Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03672-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03672-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-03672-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
21 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03672-01
Accionante: Jhon Jairo Aristizabal Escobar
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Séptima de
Oralidad
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – CONFIRMA – SE
AMPARA – configuración de desconocimiento de precedente judicial – inobservancia
de las cargas de transparencia y suficiencia argumentativa / liquidación pensional de
servidores públicos del INPEC.
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte accionada contra
la sentencia proferida el 9 de junio de 2026 por el Consejo de Estado – Sección
Segunda – Subsección B, mediante la cual se amparó el derecho fundamental al
debido proceso del señor Jhon Jairo Aristizabal Escobar.
I. A N T E C E D E N T E S
A. La demanda y sus fundamentos
1.El 12 de mayo de 2026, el señor Jhon Jairo Aristizabal Escobar, a través de
apoderado judicial, presentó acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo
de Antioquia – Sala Séptima de Oralidad, con el fin de obtener el amparo de sus
derechos fundamentales a la legalidad, igualdad, debido proceso, seguridad social,
mínimo vital y vida en condiciones dignas.
2. Considera que tales prerrogativas fueron vulneradas con ocasión de la sentencia
de 12 de noviembre de 20251 proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho2 que promovió en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones
– COLPENSIONES; con el propósito de obtener la nulidad de las resoluciones que
le negaron la reliquidación de su pensión de vejez. El motivo de su inconformidad
fue que la mesada se calculó teniendo en cuenta como ingreso base de liquidación
(IBL) el promedio de lo devengado en los últimos 10 años de servicio.
1 Según la información dada por el demandante su notificación fue el 12 de noviembre de 2025. En el expediente
digital allegado en préstamo no se allegó constancia de la notificación de la sentencia y en el aplicativo Samai
tampoco consta la misma.
2 Proceso con radicación: 05001-23-33-035-2019-00034-01.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03672-01
Accionante: Jhon Jairo Aristizabal Escobar
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Séptima de Oralidad
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
3. El Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de Medellín, en fallo de 20
de junio de 2023, accedió a las pretensiones de la demanda. Consideró que al
demandante le asistía el derecho a que su pensión de vejez fuera liquidada conforme
al régimen especial contenido en la Ley 32 de 1986 por haber ingresado al INPEC
antes de la fecha en que entró en vigor el Decreto 2090 de 2003. Respecto a la
liquidación de la pensión, determinó que, al tratarse de un régimen exceptuado, era
procedente aplicar las disposiciones de la Ley 4ª de 1966, la cual establece que las
pensiones deben liquidarse con base en el 75% del promedio mensual obtenido en
el último año de servicios y los factores salariales previstos en el artículo 45 del
Decreto 1045 de 1978.
4. El Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Séptima de Oralidad, mediante fallo
del 12 de noviembre de 2025, revocó la decisión de primera instancia. Estimó que
en el caso no estaba en debate el régimen aplicable —Ley 32 de 1986—, sino los
factores salariales que debían tenerse en cuenta para liquidar la pensión solicitada.
Adujo que la referida Ley 32 de 1986 no estableció reglas frente a los mencionados
factores, pero su artículo 114 dispuso la remisión, en los aspectos no regulados, a
las normas vigentes aplicables a los empleados del orden nacional, remitiendo a las
leyes 33 y 62 de 1985.
5. Sostuvo que la liquidación pensional debía someterse a lo establecido en el
artículo 21 de la Ley 100 de 1993, de conformidad con el artículo 114 de la Ley 32
de 1986, y los factores salariales debían corresponder a aquellos sobre los cuales
se hubieran efectuado las respectivas cotizaciones por disposición expresa del
parágrafo transitorio 5° del Acto Legislativo 01 de 2005 y del Decreto 1950 de 2005.
