de 2003, siendo para el a quo
determinante solamente a fecha de vinculación, de acuerdo con lo señalado en la
sentencia de la Corte Constitucional T- 012 de 2022.

19. Posteriormente se refirió al acervo probatorio del que determinó que el
demandante ingresó al INPEC antes de la entrada en vigencia del Decreto 2090 de
2003, por lo que le era aplicable lo dispuesto en la Ley 32 de 1986 y no así lo
establecido en la Ley 33 de 1985, dado que esta norma excluyó a las personas que
gocen de un régimen especial pensional, como el caso de los miembros del INPEC y
que, de acuerdo con la sentencia de unificación de 2 febrero de 2023 proferida por ese
Tribunal6 , la tasa de reemplazo y el periodo sobre el cual se liquidan tales prestaciones
se determina con sustento en el artículo 4.° de la Ley 4ª de 1966.

20. Sostuvo que, de acuerdo con lo dispuesto por el Consejo de Estado beneficiarios
del artículo 96 de la Ley 32 de 1986, tienen derecho a que se les liquide la pensión de
jubilación con el 75% del promedio mensual obtenido en el último año de servicios,
teniendo en cuenta únicamente los factores salariales sobre los cuales se hubieran
realizado aportes al sistema pensional y que estén expresamente establecidos en el
Decreto 446 de 1994.

21. Así las cosas, estimó que la demandada no reliquidó la pensión del demandante
de conformidad con el régimen especial, pues el IBL de la misma se estableció de
acuerdo con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, esto es, con el promedio de los
últimos 10 años de servicio y teniendo en cuenta únicamente la asignación básica y la
bonificación por servicios prestados, por ser estos los únicos factores devengados
enlistados en el Decreto 1158 de 1994.

22. Así mismo de acuerdo con lo señalado por el Consejo de Estado7 los factores que
constituyen salario para la liquidación de la pensión de jubilación de que trata la Ley
32 de 1986 son los dispuestos en el Decreto 446 de 1994 -artículos 2.°, 3.°, 4.°, 7.°,
13, 14 y 17-, es decir, las primas de navidad, de vacaciones, de servicios, los pasajes
y gastos de transporte, subsidios de transporte y de alimentación, y sobresueldo. Sin
que constituyan factor salarial: las primas de instalación y alojamiento, de capacitación,
de clima, la prima extracarcelaria, la prima de vigilantes instructores y el subsidio
familiar -artículos 5.°, 6.°, 8.°, 11, 12 y 15.

6 Se refirió a la sentencia dictada en el proceso 50001-33-33-008-2018-00317-01
7 Se refirió a la sentencia proferida en el proceso radicado 27001-23-31-000-2011-00242-01 (1344-2014).
Demandante: José Arcenio Moreno. Demandados: Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal) y Ministerio de la
Protección Social.

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23. En ese sentido declaró la nulidad de parcial de las resoluciones demandadas y
ordenó reliquidar la pensión del señor Espinoza López en cuantía del 75% del
promedio de los factores salariales sobre los cuales cotizó durante el último año de
servicios (1.° de marzo de 2017 a 1.°de marzo de 2018), esto es, «sueldo, sobresueldo,
bonificación por servicios prestados, vacaciones, auxilio de transporte, auxilio de
alimentación, prima de servicios, prima de navidad y prima de vacaciones».

24. Finalmente, se abstuvo de condenar en costas a la parte demandada, lo anterior,
teniendo en cuenta el cambio del precedente jurisprudencial que en principio le sirvió
de fundamento a las excepciones de la demandada.

2.4. Recurso de apelación8

25. La parte demandada, por conducto de apoderado judicial, interpuso recurso de
apelación en contra de la sentencia de primera instancia, al considerar que el IBL de
la pensión del demandante debió ser liquidada según lo establecido en el artículo 21
de la Ley 100 de 1993 y sobre los factores salariales devengados y consagrados en el
Decreto 1158 de 1990.

26. Indicó que la Ley 32 de 1982, no contempla la forma de liquidación de la pensión,
que la fecha de estatus del demandante se causó en vigencia de la Ley 100 de 1993,
y que, por lo tanto, la única forma para suplir dicho vacío es acudir a las normas de
carácter general, para el caso concreto la Ley 100 de 1993.

27. Para tal efecto, citó la sentencia del 28 de agosto de 2018 del Consejo de Estado,
de acuerdo con la cual, el modo de promediar la base de liquidación no puede ser el
establecido en la legislación anterior dado que el régimen de transición solo
comprende los conceptos de edad, monto y semanas de cotización y excluye el ingreso
base de liquidación.

28. Así las cosas, estimó que no era posible reliquidar la pensión teniendo en cuenta
el 75% del promedio de los factores enlistados durante el último año de servicios, pues
ello discrepa del lineamiento jurisprudencial señalado anteriormente.

2.5. Trámite en segunda instancia.

29. A través de auto de 2 de febrero de 20249, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada y se ordenó correr traslado al agente del Ministerio
Público para conceptuar en segunda instancia.
30. Las partes demandantes, demandada y el agente del ministerio público guardaron
silencio.

8 índice 42 de Samai- expediente 50001233300020210041600.
9 Índice 5 de Samai.

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31. Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección
procede a decidir previas las siguientes

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

32. Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 10 de la Ley 1437 de 2011.

3.3. Marco de análisis de la segunda instancia

33. Según el artículo 328 del Código General del Proceso, la competencia del juez de
segunda instancia está circunscrita a los argumentos del apelante. Si ambas partes
apelan la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.

34. En el asunto objeto de estudio, el demandado es apelante único, por lo que la
competencia de la Sala de Subsección se encuentra limitada a los argumentos
esgrimidos en el recurso de apelación.

3.4. Problema jurídico

35. La Sala de Subsección deberá establecer si el IBL de la pensión reconocida al
demandante debe determinarse teniendo en cuenta la totalidad de los factores
devengados durante el último año de servicios de conformidad con la Ley 32 de 1986
y el Decreto 407 de 1994 o por el contrario le es aplicable el inciso 3.º del artículo 36
de la Ley 100 de 1993 y el Decreto reglamentario 1158 de 1994, de conformidad con
las reglas previstas en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018 proferida
por el Consejo de Estado.

3.5. Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso

3.5.1. Régimen pensional de los servidores del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario -INPEC.

36. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1.° de la Ley 33 de 1985, los
empleados del Cuerpo de Custodia y Vigilancia de la Penitenciaria Nacional no
estaban sujetos a la regla general definida en esta norma por estar cobijados por un
régimen especial de pensiones.

10 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones
de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el
de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan
los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]».

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37. En efecto, la Ley 32 de 1986 estableció el Estatuto Orgánico del Cuerpo de
Custodia y Vigilancia con el fin de regular «todo lo relativo al ingreso, formación,
capacitación, ascensos, traslados, retiros, administración y régimen prestacional del
personal de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional» 11.

38. Dicho régimen se encontraba establecido en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986 12
que contempló la posibilidad de acceder a la pensión de jubilación sin tener en cuenta
la edad, para aquellos funcionarios que cumplan 20 años de servicio continuo o
discontinuo a la Guardia Nacional.

39. Posteriormente, la Ley 100 de 1993 en su artículo 140 dispuso que «el Gobierno
Nacional expedirá el régimen de los servidores públicos que laboren en actividades de
alto riesgo, teniendo en cuenta una menor edad de jubilación o un número menor
de semanas de cotización, o ambos requisitos. Se consideran para este efecto
como actividades de alto riesgo para el trabajador aquellas que cumplen algunos
sectores tales como el Cuerpo de Custodia y Vigilancia Nacional Penitenciaria. Todo
sin desconocer derechos adquiridos» ( Negrilla de la Sala).

40. Ahora bien, el Decreto Ley 407 del 20 de febrero de 1994, expedido en virtud de
las facultades conferidas en el artículo 172 de la Ley 65 de 1993, en su artículo 16813
fijó un régimen especial en materia pensional para el personal de custodia y vigilancia
del INPEC, el cual respetaba los preceptos de la Ley 32 de 1986 que cobijaba a
quienes ejercían como tal antes del 21 de febrero de 1994, en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 168. Los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y
Carcelaria Nacional, que a la fecha de la vigencia del presente decreto se encuentren
prestando sus servicios al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, tendrán
derecho a gozar de la pensión de jubilación en los términos establecidos en el artículo 96
de la Ley 32 de 1986. El tiempo de servicio prestado en la fuerza pública se tendrá en
cuenta para estos efectos.