6. Expuso que, de conformidad con la normativa y la jurisprudencia, la liquidación de
la pensión del personal del INPEC debía realizarse con base en los factores
salariales previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los cuales se hubieran
efectuado cotizaciones, devengados en los últimos 10 años de servicios, y no el 75%
de todo lo devengado en el último año de servicios. Pues, si bien al demandante le
resultaba aplicable el régimen especial pensional previsto en la Ley 32 de 1986, lo
cierto era que se aplicaban las reglas de interpretación del régimen de transición
fijadas en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018.
7. La parte accionante manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió en un
defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, al aplicar la
sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 proferida por la Sección Segunda
del Consejo de Estado, pese a que no se ajustaba al caso concreto porque no se
encontraba en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 ni del Decreto 2090
de 2003. Así como impartir legalidad a los actos administrativos que reliquidaron la
pensión pese a no haber tenido en cuenta la totalidad de los factores salariales que
fueron objeto de aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones.
8. Indicó que la accionada desconoció por completo el precedente sentado por el
Consejo de Estado, que ha definido con total claridad y suficiencia cómo se debe
liquidar la pensión de los funcionarios adscritos al Cuerpo de Custodia y Vigilancia,
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03672-01
Accionante: Jhon Jairo Aristizabal Escobar
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Séptima de Oralidad
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
cuya pensión se encuentra regulada en la Ley 32 de 1986, sin exponer razón alguna
para apartarse del mismo, ni demostrar, siquiera con un grado mínimo de suficiencia,
que su interpretación garantizó un mejor desarrollo de los derechos y principios
constitucionales.
9. Trajo a colación las siguientes sentencias dictadas por la Sección Segunda del
Consejo de Estado: (i) 6 de agosto de 2020, rad. 63001-23-33-000-2018-00155-01;
(ii) 22 de octubre de 2020, rad. 88001-23-33-000-2014-00006-01; (iii) 19 de enero de
2023, rad. 20001-23-33-000-2018-00321-01; (iv) 1°de septiembre de 2022, rad.
25000-23-42-000-2015-05761-02; (v) 2 de febrero de 2023, rad. 23001-23-33-000-
2016-00445-01; (vi) 30 de octubre de 2024, rad. 08001-23-33-000-2021-00064-01;
(vii) 26 de junio de 2025, rad. 68001-23-33-000-2017-01302-01 y (viii) 26 de junio de
2025, rad. 68001-23-33-000-2020-00717-01.
10. Expresó que en las sentencias desconocidas por la accionada se ha ordenado
liquidar la pensión de los funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia con una
tasa de remplazo del 75% del promedio mensual de lo devengado en el último año
de servicios, incluyendo los factores salariales enlistados en el artículo 45 del
Decreto 1045 de 1978 y el Decreto 446 de 1994, sobre los cuales le realizaron
aportes al Sistema de Seguridad Social en pensiones.
B. Sentencia de primera instancia
En fallo de 9 de junio de 2026, el Consejo de Estado – Sección Segunda –
11.
Subsección B amparó el derecho fundamental al debido proceso del señor Aristizabal
Escobar, al considerar que se había configurado un defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial en el fallo acusado.
12.
Manifestó que en atención a lo previsto en el Acto Legislativo 01 y el Decreto 1950
de 2005, al personal del INPEC vinculado con anterioridad al Decreto 2090 de 2003
le aplica para efectos pensionales lo dispuesto en la Ley 32 de 1986, sin que sea
necesario cumplir con los requisitos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 sobre el
régimen de transición y, por lo tanto, tampoco las reglas y subreglas de la sentencia
de unificación del 28 de agosto de 2018 proferida por la Sección Segunda del
Consejo de Estado.
13.
Expuso que el artículo 96 de la Ley 32 de 1986 prevé que los miembros del Cuerpo
de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional tienen derecho a la pensión de vejez
cumplidos 20 años de servicio. Sin embargo, como dicha norma no regló lo
relacionado con el IBL, se debía tener en cuenta el artículo 114 ibidem, que
estableció que, en los asuntos no regulados, tenía que emplearse las normas
vigentes para los empleados públicos nacionales, precepto reiterado en el artículo
184 del Decreto 407 de 1994.