Con relación a los puntos porcentuales de cotización, serán determinados por el Gobierno
Nacional.

PARÁGRAFO 1o. Las personas que ingresen a partir de la vigencia de este decreto, al
Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional, tendrán derecho a una
pensión de vejez en los términos que establezca el Gobierno Nacional, en desarrollo del
artículo 140 de la Ley 100 de 1993 para las actividades de alto riesgo.

PARÁGRAFO 2o. El personal Administrativo del Instituto se regirá por las normas
establecidas en la Ley 100 de 1993.»

41. Posteriormente, con base en el artículo 17 de la Ley 797 de 2003 se confirieron
facultades extraordinarias al presidente de la República, por el término de seis meses,
para expedir el régimen legal de los trabajadores que laboran en actividades de alto

11 Artículo 1°.
12 “Por el cual se adopta el Estatuto Orgánico del Cuerpo de Custodia y Vigilancia”.
13 Este artículo fue derogado por el artículo 11 del Decreto 2090 de 2003.

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riesgo. Con base en ellas, profirió el Decreto 2090 de 26 de julio de 2003 en el cual
se incluyó al personal dedicado a la custodia y vigilancia del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario INPEC, como destinatario de las normas sobre actividades
de alto riesgo.
42. Esta disposición determinó un régimen de transición consistente en que quienes a
28 de julio de 2003 hubieren cotizado al menos 500 semanas, tendrían derecho a que
una vez cumplidas 1000 semanas cotizadas, la pensión de jubilación les sea
reconocida en las mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que
regulaban las actividades de alto riesgo. Esta Corporación en varias ocasiones 14
señaló que como el artículo 6.° del Decreto 2090 de 2003 previó unos supuestos para
la transición de un régimen especial y al mismo tiempo para un régimen general, se
debía dar la interpretación más favorable al trabajador y con ello, dar prevalencia solo
a la exigencia de las 500 semanas.

43.Así, con el Decreto 2090 de 200315 se derogó el artículo 168 del Decreto 407 de
1994 y se incluyó como actividad de alto riesgo la ejercida por el personal dedicado a
la custodia y vigilancia de los internos en los centros de reclusión carcelaria en el
INPEC, norma que además estableció un régimen de transición consistente en que
quienes a 28 de julio de 2003 hubieren cotizado al menos 500 semanas, tendrían
derecho a que una vez cumplidas 1000 semanas cotizadas, la pensión de jubilación
les fuese reconocida en las mismas condiciones:

«Artículo 6º.Régimen de transición. Quienes a la fecha de entrada en vigencia del presente
decreto hubieren cotizado cuando menos 500 semanas de cotización especial, tendrán
derecho a que, una vez cumplido el número mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de
2003 para acceder a la pensión, esta les sea reconocida en las mismas condiciones
establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo.

Parágrafo. Para poder ejercer los derechos que se establecen en el presente decreto
cuando las personas se encuentren cubiertas por el régimen de transición, deberán cumplir
en adición a los requisitos especiales aquí señalados, los previstos por el artículo 36 de la
Ley 100 de1993, modificado por el artículo 18 de la Ley 797 de 2003»16.

44. Sobre el parágrafo de la norma, esta Sección Segunda consideró en diferentes
oportunidades17 que deben aplicarse las condiciones o requisitos de acceso a los
regímenes especiales de actividades por alto riesgo conforme a los postulados

14 Entre otras puede consultarse la sentencia de 23 de junio de 2022, dictada por la Subsección B, en el
proceso de nulidad de acto propio, radicado 17001-23-33-000-2020-00281-01
(3914-2021), con ponencia de la consejera Sandra Lisset Ibarra Vélez
15 Expedido con base en las facultades extraordinarias conferidas en el artículo 17 de la Ley 797 de 2003.
16 Artículo declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-663 de 2007, en el entendido de

que para el cómputo de las "500 semanas de cotización especial", se podrán acreditar las semanas de cotización
efectuadas en cualquier actividad que hubiere sido calificada jurídicamente como de alto riesgo.
17 Sentencia de la Subsección B de 25 de abril de 2024, dictada dentro del proceso radicación 66001-23-33-000-

2019-00464-01 ; Sentencia de la Subsección A de 30 de octubre de 2024 proferida en el proceso radicado 17001-
23-33-000-2022-00044-01 (2987-2024).