14.
En ese orden, dado que la Ley 33 de 1985 excluyó a los miembros del Cuerpo de
Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional de su ámbito de aplicación, resultaba
necesario acudir a la Ley 4 de 1966 que, en su artículo 4, dispuso que la pensión de
vejez correspondía al 75% del promedio obtenido en el último año de servicios. En
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03672-01
Accionante: Jhon Jairo Aristizabal Escobar
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Séptima de Oralidad
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
cuanto a los factores salariales para tener en cuenta en el IBL eran los establecidos
en el Decreto 446 de 1994. Del mismo modo, trajo a colación sentencias de las dos
Subsecciones de la Sección Segunda del Consejo de Estado que han sostenido de
manera pacífica y reiterada dicha postura.
15.
De lo expuesto, la Sala observó que, pese a que el señor Jhon Jairo Aristizabal
Escobar se vinculó al INPEC con anterioridad al Decreto 2090 de 2003 y, por ende,
era beneficiario de la Ley 32 de 1986 para efectos pensionales, el Tribunal accionado
aplicó las reglas de unificación previstas en la sentencia del 28 de agosto de 2018 y
en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, el cual dispone que la pensión de vejez
equivale al promedio de lo cotizado durante los últimos 10 años de servicio, con la
inclusión de los factores salariales contenidos en el Decreto 1158 de 1994.
16.
Conforme lo anterior, concluyó que la sentencia objeto de tutela incurrió en un
defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial y vulneró el derecho
fundamental al debido proceso del tutelante, puesto que desconoció que, de acuerdo
con la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, al personal del
INPEC vinculado con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto 2090 de 2003, la
pensión de vejez estaba definida en la Ley 32 de 1986, en concordancia con lo
dispuesto en la Ley 4 de 1966 y el Decreto 446 de 1994.
C. La impugnación
17.
En desacuerdo con lo anterior, la parte accionada interpuso impugnación, en la
cual adujo que al emitir la providencia acusada realizó un análisis preciso y
concienzudo de las normas que se consideraron aplicables, lo cual estuvo dentro de
una interpretación legal razonable.
18.
Expuso que la Sala nunca se apartó de la Constitución ni de la ley, por el contrario,
en virtud de la autonomía judicial efectuó una amplia interpretación normativa, que
no puede catalogarse como errada por existir posturas contrarias, pues hasta el día
de hoy no existe sentencia que unifique el tema de la reliquidación pensional de los
empleados del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC y que sea de obligatorio
cumplimiento, debiendo en estos casos prevalecer la labor judicial. Adicionó que
existe una sentencia de unificación jurisprudencial obligatoria sobre el tema
pensional, la cual fue la que aplicó la Sala, y es la del 28 de agosto de 2018 dictada
por el Consejo de Estado.
19.
Adujo que, si bien la Sala al momento de emitir la providencia acusada no siguió
lo expuesto en un precedente vertical proferido por el Consejo de Estado, sí expuso
todas y cada una de las razones jurídicas que sustentaban la decisión. Finalmente,
sostuvo que los factores salariales pretendidos por el actor, previstos en el artículo
45 del Decreto 1045 de 1978, son inferiores en número y cuantía a los establecidos
en el Decreto 446 de 1994, cuya aplicación ordenó el fallo de primera instancia.
Solicitó que de no declararse improcedente se niegue.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
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Accionante: Jhon Jairo Aristizabal Escobar
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Séptima de Oralidad
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
C. Competencia
20.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19913.
D. Análisis del caso concreto
21. LaSala confirmará la decisión de primera instancia, en tanto se advierte un
desconocimiento del precedente judicial por parte del Tribunal Administrativo de
Antioquia – Sala Séptima de Oralidad.
22. Esta Subsección coincide con la primera instancia en que se encuentran
satisfechos los requisitos generales de procedencia, por lo que corresponde
determinar si la autoridad accionada incurrió en la causal específica de procedibilidad
invocada por la parte accionante.
23. La jurisprudencia constitucional ha definido el precedente judicial como el
conjunto de sentencias previas al caso sometido a consideración de una autoridad
judicial que, por su relevancia y pertinencia para resolver el problema jurídico
planteado, deben ser tenidas en cuenta por el fallador para su resolución4.
24. La observancia del precedente encuentra fundamento en los principios de
igualdad, seguridad jurídica y confianza legítima, orientados a garantizar que
situaciones fácticas y jurídicas análogas reciban un tratamiento uniforme por parte
de las autoridades judiciales, evitando decisiones arbitrarias o contradictorias que
comprometan la integridad del orden jurídico y el derecho de acceso efectivo a la
administración de justicia.
25. Según la autoridad judicial que profiera la decisión, la Corte ha distinguido el
precedente en dos clases: el horizontal y el vertical. El primero alude al deber que
tienen los jueces de ser consistentes sobre sus propias decisiones y respecto de
aquellas tomadas por autoridades de igual jerarquía. El segundo se refiere a la
obligación de acatar los lineamientos sentados por las instancias superiores
encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción5. La fuerza
vinculante del precedente de las Altas Cortes se deriva de su condición de órganos
de cierre de cada jurisdicción.
26. A efectos de determinar si una sentencia constituye precedente aplicable al caso
concreto, se requiere que: (i) la ratio decidendi de la decisión anterior contenga una
regla jurisprudencial pertinente para abordar el asunto bajo estudio; (ii) dicha regla
resuelva un problema jurídico semejante al debatido en el nuevo caso; y (iii) los
supuestos fácticos guarden similitud con aquellos analizados previamente6.
3“por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
4 Al respecto, ver, entre otras, las sentencias T-309 de 2015, SU-113 de 2018, T-220 de 2023 y T-042 de 2026.
5 Al respecto, ver sentencias T-309 de 2015 y SU-113 de 2018.
6 Al respecto, ver, entre otras, sentencias T-309 de 2015, SU-113 de 2018, T-042 de 2026.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03672-01
Accionante: Jhon Jairo Aristizabal Escobar
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
27. La Corte7 ha precisado que, de encontrar acreditados los supuestos anteriores,
el operador judicial puede apartarse del precedente, siempre que cumpla con una
exigente carga argumentativa. Esta carga comprende, por un lado, el deber de
transparencia, que consiste en identificar de manera expresa la existencia de la regla
jurisprudencial previamente fijada para casos análogos y, por otro, un deber de
suficiencia, que impone exponer razones serias que justifiquen el apartamiento.
28. No basta alegar un desacuerdo frente al criterio interpretativo, sino que el
funcionario debe exponer razones jurídicas suficientes, serias y razonables que
justifiquen su apartamiento, ya sea porque advierte diferencias relevantes entre el
precedente y el caso concreto o porque considera necesario modificar la regla
jurisprudencial previamente establecida. De esta manera se armoniza la fuerza
vinculante del precedente con los principios de autonomía e independencia judicial
y con el carácter dinámico del derecho.
29. En ese orden, el desconocimiento del precedente se configura cuando la
autoridad judicial omite aplicar una regla jurisprudencial vinculante y plenamente
aplicable al asunto sometido a su conocimiento, sin cumplir con la carga
argumentativa antes descrita.