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establecidos en el artículo 6.° del Decreto Ley 2090 de 2003, sin las exigencias
adicionales enunciadas en el parágrafo de esa norma, con base en una interpretación
favorable al trabajador, establecido en el artículo 53 de la Constitución Política y dado
que en estos casos guarda íntima relación con el derecho de acceso al reconocimiento
pensional.

45. Ahora bien, luego, se expidió el Decreto 1950 de 13 de junio de 2005 que
reglamentó el artículo 140 de la Ley 100 de 1993 en el que se dispone que, a partir de
la vigencia del Decreto Ley 2090 de 2003 a los miembros del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional se les aplica el régimen contemplado en
el mismo y con anterioridad a esa fecha se aplicará el régimen vigente, esto es el de
la Ley 32 de 1986, para lo cual deben cubrirse las cotizaciones correspondientes de
conformidad con el Decreto 407 de 1994:

« Artículo 1º. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley 100 de
1993 y el Decreto-ley 2090 de 2003, a partir de la entrada en vigencia de este último
decreto, a los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria
Nacional se les aplicará el régimen de alto riesgo contemplado en el mismo. Con
anterioridad a dicha fecha se aplicará el régimen hasta ese entonces vigente para
dichas personas por razón de los riesgos de su labor, esto es, el dispuesto para el
efecto por la Ley 32 de 1986, para lo cual deben haberse cubierto las cotizaciones
correspondientes de conformidad con el Decreto-ley 407 de 1994 en concordancia con
el artículo 1º del Decreto 1835 de 1994.»

46. Con posterioridad y en ese mismo sentido, el Acto legislativo 01 de 22 de julio de
2005, en su parágrafo 5.°18 estableció que (i) a partir de la entrada en vigencia del
Decreto 2090 de 2003 a los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia
Penitenciaria y Carcelaria Nacional se les aplicará el régimen de alto riesgo
contemplado en el mismo y a (ii) quienes ingresaron con anterioridad a dicha fecha se
aplicará el régimen hasta ese entonces vigente para dichas personas por razón de los
riesgos de su labor, esto es el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986, para lo
cual deben haberse cubierto las cotizaciones correspondientes.

47. De acuerdo con lo anterior, con la expedición del Decreto 1950 de 2005 ( artículo
2.°) y lo establecido en el parágrafo 5.° del acto Legislativo 01 de 2005, basta con
acreditar que la vinculación del servidor del INPEC se hubiese dado con anterioridad
al 28 de julio de 2003, cuando entró en vigencia del Decreto 2090 de 2003, a efectos
de obtener el reconocimiento a la para que tenga derecho al reconocimiento pensional
acorde con lo dispuesto en la Ley 32 de 1986 tal como lo ha sostenido esta
Corporación con anterioridad19

18 «Parágrafo transitorio 5º. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto

2090 de 2003, a partir de la entrada en vigencia de este último decreto, a los miembros del cuerpo de custodia y
vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional se les aplicará el régimen de alto riesgo contemplado en el mismo. A
quienes ingresaron con anterioridad a dicha fecha se aplicará el régimen hasta ese entonces vigente para dichas
personas por razón de los riesgos de su labor, este es el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986, para lo
cual deben haberse cubierto las cotizaciones correspondientes.»
19 Sentencia de 30 de octubre de 2024, dictada dentro del proceso radicado interno 2987-2024 con ponencia del

consejero Dr. Jorge Iván Duque Gutiérrez.

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48. En esta misma línea la Corte Constitucional en sentencia T 021- de 2022 consideró
que la interpretación que permite materializar los principios de supremacía
constitucional (artículo 4.° Superior) y favorabilidad laboral (artículo 53 Superior) en el
caso concreto es aquella que le da primacía al Acto Legislativo 01 de 2005, parágrafo
5.° del artículo 1.°, con base en el cual se aplica la Ley 32 de 1986 a los funcionarios
del INPEC que hubieren ingresado a la entidad antes de la entrada en vigencia del
Decreto Ley 2090 de 2003, es decir, el 28 de julio de 2003. Esto señaló la Corporación,
luego de traer a colación las intervenciones de los congresistas frente al parágrafo 5.°
transitorio del Acto legislativo en mención:

«57.8 La aplicación de estos criterios al conflicto interpretativo previamente expuesto,
permiten a esta Sala determinar que el régimen de transición de los funcionarios del
INPEC es el establecido en el Decreto 1950 de 2005 y el Acto Legislativo 01 de 2005,
como se observa a continuación:
• Según el criterio jerárquico, se debe preferir la norma que tenga rango superior. En
este caso están involucradas, por una parte, la Ley 100 de 1993 y el Decreto Ley 2090
de 2003, y por el otro, el Decreto 1950 de 2005 y el Acto Legislativo 01 de 2005. Por
ende, ésta última disposición jurídica es la que debería primar al tener naturaleza
constitucional, lo que redundaría en una aplicación del principio de supremacía de la
Constitución establecido en el artículo 4° Superior: “La Constitución es norma de
normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma
jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”.
• De conformidad con el criterio cronológico se debe preferir la norma posterior sobre la
anterior, de manera que prevalezca la voluntad expresada después en el tiempo. En el
debate actual estaría una Ley de 1993 y un Decreto Ley del 2003, pero por otra parte
un Decreto y un Acto Legislativo que datan del 2005, por lo que resultaría claro que
también se deberían preferir éstas últimas disposiciones al ser proferidas en un
momento subsiguiente.
• En cuanto al criterio de especialidad debe primar la norma que regula un tema especial
sobre la legislación que tenga un carácter más general. Respecto al régimen de
pensiones referido, se resalta que la Ley 100 de 1993 regula el Sistema General de
Seguridad Social en pensiones y el Decreto Ley 2090 de 2003 fija las condiciones para
las actividades de alto riesgo, dentro de las cuales están incluidas las labores de los
trabajadores del cuerpo de custodia del INPEC. En cambio, el Decreto 1950 de 2005 y
el Acto Legislativo 01 de 2005 se refieren específica y únicamente a “los miembros del
Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional” y no fija reglas
generales ni lineamientos sobre el resto de actividades riesgosas. Por ende, también
prevalecerían estas normas sobre aquellas, atendiendo su carácter especial».

49. Establecido lo anterior, debe precisarse que, en relación con la liquidación de la
pensión, la Ley 32 de 1986 no indicó los factores que deben tenerse en cuenta por lo
que es necesario acudir a lo dispuesto en el artículo 114 ibidem que dispuso que en
los aspectos no establecidos en la ley se aplicarían las normas vigentes para los
empleados públicos nacionales, lo cual fue reiterado por el artículo 184 del Decreto

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407 de 1994, como se precisó por parte de esta Corporación en sentencia de 22 de
octubre de 2020, en los siguientes términos 20:

«Pese a que en el anterior recuento quedó claro que los miembros del cuerpo de custodia
y vigilancia del INPEC tienen derecho a la pensión al cumplir con el tiempo de servicio en
los términos del artículo 96 de la Ley 32 de 1986, nada se estableció́́́́ en relación con la
forma de liquidar la misma, por lo que se debe tener en cuenta que en el artículo 114
ibidem se determinó́́́́ que en los aspectos no previstos en la ley, se aplican las normas
vigentes para los empleados públicos nacionales, lo cual fue reiterado en el artículo 184
del Decreto 407 de 1994.

De acuerdo con ese marco, debe tenerse en cuenta las disposiciones del régimen general,
concretamente la Ley 4 de 1966, en cuyo artículo 4 se estableció́́ :

«ARTÍCULO 4o. A partir de la vigencia de esta Ley, las pensiones de jubilación o de
invalidez a que tengan derecho los trabajadores de una o más entidades de Derecho
Público, se liquidarán y pagarán tomando como base el setenta y cinco por ciento (75%)
del promedio mensual obtenido en el último año de servicios».

Con respecto a los factores que constituyen salario para la liquidación de la pensión de
jubilación de que trata la Ley 32 de 1986, esta Subsección, en sentencia del 27 de
septiembre de 201821 sostuvo que serían los dispuestos en el Decreto 446 de 1994, es
decir: la prima de navidad (art. 2), la prima de vacaciones (art. 3), la prima de servicios
(art. 4), los pasajes y gastos de transporte (art. 7), subsidio de transporte (art. 13), subsidio
de alimentación (art. 14), sobresueldo (art. 17). Por el contrario, no constituyen factor
salarial: la prima de instalación y alojamiento (art. 5), la prima de capacitación (art. 6), la
prima de clima (art. 8), la prima extracarcelaria (art. 11), la prima de vigilantes instructores
(art. 12) y el subsidio familiar (art. 15).