30. Para sustentar la ocurrencia del desconocimiento del precedente, la parte
accionante afirmó que la autoridad accionada se apartó de la jurisprudencia pacífica
y reiterada del Consejo de Estado en la que se estableció que los miembros del
INPEC vinculados antes de la entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003,
conservan integralmente el régimen previsto en la Ley 32 de 1986 y, por tanto, su
pensión debe liquidarse con una tasa de reemplazo del 75% del promedio mensual
de lo devengado en el último año de servicios, incluyendo los factores salariales
enlistados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 y el Decreto 446 de 1994,
sobre los cuales le realizaron aportes al Sistema de Seguridad Social en pensiones.
31. Hizo referencia a las decisiones de 6 de agosto de 2020; 22 de octubre de 2020;
19 de enero de 2023; 1° de septiembre de 2022; 2 de febrero de 2023; 30 de octubre
de 2024 y 26 de junio de 2025. Adicionó que la accionada no fundamentó las razones
por las cuales se apartaba del criterio establecido por el órgano de cierre de la
jurisdicción contencioso-administrativa.
32. En el presente caso, el asunto en discusión no es el régimen aplicable, sino la
forma de liquidar la pensión de vejez y los factores salariales que se deben tener en
cuenta cuando se trata de servidores públicos del INPEC vinculados antes de la
entrada en vigor del Decreto 2090 de 2003, que conservan el régimen especial
previsto en la Ley 32 de 1986.
33.
Se observa que en el fallo acusado el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala
Séptima de Oralidad indicó que el señor Jhon Jairo Aristizabal Escobar es
beneficiario del régimen pensional contemplado en la Ley 32 de 1986, pues se
vinculó al INPEC el 8 de marzo de 1995, esto es, antes de la entrada en vigor del
7 En sentencia SU-395 de 2017.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03672-01
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
Decreto 2090 de 2003. Aspecto que consideró no era objeto de discusión, ni tampoco
la acreditación de los 20 años de servicio que exige dicha ley para el reconocimiento
de la pensión de vejez allí contemplada.
34. Sostuvo que respecto de los factores salariales que debían tenerse en cuenta para
liquidar la pensión solicitada la Ley 32 de 1986 no estableció reglas frente a los
mencionados factores, pero que su artículo 114 dispuso la remisión, en los aspectos
no regulados, a las normas vigentes aplicables a los empleados del orden nacional,
las cuales eran las leyes 33 y 62 de 1985, que fueron analizadas por el Consejo de
Estado en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018.
35. Sostuvo que tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han definido
la postura frente al IBL aplicable a quienes adquieren derechos pensionales bajo el
régimen de transición, razón por la cual la liquidación pensional debía someterse a
lo establecido en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, de conformidad con el artículo
114 de la Ley 32 de 1986, y los factores salariales debían corresponder a aquellos
sobre los cuales se hubieran efectuado las respectivas cotizaciones, por disposición
expresa del parágrafo transitorio 5 del Acto Legislativo 01 de 2005 y del Decreto 1950
de 2005.
36. Expuso que conforme con la normativa y jurisprudencia -citó la sentencia de 27
de mayo de 2019 proferida en sede de tutela por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado-, la liquidación de la pensión del personal del INPEC
debía realizarse con base en los factores salariales previstos en el Decreto 1158 de
1994 sobre los cuales se hubieran efectuado cotizaciones, percibidos en los últimos
10 años de servicios, y no el 75% de todo lo devengado en el último año de servicios.
Pues, si bien al demandante le resultaba aplicable el régimen especial pensional
previsto en la Ley 32 de 1986, lo cierto era que se empleaban las reglas de
interpretación del régimen de transición fijadas en la sentencia de unificación del 28
de agosto de 2018.
37. Concluyó que se respetan los parámetros particulares para acceder a la pensión,
esto es, 20 años de servicio continuos o discontinuos (artículo 96 Ley 32 de 1986),
pero el IBL se regía, en forma general, por el artículo 21 de la Ley 100 de 1993,
aplicando la segunda sub regla de la que habla la jurisprudencia citada, es decir que
los factores salariales que deben incluirse en el IBL son únicamente aquellos sobre
los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones
establecidos en el Decreto 1158 de 1994.
38. Sin embargo, dicha conclusión riñe con el criterio jurisprudencial que para el
momento en que fue adoptada la decisión cuestionada se venía aplicando al interior
de la Sección Segunda del Consejo de Estado en torno a la forma de liquidar la
pensión de vejez de los servidores públicos del INPEC que conservan el régimen
previsto en la Ley 32 de 1986 y los factores salariales que se debe tener en cuenta.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03672-01
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
39. Con anterioridad, la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación 8
sostenía que a los servidores públicos del INPEC, beneficiarios del régimen de
transición, únicamente les aplicaba la edad, el tiempo de servicios y el monto de la
prestación, de modo que, el IBL debía definirse conforme a la Ley 100 de 1993,
circunstancia que excluía la posibilidad de computar la totalidad de los factores
salariales percibidos durante el último año de servicios para efectos de la liquidación
pensional.
40. Sin embargo, posteriormente, las Subsecciones A y B de la Sección Segunda han
precisado en los últimos años9 que, aunque la Ley 32 de 1986 no regula
expresamente la forma de liquidar la pensión de vejez, los artículos 114 ibidem y
184 del Decreto 407 de 1994 remiten a las disposiciones aplicables a los empleados
públicos del orden nacional. Por ende, han aplicado el artículo 4° de la Ley 4° de
1966, según el cual la prestación debe liquidarse con el 75 % del promedio mensual
de lo devengado durante el último año de servicios. De igual manera, han señalado
que los factores salariales computables para determinar el IBL son los previstos en
el Decreto 446 de 1994, disposición que regula el régimen salarial y prestacional de
los empleados del INPEC.
41. Además, se ha indicado que las pensiones que gozan de un régimen especial no
se rigen por las disposiciones contenidas en las Leyes 33 y 62 de 1985, por lo tanto,
a la pensión de vejez reconocida a los empleados del INPEC, bajo los requisitos de
la Ley 32 de 1986, los Decretos 407 de 1994, 2093 de 2003, 1950 de 2005 artículo
2° y el parágrafo 5° transitorio del Acto Legislativo 01 de 2005 no les es aplicable
dicha normativa, tal como lo consagra el artículo 1° de la Ley 33 de 1985, ni tampoco
las previsiones de la Ley 100 de 1993, como lo ha señalado esta Corporación en
anteriores oportunidades10.
42. En este sentido, las reglas fijadas en la sentencia del 28 de agosto de 2018
tampoco resultaban extensibles a los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia,
pues en esa decisión el Consejo de Estado se pronunció sobre la forma de
establecer el IBL cuando se trate de eventos en los que la persona se encuentre en
el régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
43. La anterior postura no ha sido objeto de una sentencia de unificación formal, pero,
existe una línea reiterada y uniforme de las dos Subsecciones, tal como se vio. No
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 6 de agosto de 2020, radicado 63001-23-
33-000-2018-00155-01, y del 22 de octubre de 2020, radicado 88001-23-33-000-2014-00006-01.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencias de 27
de septiembre de 2018, rad. 27001-23-31-000-2011-00242-01; 6 de agosto de 2020, rad. 63001-23-33-000-2018-
00155-01; 22 de octubre de 2020, rad. 88001-23-33-000-2014-00006-01; 1.º de septiembre de 2022, rad. 25000-
23-42-000-2015-05761-02; 19 de enero de 2023, rad. 20001-23-33-000-2018-00321-01; 2 de febrero de 2023,
rad. 23001-23-33-000-2016-00445-01; 30 de octubre de 2024, rad. 08001-23-33-000-2021-00064-01; 6 de abril
de 2026, rad. 50001-23-33-000-2021-00416-01. Subsección B, sentencias de 26 de junio de 2025, rad. 68001-
23-33-000-2017-01303-01 y 68001-23-33-000-2020-00717-01. Posteriormente, se han emitido decisiones
similares, tal como la del 23 de abril de 2026, rad. 73001-23-33-000-2015-00568-01.