De acuerdo con lo anterior, debido a que en el régimen específico del INPEC no se
estableció́ la forma en la que se debe liquidar la pensión, esta Sala concluye que,
para quienes son beneficiarios de la Ley 32 de 1986, el derecho pensional se debe
liquidar con el 75% del promedio mensual obtenido en el último año de servicios
con los factores establecidos en el Decreto 446 de 1994.» (Negrilla Fuera de texto)

50. Como se advierte de todo lo anterior, las pensiones que gozan de un régimen
especial no se rigen por las disposiciones contenidas en las Leyes 33 y 62 de 1985,
por lo tanto, a la pensión de jubilación reconocida a los empleados del INPEC, bajo los
requisitos de la Ley 32 de 1986, los Decretos 407 de 1994, 2093 de 2003, 1950 de
2005 artículo 2.° y el parágrafo 5.° transitorio del Acto Legislativo 01 de 2005 no les es
aplicable dicha normativa, tal como lo consagra el artículo 1.° de la Ley 33 de 1985, ni
tampoco las previsiones de la Ley 100 de 1993, como lo ha señalado esta Corporación
en anteriores oportunidades22.

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 22 de

octubre de 2020, radicado N.º 88001-23-33-000-2014-00006-01(4678-14).
21 Rad. 27001-23-31-000-2011-00242-01 (1344-2014). Demandante: José Arcenio Moreno. Demandados: Caja
Nacional de Previsión Social (Cajanal) y Ministerio de la Protección Social
22 Sentencia de 21 de mayo de 2020 dentro del proceso radicado 20001-23-39-000-2015-00434-01 (4589-2018).

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51. En este sentido las reglas fijadas en la sentencia del 28 de agosto de 2018 no
resultan extensibles a los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia, pues en la
citada decisión el Consejo de Estado se pronunció sobre la forma de establecer el IBL
cuando se trate de eventos en los que la persona se encuentre en el régimen de
transición de la Ley 100 de 1993.

3.5. Caso concreto

3.5.1. De las pruebas.

52. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala de Subsección advierte como
relevantes las siguientes pruebas:

• El señor Milton Espinoza López prestó sus servicios al Instituto Penitenciario y
Carcelario INPEC, en el periodo comprendido entre el 28 de agosto de 1995 y el 1.°
de marzo de 2018 en donde desempeñó el empleo de dragoneante, código 4114,
grado 11.23

• Durante el periodo comprendido entre el 1. ° de marzo de 2017 y el 1.° de marzo
de 2018, devengó las siguientes asignaciones:24

• Asignación básica
• Bonificación por servicios prestados
• Auxilio de Alimentación
• Auxilio de transporte
• Bonificación por recreación
• Prima técnica
• Prima de navidad
• Prima de riesgo
• Prima de servicios
• Prima de vacaciones
• Prima de vigilantes-Instructores
• Sobresueldo
• Subsidio de unidad familiar
• Vacaciones.

• A través de la Resolución SUB 105150 de 22 de junio de 2017, Colpensiones
reconoció una pensión de vejez al señor Milton Espinoza López de conformidad con lo
previsto en el Decreto 2090 de 2003 y la Ley 32 de 1985 por cumplir los requisitos
establecidos en dichas normas para ello. Dicha pensión fue liquidada en cuantía del
75% del promedio de lo devengado durante los últimos 10 años de servicio, teniendo
en cuenta los factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994, lo anterior, condicionada
al retiro efectivo del servicio25.

23 Folio 4 del archivo contenido en el índice 22 de Samai- Expediente 50001233300020210041600
24 Folio 23 del archivo contenido en el índice 23 de Samai- Expediente 50001233300020210041600
25 Folio 15 del archivo contenido en el índice 2 de Samai- Expediente 50001233300020210041600.