10 Consejo de Estado - Subsección A 2 de febrero de 2023, rad. 23001 23 33 000 2016 00445 01; 17 de octubre
de 2024, rad. 11001-03-15-000-2024-03720-01; 3 de julio de 2025, rad. 250002342000-2019-01601-01; 16 de
abril de 2026, rad. 05-001-23-33-000-2018-00393-01. Subsección B, 26 de junio de 2025, rad. 68001-23-33-000-
2020-00717-01; 21 de mayo de 2020, rad. 20001-23-39-000-2015-00434-01.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03672-01
Accionante: Jhon Jairo Aristizabal Escobar
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Séptima de Oralidad
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
obstante, la autoridad judicial accionada, pese a reconocer que el señor Jhon Jairo
se encontraba amparado por el régimen especial previsto en la Ley 32 de 1986,
debido a su vinculación al INPEC con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto
2090 de 200311, estimó que el IBL debía ser el promedio de los salarios sobre los
cuales cotizó durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, con
los factores señalados en el artículo 1° del Decreto 1158 de 1994, aplicando la
sentencia de 28 de agosto de 2018.
44. La Sala no desconoce que, si bien los jueces y magistrados gozan de autonomía
e independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, ello no los releva del
deber de observar la jurisprudencia vigente y de atender a los cambios
interpretativos introducidos por los órganos de cierre de cada jurisdicción. Por lo
tanto, cuando una autoridad judicial profiere una decisión con desconocimiento de
un precedente consolidado se comprometen los principios de igualdad y seguridad
jurídica.
45. Además, tal facultad exige el cumplimiento estricto de las cargas de transparencia
y suficiencia argumentativa, a efectos de no quebrantar la garantía de igualdad y el
principio de seguridad jurídica. Ello implica, de una parte, identificar expresamente
el precedente del cual se pretende apartar y, de otra, ofrecer razones serias,
suficientes y razonadas que expliquen por qué resulta necesario abandonar la regla
jurisprudencial previamente fijada, lo que se echa de menos en la sentencia
objetada.
46.
En ese sentido, le correspondía a la autoridad judicial accionada justificar por qué
acogía una postura distinta de la aplicada en la actualidad por las dos Subsecciones
de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Sin embargo, pese a que en su
impugnación el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Séptima de Oralidad
afirmó que había expuesto todas y cada una de las razones jurídicas que
sustentaban su decisión, por lo que debía prevalecer la autonomía judicial, esta Sala
no observa que se hubiera cumplido dicha carga en la decisión acusada.
47. El fallo analizado citó la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, la cual,
tal como se vio, no es aplicable al caso de los servidores del INPEC beneficiarios
del régimen especial de la Ley 32 de 1986, según la postura de las dos
Subsecciones de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Por ende, la sola cita
de una sentencia de unificación relacionada con un asunto similar y la afirmación de
que con ello se satisface la carga de transparencia no resultan suficientes para
apartarse de una postura pacífica del órgano de cierre.
48. Del mismo modo, citó la sentencia de 27 de mayo de 2019 proferida en sede de
tutela por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la cual no
11 Esta postura coincide, no sólo con la posición pacífica y uniforme de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, sino también con lo expuesto por la Corte Constitucional, que en sentencia T-012 del 2022 concluyó que
“(…) la interpretación que permite materializar los principios de supremacía constitucional (artículo 4° Superior)
y favorabilidad laboral (artículo 53 Superior) en el caso concreto es aquella que le da primacía al Acto Legislativo
01 de 2005, parágrafo 5° del artículo 1°, con base en el cual se aplica la Ley 32 de 1986 a los funcionarios del
INPEC que hubieren ingresado a la entidad antes de la entrada en vigencia del Decreto Ley 2090 de 2003, es
decir, el 28 de julio de 2003”.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03672-01
Accionante: Jhon Jairo Aristizabal Escobar
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Séptima de Oralidad
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
constituye un precedente vinculante para resolver el asunto, no solo porque su
efecto es inter-partes, sino porque después de aquella fueron dictados, tal como se
advierte precedencia, varias decisiones en las que se estableció cómo debe
liquidarse y qué factores se deben tener en cuenta en casos como el analizado.
49. Del mismo modo, en la decisión acusada la accionada no identificó el criterio
jurisprudencial del cual se apartaba, ni expuso las razones por las que consideraba
procedente aplicar al caso la regla conforme a la cual la pensión debía liquidarse
con base en lo cotizado durante los 10 años anteriores al reconocimiento y los
factores previstos en el Decreto 1158 de 1994, en lugar del 75% del promedio
mensual de lo devengado durante el último año de servicios y de los factores
contemplados en el Decreto 446 de 1994, tal como se venía haciendo en otras
decisiones similares.
50.
De lo expuesto se advierte que la autoridad judicial accionada aplicó una regla
jurisprudencial que no correspondía a la situación del actor, pese a que, para el
momento en que profirió la decisión cuestionada, las Subsecciones A y B de la
Sección Segunda de esta Corporación habían consolidado una línea jurisprudencial
respecto de la forma de liquidar la pensión de los servidores públicos del INPEC
amparados por el régimen especial previsto en la Ley 32 de 1986. En consecuencia,
al apartarse de dicho criterio sin identificarlo ni exponer las razones que justificaran
tal proceder, se configura el desconocimiento del precedente judicial.
51. En últimas, lo que se evidencia es que la autoridad judicial accionada no se puso
de presente el criterio unificado de la Sección Segunda de esta corporación, ni las
razones por las cuales, en el caso concreto, debía apartarse de aquella. La carga
argumentativa exigida no es equiparable a la motivación ordinaria de cualquier otra
sentencia, sino que demanda un esfuerzo adicional, para evidenciar las
circunstancias que justifican no aplicar una postura ya definida por el órgano de
cierre sobre la correcta interpretación del ordenamiento jurídico.
52.
Por último, la accionada afirma que el actor aboga por la aplicación de los factores
salariales enlistados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, los cuales son
inferiores en número y cuantía a los que ordenó tener en cuenta la sentencia de
tutela de primera instancia, correspondientes al Decreto 446 de 1994.
53.
Al respecto, la Sala observa, a partir de la lectura de la demanda presentada en
el proceso ordinario, que el actor no limitó sus pretensiones a los factores salariales
previstos en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, pues también solicitó el
reconocimiento de los “demás factores que conforman el salario”. Asimismo, al
desarrollar el concepto de violación, señaló que la liquidación de su pensión debía
efectuarse teniendo en cuenta lo devengado durante el último año de servicios,
incluidos aquellos factores salariales previstos en el Decreto 446 de 1994.
54.
Si bien en sede de tutela no solicitó expresamente la aplicación de este último
Decreto, lo cierto es que dicha normativa sí fue invocada en el proceso ordinario
como fundamento de su pretensión de reliquidación pensional. Por tanto, la
10
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03672-01
Accionante: Jhon Jairo Aristizabal Escobar
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Séptima de Oralidad
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
diferencia advertida por la accionada entre los factores reclamados por el actor y
aquellos cuya aplicación dispuso el juez de tutela no permite, por sí sola, concluir
que se hubiera concedido algo ajeno a la controversia planteada en el proceso
ordinario.
55. De acuerdo con lo expuesto, la Sala CONFIRMARÁ la sentencia de 9 de junio de
2026 proferida por el Consejo de Estado – Sección Segunda– Subsección B, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
56.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 9 de junio de 2026 proferida por el Consejo
de Estado – Sección Segunda– Subsección B, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE12
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados
tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
12 VF
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