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• Por Resolución 183102 de 4 de septiembre de 2017, Colpensiones resolvió el
recurso de reposición interpuesto contra la anterior decisión, con lo que modificó y
aumentó el valor de la mesada pensional.26

• Mediante Resolución DIR 6613 de 5 de abril de 201827 Colpensiones resolvió el
recurso de apelación interpuesto contra dicha decisión y ordenó modificar la
Resolución 183102 de 4 de septiembre de 2017 que, a su vez, modificó Resolución
SUB-105150 de 22 de junio de 2017 y aumentó el valor de la mesada pensional.

• En Resolución SUB 216875 de 13 de agosto de 2019 Colpensiones negó al
demandado la reliquidación de su pensión, pues estimó que para determinar el IBL de
la misma debía atender a lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de la Ley 100 y al artículo
1. ° del Decreto 1158 de 1994. 28

• A través de Resolución DPE 11951 de 28 de octubre de 2019 se resolvió el recurso
de apelación interpuesto contra la anterior decisión confirmándola en su totalidad. 29

3.5.2. Análisis de la Sala

53. El señor Milton Espinoza López en calidad de exfuncionario del Cuerpo de
Custodia y Vigilancia del INPEC, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho solicitó la nulidad de las Resoluciones SUB 105150 de
22 de junio de 2017,SUB 183102 de 4 de septiembre de 2017, DIR 6613 de 5 de abril
de 2018, SUB 216875 de 13 de agosto de 2019 y DPE 11951 de 28 de octubre de
2019, proferidas por Colpensiones,a través de las cuales se reconoció una pensión de
vejez de conformidad con el régimen especial de alto riesgo previsto en el Decreto
2090 de 2003 y la Ley 32 de 1986 y se negó la reliquidación de la misma teniendo en
cuenta el 75% de los factores devengados durante el último año de servicios.

54. Como ya se vio, el Tribunal Administrativo del Meta declaró la nulidad parcial de
los actos acusados, por estimar que al ser beneficiario del régimen de transición
previsto en el artículo 6.° del Decreto 2090 de 2003 y con ello de la Ley 32 de 1986, el
IBL de la pensión debió ser calculado en cuantía del 75% de los factores devengados
durante el último año de servicios enlistados en el Decreto 446 de 1994 y sobre los
cuales se hubiesen efectuado aportes a pensión, esto es, «sueldo, sobresueldo,
bonificación por servicios prestados, vacaciones, auxilio de transporte, auxilio de
alimentación, prima de servicios, prima de navidad y prima de vacaciones».

55. Para adoptar esta determinación el Tribunal Administrativo del Meta consideró que
en este caso el demandante era beneficiario del régimen de transición de alto riesgo
previsto en el Decreto 2090 de 2003 por haberse desempeñado como miembro del

26 Folio 23 del archivo contenido en el índice 2 de Samai- Expediente 50001233300020210041600.
27 Folio 33 del archivo contenido en el índice 2 de Samai- Expediente 50001233300020210041600
28 Folio 46 del archivo contenido en el índice 2 de Samai- Expediente 50001233300020210041600
29 Folio 56 del archivo contenido en el índice 2 de Samai- Expediente 50001233300020210041600

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Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC antes de la entrada en vigencia de la citada
norma, comoquiera que ingresó a laborar desde el 28 de agosto de 1995.

56. La parte demandada insiste en que debe darse aplicación a las reglas de
interpretación fijadas en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018 proferida
por el Consejo de Estado, atendiendo lo previsto en el inciso 3.º del artículo 36 o del
artículo 21 de la Ley 100 de 1993, con inclusión de los factores salariales señalados
en el Decreto 1158 de 1994, siempre y cuando hubiese efectuado cotizaciones sobre
los mismos.

57. Como se aprecia de las pruebas recaudadas, el actor ingresó al cuerpo de custodia
y vigilancia del INPEC con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 2090 de
2003 y acreditó más de 22 años de servicio en la entidad, por tanto su pensión se rige
bajo los requisitos de la Ley 32 de 1986, los Decretos 407 de 1994, 2093 de 2003,
1950 de 2005 artículo 2.° y el parágrafo 5.° transitorio del Acto Legislativo 01 de 2005
por lo que no le es aplicable la Ley 33 de 1985, ni tampoco las previsiones de la Ley
100 de 1993.

58. En este sentido las reglas fijadas en la sentencia del 28 de agosto de 2018 no
resultan extensibles a su caso. En esa medida no goza de vocación de prosperidad el
argumento del recurrente según el cual el ingreso base de liquidación de la pensión
del demandante debió determinarse, de acuerdo con lo previsto en el inciso 3º del
articulo 36 o del artículo 21 de la Ley 100 de 1993 e incluyendo los factores salariales
señalados en el Decreto 1158 de 1994.

59. Esto por cuanto, para quienes son beneficiarios de la Ley 32 de 1986, el derecho
pensional se debe liquidar con el 75% del promedio mensual obtenido en el último año
de servicios con los factores establecidos en el Decreto 446 de 1994, tal como lo
señaló el a quo.

60. Acorde con ello, por virtud de la remisión normativa prevista en el artículo 114 de
la Ley 32 de 1986, reiterada en el artículo 184 del Decreto 407 de 1994, para
determinar el IBL debe acudirse a lo regulado en las normas vigentes para los
empleados públicos nacionales, esto es, el artículo 4.° de la Ley 4.ª de 1966 que señala
que «las pensiones de jubilación o de invalidez a que tengan derecho los trabajadores
de una o más entidades de Derecho Público, se liquidarán y pagarán tomando como
base el setenta y cinco por ciento (75%) del promedio mensual obtenido en el último
año de servicios».

61. En cuanto a los factores salariales, el Decreto 446 de 1994, fijó el régimen
prestacional de los servidores públicos del INPEC y esta Subsección ha acudido al
mismo, a efectos de calcular el IBL, por lo que estima la Sala que le asistió razón al
Tribunal cuando accedió a las pretensiones, pues está acreditado que en el periodo

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comprendido entre el 1. ° de marzo de 2017 y el 1. ° de marzo de 2018, el demandante
devengó entre otros factores salariales, la asignación básica, el sobresueldo, la
bonificación por servicios prestados, los auxilios de transporte y de alimentación, las
primas de servicios, de navidad y de vacaciones, que se encuentran enlistados como
tal en el Decreto 446 de 1994, por lo que su inclusión resultaba procedente para
efectos de liquidar el IBL en el caso concreto.

62. Sin embargo, no le asistió razón frente a la orden de inclusión de las vacaciones
dado que no se encuentran enlistadas como factor salarial en el citado Decreto 446 de
1994, siendo necesario modificar la decisión de primera instancia en el sentido de
excluir dicha prestación como factor salarial para liquidar la pensión.

63. En lo demás y dado que no fueron objeto de apelación los demás aspectos de la
decisión, se confirmará la sentencia de primera instancia.

3.6. Decisión de segunda instancia

64. La Sala modificará la sentencia de primera instancia que concedió parcialmente
pretensiones de la demanda, toda vez que, aunque estima que el demandante tiene
derecho a que su pensión sea reliquidada con el 75% del promedio mensual obtenido
en el último año de servicios con los factores establecidos en el Decreto 446 de 1994,
no tenía derecho a que las «vacaciones» fueran incluidas como factor salarial para
efectos de determinar el IBL, pues dicho factor no estaba enlistado en el citado
Decreto.

3.7. De la condena en costas en segunda instancia.

65. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente
a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

66. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso
de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo
188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

67. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

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68. Teniendo en cuenta que las pretensiones del recurso prosperaron parcialmente, la
Sala se abstendrá de condenar en costas a las partes.

69. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: MODIFICAR en numeral segundo de la sentencia de 27 de julio de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, que concedió parcialmente las
súplicas de la demanda dentro del proceso promovido por el señor Milton Espinoza
López en contra de Colpensiones, por las razones expuestas en esta providencia, que
quedará así:

«SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a COLPENSIONES,
reliquidar la pensión de vejez del actor, en el equivalente al 75% del promedio de los
factores salariales sobre los cuales cotizó en su último año de servicio (1 de marzo de 2017
a 1 de marzo de 2018), teniendo en cuenta el sueldo, sobresueldo, bonificación por
servicios prestados, auxilio de transporte, auxilio de alimentación, prima de servicios, prima
de navidad y prima de vacaciones».

SEGUNDO: CONFIRMAR en sus demás apartes la sentencia de primera instancia.

TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.

CUARTO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen
previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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